Las cloacas de Interior. Comisario Villarejo & Company. La corrupción en el poder.

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CLOACAS DEL ESTADOSánchez asegura que los responsables de las cloacas "pagarán hasta las últimas consecuencias"


El presidente, no obstante, advierte de que en este momento no puede apartar de la Policía al inspector José Ángel Fuentes Gago porque, según ha recalcado, los supuestos responsables del espionaje son funcionarios, y hasta que no haya sentencia firme el Gobierno no puede actuar "en la medida en la que dice el señor Iglesias".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. /EFE

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MADRID
04/04/2019 22:38 Actualizado: 04/04/2019 22:47
EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este jueves al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que los responsables de las cloacas y de su espionaje"pagarán hasta las últimas consecuencias" por este delito.

Sánchez, no obstante, ha advertido de que en este momento no puede atender a la petición de apartar de la Policía al inspector José Ángel Fuentes Gago porque, según ha recalcado, los supuestos responsables del espionaje son funcionarios, y hasta que no haya sentencia firme el Gobierno no puede actuar "en la medida en la que dice el señor Iglesias".

En una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo ha añadido que el Gobierno defiende el "buen nombre" de las fuerzas y cuerpos de seguridad porque éste es el caso de un grupo "minoritario de policías corruptos".

Sánchez ha dicho entender la "indignación" de Iglesias por este "turbio y lamentable" caso, pero ha insistido en que tanto el líder de Podemos como el conjunto de la ciudadanía deben estar tranquilos porque los responsables pagarán por sus acciones "hasta las últimas consecuencias". En su opinión, este caso es "el último ejemplo de la corrupción" vivida en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy.

La corrupción, ha añadido, no es solo el enriquecimiento ilícito o la financiación irregular, también casos como este de "instrumentalización espuria de las instituciones públicas". El presidente ha asegurado que desde que está en La Moncloa "esa corrupción ha desaparecido del Gobierno y de las instituciones".

Además ha asegurado que lo que ha hecho su Ejecutivo ha sido "limpiar cualquier tipo de duda que existiera" sobre una "minoría de la Policía" que por una "decisión política" del anterior Gobierno ha sido "utilizada" para espiar a adversarios políticos y para obstruir la acción policial y judicial ante casos como el del extesorero del PP Luis Bárcenas o la trama Kitchen.

https://www.publico.es/politica/clo...es-cloacas-pagaran-ultimas-consecuencias.html

El tema Sr. Sanchez es que usted se ha comprometido a muchas cosas y no las ha sacado adelante. Por ejemplo lo de retirar la medalla pensionada a Billy el Niño y no lo ha hecho.

Su palabra no sirve de nada.

Vamos a ver...Imaginemos una situación parecida. Si resulta que un funcionario público de la docencia pública, es decir, un profesor con plaza de funcionario es acusado de abusos a sus alumnas-os ¿No se le puede retirar temporalmente de su puesto de trabajo aduciendo que hay que esperar a una sentencia firme?

De todas formas Pablo Iglesias tiene razón cuando los funcionarios responsables de las cloacas siguen en su puesto, es decir, SIGUEN LAS CLOACAS.

 

[Ouroboros]

 

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LAS CLOACAS DEL ESTADO
Tres candidatos para la 'X' de la 'policía política' del PP

• Como en toda organización, alguien tenía que dar las órdenes y ser informado de las actuaciones de la policía política. Pero aún no se sabe quién era esa persona, es una X que está por despejar
• Con los hechos que ya se conocen, los candidatos son sólo tres: el director adjunto operativo de la Policía entre 2012 y 2016, Eugenio Pino; el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz o el presidente Mariano Rajoy

https://www.infolibre.es/noticias/p...a_denominada_policia_politica_93688_1012.html

 

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CASO VILLAREJO

El juez envía a la policía a 'OK Diario' para reclamar los datos sobre Pablo Iglesias

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, envió anoche a la policía judicial al medio de comunicación para exigirle que no publique el material "robado" del teléfono de la colaboradora del líder de Podemos y reclamar que entregue el que disponga al respecto

Pablo Iglesias durante un acto de Podemos. / Ricardo Rubio (Europa Press)

Pablo Iglesias

• Caso Villarejo

• Cohecho

• José Villarejo

MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
Madrid
06/04/2019 - 12:25 h. CEST

Los agentes de la policía judicial entregaron anoche un oficio a los responsables del medio digital, por orden del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, mediante el que exigieron que se abstenga de publicar datos procedentes del teléfono móvil de Dina Bousselham, la colaboradora en el parlamento europeo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que guardaba en su dispositivo fotografías íntimas del político y conversaciones privadas.

La policía judicial les recordó que se trata de material robado, que afecta a la intimidad de terceras personas, en referencia a Iglesias, y que su difusión sería considerada delictiva. Así mismo, los agentes, por orden del juez, reclamaron a OK Diario la entrega de todo el material de que dispongan sobre este asunto.


Este portal publicó en 2016 el contenido de una conversación de Whatsapp de Iglesias sobre la comunicadora Mariló Montero, que supuestamente procedía de esos datos robados en poder de Villarejo.

https://cadenaser.com/ser/2019/04/06/tribunales/1554546306_822659.html

 

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Se me colaron los gatos...Perdón. Voy al grano del post. Los llevo a la gatera...

Un watergate que no tuvo consecuencias políticas: una brigada policial para perseguir a partidos y limpiar pruebas de corrupción


Nadie asume responsabilidades por la policía política que operó durante el Gobierno de Rajoy para perseguir a rivales del PP y eliminar pruebas de su corrupción

El ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y el director de la Policía, Ignacio Cosidó, siguen en las instituciones

Diferentes sumarios concluyen que la policía de Rajoy fabricó informes contra rivales políticos e intentó robar a Bárcenas papeles comprometedores para el PP

Un dictamen del Congreso certificó el uso partidista del Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional imputó a toda la cúpula de la policía política

José Precedo
62 comentarios

06/04/2019 - 21:10h

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aplaude al DAO de la Policía, Eugenio Pino, al recibir éste un premio de La Razón

Una unidad secreta de la Policía rastrea información comprometedora de políticos independentistas

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  • comisario Villarejo

"En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Gutiérrez, por orden del DAO Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: PSOE (como demuestra la creación y trabajos realizados por las BARC), el nacionalismo catalán (señor Trías) o Podemos (Informe Pisa). Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho".




No es una columna de un periódico, ni la intervención de un tertuliano en un programa de televisión. En esos dos párrafos está la conclusión que sacó el Congreso de los Diputados para cerrar la comisión que investigó "La utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandado del ministro Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con fines políticos".

Cierto que el dictamen final no lo avaló ni el PP ni Ciudadanos. Cierto que a la comisión no comparecieron, gracias a la negativa del Partido Popular y también del PSOE, los comisarios que están en el centro de todas las sospechas y a los que hoy investigan varios tribunales que les atribuyen prácticas mafiosas desde sus despachos policiales. José Manuel Villarejo, el más famoso de todos ellos, sigue en prisión, imputado en la Audiencia Nacional por liderar una organización criminal que grabó durante años a políticos, empresarios y jueces para extorsionarlos, que realizó trabajos sucios para empresas del IBEX y que por el camino se hizo millonario y tuvo tiempo de montar su propio medio de comunicación al servicio de las cloacas. Villarejo está en la cárcel pero su catálogo de audios se distribuye por entregas en distintos medios de comunicación para advertir a los poderes fácticos que nadie estará a salvo mientras pese sobre el veterano comisario la amenaza de una condena y de muchos años de cárcel.

Tampoco fue al Congreso Marcelino Martín Blas, responsable de Asuntos Internos de la Policía, un departamento destinado a investigar prácticas irregulares dentro del cuerpo y que también se desvío hacia las actividades parapoliciales -incluidos los viajes a Catalunya para perseguir a dirigentes independentistas- hasta que cayó en desgracia, víctima de las propias guerras entre comisarios que se libraban en los despachos más de la Policía.

Pero en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados quedó escrito que en España y bajo el Gobierno de Mariano Rajoy afloró una brigada política que, décadas después, volvió a perseguir partidos e ideas. Y que entre los perjudicados están Podemos, partidos independentistas y también el PSOE. El dictamen de la comisión añade que esos policías y los medios de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado se usaron además para destruir pruebas de la corrupción del PP, concretamente las que estaban en manos de su principal amenaza: Luis Bárcenas, el tesorero durante décadas que conocía los secretos más inconfesables del partido y a donde llevaba el rastro del dinero.

Una cúpula policial con el pasaporte retirado
Otro de los poderes del Estado, el Judicial mantiene imputada desde febrero a la que fue la cúpula de la policía durante el mandato de Mariano Rajoy, incluido el que fue Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, el hombre de quien dependían las más altas cuestiones de seguridad del país. Está imputado por cohecho, malversación, prevaricación, robo y allanamiento de morada. Tiene prohibida la salida de España y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le ha retirado el pasaporte.

Se salva de momento quien fue director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el dirigente al que Pablo Casado hizo portavoz del Senado tras el cambio de Gobierno. Los cargos que fueron nombrados para dirigir la política de seguridad del país están siendo investigados por otra misión de la policía política que se conoce en la Audiencia Nacional como Operación Kitchen. Consistió, según lo que ha trascendido del sumario, en comprar con fondos reservados -se sospecha que fueron 48.000 euros, 2000 al mes durante dos años- al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, para que espiara a su familia y pudiera hacerse con información comprometedora para el PP. Los métodos son propios de una película de espías y en pago a sus servicios el conductor de la familia Bárcenas acabó en la policía con una plaza de funcionario. Las imágenes entrando y saliendo con casco en la Audiencia Nacional para evitar ser reconocido se han repetido durante los últimos meses. También él está acusado de graves delitos y tiene retirado el pasaporte. En la misma situación y por los mismos hechos está siendo investigado otro viejo conocido del PP, el policía Ándres Gómez Gordo, que cuando contactó con el chófer estaba a las órdenes de María Dolores de Cospedal como alto cargo del Gobierno de Castilla La Mancha.

El espionaje y robo de documentos a Bárcenas es el último capítulo de la policía política, que hecho andar en 2012 y tuvo entre sus primeros encargos atacar al independentismo en Cataluña. Ahí se ganó el apodo de policía patriótica. El fin de evitar el auge independentista se utilizó desde altos despachos policiales para buscar atajos contra algunos de sus dirigentes. Fue bautizada como Operación Cataluña. Efectivos de la unidad de Asuntos Internos, un equipo pensado para perseguir prácticas delictivas dentro del cuerpo, y de otro departamento creado ad hoc, Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, se dedicaron a hacer investigaciones prospectivas sin control judicial y a difundir dudosos informes que luego aparecían amplificados en algunos medios de comunicación.

Los mandos policiales se convirtieron en una factoría de noticias para desactivar el conflicto catalán, desprestigiando a sus líderes. En 2012 llegó un supuesto informe sin firmar pero con sello de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, un departamento que había ganado prestigio con las investigaciones del caso Gürtel y otras tramas de corrupción, apareció en el diario El Mundo con el siguiente titular: "La Policía vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU”. La información destacaba: "“Un informe de la Policía sostiene que parte de las comisiones que las empresas pagaban a CDC a través de la trama del Palau se han desviado a cuentas personales de sus dirigentes”. El jefe de la UDEF de entonces negó en sede judicial que ese documento saliese de su unidad.

Meses después el mismo diario publicó en portada que el entonces alcalde de Barcelona, Jordi Trias, tenía una cuenta en Suiza de la que habría movido 12,9 millones de euros a otra entidad con sede en Andorra. Tanto el banco suizo como Trias desmintieron la información. El político catalán denunció a los periodistas autores de la información y de nuevo el responsable de la UDEF volvió a desvincularse del supuesto informe que citaba El Mundo.

Operaciones parecidas se llevaron a cabo usando como altavoces a otros medios de comunicación contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a medida que se iba acercando la consulta del 9 de noviembre de 2014.

El modus operandi lo reveló muy a su pesar el propio ministro del Interior de entonces, Jorge Fernández Díaz, cuando recibió en su despacho al director de la Oficina de Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que se presentó al ministro como un patriota dispuesto a sembrar dudas sobre distintos dirigentes independentistas. Los audios fueron difundidos por el diario Público.es y destapan un plan de ambos para presentar unos informes "endebles" sobre políticos de Convergencia y de ERC en la Fiscalía con el único propósito de que algunos medios pudieran hacer titulares sobre que la Fiscalía investigaba a dirigentes independentistas.

En esa charla, difundida a cuatro días de las elecciones de junio de 2016, Fernández Díaz se comprometía a hablar con la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, nombrada a propuesta del PP. "La fiscalía te lo afina", dijo entonces el ministro a su interlocutor.

Aquella revelación demostraba que el ministro, amigo personal de Rajoy, no solo estaba al tanto sino que planificó la guerra sucia contra el independentismo, pero no tuvo ninguna repercusión para Fernández Díaz, que continuó en funciones hasta que en noviembre de 2016 fue relevado por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

La fabricación de informes policiales se usó también contra Podemos, cuando el partido de Pablo Iglesias se convirtió a lo largo del año 2015 en un serio aspirante a llegar al Gobierno, según algunas encuestas que le daban la segunda posición en votos por detrás del Partido Popular.

Informes apócrifos contra Podemos
Fue entonces cuando se difundió el informe PISA, otro texto sin firma ni membrete sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que fue ofrecido desde las cloacas del Estado a distintos medios de comunicación. Llegó unos días antes de la Constitución de Las Cortes, tras los comicios diciembre de 2015, a la redacción de El Mundo, cuyo director entonces, David Jiménez, se negó a publicarlo. Lo ha explicado el propio Jiménez en una entrevista reciente a eldiario.es donde habla de un asunto que está en su libro, El Director, que ha editado Libros del K.O. "A mí se me ofrecieron dos informes de Podemos que uno lo veía y decía que esto no tiene seriedad, no tiene un sello, no tiene absolutamente nada", explica Jiménez, quien en el libro cuenta que unos días después los vio publicado en Ok Diario y El Confidencial. De la supuesta investigación policial nunca más se supo, pese a que las informaciones aludían a supuestos atestados de inteligencia, que no tenían ni sello ni firma.

Las maniobras contra Podemos por parte de la policía política no acabaron ahí. La Audiencia Nacional investiga ahora quién difundió información del móvil robado a una de las colaboradoras de Pablo Iglesias en noviembre de 2015 y del que se extrajeron conversaciones privadas del líder de Podemos hablando de azotar a la presentadora de televisión Mariló Montero que luego publicaron algunos medios. El mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga otras causas relacionadas con Villarejo -el contenido del terminal apareció en uno de los registros de las viviendas del comisario- envió este viernes, según adelantó eldiario.es, a agentes de policía a la redacción de Ok Diario, el medio que publicó los mensajes de Iglesias, para requisar copia de información el teléfono de la colaboradora del político y ordenó al periódico de Eduardo Inda que se abstenga de publicar ninguna otra información relacionada con el contenido del terminal robado.

El escándalo se ha cobrado una víctima en el equipo de colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Alberto Pozas, director de la revista Interviú, que tuvo en su poder ese material procedente del móvil de la colaboradora de Iglesias pero que decidió no publicarlo, dimitió este viernes tras saber que deberá comparecer como testigo en la Audiencia Nacional, para que el asunto no salpique al Gobierno.

Es la primera dimisión que se ha cobrado la sucesión de escándalos de la policía política. La cúpula del Ministerio del Interior con Rajoy sigue en las instituciones. El exministro Jorge Fernández Díaz, al que Pablo Casado colocó en la dirección del PP, continúa como parlamentario en la Diputación Permanente del Congreso, igual que el que fue su número dos, Francisco Martínez. El que era director de la Policía, Ignacio Cosidó, continúa como senador.

Desde ese puesto envió a su grupo parlamentario un SMS en el que defendía la elección de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Dicho nombramiento se frustró precisamente cuando se conoció el contenido de esa comunicación de Cosidó en la que afirmaba que con Marchena al frente del órgano de gobierno de los jueces, el PP se aseguraba poder controlar "desde detrás" la Sala del Supremo que juzgará el procés.

https://www.eldiario.es/politica/wa...liticas-perseguir-corrupcion_0_885761537.html


#5 DONGUIDO | 06/04/2019 - 22:27h
Vamos a ser precisos. No ha tenido consecuencias de responsibilidad, ni política ni judicial para los que montaron tramas contra partidos políticos para debilitarlos. Tampoco ha tenido, por ahora y soy escéptico de que vaya a tenerlas, consecuencias penales para los los responsables: Gobierno del PP, Presidentes y directivos de grandes empresas, bancos y medios de comunicación, polícias y periodistas.
Pero ¡claro que tuvo consecuencias políticas! Alteró, por intoxicación del electorado, el resultado de unas elecciones y, por tanto, decidió quien iba a gobernar los próximos años. Tuvo más consecuencias políticas que la fallida intentona de Tejero. Porque aquél golpe no cambió el curso político y acabó gobernando el partido que votaron los electores libres de intoxicaciones.


#4 tecabluna | 06/04/2019 - 22:08h
¿Por qué Rajoy, Santamaría, Jorge Fdez Díaz, Fco. Martinez, Ignacio Cosidó, Eugenio Pino y un etc. de antidemócratas y traidores a la Constitución que han puesto en grave riesgo la democracía de España no están en cárcel preventiva?
Ésta felonía realizada desde el propio Estado, también recordemos los discursitos del "Pre-parao" Felipe VI y la sistémica vulneración de la Constitución española por parte de Rajoy ¿No merece un JUICIO en toda regla por la traición al Estado de Derecho?
¡Me rio yo de la consulta popular del 1-0/17 de los catalanes, en la que con ejemplaridad ciudadana, pidieron el derecho constitucional a decidir ! Ahora se comprende la antidemocrática, anticonstitucional y violenta reacción de la Policía enviada por el felón Rajoy, para masacrar al democrático pueblo catalán que sólo pedía un derecho constitucional.
Llibertat presos politics!
Visça Catalunya desde la España vaciada por un ex-Gobierno, el de Rajoy, qué reiteradamente incumplió obligaciones Constitucionales como Presidente y que además, para ocultar sus tramas criminales se refugió ante los ciudadanos utilizando la bandera, símbolo que ha denigrando y pisoteado cometiendo un crimen de Estado!
Y ¿ Por qué ahora tanto silencio y encubrimiento en el Gobierno del PSOE y tanta verborrea mediática con el paródico, esperpéntico y proceloso juicio a Catalunya?

 

[miraclor78]

Todavía no hay más nadie en el la cárcel (como decían por las redes sociales)

La Policía atribuyó al régimen de Chávez la fundación de Podemos
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Interior utilizó a la UDEF en el intento fallido de judicializar la investigación

Notas informativas sobre Podemos que se elaboraron desde la Policía a las que ha tenido acceso La Vanguardia (La Vanguardia)
CARLOTA GUINDAL, MADRID
07/04/2019 01:33Actualizado a07/04/2019 11:05


Los intentos de la policía patriótica por desacreditar a Podemosdesde poco después de su fundación en el 2014 llegó al límite de vincular su financiación con el narcotráfico, las FARC y Hizbulah e incluso señalar al expresidente de Venezuela Hugo Chávez como el auténtico creador de la formación.

La Vanguardia ha tenido acceso a las diversas notas informativas que desde la Policía se fueron elaborando para investigar a la formación de Pablo Iglesias y que nunca se llegaron a judicializar ante la falta de credibilidad que ofrecían. Estos documentos se inician tan sólo dos meses después de la fundación del partido y continúan a lo largo de dos años. Se trata de notas con testimonios de personas supuestamente conocedoras de la financiación ilegal del partido por parte del régimen de Chávez.

De hecho, en una de las notas, un testigo de este grupúsculo de la Policía, al que interrogan en varias ocasiones entre el 2014 y el 2016, y que sólo identifican con dos iniciales, llega a decir que Podemos no sólo fue financiado por el régimen bolivariano, sino que este es su fundador real. Según el último testi-monio, al que estos policías le dan credibilidad alta, “Podemos no es un partido que se haya creado hace unos años. Es un partido que se viene gestando desde hace mucho tiempo, con una infraestructura muy organizada y con la ayuda de grandes técnicos bolivarianos que tienen planeado hasta el más pequeño detalle. Nació en la operación denominada Caribe”.

Notas informativas sobre Podemos que se elaboraron desde la Policía a las que ha tenido acceso La Vanguardia (La Vanguardia)
Este testigo, opositor al régimen venezolano y vinculado a medios de comunicación, llega a hablar de una segunda generación de Podemos “por si la primera falla”. La denominada policía patriótica llegó a elaborar un informe vinculando al partido de Iglesias con el narcotráfico en base, entre otros datos, a la información ofrecida por este testigo.

Los investigadores dieron por razonable la versión de que las personas clave para esta financiación son los agregados de Venezuela y de otros países, como Nicaragua, en España. Uno de ellos pertenecería al cártel de los Soles y “tiene muy buenas relaciones con empresarios gallegos que están viajando a Venezuela frecuentemente y que pudiera estar relacionado con la droga que entra a través de Galicia”, afirmó el testigo.

“Dice que próximamente habrá una reunión de embajadores para tratar el tema del dinero, ya que llevan cuatro meses sin ingresar ninguna cantidad. Los ingresos se realizan a través de valija diplomática o a través de empresas españolas afines al movimiento político Podemos”, recogía la nota policial de febrero del 2016.

El comisario Pino ordenó las pesquisas, pero la Fiscalía se negó a abrir diligencias

De hecho, los encargados de la investigación a Podemos elaboraron un informe, de fecha diciembre del 2015, de personas vinculadas a Hugo Chávez y Nicolás Maduro que habían colaborado con el régimen de Irán, algunas residentes en España. Así, hablan del cártel de los Soles o del cártel de los Flores, con vinculaciones con Hizbulah, e incluso relacionan a la mujer del presidente Maduro como parte de su brazo jurídico. En relación con las conexiones con la corrupción, la Policía recoge el entramado de la petrolera venezolana PDVSA.

Según ha podido confirmar este diario a través de diversas fuentes, la investigación fue ordenada por el director adjunto operativo de entonces, Eugenio Pino, el hombre del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en la Policía, y el creador e ideólogo de la conocida como policía patriótica, un pequeño grupo que se dedicó a realizar trabajos parapoliciales –sobre todo para desacreditar a líderes independentistas catalanes– y que ha empañado gran parte del trabajo de la Policía en los últimos años. Este equipo ha quedado desmantelado y la mayoría de su miembros están imputados en diversos procesos judiciales.

Extracto de la documentación elaborada por la Policía que nunca llegó a judicializarse (La Vanguardia)
Para intentar blanquear la información e iniciar una investigación judicial, Pino instrumentalizó a la antigua unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, a través de su entonces jefe Manuel Vázquez, alias Fiti –ya fuera de la unidad–, para dar una imagen de credibilidad. Según diversas fuentes conocedoras de los hechos, fue este comisario quien acudió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el 2016, para intentar convencerles de que se iniciara una investigación contra Podemos.

La Fiscalía, que entonces dirigía Javier Zaragoza, primero pidió que fuera una unidad judicial la que presentara la información, con la oficialidad obligatoria. Tras revisar la documentación, el ministerio público se negó a abrir diligencias de investigación por falta de credibilidad y falta de competencia.

El siguiente paso que se dio fue hacer llegar a Manos Limpias el conocido informe Pisa, sobre esta presunta financiación irregular. Este sindicato presentó una querella contra Iglesias en el Supremo y, antes de que se decidiera sobre su admisión a trámite, Fiti visitó a varios magistrados del alto tribunal para explicar las bondades del documento. Los magistrados no sólo no le atendieron, sino que la querella fue rechazada.

Villarejo tuvo en su poder información para desacreditar a Iglesias

Tras estos intentos fallidos por judicializar el asunto, comenzaron las filtraciones a la prensa, y recientemente se ha destapado que el excomisario encarcelado José Manuel Villarejo, vinculado a las cloacas del Estado, tuvo en su poder información para desacreditar al líder de Podemos y que ahora investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.