El Supremo del Reino Unido declara ilegal por unanimidad la suspensión del Parlamento ordenada por Johnson
El primer ministro dispuso a principios de mes, a pocas semanas del Brexit, la paralización de la actividad en Westminster hasta el 14 de octubre
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RAFA DE MIGUEL
Londres 24 SEP 2019 - 11:49 CEST
Retransmisión en directo del anuncio del Tribunal Supremo del Reino Unido. STEFAN ROUSSEAU/PA WIRE/DPA / DIRECTO: REUTERS
El Tribunal Supremo del Reino Unido ha declarado ilegal, nula y sin efectos, por unanimidad de sus 11 magistrados, la decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento. La decisión ha provocado un nuevo terremoto en el debate político británico. Los jueces han defendido la prevalencia del Parlamento, en su capacidad legislativa y de control, sobre el Gobierno. Y han entendido que la decisión del Gobierno de cerrar el periodo de sesiones en Westminster, durante un excepcional plazo de cinco semanas, frustró la intención de los diputados de frenar un Brexit salvaje. El tribunal ha reprochado al Ejecutivo que fuera incapaz de explicar, durante tres días de vista pública, razones convincentes para justificar su decisión.
Boris Johnson se había parapetado ya ante lo que podría ser un duro golpe a su estrategia para sacar adelante el Brexit. El primer ministro ha descartado presentar la dimisión y de nuevo ha defendido la necesidad de cerrar el periodo de sesiones de Westminster. Su argumento sostiene que un nuevo Gobierno deber poder presentar una nueva agenda legislativa y dar inicio a una nueva legislatura.
Johnson ignora las protestas y echa el cierre al Parlamento británico
Los 11 magistrados han deliberado durante tres largos días sobre la legalidad de esa decisión y su sentencia está llamada a ser un histórico precedente que defina la arquitectura constitucional del país —sin Constitución escrita— y los límites en la separación de poderes. "Hace falta mucho para ponerme nervioso estos días. Solo puedo decirles que tengo un enorme respeto al poder judicial y que examinaré con mucho respeto la sentencia", dijo Johnson en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU y a la cumbre paralela contra el cambio climático.
El Supremo ha estudiado de modo conjunto dos sentencias contradictorias respecto al asunto. Mientras la resolución del Alto Tribunal de Edimburgo declaró ilegal y nula la decisión de Johnson porque estimó que su intención oculta era obstaculizar la labor de los diputados para frenar el Brexit, el Alto Tribunal de Inglaterra desestimó la demanda. En este último caso, los magistrados entendieron que se trataba de un asunto político en el que la justicia no debía intervenir.
El Supremo dedicó largas horas, en una vista pública que ha sido seguida con suma atención en el Reino Unido, los argumentos de las acusaciones, del Gobierno y de terceras partes personadas en las causa, como el ex primer ministro conservador John Major, quien arremetió duramente contra la decisión de Johnson. La insistencia de los magistrados en preguntar a los abogados sobre las consecuencias que tendría anular la suspensión del Parlamento y el modo riguroso en que han cuestionado los argumentos del abogado del Estado pusieron nervioso al Gobierno de Johnson, que confió en un principio en que los jueces fallarían a su favor.
El Tribunal ha decidido que la orden de la reina que la Comisión Real llevó hasta la Cámara de los Lores "era como una hoja en blanco, porque la decisión era nula de origen", ha explicado la presidenta del Supremo, Brenda Hale, durante la lectura de la sentencia. A tal efecto, es como si la suspensión no hubiera existido nunca. Queda en manos del speaker de la Cámara de los Comunes, John Bercow, decidir cuándo reúne de nuevo a los diputados, porque, según el Supremo, la suspensión del Parlamento nunca se produjo.
Garantías
El Tribunal Supremo del Reino Unido se creó en 2005. Hasta entonces, la última instancia judicial era la Cámara de los Lores. En los últimos años ha ido adquiriendo una función de control constitucional —en un país donde no existe Constitución escrita— similar a la que ejerce el Tribunal Supremo estadounidense u otros tribunales de garantías constitucionales europeos, como el español. En un país regido por usos, costumbres y convencionalismos políticos, en el que la soberanía ha residido históricamente en el Parlamento, y no en la ciudadanía, y donde el Gobierno tiene un enorme poder de decisión, la actuación del Supremo sigue desatando serias polémicas y cuestionamientos. Y en un caso como el actual, su sentencia va a sentar un precedente de suma importancia.
El Parlamento fue suspendido por orden de la reina Isabel II. Se trata de una de las escasas prerrogativas reales que conserva la monarca, pero en realidad es un automatismo. La reina se limita a hacer lo que el Gobierno le aconseja. Por eso los jueces no discuten sobre la decisión real, sino sobre la legalidad del consejo emitido por el Ejecutivo. Aun así, la idea de que Johnson hubiera dado a Isabel II un consejo malintencionado, con propósitos ocultos distintos a los expresados formalmente, ha llevado a muchos políticos a exigir su dimisión inmediata si el Supremo fallaba en su contra. En ese caso, argumentan, habría obrado de mala fe y quebrado la relación de confianza que debe existir entre el primer ministro y el jefe del Estado.
https://elpais.com/internacional/2019/09/24/actualidad/1569310581_155927.html
El primer ministro dispuso a principios de mes, a pocas semanas del Brexit, la paralización de la actividad en Westminster hasta el 14 de octubre
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RAFA DE MIGUEL
Londres 24 SEP 2019 - 11:49 CEST
Retransmisión en directo del anuncio del Tribunal Supremo del Reino Unido. STEFAN ROUSSEAU/PA WIRE/DPA / DIRECTO: REUTERS
El Tribunal Supremo del Reino Unido ha declarado ilegal, nula y sin efectos, por unanimidad de sus 11 magistrados, la decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento. La decisión ha provocado un nuevo terremoto en el debate político británico. Los jueces han defendido la prevalencia del Parlamento, en su capacidad legislativa y de control, sobre el Gobierno. Y han entendido que la decisión del Gobierno de cerrar el periodo de sesiones en Westminster, durante un excepcional plazo de cinco semanas, frustró la intención de los diputados de frenar un Brexit salvaje. El tribunal ha reprochado al Ejecutivo que fuera incapaz de explicar, durante tres días de vista pública, razones convincentes para justificar su decisión.
Boris Johnson se había parapetado ya ante lo que podría ser un duro golpe a su estrategia para sacar adelante el Brexit. El primer ministro ha descartado presentar la dimisión y de nuevo ha defendido la necesidad de cerrar el periodo de sesiones de Westminster. Su argumento sostiene que un nuevo Gobierno deber poder presentar una nueva agenda legislativa y dar inicio a una nueva legislatura.
Johnson ignora las protestas y echa el cierre al Parlamento británico
Los 11 magistrados han deliberado durante tres largos días sobre la legalidad de esa decisión y su sentencia está llamada a ser un histórico precedente que defina la arquitectura constitucional del país —sin Constitución escrita— y los límites en la separación de poderes. "Hace falta mucho para ponerme nervioso estos días. Solo puedo decirles que tengo un enorme respeto al poder judicial y que examinaré con mucho respeto la sentencia", dijo Johnson en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU y a la cumbre paralela contra el cambio climático.
El Supremo ha estudiado de modo conjunto dos sentencias contradictorias respecto al asunto. Mientras la resolución del Alto Tribunal de Edimburgo declaró ilegal y nula la decisión de Johnson porque estimó que su intención oculta era obstaculizar la labor de los diputados para frenar el Brexit, el Alto Tribunal de Inglaterra desestimó la demanda. En este último caso, los magistrados entendieron que se trataba de un asunto político en el que la justicia no debía intervenir.
El Supremo dedicó largas horas, en una vista pública que ha sido seguida con suma atención en el Reino Unido, los argumentos de las acusaciones, del Gobierno y de terceras partes personadas en las causa, como el ex primer ministro conservador John Major, quien arremetió duramente contra la decisión de Johnson. La insistencia de los magistrados en preguntar a los abogados sobre las consecuencias que tendría anular la suspensión del Parlamento y el modo riguroso en que han cuestionado los argumentos del abogado del Estado pusieron nervioso al Gobierno de Johnson, que confió en un principio en que los jueces fallarían a su favor.
El Tribunal ha decidido que la orden de la reina que la Comisión Real llevó hasta la Cámara de los Lores "era como una hoja en blanco, porque la decisión era nula de origen", ha explicado la presidenta del Supremo, Brenda Hale, durante la lectura de la sentencia. A tal efecto, es como si la suspensión no hubiera existido nunca. Queda en manos del speaker de la Cámara de los Comunes, John Bercow, decidir cuándo reúne de nuevo a los diputados, porque, según el Supremo, la suspensión del Parlamento nunca se produjo.
Garantías
El Tribunal Supremo del Reino Unido se creó en 2005. Hasta entonces, la última instancia judicial era la Cámara de los Lores. En los últimos años ha ido adquiriendo una función de control constitucional —en un país donde no existe Constitución escrita— similar a la que ejerce el Tribunal Supremo estadounidense u otros tribunales de garantías constitucionales europeos, como el español. En un país regido por usos, costumbres y convencionalismos políticos, en el que la soberanía ha residido históricamente en el Parlamento, y no en la ciudadanía, y donde el Gobierno tiene un enorme poder de decisión, la actuación del Supremo sigue desatando serias polémicas y cuestionamientos. Y en un caso como el actual, su sentencia va a sentar un precedente de suma importancia.
El Parlamento fue suspendido por orden de la reina Isabel II. Se trata de una de las escasas prerrogativas reales que conserva la monarca, pero en realidad es un automatismo. La reina se limita a hacer lo que el Gobierno le aconseja. Por eso los jueces no discuten sobre la decisión real, sino sobre la legalidad del consejo emitido por el Ejecutivo. Aun así, la idea de que Johnson hubiera dado a Isabel II un consejo malintencionado, con propósitos ocultos distintos a los expresados formalmente, ha llevado a muchos políticos a exigir su dimisión inmediata si el Supremo fallaba en su contra. En ese caso, argumentan, habría obrado de mala fe y quebrado la relación de confianza que debe existir entre el primer ministro y el jefe del Estado.
https://elpais.com/internacional/2019/09/24/actualidad/1569310581_155927.html
