Pero, pero ¿Desde cuando Felipe tiene trabajo extra para presentar decretos leyes? ¡Por Dios, no le hagas trabajar mas horas que lo vas a derrengar!
Completamente de acuerdo con lo que dices, pero no me parece el completo todavía.
PSOE y Podemos subieron el impuesto al cliente en plena crisis
POLÍTICA
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- 8 NOV. 2018 02:02
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, durante una rueda de prensa. Luca PiergiovanniEFE
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Pese a cargar ahora contra el Supremo, Iglesias llevó aumentarlo en su programa electoral
El Tribunal Supremo da la razón a los bancos y falla que el cliente pague el impuesto de las hipotecas
La contundente retórica desplegada por el PSOE y Unidos Podemos para cargar contra el Tribunal Supremo -por rectificar su primer fallo y endosar después el pago del impuesto de las hipotecas al cliente y no a las entidades bancarias- se ha visto comprometida por la hemeroteca, que ha dejado al descubierto que ambos partidos respaldaron durante los años de la crisis económica subir este impuesto cuando no había dudas de que éste repercutía directamente en el ciudadano y no en los bancos.
Es más, Podemos, uno de los actores políticos que más aspavientos está haciendo con este tema para deslegitimar la decisión del Poder Judicial, llevó precisamente la subida del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que es un gravamen cedido a las comunidades autónomas, entre las promesas de su programa para las elecciones autonómicas de 2015.
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Entre sus 215 medidas para un proyecto de país, presentadas por el partido de Pablo Iglesias, se abogaba por reducir al máximo las bonificaciones de esta tasa para cobrar más a los ciudadanos y recaudar más en las comunidades autónomas. Y, como consecuencia de esto, votó a favor en Aragón en el año 2015 para elevar la presión fiscal en un 50% de lo que ya estaba. Lo que situó a la región en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas que más gravaban a los clientes. Puesto que pasó de un 1% a un 1,5%. El tipo máximo. Como el que tienen Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Murcia.
Entre los parlamentarios que votaron a favor estuvo Pablo Echenique, por entonces líder regional del partido morado, que está siendo ahora uno de los más beligerantes contra el Supremo. «Ya sabíamos que los ricos se compraban gobiernos. Hoy se han comprado el Supremo», dijo el pasado martes.
En el PSOE sucede más de lo mismo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo ayer estar dispuesta a poner en marcha un «paquete de medidas potente» para compensar el daño que la decisión del Supremo supone para los contribuyentes. En la carrera iniciada, en plena precampaña electoral, para responder a la indignación generada, llamó ayer la atención la sensibilidad de Díaz, dado que la Junta no sólo aplica a sus contribuyentes el tipo más alto de entre todas las autonomías, sino que aprobó un incremento del mismo en el año 2012, en plena crisis, cuando el gravamen pasó del 1,2% al 1,5%.
Entonces, cuando el mercado inmobiliario estaba ya seriamente tocado por la estallido de la burbuja, la Junta, presidida por José Antonio Griñán, aplicó una subida del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que colocó a Andalucía en el escalón más alto. En aquel año Díaz se había incorporado ya al Ejecutivo como consejera de la Presidencia, si bien esa subida del impuesto se aprobó meses antes.
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En la última legislatura, la presión de Ciudadanos, con el que tenía un acuerdo parlamentario, llevó a Díaz a aplicar dos rebajas fiscales significativas. La primera en el tramo autonómico del IRPF y la segunda en el Impuesto de Sucesiones. Sin embargo, en ningún momento se había planteado la Junta prescindir de los ingresos generados por el impuesto sobre los AJD. Pese a ello, Díaz no ha dudado ahora en ponerse de parte de los contribuyentes y en contra de los bancos, a los que acusó de haber provocado la crisis y no haber devuelto el dinero del rescate.
Ahora anuncia un paquete «potente» de medidas para paliar el efecto de esta decisión, que afectaría a 300.000 personas con un saldo de 600 millones de euros.
