La transparencia en Casa Real

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Sin transparencia no puede subsistir la monarquía. Así lo han entendido las Casas Reales europeas, y se han ido adaptando a la rendición de cuentas con toda clase de detalles. Por ejemplo, la Reina Isabel II desde la reforma que el Parlamento británico aprobó en 2011, detalla todos los gastos realizados: hasta lo que se gasta en whisky en el Palacio de Buckingham. Igualmente, la Casa Real noruega, que entrega su contabilidad auditada al Registro Mercantil, al Tribunal de Cuentas y al Parlamento con la máxima concreción. Y la Familia Real sueca se somete a las mismas normas impositivas y de control que el resto de la ciudadanía.

Un sistema democrático no se concibe si no está abierto a la ciudadanía y somos iguales ante la ley. Cuanto más tardemos en España en adaptar la Casa Real a las normas de transparencia, ética e integridad de los cargos públicos, más costoso será asumir que este sistema es el más beneficioso para el país. Porque ya no se soporta la opacidad, y especialmente la de los que por su condición y cargo tienen que dar ejemplo. Antes que la ciudadanía cansada se plante y diga ¡basta! sería imprescindible que las normas de transparencia se hicieran iguales para todos.

Unos ejemplos nos pueden aclarar lo absurdo de la opacidad de la Monarquía española. Un ciudadano preguntó lo que había costado la impresión de la moneda con la imagen de Felipe VI, y la Casa de la Moneda le respondió que “no podía responder porque podía infringir un perjuicio a los intereses económicos y comerciales”. Otro ciudadano, preguntó a cuánto ascendía el gasto anual en seguridad de los reyes Felipe VI y Letizia, y se le negó la información porque podría poner en riesgo a las personas protegidas. A otro que preguntó por el gasto en la Zarzuela en agua, luz y calefacción, le dijeron que lo preguntara a la Presidencia del Gobierno. Y cuando unos universitarios pidieron para un trabajo de clase que el Ministerio de Defensa les dijera lo que habían destinado para el mantenimiento de la Casa Real entre 2010 y 2015, les respondieron que no podían decirlo por razones de seguridad. Y podríamos seguir citando preguntas sin respuesta, que se han recurrido al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno o que han terminado en un procedimiento contencioso, en detrimento del Derecho a Saber de una ciudadanía que no soporta la opacidad.

El compromiso con la rendición de cuentas y la ética pública es el mejor termómetro para saber si merece la pena apoyar o no a una institución como la Monarquía, y hasta ahora no lo ha demostrado
Es un tema en el que dependemos del compromiso de la institución, de que quiera ser más o menos democrática, porque hay que señalar que el Convenio Europeo de acceso a los documentos públicos del Consejo de Europa, que inspiró nuestra Ley de Transparencia, da libertad a los Estados para que puedan excluirse del derecho de acceso las comunicaciones entre el Gobierno y las Casas Reales o Presidencias de las Repúblicas. Esto es, las Casas Reales no están incluidas entre las obligadas por el Convenio; sí lo están los gobiernos, pero pueden excluir los documentos dirigidos o recibidos de la Casa Real o la presidencia de la República. Entonces, el compromiso con la rendición de cuentas y la ética pública es el mejor termómetro para saber si merece la pena apoyar o no a una institución como la Monarquía, y hasta ahora no lo ha demostrado.

En España la Monarquía tiene otros dos problemas. Uno, que denuncian los historiadores, es que tanto a Juan Carlos I como a Felipe VI les resulta un tabú hablar de la Dictadura y condenarla, y menos aún defender a las víctimas del Franquismo. Y, por último, la vida social y las relaciones que tienen, que incluyen regalos que llegan a cientos a La Zarzuela y otras muchas otras cuestiones en las que pierden la independencia. Hay que ponerse serios porque cuestiones que parecen poco importantes no lo son, y pasan factura.

El artículo 2.f) de la Ley española de Transparencia incluyó a la Casa Real -por iniciativa propia- en su ámbito de aplicación, lo que fue consecuencia de la crítica social que suscitaron los episodios de la cacería en Botswana y el Caso Urdangarín. Pero el sometimiento de la Casa Real no es pleno, sino que se limita a las actividades “sujetas a Derecho Administrativo”, y no a las que derivan de su función constitucional o estatutaria, que rigen por lo que dispongan otras disposiciones reguladoras. Como consecuencia de esta redacción de la Ley de Transparencia hay que analizar el derecho propio de cada una de las instituciones para averiguar cuando actúan aplicando normas administrativas, y las resoluciones que dicten no serán recurribles ante el Consejo de Transparencia, porque se considera que una autoridad administrativa no puede controlar a instituciones que no lo son, quedando su control exclusivamente a la Justicia. Por eso todo se ha judicializado, y solo los actos de gestión presupuestaria de las cantidades asignadas a la Casa Real están sometidos a la Ley de Transparencia, excluyendo incluso el uso que pueda hacer cada miembro de la Casa Real de su asignación o su patrimonio.

En la Ley de Transparencia sí se prevé la publicidad de los ingresos y el patrimonio de los altos cargos y representantes locales en su artículo 8.1.f) y 8.1.h). Y la Ley 3/2015, de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en su artículo 17 prevé la obligación de los altos cargos de presentar su declaración de bienes y derechos en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales. Entonces, si las normas parlamentarias exigen a los representantes políticos en el ámbito estatal y autonómico la presentación de declaraciones de ingresos y patrimonio, parece lógico que esta misma obligación se extienda a la Jefatura del Estado y en general a toda la Administración Pública. Todos iguales ante la Ley. De este modo, los miembros de la Casa Real, mediante una reforma de su propia normativa reguladora o a través de una modificación de la Ley de Transparencia, solucionarían de una vez por todas sus obligaciones y serían iguales ante la ley. Y si de verdad quieren dar ejemplo, someterse también a los artículos 25 y siguientes de la Ley de Transparencia y las reglas del Estatuto del Alto Cargo, pensadas en clave de gestores de administración pública y sometidas a un régimen disciplinario.

Deseamos un sistema político ejemplar, ya sea monarquía o república según los ciudadanos decidan democráticamente. Pero a la monarquía se le exige un plus, porque queda fuera del sistema electoral y funciona con unas reglas especiales que deben ser ejemplificadoras. Si sus protagonistas no son ejemplares, serán ellos los que arruinen la monarquía sin necesidad de que nadie la ataque. La monarquía, o es transparente, ética y rinde cuentas, o le queda poca cuerda.


A propósito de la ausencia de los reyes desde el 17 de agosto y la falta de explicaciones cuando nos habían dicho que estarían en Madrid "trabajando", os pongo el artículo anterior, muy interesante, que señala la poca transparencia de la monarquía española, cuando el resto de casas reales europeas, están obligadas a dar cuenta de todo absolutamente.
El título es muy gráfico: Sin transparencia no hay monarquía. Y el párrafo que destaco lo deja claro.