Los gastos de hipoteca y el Tribunal Supremo

Los bancos ya subieron las hipotecas en octubre, antes de la decisión final del Supremo sobre el impuesto
El tipo medio aumentó al 1,932% desde el 1,891% de septiembre
Se amplía el diferencial con la zona euro, donde la media se mantuvo en el 1,82%


MIRIAM CALAVIA ROGEL

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Evolución de los tipos medios hipotecarios en los ultimos dos años. Cinco Días
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Madrid 22 NOV 2018 - 12:35 CET


El enredo a cuenta del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que grava la formalización de las hipotecas, y que finalmente paga la bancadesde el pasado 12 de noviembre tras un decreto ley del Gobierno que contravino el fallo definitivo del Supremo conocido el 6 de noviembre, ha alterado la oferta hipotecaria en España, que es la clave de bóveda del negocio bancario y el segmento donde el sector es más competitivo. Muchas entidades se encuentran en pleno ajuste de su política comercial, argumentando que ahora deben asumir un coste adicional que tendrá impacto en sus cuentas. Es por eso que se prevé un encarecimiento de las hipotecas a corto plazo, según aseguran los expertos, han reconocido los propios bancos y también señalan agencias de rating como DBRS, que ayer mismo publicó un informe en el que opina que el tributo se repercutirá en el cliente a través de tipos más elevados. Pero el coste de los préstamos hipotecarios ya subió en el mes de octubre, antes de que el alto tribunal diera su veredicto final, como aperitivo a lo que puede estar por venir.

De acuerdo con los índices de referencia del mercado hipotecario que publica la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el tipo medio al que las entidades españolas concedieron créditos para hipotecas en octubre fue del 1,932% después de haber bajado al 1,891% en septiembre. El coste de los préstamos vuelve así a niveles de agosto, cuando repuntó después de tres meses de caída, marcando el segundo dato más alto del año tras alcanzar en enero el 1,938%.

El interés medio todavía se sitúa por debajo del registrado en agosto de 2017, cuando ascendió al 1,953%, una cifra que no ha vuelto a alcanzar en los catorce meses posteriores, a pesar de las subidas que está experimentando el índice de referencia curíbor, que en octubre encadenaba ya siete meses de ascensos situándose en el -0,154%. No obstante, el coste es superior a la media de los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro, que se mantuvo estable en el 1,82%. Además, el diferencial con el conjunto de la zona euro se ha ampliado desde principios de año hasta los 11 puntos básicos.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/21/midinero/1542811531_607053.html
 
IMPUESTO DE LAS HIPOTECASLa sentencia de las hipotecas carga contra los jueces que fallaron a favor del cliente y les acusa de "arbitrismo judicial"


Las tres resoluciones del Pleno de Sala de lo Contencioso-Adminitrativo del Supremo, dadas a conocer este martes, evidencian la grave fractura en el seno del tribunal respecto a este asunto.





Concentración de activistas antidesahucios ante la sede del Tribunal Supremo mientras el pleno resolvía el pago del impuesto de las hipotecas. EFE/Rodrigo Jiménez

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MADRID
27/11/2018 17:27 Actualizado: 27/11/2018 17:27
EUROPA PRESS

Las tres sentencias del Pleno de Sala de lo Contencioso-Adminitrativo del Tribunal Supremo que establecen que sea el cliente el que abone el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) —impuesto que se aplica a las hipotecas— carga contra los cinco magistrados de una de las secciones de este tribunal que fallaron inicialmente a favor del prestatario en este asunto, a los que se critica duramente su "drástico viraje jurisprudencial" y su "arbitrismo judicial".

Las resoluciones, que superan las 180 páginas cada una y han sido dadas a conocer este martes, evidencian la grave fractura en el seno del tribunal respecto a este asunto, ya que parecen servir de excusa para saldar cuentas entre las dos facciones en las que se dividió la Sala que falló el pasado 6 de noviembre por 15 votos frente a 13 a favor de anular la novedosa jurisprudencia de la sección especializada en tributos y volver a la jurisprudencia tradicional, que libra a las entidades bancarias del pago del tributo.



Posteriormente, un Decreto-ley del Gobierno dio de nuevo la vuelta al asunto y eximió a los clientes en detrimento de los bancos, por lo que al cabo el criterio de la mayoría quedará en nada, al menos para las nuevas hipotecas que se constituyan.

Los quince magistrados que inclinaron la balanza a favor de los bancos critican las resoluciones iniciales porque se actuó sin que se hubiera producido una modificación previa del corpus normativo aplicable ni ninguna otra circunstancia que pudiera incidir en la resolución de los asuntos, "un drástico viraje jurisprudencial respecto a lo que este Tribunal había declarado con anterioridad y por largo tiempo en la jurisdicción contencioso-administrativa, así como respecto a lo declarado en la Sala de lo Civil, giro que tuvo un amplio eco social y jurídico por la indudable trascendencia económica y social de la materia".

Recuerda también la mayoría de la Sala que la "fijación definitiva de jurisprudencia es, precisamente, una de las finalidades básicas —si no la que más— de los plenos jurisdiccionales", y acusan a los firmantes de las sentencias iniciales de causar "arbitrismo judicial" con su inesperada decisión.

https://www.publico.es/politica/imp...or-cliente-les-acusa-arbitrismo-judicial.html
 
La sentencia de las hipotecas aflora el enfrentamiento despiadado entre los jueces de la Sala Tercera del Supremo


Los magistrados de lo Contencioso-Administrativo usan esos fallos y los votos particulares para lanzarse duros reproches por cómo se ha gestionado este asunto

Quienes que se situaron a favor de los bancos critican a sus compañeros por cambiar de forma "radical" lo que el Supremo había sostenido durante décadas

Los jueces que se posicionaron con los clientes acusan a al resto suplir su falta de argumentos con "una descalificación hiriente"

Marcos Pinheiro / Diego Larrouy
27/11/2018 - 21:13h
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Fachada del Tribunal Supremo. EFE

Varios jueces del Supremo cargan contra la decisión del impuesto de las hipotecas: "Es una suerte de auto de fe"
El pasado 18 de octubre, el Tribunal Supremo tomó una decisión que hizo temblar a los bancos. La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo estableció que eran las entidades, y no los clientes, quienes debían pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentos (AJD) -conocido como impuesto de las hipotecas-. Ese día los bancos se desplomaron en bolsa. Las turbulencias duraron apenas 24 horas: el día después del fallo, el presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, Luis Díez-Picazo, paralizó la aplicación de esa doctrina y convocó a todos los magistrados bajo su mando para que la revisaran.




Lo que siguieron fueron 19 días de incertidumbre en los juzgados -algunos paralizaron sus recursos en marcha-, en los bancos -varios frenaron la firma de nuevas hipotecas-, en las notarias y en el propio Tribunal Supremo. Los jueces no entendían por qué se había frenado en seco una doctrina jurídica contraria a la banca y consolidada en tres sentencias para ser revisada por el Pleno, una decisión sin precedentes. El argumento del presidente de la sala fue la "enorme repercusión económica y social".

El pasado 5 de noviembre se encerraron en el Supremo 28 jueces de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo. Estuvieron dos días deliberando sobre si había que cargar el impuesto sobre los clientes o sobre los bancos. La decisión final se tomó tras una votación ajustada: 15 de los 13 magistrados apoyaron que pagaran los clientes. La sala se partió en dos.

Este lunes se publicitaron las tres sentencias con varios votos particulares que desarrollan aquella decisión. Más allá de la argumentación jurídica sobre por qué deben pagar los clientes, los fallos revelan el duro enfrentamiento mantienen los magistrados de la Sala Tercera. Los escritos publicados este martes están plagados de reproches en ambas direcciones con afirmaciones muy duras que evidencian una profunda fractura dentro del Alto Tribunal.

La sentencia: hubo un giro "inopinado" y "radical"
Los 15 magistrados que votaron a favor de la banca, con Díez-Picazo a la cabeza, dedican buena parte de las sentencias a criticar los fallos de la Sección Segunda que en octubre provocaron un cambio de doctrina sobre el AJD. En primer lugar, remarcan que la decisión final ha tenido que ser tomada por el Pleno, lo que "no es frecuente" debido a la "controversia social" que provocó que el Supremo dictaminara el 16 de octubre que eran los bancos y no los clientes, como había sido hasta ahora, los que debían abonar este impuesto.

Las sentencias conocidas este martes, casi idénticas, critican que se produjera un "drástico viraje jurisprudencial" respecto a lo que el Tribunal Supremo había dictaminado con anterioridad. Hasta la sentencia del 16 de octubre el Alto Tribunal había defendido que era el cliente quien debía abonar el impuesto. "Este giro tuvo un amplio eco social y jurídico", insisten los magistrados.

El texto asegura que se cambió una jurisprudencia que "sin más controversia que las naturales polémicas doctrinales" había regido "en las últimas décadas". En concreto, se critica que se decidiera modificar la jurisprudencia "sin que haya habido ninguna modificación normativa ni fáctica y sin que se aduzca para fundarla ningún principio jurídico que no haya sido tenido en cuenta con anterioridad".
Esta decisión, según apunta la sentencia, puede llevar al "arbitrismo judicial".

Así, lamentan que el marco regulatorio pierde "previsibilidad" si la jurisprudencia queda "al albur de cualquier cambio ocasional en la composición de un órgano colegiado". Ese órgano, la Sección Segunda, llevó a cabo un cambio en la doctrina jurídica "tan inopinado como radical", añaden.

De este modo, concluyen los magistrados que votaron a favor de la banca, se ha producido por parte de los jueces que firmaron la sentencia del 16 de octubre, un "abandono" a la línea jurisprudencial "reiterada en esta sala". En este sentido, defiende que se tiene que abogar por mantener la doctrina tal como figuraba hasta la fecha "por encima del criterio subjetivo" de quienes componen un órgano en un momento dado.

"Tribunal inquisitorial" y "descalificación hiriente"
Casi todos los jueces que se pusieron del lado de los clientes han firmado distintos votos particulares a las sentencias. El más duro, y el que revela de una forma más nítida el profundo enfrentamiento que se vivió en el Pleno del 5 y 6 de noviembre, es el que escribe el magistrado Francisco José Navarro Sanchís. A este escrito se adhieren los jueces Eduardo Calvo Rojas, Ángel Aguallo Avilés y Jesús Cudero Blas.

Estos magistrados son muy críticos con la decisión de convocar el Pleno, con lo que en esa reunión ocurrió y con las tres sentencias -casi idénticas- que resultaron de la votación que se inclinó del lado de los bancos. Por ejemplo, se refieren a la decisión de convocar el Pleno para revisar lo dicho por la Sección Segunda como una "nueva e indeseable práctica cinegética" contra los magistrados que firmaron los primeros fallos.

Ellos han sufrido "una causa general", dicen, al ver cuestionada su doctrina en una decisión sin precedentes. En otro punto del voto se refieren al pleno que revisó esa decisión como un "tribunal inquisitorial"

Según estos jueces, sus compañeros desplegaron durante el Pleno "un desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentación poco rigurosa" sin entrar el fondo jurídico del asunto. Eso se ha plasmado en un tono "áspero e hiperventilado" en las sentencias de este martes que sirve para "dar cauce a una reprimenda inaudita a una de las secciones de la Sala, la sección segunda".

Una vez criticadas las formas, pasan al fondo. Les acusan de jugar con el interés casaciones de los recursos planteados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, porque este, como el Guadiana, "aparece, desaparece y reaparece de nuevo".

Los argumentos jurídicos de los magistrados favorables a los bancos "se vuelven anémicos, decaen por debilidad y vienen a ser reemplazados por la descalificación hiriente". Según los jueces discrepantes, sus compañeros de la Sala Tercera usan "los reproches desmedidos" para "suplir la ausencia de razones".

"Es difícil de discutir que el daño causado con tan extraño proceder no es, en modo alguno, el intentado infligir a los destinatarios personales de las invectivas, sino el que se ocasiona al sistema jurídico en general y al Tribunal Supremo en particular, en fechas y trances particularmente inadecuados para ensayar tales intentos”, escriben a modo de resumen.

El Supremo no puede afirmar "una cosa y su contraria"
Las sentencias tienen otros votos particulares firmados, por ejemplo, por José Manuel Sieira, expresidente de la Sala Tercera que fue sustituido por Díez-Picazo tras las presiones de Carlos Lesmes al Consejo General del Poder Judicial. Su texto tiene un tono más moderado, pero no escatima en reproches. En su opinión, los jueces de la Sección Segunda no llevaron a cabo un giro jurisprudencial radical, sino que plasmaron "un cambio de criterio motivado y explícito".

"No cabe confundir la avocación a Pleno con un remedio para decidir si un cambio jurisprudencial debe ser o no confirmado o, dicho en otras palabras, revisar, confirmar o modificar la jurisprudencia establecida por la Sección competente", escribe Sieira sobre la decisión de Díez-Picazo.

Nicolas Maurandi, uno de los jueces que firmó la primera sentencia contra los bancos, ha emitido otro voto particular contra la decisión del Pleno. Su escrito es esencialmente técnico, pero también incluye reproches a la decisión de Díez-Picazo, que tilda como "delicada". "Se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose, porque entonces no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto".

"La confianza social en la administración de justicia es un elemento esencial (…) Y esa confianza queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de un número de días que no completa un mes", lamenta Maurandi.

Una Sala Tercera partida en dos
Los seis votos particulares presentados por en las sentencias publicadas este martes en por el Tribunal Supremo ayudan a elaborar una lista de aquellos jueces que decidieron votar en contra de que fuese el cliente y no el banco el que abonara el impuesto de actos jurídicos documentados. En la votación del seis de noviembre, el resultado fue 15 votos a favor de que lo pagasen los clientes y 13 votos en contra.

Los votos particulares dan el nombre de 12 magistrados que votaron en contra: José Manuel Sieira Miguez, Nicolás Murandi, Pablo María Lucas, María Isabel Perelló, José María del Riego, Diego Córdoba, José Manuel Bandrés, Francisco José Navarro, Eduardo Calvo, Ángel Aguallo, Jesús Cudero y Fernando Román. El decimotercer voto en contra es el de Antonio Díaz Delgado, que ya firmó la sentencia a favor de los clientes.

Así, quienes se situaron a favor de los bancos fueron Luis Díez-Picazo (presidente), Jorge Rodríguez-Zapata, Eduardo Espín, Celsa Pico, José Díaz, María del Pilar Teso, Juan Carlos Trillo, José Antonio Montero, Wenceslao Francisco Olea, Antonio Fonseca-Herrero, Inés Huerta, José Luis Requero, César Tolosa, Ángel Arozamena, Rafael Toledano y Dimitry Berberoff.

https://www.eldiario.es/politica/se...tecas-enfrentamiento-Supremo_0_840266851.html
 
Los jueces del Supremo discrepantes con la sentencia de hipotecas avisan de que se ha roto la confianza en la Justicia


Los 12 jueces del Tribunal Supremo contrarios a la sentencia del Pleno de la Sala Tercera que el pasado 6 de noviembre anuló el cambio jurisprudencial de la Sección Segunda que habría hecho recaer en los bancos el pago del impuesto de las hipotecas, avisan en seis votos particulares de que con este movimiento, se ha producido una quiebra de la confianza social en la Justicia.

En concreto, seis magistrados -Nicolás Mourandi, Pablo María Lucas Murillo, Francisco José Navarro, José Manuel Bandrés, Fernando Román y José Manuel Sieira-- han presentado votos particulares a las tres sentencias sobre este asunto que tras pasar por el Pleno depositaron el pago del impuesto sobre los ciudadanos, mostrando discrepancias a las que se han adherido otros seis. Hubo un decimotercero que votó en contra, pero no ha emitido voto alguno.

Sin embargo, más allá de expresar su disconformidad con el fondo, pues en general argumentan que debería ser el banco quien asumiese el tributo, critican el modo en que se ha llevado esta cuestión en el Tribunal Supremo, avocando al Pleno el debate sobre una sentencia que ya era firme e implicaba un cambio en la jurisprudencia.

"La confianza social en la administración de justicia es un elemento esencial para que el modelo de convivencia que es el Estado de Derecho no sea una mera proclamación retórica y se convierta de manera efectiva en una real convicción de la mayoría de los ciudadanos", dice el voto particular del magistrado Nicolás Maurandi.

"Y esa confianza -añade-- queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de un número de días que no completa un mes".

Es una percepción similar a la que expresa el magistrado Lucas Murillo, en un voto al que se han adherido Isabel Perelló, José María Del Riego y Diego Córdoba. Dice que "el Pleno de la Sala no podía corregir la interpretación de la Sección Segunda sin grave daño a la seguridad jurídica ni muy serio quebranto de la posición constitucional del Tribunal Supremo".

"El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo en materia de garantías constitucionales no puede decir una cosa el 16 de octubre y otra radicalmente opuesta el 6 de noviembre simplemente porque se considere preferible una interpretación a la otra", asegura.

Tanto el magistrado que lo escribe como los tres que lo refrendan aceptan que "en cualquier momento se puede someter al Pleno de la Sala la corrección de una doctrina sentada por una Sección si fuera errónea". "Ahora bien, cuando la contraposición se mueva entre una solución posible y otra que se tiene por preferible, se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose, porque entonces no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto", afirma.

EL TRIBUNAL NO ESTUVO A LA ALTURA
Para el magistrado Fernando Román, el Supremo no ha estado a la altura de lo que demandaba el "interés general". "Exigía que, en un momento de gran incertidumbre social, que afectaba gravemente al mercado hipotecario en nuestro país, diéramos una respuesta lo más precisa posible a la cuestión del alcance temporal y material que cabría atribuir a la nueva doctrina jurisprudencial que consideraba que el prestatario no era el sujeto pasivo de este tributo", apunta en su voto particular.


El magistrado José Manuel Sieira, para quien el cambio jurisprudencial que hizo la Sección Segunda al avalar a los clientes frente a la banca está "plenamente justificado", añade una crítica velada hacia el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, que le reemplazó en el cargo. Opina que si bien tiene competencia para convocar el Pleno "ello no supone que su criterio deba necesariamente ser compartido ni que tal decisión no pueda ser sometida al control de éste".

En su opinión, "la jurisprudencia, por su propia naturaleza, esta llamada a evolucionar, precisarse y matizarse con el transcurso del tiempo" pues "el Derecho es algo vivo que evoluciona como consecuencia de que la interpretación de las normas jurídicas es un proceso integrado por diferentes criterios que van desde el sentido propio de las palabras en relación con su contexto, los antecedentes históricos y legislativos, hasta la realidad social del momento".

Así, para el magistrado, "basta tener en consideración la relevancia que hoy alcanza la tutela de los derechos de los consumidores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, dirigir la mirada a las sentencias en la materia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo en lo que atañe los negocios jurídicos bancarios, para darse cuenta de lo contrario".

PREGUNTAR AL TUE Y AL TC
De hecho, para el magistrado José Manuel Bandrés, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo "no puede desbordar los límites de interpretación de las normas tributarias asumiendo funciones propias del poder legislativo", cosa que en su opinión estaba haciendo porque al final, ninguno de los supuestos sobre la mesa conducía a "una solución unívoca", ya que el origen del problema es "la inconcrección de la norma aplicada".

Por eso, considera que antes de fallar en casación, el Pleno debió haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional desde el punto de vista de la igualdad a nivel tributario. También tendría en su opinión, que haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque "puede ser relevante" que "aclare los límites que deban respetar los Estados miembros de la Unión a la hora de establecer la tributación que deben soportar las operaciones inmobiliarias para la adquisición de la primera vivienda".

UN TONO "BELIGERANTE" Y "DESAPACIBLE"
El voto particular del magistrado Francisco José Navarro, al que se adhieren sus compañeros de Sala Eduardo Calvo, Ángel Aguallo y Jesús Cudero, contra las sentencias es uno de los más duros y más extensos. De hecho, dedica las primeras diez páginas al "beligerante" y "desapacible" tono empleado en las sentencias y transmite su "extraordinaria preocupación" por la imagen ofrecida por el Supremo.

"Lo más preocupante, con mucho, es la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad, en particular a los teóricos y prácticos del Derecho y, muy en especial, a los jueces y magistrados que integran la carrera judicial y, que, en su quehacer diario, confían en el ejemplo del Tribunal Supremo a la hora de esclarecer la resolución de los asuntos que se someten a su decisión, que pueden quedar perplejos con estas actitudes belicosas", explica.

Pero además de esta "falta de respeto", Navarro cree que las "poco templadas palabras de los ponentes" de las sentencias que deshacen el cambio jurisprudencial también van dirigidas contra los propios magistrados de la Sala de lo Contencioso que asistieron al Pleno, pues considera que las sentencias utilizan un "tono despectivo o burlesco" al referirse a quienes defendían que el impuesto recayese en la banca y de "panegírico" cuando aluden a las atribuciones del presidente de la Sala.

El voto particular de este magistrado incluye además, críticas contra la "acelerada" convocatoria del Pleno, cuyas "circunstancias y términos hacían pensar, no de un modo implícito ni dudoso, en una terminante llamada a la rectificación o enmienda de la jurisprudencia establecida" en la sentencia que daba la razón a los clientes.
http://noticias.juridicas.com/actua...e-que-se-ha-roto-la-confianza-en-la-justicia/
 
El lío del Tribunal Supremo encareció un 2% las hipotecas en octubre, pero no paralizó el mercado
La concesión de hipotecas registró su mejor mes de octubre desde 2010 a pesar de la incertidumbre que generó la decisión del Alto Tribunal. Se firmaron préstamos por importe de 3.699 millones de euros, un 17,43% más que en septiembre, a un precio medio del 2,25% TAE

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PUBLICADOhace 3 horas

Las idas y venidas del Tribunal Supremo con respecto al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) no paralizaron el mercado hipotecario, ni siquiera lo ralentizaron, aunque sí encarecieron el precio de las hipotecas, según los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España.


Las hipotecas a tipo fijo en España, entre las más caras de EuropaLas hipotecas a tipo fijo en España, entre las más caras de Europa
En concreto, el precio medio de las hipotecas en España se alzó hasta el 2,25% TAE en octubre, desde el 2,21% TAE correspondiente al mes anterior. Estos cuatro puntos básicos de incremento representan un avance del 1,8% en el precio de las hipotecas con respecto a septiembre.

Sobre este encarecimiento, no obstante, también influyen otros factores, como el avance que experimentó el euríbor el octubre, el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas en España, que comenzó ese mes en el -0,158%, para concluirlo en el -0,149%, o el hecho de cada vez se conceden más hipotecas a tipo fijo, cuyo precio es mayor.

Se aceleró la concesión
Lo que está claro, como muestran los datos, es que la incertidumbre que generó el Alto Tribunal cuando el pasado 16 de octubre atribuyó al banco el pago del impuesto de la hipoteca para semanas después dar marcha atrás–decisión a la postre enmendada por el Gobierno vía decreto- no paralizó el mercado.

Es más, la concesión de hipotecas registró su mejor mes de octubre desde 2010, pues se firmaron préstamos por importe de 3.699 millones de euros. El dato es un 17,43% superior al de septiembre y un 17,47% mayor que el de octubre de 2017.

Y es que el mercado hipotecario está experimentando su mejor año prácticamente desde el comienzo de la crisis financiera. Hasta octubre ya se han concedido préstamos a hogares para la adquisición de una viviendapor importe de 36.123 millones de euros, el mayor registro en los diez primeros meses de un año desde 2010. Sin embargo, el dato aún está muy lejos de los niveles registrados en los años de la burbuja inmobiliaria.



Fin de la guerra hipotecaria
Hasta el momento y aunque los precios finales a los que se firman las hipotecas sean mayores, casi todas las entidades han optado por mantener intactas sus ofertas. CaixaBank fue la única de las grandes que, en medio del lío del Supremo, decidió incrementar el precio gancho de sus préstamos, aunque a cambio asumió todos los gastos de constitución de la hipoteca.

No obstante, la nueva ley hipotecaria, que está previsto que entre en vigor a comienzos de 2019, recogerá que todos los gastos asociados a la constitución de una hipoteca los deberá asumir el banco, a excepción del de tasación, así que, a falta de conocer si las entidades financieras finalmente los repercuten sobre el cliente, parece que los últimos acontecimientos pondrán fin a la guerra hipotecaria que se lleva disputando desde abril.

Si no repercuten en precio el IAJD, la decisión de Pedro Sánchez, que posteriormente será ratificada en la nueva ley hipotecaria, costará a los bancos del Ibex 35 (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Bankinter) unos 350 millones de euros anuales, lo que mermará su beneficio un 2,17% el próximo año
https://www.vozpopuli.com/economia-...recio-hipotecas-no-paralizo_0_1195681592.html
 
La cúpula judicial está rota: angustia, recados por escrito y lágrimas en el último pleno del consejo


La reunión celebrada en el consejo para nombrar al presidente de la Audiencia de Madrid acabó con otro enfrentamiento entre bloques y anuncio de votos particulares

La pelea entre jueces tiene otro particular campo de batalla en la Sala Tercera del Supremo en donde los magistrados han usado la sentencia de las hipotecas para dejar por escrito que se sienten víctimas de una cacería por parte de sus compañeros

El polémico Lesmes con su mandato ya agotado se hace fuerte tras el fiasco de la negociación de PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces

"Está aprovechando lo que le queda para nombrar a los más intensos, a los más rabiosos del PP", asegura un integrante del Consejo General del Poder Judicial

Gonzalo Cortizo
01/12/2018 - 21:03h
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JJpD pide la dimisión de Lesmes por "nombramientos por afinidades políticas" EFE

Un juez apartado de Gürtel por su afinidad al PP presidirá la Audiencia Provincial de Madrid
"Cada pleno se convierte en algo doloroso. Sales arañado". Así resume un miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el estado de crispación interna que atraviesa la cúpula judicial y que aflora cada vez que se afronta una decisión importante. El último episodio de esta escalada de tensión se vivió durante la reunión del pleno del Consejo que el pasado jueves decidió, entre otras cosas, nombrar a un juez apartado de Gürtel por su cercanía al PP como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.




La división fue de tal calibre que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, tuvo que usar su voto para desempatar y provocar el nombramiento de Juan Pablo González, frente a Mercedes del Molino, una candidata que le superaba en todos los baremos marcados para la convocatoria. Fue una reunión tensa, según relatan algunos de los presentes: hubo reproches e incluso lágrimas, durante las intervenciones de quienes apoyaban a la candidata perdedora. Como consecuencia de la pelea la consejera Clara Careaga (del sector progresista) ha anunciado un voto particular, al que se sumarán al menos otros cuatro consejeros según fuentes internas consultadas por eldiario.es.

La emisión de votos particulares sobre un nombramiento "no es habitual", tal y como señala Álvaro Cuesta, miembro del CGPJ a propuesta del PSOE. Según Cuesta, en otras ocasiones "los nombramientos se han producido por decantación, sin que fuera necesario negociar". Sin embargo, las rencillas entre los miembros de la cúpula judicial están a flor de piel y nada se decide ya sin polémica y enfrentamientos.

El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial -el órgano de Gobierno de los jueces que designa a los responsables de los principales tribunales españoles- tras el fracaso del pacto impulsado por Pedro Sánchez, está detrás de la explosión de ánimos entre la cúpula judicial: "Las rencillas llegan ya hasta las sentencias", asegura un alto cargo de la judicatura con plaza en el Tribunal Supremo.

Es lo que sucedió el pasado martes, cuando se dio a conocer la sentencia del Supremo sobre las hipotecas que revoca un fallo anterior y carga sobre los clientes el impuesto jurídico de actos documentados. Ese texto y los votos particulares explican bien lo que está pasando en la cúpula de los tribunales españoles y que según algunas fuentes se parece mucho a un ajuste de cuentas entre togas.

El grupo de magistrados que se habían mostrado favorables a que los bancos asumiesen el coste de los impuestos que gravan las hipotecas plasmaron por escrito su sensación de haber sido víctimas de una "práctica cinegética". Fue su respuesta a la decisión impulsada por el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, de forzar un cambio de criterio para favorecer los intereses de las entidades financieras.

Según estos jueces, sus compañeros desplegaron durante el Pleno "un desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentaciones poco rigurosas" sin entrar el fondo jurídico del asunto. Eso se ha plasmado en un tono "áspero e hiperventilado" en las sentencias del pasado martes que sirve para "dar cauce a una reprimenda inaudita a una de las secciones de la Sala, la sección segunda". Sin disimulo, los jueces han empezado a utilizar las sentencias para dejarse recados y dirimir sus propias batallas sin recato, tal vez en el peor momento de la institución, con la credibilidad de los tribunales por los suelos.

Mientras tanto, en el CGPJ se reproduce la situación de tensión que arrastra el Supremo por nombramientos como el de Luis Díez-Picazo para la presidencia de la Sala Tercera, donde se originó la crisis de las hipotecas, por la que el propio Lesmes ha tenido que salir a pedir perdón. Desde su posición, Picazo tumbó la primera sentencia que obligaba a los bancos a asumir el coste del impuesto a las hipotecas. El anuncio de que se corregiría surgió 24 horas después de haberse conocido, con los principales bancos cayendo en Bolsa y según él mismo explicó movido por "el impacto social y económico del fallo". El resultado es conocido: tres semanas después una sala del Supremo partida en dos -15 votos a 13- revirtió el fallo para colocarse del lado de la banca.

El nombramiento de Díez-Picazo había sido un empeño personal del presidente del Supremo, Carlos Lesmes y la decisión nunca ha sido aceptada en la judicatura al considerarse un movimiento más para favorecer al sector ideológico identificado con el Partido Popular.

"Los enemigos de la independencia del Poder Judicial son los enemigos de la democracia. Los mismos que están detrás de la corrupción y del crimen", asegura en conversación con eldiario.es el vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta. Este jurista y exdirigente del PSOE defiende la idea de que los bloques que han operado estos cinco años en el Consejo "no siempre han respondido a perfiles ideológicos". Según Cuesta, el trabajo del órgano de gobierno de los jueces en su actual mandato ha estado carente de conflictos con "un nivel de convivencia muy razonable". Todo eso ahora ha saltado por los aires cuando ya expira su mandato y sin que haya ningún indicio de que pueda ser renovado, visto el portazo del PP cuando los mensajes de Ignacio Cosidó frustraron el nombramiento de su hombre para presidir el Poder Judicial y el Supremo: el magistrado Manuel Marchena.

La reunión del consejo celebrada el pasado jueves para decidir el nombramiento de un presidente para la Audiencia Provincial de Madrid puso de relieve el deterioro en las relaciones entre las diferentes familias que gobiernan la judicatura en España. Ese día, el candidato de Lesmes era Juan Pablo González, un juez a quien se apartó del caso Gürtel por su excesiva cercanía con el Partido Popular y con la Fundación FAES.

Frente al candidato de Lesmes, el sector progresista apoyaba la candidatura de Mercedes del Molino, una mujer con mejor puntuación en todos los baremos que marcaban la convocatoria para el puesto. Frente a los 27 años de servicio de Juan Pablo González, Del Molino acumula 31. La candidata también superaba a su oponente en el número de años de servicio en órganos colegiados: 13 frente a seis. Además, Mercedes del Molino ocupa el puesto 815 del escalafón judicial por los diversos méritos obtenidos a lo largo de su carrera. Su oponente se encuentra muy por debajo, en la posición 1298.

La defensa de los candidatos se produjo en un tono correcto, no exento de tensión. Hubo lágrimas como las que interrumpieron el discurso con el que Rafael Mozo intentó defender las virtudes de la candidata para quien pedía el apoyo. El Consejo se partió en dos: diez votos para cada uno de los dos contrincantes. Carlos Lesmes fue el encargado de desempatar e imponer el ascenso del juez apartado de Gürtel para la presidencia de la Audiencia Provincial de Madrid.

No es la primera que sucede: otros dos jueces apartados también de procesos judiciales por sus vínculos con el Partido Popular también han sido ascendidos por el Poder Judicial.

El papel del Carlos Lesmes al frente de la cúpula judicial está lejos de la moderación que se le presuponía cuando trascendió que PP y PSOE habían acordado sustituirlo por el magistrado Manuel Marchena. Ese acuerdo se rompió y Lesmes goza ahora de un tiempo extra en el cargo que está empleando con mano de hierro.

"Lesmes está haciendo ahora lo que le pide el cuerpo", aseguran fuentes del Tribunal Supremo. En el sector progresista del CGPJ avanzan más en la afirmación: "Tiene una misión que es facilitarle las cosas al PP. Está aprovechando lo que le queda para nombrar a los más intensos, a los más rabiosos del PP", asegura un miembro del Consejo.

Uno de los nombramientos patrocinados por Lesmes puede tener la clave del futuro político para Pedro Sánchez con respecto a Catalunya. La Sala Tercera del Supremo es el órgano acreditado para resolver los recursos contra aquellos indultos que pueda aprobar el Gobierno. La decisión que adopte la sala que dirige Luis Díez-Picazo será firme y puede impedir que Sánchez lleve adelante cualquier intento de resolver la situación de los políticos presos con un acuerdo del Consejo de Ministros para pacificar el conflicto con Catalunya.

Frente a quienes piensan que la emisión de indultos es una atribución automática de un gobierno, Carlos Lesmes se ha encargado de cubrir ese flanco con alguien de su más estricta confianza para decir la última palabra al respecto.

https://www.eldiario.es/politica/Angustia-lagrimas-tension-cupula-judicial_0_841666235.html
 
Los beneficiados


Un wasap filtrado y una renuncia a lo que nunca se tuvo se pretende que desbaraten un proceso parlamentario iniciado en cumplimiento de la ley

El principal de ellos es, desde luego, Carlos Lesmes que de estar desahuciado ha pasado a seguir presidiendo el CGPJ y el Supremo por tiempo indeterminado

Elisa Beni
01/12/2018 - 21:04h
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Carlos Lesmes en una imagen de archivo EFE



“Cui prodest scelus, is ferit”

Séneca, Medea




Seguro que hay ingenuos que piensan que la salida de pata de banco de Casado para surfear el wasap de Cosidó, haciéndose el digno y sacándose de la manga una nueva postura política sobre el CGPJ y su renovación, concluye con la cuestión.

Nos enredamos días atrás intentando averiguar quién escribió ese obsceno texto que refleja la idea que el PP tiene de los jueces, y quién lo filtró, y hemos adobado la escena del sofá con una ascensión de Manuel Marchena al papel de doña Inés. Pero ese no es el fin ni siquiera de la temporada. ¡Qué va a serlo! El teatro del absurdo también tiene sus pautas y no van a ahorrarnos ni una. No. Los beneficiados no van a hacerlo. Dejémonos de patrañas. Más allá de la bomba de humo y confeti que supuso la renuncia de Marchena a lo que nunca había tenido -con una declaración tácita de que antes había aceptado que fuera así- la realidad es que junto con sus trastos y su carrera puesta a salvo, hay otros muchos beneficiados de esta anómala e inaceptable situación.

Las cosas hay que nombrarlas, así que se la resumo: un wasap filtrado y una renuncia a lo que nunca se tuvo se pretende que desbaraten un proceso parlamentario puesto en marcha, con todos sus trámites, en cumplimiento de la ley vigente. Un proceso que se ha hecho como el culo o que ha terminado como las témporas, pero un proceso reglado y legal igualmente. Los procedimientos parlamentarios no mueren en un titular así que ¿qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar?

Lo que está pasando es que los grandes beneficiarios del entuerto se están frotando las manos y no paran quietos. El principal de ellos es, desde luego, Carlos Lesmes que de estar desahuciado ha pasado a seguir presidiendo el CGPJ y el Tribunal Supremo por un tiempo indeterminado, que supongo que prevé largo por los problemas parlamentarios y por el fantasma de las elecciones generales que sobrevuela sin fecha fija. No es extraño que las malas bocas le acusen de haber sido intermediario en la filtración del mensaje del Grupo Popular.

Uno de los sueldos más altos del Estado durante unos cuantos meses más ¿cuántos? He ahí el dilema. Pero no es solo esto. Es que mientras esta regocijante circunstancia se produce, Lesmes y su Consejo, no paran de designar nuevos cargos judiciales. Saben que caducan el próximo martes y que, además, hay un proceso de renovación en curso, pero no van a perder la oportunidad. Recuerden lo que nos dijo alguien vía Cosidó: “nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”. Y en eso va a seguir Lesmes y el actual Consejo.

De hecho, esta semana hemos visto cómo han nombrado a Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Juan Pablo es un juez poco dado al arduo trabajo de poner sentencias. De hecho, desde que salió de Bilbao y llegó a vocal del CGPJ de Hernando ha ido surfeando por las canonjías. Fue juez de enlace en París por obra y gracia del propio Lesmes y luego, cuando se nombró a otro para la prebenda, él llegó a la Audiencia Nacional en comisión de servicio. Un tribunal que había aspirado a presidir sin haber pisado nunca.

Esto es algo que los jueces de las asociaciones no les contarán en detalle, pero la fidelidad al régimen es siempre altamente recompensada. González, que estaba de inquilino en la Audiencia Nacional, fue recusado para entrar en los juicios de Gürtel por su afinidad al PP y sus propios compañeros aceptaron tal premisa y lo apartaron. Así que ahora le premian con la presidencia de la Audiencia de Madrid que, les daré una pista, es un puesto de liberado, es decir, que no tiene carga jurisdiccional y no hay que poner sentencias. Lo ha logrado de nuevo. Hay algunos que se lo hacen muy bien mientras otros son uncidos como bueyes. No ha sido el único caso, el CGPJ en precario también ha cubierto la plaza de presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña, nombrando a Javier Aguayo, que ha estado de letrado fiel a Lesmes en la Inspección del Consejo hasta ahora.

¿No lo ven? El PP que pensaba controlar por detrás lo que le parece que ya tiene por delante sigue viendo como sus afines van medrando mientras Lesmes va cubriendo las plazas con la misma certera mano con la que forzó el nombramiento de Díez Picazo -el del pitote de la hipotecas- para la Sala III. ¿Hasta cuándo? Pues el PP se ha enrocado ahora en que hasta que se cambie una forma legal de elección de vocales que no puede alterarse de forma express ni sin mayoría así que a saber hasta cuándo.

Como verán, siempre salen ganando los mismos. Con renovación -porque controlan por atrás y hacen los nombramientos que “sirven” a España- sin renovación, porque les van a seguir salvando a sus afines y hasta cambiando el sistema, porque está demostrado que esa elección de los jueces por los jueces arrojará siempre órganos de gobierno mayoritariamente conservadores.

Ese es el panorama y ahora, frente a este dado que siempre cae por la misma cara, hay diversos posicionamientos. Unos opinan que debe llevarse a cabo un proceso que se ha iniciado legalmente, ya que esta trama bufa no solo se va a llevar por delante el prestigio de la Justicia sino también el del propio Parlamento. Hay 51 candidatos presentados también por las asociaciones y ese proceso perfectamente legal no puede quedar en un limbo.

Otros creen que hay que dejar en evidencia al PP, que ya se ha dejado en evidencia bastante. Téngase en cuenta que, según me cuentan, su portavoz de Justicia en el Congreso se enteró de la ocurrencia de Casado de romper la baraja y cambiar a la elección judicial de los vocales por un tuit. Vamos, que ellos mismos tienen un buen berenjenal. Por eso, los más drásticos consideran que los vocales actuales, sobre todo los vocales progresistas, deberían presentar su dimisión y convertir en impracticable esa extensión sine die de Lesmes en un acto de dignidad también por sus compañeros incursos en la selección. No creo que lo hagan. La poltronas, las reverencias y los dineros pesan mucho. Eso es lo que no nos terminan de contar las indignadas asociaciones quizá por eso sus lamentos y sus huelgas no terminan de calar en la ciudadanía. Primero los propios pecados, después las penitencias ajenas.¿A quién beneficia? Pues eso.

https://www.eldiario.es/zonacritica/beneficiados_6_841725829.html


La imagen de la justicia española, lo pongo en minúsculas es de verdadero asco.
 
El Poder Judicial ha ascendido a los tres magistrados apartados de Gürtel por ser afines al PP


Juan Pablo González acaba de ser elegido nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Madrid solo con los votos del bloque conservador del CGPJ

Espejel fue aupada a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después de que sus compañeros votaran sacarla de los juicios Gürtel

El PP se obstinó en Enrique López para el Constitucional, tuvo que dimitir por conducir borracho y acabó en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

Pedro Águeda
71 comentarios

29/11/2018 - 21:37h
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Acto de apertura del año judicial en septiembre de 2014 EFE

Un juez apartado de Gürtel por su afinidad al PP presidirá la Audiencia Provincial de Madrid
Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que fueron apartados de los juicios de Gürtel por su afinidad al Partido Popular ocupan ya relevantes puestos de la judicatura por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El último en ser apartado de los procesos por corrupción que afectan al partido de Pablo Casado, Juan Pablo González, fue elegido este jueves presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Todos los vocales conservadores, incluido el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, han votado en bloque a González, mientras que los progresistas y el propuesto por el PNV han optado por otra candidata.




Mejor suerte aun que González corrieron en su momento Concepción Espejel y Enrique López, miembros del tribunal original de Gürtel junto al progresista José Ricardo de Prada. Los compañeros de estos magistrados en la Sala de lo Penal decidieron por mayoría que López y Espejel no cumplían con la apariencia de imparcialidad requerida y que no podían juzgar una causa en la que el Partido Popular era acusado como responsable civil y en el banquillo se sentaban una veintena de sus antiguos cargos. Los dos jueces habían dado muestras sobradas de proximidad al partido conservador, según plantearon las acusaciones populares y respaldó la Fiscalía Anticorrupción.

Pero aquella decisión no resultó a la postre negativa para sus carreras. El Poder Judicial que emanó de la mayoría absoluta del Partido Popular en la primera legislatura de Rajoy decidió, el 15 de mayo de 2017, que Espejel debía presidir la Sala de lo Penal. Es la misma Sala de lo Penal cuyos miembros habían decidido mayoritariamente apartarla de los juicios de Gürtel, incluido el de la financiación irregular del partido o caja B. Solo uno de los vocales conservadores, Vicente Guilarte, no apoyó su elección. Los otros 11 conservadores, con Lesmes a la cabeza, votaron en bloque a Espejel. Entre ellos estaba el actual ministro del Interior del Gobierno socialista, Fernando Grande-Marlaska.

Entre los argumentos para apartar a López y Espejel de cualquier juicio al PP estuvo el de haber sido elegidos miembros del CGPJ a propuesta de ese partido. Anticorrupción expuso que Luis Bárcenas, el extesorero del partido y procesado en distintas piezas de Gürtel, había votado en el Senado la elección de Espejel.

El caso de Enrique López es único por la insistencia del Partido Popular en encumbrarle. En junio de 2013, el PP por fin logró que se convirtiera en magistrado del Tribunal Constitucional junto a Pedro González-Trevijano, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos cuando obtuvieron sus másteres Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón. Un año después, la Policía Municipal detuvo a Enrique López por el centro de Madrid conduciendo su motó a las 7:30 de la mañana borracho y sin casco. López se vio obligado a dimitir.

Pero la vida, o más bien el control del PP del órgano de Gobierno de los jueces, dio a Enrique López una segunda oportunidad y le convirtió en magistrado de la recién creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en la primavera de 2017.

Entre el incidente de circulación y el ascenso, Enrique López había vuelto a la Sala de lo Penal. Allí, junto a Espejel, se empeñó en que el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata fuera juzgado por unos chistes en Twitter de su etapa anterior a la política. El juez de instrucción, Santiago Pedraz, había archivado la causa en tres ocasiones al no apreciar delito, pero la insistencia de Manos Limpias y una supuesta asociación de víctimas del terrorismo financiada por el Ministerio del Interior encontró la comprensión jurídica de los dos jueces afines al PP.

La elección de López hizo extender la indignación en la carrera judicial. La Sala de Apelaciones es fruto de un antiguo reproche de Europa porque la Audiencia Nacional carecía de una segunda instancia que revisara sus sentencias. López y Eloy Velasco pasaban a integrar la más alta instancia del tribunal especial. Ninguno de los dos tenían experiencia en poner sentencias, según criticaban sus compañeros.

La elección de ambos correspondía a la comisión permanente del CGPJ, una versión reducida del pleno que, según la reforma legal de Alberto Ruiz-Gallardón, hacía que sus miembros fueran los únicos con una retribución mensual de 6.000 euros y dedicación exclusiva. Solo los progresistas Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda se opusieron al nombramiento de ambos.

El criterio que había impuesto el Gobierno de Rajoy para integrar la Sala de Apelaciones era tener la especialidad en derecho penal, algo aparentemente lógico. Lo que ocurre es que en España esa especialidad solo se le reconoce a aquellos que superaron una oposición menor hace veinte años, frente a otros que aprobaron una mucho más exigente y anónima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo. De esta forma, solo doce jueces ostentan la única especialidad en penal reconocida, entre ellos Enrique López y Eloy Velasco.

Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selección y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implicaba que deja de instruir los casos de corrupción más graves que afectan al PP y cuya investigación está aún abierta: la pieza del caso Púnica que investiga su financiación irregular en Madrid y la Operación Lezo. A ese cambio en el Juzgado de Instrucción número 6, que finalmente se produjo, se refería en un pinchazo de Lezo el propio Ignacio González. El expresidente madrileño planteaba a Eduardo Zaplana la conveniencia de hacer regresar al titular de la plaza, en un destino privilegiado en Roma, y enviar a Velasco a “escarbar cebollinos”.

Un CGPJ al borde de la prórroga
La elección de Juan Pablo González debía ser la última que adoptara el actual Consejo, toda vez que su mandato de cinco años expira el próximo martes. La ruptura de la negociación para su renovación por parte del Partido Popular prolonga sine die el actual Poder Judicial, con Carlos Lesmes al frente. González había aspirado sin éxito a otros puestos durante el actual mandato del CGPJ, como la Sala de lo Penal del Supremo.

El partido de Casado decidió romper el acuerdo de reparto de las sillas alcanzado con los socialistas después de que Manuel Marchena renunciara a sustituir a Lesmes. A su vez, la decisión de Marchena estuvo motivada por la difusión de un mensaje de whatsapp por parte del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que salía al paso de las críticas internas por el reparto alcanzado y aseguraba que con el nuevo presidente su partido “controlaría” la Sala Segunda del Supremo “desde atrás”.

Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, ha emitido un comunicado en el que critica el nombramiento de González porque manda "un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas o de amistad frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional". "Este nombramiento supone un nuevo revés para la imagen de la Justicia por lo que pedimos nuevamente la dimisión de Carlos Lesmes, y la inmediata renovación del CGPJ", concluye la asociación progresista.

En la misma reunión del pleno del CGPJ se ha elegido a Concepción Ureste nueva magistrada de la Sección Cuarta del Tribunal Supremo. En este caso, Ureste ha resultado elegida con los votos de los vocales progresistas, a los que se ha unido Lesmes y otro vocal conservador.

https://www.eldiario.es/politica/Poder-Judicial-magistrados-Gurtel-PP_0_840966982.html
 
Ocho bancos asumen ya todos los gastos de formalización de las nuevas hipotecas
Antes de la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria, otras cinco entidades cubren todos estos costes excepto el de tasación, que debe ser abonado por el cliente

Las seis novedades a tener en cuenta antes de firmar una hipoteca en los próximos meses

Teresa Sánchez Vicente@TeresaSV
Actualizado:21/02/2019 14:28h
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La Ley Hipotecaria ha pasado este jueves por su último trámite parlamentario antes de ser publicada en el BOE con las modificaciones pertinentes. A partir de la próxima entrada en vigor de esta nueva normativa, el cliente solo tendrá que pagar la tasación y el resto de gastos -escritura, gestoría, arancel notarial y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados- deberán ser abonados por los bancos. De todas estas partidas, la del impuesto es la que tiene un coste más elevado ya que puede oscilar entre los 1.500 euros hasta los 6.000 euros en función de la cantidad prestada y la comunidad donde se encuentre ubicada la vivienda.

A día de hoy y semanas antes que entre en vigor la ley, la mayoría de bancos ya ha preparado el terreno y adoptado en la práctica algunas de las directrices incluidas en la normativa. Prueba de ello es que un total de ocho entidades cubren actualmente todos los gastos de formalización de los créditos hipotecarios. Entre estos se encuentran Banco Santander, Pibank, MyInvestor, CaixaBank, ING, Openbank, BBVA y Caja Rural del Sur. Además, en base a los datos recopilados por el comparador financiero HelpMyCash.com, otros cinco bancos -Unicaja, Bankinter, Coinc, Targobank y Caixa d’Enginyers- asumen todos estos cargos excepto el de tasación, que debe ser abonado por el cliente tal y como marcará la ley.

No obstante, desde el comparador financiero avisan de que algunas entidades como Banco Santander, Caixabank, ING, Openbank y BBVA han compensado este movimiento a favor del usuario con el consiguiente encarecimiento de los préstamos. Por su parte, Bankinter -al igual que Coinc- ha subido el interés de la hipoteca variable y también ha rebajado la flexibilidad a la hora de llegar a acuerdos con los usuarios. «Es verdad que antes esas condiciones eran objeto de negociación con el cliente y se veían reducidas. Ahora intentamos que se respeten en la medida de lo posible, es la vía por la que podemos resarcirnos de todo o parte del coste cargado», reconoció la directora financiera de la entidad, Gloria Hernández, durante la última presentación de resultados.



«También hay que decir que en los últimos dos meses hay cinco bancos que han bajado el interés de sus hipotecas fijas: Unicaja, Bankinter -que también ha abaratado sus créditos a tipo mixto-, Coinc, Targobank y Caixa d’Enginyers», añade Miquel Riera, experto en Hipotecas de HelpMyCash.com.



Comisiones y productos vinculados
Además de los gastos de formalización, la nueva Ley Hipotecaria aborda la aplicación de las comisiones de apertura aunque ya son muchas las entidades que las han eliminado. En concreto, Liberbank, Openbank, BBVA, Banco Santander, ING, Triodos Bank, Bankia, Evo Banco, Cajasiete, Hipotecas.com, Coinc, MyInvestor, Pibank y CaixaBank ya no realizan este cargo, según recuerdan en HelpMyCash. De hecho, esta comisión solo está incluida en el 31% de las hipotecas variables y en el 25% de las fijas que se comercializan, según datos recopilados por el portal de ahorro Kelisto. La nueva ley no prohibirá el cobro de esta comisión aunque esta tasa únicamente se podrá devengar de una sola vez e incluirá todos los gastos de estudio, tramitación y concesión del préstamo u otros similares.

Por otro lado y a pesar de que no es obligatorio contratar productos vinculados, muchas entidades ofrecen tipos más bajos si el cliente acepta incluir seguros de hogar, vida, coche, planes de pensiones o tarjetas asociadas a una cuenta, entre otros. La nueva norma incide que en los bancos no podrán obligar al usuario a suscribir sus productos vinculados a cambio de concederle un préstamo hipotecario, pero sí serán legales las bonificaciones y rebajas de interés por pagar estos extras.



¿Cuáles son los principales gastos?
Repasamos de la mano del portal Kelisto cuáles son los principales gastos de una hipoteca y los costes que llevan asociados:

1. Tasación

Es el único gasto que tendrá que asumir el cliente en base a lo que marca la ley. Se trata de un trámite que permite a la entidad saber cuál es el valor real de una vivienda para calcular la cuantía del prestamo. El cliente puede elegir con qué empresa realizar la tasación y su coste se sitúa entre los 200 y 500 euros.

2. Notaría

En el despacho del notario se da fe pública de las escrituras del préstamo y suele costar de 800 a 1.000 euros para una hipoteca media.

3. Registro

Consiste en el paso necesario para inscribir la hipoteca en el registro de la propiedad y conlleva un desembolso medio de 250 euros.

4. Gestoría

Estos gastos, que oscilan de 150 a 300 euros, se destinan a pagar a gestores por trámites como la liquidación de impuestos.

5. IAJD

El importe a abonar por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados varía en función de la comunidad con un tipo general que va 0,5% al 1,50%. Conlleva un desembolso de 1.700 euros de media.

https://www.abc.es/economia/abci-oc...malizacion-hipoteca-201902210341_noticia.html
 
No lo suprime!!!!
No quiere suprimir impuestos, quiere crear nuevos impuestos. Que quede esto claro como fuente manantial
Se lo encasqueta a los bancos, usease una empresa que o gana pela o cierra el chiringuito.
A pagar? pos todos los hipotecados O, INCLUSO, QUIEN NO TENGA HIPOTECA.
DR FRAUDE es un gran estadista. Por ejemplo, mañana se le puede ocurrir anunciar que los españoles no pagarán el IVA del pan, pero si no suprime ese impuesto y dice que lo pagarán las panaderias.... Pos prepárate para comer SIN PAN!!!

Más bien prepárate a que suba el pan :LOL::LOL::LOL:
 
Otro varapalo judicial a la banca: el Supremo sentencia que solo se puede desahuciar tras 12 meses de impago de hipoteca

El Supremo frena todos los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas: Hay 17.000 casos judicializados por cláusulas abusivas que llevan meses paralizados en los juzgados

El Alto Tribunal se acoge a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios

Los magistrados dictan que los procesos en que el préstamo venció antes de la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, "deberían ser sobreseídos sin más trámite"

En los procesos en los que el préstamo que se dio vencido fuera posterior a la entrada en vigor de la normativa de 2013 "deberían ser igualmente sobreseídos" si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad

Economía
11/09/2019 - 14:43h
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Manifestación contra cláusulas hipotecarias frente al Tribunal Supremo. EFE

El Tribunal Supremo ha sentenciado que los bancos no podrán desahuciar salvo que los impagos supongan un incumplimiento grave del contrato, aun en los casos actualmente judicializados e iniciados antes del último cambio de ley. Se acoge a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios y elevó a 12 meses de impago la activación del mecanismo de desahucio.

Las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios daban potestad a los bancos de exigir todo lo que restaba de préstamo de golpe cuando se producía algún incumplimiento por parte del cliente. Lógicamente si ya había habido un impago, el prestatario no podía tampoco pagar todo lo que quedaba del préstamo de una vez, por lo que las entidades iniciaban el procedimiento de desahucio.




El TJUE estableció en marzo de este año que las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios "declaradas abusivas" podían ser sustituidas a menos que el consumidor se expusiera a consecuencias que le fueran "especialmente perjudiciales". La norma en ese momento señalaba que se podía iniciar un desahucio a partir de tres cuotas impagadas.

La nueva Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que se aprobó en mayo de 2019 ya ampliaba los tiempos y la cuantía de impago de acuerdo a lo señalado por la Justicia europea. Ahora el Supremo se ha acogido a dichas medidas ya que son más beneficiosas para el consumidor para su aplicación en los 17.000 casos actualmente judicializados.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato.

Ahora bien, esa nulidad total expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa.

Según fuentes judiciales, en estos momentos hay 17.000 causas en los tribunales por cláusulas abusivas que llevan meses paralizados a la espera de la sentencia del Supremo.

Para marcar una línea de actuación a los juzgados, los magistrados del Supremo dictan que los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria de 2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, "deberían ser sobreseídos sin más trámite".

En caso de que en los procesos el préstamo que se dio vencido fuera posterior a la entrada en vigor de la normativa de 2013 "deberían ser igualmente sobreseídos" si el incumplimiento del deudor "no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia".

La gravedad está marcada por los criterios que se establecen en la Ley de 2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que los establece en el impago de 12 cuotas o el 3% del capital que le prestó el banco durante la primera mitad de la duración de la hipoteca o si la cuantía no facilitada llega al 7% del capital prestado por la entidad o 15 meses de impago si no se abona durante la segunda mitad de la duración de la hipoteca.
https://www.eldiario.es/economia/varapalo-judicial-Supremo-sentencia-desahuciar_0_941056349.html
 
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