Martín Villa, el franquismo que transitó a la democracia y nunca rindió cuentas

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Martín Villa, el franquismo que transitó a la democracia y nunca rindió cuentas

El exministro de Arias Navarro y Suárez ha sido interrogado por una jueza argentina por crímenes de lesa humanidad, en la única causa judicial que esquiva el blindaje en España para los crímenes cometidos en la dictadura y la Transición,

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CONMEMORACIÓN 18 DE JULIO: Barcelona, 18-7-1974.- Celebración de una misa y diversos actos en las Reales Atarazanas de Barcelona en conmemoración del 18 de Julio. En la imagen, el presidente de la Diputación de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, junto al gobernador civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa. EFE

Andrés Gil
5 de septiembre de 2020 22:10h

Es uno de esos niños de la guerra que no tuvo que emigrar. Es uno de esos chavales que no vieron al partir al exilio por última vez la sierra de Aitana. Rodolfo Martín Villa nació en 1934 (Santa María del Páramo, León) y es un ejemplo del franquismo que transitó a la democracia: fue uno de los actores principales de la jerarquía política del momento y nunca rindió cuentas. Como tantos banqueros, ex ministros, jueces, empresarios, militares, policías torturadores, gobernadores civiles... Una élite política y económica de un régimen que moría, que se reinventó, siguió dominando los resortes de poder del país, y en cuya cúpula estaba el propio rey Juan Carlos. En el caso del ex ministro de Gobernación, no llegó a examinarse judicialmente de su papel al frente de la policía aún franquista durante la represión de huelgas y manifestaciones en la Transición. Pero sí lo ha hecho este jueves ante la Justicia argentina y por decisión propia. "La Transición fue lo contrario a un genocidio", ha declarado en su defensa el único de los acusados que ha comparecido –desde la embajada argentina en España– de la veintena que investigaba la jueza María Servini desde hace seis años.

Martín Villa se licenció como ingeniero en 1962, cuando los títulos universitarios eran un lujo al alcance de muy pocos. Y ya entonces era jefe del Sindicato de Estudiantes Universitario, el falangista SEU, inspirado por José Antonio Primo de Rivera a imagen y semejanza del modelo fascista italiano. Llegó a vicepresidente del Gobierno ya en democracia, procurador en Cortes –primero– y diputado en varias legislaturas –después– y, como suele corresponder con políticos de su linaje, ha presidido grandes empresas tras décadas en la política, como Endesa (1997-2002) y Sogecable (2004-2010), además de haber sido, entre una y otra, comisionado para la catástrofe del Prestige (2003), nombrado por José María Aznar.

Martín Villa medró en el régimen vistiendo la camisa azul, como muchos otros "jóvenes reformistas provenientes del franquismo" como se autodenomina, incluido su amigo Adolfo Suárez, quien era ministro del Movimiento (la Falange) antes de convertirse en presidente del Gobierno. De la misma quinta, de Castilla y León los dos. Falangistas ambos, protagonistas de una Transición a la democracia que reinstauró las libertades a cambio de blindar la monarquía y los crímenes del régimen en el que se criaron y al que sirvieron.

Martín Villa llegó a la jefatura del sindicato de estudiantes falangista al tiempo en que se celebraba en Múnich en 1962 el llamado "contubernio", que reunió a un amplio abanico de familias políticas opuestas al régimen, incluidas las monárquicas, que aspiraban a un cambio en España. Pero él no estaba ni por el cambio ni en Múnich, Martín Villa se acercaba al Gobierno de tecnócratas que acaba de nombrar Franco al tiempo que se convertía en procurador en Cortes (diputado) en 1964, con 30 años.

Gracias a ello, en 1966 fue nombrado director general en el Ministerio de Industria. Tres años antes, en 1963, había sido ejecutado el comunista Julián Grimau tras ser torturado en esa Dirección General de Seguridad en los sótanos de la puerta del Sol que Martín Villa nunca llegó a disolver: echó el cierre en mayo de 1979, un mes después de que dejara el ministerio del Interior.

En 1965, Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván y José Luis López Arangunen, entre otros profesores, habían sido separados de la universidad por su apoyo al movimiento estudiantil. Pero ni Martín Villa ni su SEU tenían nada que ver con ese movimiento estudiantil. Y, por eso, siguió medrando, y en 1969, un año después del asesinato por ETA de Melitón Manzanas, accedió a la secretaría general de la Organización Sindical Española, lo que le catapultó a ingresar en el Consejo del Reino jurando de rodillas ante Franco y un crucifijo con el uniforme falangista. El Consejo del Reino era un órgano consultivo del dictador quien, ese mismo año, nombró a Juan Carlos I como su sucesor en la jefatura del Estado.

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En el palacio de El Pardo, bajo la presidencia del dictador, Francisco Franco, ceremonia del juramento de los nuevos miembros del Consejo del Reino. En la imagen, Rodolfo Martín Villa en el momento de la jura ante el presidente de este organismo, Alejandro Rodríguez de Valcárcel. A la izquierda, Monseñor Cantero Cuadrado. En segundo plano, los jefes de las Casas Civil y Militar del Jefe del Estado, conde de Casa Loja y Fernando Fuertes de Villavicencio. El Pardo (Madrid), 1 de diciembre de 1971.

Ya con 40 años, en 1974, fue nombrado gobernador civil y, siempre con la camisa azul y el brazo en alto, jefe provincial del Movimiento de Barcelona. En 1975, un año más tarde, entra en el Gobierno de Arias Navarro como ministro de Relaciones Sindicales: dos años antes había entrado en la cárcel la dirección de Comisiones Obreras, precisamente por realizar actividades sindicales, en el llamado proceso 1001.

ETA había matado a Carrero Blanco en 1973, y Franco y su régimen agonizaban. El 20 de noviembre de 1975 fallecía el dictador en la cama no sin antes haber firmado ejecuciones como las de Puig Antich (1974) y, al alba, las de dos miembros de ETA y tres del FRAP (1975). Franco moría matando y, mientras Portugal hacía su revolución de los claveles, Martín Villa se apuntaba al Gobierno Arias, el del franquismo sin Franco.



Pero ese franquismo sin Franco no encajaba ni en la sociedad española ni en el contexto internacional, que empujaban a un modelo de país diferente a los principios fundamentales del régimen que habían jurado el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, y sus ministros. Juan Carlos destituye a Arias Navarro, que es relevado por Adolfo Suárez, quien forma un Gobierno de penenes –profesor no numerario– en el que no participan quienes se habían creído llamados a presidir el Gobierno –Manuel Fraga, por ejemplo– y en el que Martín Villa se convierte, ni más ni menos, que en ministro de Gobernación –posteriormente de Interior– del Ejecutivo que propició el harakiri de las Cortes franquistas con la ley de reforma política de noviembre de 1976, aquel paso "de la ley a la ley", de "la reforma y no la ruptura" que desembocó en las elecciones de junio de 1977 y la Constitución de diciembre de 1978.

Martín Villa se convierte en ministro de Gobernación en julio de 1976. Pero seis meses antes, se producía la masacre de Vitoria del 3 de marzo de 1976, uno de los casos en los que está siendo investigado Martín Villa por crímenes contra la humanidad durante la Transición española. La justicia argentina imputa la participación del exministro en Vitoria, en la que cinco obreros murieron por disparos de la Policía Armada en una iglesia previamente "gaseada". La represión contra los trabajadores dejó más de 100 personas heridas, la mayoría por armas de fuego. Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales, por lo que no era responsable directo de la policía, pero participó junto a Adolfo Suárez –ministro interino de Gobernación por viaje oficial de Manuel Fraga a Alemania– y Alfonso Osorio –ministro de la Presidencia– en la decisión de enviar refuerzos y en que un mando único dirija el operativo. "Nosotros nos reunimos cuando empezaron a llegar las primeras noticias de fallecidos, y lo que nosotros conseguimos", dice Martín Villa en su declaración, "fue que no se decretara el estado de sitio".



Pero no son los únicos casos por lo que la jueza María Servini pregunta a Martín Villa. También por el asesinato por parte de los llamados Guerrilleros de Cristo Rey de una mujer en Santurce –9 de julio de 1976–, en tanto que la denuncia recoge que el grupo ultraderechista estaba "protegido por la policía". Una policía a cuyo mando estaba el recién nombrado ministro de Gobernación Martín Villa y que detuvo en diciembre de ese año al secretario general del PCE, Santiago Carrillo, que había entrado a España con una célebre peluca. En abril de 1977 el PCE quedaría legalizado.

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El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, sonríe ante un comentario del ex dirigente comunista Santiago Carrillo, tras recuperar éste la supuesta peluca que llevaba cuando fue detenido en diciembre de 1976 (después de entrar clandestinamente en España) que le fue entregada por el entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa. Carrillo dudaba de que esa peluca fuera la misma.

De 1976 también se investiga a Martín Villa por una muerte por disparos de la Guardia Civil, en septiembre en Hondarribia (Guipúzcoa). Y, ya en 1977, el asesinato por parte de un ultraderechista en Madrid de un manifestante proamnistía el 23 de enero de 1977, la víspera de la matanza de Atocha, perpetrada también por ultraderechistas.

También de 1977 son las muertes en Rentería de una persona que paseaba y le alcanzó un disparo de un guardia civil; otra muerte por disparo policial dos días después, el 14 de mayo, en Pamplona y, al día siguiente, la de un manifestante a manos de la policía en Bilbao, durante la semana proamnistía de mayo de 1977, un mes antes de las primeras elecciones de la reinstauración democrática y de que Martín Villa entregara la condecoración al mérito policial al torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, quien desde entonces –13 de junio de 1977– se benefició de un incremento salarial del 15% “en atención a sus méritos” y “para premiar servicios de carácter extraordinario”.


Los Sanfermines del 78 viven uno de los episodios más violentos de represión policial durante la Transición Española. El detonante es el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Un estudiante recibe un tiro en la frente, y hay más de 150 heridos. Los incidentes se extienden por la ciudad, y de Pamplona, al resto de Navarra y Euskadi. Otro joven cae asesinado días después en Donostia.

Martín Villa, en estos casos, estaba a cargo de las fuerzas de Seguridad del Estado como ministro de Gobernación o del Interior. Servini busca conocer si los asesinatos están enmarcados en "hechos puntuales" o son delitos cometidos en España entre 1936 y 1977 "en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político". Los crímenes de lesa humanidad imputados al exministro son sancionables "con las penas de reclusión o prisión perpetua" según la legislación argentina.

El que fue ministro durante el franquismo y la Transición reconoce que se cometieron lo que califica como graves errores, y admite que hubo comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y por tanto es legítimo reclamar una reparación justa. Sin embargo, no está de acuerdo en que este proceso judicial persiga ese fin. Y rechaza de plano la idea de que lo sucedido en Vitoria pueda enmarcarse en un contexto de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Martín Villa se desmarca de los policías y guardias civiles cuyos disparos causaron las muertes de varias personas, y defiende que cuando se planteó si él podía ser responsable político de determinadas acciones policiales o merecía ser reprobado políticamente las Cámaras surgidas de las elecciones de 1977 lo rechazaron.

Ninguno de esos 12 homicidios por los que está siendo investigado Martín Villa por la justicia argentina ni condecorar a comisarios torturadores pasaban factura al ministro en aquellos años. Bien al contrario, cuando cayó Adolfo Suárez por las luchas fraticidas de la UCD, Martín Villa sale de nuevo catapultado hasta la vicepresidencia primera con Leopoldo Calvo Sotelo tras el 23F. Dos décadas después de llegar a la jefatura del sindicato universitario fascista alcanzaba la vicepresidencia del Gobierno de la España democrática tras el tránsito por los gobiernos postfranquistas preconstitucionales.

Martín Villa recibió en 2017 de manos del rey Felipe la medalla por participar en las primeras Cortes de la reinstauración democrática, en junio de 1977, las que alumbraron los pacto de La Moncloa, la Constitución de diciembre de 1978 y la ley de amnistía que vació las cárceles de represaliados y blindó los crímenes franquistas.

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Martín Villa recibe la medalla de manos del rey en reconocimiento a las Cortes de 1977, en junio de 2017.

Una ley de amnistía que defiende Martín Villa en su declaración ante a jueza Servini y que rechaza que sea una ley de punto final. En el debate del 14 de octubre de 1977, se expresaba así en la tribuna del Congreso el aquel día portavoz del PCE Marcelino Camacho, quien había conocido las cárceles franquistas: "Como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso".

Sin embargo, en las 20 páginas que empleó Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.

En la ley de Amnistía, precisamente, es donde se observan mayores déficits: se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan "sin que los jueces siquiera conozcan los hechos". Pablo de Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las "interpretaciones restrictivas" –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.

Con la implosión de UCD tras las elecciones de 1982 que encumbraron al PSOE de Felipe González con una mayoría absoluta nunca repetida se produce un relevo de las élites políticas, y Martín Villa pasa a un segundo plano político: transita por el PDP de Óscar Alzaga hasta ingresar en el PP en enero de 1989 y encadenar dos legislaturas y parte de una tercera como diputado, que abandonó para presidir Endesa en 1997, colocado por el recién elegido presidente del Gobierno, José María Aznar.

Allí permaneció hasta que en 2002 otro referente económico del PP de la época, Manuel Pizarro, le sustituyó y acomodó como presidente de la Fundación Endesa. Duró poco en ese retiro: en 2003 Aznar le encomendó el comisionado de la catástrofe del Prestige y, en 2004, accedió a la presidencia de Sogecable, donde permaneció hasta 2010.

Martín Villa es una figura paradigmática de la historia reciente de España: nacido en el bando de los vencedores de la Guerra Civil se mantiene fiel al régimen hasta que muere el dictador, levantando el brazo y vistiendo la camisa azul hasta la víspera de convertirse a la democracia, de la que sacó provecho político y económico. Como dicen quienes le están defendiendo estos días, es una "figura clave" de la Transición. Y es verdad, él estaba allí, en las reuniones, en las camarillas, en los círculos de poder lampedusianos que cambiaron para seguir mandando. Y, sobre todo, no rendir cuentas por nada de lo que pasó en cuatro décadas de dictadura.

Martín Villa es la imagen del franquismo que se hizo demócrata, y en ese hacerse demócrata propició el tránsito a la legalización de los partidos, los sindicatos, el fin del exilio y la reinstauración de una democracia constitucional que, 40 años después, aún tiene a miles de personas en las cunetas mientras verdugos y torturadores nunca fueron perseguidos y, en algunos casos, han disfrutado de impunidad hasta el final de sus días.

Original:
 
"O mentía hace 44 años o miente ahora": críticas a Felipe González tras rescatar una carta a un familiar de un muerto en la matanza de Vitoria







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Por Tremending

05.09.2020

Bendita hemeroteca. Esta vez un tuitero ha rescatado una carta que envió Felipe González a la familia de uno de los obreros abatidos a tiros en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. En ella lamenta su muerte y ofrece a la familia toda la ayuda necesaria en nombre del PSOE.

Javier Lezaola, el autor de tuit, recuerda que a día de hoy, 44 años después, Felipe González no solo defiende que el exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, no sea juzgado por esos hechos, sino que le gustaría llevar a los tribunales a María Servini, la magistrada argentina que investiga a Martín Villa por homicidio agravado y crímenes de lesa humanidad.











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Javier Lezaola, el autor de tuit, recuerda que a día de hoy, 44 años después, Felipe González no solo defiende que el exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, no sea juzgado por esos hechos, sino que le gustaría llevar a los tribunales a María Servini, la magistrada argentina que investiga a Martín Villa por homicidio agravado y crímenes de lesa humanidad.











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Echenique, sobre Felipe González y los GAL: «Todo el mundo sabe lo que pasó»


Echenique "tranquiliza" a Felipe González: el Gobierno no va ...

..................HAY ECHENIQUE EL INCONSCIENTE TE TRAICIONÓ.
 
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Quien traiciona es el PXXE a su socio de Gobierno.

Pero eso es relevante para quienes han votado PXXE sepan lo que hace o deja de hacer. En las siguientes elecciones cada uno va a salir retratado, tanto el PXXE como el resto de partidos.

No hemos pasado ni un año de legislatura y el PXXE ya tiene sus "méritos".

Dar libertad al rey emérito sin permitir siquiera una investigación sobre todos los asuntos.

Dar todo el apoyo a un asesino como Martín Villa al que tiene que interrogar una jueza argentina porque aquí es incapaz de llevarse a cabo.

Dar apoyo y tramar la privatización de Bankia por parte de CaixaBank , a quien se rescató con dinero público y que no sabemos que va a ocurrir con ese dinero que nos debe...

Y de lealtad a su socio de gobierno na de na.
 
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Pero eso es relevante para quienes han votado PXXE sepan lo que hace o deja de hacer. En las siguientes elecciones cada uno va a salir retratado, tanto el PXXE como el resto de partidos.

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Y de lealtad a su socio de gobierno na de na.
De acuerdo con todo pero en Podemos algún@ deja mucho que desear
 

Nueva querella contra Martín Villa y la Policía franquista: el asesinato de un joven que ensangrentó el referéndum de 1976​

Ángel Almazán falleció por la brutal paliza que le dio la Policía Armada el día del referéndum para el Proyecto de Reforma Política del Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez. El caso se archivó sin investigar. La familia ha recorrido un largo e infructuoso camino judicial.​

MADRID

22/09/2021 14:40 ACTUALIZADO: 22/09/2021 14:47
ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL

El asesinato impune de Ángel Almazán Luna, un joven madrileño de 18 años, el 15 de diciembre de 1976, a manos de la Policía Armada, ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla este miércoles en forma de querella contra el responsable político, Rodolfo Martín Villa, exministro de la Gobernación en aquella época, y contra tres agentes y su capitán, que participaron directa o indirectamente en la brutal paliza que acabó con la vida de Ángel Almazán. Precisamente este miércoles la víctima hubiera cumplido 63 años.

El día que Ángel fue asesinado se celebraba en España el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, con el que Adolfo Suárez, nombrado presidente por las cortes franquistas, pretendía que discurriera la transición entre la dictadura y la democracia. La campaña mediática a favor del 'sí' que emprendió el Gobierno se hizo con los partidos políticos aún ilegalizados. Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación, dijo entonces que el Gobierno sería "beligerante" con las posiciones abstencionistas que promovían la mayoría de los sectores de izquierdas, al considerar que la reforma de Suárez implicaba el continuismo del franquismo, el 'borrón y cuenta nueva', como, en efecto, sucedió.


Aquel 15 de diciembre, Ángel Almazán, que trabajaba como administrativo en una inmobiliaria, acudió a la manifestación convocada en la madrileña Plaza de Callao por el entonces todavía ilegal Partido del Trabajo de España (PTE). La represión no se hizo esperar. Los antidisturbios de la Policía Armada empezaron a dar porrazos a los manifestantes, a tirar botes de humo... Con Ángel se cebaron: le patearon sin piedad, como consta en el expediente del caso. Culatazos, golpes en la cabeza... Cuando el joven yacía en el suelo, los policías lo arrastraron a un portal, donde habían introducido a otros manifestantes, y allí lo tuvieron media hora. Unas mujeres que habían presenciado la escena desde un balcón lo contaron todo después, pero su testimonio fue en vano.


Dos de los policías llevaron a Ángel Almázan, medio muerto, a la 'casa de socorro', desde donde le trasladaron al Hospital La Paz. Cinco días después el joven falleció por las graves lesiones, incluida la fractura de cráneo. Pero su familia no tuvo acceso a la autopsia ni al historial médico. Incluso el chico estuvo custodiado por la Policía en el hospital mientras agonizaba.

El caso se tapó. "No se podía manchar una fecha tan señalada como el día del referéndum que inició la Transición con la muerte de un chico", dice Javier Almázan, hermano de Ángel, a Público. Javier tenía entonces 13 años. La prensa del Movimiento informó discretamente con la versión oficial de los hechos: el joven había muerto al golpearse con una farola, iba bebido.

Con la presentación de la querella contra Martín Villa y los policías que participaron en la agresión mortal a su hermano --Francisco Zambrano García, Tomás González Cid, Leoncio Domínguez Rubio y el capitán José González Pagliery--, Javier Almazán cree que "se abre una oportunidad nueva contra la impunidad. Es un paso más de un camino que algún día tendrá sus frutos", dice. Esta querella es un nuevo escalón en la larga y tortuosa lucha que emprendieron sus padres y él mismo para hacer Justicia.

El tortuoso camino de la familia para pedir justicia​

Nada más fallecer Ángel, sus padres interpusieron una denuncia. Un juzgado de instrucción abrió diligencias y declararon los testigos, incluidas las dos mujeres que habían presenciado la paliza. Pero el juzgado se inhibió a favor del Juzgado Militar Permanente 4, al estar involucrados los policías. El 2 de diciembre de 1977 se incoó la causa, que se archivó días después, el 15 de diciembre de ese año "por no poder determinarse quiénes provocaron las lesiones que ocasionaron la muerte de Ángel Almazán". En aquella instrucción de la jurisdicción militar ni siquiera llamaron a declarar a los testigos.

La Ley de Amnistía de 1977 cerró las puertas a la familia de la víctima para seguir el camino judicial. En 1999, con la aprobación de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo lo volvieron a intentar, pero su caso, un caso claro de represión policial, no se contempla en la legislación estrella del Gobierno de Aznar. "Nos dijeron que sólo se admitían reclamaciones por casos de terrorismo de ETA y alguno de violencia de extrema derecha, pero el nuestro no tenía encaje en la ley", explica Javier.

La familia recurrió la decisión del Gobierno en un procedimiento contencioso-administrativo que también fue rechazado. El Tribunal Supremo tampoco admitió el recurso. "Nos hemos encontrado siempre las puertas cerradas. No se quiere admitir por parte del Estado la violencia policial en la Transición", se queja el hermano de Ángel.


Cuando el joven falleció, los activistas antifranquistas llevaban contabilizados treinta asesinatos a manos del aparato de represión del régimen, crímenes que siguen impunes en base a la Ley de Amnistía.

En 2007 la Ley de Memoria Histórica sí que reconoció el caso de Ángel Almazán, pero el reconocimiento supo a poco. La familia obtuvo un documento del Gobierno en el que se afirma que el joven había sido perseguido por sus ideas políticas "falleciendo por las heridas sufridas en el trascurso de una manifestación reprimida por la Policía". "Se cuidan mucho de poner claramente que murió a golpes de la Policía", dice Javier, que añade: "Yo sólo quiero que el Estado reconozca que la Policía, ordenada por el entonces ministro Martín Villa, asesinó a mi hermano. No busco revancha, solo justicia".

Pero no existe sentencia judicial con esa aseveración. Ese es el problema. Nunca se ha investigado y se ha castigado a los responsables de la muerte de Ángel Almazán. Gracias al abogado de Javier, el histórico Teodoro Mota, fallecido el año pasado, se pudo conseguir una copia del expediente del caso, donde constan los nombres de los agentes involucrados, la autopsia que se le practicó a Ángel y el sumario militar. "Si el caso se pudiera reabrir, esta documentación demostraría cómo fue asesinado Ángel", dice la abogada Nieves Sanz, una de las letradas de CeAquea, la plataforma que persigue acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo.


Según esta abogada, las querellas que se han interpuesto por todo el Estado contra responsables de la represión no se están admitiendo a trámite "en base al principio de legalidad, porque dicen los jueces que el delito de lesa humanidad no estuvo tipificado hasta 2003; también en base a la Ley de Amnistía y por prescipción". De momento, son ya unas 70 las querellas que CeAqua ha presentado pidiendo que los crímenes se investiguen y se señale a los responsables".

Esta nueva querella se presenta justo cuando se cumple un año del interrogatorio al que fue sometido Rodolfo Martín Villa por parte de la juez argentina María Servini en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Martín Villa está acusado de permitir el asesinato del joven Arturo Ruiz, en 1977; de la masacre del 3 de marzo en Vitoria, donde murieron cinco obreros; de la represión policial en los Sanfermines de 1978, con un joven muerto y centenares de heridos; y de cinco muertes durante la Semana Pro amnistía de mayo de 1977. CeAqua, responsable de la querella argentina, aún no tiene conocimiento de la decisión de la jueza Servini respecto a Martín Villa.

 

Nueva querella contra Martín Villa y la Policía franquista: el asesinato de un joven que ensangrentó el referéndum de 1976​

Ángel Almazán falleció por la brutal paliza que le dio la Policía Armada el día del referéndum para el Proyecto de Reforma Política del Gobierno preconstitucional de Adolfo Suárez. El caso se archivó sin investigar. La familia ha recorrido un largo e infructuoso camino judicial.​

MADRID

22/09/2021 14:40 ACTUALIZADO: 22/09/2021 14:47
ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL

El asesinato impune de Ángel Almazán Luna, un joven madrileño de 18 años, el 15 de diciembre de 1976, a manos de la Policía Armada, ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla este miércoles en forma de querella contra el responsable político, Rodolfo Martín Villa, exministro de la Gobernación en aquella época, y contra tres agentes y su capitán, que participaron directa o indirectamente en la brutal paliza que acabó con la vida de Ángel Almazán. Precisamente este miércoles la víctima hubiera cumplido 63 años.

El día que Ángel fue asesinado se celebraba en España el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política, con el que Adolfo Suárez, nombrado presidente por las cortes franquistas, pretendía que discurriera la transición entre la dictadura y la democracia. La campaña mediática a favor del 'sí' que emprendió el Gobierno se hizo con los partidos políticos aún ilegalizados. Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación, dijo entonces que el Gobierno sería "beligerante" con las posiciones abstencionistas que promovían la mayoría de los sectores de izquierdas, al considerar que la reforma de Suárez implicaba el continuismo del franquismo, el 'borrón y cuenta nueva', como, en efecto, sucedió.


Aquel 15 de diciembre, Ángel Almazán, que trabajaba como administrativo en una inmobiliaria, acudió a la manifestación convocada en la madrileña Plaza de Callao por el entonces todavía ilegal Partido del Trabajo de España (PTE). La represión no se hizo esperar. Los antidisturbios de la Policía Armada empezaron a dar porrazos a los manifestantes, a tirar botes de humo... Con Ángel se cebaron: le patearon sin piedad, como consta en el expediente del caso. Culatazos, golpes en la cabeza... Cuando el joven yacía en el suelo, los policías lo arrastraron a un portal, donde habían introducido a otros manifestantes, y allí lo tuvieron media hora. Unas mujeres que habían presenciado la escena desde un balcón lo contaron todo después, pero su testimonio fue en vano.


Dos de los policías llevaron a Ángel Almázan, medio muerto, a la 'casa de socorro', desde donde le trasladaron al Hospital La Paz. Cinco días después el joven falleció por las graves lesiones, incluida la fractura de cráneo. Pero su familia no tuvo acceso a la autopsia ni al historial médico. Incluso el chico estuvo custodiado por la Policía en el hospital mientras agonizaba.

El caso se tapó. "No se podía manchar una fecha tan señalada como el día del referéndum que inició la Transición con la muerte de un chico", dice Javier Almázan, hermano de Ángel, a Público. Javier tenía entonces 13 años. La prensa del Movimiento informó discretamente con la versión oficial de los hechos: el joven había muerto al golpearse con una farola, iba bebido.

Con la presentación de la querella contra Martín Villa y los policías que participaron en la agresión mortal a su hermano --Francisco Zambrano García, Tomás González Cid, Leoncio Domínguez Rubio y el capitán José González Pagliery--, Javier Almazán cree que "se abre una oportunidad nueva contra la impunidad. Es un paso más de un camino que algún día tendrá sus frutos", dice. Esta querella es un nuevo escalón en la larga y tortuosa lucha que emprendieron sus padres y él mismo para hacer Justicia.

El tortuoso camino de la familia para pedir justicia​

Nada más fallecer Ángel, sus padres interpusieron una denuncia. Un juzgado de instrucción abrió diligencias y declararon los testigos, incluidas las dos mujeres que habían presenciado la paliza. Pero el juzgado se inhibió a favor del Juzgado Militar Permanente 4, al estar involucrados los policías. El 2 de diciembre de 1977 se incoó la causa, que se archivó días después, el 15 de diciembre de ese año "por no poder determinarse quiénes provocaron las lesiones que ocasionaron la muerte de Ángel Almazán". En aquella instrucción de la jurisdicción militar ni siquiera llamaron a declarar a los testigos.

La Ley de Amnistía de 1977 cerró las puertas a la familia de la víctima para seguir el camino judicial. En 1999, con la aprobación de la Ley de Solidaridad de Víctimas del Terrorismo lo volvieron a intentar, pero su caso, un caso claro de represión policial, no se contempla en la legislación estrella del Gobierno de Aznar. "Nos dijeron que sólo se admitían reclamaciones por casos de terrorismo de ETA y alguno de violencia de extrema derecha, pero el nuestro no tenía encaje en la ley", explica Javier.

La familia recurrió la decisión del Gobierno en un procedimiento contencioso-administrativo que también fue rechazado. El Tribunal Supremo tampoco admitió el recurso. "Nos hemos encontrado siempre las puertas cerradas. No se quiere admitir por parte del Estado la violencia policial en la Transición", se queja el hermano de Ángel.


Cuando el joven falleció, los activistas antifranquistas llevaban contabilizados treinta asesinatos a manos del aparato de represión del régimen, crímenes que siguen impunes en base a la Ley de Amnistía.

En 2007 la Ley de Memoria Histórica sí que reconoció el caso de Ángel Almazán, pero el reconocimiento supo a poco. La familia obtuvo un documento del Gobierno en el que se afirma que el joven había sido perseguido por sus ideas políticas "falleciendo por las heridas sufridas en el trascurso de una manifestación reprimida por la Policía". "Se cuidan mucho de poner claramente que murió a golpes de la Policía", dice Javier, que añade: "Yo sólo quiero que el Estado reconozca que la Policía, ordenada por el entonces ministro Martín Villa, asesinó a mi hermano. No busco revancha, solo justicia".

Pero no existe sentencia judicial con esa aseveración. Ese es el problema. Nunca se ha investigado y se ha castigado a los responsables de la muerte de Ángel Almazán. Gracias al abogado de Javier, el histórico Teodoro Mota, fallecido el año pasado, se pudo conseguir una copia del expediente del caso, donde constan los nombres de los agentes involucrados, la autopsia que se le practicó a Ángel y el sumario militar. "Si el caso se pudiera reabrir, esta documentación demostraría cómo fue asesinado Ángel", dice la abogada Nieves Sanz, una de las letradas de CeAquea, la plataforma que persigue acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo.


Según esta abogada, las querellas que se han interpuesto por todo el Estado contra responsables de la represión no se están admitiendo a trámite "en base al principio de legalidad, porque dicen los jueces que el delito de lesa humanidad no estuvo tipificado hasta 2003; también en base a la Ley de Amnistía y por prescipción". De momento, son ya unas 70 las querellas que CeAqua ha presentado pidiendo que los crímenes se investiguen y se señale a los responsables".

Esta nueva querella se presenta justo cuando se cumple un año del interrogatorio al que fue sometido Rodolfo Martín Villa por parte de la juez argentina María Servini en el marco de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Martín Villa está acusado de permitir el asesinato del joven Arturo Ruiz, en 1977; de la masacre del 3 de marzo en Vitoria, donde murieron cinco obreros; de la represión policial en los Sanfermines de 1978, con un joven muerto y centenares de heridos; y de cinco muertes durante la Semana Pro amnistía de mayo de 1977. CeAqua, responsable de la querella argentina, aún no tiene conocimiento de la decisión de la jueza Servini respecto a Martín Villa.

Prescrito. No va a ninguna parte......
 
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