Los vecinos se rebelan contra las okupaciones post covid

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Los vecinos se rebelan contra las okupaciones post covid
Los vecinos se rebelan contra las okupaciones post covid




Publicado el 27 de junio de 2020 - 00: 08
IVA ANGUERA DE SOJO iva.angueradesojo@elindependiente.com @cruelabis
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Despliegue policial tras los incidentes de Premià de Mar
Hace dos semanas una cincuentena de vecinos la emprendió a pedradas contra un piso okupado por ex menas a los que acusaban de diversos delitos en Premià de Mar. Una semana después, la escena se reproducía en Llançà, donde los vecinos provocaban la salida, custodiados, de otro grupo de okupas de una vivienda de la localidad. Este viernes, vecinos de Coma-ruga impedían la ocupación de una segunda residencia.
Tras semanas quejándose por el aumento de la delincuencia y la proliferación de ocupaciones en la zona, los vecinos alertaron a la policía al detectar la okupación de una segunda residencia, cuyo propietario, residente en Zaragoza, no ha podido acudir durante estos meses por el confinamiento. En Coma-ruga los vecinos alertan que durante el estado de alarma se ha entrado en varias viviendas, según el Diari de Tarragona. Explican que en muchos casos son okupaciones conflictivas que atemorizan a la zona y ha se han producido discusiones.

A principios de mes fue en Mataró donde se registró otro incidente en el que un grupo de vecinos apedreó una vivienda okupada por un grupo de jóvenes a los que acusaban de robos con intimidación. La capital de Maresme ha sido una de las ciudades en las que más ha aumentado la pequeña delincuencia en los últimos meses. Allí se celebró la primera junta de seguridad local tras el confinamiento en Cataluña, pero el conseller Miquel Buch no se comprometió a reforzar los efectivos policiales de la comarca, como le pedían los alcaldes.
En todos los casos, un grupo de jóvenes okupas son identificados como los responsables de robos en domicilios o tirones en la calle, especialmente a personas mayores y vulnerables. Los vecinos piden soluciones a la alcaldía, pero los delitos no tienen suficiente entidad para una detención y los jóvenes siguen compartiendo barrio y espacio con sus supuestas víctimas. La tensión crece, y un grupo de vecinos decide «pasar a la acción» y manifestarse para echar a los presuntos delincuentes violentos de su barrio.
Municipios turísticos
Premià de Mar (Barcelona), Llançà (Girona) y Coma-ruga (Tarragona). Tres localidades de costa, eminentemente turísticas y con muchas segundas residencias. Los mossos aseguran que no hay datos oficiales que lo confirmen, pero los vecinos de localidades turísticas, especialmente de Tarragona, señalan que las ocupaciones de segundas residencias se han multiplicado durante el confinamiento.
Estas okupaciones provocan «una percepción de inseguridad y de impunidad entre los vecinos» explica el portavoz de Interior de Cs en el Parlament, Jean Castel. Especialmente porque cada vez más de estas okupaciones van asociadas a la práctica de ilícitos, como en su momento sucedió en el Raval de Barcelona. La ciudad fronteriza de la Jonquera es, en este sentido, un caso tristemente paradigmático, como demuestra la propuesta de resolución de Cs aprobada en el Parlament para que Interior refuerce la dotación de Mossos en esta localidad.
En el caso de la Jonquera, se mezcla un problema de inseguridad derivado de la proliferación del tráfico y venta de drogas con la incidencia del proxenetismo y la trata de personas, que se ha convertido en un problema endémico de esta ciudad fronteriza. Las okupaciones para extender el trapicheo se suman ahora a ese cóctel explosivo, explica Castel.
Más efectivos policiales
«La administración tiene que poner los remedios, que son más efectivos policiales» para evitar que sean los vecinos los que intenten asumir el control de la situación, advierte el portavoz naranja. Castel defiende además el trabajo de muchas asociaciones vecinales de municipios de toda Cataluña que «presionan a las administraciones para que legislen y actúen» ante estas situaciones, al tiempo que lamenta ver la «triste inacción de los gobiernos».
Entre los ilícitos más habituales, la venta de droga, plantaciones de marihuana y, en menor medida, la prostit*ción, explica Castel. El portavoz naranja reclama para resolverlo un plan integral que abarque seguridad, servicios sociales y salud para afrontar el problema de la drogadicción, que se está convirtiendo en nuevo motor de okupaciones.
Frente a la exigencia de más presencia policial, desde SOS Racismo denuncian el carácter presuntamente xenófobo de esos ataques, en muchos casos dirigidos a inmigrantes. Una denuncia que rechazó en su día el alcalde de Premià, Miquel Àngel Méndez, defendiendo que los vecinos habían estallado ante la sensación de impunidad frente a los pequeños delitos que han crecido en el municipio. Pero tanto en su partido como ERC, la CUP o los comunes acusaron a Méndez de connivencia con el racismo.
Dos detenidos
De momento, los Mossos d’Esquadra ya han detenido a dos hombres por los incidentes ocurridos en Premià de Mar. Las deteciones se produjeron 48 horas después de los incidentes, como presuntos autores de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, daños, lesiones y un delito de odio y discriminación.
Desde el Ayuntamiento de Premià confirman que no se han reproducido los incidentes, y los okupas señalados por los vecinos no han vuelto al municipio. Tampoco lo ha hecho ha hecho el grupo de jóvenes que tuvo que ser escoltado por la policía autonómica en Llançà, en circunstancias similares. En este caso, los servicios sociales de la Generalitat los han realojado en Figueras.
Desde el departamento de Interior de la Generalitat reconocen que no es la primera vez que se producen incidentes entre vecinos y okupas, aunque la virulencia de los dos casos anteriores ha sido muy superior

 
no sabia que Espanya estaba en el post COVI 19, me imagino que l@s sanitri@s se quejan de vicio.

Los hospitales de Madrid comienzan a estar colapsados de pacientes de coronavirus lavanguardia.com 24/01/21

El sistema sanitario de la Comunidad de Madrid comienza a dar signos de no dar abasto. Los profesionales están agotados mientras que los pacientes de coronavirus no dejan de llegar a los diversos hospitales madrileños, que empiezan a estar colapsados. Las UCI están completas y se comienzan a habilitar otras plantas para poder absorber la llegada de enfermos. En algunos de ellos ya se han suspendido el 70% de las cirugías para centrarse solamente en la segunda ola del coronavirus.

Los sanitarios no dejan de quejarse de la falta de medios y medidas aunque deben de adaptarse a la situación actual con los pocos recursos que tienen. Por el momento, el hospital Gómez Ulla de Madrid ya ha desplegado unas tiendas de campaña por si hicieran falta.
 

La agenda 2030 contra los españoles​

ESTE GOBIERNO CONVIERTE EL DELITO EN UN FALSO DERECHO
Jorge Buxadé23 enero 2021
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La política del consenso progre consiste en la promoción obligatoria del falso vulnerable frente a quien trabaja y se esfuerza. El vulneracionismo; que consiste en crear un “colectivo” que voluntaria y conscientemente se coloca en situación de incumplimiento de la ley o del orden social y luego reivindicar esa situación de “vulnerabilidad” buscada y consentida como fundamento del reconocimiento de un derecho que, además, se impone sobre otros miembros de la comunidad, que son aquellos que cumplen la ley y ajustan sus comportamientos individuales, familiares y sociales a la ley y al orden moral. La izquierda política lleva la iniciativa y los grupos y partidos “liberales”, demócrata cristianos o reformistas de derechas acaban, siempre, cediendo, tarde o temprano.
Un ejemplo paradigmático ha sido la aprobación, con fecha de 20 de enero de 2021, del Real Decreto-Ley 1/2021 de 19 de enero, que ha modificado la denominada “Ley Antidesahucios” que preveía seguir adelante con los lanzamientos judiciales en el supuesto de que la permanencia del “okupante” fuere como consecuencia de delito; es decir, penalizaba con el lanzamiento “el allanamiento de morada” cuando se rompía la cerradura y se entraba en una vivienda que era primera residencia de la víctima (fuerza en las cosas). El gobierno socialcomunista que impera en España, al aprobar esta modificación blinda a los “okupas” en la Disposición Final Primera; poniendo por encima el falso derecho del que comete un delito frente al titular del derecho de propiedad.

De esta forma se ha establecido que cuando la entrada o permanencia del intruso okupa se haya producido mediando intimidación o violencia el lanzamiento del okupa se mantendrá, de lo que se desprende que cuando el delincuente usurpador de la vivienda de cualquier persona lo haga sin intimidación o violencia sobre la persona, su situación se consolida, de forma que convierte en “sin techo” o sin vivienda a su auténtico, legítimo y único propietarios. Es la consolidación del delito. Convertir en un falso derecho un delito es lo que lleva haciéndose en el ordenamiento europeo desde hace años. Léase la llamada legalización del aborto, como caso paradigmático y casi universal pues de la despenalización al aborto como derecho ilimitado va un golpe de boletín oficial.
La decisión del gobierno es, abiertamente, la derogación del derecho de propiedad en España. Constituye un atentado directo a la justicia social invocando falsas razones sociales. Es la inversión de los valores. Convertir lo justo en injusto. Dar a cada uno exactamente lo contrario de lo que le corresponde. Es cargarse, de un plumazo, 2.500 años de historia jurídica y con ello todo fundamento de derecho natural del derecho de propiedad que queda ya como un derecho de limitado reconocimiento positivo en las leyes. Es una expresa manifestación de cómo opera el capitalismo de parte interesada al servicio de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
Si el comunismo o capitalismo de estado determinaba la general transferencia coactiva del derecho de propiedad particular al Estado comunista, vía ocupación, requisa, o cualquier otra figura por decisión gubernamental, sin justa causa y sin mediar pago de justiprecio o sin mecanismo legal para impugnar judicialmente el injusto precio atribuido, el capitalismo de parte interesada es aún más cruel, más injusto y más inmoral, aunque se esconda bajo ropajes de buenismo y vulneracionismo. Las élites, por supuesto, no se van a ver afectadas por esta Ley. Solo el español de a pie que con su esfuerzo ha adquirido una vivienda, o quizás más de una, fruto de su ahorro, su tenacidad, la herencia familiar.

Todo enmascarado en afirmaciones aparentemente buenas pero vacías de contenido: la lucha contra la pobreza, contra la vulnerabilidad, o el derecho a una vivienda digna. Si, vivienda digna, pero la del vecino. Son unos miserables.
En este caso, la transferencia coactiva la hace, directamente, la parte interesada, por sus propios medios, ocupando ilegalmente la propiedad ajena, ni siquiera el Estado (produciendo un enfrentamiento directo entre los miembros de la comunidad); el Estado se limita a dictar una norma que habilita la injusticia; sin pago alguno de justoprecio, y sin derecho a impugnar ningún acto administrativo susceptible de recurso judicial impetrando la tutela judicial efectiva.
Por lo tanto, si el propietario legítimo convertido en víctima se va a la compra y cuando vuelve hay un okupa dentro de su morada, aunque haya forzado la cerradura de la vivienda, como no ha intimidado ni ejercido violencia directa sobre la persona, no se le desahucia. Se consagra así la milicia urbana y el terror en los barrios de España. Todo el consenso progre está en el ajo, pues la norma –sibilinamente– se aprueba como norma temporal y transitoria, hasta el mes de mayo que es cuando termina el nuevo estado de alarma decretado ilegalmente también mediante Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre y refrendado cobardemente por la oposición, salvo VOX, con su abstención.
De este modo, se contribuye a esa salvaje y coactiva transferencia de bienes, derechos y servicios de las clases medias occidentales – en este caso españolas – a grupos sociales determinados sólo por una conformación ideológica e identitaria (okupa, inmigrante ilegal, colectivos LGTBIQ+, y otros), sin fundamento en la justicia, para desarbolar la fuerza de la Nación frente a quienes desean desintegrarla, por diversos motivos. Porque todos ellos son “colectivos” que, por motivos ideológicos y con plena consciencia, se colocan voluntariamente en una situación de “vulnerabilidad” con la exclusiva finalidad de hacer suyo lo que no les pertenece, por derecho natural, o por justicia. Es la Agenda 2030. Es el consenso progre. Es la barbarie frente al orden social justo.
Quieren destruir las clases medias occidentales. Por ello es imperativa la respuesta en todos los órdenes. Judicial, institucional y social. VOX lidera y va a seguir liderando una Gran Coalición de las clases medias y trabajadoras despojadas de aquello que en justicia les pertenece: su libertad, su trabajo, su familia, su propiedad. La Gran Coalición de la España que madruga, de la España que trabaja, de la que cotiza y contribuye, la Gran Coalición de las clases medias y trabajadoras frente a esa Coalición Global del vago, el paniaguado, el enchufado, el subvencionado, el falso vulnerable.

COMUNISMO
 
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