Liberaciòn masiva de presos en Argentina

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Mâs allà de los argumentos esgrimidos, se està produciendo un hecho del que lamentablemente ya tenemos experiencia: liberaciones masivas de presos.
Una vieja costumbre en Argentina.
Con los resultados que todos podemos imaginar.
En esta ocasiòn se respaldan en el peligro de los contagios por el coronavirus.
Las visitas a las càrceles estàn prohibidas desde hace un tiempo, por ese mismo tema.
Se supone que deberìan estar libres de la enfermeda.
Pero se han presentado numerosos recursos y los jueces, algunos, han dado vìa libre a violadores, secuestradores, titulares de delitos de narcotràfico...ninguno que haya robado una gallina o un pedazo de pan.
En muchos casos, conocidos, ya han reincidido y los han vuelto a apresar.
Es cierto que los presos tienen derechos como personas, pero no es menos cierto que las vìcitmas y sus familias tambièn los tienen, y doblemente, pues no han elegido terminar en un cementerio, o violadas o tantìsimas cosas espeluznantes màs.
Se ha producido una excarcelaciòn de un hombre de màs de 50 años, violador de una criatura que vive a poca distancia de su casa. Y los derechos de la vìctima? quièn puede asegurar que ese cretino no volverà a producir el mismo daño? Se sabe que los violadores no son recuperables. Debe la vìctima vivir aterrada y expuesta al peligro? Sobre todo cuando ya ha transitado la terrible experiencia de su dolor, vergûenza y todo lo demàs, el juicio, el alivio relativo ante la realidad de que su victimario estè donde correponde, y de pronto todo vuelve a fojas cero.
El gobierno ahora deslinda responsabilidad en los jueces, cuando es bien sabido que la justicia es permeable a la polìtica, sobre todo en momentos en que se han producido masivas renuncias de jueces para poder acceder a la jubilacion especial con que han contado hasta el momento los integrantes, todos, del poder judicial.
Existe un terrible antecedente similar en el gobierno peronista de Càmpora.
Los jueces alegan cosas impensadas por las liberaciones permitidas.
Sostienen que son controlados vìa tobilleras magnèticas. Lo cual no es cierto, ya se ha reconocido abiertamente que no existe tal cantidad para proveer a los que ya han sido excarcelados. Aùn hay una grandìsima cantidad de recursos presentados en el mismo sentido.
Que el sistema carcelario en Argentina es lamentable, nadie lo duda.
Pero ningùn gobierno ha hecho nada por morigerarlo.
Mientras la sociedad se ha indignado ante esta circunstancia y ha producido grandes manifestaciones de repudio ante la indefensiòn en que se vive.
Hasta aquì el resumen de la situaciòn...
 

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El motìn que dio inicio a todo este desaguisado...
se dice en realidad que la decisiòn de la liberaciòn es polìtica y que esto fue una excusa para lograrlo

 


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Fuerte protesta en Argentina en contra de la liberación de los presos
El presidente Alberto Fernández negó la suelta masiva para evitar contagios por el coronavirus y acusó a la oposición de promover una mentira.


Fuerte protesta en Argentina en contra de la liberación de los presos


LPO (Buenos Aires)01/05/2020

El Gobierno argentino recibió un fuerte cacerolazo -un tipo de protesta típica en el país de golpear cacerolas para exhibir descontento- contra la "liberación" de presos que dispuso la Justicia para evitar el hacinamiento en las cárceles en medio de la pandemia del coronavirus.
Los "cacerolazos contra la impunidad" se sintieron durante 10 minutos luego de las 20 en varios barrios porteños, en especial en Palermo, Belgrano y Caballito. También se sintieron en el Conurbano y en ciudades grandes como Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y Córdoba.

El propio presidente Alberto Fernández tuvo que salir a explicar por Twitter su Gobierno no está a favor de la liberación de presos.

"Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", dijo Fernández en su cuenta oficial.
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"Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales", agregó.



Pese a las aclaraciones del presidente y a las de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el Gobierno no pudo quitar de la agenda el tema que estuvo en las tapas de los diarios toda la semana e incluso generó cruces entre el propio oficialismo.

El traspié del Gobierno fue rápidamente capitalizado por la oposición, que convirtió el cacerolazo en Trending Topic en las redes. La presidenta del principal partido opositor, el PRO, Patricia Bullrich, incluso pidió usar Campo de Mayo para reducir el hacinamiento en las cárceles.
Copyright La Politica Online SA 2020.
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Bueno; al menos tienen la excusa del virus.
Acá hace unos años tuvimos también una liberación (no se liberaron homicidas ni perpetradores de delitos graves, todo hay que decirlo) que se llamó de "humanización carcelaria", debido a las paupérrimas condiciones en que estaban. Pero en fin, si estaban cumpliendo una condena, por algo un juez consideró apropiado enviarlos a la cárcel. Mandarlos a la calle no era la solución.
 
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Detalles de la aberrante actuación de uno de los jueces que será denunciado por liberar presos
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsará el juicio político contra tres magistrados que beneficiaron con prisiones domiciliarias a delincuentes peligrosos. El texto de la denuncia contra uno de ellos

2 de mayo de 2020





Adrián Escandar

Este lunes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsará el juicio político contra tres jueces que otorgaron morigeraciones de prisión a detenidos con la excusa de la pandemia de coronavirus.

Uno de los denunciados es el Dr. Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Los otros dos son magistrados de San Isidro y Lomas de Zamora cuyos nombres aún no han trascendido.

Según la denuncia a la que tuvo acceso Infobae, el juez Blum benefició con prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars el pasado 7 de abril.

Ibars había sido condenado en noviembre de 2015 a siete años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una menor que tenía 17 años. El hecho fue especialmente aberrante dado que la víctima sufría de retraso madurativo. Al momento de la liberación, el abusador todavía debía pagar dos años y siete meses de su condena.



En primer lugar, el pedido de juicio político contra el juez Blum señala que incumplió con los deberes inherentes a su cargo debido a que no aplicó “razonadamente” el derecho vigente y no valoró adecuadamente las características particulares del caso.

En términos concretos, el magistrado nunca explicó en detalle las razones por las que consideró oportuno otorgar la prisión domiciliaria al abusador.

Además, no acreditó ninguna enfermedad o circunstancia que coloque al condenado en el grupo de mayor riesgo en relación al resto de la población carcelaria y tampoco corroboró que la prisión domiciliaria lo deje en una situación de menor riesgo de contagio.

De hecho, los denunciantes señalan que el informe socio ambiental se realizó por teléfono y aún así se corroboró que en la vivienda en la que sería alojado residen 10 personas. Por lo cual hasta podría considerarse que el peligro de contagio es aún mayor.

Por otro lado, el juez nunca pidió informes sobre las medidas adoptadas por el Servicio Penitenciario para prevenir los contagios y tampoco solicitó los informes técnicos criminológicos o análisis gráficos de conductas del detenido.



Franco Fafasuli

Cabe destacar que al momento de redactarse la denuncia, no se registraba ningún caso de contagio ni sospechoso bajo análisis en la Unidad 19, donde cumplía su condena el abusador.

Como señala el texto, la inexistencia de casos positivos hace que la prisión domiciliaria haya sido otorgada en base a una “lógica ilusoria de la urgencia” o a un “peligro de un peligro” que hasta el momento no se concretó.

La otra falta que denuncian contra el magistrado -probablemente la más grave- fue haber vulnerado el derecho de la víctima a quien nunca notificó ni escuchó como impone la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017 y reglamentada mediante el Decreto N° 421/2018 del 9 de mayo de 2018.

Según esta norma, el juez está obligado a dar participación a la víctima antes de otorgar un beneficio. “Negar el derecho a ser oído ex-ante, por la víctima y sus representantes, es la arbitrariedad más gravosa pues, viene impuesta por la omisión y negación del derecho en manos de quién debe conocerlo y garantizarlo”, dice la denuncia en referencia a Blum.

La joven abusada se enteró de la liberación de su atacante a través de los medios a raíz del escándalo político que generó la liberación de cientos de detenidos debido a la pandemia.

La Justicia también investigará si hubo irregularidades en los beneficios otorgados a otros detenidos por el mismo juez: Jorge Pedro Bergondi (abuso sexual agravado de una menor de 9 años), Pedro Efrain Muñóz (abuso sexual reiterado), Luis Alberto Riquelme (abuso sexual agravado), Ricardo Roberto Moreyra (abuso sexual agravado), Eduardo Ariel Ziegemann (abuso sexual con acceso carnal), Juan Matiolli (robo agravado por el uso de arma de fuego), Claudio Molina (robo agravado por el uso de arma de fuego), Rodrigo Pereda (robo con armas), Oscar Galetti (homicidio agravado por alevosía), Juan Domingo Sosa (robo agravado por el uso de arma) y Cristian Marcelo Victola (robo agravado).

Ahora, será el turno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires decidir si concede la admisibilidad del jury y suspende de sus funciones al juez Blum.

 
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La ONU rechazó la liberación de presos que hayan cometido delitos graves
El delegado de Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, aclaró que la excarcelación solo debería aplicarse a aquellos reclusos que hayan cometido delitos menores. En una entrevista con Infobae, el funcionario destacó la labor del Gobierno en la lucha contra el COVID-19 y planteó caminos para atender la recesión económica


Por Martín Dinatale
2 de mayo de 2020

[email protected]





El representante de Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent

El representante de Naciones Unidas en la Argentina, Roberto Valent, expresó que el Gobierno “tomó medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles a fin de mitigar el coronavirus”.

Pero también añadió varias recomendaciones para que el país pueda seguir avanzando en la lucha contra el COVID-19 sin inconvenientes. “En razón de la grave situación de las cárceles de la región que pueda expandir aún más el contagio se recomienda tomar medidas que pueden incluir la liberación de las personas en riesgo como personas mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas”, dijo Valent a Infobae para marcar una clara advertencia: “Pueden ser liberados en la medida que hayan cometido delitos menos graves. Esto obviamente no incluye delitos graves como la violación, los abusos, la violencia de género o los crímenes de lesa humanidad”.

No son las únicas recomendaciones que dio este delegado de la ONU en Argentina. Valent también instó al Gobierno a establecer una “coordinación transversal” en las medidas de contención social y de mitigación del COVID-19 que “incluya a todas la regiones y a todos los sectores de la vida política y económica, pública y privada”. También habló de las recomendaciones que ofrece Naciones Unidas para realizar compras transparentes en el país.

Nacido en Italia, este experto en ciencias políticas se desempeña desde 2019 en Argentina como representante de la ONU ya estuvo en varios países como referente del Programa de Asistencia al Pueblo Palestino, también en El Salvador, Belice, en Congo, Bosnia, Azerbaiyán y en Sudán, entre otros destinos.



A lo largo de una entrevista con Infobae, Valent opinó sobre la forma en que se hacen testeos en la Argentina, el reparto de insumos y la crisis económica que está dejando la pandemia. Está claro que se trata de consejos que el Gobierno no está obligado a atender.

-¿Cree que las medidas que tomó la Argentina hasta ahora para enfrentar la pandemia son las correctas?

-Sí, creo que frente a la crisis sanitaria y social Argentina tomó medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario.

-¿Cuál es el apoyo real que hoy está dando la ONU en Argentina y en la región para mitigar el virus?

-El Sistema de las Naciones Unidas en la Argentina, a través de sus Agencias, Fondos y Programas, contribuye con diversas iniciativas en tres grandes temáticas: apoyo al Gobierno en la mitigación de transmisión del virus y la respuesta sanitaria, en la implementación de medidas para disminuir el impacto socio económico, y en la mejora de sus capacidades para la recuperación fortalecida. Esto se lleva a cabo, en coordinación con el Gobierno, con actividades en el ámbito de la salud, la protección social, la alimentación y la nutrición, la educación, el fortalecimiento institucional y la comunicación. Toda la contribución en temas de salud sigue los lineamientos indicados por la Organización Mundial de las Salud/Organización Panamericana de la Salud. En tanto, a nivel regional, se coordinan diversas estrategias, mientras cada país tiene su propio plan de apoyo según las necesidades y prioridades nacionales.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández (Foto: Presidencia)

-¿Cuáles son las iniciativas nuevas que puede aportar la ONU para ayudar a la Argentina?

-Entre otras iniciativas, se está colaborando en la compra que hace la Argentina de 11 sistemas modulares de asistencia sanitaria ya equipados, a ubicar en tres provincias y conurbano de Buenos Aires, así como en la adquisición de 200 respiradores, barbijos y 50.000 kits de diagnóstico. También en el diseño y distribución de materiales para educación a distancia, y toda una serie de iniciativas orientadas a evitar la violencia de género y proteger a mujeres víctimas de la violencia. A la vez, se presta apoyo en comedores populares que benefician a más 200.000 personas, y se colabora en medidas orientadas a las poblaciones más vulnerables, como personas mayores, personas con discapacidad, refugiados y migrantes.

-¿Cree que los métodos de medición de COVID-19 que hace la Argentina se corresponden a los parámetros mundiales?

-A través de OPS/OMS Argentina hemos apoyado el fortalecimiento de la red de laboratorios para la descentralización y el aumento de la capacidad de testeo. En cuanto a los niveles, la OMS recomienda diez pruebas negativas para uno positivo como punto de referencia general de un sistema que está haciendo suficientes pruebas para recoger todos los casos. Puede ser más o menos dependiendo de las circunstancias. Argentina viene cumpliendo en general con estos estándares, de manera alineada a las recomendaciones.

-¿Qué cree que debería hacer Argentina para aumentar los niveles de control y de mitigación del virus?

-A fin de prepararse para responder a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países establecer las bases para: a) la coordinación de la respuesta subnacional y nacional; b) la participación y la movilización de las comunidades afectadas y en riesgo; c) la aplicación de las medidas de salud pública apropiadas para cada contexto a fin de desacelerar la transmisión y controlar los casos esporádicos; d) la preparación del sistema de salud para reducir la mortalidad por la COVID-19, mantener los servicios básicos de salud y proteger al personal de salud; y e) la planificación de las contingencias para garantizar la continuidad las funciones y los servicios públicos esenciales. A medida que en Europa está descendiendo el número de casos nuevos y comienzan a levantarse las restricciones a la circulación de personas, seguimos instando a los países a que detecten, aíslen, hagan pruebas y traten a todos los pacientes con COVID-19 y localicen a todos contactos, con el objeto de mantener esta tendencia descendente. Pero también es importante el compromiso comunitario para llevar adelante las acciones de prevención necesarias, como lavarse las manos frecuentemente, informarse con fuentes confiables, toser o estornudar con el pliegue del codo, desinfectar las superficies, mantener el distanciamiento físico y no tocarse la cara.

-¿Qué dice de los cuestionamientos que algunos sectores le hacen a la OMS y a la ONU por su actuación ante lo sucedido en China?

-En este momento, la OMS se centra en la respuesta; estamos preocupados por nuestros colegas y asociados que están en la primera línea, poniendo su vida en riesgo todos los días para atender a las personas en situaciones difíciles. Nos centramos en avanzar en la respuesta global en diferentes esferas, con los mecanismos de la cadena de suministro, las pruebas de laboratorio, el despliegue de equipos para atender el aumento de la demanda y otras actividades fundamentales.





-¿Hay algún trabajo en conjunto que deberían hacer los países de la región para enfrentar esta pandemia?

-América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo. Antes de la llegada del COVID-19, la CEPAL preveía que la región crecería un máximo del 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis han llevado a cambiar esa previsión y pronosticar una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque no se puede descartar que se llegue a contracciones de entre -3% y -4%, o incluso más. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas afirmó que la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible a través de una mayor integración para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en la región. El informe titulado “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales” señala que solo con un nuevo modelo de desarrollo la región evitará volver a transitar por los caminos que condujeron a una situación en la que los efectos de la pandemia del COVID-19 pueden no solo ser devastadores en el corto plazo, sino también deteriorar las condiciones de la recuperación y el desarrollo. Asimismo, insta a los gobiernos de la región a tomar medidas urgentes para abordar la emergencia sanitaria, la emergencia social y la emergencia económica. En el largo plazo, llama también a los países a repensar sus estrategias de desarrollo, fortaleciendo la coordinación e integración subregional y regional para asegurar las cadenas de suministro de bienes críticos, promover una migración voluntaria, no forzada, aliviar la pobreza y fomentar la reducción de la desigualdad, y fortalecer el comercio intrarregional y las cadenas de producción, entre otras medidas.

-¿Cuáles son las regiones o sectores sociales de Argentina que la ONU cree que se deberían atender más en este momento?

-La Argentina es un país con marcadas inequidades. A nivel nacional, la región Norte y Noreste ha sido históricamente la más empobrecidas, aunque también hay en provincias de otras regiones bolsones o cordones que requieren una mayor atención, por caso en la Provincia de Buenos Aires. Regiones y poblaciones más vulnerables son los que exigen una respuesta más urgente. De todos modos, entendemos que esta crisis global necesita en el país de una coordinación transversal, que incluya a todas la regiones y a todos los sectores de la vida política y económica, pública y privada. La Argentina ha reafirmado su compromiso con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual implica una aproximación al desarrollo en sus tres dimensiones económica, social y ambiental. Esta visión cobra aún mayor relevancia ante la necesidad de mitigar los efectos de la pandemia y de la puesta en marcha de iniciativas para una recuperación sostenible, bajo un estricto respeto a los derechos humanos y el lema de “no dejar nadie atrás”.

-¿Puede ser un riesgo adaptar recetas de países desarrollados en países como la Argentina?

-Claramente para todos los países la activación de medidas de contención del virus implican un gran desafío porque los estados deben asegurar derechos básicos (alimentación, acceso a servicios basicos, agua, luz, etc) también en contexto de aislamiento articulado las poblaciones más vulnerables. La ONU no define medidas especificas por país, estas son definidas por los estados. Pero el criterio primordial es salvar vidas dentro del contexto de cada país.

-¿Considera apropiada la decisión de liberar presos en medio de una pandemia como está ocurriendo hoy en Argentina?

-Se está instando a los estados para que en el marco de la pandemia y en razón a la grave situación de las cárceles de la región que pueda expandir aún más el contagio se tomen medidas que puede incluir la liberación de las personas en riesgos como personas mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas. En la medida que hayan cometido delitos menores. Pero esto obviamente no incluye delitos graves como la violación, abusos, violencia de género, crímenes de lesa humanidad, entre otros.

 
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Tres jueces federales de un tribunal de San Martín son los primeros denunciados por haber dado arresto domiciliario a un condenado por violación
La presentación fue realizada por el diputado Alberto Asseff y ya se presentó en el Consejo de la Magistratura. Se solicita el inicio del proceso de juicio político por falta de imparcialidad, arbitrariedad y mal desempeño


Por Patricia Blanco
1 de mayo de 2020






(Maximiliano Luna)

Tres jueces federales quedaron denunciados por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por haber otorgado prisión domiciliaria a un condenado por violación y corrupción de menores apenas comenzó la pandemia por el coronavirus, un caso revelado por Infobae, en donde los magistrados advirtieron que no podían garantizar que el preso no se fugara pero había garantizar su derecho a la salud y la posibilidad de que el COVID-19 colapsara las cárceles.


Se trata de la primera presentación en el organismo que elige y controla a los jueces a raíz de las libertades y prisiones domiciliarias que se han dado para hacer frente al hacinamiento carcelario, en medio de la emergencia por el COVID-19. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya adelantó que también planea denunciar a otros tres magistrados: uno de San Isidro, otro de Lomas de Zamora y uno de Bahía Blanca.

Sin embargo, ya hay magistrados denunciados. Se trata los jueces María Claudia Morgese Martín, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Fue un diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff, el que le pidió al titular del Consejo, Alberto Lugones, que les inicie un proceso de juicio político por falta de imparcialidad, arbitrariedad y mal desempeño.

Los integrantes del TOF 5 de San Martín quedaron bajo la lupa tras haber otorgado el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Ángel Holotte, que había sido el 28 de febrero, en un juicio abreviado, condenado a la pena de 6 años de prisión. Su delito: “Abuso sexual con acceso carnal -por vía oral, en el cual la víctima no pudo consentir libremente la acción -reiterado en dos oportunidades”, junto al de promover la “corrupción de menores de dieciocho años” y “facilitación y divulgación de representaciones de partes genitales de menores de dieciocho años de edad con fines predominantemente sexuales





Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)

Apenas un mes después de su condena, en un fallo revelado por Infobae, los jueces de San Martín hicieron lugar a un pedido de arresto domicilario de la defensa, en base a "antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, nefropatía, anemia, litiasis vesicular, insuficiencia renal, hiperlapsia prostática con aumento de tamaño testicular derecho”. Además tiene colocados dos stent y recibe medicación diario.

Lo hicieron citando el antecedente de una resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que había dictado los primeros arrestos domiciliarios para mujeres enfermas o con hijos pequeños. “Resulta previsible que si la enfermedad logra colarse en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza existe un alto riesgo de que se produzca un masivo y simultáneo contagio de los internos allí alojados, poniendo en especial peligro a aquellos que ostenten un grado mayor de vulnerabilidad a sus efectos”, dijo la jueza Morgese en su voto. En ese “hipotético -aunque posible- escenario se impone como única solución preventiva” que las cárceles cuente "entre sus filas con la menor cantidad de personas de riesgo”. ¿Por qué? Porque los hospitales de cada complejo “carecen de recursos humanos y técnicos para hacer frente a la demanda”, los presos no podrían ser trasladados y sobrecargaría el sistema público de salud.

En el fallo, los magistrados reconocieron que era probable que el presidiario intentara fugarse o incluso cometer nuevos delitos, pero aún sí coincidieron en que era prioritario garantizarle el derecho a la salud. "Sin embargo, a mi humilde entender, ninguna de tales hipótesis puede fundar el rechazo del arresto domiciliario cuando lo que está en juego es la vida” del recluso, máxime cuando aún se encuentra vigente “su estado de inocencia”, afirmó la jueza.

“Es cierto que no podría asegurarse que en caso de disponerse el arresto del imputado en su domicilio, este no se contagiará el Covid-19, como así tampoco qué tendrá garantizada una atención eficaz en el sistema de salud pública, pero lo que sí es seguro es que si la población carcelaria de riesgo fuera diseminada en distintos domicilios, la velocidad de un eventual contagio de ese número de personas sería sensiblemente menor y, por ende, más favorable la expectativa de una atención médica eficiente; el imputado tendría las mismas oportunidades de atención médica que cualquier otro ciudadana, y las cárceles tendrían menos población y, por ende, el índice de contagio será inferior entre personas que, en principio, no requerirían atención médica urgente”, se afirmó en el fallo. Al firmar la prisión domiciliaria, aclararon que el detenido debía pagar una fianza de 100 mil pesos y que debía volver a la cárcel cuando termine la pandemia.

Un mes después, el diputado Assef -que llegó a la banca en el Congreso en las filas de Juntos por el Cambio, tras una frustada alianza con el ex candidato a presidente José Luis Espert- se presentó en el Consejo de la Magistratura para poner en conocimiento este caso “de extrema gravedad Judicial institucional”.

Vengo a afirmar que, a mi juicio el accionar del mencionado TOF 5 de San Martín, se basa en utilizar abusivamente las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal Federal de la Nación en función de su calidad de magistrados, al solo efecto de generar alto impacto político-mediático”, sostuvo la denuncia. “Es importante destacar el grado de ilegalidad de su medida que NO fue impulsada con la imparcialidad y objetividad que debe primar en el trámite de una actuación procesal”, opinó.



El levantamiento de presos de la cárcel de Devoto (Adrián Escandar)

El diputado afirmó que “causas como la presente determinan por el lado de los imputados y condenados, la apología del delito y la continua e inmediata reincidencia, al advertir un poder judicial, débil, ineficaz, 'e incapaz de satisfacer los necesarios controles sociales, y por el otro lado, el de los ciudadanos honestos que observan pasivamente con sentimientos de indefensión e injusticia, el libre accionar de los Jueces, ante el descrédito del Poder Judicial.Dejan en evidencia, esos magistrados, el descrédito y menosprecio a la envestidura, dañando la división de poderes y valores republicanos de gobierno”.

“Los hechos relatados a mi juicio ponen en evidencia que los integrantes del TOF 5 de San Martín han decidido utilizar la función judicial que le fuera confiada para trascender como actores de una resolución de alto impacto político-mediático, y a todas luces arbitraria-.Se pone en evidencia que, el proceder impropio de los jueces de la Nación del TOF 5 de San Martín, constituye un supuesto de mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional que torna procedente su remoción del cargo de magistrado”, se aseveró.

En la presentación se sostuvo que “la afectación a los poderes públicos en este caso es de una gravedad extrema, ya que las maniobras desplegadas no tienen otro objeto que afectar el normal desenvolvimiento del Poder Judicial” y se resaltó que “los titulares del TOF 5 San Martín han incurrido en mal desempeño, falta de imparcialidad y arbitrariedad, al ejercer la actividad jurisdiccional que motiva la presente denuncia, por traducir su accionar: un propósito prefijado, ajeno al desempeño de la función jurisdiccional. Dado que el proceder atribuido a estos jueces, causal de mal desempeño se basa en su falta de imparcialidad, es menester examinar el alcance de dicha garantía” .

 
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Tres jueces federales de un tribunal de San Martín son los primeros denunciados por haber dado arresto domiciliario a un condenado por violación
La presentación fue realizada por el diputado Alberto Asseff y ya se presentó en el Consejo de la Magistratura. Se solicita el inicio del proceso de juicio político por falta de imparcialidad, arbitrariedad y mal desempeño


Por Patricia Blanco
1 de mayo de 2020






(Maximiliano Luna)

Tres jueces federales quedaron denunciados por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por haber otorgado prisión domiciliaria a un condenado por violación y corrupción de menores apenas comenzó la pandemia por el coronavirus, un caso revelado por Infobae, en donde los magistrados advirtieron que no podían garantizar que el preso no se fugara pero había garantizar su derecho a la salud y la posibilidad de que el COVID-19 colapsara las cárceles.


Se trata de la primera presentación en el organismo que elige y controla a los jueces a raíz de las libertades y prisiones domiciliarias que se han dado para hacer frente al hacinamiento carcelario, en medio de la emergencia por el COVID-19. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya adelantó que también planea denunciar a otros tres magistrados: uno de San Isidro, otro de Lomas de Zamora y uno de Bahía Blanca.

Sin embargo, ya hay magistrados denunciados. Se trata los jueces María Claudia Morgese Martín, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Fue un diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff, el que le pidió al titular del Consejo, Alberto Lugones, que les inicie un proceso de juicio político por falta de imparcialidad, arbitrariedad y mal desempeño.

Los integrantes del TOF 5 de San Martín quedaron bajo la lupa tras haber otorgado el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Ángel Holotte, que había sido el 28 de febrero, en un juicio abreviado, condenado a la pena de 6 años de prisión. Su delito: “Abuso sexual con acceso carnal -por vía oral, en el cual la víctima no pudo consentir libremente la acción -reiterado en dos oportunidades”, junto al de promover la “corrupción de menores de dieciocho años” y “facilitación y divulgación de representaciones de partes genitales de menores de dieciocho años de edad con fines predominantemente sexuales





Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)

Apenas un mes después de su condena, en un fallo revelado por Infobae, los jueces de San Martín hicieron lugar a un pedido de arresto domicilario de la defensa, en base a "antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, nefropatía, anemia, litiasis vesicular, insuficiencia renal, hiperlapsia prostática con aumento de tamaño testicular derecho”. Además tiene colocados dos stent y recibe medicación diario.

Lo hicieron citando el antecedente de una resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que había dictado los primeros arrestos domiciliarios para mujeres enfermas o con hijos pequeños. “Resulta previsible que si la enfermedad logra colarse en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza existe un alto riesgo de que se produzca un masivo y simultáneo contagio de los internos allí alojados, poniendo en especial peligro a aquellos que ostenten un grado mayor de vulnerabilidad a sus efectos”, dijo la jueza Morgese en su voto. En ese “hipotético -aunque posible- escenario se impone como única solución preventiva” que las cárceles cuente "entre sus filas con la menor cantidad de personas de riesgo”. ¿Por qué? Porque los hospitales de cada complejo “carecen de recursos humanos y técnicos para hacer frente a la demanda”, los presos no podrían ser trasladados y sobrecargaría el sistema público de salud.

En el fallo, los magistrados reconocieron que era probable que el presidiario intentara fugarse o incluso cometer nuevos delitos, pero aún sí coincidieron en que era prioritario garantizarle el derecho a la salud. "Sin embargo, a mi humilde entender, ninguna de tales hipótesis puede fundar el rechazo del arresto domiciliario cuando lo que está en juego es la vida” del recluso, máxime cuando aún se encuentra vigente “su estado de inocencia”, afirmó la jueza.

“Es cierto que no podría asegurarse que en caso de disponerse el arresto del imputado en su domicilio, este no se contagiará el Covid-19, como así tampoco qué tendrá garantizada una atención eficaz en el sistema de salud pública, pero lo que sí es seguro es que si la población carcelaria de riesgo fuera diseminada en distintos domicilios, la velocidad de un eventual contagio de ese número de personas sería sensiblemente menor y, por ende, más favorable la expectativa de una atención médica eficiente; el imputado tendría las mismas oportunidades de atención médica que cualquier otro ciudadana, y las cárceles tendrían menos población y, por ende, el índice de contagio será inferior entre personas que, en principio, no requerirían atención médica urgente”, se afirmó en el fallo. Al firmar la prisión domiciliaria, aclararon que el detenido debía pagar una fianza de 100 mil pesos y que debía volver a la cárcel cuando termine la pandemia.

Un mes después, el diputado Assef -que llegó a la banca en el Congreso en las filas de Juntos por el Cambio, tras una frustada alianza con el ex candidato a presidente José Luis Espert- se presentó en el Consejo de la Magistratura para poner en conocimiento este caso “de extrema gravedad Judicial institucional”.

Vengo a afirmar que, a mi juicio el accionar del mencionado TOF 5 de San Martín, se basa en utilizar abusivamente las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal Federal de la Nación en función de su calidad de magistrados, al solo efecto de generar alto impacto político-mediático”, sostuvo la denuncia. “Es importante destacar el grado de ilegalidad de su medida que NO fue impulsada con la imparcialidad y objetividad que debe primar en el trámite de una actuación procesal”, opinó.



El levantamiento de presos de la cárcel de Devoto (Adrián Escandar)

El diputado afirmó que “causas como la presente determinan por el lado de los imputados y condenados, la apología del delito y la continua e inmediata reincidencia, al advertir un poder judicial, débil, ineficaz, 'e incapaz de satisfacer los necesarios controles sociales, y por el otro lado, el de los ciudadanos honestos que observan pasivamente con sentimientos de indefensión e injusticia, el libre accionar de los Jueces, ante el descrédito del Poder Judicial.Dejan en evidencia, esos magistrados, el descrédito y menosprecio a la envestidura, dañando la división de poderes y valores republicanos de gobierno”.

“Los hechos relatados a mi juicio ponen en evidencia que los integrantes del TOF 5 de San Martín han decidido utilizar la función judicial que le fuera confiada para trascender como actores de una resolución de alto impacto político-mediático, y a todas luces arbitraria-.Se pone en evidencia que, el proceder impropio de los jueces de la Nación del TOF 5 de San Martín, constituye un supuesto de mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional que torna procedente su remoción del cargo de magistrado”, se aseveró.

En la presentación se sostuvo que “la afectación a los poderes públicos en este caso es de una gravedad extrema, ya que las maniobras desplegadas no tienen otro objeto que afectar el normal desenvolvimiento del Poder Judicial” y se resaltó que “los titulares del TOF 5 San Martín han incurrido en mal desempeño, falta de imparcialidad y arbitrariedad, al ejercer la actividad jurisdiccional que motiva la presente denuncia, por traducir su accionar: un propósito prefijado, ajeno al desempeño de la función jurisdiccional. Dado que el proceder atribuido a estos jueces, causal de mal desempeño se basa en su falta de imparcialidad, es menester examinar el alcance de dicha garantía” .

Lamentable.- Ignoro las circunstancias de las Prisiones. Es lo que puedo decir.- Gracias por el hilo Compañera @Coti7495
 
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No se en Argentina pero un preso que muera en prisión en España da lugar a investigaciones y demandas de la familia que suelen acabar en dinero.
Si se suicida, demanda porque no evitaron el suicidio en su celda por la noche. Si lo matan, demanda porque no tuvieron 24 horas controlados los 1200 presos. Si muere por muerte natural, demanda porque llamaron a la ambulancia a los 2 minutos.
 
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Tres jueces federales de un tribunal de San Martín son los primeros denunciados por haber dado arresto domiciliario a un condenado por violación
La presentación fue realizada por el diputado Alberto Asseff y ya se presentó en el Consejo de la Magistratura. Se solicita el inicio del proceso de juicio político por falta de imparcialidad, arbitrariedad y mal desempeño


Por Patricia Blanco
1 de mayo de 2020






(Maximiliano Luna)

Tres jueces federales quedaron denunciados por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por haber otorgado prisión domiciliaria a un condenado por violación y corrupción de menores apenas comenzó la pandemia por el coronavirus, un caso revelado por Infobae, en donde los magistrados advirtieron que no podían garantizar que el preso no se fugara pero había garantizar su derecho a la salud y la posibilidad de que el COVID-19 colapsara las cárceles.


Se trata de la primera presentación en el organismo que elige y controla a los jueces a raíz de las libertades y prisiones domiciliarias que se han dado para hacer frente al hacinamiento carcelario, en medio de la emergencia por el COVID-19. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya adelantó que también planea denunciar a otros tres magistrados: uno de San Isidro, otro de Lomas de Zamora y uno de Bahía Blanca.

Sin embargo, ya hay magistrados denunciados. Se trata los jueces María Claudia Morgese Martín, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Fue un diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alberto Asseff, el que le pidió al titular del Consejo, Alberto Lugones, que les inicie un proceso de juicio político por falta de imparcialidad, arbitrariedad y mal desempeño.

Los integrantes del TOF 5 de San Martín quedaron bajo la lupa tras haber otorgado el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Ángel Holotte, que había sido el 28 de febrero, en un juicio abreviado, condenado a la pena de 6 años de prisión. Su delito: “Abuso sexual con acceso carnal -por vía oral, en el cual la víctima no pudo consentir libremente la acción -reiterado en dos oportunidades”, junto al de promover la “corrupción de menores de dieciocho años” y “facilitación y divulgación de representaciones de partes genitales de menores de dieciocho años de edad con fines predominantemente sexuales





Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)

Apenas un mes después de su condena, en un fallo revelado por Infobae, los jueces de San Martín hicieron lugar a un pedido de arresto domicilario de la defensa, en base a "antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, nefropatía, anemia, litiasis vesicular, insuficiencia renal, hiperlapsia prostática con aumento de tamaño testicular derecho”. Además tiene colocados dos stent y recibe medicación diario.

Lo hicieron citando el antecedente de una resolución de la Cámara Nacional de Casación Penal que había dictado los primeros arrestos domiciliarios para mujeres enfermas o con hijos pequeños. “Resulta previsible que si la enfermedad logra colarse en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza existe un alto riesgo de que se produzca un masivo y simultáneo contagio de los internos allí alojados, poniendo en especial peligro a aquellos que ostenten un grado mayor de vulnerabilidad a sus efectos”, dijo la jueza Morgese en su voto. En ese “hipotético -aunque posible- escenario se impone como única solución preventiva” que las cárceles cuente "entre sus filas con la menor cantidad de personas de riesgo”. ¿Por qué? Porque los hospitales de cada complejo “carecen de recursos humanos y técnicos para hacer frente a la demanda”, los presos no podrían ser trasladados y sobrecargaría el sistema público de salud.

En el fallo, los magistrados reconocieron que era probable que el presidiario intentara fugarse o incluso cometer nuevos delitos, pero aún sí coincidieron en que era prioritario garantizarle el derecho a la salud. "Sin embargo, a mi humilde entender, ninguna de tales hipótesis puede fundar el rechazo del arresto domiciliario cuando lo que está en juego es la vida” del recluso, máxime cuando aún se encuentra vigente “su estado de inocencia”, afirmó la jueza.

“Es cierto que no podría asegurarse que en caso de disponerse el arresto del imputado en su domicilio, este no se contagiará el Covid-19, como así tampoco qué tendrá garantizada una atención eficaz en el sistema de salud pública, pero lo que sí es seguro es que si la población carcelaria de riesgo fuera diseminada en distintos domicilios, la velocidad de un eventual contagio de ese número de personas sería sensiblemente menor y, por ende, más favorable la expectativa de una atención médica eficiente; el imputado tendría las mismas oportunidades de atención médica que cualquier otro ciudadana, y las cárceles tendrían menos población y, por ende, el índice de contagio será inferior entre personas que, en principio, no requerirían atención médica urgente”, se afirmó en el fallo. Al firmar la prisión domiciliaria, aclararon que el detenido debía pagar una fianza de 100 mil pesos y que debía volver a la cárcel cuando termine la pandemia.

Un mes después, el diputado Assef -que llegó a la banca en el Congreso en las filas de Juntos por el Cambio, tras una frustada alianza con el ex candidato a presidente José Luis Espert- se presentó en el Consejo de la Magistratura para poner en conocimiento este caso “de extrema gravedad Judicial institucional”.

Vengo a afirmar que, a mi juicio el accionar del mencionado TOF 5 de San Martín, se basa en utilizar abusivamente las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal Federal de la Nación en función de su calidad de magistrados, al solo efecto de generar alto impacto político-mediático”, sostuvo la denuncia. “Es importante destacar el grado de ilegalidad de su medida que NO fue impulsada con la imparcialidad y objetividad que debe primar en el trámite de una actuación procesal”, opinó.



El levantamiento de presos de la cárcel de Devoto (Adrián Escandar)

El diputado afirmó que “causas como la presente determinan por el lado de los imputados y condenados, la apología del delito y la continua e inmediata reincidencia, al advertir un poder judicial, débil, ineficaz, 'e incapaz de satisfacer los necesarios controles sociales, y por el otro lado, el de los ciudadanos honestos que observan pasivamente con sentimientos de indefensión e injusticia, el libre accionar de los Jueces, ante el descrédito del Poder Judicial.Dejan en evidencia, esos magistrados, el descrédito y menosprecio a la envestidura, dañando la división de poderes y valores republicanos de gobierno”.

“Los hechos relatados a mi juicio ponen en evidencia que los integrantes del TOF 5 de San Martín han decidido utilizar la función judicial que le fuera confiada para trascender como actores de una resolución de alto impacto político-mediático, y a todas luces arbitraria-.Se pone en evidencia que, el proceder impropio de los jueces de la Nación del TOF 5 de San Martín, constituye un supuesto de mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional que torna procedente su remoción del cargo de magistrado”, se aseveró.

En la presentación se sostuvo que “la afectación a los poderes públicos en este caso es de una gravedad extrema, ya que las maniobras desplegadas no tienen otro objeto que afectar el normal desenvolvimiento del Poder Judicial” y se resaltó que “los titulares del TOF 5 San Martín han incurrido en mal desempeño, falta de imparcialidad y arbitrariedad, al ejercer la actividad jurisdiccional que motiva la presente denuncia, por traducir su accionar: un propósito prefijado, ajeno al desempeño de la función jurisdiccional. Dado que el proceder atribuido a estos jueces, causal de mal desempeño se basa en su falta de imparcialidad, es menester examinar el alcance de dicha garantía” .

A proposito de este asunto dejo aqui para todos los lectores la última noticia del Diario CLARÍN.-
 
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¿Delincuentes sueltos y víctimas olvidadas?

Por Roberto Costa
4 de mayo de 2020







Una de las imágenes que dejó el motín que protagonizaron los presos e Devoto (Franco Fafasuli)

En el incierto camino que venimos recorriendo desde que se desató la pandemia en Argentina y en el mundo, el coronavirus vuelve a filtrarse en uno de los lugares más difíciles de controlar: las cárceles. En momentos en que la sociedad en su conjunto habla de encierro, los detenidos piensan en su libertad.

El 25 de marzo, cuando el Covid-19 comenzó a expandirse, la ONU comprendió que la situación de hacinamiento en las cárceles era un peligroso caldo de cultivo para la propagación del virus, y a través de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos, pidió a todos los gobiernos la reducción del número de presidiarios detenidos “liberando por ejemplo a los reclusos de mayor edad o que no presenten peligrosidad”. En ese marco, algunos de los países más afectados por la pandemia empezaron a tomar medidas como arrestos domiciliarios u otras morigeraciones o atenuantes de prisión. En Alemania, por citar un caso, en el Estado de Renania del Norte–Wetsfalia, liberaron a 1.000 prisioneros que estaban a muy poco de cumplir sus sentencias, excluyendo a condenados por delitos graves, abuso sexual o prisioneros violentos, previo un procedimiento de estricto control y estudio de casos. Otros países, como Canadá o Noruega, llevaron adelante medidas similares.

Otra vez el virus puso en el centro de la escena problemas que están presentes en todo el mundo y que hace décadas no se solucionan: la sobrepoblación y pésimas condiciones carcelarias es uno de ellos. Ante la encrucijada global por la liberación de reclusos, se debe actuar con mucha responsabilidad, pensando que en la calle también hay una sociedad a la cual proteger del flagelo de la inseguridad.


CÁRCELES DETONADAS



Como en todo el planeta, las cárceles argentinas vienen siendo centro de atención por una eventual ola de contagios y un peligro latente de liberaciones masivas que dinamiten la seguridad pública.


Prisiones sobrepobladas, motines, presos que ven la libertad al alcance de sus dedos y una sociedad acorralada, influyen negativamente en el estado de ánimo de los bonaerenses y argentinos, quienes además de pensar en sus problemas sanitarios y laborales, hoy miran con preocupación la lluvia de habeas corpus que se presentan en nuestra Justicia.

La provincia de Buenos Aires cuenta con un récord histórico de 47.000 detenidos en cárceles, con capacidad real de alojar a 24.000 reclusos. En momentos de pandemia, el hacinamiento movilizó a abogados y defensores oficiales a impulsar medidas para morigerar la prisión. La Cámara de Casación tomó el volante y en una cuestionada decisión resolvió la liberación de 2.300 presos. En pocos días la medida hizo estruendo en diferentes barrios bonaerenses, pudiéndose encontrar víctimas de violación viviendo a metros de su victimario. Una medida irresponsable que muestra un camino absolutamente equivocado, dejando a la sociedad desprotegida en manos de los delincuentes. La olla a presión en las cárceles se agranda cuando muchos reclusos (hoy 1.800) se repliegan a extensas huelgas de hambre para pedir por su liberación.


¿Cuál es la profundidad real del conflicto? ¿A quiénes se les otorgará el arresto domiciliario? ¿Cómo se resguardará la integridad psicofísica de las víctimas? ¿Cómo será el reingreso de los reclusos? Estas son algunas preguntas que no solamente los senadores de Juntos por el Cambio nos hacemos, sino todos los bonaerenses y argentinos en su conjunto. Necesitamos una respuesta, una solución antes de que las cárceles exploten por los aires esfumando el esfuerzo de cuidarnos entre todos.

LIBERACIÓN RESPONSABLE


Un Estado de Derecho no puede sostenerse sin certeza en la aplicación y cumplimiento de la pena
. Si bien los establecimientos penitenciarios distan de ser lo que deberían ser de acuerdo al art. 18 de la Constitución nacional y los tratados y convenciones internacionales, ello no es suficiente para modificar las condenas impuestas por los jueces de las causas en virtud de un supuesto estado de riesgo latente en las cárceles por el Covid-19.

Cada detenido a través de su defensor puede plantear la situación que le permita acceder a determinados beneficios legales. Se debe estudiar y otorgar las morigeraciones de la prisión con prudencia y responsabilidad, pues no queremos presos de alta peligrosidad libres. Homicidas, femicidas, violadores, abusadores, secuestradores y demás presos por delitos graves que accedan anticipada y livianamente a la libertad pondrían en riesgo no solo la integridad psicofísica de las víctimas sino también a la sociedad. Las entendibles causales humanitarias y de salud que señalan los que propugnan medidas de prisión domiciliaria o símiles ante la situación de peligro sanitario que sufren los detenidos en razón de hacinamientos o estado riesgoso particular deben evaluarse atendiendo también el cuidado y la seguridad de la gente, y para ello hay que merituar la gravedad del delito por el cual se sufre la detención y con ello la peligrosidad de aquellos que pretenden dejar la unidad de detención. Es falsa la compasión que ignora el peligro e indefensión que se le adiciona al vecino de a pie.

Una liberación masiva, indiscriminada e irrazonable y sin un estudio particularizado de cada caso, representa una bomba de tiempo
que haría detonar los derechos y garantías de las personas víctimas del delito reconocidos en la ley 27.372.

No olvidemos que los derechos humanos corresponden a todos los argentinos: sigamos cuidando con responsabilidad a quienes más nos necesitan en estos difíciles tiempos.

El autor es senador bonaerense y presidente del Bloque de JxC