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Ley del "solo sí es sí"
- AutorJohan234
- Fecha de inicio
¿Cómo se conjuga que los agresores tengan menos impunidad y, a la vez, que estén saliendo de la cárcel y/o se estén rebajando penas a los ya juzgados y condenados? ¿Cómo protege esto a las posibles víctimas de un agresor, cómo convence esto a las que ya han sido agredidas, en qué las ayuda en su proceso de recuperación?Uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, protección y derechos; los agresores menos impunidad y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge, volver al espíritu y articulado de la ley
Desde los feminismos, y muy especialmente desde las juristas feministas, urge reivindicar la legitimidad de la Ley de garantía integral de la libertad sexual y de su importancia para luchar contra las violencias sexuales que sufren las mujeres y también las niñas, niños y adolescentes. Urge pedir que basta ya de arremeter contra una ley que es un claro avance para los derechos de las mujeres, para protegerlas con más y mejores garantías que las que tenían antes de su entrada en vigor. Es una irresponsabilidad que intereses partidistas, electoralistas y políticos vuelvan a pasar por encima de las mujeres víctimas para generar una alarma social que solo busca desgastar. Unos, al Gobierno de Pedro Sánchez; otras, al ministerio de Igualdad de Irene Montero.
No es cierto que la Ley sea una chapuza. Pero, sobre todo, y en sentido estricto, no es cierto que esta sea una ley exclusivamente de Igualdad. La Ley del 'solo sí es sí' es una demanda del movimiento feminista. Quizá si de algo peca el ministerio de Unidas Podemos es de hacerse con un protagonismo que se les ha vuelto en contra cual efecto bumerán.
En la redacción y articulado han estado trabajando juristas, catedráticas y expertas del Derecho desde 2018, bajo el impulso (eso sí) de profesionales de prestigio vinculadas a la coalición morada primero y, después, al ministerio de Igualdad. Sin embargo, el texto, antes de que fuese aprobado por el Congreso y el Senado para poder entrar en vigor, fue trabajado (como se hace con todo proyecto normativo) por los distintos ministerios implicados (Justicia, Interior, Educación, Seguridad Social, Empleo, etc.), además de contar con el dictamen oportuno de los abogados del Estado. Sin olvidar, bien importante, que antes de llegar a su tramitación final tuvo los preceptivos informes del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, son muchos los ojos políticos y muchas las manos técnicas por los que han pasado los 66 artículos que conforman la ley junto con sus disposiciones adicionales, transitorias y finales. Páginas todas ellas que, de cara a la opinión pública, ahora están reducidas a una peligrosa distorsión de la realidad: que la ley deja en la calle a violadores y pederastas. No es cierto. Es una interpretación muy concreta de la Ley de garantía integral de la libertad sexual la que está llevando a que haya reducciones de pena -en sentencias ya firmes bajo el principio de la norma más favorable al reo- que suscitan, cuando menos, controversia y preocupación. Una interpretación de la ley que hace una analogía aritmética del tramo inferior del marco abstracto de las penas pasando por alto varias cosas. Por un lado, que debe analizarse caso a caso porque los delitos de la nueva ley han modificado, fusionado y ampliado los de la anterior, y, por otro, que no se puede obviar la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal -que sigue vigente según el BOE y se ha aplicado a otras normas que no recogen de forma explícita esa disposición- donde se señala que no se aplicará la norma más favorable cuando la duración de la pena con la regulación anterior sea también imponible con arreglo a la nueva.
Dicho esto, y pensando en las víctimas, es necesario y urge apelar a la responsabilidad de todas y todos porque el problema no es la norma, sino cómo se está interpretando esta por parte de unos pocos tribunales y cómo se está instrumentalizando torticeramente por parte de los partidos de la derecha y un sector del feminismo que no soporta a Irene Montero. De no hacerlo, se estará contribuyendo a que las mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren una agresión sexual desconfíen de una ley que si en algo coinciden todas las y los expertos que la han visado es que viene a traer más seguridad a las víctimas y supervivientes de las violencias sexuales. Sí, más seguridad más allá de los defensores de que haya más punitivismo.
Más seguridad en sus procesos de recuperación y reparación integral, más seguridad en la toma de decisiones sin que estas estén condicionadas a que hayan interpuesto o no una denuncia, más seguridad en los procedimientos judiciales, más seguridad frente a las violencias digitales y las agresiones sexuales bajo sumisión química, más seguridad porque habrá menos conductas ilícitas impunes al poderse aplicar penas más proporcionales, más seguridad también para perseguir las agresiones sexuales que sufren dentro de una relación afectiva, más seguridad porque los operadores jurídicos y otros agentes clave contarán con la formación adecuada obligatoria (especialmente en estereotipos de género), más seguridad en el acceso a ayudas más adaptadas, más seguridad porque una prioridad es todo el trabajo de prevención de las violencias sexuales para que estas no ocurran y erradicarlas desde la raíz, más seguridad… aunque sepamos, desgraciadamente, que todavía sea insuficiente.
Pero sí, uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, más protección y más derechos; los agresores, menos impunidad, y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge volver al espíritu y articulado de la ley. Sí o sí.
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/ley-si-si-segura_129_9766172.html
Yo lo que no comprendo, corta que soy, es como una ley que se supone va con la mejor intención del mundo para proteger más a la mujer (que no me cabe duda de que ese era el propósito primero de Irene) puede terminar en semejante chapuza. Creo, con respeto y sin mala fe, que Montero y sus asesores no están preparados, por carecer de conocimientos, para ser capaces de valorar la redacción de una ley. No son juristas y no se han dejado aconsejar por juristas.
Yo a todas las personas del mundo del Derecho que he preguntado (amigos y familia) me han dicho lo mismo, que la ley está mal redactada. Cómo puede pasar eso por el Congreso y salir? No lo entiendo. El otro día @Paquita me lo trataba, amablemente y con mucha paciencia, de explicar, pero no me cabe en la sesera. No se supone que las leyes las redactan los Abogados del Estado? Yo conozco a un par, y da gusto oirles hablar de derecho, de verdad, aunque no se entienda nada. Si la ley la han redactado gente competente, cómo coñios ha podido salir una pifia así?
Yo a todas las personas del mundo del Derecho que he preguntado (amigos y familia) me han dicho lo mismo, que la ley está mal redactada. Cómo puede pasar eso por el Congreso y salir? No lo entiendo. El otro día @Paquita me lo trataba, amablemente y con mucha paciencia, de explicar, pero no me cabe en la sesera. No se supone que las leyes las redactan los Abogados del Estado? Yo conozco a un par, y da gusto oirles hablar de derecho, de verdad, aunque no se entienda nada. Si la ley la han redactado gente competente, cómo coñios ha podido salir una pifia así?
Pero si el artículo está muy bien @_Marta. No digo que no, y estoy segura, de verdad, de que lo que inspira esta ley es bueno. Pero la realidad es que está reduciendo las condenas por violación. El hecho es ese. Aplicando la ley del Sólo si es si, las condenas se han reducido.Uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, protección y derechos; los agresores menos impunidad y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge, volver al espíritu y articulado de la ley
Desde los feminismos, y muy especialmente desde las juristas feministas, urge reivindicar la legitimidad de la Ley de garantía integral de la libertad sexual y de su importancia para luchar contra las violencias sexuales que sufren las mujeres y también las niñas, niños y adolescentes. Urge pedir que basta ya de arremeter contra una ley que es un claro avance para los derechos de las mujeres, para protegerlas con más y mejores garantías que las que tenían antes de su entrada en vigor. Es una irresponsabilidad que intereses partidistas, electoralistas y políticos vuelvan a pasar por encima de las mujeres víctimas para generar una alarma social que solo busca desgastar. Unos, al Gobierno de Pedro Sánchez; otras, al ministerio de Igualdad de Irene Montero.
No es cierto que la Ley sea una chapuza. Pero, sobre todo, y en sentido estricto, no es cierto que esta sea una ley exclusivamente de Igualdad. La Ley del 'solo sí es sí' es una demanda del movimiento feminista. Quizá si de algo peca el ministerio de Unidas Podemos es de hacerse con un protagonismo que se les ha vuelto en contra cual efecto bumerán.
En la redacción y articulado han estado trabajando juristas, catedráticas y expertas del Derecho desde 2018, bajo el impulso (eso sí) de profesionales de prestigio vinculadas a la coalición morada primero y, después, al ministerio de Igualdad. Sin embargo, el texto, antes de que fuese aprobado por el Congreso y el Senado para poder entrar en vigor, fue trabajado (como se hace con todo proyecto normativo) por los distintos ministerios implicados (Justicia, Interior, Educación, Seguridad Social, Empleo, etc.), además de contar con el dictamen oportuno de los abogados del Estado. Sin olvidar, bien importante, que antes de llegar a su tramitación final tuvo los preceptivos informes del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, son muchos los ojos políticos y muchas las manos técnicas por los que han pasado los 66 artículos que conforman la ley junto con sus disposiciones adicionales, transitorias y finales. Páginas todas ellas que, de cara a la opinión pública, ahora están reducidas a una peligrosa distorsión de la realidad: que la ley deja en la calle a violadores y pederastas. No es cierto. Es una interpretación muy concreta de la Ley de garantía integral de la libertad sexual la que está llevando a que haya reducciones de pena -en sentencias ya firmes bajo el principio de la norma más favorable al reo- que suscitan, cuando menos, controversia y preocupación. Una interpretación de la ley que hace una analogía aritmética del tramo inferior del marco abstracto de las penas pasando por alto varias cosas. Por un lado, que debe analizarse caso a caso porque los delitos de la nueva ley han modificado, fusionado y ampliado los de la anterior, y, por otro, que no se puede obviar la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal -que sigue vigente según el BOE y se ha aplicado a otras normas que no recogen de forma explícita esa disposición- donde se señala que no se aplicará la norma más favorable cuando la duración de la pena con la regulación anterior sea también imponible con arreglo a la nueva.
Dicho esto, y pensando en las víctimas, es necesario y urge apelar a la responsabilidad de todas y todos porque el problema no es la norma, sino cómo se está interpretando esta por parte de unos pocos tribunales y cómo se está instrumentalizando torticeramente por parte de los partidos de la derecha y un sector del feminismo que no soporta a Irene Montero. De no hacerlo, se estará contribuyendo a que las mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren una agresión sexual desconfíen de una ley que si en algo coinciden todas las y los expertos que la han visado es que viene a traer más seguridad a las víctimas y supervivientes de las violencias sexuales. Sí, más seguridad más allá de los defensores de que haya más punitivismo.
Más seguridad en sus procesos de recuperación y reparación integral, más seguridad en la toma de decisiones sin que estas estén condicionadas a que hayan interpuesto o no una denuncia, más seguridad en los procedimientos judiciales, más seguridad frente a las violencias digitales y las agresiones sexuales bajo sumisión química, más seguridad porque habrá menos conductas ilícitas impunes al poderse aplicar penas más proporcionales, más seguridad también para perseguir las agresiones sexuales que sufren dentro de una relación afectiva, más seguridad porque los operadores jurídicos y otros agentes clave contarán con la formación adecuada obligatoria (especialmente en estereotipos de género), más seguridad en el acceso a ayudas más adaptadas, más seguridad porque una prioridad es todo el trabajo de prevención de las violencias sexuales para que estas no ocurran y erradicarlas desde la raíz, más seguridad… aunque sepamos, desgraciadamente, que todavía sea insuficiente.
Pero sí, uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, más protección y más derechos; los agresores, menos impunidad, y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge volver al espíritu y articulado de la ley. Sí o sí.
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/ley-si-si-segura_129_9766172.html
Yo de verdad, le pongo interés, pero no entiendo nada.
Pues habra pasado por muchas manos pero se han lucido... Lo q no puede hacerse es una ley sujeta a libre interpretacion xq es una chapuza y hale q ahora los jueces no rebajen la condena... Y yo no soy de ningun color, pero cutre lo q han hecho es un rato...Uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, protección y derechos; los agresores menos impunidad y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge, volver al espíritu y articulado de la ley
Desde los feminismos, y muy especialmente desde las juristas feministas, urge reivindicar la legitimidad de la Ley de garantía integral de la libertad sexual y de su importancia para luchar contra las violencias sexuales que sufren las mujeres y también las niñas, niños y adolescentes. Urge pedir que basta ya de arremeter contra una ley que es un claro avance para los derechos de las mujeres, para protegerlas con más y mejores garantías que las que tenían antes de su entrada en vigor. Es una irresponsabilidad que intereses partidistas, electoralistas y políticos vuelvan a pasar por encima de las mujeres víctimas para generar una alarma social que solo busca desgastar. Unos, al Gobierno de Pedro Sánchez; otras, al ministerio de Igualdad de Irene Montero.
No es cierto que la Ley sea una chapuza. Pero, sobre todo, y en sentido estricto, no es cierto que esta sea una ley exclusivamente de Igualdad. La Ley del 'solo sí es sí' es una demanda del movimiento feminista. Quizá si de algo peca el ministerio de Unidas Podemos es de hacerse con un protagonismo que se les ha vuelto en contra cual efecto bumerán.
En la redacción y articulado han estado trabajando juristas, catedráticas y expertas del Derecho desde 2018, bajo el impulso (eso sí) de profesionales de prestigio vinculadas a la coalición morada primero y, después, al ministerio de Igualdad. Sin embargo, el texto, antes de que fuese aprobado por el Congreso y el Senado para poder entrar en vigor, fue trabajado (como se hace con todo proyecto normativo) por los distintos ministerios implicados (Justicia, Interior, Educación, Seguridad Social, Empleo, etc.), además de contar con el dictamen oportuno de los abogados del Estado. Sin olvidar, bien importante, que antes de llegar a su tramitación final tuvo los preceptivos informes del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, son muchos los ojos políticos y muchas las manos técnicas por los que han pasado los 66 artículos que conforman la ley junto con sus disposiciones adicionales, transitorias y finales. Páginas todas ellas que, de cara a la opinión pública, ahora están reducidas a una peligrosa distorsión de la realidad: que la ley deja en la calle a violadores y pederastas. No es cierto. Es una interpretación muy concreta de la Ley de garantía integral de la libertad sexual la que está llevando a que haya reducciones de pena -en sentencias ya firmes bajo el principio de la norma más favorable al reo- que suscitan, cuando menos, controversia y preocupación. Una interpretación de la ley que hace una analogía aritmética del tramo inferior del marco abstracto de las penas pasando por alto varias cosas. Por un lado, que debe analizarse caso a caso porque los delitos de la nueva ley han modificado, fusionado y ampliado los de la anterior, y, por otro, que no se puede obviar la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal -que sigue vigente según el BOE y se ha aplicado a otras normas que no recogen de forma explícita esa disposición- donde se señala que no se aplicará la norma más favorable cuando la duración de la pena con la regulación anterior sea también imponible con arreglo a la nueva.
Dicho esto, y pensando en las víctimas, es necesario y urge apelar a la responsabilidad de todas y todos porque el problema no es la norma, sino cómo se está interpretando esta por parte de unos pocos tribunales y cómo se está instrumentalizando torticeramente por parte de los partidos de la derecha y un sector del feminismo que no soporta a Irene Montero. De no hacerlo, se estará contribuyendo a que las mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren una agresión sexual desconfíen de una ley que si en algo coinciden todas las y los expertos que la han visado es que viene a traer más seguridad a las víctimas y supervivientes de las violencias sexuales. Sí, más seguridad más allá de los defensores de que haya más punitivismo.
Más seguridad en sus procesos de recuperación y reparación integral, más seguridad en la toma de decisiones sin que estas estén condicionadas a que hayan interpuesto o no una denuncia, más seguridad en los procedimientos judiciales, más seguridad frente a las violencias digitales y las agresiones sexuales bajo sumisión química, más seguridad porque habrá menos conductas ilícitas impunes al poderse aplicar penas más proporcionales, más seguridad también para perseguir las agresiones sexuales que sufren dentro de una relación afectiva, más seguridad porque los operadores jurídicos y otros agentes clave contarán con la formación adecuada obligatoria (especialmente en estereotipos de género), más seguridad en el acceso a ayudas más adaptadas, más seguridad porque una prioridad es todo el trabajo de prevención de las violencias sexuales para que estas no ocurran y erradicarlas desde la raíz, más seguridad… aunque sepamos, desgraciadamente, que todavía sea insuficiente.
Pero sí, uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, más protección y más derechos; los agresores, menos impunidad, y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge volver al espíritu y articulado de la ley. Sí o sí.
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/ley-si-si-segura_129_9766172.html
"que las víctimas iban a tener más garantías, protección y derechos; los agresores menos impunidad y los tribunales, mucho más trabajo"Uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, protección y derechos; los agresores menos impunidad y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge, volver al espíritu y articulado de la ley
Desde los feminismos, y muy especialmente desde las juristas feministas, urge reivindicar la legitimidad de la Ley de garantía integral de la libertad sexual y de su importancia para luchar contra las violencias sexuales que sufren las mujeres y también las niñas, niños y adolescentes. Urge pedir que basta ya de arremeter contra una ley que es un claro avance para los derechos de las mujeres, para protegerlas con más y mejores garantías que las que tenían antes de su entrada en vigor. Es una irresponsabilidad que intereses partidistas, electoralistas y políticos vuelvan a pasar por encima de las mujeres víctimas para generar una alarma social que solo busca desgastar. Unos, al Gobierno de Pedro Sánchez; otras, al ministerio de Igualdad de Irene Montero.
No es cierto que la Ley sea una chapuza. Pero, sobre todo, y en sentido estricto, no es cierto que esta sea una ley exclusivamente de Igualdad. La Ley del 'solo sí es sí' es una demanda del movimiento feminista. Quizá si de algo peca el ministerio de Unidas Podemos es de hacerse con un protagonismo que se les ha vuelto en contra cual efecto bumerán.
En la redacción y articulado han estado trabajando juristas, catedráticas y expertas del Derecho desde 2018, bajo el impulso (eso sí) de profesionales de prestigio vinculadas a la coalición morada primero y, después, al ministerio de Igualdad. Sin embargo, el texto, antes de que fuese aprobado por el Congreso y el Senado para poder entrar en vigor, fue trabajado (como se hace con todo proyecto normativo) por los distintos ministerios implicados (Justicia, Interior, Educación, Seguridad Social, Empleo, etc.), además de contar con el dictamen oportuno de los abogados del Estado. Sin olvidar, bien importante, que antes de llegar a su tramitación final tuvo los preceptivos informes del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, son muchos los ojos políticos y muchas las manos técnicas por los que han pasado los 66 artículos que conforman la ley junto con sus disposiciones adicionales, transitorias y finales. Páginas todas ellas que, de cara a la opinión pública, ahora están reducidas a una peligrosa distorsión de la realidad: que la ley deja en la calle a violadores y pederastas. No es cierto. Es una interpretación muy concreta de la Ley de garantía integral de la libertad sexual la que está llevando a que haya reducciones de pena -en sentencias ya firmes bajo el principio de la norma más favorable al reo- que suscitan, cuando menos, controversia y preocupación. Una interpretación de la ley que hace una analogía aritmética del tramo inferior del marco abstracto de las penas pasando por alto varias cosas. Por un lado, que debe analizarse caso a caso porque los delitos de la nueva ley han modificado, fusionado y ampliado los de la anterior, y, por otro, que no se puede obviar la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal -que sigue vigente según el BOE y se ha aplicado a otras normas que no recogen de forma explícita esa disposición- donde se señala que no se aplicará la norma más favorable cuando la duración de la pena con la regulación anterior sea también imponible con arreglo a la nueva.
Dicho esto, y pensando en las víctimas, es necesario y urge apelar a la responsabilidad de todas y todos porque el problema no es la norma, sino cómo se está interpretando esta por parte de unos pocos tribunales y cómo se está instrumentalizando torticeramente por parte de los partidos de la derecha y un sector del feminismo que no soporta a Irene Montero. De no hacerlo, se estará contribuyendo a que las mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren una agresión sexual desconfíen de una ley que si en algo coinciden todas las y los expertos que la han visado es que viene a traer más seguridad a las víctimas y supervivientes de las violencias sexuales. Sí, más seguridad más allá de los defensores de que haya más punitivismo.
Más seguridad en sus procesos de recuperación y reparación integral, más seguridad en la toma de decisiones sin que estas estén condicionadas a que hayan interpuesto o no una denuncia, más seguridad en los procedimientos judiciales, más seguridad frente a las violencias digitales y las agresiones sexuales bajo sumisión química, más seguridad porque habrá menos conductas ilícitas impunes al poderse aplicar penas más proporcionales, más seguridad también para perseguir las agresiones sexuales que sufren dentro de una relación afectiva, más seguridad porque los operadores jurídicos y otros agentes clave contarán con la formación adecuada obligatoria (especialmente en estereotipos de género), más seguridad en el acceso a ayudas más adaptadas, más seguridad porque una prioridad es todo el trabajo de prevención de las violencias sexuales para que estas no ocurran y erradicarlas desde la raíz, más seguridad… aunque sepamos, desgraciadamente, que todavía sea insuficiente.
Pero sí, uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, más protección y más derechos; los agresores, menos impunidad, y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge volver al espíritu y articulado de la ley. Sí o sí.
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/ley-si-si-segura_129_9766172.html
Nada de eso se ha cumplido , todo lo contrario. ¿Y luego dices que la ley no es una chapuza? Dios mio pero cómo una persona adulta en pleno uso de sus facultades mentales puede defender una cosa justificando su opuesto.No ves la contradicción de tu propio pensamiento ??
No os pasa que ocurren estas cosas y no entendéis absolutamente nada, tú sin conocimientos, unos os dicen blanco, otros negro. Uno te pone unas estadísticas, otro otras. Uno que si los jueces, otro que si la ley está mal redactada. Uno que si los casos que se ven beneficiados son números aislados, otros que si tenemos ya a abusadores en la calle (también decir, como si antes no) y tú te quedas tal que a cuadros, no te enteras de nada y a la única conclusión a la que llegas es que la ley será o no un problema pero lo que sí te queda claro es que hay muchos factores de la cadena que no están funcionando como debieran, desde abogados hasta jueces, desde funcionarios expertos en redacción penal hasta policías? No sé. Me da que va mucho más allá de si nos cae bien o mal Irene, de si somos A o B, de si simpatizamos con uno u otro.
Todos partimos de que eso pretendía la ley, dar más garantías, protección y derechos a las víctimas y menos impunidad a los agresores. Dar trabajo a los tribunales me parece un fin raro para una ley, pero vamos, neutral. Pero los hechos demuestran que no lo consigue. Que en lugar de dar menos impunidad a los agresores les ha dado instrumentos para rebajar condenas.Uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, protección y derechos; los agresores menos impunidad y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge, volver al espíritu y articulado de la ley
Desde los feminismos, y muy especialmente desde las juristas feministas, urge reivindicar la legitimidad de la Ley de garantía integral de la libertad sexual y de su importancia para luchar contra las violencias sexuales que sufren las mujeres y también las niñas, niños y adolescentes. Urge pedir que basta ya de arremeter contra una ley que es un claro avance para los derechos de las mujeres, para protegerlas con más y mejores garantías que las que tenían antes de su entrada en vigor. Es una irresponsabilidad que intereses partidistas, electoralistas y políticos vuelvan a pasar por encima de las mujeres víctimas para generar una alarma social que solo busca desgastar. Unos, al Gobierno de Pedro Sánchez; otras, al ministerio de Igualdad de Irene Montero.
No es cierto que la Ley sea una chapuza. Pero, sobre todo, y en sentido estricto, no es cierto que esta sea una ley exclusivamente de Igualdad. La Ley del 'solo sí es sí' es una demanda del movimiento feminista. Quizá si de algo peca el ministerio de Unidas Podemos es de hacerse con un protagonismo que se les ha vuelto en contra cual efecto bumerán.
En la redacción y articulado han estado trabajando juristas, catedráticas y expertas del Derecho desde 2018, bajo el impulso (eso sí) de profesionales de prestigio vinculadas a la coalición morada primero y, después, al ministerio de Igualdad. Sin embargo, el texto, antes de que fuese aprobado por el Congreso y el Senado para poder entrar en vigor, fue trabajado (como se hace con todo proyecto normativo) por los distintos ministerios implicados (Justicia, Interior, Educación, Seguridad Social, Empleo, etc.), además de contar con el dictamen oportuno de los abogados del Estado. Sin olvidar, bien importante, que antes de llegar a su tramitación final tuvo los preceptivos informes del Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, son muchos los ojos políticos y muchas las manos técnicas por los que han pasado los 66 artículos que conforman la ley junto con sus disposiciones adicionales, transitorias y finales. Páginas todas ellas que, de cara a la opinión pública, ahora están reducidas a una peligrosa distorsión de la realidad: que la ley deja en la calle a violadores y pederastas. No es cierto. Es una interpretación muy concreta de la Ley de garantía integral de la libertad sexual la que está llevando a que haya reducciones de pena -en sentencias ya firmes bajo el principio de la norma más favorable al reo- que suscitan, cuando menos, controversia y preocupación. Una interpretación de la ley que hace una analogía aritmética del tramo inferior del marco abstracto de las penas pasando por alto varias cosas. Por un lado, que debe analizarse caso a caso porque los delitos de la nueva ley han modificado, fusionado y ampliado los de la anterior, y, por otro, que no se puede obviar la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal -que sigue vigente según el BOE y se ha aplicado a otras normas que no recogen de forma explícita esa disposición- donde se señala que no se aplicará la norma más favorable cuando la duración de la pena con la regulación anterior sea también imponible con arreglo a la nueva.
Dicho esto, y pensando en las víctimas, es necesario y urge apelar a la responsabilidad de todas y todos porque el problema no es la norma, sino cómo se está interpretando esta por parte de unos pocos tribunales y cómo se está instrumentalizando torticeramente por parte de los partidos de la derecha y un sector del feminismo que no soporta a Irene Montero. De no hacerlo, se estará contribuyendo a que las mujeres, niñas, niños y adolescentes que sufren una agresión sexual desconfíen de una ley que si en algo coinciden todas las y los expertos que la han visado es que viene a traer más seguridad a las víctimas y supervivientes de las violencias sexuales. Sí, más seguridad más allá de los defensores de que haya más punitivismo.
Más seguridad en sus procesos de recuperación y reparación integral, más seguridad en la toma de decisiones sin que estas estén condicionadas a que hayan interpuesto o no una denuncia, más seguridad en los procedimientos judiciales, más seguridad frente a las violencias digitales y las agresiones sexuales bajo sumisión química, más seguridad porque habrá menos conductas ilícitas impunes al poderse aplicar penas más proporcionales, más seguridad también para perseguir las agresiones sexuales que sufren dentro de una relación afectiva, más seguridad porque los operadores jurídicos y otros agentes clave contarán con la formación adecuada obligatoria (especialmente en estereotipos de género), más seguridad en el acceso a ayudas más adaptadas, más seguridad porque una prioridad es todo el trabajo de prevención de las violencias sexuales para que estas no ocurran y erradicarlas desde la raíz, más seguridad… aunque sepamos, desgraciadamente, que todavía sea insuficiente.
Pero sí, uno de los avances de esta ley, antes de querer quemarla en la plaza pública como si fuera una bruja, era y es que las víctimas iban a tener más garantías, más protección y más derechos; los agresores, menos impunidad, y los tribunales, mucho más trabajo. Por eso urge volver al espíritu y articulado de la ley. Sí o sí.
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/ley-si-si-segura_129_9766172.html
Por eso la ley no es buena. Si pensáramos que querían rebajar las penas de los agresores pues puedes estar o no de acuerdo (como dice Almeida igual es mejor, porque así el violador no tiene tentaciones de matar además a la víctima, cosa que ocurriría si la pena por violación igualara a la de homicidio) pues podrías estar o no de acuerdo con el fin pero el instrumento habría sido el adecuado.
Pero precisamente porque nos hemos creído lo que decía Montero (Irene, no la de Hacienda), que era para agravar las penas, pues la ley no está bien hecha. Ya le pueden dar las vueltas que quieran a que eso no es lo que se pretendía. Pues haber redactado bien la ley. No será la primera ley, ni la última, que está mal redactada. Esas cosas pasan. Menos si escuchas a quien hace una crítica constructiva, frente a una soberbia intelectual sin base, pero pasa. Lo absurdo es no reconocerlo. Es fácil: lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
En lugar de eso siguen con la ley trans, que va a ser otra agresión tremenda a muchas mujeres. Que luego dirán que es porque los jueces fascistas y los árbitros machistas interpretan mal. Pero se sabe ya que va a hacer daño a muchos colectivos de mujeres. Perdón, de personas con útero. Por cierto, las mujeres que han sufrido una histerectomía ya no entran en personas con útero, ¿no? Complicado...
Siendo un artículo de opinión creo que da igual el diario en que salga. Cuando ponen hechos sí creo que la fuente importa. En opiniones ... pues es la opinión de un articulista. Tan valiosa o poco valiosa como la de cualquiera de nosotros.Panfletos no, por favor. Pon una fuente fidedigna
Lo más grave es que algunas de las muchas manos por las que ha pasado han avisado de que ocurriría. Pero si alguien te explica por qué está mal redactado y no escuchas, da igual lo que te digan.Pues habra pasado por muchas manos pero se han lucido... Lo q no puede hacerse es una ley sujeta a libre interpretacion xq es una chapuza y hale q ahora los jueces no rebajen la condena... Y yo no soy de ningun color, pero cutre lo q han hecho es un rato...
Pero el texto no se supone que lo redactan Abogados del Estado?Lo más grave es que algunas de las muchas manos por las que ha pasado han avisado de que ocurriría. Pero si alguien te explica por qué está mal redactado y no escuchas, da igual lo que te digan.
Yo, de verdad, no lo entiendo.
Los abogados tienen la obligación de defender a sus clientes. Y si ven una vía para reducir la condena a un violador, que es su cliente, es su obligación usarla. Criticar a quien hace bien su trabajo no me parece adecuado.No os pasa que ocurren estas cosas y no entendéis absolutamente nada, tú sin conocimientos, unos os dicen blanco, otros negro. Uno te pone unas estadísticas, otro otras. Uno que si los jueces, otro que si la ley está mal redactada. Uno que si los casos que se ven beneficiados son números aislados, otros que si tenemos ya a abusadores en la calle (también decir, como si antes no) y tú te quedas tal que a cuadros, no te enteras de nada y a la única conclusión a la que llegas es que la ley será o no un problema pero lo que sí te queda claro es que hay muchos factores de la cadena que no están funcionando como debieran, desde abogados hasta jueces, desde funcionarios expertos en redacción penal hasta policías? No sé. Me da que va mucho más allá de si nos cae bien o mal Irene, de si somos A o B, de si simpatizamos con uno u otro.
Los jueces, por su lado, no pueden hacer más que aplicar la ley que les dan. Les guste o no les guste. No pueden obviar la ley o decir que aunque dice X en realidad quería decir Y y no aplicarla.
Y la policía? Qué tiene que ver en todo esto? La policía busca hechos, pruebas. Luego los interpretan los abogados y los dan por probados, o no, los jueces y jurados. No puede ser culpa de ellos.
Cuando una ley no está bien la culpa es de quien la presentó (el gobierno en este caso) y de quienes en las comisiones del congreso no aceptaron los cambios que se les proponen. Y luego teóricamente de los congresistas que votaron sí. Pero como eso es por disciplina de partido los dejo fuera. Son los de las comisiones los que pueden corregirlo.
