Llanes: pasado, presente, futuro.

Por cierto, ¿sabemos algo del Sr Aznarez?.



La otra vez en el TSJA, cuando el Kaype, desde que declaró la ex alcaldesa Campillo hasta que el TSJA se pronunció pasaron dos meses y una semana...
así que puede que todavía falte bastante para saber cómo se pronuncia...
Puede sobreseer la causa sobre la ex alcaldesa y devolver al juzgado de Llanes con el resto imputados...

Tanto la ex alcaldesa Campillo, como Herrero, si hay un pronunciamiento para cualquiera de los dos, de que van a vista oral tendrán que dimitir de sus cargos...
 
Sabemos algo del gran gurú Trevin. Algo quiere porque hace muchas fotitos cursis y hoy pública una chorrada sobre el asesinato de Ardines.
Aplauden con las orejas 3 y nada más.
Éste busca posicionarse, ahora que tiene una nueva y rejuvenecida vida :sneaky:

Trevín está muy ocupado en su nuevo cargo haciendo negocios. Me ha hecho gracia lo de rejuvenecida vida, jajajaja... y cantando rancheras.
 
Sabemos algo del gran gurú Trevin. Algo quiere porque hace muchas fotitos cursis y hoy pública una chorrada sobre el asesinato de Ardines.
Aplauden con las orejas 3 y nada más.
Éste busca posicionarse, ahora que tiene una nueva y rejuvenecida vida :sneaky:

Recordemos que Antonio Trevín Lombán es una de las torres blancas del ajedrez que describíamos el otro día.

Alcalde de Llanes (1987-1993), presidente del Principado tras la dimisión de Rodríguez-Vigil por el petromocho, salido del "clan de los maestros" (del que formaban parte, entre otros, Riopedre, María Jesús Otero -ambos condenados en el caso Marea- y cuyo padrino era Rubalcaba), este artículo habla de su jubilación de la vida política:

https://www.atlanticaxxii.com/trevin-la-casta/

CASO MAREA

Trevín y la casta

Published on lunes, 28 agosto (2017)

  • TREVIN-LAMINADOS201610138532.jpg

Antonio Trevín con el presidente ejecutivo de ASLA, Macario Fernández, en la visita que realizó a la factoría de Villallana (Lena) en 2016, cuando todavía era diputado nacional.

Xuan Cándano / Director de ATLÁNTICA XXII.

Más que puerta giratoria, lo de Antonio Trevín es un caso de tráfico de influencias. No sabemos si la empresa ASLA lo ficha, sin experiencia alguna en su sector, por servicios prestados, pero no parece haber dudas de que su agenda, tras tantos años en política, es importante para su tarea en la expansión de la sociedad en Latinoamérica. Y en cualquier otra, puede que ya mismo con la licencia municipal que el Ayuntamiento de Lena no le acaba de conceder.

No tengo nada contra Trevín. Al menos es un tipo amable y cordial, en contraste con tanto político hosco y desagradable que no soporta críticas y disidencias. Y algo interesante tendrá, aunque yo no lo alcance a ver, cuando un humorista tan crítico y extraordinario como el dibujante Julio Rey le profesa admiración, según leo en La Nueva España.

Pero Trevín es un producto clásico de eso que Podemos llama acertadamente casta y que, cuando agota su ciclo en la política, no vuelve a sus orígenes profesionales y sociales como haríamos la mayor parte de los ciudadanos, sino que sigue aferrado a privilegios y tratos de favor.

El ahora ejecutivo empresarial era, como María Jesús Otero, cuya condena está al caer en el Caso Marea, uno de los del “clan de los maestros” de Llanes, que hicieron carrera política a la sombra de Alfredo Pérez Rubalcaba, el más poderoso de los de la beatiful people que en los ochenta dejaron huella, sobre todo el urbanismo, en el Oriente de Asturias. Su indudable habilidad para la política de cercanía y su trabajo por el concejo tras la riada que asoló Llanes en aquellos años le allanaron el camino a la Alcaldía, donde convirtió al PSOE en un fortín en un territorio conservador, gracias en buena parte al progresivo crecimiento de una enorme red clientelar.

Se intentó acercar a José Ángel Fernández Villa, en la época dorada del Tigre de Tuilla, que siempre sintió hacia él una cierta desconfianza. Cuando se lo presentaron en Llanes en una comida organizada para ello, el dirigente minero dijo de Trevín de regreso de Llanes, cuando el tercer comensal y organizador de la cita le preguntó por el entonces alcalde:

-No me fío de él, mírate a la bragueta.

Años más tarde Villa lo nombraría presidente del Principado en aquel humillante casting en el Sanatorio Adaro tras la dimisión de Juan Luis Rodríguez Vigil, cuando el líder el SOMA estaba convaleciente.

Poco después encontró su sitio entre las familias de la FSA acercándose a la UGT y poniendo en marcha la “Tercera Vía” entre el villismo y el arecismo. Entonces ya mucha gente en Asturias lo conocía por “Trepín”, y no solo los periodistas.

Según ascendía en su carrera política quiso obtener otra universitaria y se matriculó en la Facultad de Historia. A través de unos intermediarios socialistas consiguió una cita con el catedrático de Historia Contemporánea, David Ruiz, en su despacho en la Facultad. El profesor le ofertó una amplia bibliografía y le dijo que debía pasar un examen oral o escrito. Trevín se levantó airado y le dijo que no estaba en condiciones de pasar ese trance académico, por falta de tiempo. David Ruiz no tiene duda de que pretendía un aprobado político. “Fue una desfachatez, creyó que todo el monte era orégano”. En su biografía oficial figura como “diplomado en Historia”.

Cuando era delegado del Gobierno en Asturias también ejercía labores de influencia y control en los medios de comunicación, y no solo públicos, donde nombraba directores. Tras estallar el Caso Marea reunió en su despacho a algunos directores de medios, en los que ese asunto pasó a denominarse Caso Renedo, en alusión a una funcionaria, como si José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y otros dirigentes socialistas nada tuvieran que ver con el escándalo. Ahora, fuera de la política tras 34 años de cargos públicos, y no precisamente por su voluntad, poco podrá influir en el tratamiento informativo de la sentencia del Caso Marea, que se supone poco favorable para su partido.

El dinero y la vanidad mueven al mundo, también a la política, que es la ambición vital de poder. No sabemos cuánto cobrará Trevín en ASLA, algo que debería ser público, pero está claro que será una suma similar a la que el exdirigente socialista cobraba en el Congreso, porque el sueldo de maestro o la jubilación no debían satisfacer mucho sus aspiraciones. Pero no minusvaloremos la importancia de la vanidad en estos comportamientos que parecen patológicos, porque a los ciudadanos normales nos resulta difícil entender cómo esta gente no aspira como nosotros a disfrutar del tiempo libre, viajar, escribir o cuidar a los nietos. Si no les suena el móvil con insistencia deben de sentirse como un yonki sin su dosis diaria.

De todas las medidas que exige la regeneración democrática la más urgente y necesaria es la limitación de mandatos. Probablemente no acabaría con la casta, pero sí con tanta impostura.

En su despedida, Trevín agradeció al PSOE lo que le debe, que es todo. En eso no hay discusión posible.
 
Trevín es uno de los personajes más vomitivos.
La única virtud que le reconozco es la de ser lo bastante listo como para irse de rositas mientras los que le rodearon van siendo imputados.
Miembro destacado del "Clan de los Maestros" (lo llamaron así porque "clan de los sinvergüenzas" ya estaba pillado), se codeó con la flor y nata de los corruptos y chorizos del PSOE asturiano y llanisco: Villa, Riopedre, la Roldana...
Factótum del urbanismo depredador. Instaurador del régimen. Encantador de serpientes, tan educado como falso. Usaba con la misma frialdad el halago o la insinuación de posibles perjuicios.
No me gustaría tenerlo de enemigo pero aún menos, de amigo.
 
Me permito rescatar lo que nos contó @Girl6 de Trevín en el hilo sobre el asesinato de Javier Ardines.


Trevín dimitió de su escaño como diputado en agosto de 2017 por discrepancias con la nueva dirección del partido (vamos, que era Susanista porque pensó que ella iba a ganar y al salir Pedro Sánchez se había posicionado tanto que supo que caería en desgracia). Afirmó entonces que "trabajaría como un militante más de base", pero en septiembre de ese mismo año se incorporó a Asturiana de Laminados como directivo. Una empresa que, por cierto, se benefició muy mucho de los fondos mineros.

Para mí siempre ha sido el más listo de todos. Ha sabido nadar y guardar la ropa y no ha habido quien le tosa durante todos estos años. Un familiar ya mayor siempre contaba que en su época en Llanes (y después) se sabía el nombre de todos o casi todos los afiliados y los saludaba por la calle por su nombre. Después sabía ser discreto y no aparentar (algo que le cuesta a la dama del Higo, por ejemplo). Ahí lu tienes.

Es curioso cómo explica la naturalidad de su paso a la empresa privada:

"Es un reto apasionante para quien lleva 41 años cotizando como funcionario", aseguró Trevín. Además, explicó que "Asla recibió fondos mineros, y es un ejemplo demostrativo de que también hay proyectos exitosos que han logrado diversificar el tejido de las comarcas mineras".

Según explicó el exdiputado socialista, cuando decidió que iba a dimitir en el Congreso, comentó con un grupo de amigos que iba a empezar a articular su incorporación a Educación, al ser profesor de Primaria. "Fue entonces cuando surgió la oportunidad. Un amigo empresario me comentó que quizás me podría hacer una propuesta laboral. Me gustó y la acepté".
https://www.lne.es/asturias/2017/08...a-septiembre-asturiana-laminados/2148898.html


Todo very casual.
 
Lo que en su momento escribió la Plataforma de vecinos del concejo de Llanes cuando Trevín salió públicamente a la palestra con el tema de la Fundación Faustino Sobrino y la marcha de las monjas.

Plataforma de Vecinos del Concejo de Llanes

A veces te sorprendes del atrevimiento y disparatado cinismo y caradura de quienes, estando durante décadas detentando el poder "de aquella manera", tengan ahora la ocurrencia de hacer estos comentarios.

¿Quién se interesó por que las monjas del Hospital nos dejaran?
¿Quién cambió los Estatutos de la Fundación?
¿Cómo es que coincidió que hubo cambio de superiora en cuanto llegó la primera donación millonaria? 500 millones de pesetas de los que no queda más que una ínfima parte.
¿A quién se le ocurre inaugurar por segunda vez lo que ya estaba inaugurado? Pero es práctica habitual en Trevín tener fijación con las plaquitas de inauguración, a imitación de Tinín Areces.

¿Quién consiguió que la que fuera la SEGUNDA Fundación privada asistencial de mayor PATRIMONIO ECONÓMICO de ESPAÑA se haya quedado en nada? Ah, bueno, que esto ya fue cosa de Dolores.

¿Habrá que recordar las prácticas del Psoe con el funcionamiento de la Fundación?

Trevín. Gracias a Trevín comenzó todo el clientelismo.
¡Qué vergüenza!
 
Última edición:
Y otro asunto más en el que Trevín estuvo implicado: los retrasos de la autovía del Cantábrico.

https://www.elcomercio.es/asturias/201412/29/autovia-cantabrico-20141229223737.html

LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO, COMPLETA AL FIN
Mariano Rajoy acudió a la cita acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor | El tramo inaugurado es el último tramo pendiente de la A-8, comprendido entre Unquera y La Franca
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Mariano Rajoy saluda a las autoridades en Unquera
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ELCOMERCIO.ES Gijón / COLOMBRESMartes, 30 diciembre 2014, 00:40

La autovía del Cantábrico en Asturias termina por el principio. Mariano Rajoy inaugura hoy el trazado entre La Franca y Unquera, los 4,3 kilómetros que completan la A-8 en el Principado. Han pasado cuatro décadas desde que se pusieran las primeras ideas sobre un papel y 25 años desde que el proyecto comenzara a traducirse en obras. La historia de este tramo ha sido tan larga como para convertirlo en el que más retrasos ha acumulado en España.

Desde los años setenta, se encontraba en servicio la autopista 'Y', cuyo brazo entre Gijón y Avilés aspiraba a prolongarse en ambos sentidos hasta los límites de Asturias. Pero la historia del trazado que ahora se finaliza comenzó en los años ochenta, cuando los gobiernos de Felipe González decidieron impulsar la autovía del Cantábrico, que conectaría Galicia con Europa, encadenando tramos de Este a Oeste. Asturias, gobernada entonces por el socialista Pedro de Silva, también asumió como una de sus prioridades la construcción de esta carretera.

Hasta aquí el acuerdo. Pronto surgieron las discrepancias. Primero, porque la Administración central planteó el desarrollo de una autovía en lugar de una autopista. En algunos momentos, incluso se apuntó la posibilidad de una vía rápida, una simple mejora de las carreteras nacionales incluyendo obras de ingeniería que acortasen el camino y redujesen las curvas del sinuoso trazado costero. Desde el Principado, la catalogación prevista se apreció como un menoscabo y solo fue asumida tras la promesa de que no se renunciaría a los cuatro carriles. Más difícil fue superar el enfrentamiento sobre el trazado. Porque surgió en las filas del propio PSOE. Por un lado, el alcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, defendía un recorrido por el litoral que incluyera la conexión con su municipio. En cambio, el poderoso líder del SOMA, José Ángel Fernández Villa, reclamaba un trazado interior, siguiendo la estela de la carretera nacional 634, que acercase las comarcas mineras a la autovía a través del valle del Sella y Piloña. Sobre la mesa se pusieron argumentos políticos, económicos, medioambientales y demográficos. Finalmente, el ministro Javier Sáenz de Cosculluela recurrió a una solución salomónica: la autovía iría por la costa en su extremo oriental para girar hacia el sur al aproximarse a Lieres hasta conectar con Oviedo. A regañadientes, la idea fue aceptada, después de que la década de los ochenta prácticamente se agotase en polémicas.

Pese a todo, las obras se iniciaron en 1989, en un tramo entre Oviedo y Siero. En 1991 Josep Borrell asumió la cartera de Obras Públicas. A él le correspondió impulsar el estudio informativo para la construcción del trazado desde Unquera hasta Ribadesella, cuya finalización llegó a fijar en 1995. La propuesta recibió tantas alegaciones que en la Demarcación de Carreteras se almacenaron por cajas. Borrell decidió entonces dividir el tramo en dos. Y empezar por lo más sencillo. Entre Llanes y Llovio, las obras consistían prácticamente en desdoblar la carretera nacional 634 y apenas existía oposición ciudadana. En esta parte del trazado, las excavadoras comenzaron a trabajar en 1996. Las únicas dificultades las encontraron en el desmonte de San Antolín. Este tramo fue abierto al tráfico 1999. El entonces ministro, Rafael Arias Salgado, cortó la cinta con una llamada telefónica después de discutir en Oviedo con Areces, ya en ese momento presidente del Principado, y anular el acto inaugural. Quedó pendiente el desmonte, donde contener el constante desplome de rocas y arena con una malla metálica exigió una inversión adicional de 1.500 millones de pesetas y dos años más de obras.


Pero entre Unquera y Llanes, la autovía seguía atascada en los papeles. Una asociación vecinal, Peña Tú, alegó contra el trazado elegido al considerar que el alcalde de Llanes, el socialista Antonio Trevín, y los técnicos encargados de la redacción del proyecto habían maniobrado para que resultara elegida una alternativa más cercana a la costa que supuestamente favorecía determinados desarrollos urbanísticos. Esta asociación presentó una denuncia que terminó en un juzgado de Oviedo en el año 2000, casi al tiempo en el Francisco Álvarez-Cascos aterrizaba en Fomento. La autovía continuaba su avance hacia Galicia. Los cuatro carriles cruzaron el Sella, pasaron bajo la ría de Villaviciosa y llegaron al Occidente. Incluso se bifurcaron para conectar con Gijón. El 23 de febrero de 2004, Cascos inauguró el tramo Grases-Infanzón, en el que definió como su «día más importante como ministro de Fomento». «Satisfecho y orgulloso», procedió a cortar, con diez meses de adelanto sobre las fechas previstas, la cinta inaugural del tramo de 9,2 kilómetros de longitud y 169 millones de euros de coste, que permitía reducir en diez minutos el trayecto entre la villa de Jovellanos y Villaviciosa, pero que había dado un giro al planteamiento de la autovía.

En cambio, en Llanes el proyecto seguía paralizado y la carretera nacional 634 se convertía en el principal 'punto negro' de Asturias. Tras numerosos accidentes mortales, los vecinos llegaron a recoger firmas para exigir la obra. Un hostelero de la localidad de San Roque colocó incluso calaveras en la estantería tras la barra de su bar como macabro recordatorio del medio centenar de víctimas mortales que en la última década se cobró la vieja nacional que cruzaba los pueblos del Este llanisco. Los veinte kilómetros de tráfico lento para entrar y salir de Asturias se convirtieron en una penitencia obligada para más de 12.000 vehículos al día. Pero el ministerio había rechazado seguir adelante en tanto que no se produjera una resolución judicial. Ésta llegó el 7 de marzo de 2003. El juzgado de Instrucción Número 2 de Oviedo no encontró motivos para enjuiciar a los técnicos denunciados. Existían defectos evidentes en las mediciones, pero según el juez Ángel Sorando, los errores con el teodolito eran tan evidentes que no podían ser constitutivos de delito. En cambio, fueron suficientes para que Fomento decidiera entonces que estos abundantes fallos invalidaban los informes sobre los que debían sustentarse los proyectos, por lo que emprendió de nuevo todos los estudios. Mientras los topógrafos volvían a trabajar sobre el terreno en los posibles recorridos, las obras avanzaban por el Oeste.

Los viaductos cruzaron los ríos Nalón, Navia y Eo, y la nueva calzada llegó a Galicia. Aunque también en el Occidente la autovía se atascó en algunos puntos. Especialmente en el tramo Otur-Villapedre, convertido en otro islote por su polémico recorrido. El trazado aprobado en 1999 fue anulado seis años después por la Audiencia Nacional, que consideró que la opción elegida no seguía las indicaciones el estudio de impacto ambiental. Cuando Magdalena Álvarez tomó posesión como ministra reinició la tramitación de este tramo y se encontró con los estudios del Unquera-Llanes, ahora dividido en dos, en su fase inicial. La nueva titular de Fomento se marcó como objetivo finalizar la autovía. Al menos, en esta ocasión el ministerio encontró un trazado exento de polémica.


Había sido tutelado en gran medida por el equipo que Cascos había puesto al frente de la Demarcación de Carreteras y parecía dibujado para solucionar de antemano las alegaciones que habían enterrado la propuesta anterior. En febrero de 2008, las obras del tramo más oriental de la autovía en Asturias fueron adjudicadas en 165,4 millones de euros. La ministra optó por concentrar el esfuerzo económico en los tajos ya avanzados. Así, consiguió abrir al tráfico más de 81 kilómetros de la ya denominada A-8. Entonces llegó la crisis. Los millonarios sobrecostes con los que en la década anterior se habían acortado los plazos quedaron en el olvido. Las obras perdieron brío hasta quedar prácticamente paradas.

Solo alguna excavadora conteniendo los desmontes en los que volvía a crecer la vegetación parecía recordar a los conductores entre Unquera y Llanes la intención de continuar. José Blanco, que había llegado al ministerio en 2009, apenas pudo aportar nada a unas obras que según los calendarios de los gobiernos anteriores ya debían estar terminadas.


En 2011, cuando Ana Pastor entró en su despacho de Nuevos Ministerios se encontró con un tramo a punto de concluir (Navia-Tapia) y la tarea pendiente de engarzar los dos eslabones más complicados y retrasados de la autovía del Cantábrico: Otur-Villapedre y Unquera-Llanes. La inversión posible en plena recesión daba para poco. La ministra de Fomento señaló entonces que la autovía sería su «absoluta prioridad» política y presupuestaria en Asturias. Pero el dinero no alcanzaba para exigir a las constructoras los turnos de noche y el trabajo en jornadas festivas con los que se habían cumplido los plazos de licitación en la década anterior.

Después de renunciar a calendarios más optimistas, Fomento se exigió finalizar la autovía en los cuatro años de legislatura. El ramal occidental quedó terminado en diciembre de 2013 con la apertura al tráfico de los 9,4 kilómetros entre Otur y Villapedre. En el Oriente, los trabajos continuaron. Con lentitud. Y lo que había sido un tramo en sus orígenes y dos en su tramitación, acabó construyéndose en cuatro fases. La autovía en Llanes y Ribadedeva fue abriéndose a los vehículos prácticamente de enlace a enlace desde el año 2012.

Las inauguraciones parciales fueron discretas: corte de cinta, recorrido en autobús junto a la prensa y unas palabras posteriores de la ministra para reafirmar su compromiso con la finalización de unas obras a la que preferia no poner fecha. Hasta que solo quedaron los últimos cuatro kilómetros y medio de la simbólica conexión entre La Franca y el límite con Cantabria en el viaducto de Tina Mayor. Solo entonces el ministerio se atrevió a fijar un plazo para la conclusión de las obras: diciembre de 2014. Para cumplirlo, los focos volvieron a alumbrar la actividad de las máquinas e incluso en la mañana de Nochebuena las hormigoneras trabajaron sin descanso. Aún quedan trabajos por realizar, pero será abierto al tráfico.

Mariano Rajoy presidirá hoy la apertura del que probablemente es el tramo más corto para el que se ha organizado un acto inaugural en la región en los últimos años. Pero el presidente regresará al Principado dos años y medio después de su última visita porque el 30 de diciembre de 2014 es una fecha para la historia de las infraestructuras españolas. Siete ministros y 25 años de obras después, la autovía de 231 kilmómetros que permite cruzar Asturias en dos horas y media está terminada.
 
De cuando Trevín convocó a los medios de comunicación asturianos para que le cambiaran la denominación oficial al caso Marea (corrupción en la Consejería de Educación).

http://www.atlanticaxxii.com/la-operacion-marea-al-caso-renedo/
De la “Operación Marea” al “Caso Renedo”

Publicado el enero 10, 2018

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José Luis Iglesias Riopedre a las puertas del Juzgado. Foto / Mario Rojas.

Javier Álvarez Villa y Severino Espina Fernández / Licenciados en Derecho y miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

El 2 de febrero del 2010, aprovechando una conferencia-almuerzo en el lujoso hotel Ritz de Madrid, organizada por la asociación empresarial Nueva Economía Fórum y patrocinada por el Grupo Sacyr-Vallehermoso, Vicente Álvarez Areces seguía postulándose como candidato del PSOE para las elecciones autonómicas del año 2011.

El mensaje dirigido al sector “oficial” de la FSA, ante la flor y nata de los empresarios españoles, era nítido: ‘Tini’ Areces mantenía el pulso con Javier Fernández, candidato del aparato y secretario general de la FSA, y se sentía fuerte para seguir disputando la partida.

Era el último episodio de una guerra cruenta en la que los aliados mediáticos de los dos contendientes jugarían un papel decisivo, no tanto por los servicios de propaganda prestados, como por el efecto devastador que iba a producir la publicación sucesiva y oportuna de varios escándalos de gestión política sobre las opciones de victoria de uno de ellos. En este apartado, que acabó seguramente inclinando la balanza hacia Javier Fernández, los once años consecutivos de Gobierno arecista ofrecieron un flanco débil sobre el que se cebó la artillería mediática del candidato oficialista.

El 24 de febrero, veintidós días después de la conferencia del Ritz, La Nueva España publicaba en primicia una noticia bomba, que estallaba de lleno en la línea de flotación del Gobierno y acabaría siendo la antesala del mayor escándalo de corrupción de la historia de la Autonomía: la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, acababa de destituir, «por irregularidades administrativas en las que se aprecia un posible delito», a la jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

En la noticia se decía que la Fiscalía había abierto una investigación para determinar si la alta funcionaria había falsificado la firma del director general, José Alberto Pérez Cueto, para adjudicar servicios de forma irregular asumiendo funciones que no le correspondían; y si estaba ligada, mercantil o sentimentalmente, con alguna de las empresas o empresarios que lograron contratos con el Departamento en el que prestaba servicios.

El día siguiente, 25 de febrero, La Nueva España continuaba informando que la alta funcionaria, que identificaba como M.R.A., había sido destituida por hacer adjudicaciones irregulares de contratos de productos informáticos, que diversas fuentes elevaban a medio millón de euros. Asimismo, destacaba que era una alta funcionaria de la absoluta confianza del Gobierno: había llegado a la Consejería de Cultura cuando Migoya tomó posesión de ese departamento en el año 2003, ocupando la jefatura del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, bajo la dependencia directa de Carlos Madera, por entonces director general de Promoción Cultural, y cuando la consejera pasó a dirigir la Consejería de Administraciones Públicas, en la reordenación del Gobierno que siguió a las elecciones autonómicas del año 2007, la funcionaria cambió de destino de la mano de Migoya para dirigir el Servicio de Procesos Administrativos.

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El banquillo de los acusados del Caso Marea. Foto / Pablo Lorenzana.

Información, negocios e intereses

El Comercio, el otro gran periódico asturiano, no tuvo más remedio que hacerse eco de unos hechos tan graves, si bien, dos días después, titulando que había sido destituida una alta funcionaria que se enfrentaba a seis años de cárcel por estafa.

¿Cómo es posible que la información de un asunto de esta envergadura se conociera por una filtración a un periódico y no de boca de los portavoces del Gobierno en una rueda de prensa con todos los medios adecuadamente convocados?

Nuestra tesis es que la filtración de este grave caso de corrupción es una pieza de un gran valor en la guerra abierta por entonces en el seno de la FSA-PSOE entre los dos bandos enfrentados. En ese conflicto, hacía algún tiempo que el periódico del grupo Prensa Ibérica había tomado partido, de forma clara y sin tapujos, por el candidato “oficialista”, golpeando con dureza al entonces presidente Álvarez Areces donde más podía afectarle: aireando los escándalos de corrupción y de pésima gestión que afectaban a ese modo de hacer política que se ha dado en llamar el “arecismo”.

Podríamos poner varios ejemplos: la crítica despiadada del editorial del 21 de junio del 2009, con ocasión de la sentencia judicial que anuló aquel engendro denominado “carrera profesional” de los empleados públicos (el Gobierno había jugado frívolamente con el pan de los funcionarios y con el dinero de los asturianos, se decía en el editorial), o el despliegue informativo realizado el 1 de mayo del 2010, sobre la anulación judicial de una relación de puestos de trabajo que permitió el nombramiento a dedo de 280 jefes de servicio, ilustran bien esta labor de ariete constante sobre el Gobierno de Areces, percutiendo con los sucesivos varapalos judiciales recibidos por los responsables de una política marcadamente clientelista y de una maquinaria administrativa averiada.

Solo desde planteamientos ingenuos se puede pensar que los alineamientos político-mediáticos responden a coincidencias ideológicas y/o simpatías personales. Por encima de afinidades de ideario y de empatías o antipatías mutuas, dominan las descarnadas motivaciones económicas de los grandes grupos de comunicación, en las que se amalgaman los intereses del negocio comunicativo en sentido estricto, los de de los anunciantes, accionistas, financiadores, etc. De ahí que resulte perfectamente posible que un periódico o una televisión promuevan abiertamente a un determinado candidato u hostiguen a un alto cargo hasta hacerlo caer, para favorecer los intereses, por ejemplo, de una gran empresa del sector energético, de una entidad bancaria o de una potente constructora, o de todos ellos a la vez.

Las embestidas contra la rocosa y casi numantina resistencia de Areces hicieron mella: el 8 de julio del 2010, el todavía presidente del Gobierno asturiano anunciaba públicamente su decisión de no volver a ser de nuevo candidato a la Presidencia del Principado de Asturias en las elecciones autonómicas a celebrar en mayo de 2011. No obstante aseguraba, según la noticia de agencia, que estaría “al pie del cañón, hasta el último día, con más intensidad si cabe”. Los últimos meses del arecismo gobernante no son, sin embargo, el mejor ejemplo de un final de etapa glorioso.

Menos de un mes después de su renuncia, se hacía pública la del consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, amigo personal y hombre de su máxima confianza. El anuncio fue realizado por la consejera Migoya, resaltado que la dimisión se había producido por “problemas de salud”. En marzo del 2011, dos meses después de la detención del ex consejero, La Nueva Españarevelaba que tanto Riopedre como María Jesús Otero sabían que estaban siendo investigados cuando presentaron sus respectivas dimisiones en los primeros días de agosto de 2010.

El periódico afirma que “el sumario de la Operación Marea recogía conversaciones de ambos cargos donde se trasluce su conocimiento de que la Policía los investigaba”, y acaba poniendo contra las cuerdas por mentiroso al Gobierno de Areces, recordándole que “negó rotundamente, en la primera comparecencia pública de su portavoz, Ana Rosa Migoya, tras la detención de Riopedre, a finales de enero pasado, que la dimisión del consejero de Educación tuviera relación alguna con la investigación”.

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La Nueva España llamó al Caso Marea por su auténtico nombre.

Marea o Renedo

El 24 de enero de 2011 explotaba con virulencia el mayor caso de corrupción de la historia de Asturias: la Justicia detiene ese día a Iglesias Riopedre, a la ex directora general de su máxima confianza María Jesús Otero y a la alta funcionaria Marta Renedo (la M.R.A de la noticia de febrero de hacía un año), además de a dos conocidos empresarios del sector del mobiliario de oficina, por su implicación en una tupida red de amaño de contratos públicos. Nace oficialmente, por entonces, el caso bautizado como “Marea” y “Renedo”, dos denominaciones distintas para un solo caso verdadero. ¿Una mera anécdota, un misterio insondable o una interesada utilización del lenguaje?

La Nueva España adoptó pronto la denominación de “Caso Marea”, coincidente con el otorgado por la Policía a las diligencias de investigación. “Marea” es un acrónimo de Marta Renedo, pero tiene una connotación mucho más amplia (de la misma manera que “Gürtel”, aunque sea la traducción al alemán de “Correa”, es un nombre que simboliza una extensa trama de corrupción, que va mucho más allá de uno de sus personajes centrales).

El Comercio, por su parte, al igual que la televisión pública autonómica TPA, comienza a hablar del “Caso Renedo” desde el 27 de enero -tres días después de la detención-. Xuan Cándano afirma en un artículo de mayo de 2016 que “cuando estalló el Caso Marea, a principios de 2011, el entonces delegado del Gobierno en Asturias y ahora diputado socialista en el Congreso, Antonio Trevín, reunió a algunos directores de medios asturianos para intentar frenar el golpe que para el PSOE suponía este caso de corrupción. Esa debe de ser la causa que explica que aún haya medios, más de cinco años después, que lo llaman ‘Caso Renedo’. Desde el primer momento la estrategia socialista consistía en desviar las responsabilidades a la alta funcionaria por la que se destapó al escándalo, para eludir las políticas que llevaron a la cárcel al entonces consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y a la que era su mano derecha, la directora general María Jesús Otero”.

La explicación que ofrece el director de ATLÁNTICA XXII cuadra bien con la línea argumental que venimos desarrollando en este trabajo: a Trevín solo le habría hecho caso El Comercio, que no tenía ningún interés en culpabilizar a Areces, más bien al contrario, y la TPA, controlada informativamente por el Gobierno arecista; pero no La Nueva España, que había contribuido a pulverizar las aspiraciones del ex alcalde de Gijón de repetir como candidato en la elecciones autonómicas de 2011 y al que consideraba responsable político de la trama.

Así, las informaciones de El Comercio sobre el “Caso Renedo” podrían unirse de tal forma que quedaría trazado un potente cortafuegos para proteger a Tini Areces de la quema. En esa obsesión de convertir el “Caso Marea” en el “Caso Renedo” El Comercio llegó a cambiar el nombre oficial de la Comisión parlamentaria de investigación creada por la Junta General del Principado de Asturias, denominada por la propia Junta General como Comisión de Investigación del conocido como “Caso Marea”, por el de Comisión de Investigación del “Caso Renedo”.

Para La Nueva España, sin embargo, era evidente que Álvarez Areces dejaba una “herencia envenenada” a sus sucesores, basada en el descontrol administrativo generalizado y la politización partidista de la gestión de la Función Pública. El demoledor editorial de este periódico del 23 de enero de 2011 no deja títere con cabeza: “La herencia no es apetecible. El rigor más escrupuloso no inspira muchos procesos administrativos. Hay obras decididas con ligereza y también ligereza en la adjudicación de obras: contrataciones a la carta, supuestos criterios objetivos que son puerta abierta a la discrecionalidad, fraccionamiento excesivo de proyectos para esquivar controles”. Acusa directamente al Gobierno arecista de “controlar al funcionario no para que ejerza su trabajo con provecho y eficacia, sino para recompensar la docilidad como actitud y la fidelidad como mérito, por más que los jueces enmienden este propósito sentencia a sentencia”.

Nosotros creemos que el editorialista estaba, en lo sustancial, bastante atinado y que no exagerada en absoluto. A este respecto, nos vemos obligados a recordar, aunque solo sea por una razón de “memoria histórica”, que buena parte de las denuncias sobre estas cuestiones y de las demandas que acabaron en la larga retahíla de sentencias condenatorias del Principado fueron promovidas por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

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El Comercio denominó al caso como ‘Renedo’.

Una discutida herencia

Ahora bien, lo que nos llama poderosamente la atención es que, tras el acceso a la Presidencia del Principado de Javier Fernández a mediados del año 2012, esa visión implacable sobre la gestión pública en la Administración del Principado empiece a difuminarse, hasta desaparecer por completo de las páginas del periódico. Si el Gobierno de Fernández no ha aplicado ningún antídoto idóneo, que se conozca, para combatir el veneno, ¿en qué estado se encuentra ahora la “herencia de Areces”?

Ahora, cuando la Sindicatura de Cuentas sigue señalando, año tras año, irregularidades constantes en los procesos de contratación y se mantienen, bajo fórmulas sucedáneas de la libre designación, los mismos vicios de nombramiento a dedo de funcionarios, esas prácticas clientelares ya no merecen la atención de este periódico.

La presidencia de Fernández, que tomó posesión del cargo en mayo de 2012, abre una nueva etapa informativa en La Nueva España en relación con el “Caso Marea”, que podíamos describir como una estrategia para desactivar la carga política del caso. Se sigue hablando de trama de corrupción, pero se focaliza sobre un grupo muy concreto de personas, políticos, funcionarios y empresarios, que cometieron unos hechos graves, sin duda, pero aislados, situando fuera del plano a aquella mala praxis administrativa que Areces había dejado en forma de falta de controles administrativos, discrecionalidad generalizada y manipulación del empleo público, es decir, el caldo de cultivo idóneo para la corrupción.

Podemos deducir que se estaba preparando a conciencia el terreno para evitar, o minimizar al máximo, el impacto de la sentencia judicial sobre el Gobierno de Javier Fernández. El titular de La Nueva España del 14 de septiembre de 2017 resulta abrumador en este sentido: “El Principado sale indemne del fallo de ‘Marea’: el ‘caos’ no ha quedado acreditado”.

La “herencia envenenada” de la que hablaba el editorial del 23 de enero de 2011, ¿no era entonces tan ponzoñosa como ese periódico decía?, ¿se utilizó para noquear al aspirante Areces en su lucha con el aspirante Fernández y se oculta ahora para beneficiar al presidente Fernández?

En el primer caso, la sentencia desmentiría el diagnóstico hecho por el propio periódico en el año 2011, dejándolo en un mal lugar. En el segundo, la corrupción y el clientelismo se usarían como munición periodística en función de los intereses y objetivos de cada momento.

Las relaciones ocultas entre el poder mediático y el poder político son, probablemente, el último gran tabú de la democracia representativa. ¿Quién puede tirar de ese hilo?

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 53, NOVIEMBRE DE 2017
 
INTERINIDAD


Tras el tirón de orejas de Europa -con una sentencia que criticó este abuso- el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF acordaron un plan de mejora.

La promesa era reducir en tres años estas altísimas tasas y pasar de un 30% a un escueto 8%. ¿El método? Convocar 250.000 plazas en modo concurso-oposición, que significa que los interinos parten con ventaja (porque acumulan puntos por antigüedad) pero compiten con los de fuera (porque cualquiera se puede presentar, como marca la constitución). Y es en ese punto donde reclaman que se les haga fijos por un concurso de méritos, sin enfrentarse a otros en una oposición.

Pero ¿tienen los temporales derecho a una plaza pública fija sin pasar por una oposición abierta para evitarlo?

"Hay unos principios constitucionales que nos pueden gustar más o menos", añade Elena Moral, presidenta de administración general en CSIF, uno de los tres sindicatos firmantes. "Pero el acceso a la administración pasa por los de igualdad, mérito y capacidad. Solo pueden hacerse procesos restringidos en promociones internas. Si hiciéramos eso, vendría un ciudadano normal y nos lo impugnaría. Es una faena y comprendo que estén enfadados. Pero también hay gente de fuera que quiere entrar en la administración. Las reglas no las ponemos nosotros".

Que los sindicatos tengan acuerdos con academias de preparación de oposiciones para dar descuentos a afiliados es otro motivo de enfado de los interinos, que ven que harán negocio a su costa. "El sindicato te da cursos gratis si te afilias. Y te vende los libros. Imagina las afiliaciones", dice airosa Pilar. "Yo ahí veo un negocio. Si los sindicatos han firmado esto y se van a beneficiar, no me gusta. Me suena poco ético".

Entre las consecuencias de perder su trabajo, los temporales apuntan al descenso en la calidad del servicio que supondría. "Yo llevo con algunos pacientes toda la vida. Cuando viene gente nueva se pierde calidad en la atención", afirma Ana. "El concurso de méritos es una forma de mantener la calidad de los servicios públicos y, si se crean más plazas, se refuerzan y rejuvenecen las plantillas".

Para Rafael Jiménez Asensio, consultor de sector público y formador especialmente crítico con los concursos-oposición, "los años en el ejercicio de una función solo acredita que se ha estado, no qué se ha hecho y cómo. Al no existir evaluación del desempeño, la antigüedad se transforma en un factor dirimente esencial. Y eso no es justo".

Que se lo pregunten a P.M.L, 3O años de antigüedad como trabajadora social en el ayuntamiento de Llanes, para acabar pegándose la cagada de su vida, pagándole la multa a un MALTRATADOR.

Concepción Campos apunta, además, que el empleo público es limitado: la administración no puede crearlo infinitamente para mantener a temporales y traer a gente nueva por el gasto que supondría.

"Y pensemos en un opositor que está estudiando", añade, "que observa las diferencias con ese trabajador, que en su día quizá accedió a su puesto de modo más sencillo que una oposición y que ha estado durante un número considerable de años trabajando, con sueldo y beneficios del sistema laboral. Probablemente considere injusto que con un simple concurso de méritos conviertan su relación en fija".

Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, comparte esta idea. "Es una anomalía que haya tantos empleados temporales. Tradicionalmente el concurso-oposición es el sistema más razonable, porque combina méritos y prueba. A nosotros, como fundación que defiende la profesionalización de la administración, el mérito y la capacidad, el concurso de méritos no nos parece el más adecuado".


"El sector público, pese a que algunos sectores sindicales y políticos lo pretendan, no es una institución de beneficencia. Deben trabajar los mejores profesionales al servicio de la ciudadanía, pues sus retribuciones las pagan los contribuyentes, que tienen derecho a un empleo público de calidad. Quien no entienda esto no entiende nada."
 
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