Las cloacas de Interior. Comisario Villarejo & Company. La corrupción en el poder. (1 Viewer)

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El exjefe de seguridad de Iberdrola asume los contratos con Villarejo y niega espionaje a Florentino
Antonio Asenjo declara como investigado, defiende la legalidad de los trabajos de Cenyt para la eléctrica y añade que Sánchez Galán no sabía nada de Villarejo aunque leyó algunos de sus informes
Pedro Águeda
03/02/2020 - 20:34h
Neoenergia (Iberdrola) aplaza su salida a Bolsa en Brasil hasta que mejore la situación del mercado

La eléctrica Iberdrola
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El que fuera jefe de seguridad de Iberdrola hasta el pasado mes de diciembre, Antonio Asenjo, ha asumido este lunes la responsabilidad de haber contratado a la empresa del comisario Villarejo, si bien ha negado ante el juez del caso que esto constituyera alguna ilegalidad. Asenjo ha añadido que algunos informes de los elaborados por el policía en prisión llegaron a Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, pero ha precisado que éste desconocía que Cenyt perteneciera a Villarejo, han informado fuentes jurídicas.
Asenjo ha declarado durante más de cinco horas en calidad de investigado. El juez Manuel García-Castellón investiga en la pieza 19 del caso Villarejo los contratos de Iberdrola con las empresas del policía cuando éste no podía realizar este tipo de trabajos por encontrarse en activo, destinado en el corazón de la seguridad del Estado. Las fuentes citadas afirman que Asenjo ha defendido que Villarejo se encontraba en excedencia cuando le contrató aunque esa afirmación no casa con el periodo que el comisario estuvo fuera de la Policía, diez años entre 1983 y 1993.




Iberdrola, la primera eléctrica española, contrató en 2004 los servicios del comisario José Manuel Villarejo para infiltrarse en un grupo ecologista e investigar a un juez de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera (Cádiz) que en aquel momento estaba analizando los recursos contra la puesta en marcha de la central de ciclo combinado (gas natural) cuya construcción ultimaba entonces la compañía en Arcos de la Frontera, con una inversión de unos 850 millones de euros, según publicó Moncloa.com y El Confidencial. Este es el primer encargo del que se tiene constancia de Iberdrola a Villarejo y data de 11 años después de que el comisario dejara la excedencia y regresara al servicio activo.
El expolicía Asenjo ha negado que existiera un contrato de Iberdrola para espiar al dueño de ACS, Florentino Pérez, y ha justificado los encargos hasta llegar a 2012, época en la que se ha detenido la declaración, que se retomará mañana por la mañana.

Los contratos investigados, según la documentación aportada a la causa por la propia Iberdrola, son 17 por valor de 1.123.000 euros. Asenjo ha puesto ante el juez de manifiesto el escaso porcentaje que suponía para una empresa que ha destinado en los últimos años alrededor de 170 millones de euros por ejercicio a seguridad. El exjefe de seguridad dejó Iberdrola en un acuerdo mutuo y según lo establecido en las cláusulas de su contrato, defiende su entorno, una vez trascendieron las informaciones que vinculaban a la eléctrica y al comisario encarcelado. Ante el juez, Asenjo ha dicho este lunes que pudo cometer "equivocaciones", pero ha negado ilegalidad alguna.

Solo ha admitido haberse saltado la ley en su actividad privada en una ocasión y fue con motivo de los atentados del 11-M cuando siendo jefe de seguridad de Airtel sus excompañeros de la Policía le solicitaron, sin orden judicial, que les cotejara el uso de IMEI de las tarjetas telefónicas en determinados terminales. Asenjo ha dicho que lo hizo como algo excepcional y porque los agentes antiterroristas le dijeron que otras compañías telefónicas ya se habían prestado.

 

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Francisco González admite que consintió la contratación de Villarejo

La SER accede al sumario de la contratación del excomisario por parte del BBVA para supuestas labores de espionaje y sabotaje de las operaciones que perjudicasen al expresidente del banco, Francisco González

González admite ante el juez que dio el consentimiento al exjefe de seguridad, Julio Corrochano, para que contratara a "una agencia de detectives" en 2004, ante las amenazas que sufría el banco, pero niega que supiera que se trataba de la empresa de Villarejo

Para González fue "una contratación absolutamente menor" de 10.2 millones, porque "el presidente se ocupaba de contratos de 50 millones para arriba

El expresidente del BBVA, Francisco González

El expresidente del BBVA, Francisco González / Getty Images
C
+
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
05/02/2020 - 19:35 h. CET

El expresidente del BBVA, Francisco González, reconoció en su declaración como imputado el pasado 18 de noviembre ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que consintió la contratación del comisario Villarejo. Afirma que se gestó en una reunión que tuvo lugar en diciembre de 2004 en la que participaron él mismo, los directivos Ángel Cano y Julio Carrizano, y el por entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano. Según González, fue Corrochano quien les propuso contratar a una agencia de detectives ante los ataques que estaba sufriendo el banco como el intento de Sacyr por ocupar la cúpula de la entidad, e "implicitamente", concede el expresidente en su declaración, fue autorizado para la contratación.





No obstante, González niega que supiera a quién había contratado en realidad. Sostiene que no sabía que detrás de la empresa Cenyt se encontraba el comisario Villarejo, de quien supo por primera vez "por la prensa", cuando en 2018 se publicaron las primeras informaciones sobre las contrataciones del BBVA al policía.




Aunque la contratación se prolongó durante 13 años y los pagos ascendieron a 10.2 millones de euros, con operaciones de espionaje y sabotaje, la monitorización de miles de teléfonos de periodistas, empresarios, políticos de la etapa Zapatero y hasta el intento de inventar un amante cubano al ministro Miguel Sebastián, Francisco González jamás prestó demasiada importancia a los informes que le traía Corrochano sobre los trabajos. Así lo admite ante el juez porque para el presidente del BBVA aquel era un tema "absolutamente menor". Asevera que "a mí no me llegaba nada de contratación o una factura". "Esos temas", añade, "no llegan al presidente". "A mí me llegan temas de 50 millones para arriba" y "temas estratégicos".

 
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Las revelaciones del caso Villarejo proyectan sombras sobre la relación de la Policía con el poder económico

Anticorrupción apunta a que la operación contra la presunta extorsión a los bancos se acordó en una comida del director de la Policía del PP con Francisco González.

Una década antes, el comisario jefe con el PSOE habría pedido a Villarejo que le informara desde dentro del intento de OPA de Sacyr al BBVA

Pedro Águeda
08/02/2020 - 21:28h
La pieza 9 del caso Villarejo muestra los vínculos de la banca con una presunta organización criminal de policías

La pieza 9 del caso Villarejo muestra los vínculos de la banca con una presunta organización criminal de policías

En su involuntaria función de revelar la faceta oculta del poder en España, el caso Villarejo acaba de escribir otro capítulo con el levantamiento del secreto sobre la pieza que investiga los vínculos del BBVA con el comisario. La Audiencia Nacional investiga a la segunda entidad financiera del país por contratar al comisario como espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado -y ahí están el banco y el extodopoderoso Francisco González, imputados-. pero durante las pesquisas han aflorado otras sospechas que trascienden al vínculo de la entidad bancaria con el polémico policía y ponen en cuestión las relaciones de la Policía misma con el poder económico, e incluso el funcionamiento durante años de la unidad de élite contra la corrupción.

La Fiscalía preguntó a Francisco González por un almuerzo en la sede central de la Policía y el banquero contestó airado restando a ese encuentro cualquier relevancia para la causa. Su tono descendió cuando el fiscal Ignacio Stampa le mostró un documento en el que el entonces director de los Servicios Jurídicos vinculaba aquella comida en el complejo policial de Canillas, en Madrid, con la denuncia “anónima” presentada después ante la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por la presunta extorsión a la que le estaba sometiendo Ausbanc.




Eduardo Ortega, que había dejado la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para trabajar en el BBVA, dice en el documento, al que llamó 'Relatorio', que fue él mismo quien redactó la denuncia que dio origen a la ‘Operación Nelson’ contra la presunta extorsión ejercida por Ausbanc a los bancos, pese a que consta en la causa judicial como un “anónimo” que llegó a la UDEF. “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano Peña (jefe de seguridad del BBVA) y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF”, recoge un informe de Anticorrupción incorporado al sumario.

Ante el juez y los fiscales, González insistió en el “carácter institucional” de la comida, celebrada el 7 de enero de 2015, subrayó el supuesto desinterés con el que acudió a la misma, invitado por el director general de la Policía entonces, Ignacio Cosidó, y terminó admitiendo que quizá alguien pudo hablar de Ausbanc, pero que en ningún caso fue él. Más allá de una genérica denominación de “cúpula policial”, Cosidó, el único identificado por González, ha evitado contestar a eldiario.es cuando le ha preguntado por el encuentro.

Este hecho implica un salto: lo que estaría en cuestión no solo sería la relación del BBVA con Villarejo sino la del banco con la propia institución de la Policía. El sumario del caso Villarejo también pone de manifiesto que el comisario investigó con una de sus empresas a Luis Pineda, de Ausbanc, y su entorno, y que con esa información se elaboró el informe con el que arrancó la causa. La defensa de Pineda ya ha pedido que se anule el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, pero el tribunal que preside Ángela Murillo se ha negado y las sesiones se retomarán en marzo. La defensa de los acusados confía que finalmente se imponga la nulidad y sus defendidos exonerados de los graves delitos de los que se les acusa.

En uno de los audio de Villarejo, grabado en 2008, se escucha al controvertido comisario describiendo la relación habitual que presuntamente mantenía con la Unidad contra la Delincuencia Econónica y Fiscal de la Polícia. "Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos", resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. De esa charla, adelantada por El Independiente, se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.

La figura clave de esa suerte de subcontrataciones que haría la unidad de élite policial a Villarejo es el comisario, ahora en excedencia, José Luis Olivera, primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que durante otra conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a Olivera como "un hombre nuestro" que habría saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.

En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho "Juan", en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la "camarilla policial" que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz. Ahora ejerce de fichaje estrella de Luis Rubiales para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cuando se presentó la denuncia “anónima” contra Ausbanc, Villarejo llevaba una década trabajando para el BBVA. La agencia Kroll, puntera en el sector, no había satisfecho el interés del banco en localizar patrimonio oculto de deudores del banco, y el jefe de seguridad, Julio Corrochano, que había sido superior de Villarejo en la Policía, recomendó al presidente Francisco González que contratara a la empresa del policía. González niega tener constancia de que Villarejo estuviese detrás y asegura que ni siquiera lo conoce. El directivo de la entidad despedido a raíz de su declaración en la Audiencia Nacional, Antonio Béjar, le contó al juez que el propio González le había dicho “en la puerta de su despacho” que había que contratar a la empresa que iba a decirles Corrochano.

Poco después llegó el intento de OPA de Sacyr y el denominado por Villarejo “Proyecto FG”. El policía vendió al BBVA por más de cinco millones informes en los que, según coinciden expertos policiales, hay más paja y humo que información valiosa, amén de datos falsos y gestiones absolutamente infladas sobre el Grupo Hostil que amenazaba el “reinado” de Francisco González en el banco [esta es la información sobre el informe Proyecto FG]. En aquel momento, gobernaba el PSOE y el director adjunto operativo de la Policía con quien Villarejo mantenía contacto directo, según las grabaciones incorporadas a la causa, era el comisario Miguel Ángel Fernández Chico, fallecido en 2012. En la época socialista, Villarejo fue ascendido a comisario, condecorado y destinado en la Dirección Adjunta Operativa.

El comisario Enrique García Castaño está imputado por facilitar presuntamente a Villarejo datos confidenciales para sus informes. En su declaración en la pieza del BBVA, declara: “A mi Fernández Chico me dijo que les preocupaba mucho la situación [creada por el intento de OPA] y que Villarejo, utilizando la relación con el jefe de seguridad del BBVA había metido la cabeza en el banco para tener información de ese tema. Lo que no sabía Fernández Chico era lo del contrato [de Villarejo con el BBVA]”.

En ese momento de la declaración, el fiscal Miguel Serrano le pregunta cuál podía ser el interés del jefe operativo de la Policía en una operación financiera en "un movimiento mercantil en el tráfico jurídico-privado". Y García Castaño responde: “No era un interés policial, era un interés político. Con un Gobierno que acababa de llegar nuevo, con una situación en la que se podía producir una crisis económica, al Gobierno le interesan mucho ese tipo de movimientos accionariales, conflictos laborales…”. Entonces, el fiscal Serrano recuerda al policía que las operaciones de interés estratégico para el país son, en todo caso y por ley, competencia del CNI. El policía, ante la incredulidad del fiscal, dice que la Comisaría General de Información de la Policía, la estructura antiterrorista, también tiene competencias sobre lo que afecta a la “seguridad interior del país”.

 
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Confesiones y contradicciones ante el juez del 'caso Villarejo': la ruta incompleta del móvil de la colaboradora de Pablo Iglesias

La instrucción no ha aclarado cómo consiguió Interviú la tarjeta, pero sí que su director le entregó una copia al "prestigiosísimo" excomisario. Semanas después OkDiario y El Confidencial comenzaron a publicar el contenido

Aitor Riveiro / Elena Herrera
27/02/2020 - 21:19h
Villarejo denuncia torturas y trato degradante en la prisión de Estremera

El excomisario Villarejo, en una imagen de archivo. EFE
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Las contradicciones entre testigos e imputados, y la decisión del juez de no llamar a declarar a alguno de los principales protagonistas, ha abocado la investigación sobre la difusión del contenido del móvil de una excolaboradora de Pablo Iglesias a un callejón sin salida, al menos de momento. De las declaraciones incluidas en la pieza 10 del caso Villarejo, a cuyo sumario ha tenido acceso eldiario.es, queda claro que la revista Interviú tuvo en enero de 2016 una copia de la tarjeta de memoria del dispositivo, que no publicó su contenido y que se la entregó al secretario general de Podemos. Después, el director y el subdirector de la ya desaparecida publicación facilitaron supuestamente una copia al excomisario Villarejo, por lo que continúan bajo investigación de la Audiencia Nacional acusados de revelación de secretos.

Semanas después, los medios Ok Diario y El Confidencial comenzaban a publicar información contenida en esa tarjeta, según recogen los informes que encargó el magistrado Manuel García Castellón a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Pero el magistrado instructor, con apoyo de la Fiscalía, se ha negado en múltiples ocasiones a llamar a declarar como investigado al director de Ok Diario, Eduardo Inda. El juez lo ha considerado "prematuro" todas las veces que lo han solicitado los abogados de Podemos y ha centrado las pesquisas en intentar concretar cómo llegó dicha tarjeta al excomisario Villarejo.




Alberto Pozas, director de Interviú entre 2008 y 2018, fue llamado a declarar como testigo en abril de 2019, después de que la Policía Nacional hallara en un registro en casa del excomisario dos carpetas informáticas donde se guardaba información sobre Podemos y datos privados de la que fuera asistente de Iglesias en Bruselas, Dina Bousselham. Pero ante la posibilidad de que el contenido de su declaración pudiera incriminarle, ésta se interrumpió y se retomó semanas después, ya en calidad de investigado y con asistencia letrada.

Ante el magistrado, Pozas dijo que llegó a la revista un sobre con una tarjeta de memoria SD en enero de 2019 y que, tras revisar su abundante contenido de forma rápida, comprobó que había información que afectaba a Pablo Iglesias. Por eso, señaló, decidió ponerlo en conocimiento del presidente de la empresa editora de la revista, el ya desaparecido Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah.

Ese material eran algunas fotos y vídeos de carácter privado de la dueña del teléfono y de personas de su entorno, así como documentos internos de Podemos a los que no confirió mayor relevancia informativa. Asensio, quien declaró como testigo, aseguró por su parte que descartaron dichos documentos porque, según le dijeron, ya se habían publicado en otros medios, pero principalmente porque carecían de "valor social e interés informativo" . La llegada de la tarjeta a Interviú se produjo en enero de 2016 y las primeras informaciones de los documentos no llegaron hasta marzo.

Pozas dijo ante el juez no saber más del origen de la tarjeta y que el envió fue anónimo. Sin embargo, Asensio le contó al juez que el director de Interviú, a través de su director editorial, Miguel Ángel Liso, le hizo llegar que había aparecido en un "hotel de Madrid" y que alguien lo había hecho llegar hasta la publicación. Liso confirmó también esta versión en sede judicial y añadió que un cliente se lo había encontrado "en el cajón de la mesilla" de la habitación.
Asensio apuntó en su declaración como testigo, lo que le obliga a decir la verdad, que según le explicó Pozas fue "la fuente" [es decir, la persona que proporciona la información] la que dijo que el material había sido encontrado en un hotel e identificó a la dueña como "la pareja de Pablo Iglesias", algo que ambos niegan.

En lo que los tres coinciden, aunque se disputan la iniciativa, es en que se decidió entregar la tarjeta a Pablo Iglesias, quien esa misma tarde acudió a la sede del grupo y, tras revisar su contenido en solitario durante unos cuarenta minutos, agradeció "mucho" el gesto y se marchó con el dispositivo. El secretario general de Podemos, quien compareció en el tribunal en calidad de perjudicado, aseguró en su declaración que él devolvió la tarjeta a Bousselham.

Bousselham, quien denunció en noviembre de 2015 el robo de su teléfono mientras se encontraba con la que era su pareja en un centro comercial de Madrid, entregó la tarjeta al juez cuando fue llamada a declarar como perjudicada. Pero el contenido de dicha tarjeta no ha podido ser analizado ya que, según un informe de la Policía Nacional que obra en el sumario, estaba dañada. Esto ha impedido acceder a los metadatos del dispositivo, lo que podría dar información sobre cuándo y cómo se produjo la copia.

En las pesquisas tampoco se ha indagado en la geolocalización del teléfono robado, lo que podría trazar la ruta que sigue. La ley obliga a las empresas a guardar los datos durante 12 meses y, a petición del juez, las operadoras han asegurado no tener ya la información guardada. El magistrado no ha aceptado, por otro lado, investigar la geolocalización en los últimos 12 meses, para comprobar si ha sido activado o no.

La entrega a Villarejo

El siguiente hito de la historia es el momento en el que el comisario José Manuel Villarejo, en aquel entonces en activo y destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, se puso en contacto con Interviú porque supuestamente se había enterado de que tenían la tarjeta y la necesitaba para sus investigaciones. Nadie ha explicado cómo pudo enterarse de que Interviú tenía esa información. Máxime cuando Asensio, según su declaración, entregó a Iglesias "la copia única" de la tarjeta que atesoraba Interviú.

Pozas explicó que eso fue posible porque se había quedado con una copia casi de forma casual, al descargarla en un ordenador para poder consultar su contenido cuando llegó a la revista. Junto a su subdirector, Luis Rendueles, quedaron con el comisario en el restaurante Txistu de Madrid "diez o quince días después" y allí le hicieron entrega del material.

Tampoco hay concordancia en los testimonios respecto a cuándo le dicen al presidente del grupo que llegó a la revista la tarjeta. Pozas relata que es de inmediato, ese mismo día o al siguiente. Pero Rendueles declara que eso ocurre "pasados unos días". Tampoco hay consenso sobre si en el primer o primeros visionados de Pozas y Rendueles se aprecian fotos de la dueña de la tarjeta, Dina Bousselhoum, en bañador o semidesnuda. Ellos aseguran que no ven nada de eso antes de mostrarles a sus jefes unas fotocopias de imágenes extraídas de la tarjeta, pero el director editorial, que hizo de puente entre los responsables de Interviú y el presidente, le contó al juez que el tema era delicado desde el principio "por las fotografías de la chica".

Alberto Pozas, que dimitió como responsable de prensa de información nacional en La Moncloa cuando fue citado por la Audiencia Nacional, explicó al juez que entendió la petición de Villarejo como un "requerimiento policial" procedente de un agente "prestigiosísimo". Rendueles declaró que el policía aseguró que el fin era realizar "un informe para sus superiores". En ese momento, el fiscal pregunta por esa valoración que hace el periodista del Policía cuando ya había salido a la luz que había grabado a Ignacio González y difundido una parte del contenido de su encuentro.

Por su parte, el comisario Villarejo dijo al juez que, efectivamente, había entregado la tarjeta con la información a la Dirección Adjunta Operativa, tal y como informó eldiario.es en primicia este jueves. La DAO, dirigida entonces por Eugenio Pino, fue el epicentro de la brigada política, la estructura policial que albergó las misiones contra la oposición y que echó a andar poco después de llegar Rajoy a La Moncloa y Fernández Díaz a Interior. Allí se redactó, por ejemplo, el apócrifo Informe PISA contra Pablo Iglesias.

En un momento dado, el fiscal le pregunta al subdirector de Interviú: "¿En algún momento sospechó que era Villarejo quien había hecho llegar el pendrive a la revista?". Y el periodista contesta: "No. Le conocía poco entonces. ¿Que lo hubiese mandado de forma anónima y que luego me lo reclamara? Cualquier policía que diera información no la puedo publicar, la tengo que contrastar… Yo no he publicado ninguna foto sin consentimiento cuando era subdirector".

Además del episodio con Ignacio González, en aquel momento ya había sido publicado que Villarejo había sido condecorado por su participación en la después llamada Operación Catalunya, que poseía un patrimonio de 12 sociedades por valor de 16 millones y que la doctora Elisa Pinto le había reconocido en sede policial como el hombre que la amenazó y pinchó por supuesta orden de Javier López Madrid. Rendueles se pronuncia ante el juez en la misma línea. Dice que heredó el contacto de Villarejo en la revista en 2015 y que sabía de él que había participado en las investigaciones de Gürtel y sobre los Pujol.


¿Interesará a algunos que se esclarezcan todos los hechos? Seguro que no.

Ahora sí, si un vicepresidente que no es de su onda puede llegar a conocer secretos de Estado es inasumible para algunos.

¿Por qué? ¿Que se esconde en esos secretos?
 

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LAS CLOACAS DE INTERIORVillarejo repatriaba su dinero desde paraísos fiscales con ayuda de sus clientes

Los audios de la 'pieza PIT' y las secuencias de pagos de los Pérez Maura a empresas de Villarejo apuntan a que algunos pagos eran en realidad devoluciones en España del dinero procedente de sociedades 'off shore' de Villarejo que éste pagaba en negro a un tercero por cuenta de sus clientes. Una triquiñuela financiera para evitar que se activen las alertas de blanqueo de capitales.


El comisario jubilado José Manuel Villarejo. / EP
El comisario jubilado José Manuel Villarejo. / EP

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MADRID
27/02/2020 22:28
PATRICIA LÓPEZ/PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA

@patricialopezl @minielgdl

Lo que viene a continuación no es una guía para blanquear dinero, sino una explicación para entender el intrincado mundo del lavado de capitales.

Imagínense que queremos realizar un pago en negro de 1.000 euros al que no deseamos que se nos vincule por el hecho de ser en negro, por la naturaleza del motivo o por la identidad del destinatario. ¿Qué hacer? Una práctica habitual es triangular el pago; es decir, utilizar un intermediario -ya sea una entidad o persona interpuesta- que tenga dinero opaco fuera de España y que desee disponer del mismo en España sin alertar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).


Dicha persona o entidad realizará el pago al destinatario en nuestro nombre desde sus cuentas opacas y nosotros se lo devolveremos en España contra una factura [con un concepto inventado] que nos emita desde una sociedad suya española. Para que la operación no implique una carga fiscal para nuestro intermediario -porque la persona a la que éste pagará no le va a emitir un recibo-, la factura que nos emitirá tendrá de base imponible los 1.000 euros más una cantidad adicional que cubra la tasa del impuesto de sociedades implícita (entre el 30% y el 33%, unos 300 euros en este ejemplo), que le supone el hecho de facturarnos para recuperar el pago que hizo por cuenta nuestra desde sus cuentas opacas.

Se trata de una operación beneficiosa para todas las partes. Uno consigue pagar un servicio o deuda de forma anónima, otro oculta que prestó y cobró dicho servicio, y el intermediario recibe en A y en España un dinero que tenía opaco y del que no podía disponer. A esta forma de repatriar dinero se la conoce como "sistema de compensación".

Villarejo repatriaba pagando por cuenta de los Pérez Maura

Múltiples conversaciones contenidas en los audios del sumario de la 'pieza PIT' de la 'causa Tándem' indican que una parte de las facturas que las sociedades de Villarejo emitieron a los empresarios Pérez Maura disfrazaban en realidad devoluciones de pagos realizados por el comisario a un tercero desde sus sociedades off shore por indicación y cuenta de dichos clientes.
Proceso de repatriación capitales Villarejo
Esquema que se desprende de las conversaciones entre Adrián De la Joya y el comisario Villarejo.

INFOGRAFIA: ALDARA OTERO

Una parte central de las cuitas entre De la Joya y Villarejo se refiere al coste fiscal que les supondría la operación triangular si los hermanos Pérez Maura no les permiten añadir el impuesto de sociedades a la base imponible de la factura que se les gira. A dicho coste fiscal Villarejo y De la Joya se refieren en esas conversaciones con distintos eufemismos, en previsión de oídos indiscretos porque están en un restaurante, como "gastos de empresa", "plumaje", "chatarra" o "gastos de transformación del dinero".

Es el caso de la factura de un millón de euros más IVA emitida -y cobrada- a los Pérez Maura el 20 de febrero de 2017 por la empresa de Villarejo Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt). Lo que esconde esta factura es la recuperación del millón que Villarejo se comprometió a transferir -desde sus sociedades off shore y por cuenta de Pérez Maura- a una persona a la que llaman "El Mago", a quien consideran clave para solucionar los problemas judiciales de los Pérez Maura en origen, en Guatemala.

"No vamos otra vez a cometer el error de la otra vez"

El 19 de enero de 2017, Adrián de la Joya y Villarejo hablan a solas en un restaurante acerca de la "luz verde" que han recibido de los Pérez Maura para abordar a "El Mago", con quien supuestamente se ha negociado una retribución de 2,5 millones de euros como pago a sus servicios".

La liquidación a "El Mago" será realizada por Villarejo y, enseguida, la conversación se centra en calcular el coste fiscal que la operación le supondrá, en términos de impuesto de sociedades, por la refacturación de los pagos a los Pérez Maura desde sus sociedades españolas. La preocupación es alta por la cuantía y porque no desean repetir los mismos errores, revelando así que no es la primera vez que ejecutan este tipo de operación:

De la Joya: El otro día en la conversación que tuve con El Ratón [apodo despectivo que De la Joya da a Ángel Pérez Maura], El Ratón me dijo que luz verde, pero que la mitad de los dos millones y medio los pusiéramos nosotros. ¿Cómo? Y digo... Hombre, no que lo pongamos nosotros así, pero que nos los bajaba de nuestro éxito.

Y prosiguen, como se puede escuchar y leer a continuación:

De la Joya: De momento yo le digo [a Pérez Maura] "oye, también eso es verdad; este tío ["El Mago"] ha subido medio millón [quieren "subirle" a los Pérez Maura medio millón para compensar el impuesto de sociedades].

Villarejo: ¿Y no es mejor el tema de…? Bueno, sí [ininteligible], medio millón; es decirle "oye, macho como vamos a hacerlo por ahí CON UNA FACTURA y tal, macho, pues... el TEMA PARA PAGARLE A ESTE TIPO y tal y cual nos va a costar una pasta y con el inconveniente además que tenemos que pagar luego a Montoro [en referencia al impuesto de sociedades], a su p*ta madre y que tal y cual, porque ha querido que le paguemos aquí. Y, entonces, para pagarle aquí… ¿qué vamos, a darle la pasta fuera y luego traerla? Es una complicación tal que...

De la Joya: ¿Tenemos que pagar a Hacienda un 25%, un 30%..? [Se refieren al impuesto de sociedades]

Villarejo: Un 30%, un 33% en realidad pero bueno, vamos a intentar meter gastos como sea [...] y poco a poco y encima buscarnos la fórmula para que alguien, para que nos haga una factura… para sacar el crudo… o sea, complicado de cojones, dices, macho, NO VAMOS OTRA VEZ A COMETER EL ERROR DE LA OTRA VEZ, que luego te dije lo del cuarto kilo y tal y cual, y en esta ocasión que sepas que esto es un tema... como nosotros vamos ya a éxito, ya estamos pensando en el éxito, o sea que con esto…

De la Joya: ¿Cuánto es 33% de 2,5? [De 2,5 millones, que es la cantidad total que se ha convenido pagar a "El Mago" en caso de cumplimiento de objetivos].

Villarejo: 33% de 2,5 son ... setecientos cincuenta, son ochocientos, ochocientos, pues eso. Le dices: "Tronco, parte ya lo voy a asumir yo también, es decir, en vez de ochocientos y pico mil, nosotros vamos a asumir parte, pero tú asume quinientos, macho, por lo menos [el medio millón que quieren que les pague por encima de la cantidad acordada con "El Mago" para compensar el Impuesto de Sociedades]". ¿Lo entiendes por qué? Por qué, porque, macho, más no y esto obviamente aquí ya sé que no hay ni un puto duro de margen y lo vamos a hacer porque lo que queremos es el éxito ["éxito" es la comisión de éxito que ganan si se cumple el objetivo global].


"Vamos a asumir los ‘gastos de transformar’ el millón"

Apenas un mes después de esa conversación, el 14 de febrero de 2017 se acuerda que de los 2,5 millones de euros supuestamente pactados con "El Mago", un millón se pagará de inmediato como provisión de fondos y el resto cuando se cumpla el objetivo.

Villarejo asume el pago del millón -que recuperará en España en A refacturando a la sociedad cabecera de los Pérez Maura desde Cenyt-, pero no logra que la operación le resulte neutra a efectos del impuesto de sociedades, porque los Pérez Maura se oponen a que a la base imponible de la factura se le añada el 30% implícito de impuesto de sociedades (300.000 euros). El pago de los Pérez Maura a Cenyt por el millón más IVA se produce, según el sumario, con fecha valor de 23 de febrero de 2017 contra factura de Cenyt emitida el 20 de febrero.

De la Joya: Este ["El Mago"] quiere un millón, Ángel [Pérez Maura], quiere un millón ahora.

Villarejo: Y un matiz, Ángel, que nosotros vamos a asumir en un principio los GASTOS DE TRANSFORMAR ESE MILLÓN, ¿eh? ¡Ojo!, que vamos a asumir el tema y vamos a asumir en base a los honorarios que ya tenemos, los proyectos de futuro... y toda una serie de cosas, que eso también vamos a hacer nosotros.

El comisario, escocido ante la idea de perder 300.000 euros en una operación en la que se limita a hacer de intermediario, insiste más adelante en ese coste fiscal que le supone el pago triangular y, además, explica la razón: él tiene que declarar la factura que emite a los Pérez Maura para que le devuelvan el millón que transfiere a "El Mago", pero este último para cobrar no le emitirá una factura que Villarejo pueda contabilizar como gasto para compensar la factura emitida a la empresa de los Pérez Maura. Es decir, lo que se desprende de las numerosas conversaciones en las que tratan el asunto del pago a "El Mago" es que Villarejo pagará a "El Mago" desde una cuenta suya opaca a otra opaca de éste.

Villarejo: Y tú sabes [dirigiéndose a Ángel Pérez Maura] que de ahí el 30% se nos va a ir en el plumaje [impuesto de sociedades], porque, a todos los efectos, si nos diera una factura de algo, de gastos, pero... va a ser todo... ¿Entiendes?... Con lo cual nosotros ese tema...

La identidad de "El Mago"

"El Mago", al que tanto De la Joya como Villarejo consideran clave para resolver el problema judicial de los Pérez Maura en origen; o sea en Guatemala, para así evitar que se abra el caso también en España, tanto podría ser el exjuez Baltasar Garzón -como afirman los investigadores y se infiere de la asunción literal de los audios-, como también Jonathan Harry Chévez.

Este último es conocido en Guatemala con el sobrenombre de El Mago y su testimonio como supuesto intermediario en los pagos fue decisivo en la acusación a los Pérez Maura de haber pagado sobornos a los entonces presidente y vicepresidenta del país centroamericano para adjudicarse la explotación de una terminal marítima para buques de contenedores. Dicha investigación fue impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo director, Iván Velásquez Gómez, mantiene relación fluida con el exjuez y amigo de Villarejo, Baltasar Garzón, alias Balta.

Baltasar Garzón sigue negando toda vinculación con los Pérez Maura y sus problemas judiciales. Por su parte, la Unidad de Asuntos Internos -a cargo de la investigación en la 'causa Tándem'-, afirma que "no constan" pagos al exjuez desde sociedades de Villarejo. Si bien se desconoce si las indagaciones policiales han abarcado los movimientos bancarios de las cuentas off shore de Villarejo y del resto de sospechosos. Algo que parecería obligado a la vista de las conversaciones que acreditan la existencia de pagos triangulares por cuenta de clientes desde ese tipo de cuentas y además con destino a "El Mago", al que la unidad policial identifica "plenamente" como Baltasar Garzón en su oficio de 8 de octubre de 2018.

Al exjuez le habrían apodado así en la época de la Operación Nécora, ya que Operación Mago fue la primera opción barajada para bautizar ese golpe al narcotráfico - según recoge el libro de Nacho Carretero, Fariña- en el que según Villarejo participó para atrapar a Sito Miñanco junto a su cliente Monzer Alkassar, quien también estuvo imputado por Garzón en la Audiencia Nacional. Otro cliente del comisario que también procesado por Garzón, y más tarde sobreseída su causa, fue el narcobanquero José María Clemente Marcet, con propiedades y cuentas en República Dominicana y cuya investigación ha sido declarada secreto de Estado en el consejo de ministros en el que Dolores Delgado era titular de la cartera de Justicia.

Sin embargo, los oficios policiales de la 'pieza PIT' no incluyen menciones a este tipo de operaciones triangulares, a pesar de que ocupan una parte nada desdeñable de la temática de las conversaciones de Villarejo entre enero y febrero de 2017 y de que, además, es precisamente una querella de la Fiscalía Anticorrupción por participación en trasvases y blanqueo de capitales la que abre la 'causa Tándem' en la Audiencia Nacional en noviembre de 2017.

 
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La cúpula de Interior del PP salvó a Villarejo con un informe que le presentaba como mero gestor de su "patrimonio personal"

  • El informe encargado por el ministro Fernández Díaz en 2015 consideró compatible su actividad privada porque se dedicaba solo a "administrar" todo lo "generado durante los casi diez años" de su excedencia
  • El texto no hizo ni una sola comprobación sobre Cenyt SL, buque insignia de su grupo, centrada en tareas parapoliciales y constituida cuando Villarejo ya había vuelto al Cuerpo

Alicia Gutiérrez
[email protected] @agutierrez
Publicada el 29/04/2020 a las 06:00

 

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Audios exclusivos: Ana Rosa Quintana aconsejó a Villarejo mientras estaba imputado y casi hasta su detención

La presentadora de Telecinco, Eduardo Inda, Manuel Cerdán y otros conocidos periodistas aconsejaron y dieron su apoyo al comisario Villarejo, a pesar de estar imputado en la causa del pequeño Nicolás e investigado por el presunto apuñalamiento de la doctora Pinto. En 2017, meses antes de ser detenido, Ana Rosa Quintana llevó a su marido ante el policía para que le ayudara a solucionar unos problemas judiciales. Era conocedora de que se haría a través de una extorsión.



Ana Rosa Quintana habla, por fin, de su marido (y las redes estallan)
Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz Támara. ARCHIVO.
MADRID
01/05/2020 21:48 ACTUALIZADO: 02/05/2020 16:19
PATRICIA LÓPEZ
@patricialopezl
No se trata solo de filtraciones interesadas a ciertos medios de comunicación. La red mediática del comisario Villarejo está tejida a lo largo de décadas y con vínculos muy personales, de amistad, según los hallazgos que constan en la 'causa Tándem'. En los audios y documentos obtenidos por Público queda patente que personajes tan relevantes como la presentadora y empresaria Ana Rosa Quintana estuvieron aconsejando al comisario José Manuel Villarejo durante el tiempo en que estuvo investigado e imputado en las causas del pequeño Nicolás (por grabar ilegalmente al CNI y a sus compañeros de Asuntos Internos) y del apuñalamiento a la doctora Elisa Pinto.

Sin embargo, mientras saltaban las noticias e investigaciones que han llevado al comisario jubilado a prisión, la líder de audiencia de Telecinco nunca explicó a su público esta estrecha relación de amistad, que se remonta a hace 40 años y que da sentido a que no haya abordado informativamente en su programa la 'causa Tándem', mientras se rodeaba de tertulianos que también formaban parte de esa 'pandilla' de amigos de Villarejo en los medios de comunicación.

En el registro que se hizo en diferentes inmuebles relacionados con Villarejo en noviembre de 2017, tras ser detenido acusado de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho, se encontraron dos grabaciones de comidas distendidas con la presentadora. En una de ellas participaban la periodista y su marido, el imputado Juan Muñoz Támara, con Villarejo y su mujer, Gemma Alcalá, también imputada en la causa del pequeño Nicolás y en Tándem. En otro de los almuerzos, a Villarejo y Ana Rosa les acompaña Eduardo Inda, que colabora en el programa de la periodista todas las semanas.

Intermedió para que Villarejo ayudara su marido

A finales de enero de 2017, la sospecha de Villarejo de que puede ser detenido se potencia tras revelar Público una grabación a su colega el comisario Enrique García Castaño en la que explica cómo Villarejo y algunos afines (el ex director adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, o Eduardo Inda y Manuel Cerdán) estaban amenazando al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Casa Real con desvelar los trapos sucios del rey emérito, Juan Carlos I, como finalmente ocurrió tras la detención de Villarejo.

El 26 de enero, el día de la revelación de Público, ratificada esa misma mañana por el exdirector de comunicación de la Casa Real Javier Ayuso en el programa Espejo Público de Antena 3 (a la sazón, competencia directa de El programa de AR), el comisario y su esposa, Gemma Alcalá, quedan a comer con Ana Rosa Quintana y su marido, el empresario Juan Muñoz Támara.

El trasfondo de esa comida era que el comisario, que llevaba meses, desde el verano de 2016, imputado en la causa del pequeño Nicolás, ayudara a solventar los problemas judiciales de Muñoz por un presunto delito de fraude fiscal.

Según un informe policial entregado hace apenas diez días al juzgado central 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la 'causa Tándem', Ana Rosa estaba presente y escuchó cuál era el método con el que Villarejo pensaba socorrer a su marido: chantajear al exjuez Francisco Javier de Urquía, que en aquel momento era abogado de un ex socio de los Muñoz Támara, con un vídeo comprometedor para el letrado. La grabación de dicho vídeo fue organizada por Villarejo a instancias de Monzer Al Kassar, traficante de armas y cliente de la red privada del policía, cuando Al Kassar fue acusado en la 'Operación Hidalgo', causa de la que De Urquía había sido previamente juez instructor.

A pesar de que el informe policial sobre estas comidas no adjunta la transcripción entera de la grabación, los fragmentos seleccionados revelan este alto grado de compadreo. Juan Muñoz Támara, con su mujer al lado, le empieza a contar a Villarejo de manera somera los problemas que tienen él y su hermano, Fernando Muñoz Támara, con Mateo Martín Navarro, un antiguo socio al que apodan 'el pintor'.
Informe Villarejo Ana Rosa
Extracto del informe policial sobre las comidas de Ana Rosa Quintana con el comisario José Villarejo.

Son casi ocho minutos de exposición, según los investigadores, en los que todos los comensales están atentos, hasta que Gemma Alcalá comienza a hablar con Ana Rosa Quintana de cuestiones cotidianas, aunque antes la mujer de Villarejo le pregunta a la presentadora: "¿Has sobrevivido a la mañana de hoy o qué?", en referencia presumiblemente a la información desvelada por Público y a la constatación de esta en Espejo Público, que tenía como protagonista a su amigo el comisario Villarejo.

A la par, el comisario empieza a reírse cuando se entera de que el abogado de Martín Navarro es el exjuez De Urquía. Y cuando Juan Muñoz Támara le transmite que tiene miedo, Villarejo no duda en responder: "Lo tenemos resuelto". Y especifica, delante de la presentadora y de su mujer, que "el abogado de este que era antes juez, le tengo yo pillado por los huevos (...) porque este era cocainómano y tengo una filmación de él y tal, en fin, tengo todo".
extracto comida Villarejo AR
Otro de los extractos del informe policial presentado en el juzgado el pasado 20 de abril.

De dichas conversaciones se extrae que Juan Muñoz Támara no quiere dejar a Ana Rosa Quintana fuera de los tratos con Villarejo. Al cerrar una nueva cita con el policía para la siguiente semana, le comenta a su mujer: "Si le puedo decir a Fernando que venga, Ana...". Y luego añade, en respuesta al policía: "No, que lo diga ella... que ella sabe mejor que yo dónde tengo las cosas".

Las reuniones con el matrimonio quedan reflejadas en la agenda de Villarejo y se suceden a lo largo de noviembre de 2016 y hasta al menos marzo de 2017. En junio de ese año el comisario es imputado en la causa de la doctora Pinto tras llevar investigado desde 2015 y en noviembre es finalmente detenido.

Agenda Villarejo AR
Extracto de la agenda del comisario Villarejo con las reuniones con Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz."Tengo buenas asesoras, como mi amiga Ana"

Al mes siguiente de la comida referida, el 17 de febrero, Villarejo vuelve a quedar con el marido de Ana Rosa y con su hermano, Fernando Muñoz Támara. Continúan perfilando cómo frenarán los pies a Martín Navarro ('el pintor') y su abogado, pero Villarejo también les expone sus problemas con la justicia y con la prensa -Público y El País-, como se puede escuchar a continuación:

-Villarejo: Lo que desconcierta a todos estos es que a mí la prensa me come la poxx, me toca las narices y como además tengo buenas asesoras, como mi buena amiga Ana, que me dice: "No se te ocurra conceder entrevistas a nadie". Digo, ya lo sé. Vamos, jamás de los jamases. Ahora, a mí me llaman todos los días cuatro o cinco...

-
Juan Muñoz Támara: ¿Ah, sí?

-V.: El Casimiro...

-J.M.T.: Tú ahora mismo tienes un...

-V.: Casimiro García Abadillo, el Pedro J...

Aunque meses después concedería una entrevista a Jordi Évole para La Sexta, en febrero Villarejo solo estaba dispuesto transitar la senda mediática de la mano de Quintana y de otro viejo amigo y colaborador (tertuliano) de la presentadora, Manuel Cerdán. Este ya era, además, el jefe de investigación de la web de Eduardo Inda. Como había adelantado Público ese enero de 2017, tras visitar a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein junto a su amigo el expresidente de la Telefónica, Juan Villalonga, Villarejo le entregó a Cerdán toda la documentación que la amante del rey le había dado, y este comenzó a publicarla finalmente en agosto de 2018 en la web de Inda, casi un año después de que su amigo policía entrara en prisión.

Cerdán es, además, padrino de bautizo de Daniel Montero Bejarano, tertuliano del programa de Ana Rosa y miembro del equipo de Nius, portal de noticias de Mediaset (dueña de Telecinco). Con anterioridad, Montero fue socio de la familia Villarejo en el lanzamiento del digital Información Sensible.

La conversación prosigue:

-V: Todo el mundo habla de mí, pero yo no he hablado. Una dice que soy muy malo, que la Corinna, su p*ta madre... pero yo no he dicho nada.

-J.M.T.: Oye, ¿y Manolo [por Manuel Cerdán]? ¿Está escribiendo Manolo?

-V.: Sí. Bien, bien... Manolo... ¿estáis haciendo algo, no?

-J.M.T.: Creemos que eso es...

-V: A Manolo sí se lo he dicho. Digo, "si vas de la mano de Ana Rosa pues cuenta conmigo". Pero es un proyecto...

-J.M.T.: Para madurar.

-V: A largo plazo, escribir un libro, un guión, una historia... Yo haciéndolo así y sabiendo que está Ana detrás, yo... Se lo he dicho a Manolo, le puse esa condición. Porque él me vino de la mano de los de Zeta y tal, me sentó con Asensio, con 'el Niño', que el padre habrá sido un tío de la hostia pero el niño es más tonto que un cipote vendado... Claro, ha heredado el tema, pero el niño es crudo que te cagas. Y, claro, vino de la mano de uno que yo le conozco desde hace 40 años, que está muy rugoso, que se llama Miguel Ángel Liso. Le llamo el rugoso... pero eso, vamos, el primer préstamo que lo avalaron lo avalé yo. Fíjate macho. Siendo yo madero y él periodista de Europa Press, fue a pedir un crédito de 100.000 pelas y no se lo daban, macho. Y viene llorándome y tal, y entonces yo, que era secretario general del sindicato y hablaba con los periodistas y tal, me vino el chaval llorando y le dije, "no te preocupes", y me fui con él al banco y le daría la pasta, porque lo peor es avalar a alguien.

"Conozco a Ana desde hace 40 años, no sé si le presenté yo a Alfonso..."

Al igual que el vínculo entre Villarejo y el exejecutivo de Zeta Miguel Ángel Liso (quien ha tenido que declarar junto al expresidente de la compañía, Antonio Asensio, en la pieza que investiga el robo del móvil a una asesora de Pablo Iglesias, cuya información se utilizó para la elaboración del ilegal Informe Pisa, que acabó publicado en la web de Eduardo Inda), la relación entre la presentadora y el policía se remonta a hace cuatro décadas, como explica Villarejo al marido de esta:

-J.M.T.: Ana ya sabes tú...

-V.: Algún día se cansará y se aburrirá... Como le divierte, es muy guerrera, muy guerrera...

-J.M.T.: Ha estallado dos o tres veces...

-V.: Yo a Ana la conocí hace ya 40 tacos.

-J.M.T.: Claro, con Alfonso [Rojo], conociste a Ana con Alfonso... con mi concuerno.

-V.: Yo creo que conocí antes a Ana...

-J.M.T: Alfonso os presentaría...

-V.: No sé si fue al revés, aunque siempre me dice que no sé qué... Yo creo que yo conocía a Ana antes, como periodista y tal, y luego no sé si les presenté yo, les presentaron, el caso es que... vamos, estábamos todos solteros, los tres... bueno, yo estaba casado, me casé en el 75 la primera vez.

Villarejo, accionista de 'Periodista Digital'

Tras cuatro décadas de estrecha amistad con la presentadora, que fue condecorada por la Policía en la época en la que era DAO el también imputado Eugenio Pino, en esta charla recordatorio con el marido de Ana Rosa Quintana el comisario Villarejo no se olvida del escándalo del plagio del libro que le escribió a su amiga el hermano de Alfonso Rojo:

-V.:
Con tu antecesor, Alfonsito, es que claro, es la poxx... le saca del mil marrones y a la primera de cambio el cabrón se quitó de en medio, pensando que es el más listo de España.

-J.M.T.: Me parece que él, Alfonsito, ha sido el que ha sacado ahora que si Vasile... ¿a qué viene esto ahora? Lo ha sacado él.

-V.: Ya porque... claro, tu parienta que ha sido súpergenerosa...

-J.M.T.: Antes tú lo has dicho. Tú tienes una persona a la que estás amamantando toda la vida, le quitas la teta y te cruje. ¡Pero si lleva toda la vida dándote el biberón...! ¿Te quita el biberón y la matas?

-V.: Así es. Pues yo a Alfonsito le he salvado... y me ha parecido un desagradecido y eso es fundamental. Es una de las cosas que mi viejo me inculcó... y le quitó porque empezó a darle por culo a Telecinco. Dice, claro, "tronco, deja de tocar los cojones".

-J.M.T.: En ese caso se quita él...

-V.:Pero él nunca lo reconoce. No te puedes imaginar, Juan, la putada que le hizo a tu parienta con el libro. Que yo cogí y me la llevé al huerto, para sacarlos a todos ellos del marrón en el que habían metido a la pobre Ana. Y ella me lo dice así en plan cachondo, "hijo p*ta, ahí me la clavaste". Es que mi amigo era Alfonsito, tú eras la mujer de mi amigo. Al final yo ahí puse paz más que decantarme. Pero como tenía toda la razón Ana, con que hubiera sido objetivo, estos hijos de p*ta se merecían colgarlos de los pulgares a todos.

-J.M.T.: ¿Pero nunca se resolvió aquello?

-V.: Más o menos. Eso fue una puñalada trapera del loco, tonto del David [Rojo], que es un cretino.

-J.M.T.: ¿El negro?

-V.: Sí, un relleno ahí absurdo que no había necesidad... Y muchas cosas. Cuando empiezan los malos modos a darme de hostias, el hijo p*ta se quita de en medio. Mi parienta dice: "Joder, he visto en una tertulia a Alfonsito, todo el mundo dándote y se ha callado como un p*ta. Le llamé y me dijo, "joder tronco, que tengo que vivir, me quitan la publicidad... Toda la p*ta vida que la he jugado, no sabes las cosas que he hecho, y las veces de déjame pelas para no se qué... Yo le pagué el 10% de 'Periodista Digital' cuando empezó y nunca me lo devolvió... Me parece que pusimos una p*ta mierda, no sé si pusimos cada uno 1 ó 2 millones de pelas, pero era una pasta de la época. Estamos hablando de hace 15 años y el 10%.


Alfonso Rojo
Alfonso Rojo, director de 'Periodista Digital' y primer marido de Ana Rosa Quintana.Dos comidas de Inda con Villarejo, en la 'causa Tándem'

La siguiente comida grabada por Villarejo es de julio de 2017. En esta ocasión, a la presentadora y el comisario les acompaña Eduardo Inda, también tertuliano habitual de El programa de AR. El tema de conversación es la venta de la participación de Ana Rosa Quintana a su socio Banijay, la matriz en España de las productoras Cuarzo, Magnolia y DLO Producciones.
Villarejo Ana Rosa inda
Comida mantenida entre Villarejo, Ana Rosa Quintana y Eduardo Inda, tres meses antes de la detención del policía.

La presentadora no está de acuerdo con el negocio, de hecho denunció a su ex socio tras la venta, y dada la confianza entre los comensales les comenta lo sorprendida que está de la actitud de Mediaset. Mientras el comisario jubilado se le ofrece como "asesor externo", ella se desahoga: "Pero, además, ¿qué ha hecho Paolo [Vasile, consejero delegado de Mediaset]? Paolo les ha renovado nada más que hasta diciembre que es cuando acaba".

Entonces Villarejo se pone a disposición de Quintana, mientras Inda ríe. "Oye, que si necesitas alguna cosa de los mamones esos (...) te habrá dicho Juan [Muñoz Támara, marido de Ana Rosa] que somos eficaces". Y, por si no ha quedado claro a qué métodos se refiere, reitera: "Aparte del tema jurídico, a lo mejor hay que ponerse un poco creativo para que la gente...". Ana Rosa le contesta, declinando la 'oferta': "No, no... yo creo que no".

Los métodos del comisario Villarejo no eran secretos, más bien lo contrario. En estas y otras grabaciones queda claro que eran bien conocidos por multitud de periodistas que, además, bien colaboraban con él silenciando las informaciones que le perjudicaban o publicando sus filtraciones, bien siendo cooperadores necesarios en sus tramas.


¡Vaya elementa! ¡Otra corrupta como el marido!

Por cierto, ¿Se comentará ésto en las tertulias el próximo lunes?

¡Que apostamos!
 
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No tendra nada que ver los leñazos de anachocha al gobierno con todo esta mierda? Osea que ella no les esta diciendo cuidado conmigo ya me podeis arreglar esto que tengo en los juzgados......ahora entiendo porque pese al descrédito como periodista mantiene al inda en la tertulia de su programa.....vaya tia sinvergüenza
 
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LAS CLOACAS DE INTERIOR'Operativo Plaza': Villarejo, ya jubilado, usó bases policiales para consumar la trampa contra el socio de los Muñoz Támara


'Público' ha tenido acceso a un nuevo informe policial que revela cómo una red de policías y detectives contratados por Villarejo intentaron obtener de manera ilícita información para extorsionar a un socio de Juan y Fernando Muñoz Támara y a su abogado, el ex juez De Urquía. Los empresarios Muñoz Támara, marido y cuñado de Ana Rosa Quintana, han sido llamados a declarar el día 18 ante Manuel García Castellón, instructor en la Audiencia Nacional de la macrocausa 'Tándem'.



Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, en una imagen de 2012 en la Plaza de Las Ventas de Madrid. EFE
Ana Rosa Quintana y su marido, Juan Muñoz, en una imagen de 2012 en la Plaza de Las Ventas de Madrid. EFE


MADRID

09/05/2020 00:08 ACTUALIZADO: 09/05/2020 00:47
PATRICIA LÓPEZ/ PILAR L. GONZÁLEZ DE LARA
@patricialopezl@minielgdl

La pieza Pintor sigue su curso en la Audiencia Nacional después de que la Policía presentara su último informe sobre cómo la presentadora Ana Rosa Quintana recomendó a su marido, el empresario Juan Muñoz Támara, que contratase los servicios del jubilado comisario José Manuel Villarejo para que se cerraran dos procedimientos abiertos . Uno de ellos, el caso Marchelo, es un caso urbanístico en Granada por el que los Muñoz llevan imputados 11 años, que discurría en paralelo al concurso y posterior quiebra de 70 millones en la promotora del polígono Marchalendin cuya tramitación urbanistica fue objeto del caso Marchelo. El juez Manuel García Castellón ha citado a declarar a ambos el próximo 18 de mayo para interrogarles sobre los últimos informes aportados por la Policía.

Como desvelamos en Público en exclusiva, los audios de las comidas mantenidas entre Villarejo y Juan y Fernando Muñoz Támara dejan claro que los hermanos eran plenamente conscientes de que lo que contrataban era una extorsión a su ex socio Mateo Martín Navarro, co acusado junto a los Muñoz en el procedimiento fiscal de Sevilla y también en otra causa de falsificación de pagarés en el pasado según comentan en la comida que en febrero de 2017 tienen con Villarejo, y al abogado de este, Francisco Javier de Urquía, que fue juez de la Operación Hidalgo en 2006 y que tuvo que retirarse de la causa por hacer favores a imputados y tras haber sido grabado junto a dos mujeres consumiendo estupefacientes.

A finales de abril, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía entregó al juzgado un informe con otras dos comidas que aportaban nuevas pruebas de este conocimiento del plan de actuación, que fue bautizado como Operativo Plaza por los agentes y que implica presuntamente los delitos de extorsión y de revelación de secretos. Este informe llega al juez tras la detención de otro policía en activo y de varios detectives que participaron en la segunda parte del plan de Villarejo.

La primera comida se celebró el 26 de enero de 2017 entre Ana Rosa Quintana y su marido, y Villarejo y su esposa, también imputada, Gemma Alcalá. El segundo almuerzo tuvo lugar el verano de ese mismo año, poco antes de que el comisario fuera detenido, y en el participaron Villarejo, la presentadora y su tertuliano, Eduardo Inda, como informó este medio hace una semana. El informe de Villarejo para los Muñoz Támara, al que bautizó Thew, se realizó entre esos dos encuentros.

De Al Kassar a los Muñoz Támara

Villarejo deja claro en esa comida de enero de 2017 que el empresario tiene el problema resuelto con su exsocio Mateo Martín Navarro, al que apodan 'el pintor' no por la profesión del mismo, sino probablemente porque el caso Marchelo se instruye en la calle Pintor Juan Ruiz de Granada, señalan algunas fuentes a Público. De hecho, especifica delante de la presentadora y de su mujer que "el abogado de este que era antes juez [Francisco Javier de Urquía], le tengo yo pillado por los huevos (...) porque este era cocainómano y tengo una filmación de él y tal, en fin, tengo todo", según la transcripción policial.

El vídeo al que hace referencia el comisario data del año 2006, cuando el ahora abogado Urquía reventó la Operación Hidalgo, en la que se desmanteló el despacho Cruz Conde, donde se creaban redes de blanqueo de capitales para traficantes de armas que oficios policiales vincularon al libanés Abboudi Kamel Abder Rahman El Assir (excuñado de Adnan Khashoggi y expadrastro del fallecido Dodi Al-Fayed) y para el narcobanquero José María Clemente Marcet, cliente y posible socio del comisario Villarejo. La Opinión de Málaga tituló una suculenta crónica sobre este caso como Los hidalgos, señores de Marbella, ya que en ella se encuentran los presuntos cabecillas del blanqueo de capitales y el narcotráfico internacional que habían aparecido en otras operaciones como Malaya o Ballena Blanca.

El primero por la izquierda es el catalán José María Clemente Marcet, condenado por narcotráfico y buscado por estafa; el cuarto, el comisario José Manuel Villarejo; le siguen los príncipes saudíes, Naef y Nawaf Bin Fawaz Al Chaalan; y a su lado, el aseso
El primero por la izquierda es el catalán José María Clemente Marcet, condenado por narcotráfico y buscado por estafa; el cuarto, el comisario José Manuel Villarejo; le siguen los príncipes saudíes, Naef y Nawaf Bin Fawaz Al Chaalan; y a su lado, el asesor fiscal vinculado a los papeles de Panamá, Joaquín Arespacochaga.

En concreto, ese vídeo que Villarejo ofertó a Juan Muñoz Támara fue encargado en 2006 por el traficante de armas Monzer Al Kassar para extorsionar al exjuez De Urquía, tal y como se desprende de algunas de las grabaciones encontradas al comisario, que recogen conversaciones de hace casi 15 años entre Villarejo y Manuel Cerdán, tertuliano de Ana Rosa Quintana y ahora empleado de Eduardo Inda, como la Policía hace constar en otro de sus informes.

Sin embargo, después de que Juan y Fernando Muñoz Támara visionaran el vídeo, el abogado de éstos, Ricardo Álvarez Ossorio, Villarejo y su socio, Rafael Redondo, deciden que la mercancía es demasiado antigua y que habría que hacer una nueva investigación y un nuevo vídeo.

[Ricardo Álvarez Ossorio es conocido como "el abogado del diablo" por defender mayoritariamente a narcotraficantes. En esta causa es defendido por el letrado Gonzalo Boye. Ambos abogados ejercen como defensores en la causa Ballena Blanca contra la mafia rusa].

Entre los meses de enero y mayo de 2017, cuando se lleva a cabo el 'proyecto Pintor' (Thew para Villarejo, Operativo Plaza para el policía y los detectives contratados por el comisario), la Audiencia Provincial de Granada tramitaba un segundo y último recurso por parte de los Muñoz Támara para lograr el archivo por prescripción del caso Marchelo, el problema gordo que sí tenían y que se instruía en el juzgado nº 2 de Santa Fe de Granada, en la calle Pintor Juan Ruiz.

El caso Marchelo, que también se abre en 2006 (año del encargo del vídeo de De Urquía), es un procedimiento penal en el que los Muñoz Támara llevan imputados 11 años por ciertas actuaciones urbanísticas que el primer magistrado del caso, Miguel Ángel Torres (más conocido como instructor de la Operación Malaya), describió en sus autos como de "ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa" o de "carácter incontrovertible y grosero".

Al caso se añadía un procedimiento mercantil, el concurso de 70 millones de euros de deuda y posterior quiebra de la promotora que levantaba el polígono Marchalhendín, uno de los desarrollos investigados en el caso Marchelo. En este polígono los Muñoz Támara participaban con doble sombrero: de un lado, como accionistas de referencia de la promotora que se había financiado con préstamos bancarios y adelantos de compradores de parcelas y, de otro, como los constructores principales (Tarje SL). Al momento del concurso (los préstamos acabaron en la Sareb), Tarje había cobrado prácticamente todo. El concurso se levantó con un convenio de acreedores sin quitas, que al poco no se cumple y se declara la quiebra. Varios de los particulares y empresas que perdieron las señalizaciones se agruparon para tratar de recuperar su dinero-

Policías y detectives trabajando para el falso CNI de Villarejo

Así, en marzo de 2017, el comisario activa su red de conocidos policías que hacen trabajos extras, y que además tienen relación con agencias de detectives. Es el caso de Juan Manuel González Escobar, policía de baja por enfermedad en ese momento, quien le encarga la investigación a la empresa de su pareja, Anónimo Detectives. Nuria Morales, su socia, el policía González Escobar y otros imputados en la causa montan una operación para seguir y hacer una nueva grabación a Mateo Martín Navarro y al exjuez De Urquía, que organizan a través del chat llamado Operativo Plaza.

Operativo Plaza Anan Rosa Villarejo
Extracto del informe de la Policía en el que se detalla el 'Operativo Plaza', contra el ex juez De Urquía y un socio del marido de Ana Rosa Quintana.

En su declaración policial tras su detención, las detectives Elisa Gabán y Nuria Morales han afirmado que creían estar haciendo un trabajo para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo evidentemente falso según las pruebas. Del encargo, del que se han encontrado los pagos a la agencia, estaban al tanto todos, desde el abogado de los Muñoz Támara y sus clientes, hasta Inda y Ana Rosa Quintana, según el comentario que Villarejo le hace a la presentadora en la comida de verano de 2017, recogido en uno de los informes entregados por la Policía.

El plato fuerte de la extorsión fue la colocación de una cámara espía en el baño del pub Living Room, al que asistía habitualmente el juez De Urquía, según las imágenes de la investigación tomadas por el policía y los detectives contratados.

Operación Plaza Urquía Villarejo
Imagen del nuevo vídeo que Villarejo y el marido de Ana Rosa Quintana intentaban grabarle al ex juez De Urquía.

Pero no era De Urquía el único objetivo. Al 'pintor', Mateo Martín Navarro, lo primero que le hicieron fue abrirle una investigación para la que se emplearon bases de datos a las que sólo tienen acceso Cuerpos de Seguridad del Estado.

'El pintor' tiene residencia en dos de las urbanizaciones más lujosas de Cádiz y Marbella, Sotogrande y Puente Romano. En Sotogrande tambien tienen casa Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz Támara; el abogado Álvarez Ossorio; el ex consejero delegado de OHL, Javier López Madrid; o el líder de la red Gürtel, Francisco Correa. Todos ellos, salvo la presentadora, están investigados o relacionados con algunas de las piezas de la causa Tándem por haber sido clientes de los comisarios Villarejo, Enrique García Castaño o Carlos Salamanca, entre otros.

En ese informe Operativo Plaza, al que ha tenido acceso Público, se deja escrito el acceso a bases policiales para un asunto estrictamente privado y cuando el comisario ya estaba jubilado. Estas son: la base SIDENPOL (Sistema de Denuncias Policiales), que recoge una de 2005 por "amenazas telefónicas a inmobiliaria" [sic], año en el que empiezan los problemas de los Muñoz Támara a raíz de un delito de fraude fiscal y del reconocimiento de la falsedad de las facturas por parte de su socio, 'el pintor'; la base de Control de Entradas y Salidas del Territorio Nacional, en la que consta un viaje de entrada en 2016 procedente de Nueva York; la de Control de Hospederías, con datos de 2011 a 2016; la de antecedentes; y la información sobre sus vehículos y teléfonos.
Operativo Plaza 3 Villarejo Bases de datos
El informe que hacen sobre el ex socio de los Muñoz Támara, Mateo Martín Navarro, evidencia el acceso a bases de datos policiales aunque era un trabajo privado, de un comisario jubilado.

El juez ha citado también a declarar al socio de Villarejo, Rafael Redondo, que estuvo presente en las negociaciones; al policía Escobar y a Elisa Gabán, socia de la agencia de detectives contratada.


En las tertulias televisivas ni mu ...Y nadie pregunta a la corrupta Quintana sobre sus asuntillos....
 
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LAS CLOACAS DE INTERIOR

Las cloacas que Marlaska no ha limpiado


Tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Interior afirman que ya no hay rastro de las cloacas. Sin embargo, al menos una decena de agentes relacionados con el clan de Villarejo y la 'brigada política' del Partido Popular continúan en activo dentro de la Policía sin que se les haya abierto expediente disciplinario o una información reservada, a pesar de que algunos están incluso imputados en causas judiciales.



José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe de la Policía, antes de su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre las cloacas de Interior. ULY MARTÍN / ATLAS
José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe de la Policía, antes de su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre las cloacas de Interior. ULY MARTÍN / ATLAS

MADRID

03/06/2020 23:14 ACTUALIZADO: 03/06/2020 23:42
PATRICIA LÓPEZ

@patricialopezl

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, repiten esporádicamente y a conveniencia que con la llegada de el PSOE a Moncloa, primero, y con el Gobierno de coalición, después, las cloacas de Interior han desaparecido y que de la "brigada patriótica" no hay rastro. Sin embargo, esta afirmación que este miércoles ambos repitieron en la sesión de control del Congreso de los Diputados no es del todo precisa.

En su comparecencia, Grande-Marlaska llegó incluso a hacerse un lío: no tenía muy claro si el último ministro de Interior del PP, Juan Ignacio Zoido, había cesado a alguien de las cloacas de Interior o si, por el contrario, les había ascendido; tampoco si el hecho de haber eliminado las direcciones adjuntas operativas de la Policía y Guardia Civil había sido una medida pro cloacas o anti. De la misma manera, no parecía estar al tanto de quiénes de ese entramado ocupan todavía puestos dentro de la Policía Nacional, a los que no se les ha abierto un expediente o información reservada dentro del cuerpo, aunque han tenido que ir a declarar a diferentes tribunales y en algunas causas, como Tándem, han quedado imputados.

A priori, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez no está utilizando a la Policía con el desparpajo corrupto que el Partido Popular, encargándole directamente investigaciones no oficiales contra los adversarios políticos o deshaciéndose de pruebas que le pudieran afectar en graves causas, como sí hizo el PP con Gürtel y los papeles de Bárcenas. Pero, de momento, la limpieza de Marlaska se está limitando a cambios de destino y a veces ni eso.

Una comisión judicial para evitar injerencias de Interior

Aunque la la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid solicitó a los investigadores la diligencia debida con sus superiores al tratarse de un sumario secreto, los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre despachan con sus superiores sobre los casos que tienen entre manos.


El caso del coronel Pérez de los Cobos y la presunta injerencia de Interior, incluido el mandamiento de discreción de la jueza Carmen Rodríguez Medel, es una anécdota al lado de lo que le sucedió en 2015 en la causa del pequeño Nicolás al juez Arturo Zamarriego, compañero de Rodríguez Medel en los juzgados de Plaza de Castilla: tras recibir dos visitas de mandos de la Policía enviados directamente por el entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, que le sugerían cambiar a los investigadores de Asuntos Internos que llevaban la causa por otros "que lo harían más rápido", tuvo que crear una comisión judicial que dependiera exclusivamente del juzgado, exponiendo literalmente en un auto la prohibición de trasladar ninguna información a sus superiores, desde el DAO hasta el propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. De hecho tuvo que avisar de que imputaría a la cúpula de Interior por obstrucción a la Justicia, porque no le remitían las pruebas que pedía.


Sin embargo, a diferencia de ahora, en aquel momento ningún político mencionó injerencias de Interior ni se preocupó por preguntar en el Congreso; en el PP lo tenían bien organizado y la consigna de la "guerra de comisarios" se extendió como la pólvora y surtió su efecto entre las filas de los populares, pero también entre las del PSOE y en algunas de Izquierda Unida, Podemos y los nacionalistas.

Los "guerrilleros" que quedan sueltos en Interior

Finalmente quedó demostrado que esa "guerra de comisarios" era más bien contra uno de ellos, Marcelino Martín-Blas, que se jubiló en la comisión judicial de Zamarriego porque nunca más volvió a la Policía. Al frente de la unidad de Asuntos Internos pusieron en su lugar a Franscico Migueláñez, quien en estos momentos lleva la investigación de la causa Tándem, aunque mantiene estrechos vínculos con la cloaca.


A Migueláñez lo sorprendieron llamando al comisario Enrique García Castaño antes de su detención y también unas semanas después de que este se presentara en Fiscalía Anticorrupción para informar de que ya sabía que le estaban investigando y que se ponía a su disposición. Los fiscales tuvieron que negarlo, porque lo habitual es intentar detener a los sospechosos con las manos en la masa y así hacer un buen registro. No pudo ocurrir con Castaño, al cual no se le encontró un solo folio ni una grabación de prueba en los registros de sus domicilios ni en los de su hija y su ex mujer. Todo limpio.


Los informes de la unidad dirigida por Migueláñez en la causa Tándem empiezan a resultar "preocupantes" a las acusaciones y a varias defensas por la cantidad de diálogos que se omiten en las transcripciones de las conversaciones, por ejemplo, por la baja calidad de algunos informes de delitos económicos o por información evidente que no cruza o incluye.

A su amigo García Castaño le había destituido Zoido después de que Público le grabase admitiendo el chantaje y la extorsión que José Manuel Villarejo, Eugenio Pino y los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán preparaban contra el CNI y la Casa Real. Pero no le abrieron expediente disciplinario ni información reservada; por contra, le mandaron como jefe de la zona sur de Madrid, donde se ha jubilado antes de que una sentencia le pueda arruinar la pensión.


En el lugar de García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (dependiente de la Comisaría General de Información) pusieron al comisario Mariano Hervás, quien en dicho puesto tenía acceso a aparatos de alta tecnología para realizar grabaciones y a poner balizas, entre otras cosas. Según varias fuentes, Hervás tenía capacidad para suministrar los aparatos con los que durante la etapa del PP se grabó al exministro Jorge Fernández Díaz en su despacho, a los agentes del CNI y a los de Asuntos Internos que llevaban el caso Nicolás, y a su propio jefe, el Comisario General de Información, Enrique Barón.


Pues bien, es precisamente Hervás es a quien el Gobierno de Pedro Sánchez le ha encomendado gestionar a la Policía de Madrid en esta crisis del coronavirus.

La Policía Nacional apela al civismo y solidaridad de los padres
El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González.
García Castaño es muy amigo de Migueláñez, pero también mantiene una relación cercana con el actual DAO, elegido por Grande-Marlaska, José Ángel González, alias Jota. De Jota será difícil olvidar aquel lapsus en una rueda de prensa del gabinete de crisis del coronavirus, con el que desveló que en la Policía hacía "tres meses que compramos mascarillas". El secretario de Estado de Comunicación le replicó: "Será tres semanas". Pero Jota aclaró sin dudarlo: "No, no, dos meses y medio o tres"... Quizá esta declaración del DAO de la Policía no fue la mejor ayuda que podía recibir el Gobierno en aquel momento.


Los hombres de Pino y Olivera


Entre los casos más relevantes de miembros de las cloacas que siguen acudiendo a la Policía sin que Grande-Marlaska ni su equipo hayan reparado, al menos aparentemente, está el ex jefe de gabinete de Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago, a quien todos los partidos con representación parlamentaria pudieron ver declarar en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre las cloacas de Interior.

Fuentes Gago, que recibió un destino dorado en La Haya junto a su mujer, no solo fue el autor del informe que daba por compatibles las actividades privada y policial de Villarejo; también se fue a Nueva York para conseguir testimonios contra Podemos para elaborar el Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sin que ningún juez se lo mandara. Luego volvió de Holanda y ocupa un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según las últimas noticias.

En el viaje a Nueva York estuvo acompañado de unos agentes de la UDEF que, como ha ido destapando Público en diferentes informaciones, son los que siempre utilizaba el comisario Villarejo para hacer los informes policiales que mezclaba con sus negocios, gracias a la colaboración de su amigo el comisario José Luis Olivera.

A quien sí cesó Grande Marlaska fue precisamente a Olivera, que pasó de ser el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) a pasear por el Consejo Asesor de la Policía como vocal. Lo que parecía ser un punto final en las cloacas se quedó así. Ahora Olivera es el Director de Seguridad y Crisis de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol.

Otro de los hombres fuertes de las cloacas, protegido de Olivera y compañero de Fuentes Gago, continúa ejerciendo de jefe de una comisaría de distrito madrileña. Se trata de Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal -estuvo con ella en Castilla-La Mancha y con Franscico Granados y Alfredo Prada en la Comunidad de Madrid-, que realizó varios informes en el caso de la doctora Elisa Pinto, entre otros, contra el investigador, el comisario Jaime Barrado.

El inspector jefe de Policía Nacional Andrés Gómez Gordo con María Dolores de Cospedal en su etapa en el Gobierno de Castilla-La Mancha. EFE/Archivo
El inspector jefe de Policía Nacional Andrés Gómez Gordo con María Dolores de Cospedal en su etapa en el Gobierno de Castilla-La Mancha. EFE/Archivo

Gómez Gordo llegó de Castilla-La Mancha con un destino peculiar: tenía un pie en la UDEF y otro en la Dirección Adjunta Operativa, donde realizó junto con Fuentes Gago el Informe PISA contra Pablo Iglesias. Gómez Gordo está imputado en la pieza Kitchen de la Audiencia Nacional por el espionaje a Bárcenas y el robo de documentación, pero tampoco se le ha abierto ningún expediente interno.


Del caso de la doctora Pinto también salen varios agentes que han sido puestos en entredicho por los propios jueces a causa de la discutible calidad de sus informes. Es el caso de Alberto Carba o de los agentes de la Unidad de Análisis Criminal que tacharon a la doctora de psicópata sin siquiera haberse entrevistado con ella.




Es lo que le dijo a Pablo Iglesias en su día


Marlaska: “No existen cloacas a día de hoy. Se han tomado medidas”

 
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Marlaska ha unido el Delcygate y el Marlaskagate. Blanes el de las 40 maletas de Delcy y Abalos, sustituye a Perez de Cobos. Marlaska el ministro de las cloacas
 
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Los Muñoz Támara admiten el encargo a Villarejo, pero excluyen a Ana Rosa Quintana como intermediaria

El marido y el cuñado de Ana Rosa Quintana, Juan y Fernando Muñoz Támara, declararon el jueves en la Audiencia Nacional por la pieza 'Pintor', que investiga si contrataron al comisario José Villarejo para extorsionar a un exsocio y a su abogado.

Ambos dejaron al margen del negocio a la presentadora, a pesar de las alusiones a su persona, de su presencia en reuniones y de mantener una amistad desde hace más de tres décadas con el policía encarcelado.




Primeras palabras de Ana Rosa Quintana tras la puesta en libertad de su marido
Ana Rosa Quintana, junto a su marido, Juan Muñoz Támara.


MADRID
05/06/2020 22:56
PATRICIA LÓPEZ

@patricialopezl

El primero en pasar este jueves ante el juez Manuel García Castellón fue Fernando Muñoz Támara, cuñado de la presentadora y amiga del comisario José Manuel Villarejo, Ana Rosa Quintana. Tenía que volver a dar explicaciones sobre cómo se fraguó un presunto negocio con el policía jubilado para extorsionar a un exsocio (y su abogado) con el que tenían diversos problemas judiciales. Esto es lo que se investiga en la Audiencia Nacional dentro de la causa Tándem como la pieza Pintor, que previsiblemente será juzgada en breve.

Fernando refutó en su declaración lo que figura en los audios encontrados en el registro de los inmuebles y las empresas de Villarejo cuando fue detenido a principios de noviembre de 2015. A él se lo presentó Juan Muñoz, marido de la presentadora. Tienen una primera comida introductoria y después varias reuniones, una de ellas incluso con un abogado, Ricardo Álvarez-Ossorio (conocido como "el abogado del diablo" por defender casi exclusivamente a narcotraficantes) que, como amigo y vecino de la lujosa urbanización de Sotogrande (Cádiz), les está echando una mano.

Y Fernando Muñoz Támara dijo la verdad. Porque él no estuvo presente en la comida que desveló Público y que celebraron el 26 de enero de 2017, en la que Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz se reúnen con el jubilado e imputado comisario José Villarejo y su mujer, Gemma Alcalá, acusada junto a él de grabar al CNI y a Asuntos Internos en la causa del pequeño Nicolás. En ese encuentro, citado en uno de los últimos informes de Asuntos Internos, Juan Muñoz le expone a Villarejo su problema y conciertan el siguiente encuentro con su hermano y socio, Fernando.

20.000 euros, el precio de amigo por un espionaje a un exjuez

El siguiente encuentro fue también una comida. En esta ocasión acuden los hermanos Muñoz Támara y Villarejo. En las más de dos horas y media que dura la reunión, además de abordar los problemas que tienen en los juzgados con el denominado El Pintor, un exsocio llamado Matías Navarro, hablan también de la influencia que Villarejo debería ejercer en el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de su también amiga y aparente cliente, la entonces ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.

La comida tuvo lugar el 15 de febrero de 2017, apenas dos semanas después de que entraran en contacto para hablar de las dos causas judiciales que acuciaban a su familia y también de los problemas que se le acumulaban al comisario; y la intención de los hermanos Muñoz Támara era que Villarejo utilizara sus influencias en favor de los hermanos. Hasta el punto que el comisario jubilado les dice: "El otro día, que hablé con María Dolores [Cospedal] y le dije 'hacer esto y tal y esto' y me dice 'que no, que es que le están diciendo que...'. Le está diciendo la gente que le dice lo que quiere oír. Yo, como no tengo ningún problema, siéntame con él, con el Zampa y le explico".

Tal es el interés que Juan Muñoz Támara tiene en que Villarejo utilice sus contactos en la Policía, que le responde al comisario: "Y que se están metiendo conmigo igual que contigo...", en alusión a las investigaciones abiertas contra ellos, como se puede escuchar a continuación.


Según declaró el jueves Fernando Muñoz Támara, "en la segunda reunión participamos Villarejo; su socio y abogado, Rafael Redondo; mi abogado, Álvarez-Ossorio; José Luis González; mi hermano y yo. Entonces Villarejo nos enseñó el primer vídeo".

Fernando se refiere al vídeo comprometedor contra el abogado del exsocio de los empresarios, el exjuez Francisco Javier de Urquía. La grabación de dicho vídeo fue organizada presuntamente por Villarejo a instancias de Monzer Al Kassar, traficante de armas y cliente de la red privada del policía, cuando Al Kassar fue acusado en la operación Hidalgo en 2006, causa de la que De Urquía había sido previamente juez instructor.

Sin embargo, como queda grabado, Ricardo Álvarez-Ossorio, como abogado-asesor de los Muñoz Támara y conocedor de esa causa y del exjuez De Urquía, asegura que ese vídeo, en el que supuestamente sale De Urquía con dos mujeres consumiendo cocaína, es material viejo. Por lo que les encargan actualizarlo.

Fernando prosigue su declaración, según fuentes presentes en la sala: "A la tercera reunión vamos solo mi hermano y yo con Redondo y nos enseña el segundo vídeo que le han hecho a [De] Urquía. Villarejo llega tarde a la reunión".
Operación Plaza Urquía Villarejo
Imagen del nuevo vídeo que Villarejo y el marido de Ana Rosa Quintana intentaban grabarle al exjuez De Urquía.

"La cuarta reunión es cuando Redondo nos da el informe definitivo y le pagué en mano los 20.000 euros a Redondo, al recibir el informe definitivo".

Para ese "informe definitivo", Villarejo contrató a un policía cuya novia tiene una agencia de detectives, y les hizo creer que estaban haciendo un trabajo para el CNI, según han declarado y explicó Público en la información 'Operativo Plaza': Villarejo, ya jubilado, usó bases policiales para consumar la trampa contra el socio de los Muñoz Támara.

Librar a un hermano

Después de Fernando declaró su hermano, Juan, el marido de la presentadora de las mañanas de Telecinco. Según fuentes presentes en la sala consultadas por Público, "está claro que la estrategia es común en la familia y en este caso Fernando fue a salvar a Juan, por los cambios de declaración y de actitud de este".

Juan Muñoz Támara reconoció ser él quien aparecía en los audios de las reuniones mantenidas con Villarejo (no podía eludir que era conocedor del plan de extorsión ni que se iba a pagar por ello). Excluyó a su mujer de sus relaciones con el comisario ahora en prisión y explicó que entró "en contacto con Villarejo a finales de 2016 por el problema que me comentó mi hermano que tenía". Pero rectificó su primera declaración, en la que afirmó que él había pagado a Villarejo. En esta nueva versión, fue su hermano quien pagó al socio del policía, Rafael Redondo.

Era más difícil negar que el informe tenía como fin violar la intimidad de su exsocio y del letrado De Urquía, pero Juan Muñoz niega saber que hubiera datos confidenciales, aunque reconoce que "Redondo nos enseñó en el ordenador documentos en Excel que incluían muchos datos, aunque lo hizo de manera rápida".

Admitió que, a pesar del "disparate ilegal" que les presentaba Villarejo, él mismo le llevó un pendrive con la grabación de una conversación privada entre su hermano Fernando y su exsocio Mateo Martín en marzo de 2017, en la que Mateo reconocía su culpabilidad.

Tampoco pudo mantenerse al margen de los encuentros en los que "Villarejo nos facilitó el primer vídeo, y el segundo, Redondo". Pero intentó mitigar la situación: "Tras ver el primer vídeo, decidimos que eso es un disparate ilegal, pero no denunciamos a Villarejo, ni rompimos el contrato, ni nada, quizás sobrepasados por la situación".

En un momento de su declaración, Juan Muñoz Támara manifestó a su señoría y a los fiscales estar "dispuesto a reparar el daño que puedo haber cometido". Consciente, probablemente, de que el arrepentimiento debe ser tenido en cuenta por el juez.


Las pruebas dicen que la esposa y cuñada estaba metida en el ajo como ellos. Es cuestión de honor intentar sacar del escándalo a la esposa y cuñada. Veremos lo que dicen los jueces de la corrupta.

El informe de la poli dice que era intermediaria.
 
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La policía política del PP se sienta en el banquillo

El comisario que el Gobierno de Rajoy puso a dirigir la Policía será juzgado por intentar alterar la investigación a los Pujol, un caso que condensa el 'modus operandi' de su brigada política. La Fiscalía pide absolver a Pino y a un colaborador
Cinco años de la primera noticia sobre la brigada política y la Operación Catalunya: balance de la última guerra sucia
Pedro Águeda


07/06/2020 - 21:01h
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón

La trama organizada en la Policía durante el último Gobierno del Partido Popular para atacar a la oposición se sienta por primera vez en el banquillo. El comisario que eligió aquel Ejecutivo para dirigir el Cuerpo, Eugenio Pino, y uno de los mandos que ocuparon la primera línea de la brigada política que éste organizó, Bonifacio Díez Sevillano, serán juzgados a partir del martes por haber intentado impulsar la causa judicial contra los Pujol con información presuntamente robada.

La maniobra fue descubierta y abortada por el propio juez del caso, José de la Mata, quien aisló la documentación contaminada del resto de la instrucción y denunció los hechos al juzgado competente. De este modo quedó abortada la estratagema, un compendio del ‘modus operandi’ en la guerra sucia sin muertos que albergó la cúpula de la Policía Nacional contra el proceso soberanista en Catalunya, primero, y para impedir la llegada de Podemos al Gobierno, después.





Tanto Pino como Díez Sevillano y el resto de primera línea de esa brigada política están imputados en otra causa por su tercera gran misión: abortar la investigación judicial de la caja B del Partido Popular mientras esta formación estaba en el Gobierno. Se trata de una pieza separada del caso Villarejo e indaga en el espionaje a Luis Bárcenas, sufragado con fondos reservados, después de que el extesorero confesara el sistema de financiación irregular instalado en Génova durante al menos veinte años. En el caso Villarejo también está imputado el que fue número dos de Interior Francisco Martínez y varios implicados ya han apuntado al expresidente Rajoy.

El denominado caso del pendrive de los Pujol se convierte en la primera actuación de la brigada política que llega a juicio, con una cuestión determinante: solo la defensa de Jordi Pujol Ferrusola y Podemos ejercen la acusación, particular y popular, respectivamente. La Fiscalía solicita la absolución de Pino y Díez Sevillano. Esta decisión fue adoptada por el Ministerio Público en junio de 2019 cuando estaba al frente de la Fiscalía General del Estado Maria José Segarra, nombrada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez. La representación de Jordi Pujol Ferrusola solicita dos años y seis meses de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de revelación de secretos. Podemos eleva su petición a más de once años de cárcel por ese mismo delito y por otros dos, falso testimonio y estafa procesal.

Como ya ocurriera en el caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas, Segarra permitió mantener el criterio adoptado por el Ministerio Público en la época del Partido Popular. Una de las consecuencias en el juicio por la destrucción de los discos duros fue que las fiscales se alinearon durante toda la vista con los intereses del acusado –era la primera vez que un partido político se sentaba en el banquillo– y protagonizaran momentos como el intento de acorralar a quien intervenía como perjudicado del borrado masivo de las memorias informáticas, Luis Bárcenas. El Partido Popular resultó finalmente absuelto.

El juez de la Mata aborta la maniobra

El 1 de abril de 2016, la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía entregó al juez del caso Pujol un informe en el que daba cuenta del hallazgo de nueva información relevante para la causa con la intención última de que el magistrado autorizara una operación policial con registros. Los policías dijeron al juez que la documentación procedía del registro de la agencia de detectives Método 3 y después defendieron que se trataba de “información de inteligencia” incorporada a bases de datos policiales. El juez De la Mata desconfió de inmediato y abrió una pieza separada donde incluyó la información del pendrive, aislándola del resto de la causa para que no la contaminara.

De la Mata empezó a indagar en el marco de esa pieza separada y pronto empezó a encontrar contradicciones entre los mandos policiales, con memorias informáticas que aparecían de repente en los cajones de la UDEF y falsedades evidentes en sus declaraciones ante el magistrado. El juez acabó purgando la información no sin antes dictar un auto en el que concluía: “Esta irregular búsqueda de atajos por parte de la superior autoridad policial, constitucional y éticamente inadmisibles, convirtió estos documentos y el informe policial que los analiza, en elementos de prueba ilícitos con potencial contaminante”. Además, el magistrado dedujo testimonio contra Pino y Díez Sevillano por falso testimonio, prevaricación y fraude procesal, lo que acabó derivando en la causa que será juzgada a partir del martes.

Todo en el episodio del pendrive de los Pujol condensa el proceder de aquella policía política. Sus maniobras extrajudiciales eran a menudo blanqueadas a través de la unidad que en realidad está destinada a investigar la corrupción, la UDEF, protagonista de exitosas operaciones en el pasado y que a día de hoy aún no se ha recuperado de la utilización partidista a la que fue sometida con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. El jefe de la UDEF ese momento, Manuel Vázquez, declarará como testigo en el juicio.

También prestará testimonio en la vista Marcelino Martín-Blas, imputado en el caso Villarejo por el espionaje a Bárcenas y jefe entonces de la Unidad de Asuntos Internos, la estructura que por su opacidad Pino utilizó para realizar el trabajo sobre el terreno de la Operación Catalunya. Aunque es previsible que el testimonio que provoque mayor expectación sea el que preste desde la cárcel de Estremera José Manuel Villarejo, también integrante de aquella brigada política. A la causa está incorporada una de las grabaciones del comisario en las que él mismo conduce la conversación y dice que dos detectives de Método 3 habían sido aleccionados por Pino para que dijeran que ellos son la fuente de la información de Pujol Ferrusola cuando en realidad procedía del Centro Nacional de Inteligencia.

Eugenio Pino, artífice de la brigada política, se jubiló en el verano de 2016 con la más alta condecoración que se puede recibir en vida. El otro acusado, el inspector jefe Díez Sevillano, fue su jefe de gabinete y en la actualidad desempeña un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El Ministerio del Interior cesó a Díez Sevillano en su destino de la Embajada de México, generosamente remunerado (alrededor de 11.000 euros brutos mensuales), al poco de llegar Fernando Grande-Marlaska al departamento, en el verano de 2018. Posteriormente, cuando fue imputado en el caso Villarejo, descartó retirarle del servicio activo tras su imputación del caso Villarejo, con el argumento de que la justicia terminaría revocando ese cese habida cuenta de la jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo.

Operación Catalunya, La Camarga y el caso Pujol

El caso Pujol es la única causa que ha prosperado judicialmente de aquellas en las que intervino la brigada política dentro de la Operación Catalunya. Está acreditado judicialmente que un abogado socio de Villarejo, imputado con él en la Audiencia Nacional, condujo y estuvo presente en la declaración de Victoria Álvarez contra su expareja, Jordi Pujol Ferrusola ante la UDEF. Por otra parte, la filtración de las cuentas de la familia en Andorra se produjo consecuencia del presunto chantaje que los acusados por el pendrive, Pino y Díez Sevillano, junto a Marcelino Martín-Blas y otro mando realizaron a los banqueros Cierco para que entregaran la información a cambio de evitar la intervención del banco, lo que finalmente ocurrió. Los cuatro policías son investigados por ello en un juzgado de Andorra. Esa causa es uno de los escenarios de la guerra entre comisarios y Villarejo ha declarado contra Martín-Blas en el marco de la misma.

Los comisarios y Pujol Ferrusola se vuelven a cruzar en otro episodio relevante en el caso del pendrive. La agencia de detectives Método 3 había sido objeto de un polémico registro, en pleno apogeo de la Operación Catalunya, por haber recibido el encargo de grabar una comida entre la entonces líder del Partido Popular en esa comunidad autónoma, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, la antigua amante de Jordi Pujol Ferrusola, en la que la primera intentó convencer a su interlocutora de que denunciara las presuntas corruptelas del hijo del expresident. Según fuentes policiales vinculadas a aquel operativo de urgencia, su objetivo último era encontrar información que pudiera afectar al ministro en poder de la agencia de detectives.

Después, la UDEF lo utilizó como coartada ante el juez De la Mata para asegurar que allí se había encontrado el pendrive, pero el magistrado de la Audiencia Nacional demostró que era falso. La información que se quería introducir en la causa era “toda la vida informática” de Pujol Ferrusola entre 1996 y 2002, según la describe su abogado, Cristóbal Martell, en el escrito de acusación.


¿¿¿¿El PXXE no ejerce ninguna acción?????
 

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