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Los sindicatos y Anesco se reúnen a la espera de que el Gobierno concluya el reglamento de la Ley
NAHIARA S. ALONSO
HUGO GUTIÉRREZ
Madrid 27 SEP 2017 - 05:32 CEST
Vista general del puerto Bahía de Algeciras. ALF
Los sindicatos de la estiba y la patronal retoman este miércoles las negociaciones para conseguir un nuevo convenio del sector para acabar con el conflicto de la estiba. El verano se ha vivido con calma, gracias a la desconvocatoria de la huelga por parte de los estibadores tras el principio de acuerdo que alcanzaron ambas partes en junio. Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar (CETM), sindicato mayoritario del sector, es optimista ante este nuevo encuentro. Sin embargo, la ausencia del reglamento que el Ministerio de Fomento debe aprobar para el desarrollo del Real Decreto complica que se pueda dar con una solución antes del 30 de septiembre, plazo fijado para cerrar el acuerdo.
Existen diversas cuestiones que dependen del texto que debe aportar el Gobierno, como por ejemplo, las referentes a las prejubilaciones o a la organización de los nuevos Centros Portuarios de Empleo (CPE). Estos son los que sustituyen con la nueva ley de la estiba a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), a la que tenían que pertenecer de forma obligatoria las empresas estibadoras y los trabajadores.
Pese a la falta de dicho documento, fuentes del sindicato Coordinadora aseguran que "si el texto final dice lo mismo que el borrador de junio, no habrá problemas". El borrador recogía una ayuda estatal para prejubilaciones, a las que se podían acoger los trabajadores con 50 años o más. "Necesitamos la norma para saber por dónde nos tenemos que mover", insiste Antolín Goya, líder del sindicato del sector, que añade: "Los trabajadores no saben todavía cuáles son las condiciones. Así no pueden elegir". Por su parte, el Ministerio de Fomento no aclara el tiempo que aún le queda al reglamento para estar listo.
La patronal Anesco, dividida tras el principio de acuerdo alcanzado antes de verano que provocó la salida de varias de las empresas estibadoras principales, no ha querido hacer declaraciones sobre la reunión. La decena de empresas que abandonó la patronal no forma parte de esta negociación. Sin embargo, siguen al detalle la negociación porque cualquier acuerdo les afectaría en sus compañías. "Anesco no puede firmar cualquier cosa. No pueden sellar un acuerdo que incumpla las leyes de la competencia", argumentan fuentes de las compañías disidentes.
Coordinadora, por su parte, insiste en que los CPE controlen la entrada de nuevos estibadores como ya hizo en el último encuentro. Es decir, abogan por mantener una especie de lista cerrada, como existía antes de la reforma del sector, algo a lo que las empresas se han negado en otras ocasiones. En el borrador del nuevo acuerdo sectorial propuesto por los trabajadores, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge que se constituirá un comité de selección. Este estará "integrado por un miembro elegido por el CPE y, en su caso, otro por la empresa estibadora que oferte el empleo. Por la parte laboral, se nombrará un miembro elegido por la representación legal de los trabajadores en el CPE y, en su caso, otro elegido por la representación de los estibadores portuarios". De esta forma, en caso de acordarse la creación de este comité, los trabajadores mantendrían el control sobre el acceso de los nuevos estibadores portuarios.
Una formula similar recogen para el proceso de formación. Coordinadora propone la creación de una comisión de formación sectorial de ámbito estatal en el que las partes nombrarán a sus representantes. Esta comisión aprobaría "criterios para la distribución, aplicación y gestión de los recursos recaudados como consecuencia de la dotación económica mínima ordenada en la ley". Entre sus funciones estaría supervisar los planes de formación profesional para el ingreso de los estibadores portuarios, entre otras.
La reunión de este miércoles se presenta con algunos de los asuntos que solicita Coordinadora ya solucionados a priori, como el tema de la subrogación de los trabajadores de Sagep. Este fue el principal escollo de la negociación con el Gobierno y las empresas desde el inicio del conflicto. En junio las empresas ya se comprometieron a subrogar el 100% de la plantilla.
MÁS DE SIETE MESES DE CONFLICTO
El conflicto de la estiba comenzó en febrero cuando el Gobierno emprendió la reforma de la estiba tras la multa que recibió España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde Bruselas se denunciaba que no se respetaba la libertad de establecimiento de nuevas empresas ni la libre contratación en los puertos españoles. Así, tras la propuesta de reforma del Gobierno, que acababa con la falta de libertad de establecimiento y contratación, los sindicatos aumentaron la tensión en los puertos españoles con continuas amenazas de huelga, que se cristalizaron tras aprobarse el decreto en el Congreso provocando al menos 150 millones de euros en pérdidas, según calculó Fomento.
Una vez aprobada la reforma, los trabajadores pararon la actividad hasta que se alcanzó un pacto con la patronal. El pasado junio llegó el principio de acuerdo en el que la patronal se comprometió a subrogar a los estibadores portuarios que pertenecían a la Sagep. Para cerrar este nuevo pacto sectorial, las partes se dieron de plazo hasta el 30 de septiembre, aunque ya aseguran que necesitarán más tiempo al no tener preparado todavía el Gobierno el reglamento que desarrolla la reforma de la estiba.
https://elpais.com/economia/2017/09/26/actualidad/1506419142_366786.html
NAHIARA S. ALONSO
HUGO GUTIÉRREZ
Madrid 27 SEP 2017 - 05:32 CEST
Vista general del puerto Bahía de Algeciras. ALF
Los sindicatos de la estiba y la patronal retoman este miércoles las negociaciones para conseguir un nuevo convenio del sector para acabar con el conflicto de la estiba. El verano se ha vivido con calma, gracias a la desconvocatoria de la huelga por parte de los estibadores tras el principio de acuerdo que alcanzaron ambas partes en junio. Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar (CETM), sindicato mayoritario del sector, es optimista ante este nuevo encuentro. Sin embargo, la ausencia del reglamento que el Ministerio de Fomento debe aprobar para el desarrollo del Real Decreto complica que se pueda dar con una solución antes del 30 de septiembre, plazo fijado para cerrar el acuerdo.
Existen diversas cuestiones que dependen del texto que debe aportar el Gobierno, como por ejemplo, las referentes a las prejubilaciones o a la organización de los nuevos Centros Portuarios de Empleo (CPE). Estos son los que sustituyen con la nueva ley de la estiba a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), a la que tenían que pertenecer de forma obligatoria las empresas estibadoras y los trabajadores.
Pese a la falta de dicho documento, fuentes del sindicato Coordinadora aseguran que "si el texto final dice lo mismo que el borrador de junio, no habrá problemas". El borrador recogía una ayuda estatal para prejubilaciones, a las que se podían acoger los trabajadores con 50 años o más. "Necesitamos la norma para saber por dónde nos tenemos que mover", insiste Antolín Goya, líder del sindicato del sector, que añade: "Los trabajadores no saben todavía cuáles son las condiciones. Así no pueden elegir". Por su parte, el Ministerio de Fomento no aclara el tiempo que aún le queda al reglamento para estar listo.
La patronal Anesco, dividida tras el principio de acuerdo alcanzado antes de verano que provocó la salida de varias de las empresas estibadoras principales, no ha querido hacer declaraciones sobre la reunión. La decena de empresas que abandonó la patronal no forma parte de esta negociación. Sin embargo, siguen al detalle la negociación porque cualquier acuerdo les afectaría en sus compañías. "Anesco no puede firmar cualquier cosa. No pueden sellar un acuerdo que incumpla las leyes de la competencia", argumentan fuentes de las compañías disidentes.
Coordinadora, por su parte, insiste en que los CPE controlen la entrada de nuevos estibadores como ya hizo en el último encuentro. Es decir, abogan por mantener una especie de lista cerrada, como existía antes de la reforma del sector, algo a lo que las empresas se han negado en otras ocasiones. En el borrador del nuevo acuerdo sectorial propuesto por los trabajadores, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge que se constituirá un comité de selección. Este estará "integrado por un miembro elegido por el CPE y, en su caso, otro por la empresa estibadora que oferte el empleo. Por la parte laboral, se nombrará un miembro elegido por la representación legal de los trabajadores en el CPE y, en su caso, otro elegido por la representación de los estibadores portuarios". De esta forma, en caso de acordarse la creación de este comité, los trabajadores mantendrían el control sobre el acceso de los nuevos estibadores portuarios.
Una formula similar recogen para el proceso de formación. Coordinadora propone la creación de una comisión de formación sectorial de ámbito estatal en el que las partes nombrarán a sus representantes. Esta comisión aprobaría "criterios para la distribución, aplicación y gestión de los recursos recaudados como consecuencia de la dotación económica mínima ordenada en la ley". Entre sus funciones estaría supervisar los planes de formación profesional para el ingreso de los estibadores portuarios, entre otras.
La reunión de este miércoles se presenta con algunos de los asuntos que solicita Coordinadora ya solucionados a priori, como el tema de la subrogación de los trabajadores de Sagep. Este fue el principal escollo de la negociación con el Gobierno y las empresas desde el inicio del conflicto. En junio las empresas ya se comprometieron a subrogar el 100% de la plantilla.
MÁS DE SIETE MESES DE CONFLICTO
El conflicto de la estiba comenzó en febrero cuando el Gobierno emprendió la reforma de la estiba tras la multa que recibió España del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde Bruselas se denunciaba que no se respetaba la libertad de establecimiento de nuevas empresas ni la libre contratación en los puertos españoles. Así, tras la propuesta de reforma del Gobierno, que acababa con la falta de libertad de establecimiento y contratación, los sindicatos aumentaron la tensión en los puertos españoles con continuas amenazas de huelga, que se cristalizaron tras aprobarse el decreto en el Congreso provocando al menos 150 millones de euros en pérdidas, según calculó Fomento.
Una vez aprobada la reforma, los trabajadores pararon la actividad hasta que se alcanzó un pacto con la patronal. El pasado junio llegó el principio de acuerdo en el que la patronal se comprometió a subrogar a los estibadores portuarios que pertenecían a la Sagep. Para cerrar este nuevo pacto sectorial, las partes se dieron de plazo hasta el 30 de septiembre, aunque ya aseguran que necesitarán más tiempo al no tener preparado todavía el Gobierno el reglamento que desarrolla la reforma de la estiba.
https://elpais.com/economia/2017/09/26/actualidad/1506419142_366786.html