Las cloacas de Interior. Comisario Villarejo & Company. La corrupción en el poder.

Desde el mismo momento que salió Podemos, ya estaban gestionando la manera de hundirlo.
Para darse cuenta de esto,no hace falta ser muy listo.Lo han considerado desde el inicio un peligro para sus intereses.Las que hemos visto presencialmente el nacimiento de este partido de más de medio año de asambleas,hasta llegar definitivamente en aprobarse.Los que hemos visto la aportación de la gente a la campaña electoral para las europeas, donde la precariedad de los medios era patente,unos prestaban las furgonetas para que pudiera salir a otros pueblos y ciudades,otros la megafonía,recuerdo en un acto en Madrid, que pusieron unos enormes bafles,donde uno apenas sonaba y el otro soltaba chisporretazos:p:p.Fue la ilusión, el trabajo y esfuerzos de la gente lo que hizo que fuera un éxito.Esa misma policía política fue la que mandó a la cárcel al padre de Iglesias.Sabe la gente por que??.Por repartir folletos en la calle del Mundo Obrero.
Claro que aquellos que no les interesa conocer la verdad...... siempre difunden noticias falsas.
 
Un único policía ha sido apartado del servicio de los seis expedientados por el caso Villarejo

Vigilancia del poder

Las imputaciones motivaron la apertura inmediata de expedientes, pero el director de la Policía ha evitado aplicar la opción de suspensión cautelar que prevé la Ley

La Policía alega que el Supremo exige para la retirada del servicio que el juez imponga medidas cautelares “gravosas” y que la prohibición de salir del país no lo es

Los expedientados ocupan destinos lejos de los que tenían con la policía política y cobran íntegra su retribución por seguir en activo; la Ley no actúa contra jubilados

Pedro Águeda
08/04/2019 - 06:25h
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Foto de familia de la jura de la XVIII promoción de comisarios. Rodeado con un círculo Gómez Gordo, expedientado y en servicio activo. En el centro, el directo de la Policía, Francisco Pardo.

El grupo de policías que actuó contra Podemos se disolvió entre jubilaciones, peleas internas e imputaciones
Cinco agentes en activo y uno en segunda actividad han sido expedientados después de que la Audiencia Nacional comunicara a la Dirección General de la Policía su imputación en el caso Villarejo. De esos cinco mandos, solo uno ha visto cómo la apertura del expediente ha derivado en la suspensión inmediata de sus funciones. Los otros cuatro continúan acudiendo a trabajar a diario en puestos alejados de aquellos que les permitieron participar en las maniobras contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, entre los años 2012 y 2016.




La referencia que ha utilizado la Dirección General de la Policía para apartar del servicio son el tipo de medidas cautelares impuestas por el juez cuando han declarado como investigados. Aquellos a los que se les ha retirado el pasaporte, prohibido salir del país o impuesto comparecencias mensuales en el juzgado, quedan fuera de la suspensión por no ser medidas “suficientemente gravosas”, aseguran fuentes oficiales del Cuerpo. De acuerdo a esta interpretación de la Ley de Régimen Disciplinario, la imposición de comparecencias quincenales en el juzgado sí es motivo suficiente para que el agente no vuelva a trabajar hasta que se resuelva su expediente.

Esta aplicación del texto legal permite, por ejemplo, que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago acuda todos los días a la Jefatura Superior de Madrid, también después de que haya sido publicada la grabación en la que ofrece en abril de 2016 un acuerdo extrajudicial a un exministro de Hugo Chávez para perjudicar a Podemos. Como el resto de los expedientados no apartados, Fuentes Gago conserva su placa y su pistola.

Fuentes Gago fue cesado de su puesto anterior de libre designación, el de agregado de Interior en La Haya, por el actual equipo de Interior y enviado a las labores burocráticas que desempeña en la actualidad. El inspector jefe cobraba 10.000 brutos mensuales, una cifra muy similar al sueldo de su esposa, también policía e igualmente destinada en tiempos del PP en esa ciudad europea. Ella fue igualmente cesada. El mes pasado, el juez Manuel García Castellón interrogó a Fuentes Gago como investigado por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. La Dirección de la Policía le abrió expediente al ser informada, lo que no le ha impedido iniciar los trámites para optar al ascenso a comisario.

El artículo 65 de la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía establece, en su punto primero, que la suspensión provisional podrá acordarse por la incoación de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave o “como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal”.

Se trataría de una “medida cautelar” en el plano disciplinario cuya adopción, según el artículo 33 de esa Ley, corresponde acordar al director general de la Policía, Francisco Pardo. Las fuentes de la Dirección de la Policía consultadas alegan, sin embargo, que “jurisprudencia” del Tribunal Supremo obliga a que las medidas cautelares que conlleven la suspensión tengan una gravedad suficiente, como comparecencias quincenales, y que no sirven otras como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse en el juzgado todos los meses.

Todos los expedientes policiales abiertos raíz de una imputación se paralizan hasta que haya una sentencia firme. En el caso de que los agentes recurran hasta el Tribunal Supremo, el expediente administrativo puede estar detenido años. Los cambios en su situación penal, como ser condenados en primera instancia, pueden provocar que sean apartados del servicio si no lo habían sido antes.

El Régimen Disciplinario de la Policía responde a una Ley Orgánica aprobada en 2010, durante el mandato de Zapatero. Su última reforma, de 2015, es consecuencia de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y no afectó a las suspensiones provisionales. La principal consecuencia de no ser suspendido de funciones es que el policía sigue cobrando su sueldo íntegro. El punto 5 del artículo 65 establece que el funcionario suspendido “tendrá derecho a percibir el cien por cien de las retribuciones básicas”, en las que no entran los complementos.

El único imputado en el marco del caso Villarejo que ha sido suspendido provisionalmente es el comisario Carlos Salamanca y no está investigado en la pieza del espionaje a Bárcenas, en la que coinciden los principales protagonistas de la brigada política. Salamanca fue detenido el mismo día que José Manuel Villarejo, el 3 de noviembre de 2017, y enviado a prisión provisional por la jueza Carmen Lamela. Arrestado en su despacho de jefe de Seguridad Central de Fronteras, pasó en la cárcel más de diez meses. Una semana después de su detención fue dictada su suspensión de funciones.

Carlos Salamanca está acusado de recibir cohechos a cambio de introducir ilegalmente ciudadanos guineanos en España y de colaborar con Villarejo en el informe King, la pieza principal del caso sobre un dosier para una de las facciones del entorno del dictador guineano Obiang. El juez De Egea le rebajó a mediados de septiembre la fianza a 100.000 euros, lo que facilitó su libertad provisional. Y le impuso comparecencias quincenales en el juzgado, además de la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. Esa imposición de comparecencias quincenales hizo que no se levantara la decisión de retirada provisional del servicio.

Gómez Gordo, imputado y recién ascendido a comisario
La laxa normativa interna para la suspensión de funciones provoca también que otro de los imputados en el caso Villarejo y miembro de la brigada política, Andrés Gómez Gordo, haya estrenado ascenso y destino en las últimas semanas. Gómez Gordo, sospechoso de haber captado al topo de los Bárcenas, se encontraba en excedencia cuando contactó presuntamente con el chófer. Trabajaba como director de Análisis y Documentación de la Junta de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal, para la que actuaba como jefe de escolta, entre otros cometidos. Regresó a la Policía apenas un mes antes de que la exdirigente del PP perdiera el Gobierno autonómico y a los seis meses fue condecorado con una medalla pensionada.

Gómez Gordo volvió a la Policía con su rango de inspector jefe. Intentó ascender a comisario cuando ya había aflorado la actividad de la policía política y fue suspendido. Sin embargo, la inclusión de un miembro de la cúpula del Cuerpo en el tribunal de acceso le despejó el camino al ascenso. Juan Carlos Ortiz, máximo responsable de Información y de la Policía Judicial con el ministro Zoido, había sido jefe de la Policía en Castilla-La Mancha mientras Cospedal era presidenta y Gómez Gordo su asesor.

El cambio de Gobierno sorprendió a Andrés Gómez Gordo realizando ya el curso de comisario y el 20 de diciembre juró el cargo en un acto presidido por el director general. En el discurso central, Francisco Pardo dijo a los nuevos comisarios: "La Policía Nacional es sobre todo Ley. Para los ciudadanos representa la aplicación de la Ley, el cumplimiento de la Ley y el respeto a la Ley. Por tanto, reaccionad frente a los vicios y torpezas de unos cuantos para que sus acciones no empañen el nombre de nuestra institución". eldiario.es adelantó el 21 de febrero la imputación de Gómez Gordo por participar presuntamente en la operación "parapolicial" de espionaje a Bárcenas para beneficiar a "dirigentes del Partido Popular", según sospecha el juez.

'Boni': dos expedientes, al borde del banquillo y activo
Otro de los mandos beneficiados ha sido el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, 'Boni', integrante de la primera línea de la brigada política que se sentará en el banquillo junto al jefe de la misma, Eugenio Pino, por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. El juez dictó auto de pase a procedimiento abreviado contra ellos por los delitos de fraude procesal, revelación de secretos y falso testimonio. Ni el expediente que ha motivado ese procesamiento, ni su imputación por el espionaje a Bárcenas han motivado su suspensión cautelar de funciones.

El actual Ministerio del Interior cesó a Díez Sevillano de su puesto en la Embajada de México (11.000 euros brutos mensuales) el pasado diciembre. Sin embargo, el proceso de relevo se ha extendido durante meses y su declaración por el caso Villarejo en la Audiencia Nacional le sorprendió todavía con pasaporte diplomático. El hecho de que anduviera a caballo entre México y España llevó a la Fiscalía a evitar solicitar para él medidas cautelares. Sin medidas cautelares contra él, la Dirección de la Policía le ha mantenido en su nuevo destino en la Jefatura Superior de Madrid a pesar de los dos expedientes abiertos.

Igualmente imputado por el caso Villarejo está Sergio Ríos Esgueva, el exchófer de los Bárcenas que actuó como topo y que fue recompensado con fondos reservados y el ingreso en la Policía. Ríos Esgueva está destinado en la Brigada Móvil de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, considerado en el Cuerpo como un destino privilegiado. Y allí sigue después de su imputación el pasado mes de enero por robo, prevaricación y malversación de fondos públicos. El anterior juez del caso Villarejo, Diego de Egea, tan solo le impuso como medida cautelar la prohibición de salir del país.

El artículo 2 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía excluye a los agentes jubilados de su “ámbito de aplicación”, por lo que el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, el propio Villarejo, Marcelino Martín-Blas y Enrique García Castaño son algunos de los que no han recibido expedientes. Por el momento hay más de una docena de policías, en activo y jubilados, imputados en las distintas piezas del caso Villarejo.

El Régimen Disciplinario afecta, sin embargo, a los que se encuentren en segunda actividad sin destino, motivo por el que hay un sexto expediente, abierto contra el inspector jefe Antonio Bonilla, imputado en el caso Villarejo por la obtención y difusión de datos confidenciales. Bonilla trabaja fuera de la Policía.

https://www.eldiario.es/politica/policia-apartado-servicio-expedientados-Villarejo_0_886111734.html

Resumiendo: Marlaska no ha dicho toda la verdad o la desconoce que es todavía mas grave. No se han terminado las cloacas porque siguen algunos en sus puestos y cobrando, además de que alguno ha ascendido en el escalafón.

Toda una vergüenza, indignidad, infamia, etc etc.
 
Última edición:
El juez del caso Villarejo imputa al ex alto cargo de Moncloa Alberto Pozas en el caso del teléfono de la colaboradora de Iglesias


El exdirector de Interviú y ex director de Información Nacional de Moncloa había sido citado como testigo, pero su situación ha cambiado durante el interrogatorio

El magistrado García Castellón le ha citado para que acuda otro día junto a un abogado por un presunto delito de revelación de secretos

Villarejo declaró que fue Pozas, cuando dirigía la revista Interviú, quien le entregó un pendrive con la información del teléfono de la asesora de Iglesias

eldiario.es
08/04/2019 - 13:23h
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El periodista Alberto Pozas EFE

El director de Información Nacional en Moncloa, Alberto Pozas, dimite tras ser vinculado con el caso Villarejo
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha comunicado este lunes al periodista Alberto Pozas que pasa a estar investigado en la pieza número 10 del caso Villarejo, la que investiga la aparición de la tarjeta del teléfono de una colaboradora de Pablo Iglesias en el archivo del comisario encarcelado, han informado fuentes jurídicas.




Pozas, exdirector de Interviú y hasta el pasado viernes director de Información de Moncloa, había sido llamado a declarar como testigo este lunes, pero en un momento de la declaración el juez ha interrumpido su testimonio para comunicarle que cambiaba su situación y citarle en otro momento en compañía de un abogado. El delito que se le imputa a Pozas es el de revelación de secretos.

Tras su citación, Pozas dimitió como número dos de Comunicación en Moncloa. Villarejo había declarado al juez que Pozas, en su época como director de Interviú, le había entregado la tarjeta que guardaba en su archivo.

El nombre de Pozas ha aparecido vinculado a la investigación sobre el robo de datos del teléfono de una asesora de Pablo Iglesias en noviembre de 2015. Según declaró el excomisario Villarejo durante su última comparecencia en la Audiencia Nacional, el pendrive con el volcado del teléfono de la colaboradora de Podemos le había llegado directamente de Pozas, entonces director de la revista Interviú (Grupo Zeta).

Según la versión del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, esa información nunca se publicó y le fue entregada directamente a Pablo Iglesias. Asensio declaró como testigo y afirmó que le había transmitido al líder de Podemos que les había llegado esa información y que no iba a publicarse.

Villarejo no dijo qué había hecho con el contenido de la información que supuestamente le dio Pozas en un pendrive. Parte del contenido de aquel teléfono móvil salió a la luz en julio de 2016 en el digital OkDiario, que publicó los pantallazos de un chat entre miembros de Podemos en el que Iglesias se refería despectivamente a la presentadora de televisión Mariló Montero.

"Estoy siendo utilizado para atacar al Gobierno y al Presidente, y eso no lo puedo permitir. Encima, la situación me impide poder siquiera opinar sobre lo que está pasando", decía Pozas en un comunicado enviado en la tarde del viernes para anunciar su dimisión.

"Sin hacerme el interesante, he visto de todo, y en los últimos diez años, como director de Interviú, no os quiero ni contar. Aunque hubo muy poco tiempo para aceptar el puesto que me ofrecían, hicimos un breve repaso de las cosas pendientes que heredaba de la dirección de Interviú, y en ningún momento fui capaz de valorar que un asunto que en otras circunstancias podría ser menor, fuera a convertirse en una especie de bomba informativa en plena campaña electoral. Pensé que conocía la política, pero he aprendido una nueva lección: con las urnas cerca, hasta el arco iris puede verse en noche cerrada", expresaba Pozas en ese mensaje.

https://www.eldiario.es/politica/Alberto-Pozas-colaboradora-Pablo-Iglesias_0_886461654.html
 
IDOLO dijo:
El juez del caso Villarejo imputa al ex alto cargo de Moncloa Alberto Pozas en el caso del teléfono de la colaboradora de Iglesias


El exdirector de Interviú y ex director de Información Nacional de Moncloa había sido citado como testigo, pero su situación ha cambiado durante el interrogatorio

El magistrado García Castellón le ha citado para que acuda otro día junto a un abogado por un presunto delito de revelación de secretos

Villarejo declaró que fue Pozas, cuando dirigía la revista Interviú, quien le entregó un pendrive con la información del teléfono de la asesora de Iglesias

eldiario.es
08/04/2019 - 13:23h
Dimite-Moncloa-Villarejo-relaciono-Iglesias_EDIIMA20190405_0951_19.jpg

El periodista Alberto Pozas EFE

El director de Información Nacional en Moncloa, Alberto Pozas, dimite tras ser vinculado con el caso Villarejo
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha comunicado este lunes al periodista Alberto Pozas que pasa a estar investigado en la pieza número 10 del caso Villarejo, la que investiga la aparición de la tarjeta del teléfono de una colaboradora de Pablo Iglesias en el archivo del comisario encarcelado, han informado fuentes jurídicas.




Pozas, exdirector de Interviú y hasta el pasado viernes director de Información de Moncloa, había sido llamado a declarar como testigo este lunes, pero en un momento de la declaración el juez ha interrumpido su testimonio para comunicarle que cambiaba su situación y citarle en otro momento en compañía de un abogado. El delito que se le imputa a Pozas es el de revelación de secretos.

Tras su citación, Pozas dimitió como número dos de Comunicación en Moncloa. Villarejo había declarado al juez que Pozas, en su época como director de Interviú, le había entregado la tarjeta que guardaba en su archivo.

El nombre de Pozas ha aparecido vinculado a la investigación sobre el robo de datos del teléfono de una asesora de Pablo Iglesias en noviembre de 2015. Según declaró el excomisario Villarejo durante su última comparecencia en la Audiencia Nacional, el pendrive con el volcado del teléfono de la colaboradora de Podemos le había llegado directamente de Pozas, entonces director de la revista Interviú (Grupo Zeta).

Según la versión del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, esa información nunca se publicó y le fue entregada directamente a Pablo Iglesias. Asensio declaró como testigo y afirmó que le había transmitido al líder de Podemos que les había llegado esa información y que no iba a publicarse.

Villarejo no dijo qué había hecho con el contenido de la información que supuestamente le dio Pozas en un pendrive. Parte del contenido de aquel teléfono móvil salió a la luz en julio de 2016 en el digital OkDiario, que publicó los pantallazos de un chat entre miembros de Podemos en el que Iglesias se refería despectivamente a la presentadora de televisión Mariló Montero.

"Estoy siendo utilizado para atacar al Gobierno y al Presidente, y eso no lo puedo permitir. Encima, la situación me impide poder siquiera opinar sobre lo que está pasando", decía Pozas en un comunicado enviado en la tarde del viernes para anunciar su dimisión.

"Sin hacerme el interesante, he visto de todo, y en los últimos diez años, como director de Interviú, no os quiero ni contar. Aunque hubo muy poco tiempo para aceptar el puesto que me ofrecían, hicimos un breve repaso de las cosas pendientes que heredaba de la dirección de Interviú, y en ningún momento fui capaz de valorar que un asunto que en otras circunstancias podría ser menor, fuera a convertirse en una especie de bomba informativa en plena campaña electoral. Pensé que conocía la política, pero he aprendido una nueva lección: con las urnas cerca, hasta el arco iris puede verse en noche cerrada", expresaba Pozas en ese mensaje.

https://www.eldiario.es/politica/Alberto-Pozas-colaboradora-Pablo-Iglesias_0_886461654.html
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Pozas, lo de señor lo obvio, usted mejor que nadie sabe lo que es publicable y lo que no. El CP recoge el delito contra la intimidad y la propia imagen y usted debería saberlo.

Si llega a sus manos información sensible de alguien de su ámbito privado lo que debe hacer es entregarla a su propietario o ponerla en manos de la Justicia para que actúe.

Lo que nunca debe hacer es entregarla a un comisario que ya no está en activo, sino jubilado. ¿Para qué la entrega a esa persona? ¿Con que fin?

En vez de hacerse la víctima debiera reflexionar un poquito.
 
Los siete imputados de la brigada política fueron premiados durante el gobierno de Rajoy con una medalla pensionada

Vigilancia del poder

La Dirección de la Policía informó al Congreso de que la mayoría de ellos habían sido condecorados por su "meritoria trayectoria profesional"

La reforma frustrada para retirar las medallas a Billy el Niño hubiera servido para anular condecoraciones y asignaciones vitalicias a la policía política del PP

Seis de ellos recibieron una medalla roja con el 10% de aumento; el jefe de todos, Eugenio Pino, se jubiló con la más alta distinción y un 15% de incremento salarial

Los inspectores jefe Fuentes Gago y Díez Sevillano fueron además destinados a embajadas con sueldos brutos mensuales de más de 10.000 euros

Pedro Águeda
42 comentarios

08/04/2019 - 21:19h
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Rajoy sale de su declaración en el Supremo por el 1-O entre dos policías EFE

Un watergate que no tuvo consecuencias políticas: una brigada policial para perseguir a partidos y limpiar pruebas de corrupción
Los trabajos parapoliciales de los agentes que ocuparon la primera línea de la brigada política tuvieron recompensa económica. En los primeros cuatro años de Mariano Rajoy en el Gobierno, periodo en el que se efectuaron los principales encargos contra los independentistas catalanes y Podemos, seis de los siete imputados en la Audiencia Nacional fueron condecorados con una 'medalla roja', que supone una asignación mensual de por vida del 10% de su salario. Para el séptimo, Eugenio Pino, el jefe de todos ellos, Fernández Díaz reservó la más alta condecoración para un policía en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial que el director adjunto operativo recibió al jubilarse, con el aumento de un 15% vitalicio que conlleva.




Los siete inspectores jefes y comisarios están imputados en el marco de la pieza 7 del caso Villarejo, en la que se investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Dos de ellos, además, el jefe Pino y Bonifacio Díaz, se sentarán en el banquillo por intentar introducir información robada en el caso de los Pujol. Los nombres de la mayoría aparecen también vinculados a la Operación Catalunya o, como en el caso de José Ángel Fuentes Gago, a las maniobras policiales contra Podemos. Fuentes Gago es el policía que dice en abril de 2016, en una grabación publicada ahora por Moncloa.com, que tiene un "mandato" de Rajoy para ofrecer residencia y protección a un exministro chavista a cambio de información contra Pablo Iglesias y otros líderes del partido. El ofrecimiento fue una maniobra extrajudicial, pero sirvió para levantar acta de unas afirmaciones y que las publicara el diario Abc.

La concesión de medallas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está sometida a una ley franquista de 1964. Una Cruz al Mérito con Distintivo Rojo, la 'roja', está reservada a servicios en los que el policía ha puesto en riesgo su vida, según el texto legal. En la práctica se utiliza para reconocer relevantes intervenciones, aunque no haya habido riesgo físico, y también para recompensar lealtades o afinidades personales o políticas. La subida salarial de una medalla roja se suma a otra, es decir, tres medallas rojas suponen que un policía cobre un 30% de su salario extra. Las unidades de investigación y los puestos de dirección siempre han sido más proclives a recibirlas. Un policía de la calle solo puede aspirar a una si demuestra su pericia o valentía en una situación excepcional de riesgo.

La Dirección General de la Policía siempre ha negado a los medios de comunicación el motivo por el que se concede una medalla roja o de cualquier otro tipo. Ocurrió, por ejemplo, cuando eldiario.es desveló en 2015 que el comisario José Manuel Villarejo, entonces en activo, había sido recompensado por su participación en la Operación Catalunya. Sin embargo, la comisión de investigación del uso partidista de la Policía por el Gobierno del PP obligó a la Dirección General de la Policía a remitir un documento al Congreso que confirma la perversión del sistema de premios.

Uno de los casos más escandalosos es el del hoy comisario Andrés Gómez Gordo. El policía ha dejado en varias ocasiones el servicio activo para irse a trabajar con el PP. Gómez Gordo, al que la investigación sobre la Operación Kitchen sitúa como el captador del confidente en casa de los Bárcenas, regresó a la Policía con esa valiosa pieza en su poder. A los seis meses de reingresar fue recompensado con una 'roja' y la Policía alegó ante el Congreso que había premiado su "meritoria trayectoria profesional".

Lo decía de un policía que hacía años que no vestía el uniforme, mientras se embolsaba un sueldo de 6.000 euros mensuales como director de seguridad de un proyecto, la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que no llegó a arrancar. Se fue con una indemnización de 100.000 euros y pasó a ser asesor de Francisco Granados antes de convertirse en la sombra de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Hoy le defiende en la Audiencia Nacional uno de los abogados más caros de Madrid.

Las últimas revelaciones sobre el espionaje a Podemos con funcionarios y recursos públicos han provocado que la formación denuncie la situación de estos policías y pida la retirada de sus medallas. El Gobierno se enfrenta al mismo problema legal del que se percató después de que Pedro Sánchez prometiera retirar todas las condecoraciones al torturador Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño'. La Ley 5/1964 establece los requisitos para otorgar las medallas, pero no incluye un apartado con los motivos para retirarlas, explican desde Interior. Después de un intenso debate jurídico, el Ejecutivo socialista se planteó incluir una disposición adicional en la Ley de Memoria Histórica, que podría haber sido aplicada para todos los policías aludidos en esta información, pero la reforma no ha llegado a ser aprobada.

Estos son los policías imputados en la Audiencia Nacional a los que distintos sumarios y revelaciones periodística atribuyen un papel en la brigada política y la condecoración que recibieron durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

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Al patrimonio millonario del comisario, fruto de su investigada actividad empresarial, hay que sumar su pensión –se jubiló en agosto de 2016– con un 20% más de lo que le correspondería al haber sido condecorado en dos ocasiones con la medalla roja. Cada una de esas cruces corresponden a un gobierno de distinto signo. El del PSOE se la impuso en 2009, con Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior; y el del Partido Popular lo volvió a hacer en 2013. Con la primera, Villarejo estaba destinado en la Comisaría General de Policía Judicial, como agente liberado, y había suministrado información relevante en operaciones anticorrupción, según cuenta un superior suyo de la época. El motivo de su última medalla roja, ya adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, es su participación en la Operación Catalunya. La explicación oficial remitida al Congreso dice que ésta última condecoración se debió a su "meritoria trayectoria profesional".

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Por haber "sobresalido en el cumplimiento de los deberes de su cargo" y "haber protagonizado una actuación que ha redundado en el prestigio de la Corporación", el ministro Fernández Díaz otorgó al director adjunto operativo de su Policía la Medalla de Plata al Mérito Policial en junio de 2016, el mes de su jubilación. La actuación de la justicia dibuja un panorama diferente de la aportación de Pino a la imagen de la Policía. El comisario está pendiente de que se fije fecha para el juicio contra él por haber intentado introducir información robada de los Pujol en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. El comisario responderá por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y revelación de secretos. En la pieza 7 del caso Villarejo, la del espionaje a Bárcenas, Pino está imputado por malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada. La medalla le supone una paga de 3.725 euros al año que se deben sumar a las de otras condecoraciones.

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Se ha jubilado recientemente después de un periodo prolongado de baja por razones médicas. García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de seguimientos, escuchas y captación de fuentes, entre otros cometidos. Está imputado en dos piezas del caso Villarejo por haber suministrado presuntamente información confidencial con la que el comisario en prisión elaboraba dosieres que luego vendía. También es investigado por el espionaje a Bárcenas. Recibió una medalla roja –tiene varias– en 2013 por "detención miembros ETA", según la documentación remitida a la comisión de investigación. La unidad que dirigió durante más de dos décadas es clave en la lucha antiterrorista y presta servicio a grupos que investigan otros delitos especializados.

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Condecorado en 2013 con una medalla roja por su "meritoria trayectoria profesional". Desde principios de 2012 era jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, utilizada por Pino para trabajar sobre el terreno en la Operación Catalunya. Con Fernández Díaz se ampliaron irregularmente las funciones de la unidad destinada a investigar delitos cometidos por policías y se la implicó en encargos políticos, como rastrear información sobre presunta corrupción de líderes independentistas. Martín-Blas fue destituido como consecuencia de su enfrentamiento con José Manuel Villarejo y está jubilado. Recientemente ha sido imputado en la causa por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados.

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"No hay propuesta". Así consta en el apartado donde deberían justificarse los méritos para la medalla pensionada que recibió en 2014, en la documentación remitida al Congreso. El inspector jefe está de máxima actualidad tras la publicación de la grabación del encuentro mantenido con un exministro chavista en Nueva York en abril de 2016. Fuentes Gago dice que la oferta para que colabore es un "mandato" de Fernández Díaz y del mismo Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno.

Mano derecha de Eugenio Pino, el 10% de aumento con la medalla roja no fue la gratificación económica más importante que recibió Fuentes Gago. Antes de que Pino se jubilara fue enviado como agregado de Interior en La Haya para que coincidiera con su mujer, a la que el director adjunto operativo había destinado esa ciudad meses antes. Ambos estuvieron cobrando 10.000 euros brutos mensuales hasta que el actual equipo de Interior les cesó al poco de tomar posesión. Cuando viajó a Nueva York ya estaba destinado en La Haya y cobraba dietas por sus desplazamientos dentro de la brigada política. También está imputado por la Operación Kithchen.

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Con una trayectoria paralela a la de Fuentes Gago, este inspector jefe fue condecorado con la medalla roja en 2014. En su caso se justificó con "investigación tramas dedicadas a evadir dinero de Andorra". Díez Sevillano había sido agregado de Interior en la Embajada española en el país vecino. Según han denunciado los dueños de Banca Privada de Andorra, fue uno de los policías que participó en la campaña de amenazas en la primavera anterior a la condecoración para que los banqueros facilitaran los datos con las cuentas de los Pujol o la entidad sería intervenida. El inspector jefe Díez Sevillano se sentará en el banquillo junto a Eugenio Pino por el caso de los pendrive de los Pujol y está imputado por la Operación Kitchen. Después de ejercer como el jefe de gabinete de Pino fue enviado a la Embajada española en México con un sueldo bruto de 11.000 euros mensuales.

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La "meritoria carrera profesional" que alegó Interior ante la comisión de investigación al referirse a Gómez Gordo es digna de repaso. El recién ascendido a comisario -aprobó bajo el mandato de Zoido- se fue de la Policía para trabajar, por este orden, para Alfredo Prada, Francisco Granados y María Dolores de Cospedal. Regresó al Cuerpo apenas unas semanas antes de que ésta última perdiera el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pino le puso a dirigir las vigilancias de la UDEF aunque le tenía la mitad del tiempo en la Dirección Adjunta Operativa para participar directamente en los manejos de la brigada política. A los seis meses de regresar, fue premiado con una medalla roja.

Imputado en la Operación Kitchen, los investigadores creen que fue el policía que reclutó a Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, con el que había coincidido cuando ambos estaban al servicio de Granados en la Comunidad de Madrid. El objetivo era que el chófer vigilara a la familia y robara documentación susceptible de perjudicar a los dirigentes del Partido Popular. A Ríos le pagaron 48.000 euros de los fondos reservados e ingresó después a un destino privilegiado de la Policía con 42 años. El topo también está imputado en la pieza 7 del caso Villarejo.

https://www.eldiario.es/politica/imputados-politica-recibieron-pensionada-Rajoy_0_886111431.html

Y encima pensionados. ¿De verdad se han terminado las cloacas? ¿Pensionando a los que intervinieron?

Sr. Marlasca: Un poquito de seriedad y de respeto a los españoles por favor. ¡Que no todos somos tontos!
 
Podemos pide rastrear el móvil del espionaje a Iglesias desde el robo a la exclusiva de Inda


Dina Bousselham, propietaria del teléfono, y el líder de la formación morada han presentado dos escritos ante el juez de la Audiencia Nacional solicitando pruebas que aclaren el robo y el recorrido que hace el móvil hasta que se extrae la tarjeta, después de que el fin de semana requisara documentación en la redacción del tertuliano y ayer imputara al ex jefe de nacional del Gobierno, Alberto Pozas, porque su declaración, como la del dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio, no coincide con la de las víctimas, según ha sabido Público.



El excomisario José Manuel Villarejo | EFE

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MADRID
09/04/2019 08:01 Actualizado: 09/04/2019 08:01
PATRICIA LÓPEZ

@patricialopezl
Las declaraciones en la Audiencia Nacional son como un juego de trileros. ¿Dónde está la bolita? ¿Quién la trajo? ¿Quién se la llevó? En este caso la bolita sería la tarjeta del teléfono móvil robado a la colaboradora de Pablo Iglesias en noviembre de 2015, cuando el líder de Podemos era diputado del Parlamento Europeo. Los testimonios del presidente y dueño del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y de Alberto Pozas, ex director de la revista Interviú - una histórica cabecera finalmente cerrada por el editor catalán- y ex miembro del equipo de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, realizadas ayer y la pasada semana, difieren entre sí y también con las gestiones de los investigadores y los testimonios de las víctimas.

Sin embargo, desde que en enero de 2016 la primera versión del falso informe parapolicial PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) aludiera a las cuentas y pagos de este y otros cargos de la formación en Bruselas, para Podemos la verdadera bolita a buscar ha sido el recorrido del teléfono móvil desde su robo en noviembre de 2015 hasta que comienzan a aparecer las informaciones que intuyen pueden proceder del dispositivo. Este es el motivo de que la acusación particular de Iglesias y de Bousselham solicitaran ayer, antes incluso de que declarase Alberto Pozas, unas diligencias de investigación "científicas" para conocer el posicionamiento del teléfono antes de que la tarjeta empezara a pasar por las manos de los periodistas que presuntamente colaboran con el jubilado comisario José Manuel Villarejo.

Los mismos periodistas que en otras maniobras ilegales
"Cuando Inda publicó los mensajes privados, ya entrado 2016, fue la confirmación de que quizá el robo del teléfono no había sido casual y solicitamos al juzgado madrileño que llevaba el caso esta misma prueba. En su momento no nos la concedió. Esperamos que ahora la Audiencia Nacional, con todas estas pruebas que han encontrado en los registros de Villarejo, actúe en consecuencia y así frene todo este juego de trileros que nosotros ya hemos sufrido como acusación popular en causas como la del pequeño Nicolás. Ahí se pasan la grabación ilegal hecha al CNI y a Asuntos Internos desde Villarejo a las manos de muchos periodistas también involucrados en las informaciones falsas contra Pablo Iglesias", explican fuentes de Podemos.

El escrito solicita que "se libre oficio a la Unidad policial investigadora a fin de que averigüe mediante triangulación u otro sistema equivalente el posicionamiento del número de teléfono de la Sra. Dina Bousselham entre los días 1 de noviembre de 2015 y 21 de julio de 2016 (fechas entre el día del robo y la publicación en OKDIARIO del contenido del móvil), con el fin de averiguar cómo fue el traslado del mismo a las diversas personas que han tenido acceso a su contenido".

Bousselham no pidió "copia de la tarjeta SIM tras el hurto, pues mi representada utilizó a partir de entonces otro número de teléfono. Eso quiere decir que cualquier posicionamiento posterior al 01/11/2015 (Fecha del hurto) de dicho número y tarjeta SIM corresponde a los responsables del hurto y difusores de las conversaciones privadas y no a mi representada".

Tráfico de llamadas entre periodistas y policías
Basándose también en su experiencia como acusación popular en la causa del pequeño Nicolás, donde en dos meses se pudieron detectar más de 200 llamadas entre la cúpula policial y la periodistas anti-Podemos como Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Manuel Cerdán o Daniel Montero, la formación morada solicita al juez de la causa Tándem, Manuel García Castellón, "los contactos telefónicos habidos entre José Manuel Villarejo Pérez, Eduardo Inda, Eugenio Pino y José Ángel Fuentes Gago entre el 01/08/2015 y el 30/06/2016, detallando si la intensidad y frecuencia de dichos registros aumenta en los siguientes periodos: 01/01/2016 al 20/01/2016 (Intervalo de publicación de las noticias en OKDiario sobre el Informe PISA); 01/05/2016 al 15/06/2016 (Intervalo de publicación de las noticias en OKDiario sobre el falso pago en las Islas Granadinas); 01/07/2016 al 31/07/2016 (Intervalo de publicación de las noticias en OKDiario sobre los pantallazos del móvil de mis representada Dina Bousselham)".

Además, en otro escrito, piden amparo tanto Pablo Iglesias como Dina Bousselham para que no pueda publicarse información que provenga de un acto delictivo, a la vez que solicitan que se levante el secreto de sumario "para que nadie puede aprovecharse de esta situación con informaciones falsas, bien para perjudicar una investigación fundamental para la regeneración del Estado de Derecho más allá de ideologías, bien para alterar resultados electorales que es lo que se ha hecho en las últimas convocatorias utilizando en beneficio partidista las instituciones de los ciudadanos", explican las fuentes de Podemos consultadas.

https://www.publico.es/politica/pide-rastrear-movil-espionaje-iglesias-robo-exclusiva-inda.html
 
CLOACASEchenique destaca que el pirateo de la vigilancia del chalé de Iglesias y Montero ocurrió con Marlaska de ministro


El secretario de Organización de Podemos ha asegurado que desde la formación sabían el problema que había con la cámara de seguridad, y ha recalcado que es un hecho de "enorme gravedad".




El secretario de Organización y Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique. Ricardo Rubio / Europa Press

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MADRID
08/04/2019 13:39 Actualizado: 08/04/2019 13:39
EUROPA PRESS

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha señalado este lunes que en la formación morada conocían que se había pirateado la señal de la cámara de seguridad que vigilaba el exterior del chalé en Galapagar (Madrid) de Iglesias y Montero, y ha recalcado que es un hecho de "enorme gravedad" que evidencia que siguen existiendo las cloacas del Estado. Además, recuerda que ocurrió durante el mandato de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior.

En declaraciones a los medios tras la presentación del programa, Echenique ha indicado que ahora se deberá investigar el hecho y ha incidido en que evidencia que "mientras hay algunos que dicen que se han limpiado las cloacas del Estado" (por el Gobierno socialista) se ve que "hay policías que han participado en la trama, como Fuentes Gago, que "siguen cobrando sueldos públicos del Estado".



Echenique ha pedido que se investigue hasta el último extremo el pirateo
de la cámara
de seguridad
El secretario de Organización ha añadido que desconoce si hoy se ha producido alguna interlocución con Interior tras publicarse la noticia en El País, pero ha explicado que ya conocían el hecho en la formación con anterioridad y ha pedido que se investigue hasta el último extremo.

La Guardia Civil abrió una investigación el pasado mes de octubre tras denunciar Podemos que se había pirateado la señal de la cámara de seguridad que vigilaba el exterior del chalé en Galapagar (Madrid) de los líderes de esta formación, Pablo Iglesias e Irene Montero, según confirman a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.

Sobre la proyección de un vídeo sobre el histórico edificio de La Panadería de la Plaza Mayor de Madrid en el que se podían ver parte de los papeles de Bárcenas –acción llevada a cabo por Podemos–, Echenique ha señalado que ellos pidieron todos los permisos necesarios al Ayuntamiento.

"Decimos la verdad en medios, en entrevistas, en eventos y también la hemos proyectado en la pared de un edificio. Es importante que la gente no olvide lo que ocurrió en el país, y es que un partido condenado por corrupción estuvo gobernando en La Moncloa, parasitando las instituciones del país", ha comentado.

A esto, ha sumado que para evitar que esto vuelva a ocurrir, recordaban en el vídeo proyectado que la ciudadanía "no debe conformarse" con un gobierno de PSOE y Ciudadanos, "porque sería un gobierno de derechas". Además, ha reiterado que pidieron los permisos y ahora esperarán a lo que diga la Junta Electoral Central.

https://www.publico.es/politica/clo...igilancia-chale-iglesias-enorme-gravedad.html
 
IDOLO dijo:
Se me colaron los gatos...Perdón. Voy al grano del post.:smug: Los llevo a la gatera...:joyful:

Un watergate que no tuvo consecuencias políticas: una brigada policial para perseguir a partidos y limpiar pruebas de corrupción


Nadie asume responsabilidades por la policía política que operó durante el Gobierno de Rajoy para perseguir a rivales del PP y eliminar pruebas de su corrupción

El ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y el director de la Policía, Ignacio Cosidó, siguen en las instituciones

Diferentes sumarios concluyen que la policía de Rajoy fabricó informes contra rivales políticos e intentó robar a Bárcenas papeles comprometedores para el PP

Un dictamen del Congreso certificó el uso partidista del Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional imputó a toda la cúpula de la policía política

José Precedo
62 comentarios

06/04/2019 - 21:10h
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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón

Una unidad secreta de la Policía rastrea información comprometedora de políticos independentistas
"En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa). Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho".




No es una columna de un periódico, ni la intervención de un tertuliano en un programa de televisión. En esos dos párrafos está la conclusión que sacó el Congreso de los Diputados para cerrar la comisión que investigó "La utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandado del ministro Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos".

Cierto que el dictamen final no lo avaló ni el PP ni Ciudadanos. Cierto que a la comisión no comparecieron, gracias a la negativa del Partido Popular y también del PSOE, los comisarios que están en el centro de todas las sospechas y a los que hoy investigan varios tribunales que les atribuyen prácticas mafiosas desde sus despachos policiales. José Manuel Villarejo, el más famoso de todos ellos, sigue en prisión, imputado en la Audiencia Nacional por liderar una organización criminal que grabó durante años a políticos, empresarios y jueces para extorsionarlos, que realizó trabajos sucios para empresas del IBEX y que por el camino se hizo millonario y tuvo tiempo de montar su propio medio de comunicación al servicio de las cloacas. Villarejo está en la cárcel pero su catálogo de audios se distribuye por entregas en distintos medios de comunicación para advertir a los poderes fácticos que nadie estará a salvo mientras pese sobre el veterano comisario la amenaza de una condena y de muchos años de cárcel.

Tampoco fue al Congreso Marcelino Martín Blas, responsable de Asuntos Internos de la Policía, un departamento destinado a investigar prácticas irregulares dentro del cuerpo y que también se desvío hacia las actividades parapoliciales -incluidos los viajes a Catalunya para perseguir a dirigentes independentistas- hasta que cayó en desgracia, víctima de las propias guerras entre comisarios que se libraban en los despachos más de la Policía.

Pero en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados quedó escrito que en España y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy afloró una brigada política que, décadas después, volvió a perseguir partidos e ideas. Y que entre los perjudicados están Podemos, partidos independentistas y también el PSOE. El dictamen de la comisión añade que esos policías y los medios de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado se usaron además para destruir pruebas de la corrupción del PP, concretamente las que estaban en manos de su principal amenaza: Luis Bárcenas, el tesorero durante décadas que conocía los secretos más inconfesables del partido y a donde llevaba el rastro del dinero.

Una cúpula policial con el pasaporte retirado
Otro de los poderes del Estado, el Judicial mantiene imputada desde febrero a la que fue la cúpula de la policía durante el mandato de Mariano Rajoy, incluido el que fue Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, el hombre de quien dependían las más altas cuestiones de seguridad del país. Está imputado por cohecho, malversación, prevaricación, robo y allanamiento de morada. Tiene prohibida la salida de España y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le ha retirado el pasaporte.

Se salva de momento quien fue director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el dirigente al que Pablo Casado hizo portavoz del Senado tras el cambio de Gobierno. Los cargos que fueron nombrados para dirigir la política de seguridad del país están siendo investigados por otra misión de la policía política que se conoce en la Audiencia Nacional como Operación Kitchen. Consistió, según lo que ha trascendido del sumario, en comprar con fondos reservados -se sospecha que fueron 48.000 euros, 2000 al mes durante dos años- al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para que espiara a su familia y pudiera hacerse con información comprometedora para el PP. Los métodos son propios de una película de espías y en pago a sus servicios el conductor de la familia Bárcenas acabó en la policía con una plaza de funcionario. Las imágenes entrando y saliendo con casco en la Audiencia Nacional para evitar ser reconocido se han repetido durante los últimos meses. También él está acusado de graves delitos y tiene retirado el pasaporte. En la misma situación y por los mismos hechos está siendo investigado otro viejo conocido del PP, el policía Ándres Gómez Gordo, que cuando contactó con el chófer estaba a las órdenes de María Dolores de Cospedal como alto cargo del Gobierno de Castilla La Mancha.

El espionaje y robo de documentos a Bárcenas es el último capítulo de la policía política, que hecho andar en 2012 y tuvo entre sus primeros encargos atacar al independentismo en Cataluña. Ahí se ganó el apodo de policía patriótica. El fin de evitar el auge independentista se utilizó desde altos despachos policiales para buscar atajos contra algunos de sus dirigentes. Fue bautizada como Operación Cataluña. Efectivos de la unidad de Asuntos Internos, un equipo pensado para perseguir prácticas delictivas dentro del cuerpo, y de otro departamento creado ad hoc, Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, se dedicaron a hacer investigaciones prospectivas sin control judicial y a difundir dudosos informes que luego aparecían amplificados en algunos medios de comunicación.

Los mandos policiales se convirtieron en una factoría de noticias para desactivar el conflicto catalán, desprestigiando a sus líderes. En 2012 llegó un supuesto informe sin firmar pero con sello de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, un departamento que había ganado prestigio con las investigaciones del caso Gürtel y otras tramas de corrupción, apareció en el diario El Mundo con el siguiente titular: "La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU”. La información destacaba: "“Un informe de la Policía sostiene que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC a través de la trama del Palau se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes”. El jefe de la UDEF de entonces negó en sede judicial que ese documento saliese de su unidad.

Meses después el mismo diario publicó en portada que el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Trias, tenía una cuenta en Suiza de la que habría movido 12,9 millones de euros a otra entidad con sede en Andorra. Tanto el banco suizo como Trias desmintieron la información. El político catalán denunció a los periodistas autores de la información y de nuevo el responsable de la UDEF volvió a desvincularse del supuesto informe que citaba El Mundo.

Operaciones parecidas se llevaron a cabo usando como altavoces a otros medios de comunicación contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a medida que se iba acercando la consulta del 9 de noviembre de 2014.

El modus operandi lo reveló muy a su pesar el propio ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, cuando recibió en su despacho al director de la Oficina de Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que se presentó al ministro como un patriota dispuesto a sembrar dudas sobre distintos dirigentes independentistas. Los audios fueron difundidos por el diario Público.es y destapan un plan de ambos para presentar unos informes "endebles" sobre políticos de Convergencia y de ERC en la Fiscalía con el único propósito de que algunos medios pudieran hacer titulares sobre que la Fiscalía investigaba a dirigentes independentistas.

En esa charla, difundida a cuatro días de las elecciones de junio de 2016, Fernández Díaz se comprometía a hablar con la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, nombrada a propuesta del PP. "La fiscalía te lo afina", dijo entonces el ministro a su interlocutor.

Aquella revelación demostraba que el ministro, amigo personal de Rajoy, no solo estaba al tanto sino que planificó la guerra sucia contra el independentismo, pero no tuvo ninguna repercusión para Fernández Díaz, que continuó en funciones hasta que en noviembre de 2016 fue relevado por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

La fabricación de informes policiales se usó también contra Podemos, cuando el partido de Pablo Iglesias se convirtió a lo largo del año 2015 en un serio aspirante a llegar al Gobierno, según algunas encuestas que le daban la segunda posición en votos por detrás del Partido Popular.

Informes apócrifos contra Podemos
Fue entonces cuando se difundió el informe PISA, otro texto sin firma ni membrete sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que fue ofrecido desde las cloacas del Estado a distintos medios de comunicación. Llegó unos días antes de la Constitución de Las Cortes, tras los comicios diciembre de 2015, a la redacción de El Mundo, cuyo director entonces, David Jiménez, se negó a publicarlo. Lo ha explicado el propio Jiménez en una entrevista reciente a eldiario.es donde habla de un asunto que está en su libro, El Director, que ha editado Libros del K.O. "A mí se me ofrecieron dos informes de Podemos que uno lo veía y decía que esto no tiene seriedad, no tiene un sello, no tiene absolutamente nada", explica Jiménez, quien en el libro cuenta que unos días después los vio publicado en Ok Diario y El Confidencial. De la supuesta investigación policial nunca más se supo, pese a que las informaciones aludían a supuestos atestados de inteligencia, que no tenían ni sello ni firma.

Las maniobras contra Podemos por parte de la policía política no acabaron ahí. La Audiencia Nacional investiga ahora quién difundió información del móvil robado a una de las colaboradoras de Pablo Iglesias en noviembre de 2015 y del que se extrajeron conversaciones privadas del líder de Podemos hablando de azotar a la presentadora de televisión Mariló Montero que luego publicaron algunos medios. El mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga otras causas relacionadas con Villarejo -el contenido del terminal apareció en uno de los registros de las viviendas del comisario- envió este viernes, según adelantó eldiario.es, a agentes de policía a la redacción de Ok Diario, el medio que publicó los mensajes de Iglesias, para requisar copia de información el teléfono de la colaboradora del político y ordenó al periódico de Eduardo Inda que se abstenga de publicar ninguna otra información relacionada con el contenido del terminal robado.

El escándalo se ha cobrado una víctima en el equipo de colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alberto Pozas, director de la revista Interviú, que tuvo en su poder ese material procedente del móvil de la colaboradora de Iglesias pero que decidió no publicarlo, dimitió este viernes tras saber que deberá comparecer como testigo en la Audiencia Nacional, para que el asunto no salpique al Gobierno.

Es la primera dimisión que se ha cobrado la sucesión de escándalos de la policía política. La cúpula del Ministerio del Interior con Rajoy sigue en las instituciones. El exministro Jorge Fernández Díaz, al que Pablo Casado colocó en la dirección del PP, continúa como parlamentario en la Diputación Permanente del Congreso, igual que el que fue su número dos, Francisco Martínez. El que era director de la Policía, Ignacio Cosidó, continúa como senador.

Desde ese puesto envió a su grupo parlamentario un SMS en el que defendía la elección de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Dicho nombramiento se frustró precisamente cuando se conoció el contenido de esa comunicación de Cosidó en la que afirmaba que con Marchena al frente del órgano de gobierno de los jueces, el PP se aseguraba poder controlar "desde detrás" la Sala del Supremo que juzgará el procés.

https://www.eldiario.es/politica/wa...liticas-perseguir-corrupcion_0_885761537.html


#5 DONGUIDO | 06/04/2019 - 22:27h
Vamos a ser precisos. No ha tenido consecuencias de responsibilidad, ni política ni judicial para los que montaron tramas contra partidos políticos para debilitarlos. Tampoco ha tenido, por ahora y soy escéptico de que vaya a tenerlas, consecuencias penales para los los responsables: Gobierno del PP, Presidentes y directivos de grandes empresas, bancos y medios de comunicación, polícias y periodistas.
Pero ¡claro que tuvo consecuencias políticas! Alteró, por intoxicación del electorado, el resultado de unas elecciones y, por tanto, decidió quien iba a gobernar los próximos años. Tuvo más consecuencias políticas que la fallida intentona de Tejero. Porque aquél golpe no cambió el curso político y acabó gobernando el partido que votaron los electores libres de intoxicaciones.


#4 tecabluna | 06/04/2019 - 22:08h
¿Por qué Rajoy, Santamaría, Jorge Fdez Díaz, Fco. Martinez, Ignacio Cosidó, Eugenio Pino y un etc. de antidemócratas y traidores a la Constitución que han puesto en grave riesgo la democracía de España no están en cárcel preventiva?
Ésta felonía realizada desde el propio Estado, también recordemos los discursitos del "Pre-parao" Felipe VI y la sistémica vulneración de la Constitución española por parte de Rajoy ¿No merece un JUICIO en toda regla por la traición al Estado de Derecho?
¡Me rio yo de la consulta popular del 1-0/17 de los catalanes, en la que con ejemplaridad ciudadana, pidieron el derecho constitucional a decidir ! Ahora se comprende la antidemocrática, anticonstitucional y violenta reacción de la Policía enviada por el felón Rajoy, para masacrar al democrático pueblo catalán que sólo pedía un derecho constitucional.
Llibertat presos politics!
Visça Catalunya desde la España vaciada por un ex-Gobierno, el de Rajoy, qué reiteradamente incumplió obligaciones Constitucionales como Presidente y que además, para ocultar sus tramas criminales se refugió ante los ciudadanos utilizando la bandera, símbolo que ha denigrando y pisoteado cometiendo un crimen de Estado!
Y ¿ Por qué ahora tanto silencio y encubrimiento en el Gobierno del PSOE y tanta verborrea mediática con el paródico, esperpéntico y proceloso juicio a Catalunya?
Hacer clic para expandir...
Pienso que la polícia secreta,política del franquismo,no la desmantelaron en le transición.La democracia no se construye de un día para otro.no se acuesta alguien en una dictadura y al día siguiente se levanta demócrata.La influencia en la dictadura fue brutal.Tanto Alfonso Guerra como Felipe González fueron a campamentos de Falange,siempre queda en el subconsciente las huellas de lo vivido.Fue una transición apresurada y cosmética,de cara más bien a la opinión internacional.
Suele pasar que cuando los cambios necesarios no se hacen en profundidad....pasa como si una casa se limpia solo la parte donde las visitas pueden ver,mientras la suciedad queda tapada donde no la puedan ver. Actualmente sigue vigente los antiguos vicios y costumbres de aquel que dijo."queda todo atado y bien atado"
 
https://okdiario.com/espana/pablo-g...nuncias-pero-desistio-razones-intimas-3960622

Iglesias no presentó denuncia por el robo del móvil de Dina ni en 2016 ni en 2017 ni en 2018


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Pablo Iglesias. Foto: Europa Press.


Pablo Iglesias tuvo en tres ocasiones la oportunidad de denunciar a diferentes medios periodísticos por la publicación de contenidos de la tarjeta robada a su asesora del grupo parlamentario europeo, Dina Bousselham, pero desistió de ellos por razones personales, nunca políticas. El dirigente podemita sabía que el contenido afectaba más a su vida privada que a una persecución política sobre Podemos.

La tarjeta del teléfono de la joven marroquí contenía datos sobre Podemos, intercambios de chats de sus dirigentes y fotografías comprometedoras, pero carecía de valor policial para una investigación sobre la financiación de Podemos, como ahora viene denunciando Iglesias desde que la Audiencia Nacional le informó de su existencia entre el material incautado a Villarejo.

La primera vez que un medio publicó datos de su contenido fue El Confidencial en marzo de 2016, tras serle filtrado el pendrive por el comisario Villarejo, como ha reconocido ante el juez. Este diario publicó parte de contenido del pendrive los días 6, 9, 10 de marzo de 2016 y ni Pablo Iglesias ni Bousselham se quejaron ni ante la dirección del medio ni ante el Jugado de Guardia. Unos meses más tarde OKDIARIO reprodujo el contenido de unos chats de Iglesias y el secretario de Podemos tampoco presentó ninguna queja.


Robo por razones personales

Tampoco anunció ninguna denuncia cuando el presidente del Grupo Zeta le entregó la tarjeta del móvil de su compañera y constataba que se debía al robo de alguien próximo a su partido, no a espías de las “cloacas policiales”, como ahora pretende explotar políticamente en plena campaña electoral.

Podemos, acostumbrado a presentar demandas y querellas a los periodistas y a personarse en múltiples causas judiciales como acusación popular, en las que no existe ninguna justificación, sorprendentemente se abstuvo de presentar una denuncia por una supuesta vulneración de la intimidad. Tampoco el mismo Iglesias adoptó ninguna acción judicial para denunciar lo que ahora califica de espionaje político. Todo se debía, según declararon los filtradores de la tarjeta del móvil, a una venganza por un ataque de cuernos.



  • jarumo • hace 6 horas
    El bragueta inquieta este cualquier día prueba el feminismo que tanto le gusta, lo veo a EL volviendo a Vallecas mientras la portavoza se queda chalet, coche y una pensión, claro que ya sería exportavoza

    Gonzalez, A. • hace 5 horas
    Pero como experto en tergiversar lo que le interesa,va a sacar oro de este asunto,con la manía persecutoria que tiene.Ahora sólo falta que la Tania lo denuncie a él por "insinuar" que fue ella por el ataque de cuernos.¿Cloacas policiales? Nooo...alcantarillado pudremita!!!

    joseange • hace 2 horas
    Cualquier día el coletas dirá que la guardia civil estaba permenentemete vigilando su casa. Otra acción de las cloacas del estado

  • Fiuuu • hace 2 horas
    Antes se coge a un mentiroso...
 
Carmen Calvo es una sinvergüenzas,"gracias" a las cloacas en las anteriores elecciones el psoa no se pego la hostia que se esperaba y ahora gracias a PODEMOS es vice presidenta.Pero la "suerte" se acaba como todo en la vida y el psoa pasará a la historia como lo que son:corruptos,cloaquero y una manada de enchufados que no han pegado un sello en toda su vida.

 
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