La mayoría absoluta del Congreso exige la renovación del Poder Judicial en funciones

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Ahora me siento mal, quieres a bekita más que a mí? Porque yo también te lo pedí, jooooo.
Una cosa, lo de la "lista con todos aquellos que reúnen los requisitos y quieran acceder al puesto" cómo se come? Porque creo que basta con ser juez o jurista de reconocido prestigio. Entonces uno se autoproclama jurista de reconocido prestigio? Por lo de postularse. Y jueces, anda que no hay...
 

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Ahora me siento mal, quieres a bekita más que a mí? Porque yo también te lo pedí, jooooo.
Una cosa, lo de la "lista con todos aquellos que reúnen los requisitos y quieran acceder al puesto" cómo se come? Porque creo que basta con ser juez o jurista de reconocido prestigio. Entonces uno se autoproclama jurista de reconocido prestigio? Por lo de postularse. Y jueces, anda que no hay...

Eso de ser jurista en vez de abogado para mí siempre ha resultado correoso, para mi depende de las amistades que tengas, y de lo bien considerado que seas entre tus amigos o amiguitos de la judicatura. Algo así como lo de las estrellas Michelin. No me extiendo por ahí que no es el tema.

La realidad debiera ser que la distinción entre un simple abogado, con todo el respeto para ellos, y un jurista sería el haber superado oposiciones, años de servicio o si has tenido publicaciones.

Debieran poner los requisitos claros: Conceder puntos por cada criterio que hay que cumplir para poder optar a ese puesto. Y poner un mínimo de puntos. Por encima de esos puntos adelante, y si no los tienes no accedes a esa lista. No me voy a meter que es lo que sumaría puntos o no, hasta ahí no voy a llegar.

Si cualquiera de nosotros optamos a una oposición para meternos en un organismo público nos exigen una titulación y si luego tienes mas puntuación por idiomas por ponerte un ejemplo ....suma todo a la hora de tener mas posibilidades en la lista, aparte del examen pertinente que tienes que superar.

En lo del CGPJ es fácil, pero no interesa, ni a los políticos DE NINGÚN PARTIDO, NI A LOS PROPIOS JUECEDS, que si eligen entre ellos mismos votarán a quien es mas amigo o a quien le deben favores.
 
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En Europa ya se han percatado

El GRECO advierte al Gobierno de que la reforma del CGPJ puede "violar las normas del Consejo de Europa"
El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), Marin Mrcela, pide información sobre la propuesta de reforma del Poder Judicial al ministro de Justicia

 

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Un CGPJ caducado planea seguir nombrando jueces a pesar del anuncio de Sánchez de volver a negociar con Casado

  • Los vocales podrían designar hasta una decena de cargos en el Pleno convocado para este jueves
  • El Gobierno sigue sin ver con buenos ojos que un órgano de gobierno de los jueces interino asigne plazas
  • El Pleno extraordinario convocado en el Congreso para el miércoles podría decaer al haber sido paralizada la proposición de ley de PSOE y UP



¿El ministro de Justicia no se ha opuesto como era su competencia a los nombramientos hechos hace unas semanas?

¿Que pasa en el PXXE? ¿A que tienen miedo?

¿Donde tienen sus webs cuando hacen falta?
 
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PLAZA PÚBLICACredibilidad y reforma del Consejo General del Poder Judicial
Antonio Estella

Publicada el 25/10/2020 a las 06:00
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La propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, promovida por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, ha producido una polémica sin precedentes en nuestro país. En un artículo anterior, publicado en este mismo diario, analicé la dimensión europea de este asunto, señalando lo inadecuado del proceder de la Comisión Europea al tratar a España, en relación con esta materia, como si de la Hungría de Orban se tratara. En este artículo me propongo analizar la dimensión estrictamente nacional de este problema.

La crítica fundamental que se hace a la reforma propuesta por el PSOE y Podemos [en cuya tramitación se ha "detenido el reloj" como gesto hacia el PP para que se siente a negociar] es que es directamente contraria al espíritu y a la letra del artículo 122.3º de la Constitución española. Este artículo establece que el número de miembros del CGPJ será de 20, 4 de los cuales serán elegidos por el Congreso y 4 por el Senado por una mayoría especialmente cualificada de 3/5. Sin embargo –y este sin embargo es importante– la forma de elegir a los 12 miembros restantes no se establece en la Constitución, sino que nuestra Norma Básica remite a lo que establezca una Ley Orgánica al respecto. Como sabemos, dicha Ley Orgánica (La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, reformada en 2013) establece precisamente que todos los miembros del CGPJ se elegirán por una mayoría de 3/5 del Congreso y Senado. Es decir: amplía la previsión constitucional de 3/5 a la elección de los doce miembros restantes del CGPJ. Por su parte, el TC ha dictado dos sentencias sobre esta Ley Orgánica, una en 1986 y otra en 2016. En la primera de estas sentencias, el TC simplemente señaló a modo de obiter dicta que la mayoría de 3/5 era una de las “cautelas” establecidas por la propia ley, mientras que en la de 2016 ni siquiera mencionó esta cuestión. Por tanto, en realidad el TC no se ha pronunciado de manera directa sobre la regla decisional relativa a la elección de los vocales del CGPJ.



Ello ha dejado un flanco abierto para que haya sido lo que los juristas denominamos “la doctrina”, es decir, el conjunto de opiniones de los especialistas en derecho, la que se haya explayado sobre la cuestión. El resumen de lo que la doctrina piensa sobre este tema es, como he señalado más arriba, que tanto el espíritu como la letra de la Constitución, en su artículo 122.3º, avalan la regla de los 3/5 para elegir a los 20 miembros del CGPJ. Por tanto, una propuesta como la que han realizado el PSOE y Unidas Podemos, dirigida a elegir a 12 de los veinte miembros no por mayoría de 3/5, sino simplemente por mayoría absoluta, sería inconstitucional.

Siento sin embargo discrepar con esta opinión mayoritaria. Y lo hago por dos razones. En primer lugar, la forma en la que está redactado el artículo 122.3º de la CE parecería indicar justamente lo contrario a como se ha interpretado tradicionalmente esta disposición. Es decir, de los 20 vocales del CGPJ, se reserva la elección de 8 a una mayoría especialmente reforzada, de 3/5, mientras que la elección de los 12 restantes se deja a lo que determine de manera soberana el legislador. Éste, en uso de las prerrogativas así configuradas por la Constitución, puede decidir que se elijan los 12 miembros restantes a través de una mayoría de 3/5, como así se ha hecho. Pero de ninguna manera cierra la Constitución las puertas a otras alternativas. La elección de estos 12 vocales del CGPJ a través de una mayoría diferente a la de 3/5 sería por tanto, desde esta perspectiva, perfectamente posible.


Pero la segunda razón que justifica un abordaje diferente a esta cuestión es mucho más importante. Para empezar, parto de la base de que, como he mantenido ya en diversas ocasiones, la función primordial de las normas constitucionales (de todas las normas) es la de dar credibilidad al sistema jurídico en su conjunto. Es decir, el sistema jurídico tiene sentido en tanto en cuanto es capaz de resolver problemas de confianza institucional que inevitablemente surgen entre el principal y el agente, entre el pueblo y sus representantes.

El pueblo elige a sus representantes para que éstos tomen decisiones por cuenta de aquel. Pero a partir del momento en que estos adquieren compromisos políticos, surgen casi de forma inmediata problemas de credibilidad. ¿Honrará el actor político su compromiso de elegir jueces de forma independiente y no politizada? Para ello, el compromiso en cuestión (“elegiré jueces de forma despolitizada”) se encapsula en derecho, con objeto de darle a tal compromiso una mayor dosis de credibilidad.

Desde esta perspectiva, desde la perspectiva del derecho como credibilidad, se plantea el problema de cómo interpretar disposiciones que son imperfectas. El artículo 122.3º de la Constitución española es uno de esos casos, puesto que la elección de 12 de los 20 vocales que el CGPJ queda abierta a interpretación. Pues bien, para interpretar esta disposición, he propuesto en varias ocasiones lo que he denominado “el método contra-factual”. Según este método, el intérprete debe situarse en una situación muy similar a la llamada posición original de Rawls. En esta posición original, el intérprete debe considerar, con objeto de interpretar la norma de la manera más creíble posible, situaciones fácticas que sean diametralmente opuestas a aquella que constituye el supuesto de hecho que sirve de base a la construcción de la norma en cuestión, en nuestro caso, el artículo 122.3º de la CE. En este caso, el supuesto de hecho del que parte la norma es que habrá una situación de normalidad política que podrá permitir que los 12 miembros en cuestión se elijan por una mayoría especialmente reforzada. Pero aquí es cuando el contra-factual entra (o debería entrar) en juego: ¿qué pasaría si el contexto político fuera tal que no permitiera el acuerdo entre las distintas partes? Ello podría ocurrir, por ejemplo, porque el Congreso estuviera formado no por pocos grupos políticos con amplia representación, sino por muchos grupos con exigua representación. Este es precisamente el contexto político que nos ha tocado vivir desde la implosión de los grandes partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, y la correlativa emergencia de partidos de menor tamaño pero con representación en las Cortes Generales. A su vez, ello ha propiciado un Parlamento muy fragmentado. No era ésta precisamente la previsión que los padres fundadores de la Constitución realizaron en 1978, ni la que hizo el legislador de 1985 cuando adoptó la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Pues bien, desde esta perspectiva, es decir, teniendo en cuenta que la elección de los vocales del CGPJ puede producirse en una situación exactamente contraria a la situación en la que originalmente estaban pensando tanto constituyente como legislador, sería posible y de hecho estaría justificado interpretar el artículo 122.3º en el sentido de que una mayoría absoluta podría ser una regla decisional perfectamente compatible con la Constitución para elegir a 12 de los 20 vocales del CGPJ. Ello no solamente no iría contra la letra de dicho artículo, sino que tampoco iría contra su espíritu, si entendemos por espíritu constitucional aquel tipo de reflexión que nos permita calibrar todas y cada una de las posibles alternativas fácticas que puedan acaecer en el devenir político de un país. Devenir que, como estamos viendo en tiempo real, puede llegar a ser realmente muy convulso.

En definitiva, interpretar que el artículo 122.3º de la Constitución solamente admite una mayoría de 3/5 sería algo así como elevar a rango constitucional las normas del código de circulación. Por muy importantes que sean las vidas de los conductores, nadie optaría por esta alternativa, que haría excesivamente rígida su reforma. En realidad, un exceso de rigidez va justamente en contra, en muchas ocasiones al menos, de la búsqueda de soluciones creíbles a problemas políticos concretos. Efectivamente, a veces la flexibilidad de las normas puede aportar más credibilidad que la propia rigidez, si con ello se consigue que se desbloqueen problemas que, de otro modo, quedarían definitivamente enquistados. Un caso en punto es el nombramiento de los miembros de nuestro Consejo General del Poder Judicial.
_______________

Vamos, que los padres de la CE pensaron la alternancia del poder, ahora tú y ahora yo. No pensaron en que podían entrar mas partidos en un Gobierno y que por lo tanto el reparto del poder cada 4 u 8 años se acabaría..;)
 
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CGPJ: breve historia de una institución descalabrada


  • Lo ideal sería deslindar las dos almas del CGPJ, la laboral y la política, pero, mientras eso no se haga, que 8 de sus vocales sean elegidos por el Parlamento y otros 12 por los jueces me parece lo más razonable

27 de octubre de 2020 22:44h
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La mejor manera de entender qué es el Consejo General del Poder Judicial es concebir a los jueces como empleados de una empresa. En España hay unos 5.300 jueces ahora mismo… ¿quién decide los ascensos? ¿quién organiza las oposiciones y, por tanto, resuelve a quien "contratar"? ¿Quién expulsa a los malos trabajadores, penaliza a los vagos y premia a los buenos? Esto es, ¿quién es el "jefe" en esa particular empresa?

Tradicionalmente, el jefe "laboral" de los jueces era el poder político. El Rey, en el siglo XVII, o Franco, en el pasado siglo, eran quienes tomaban esas decisiones. No ellos directamente, pero sí su corte o su gobierno. Como podían quitar y poner a los jueces de sus juzgados, despedirlos de la carrera, ascenderlos o incluso desterrarlos, era evidente que los jueces no tenían demasiado poder sobre ellos. Cuando no hay separación de poderes, solo hay un poder: la fuerza, esto es, el Ejecutivo.

Al llegar la democracia se creó un jefe para los jueces. Uno – se dijo - independiente del Ejecutivo. Recibió el nombre de "Consejo General del Poder Judicial". Es un jefe colectivo, 20 vocales (21, con el Presidente que ellos elijan) que toman esas decisiones que, en toda empresa, alguien debe tomar de modo inevitable. ¿Quién los elige? Es la gran pregunta.

La Constitución establece que han de ser 8 juristas y 12 jueces. El texto es cristalino con respecto a los 8 juristas, que han de ser elegidos por el Parlamento. Pero con la cuestión de los 12 jueces, lo cierto es que los ponentes de la Constitución no tuvieron precisamente su mejor día. Les voy a ahorrar la desafortunada expresión del artículo, quédense tan solo con que lo que dice es que los 12 se han de elegir "entre jueces", pero con que lo dice de un modo tan ambiguo que no aclara demasiado. Ya hubo un enorme conflicto interpretativo en 1985, con dos grandes posibilidades. Unos entendían que ese "entre jueces" significa "por los jueces". Otros decían que no, que era perfectamente legal que fuera también el Parlamento el que eligiera a esos 12 vocales, siempre que los eligiera "entre jueces". Ganaron estos últimos, así que, al final, los 20 vocales los elige el Parlamento, esto es, los partidos.


Pero, entonces, si a los 20 los eligen los partidos… ¿en qué sentido son "independientes" del poder político? Parece evidente que hemos vuelto a lo de siempre. ¿Por qué? Aquí aparece una segunda derivada. Una derivada que explica que, desde la Transición, en España sea la izquierda la que abogue por que el parlamento elija a los 12 vocales, mientras que la derecha defienda más bien que lo hagan los propios jueces.


Más o menos ya les he adelantado las razones. Si durante 40 años Franco fue el jefe de la empresa de los jueces, es evidente que en 1978 esa empresa estaba en buena medida poblada por afectos al franquismo. El Poder Judicial no se purgó durante la transición: a todos sus integrantes los había puesto allí la dictadura. Eso explica que, en 1982, cuando el PSOE llega al poder, se encontrara con una situación complicadísima. Supongamos que hubiera por aquel entonces 4000 jueces en España. La inmensa mayoría de ellos eran hostiles al gobierno elegido por la ciudadanía, y muchos de ellos a la democracia.


La teoría de la división de poderes es uno de los mayores hallazgos institucionales del Estado de Derecho, pero lo cierto es que esa misma teoría se construye sobre la hipótesis de que los jueces no comulgan mayoritariamente con una y solo una ideología política determinada, y mucho menos con una antidemocrática. En una tesitura como la de 1982, es evidente que nuestra judicatura – plagada de franquistas – no era precisamente el "Poder Judicial" del que hablan de modo aséptico los manuales de la Teoría de la Democracia. En ese sentido, creo que estuvo más que justificada la actuación del PSOE, que esgrimió la afirmación constitucional de que "la justicia emana del pueblo" para forzar la elección de todos los vocales del Consejo por el Parlamento. Era la única manera de hacer que el Poder Judicial se "desfranquizara" (recordemos que el Jefe de la empresa también controla a quién se contrata, y que por tanto puede perpetuar determinadas inercias), y de permitir que la voluntad soberana expresada por las urnas se reflejara también en la composición del Poder Judicial.


Eso, que tuvo sentido en su día, ¿lo tiene hoy? Mi respuesta es doble. En primer lugar, respondo que no. Los 5.300 jueces actuales no son ni de lejos, tras 40 años de democracia, afectos al franquismo. Pueden ser, y de hecho son, un cuerpo social más conservador que la media, pero ese problema no se soluciona mediante cuotas o mayorías partidistas en el CGPJ, un camino que solo supone seguir cavando en la fosa del desprestigio institucional. Soy consciente de que a Podemos, por ejemplo, el Poder Judicial parece tratarle de un modo considerablemente arbitrario y parcial. Pero, aunque algo puede haber, no creo que tal cosa se deba al extracto social de la judicatura, sino precisamente a la politización del sistema judicial, que es lo que haríamos bien en desterrar.


Por eso aquí considero mucho más razonable la propuesta de la Plataforma "Más Democracia". La idea es:

a) una comisión técnica filtra a los 120 con más méritos de entre todos los jueces que quieran presentarse

b) por sorteo, se eligen 12 de entre esos 120

c) los 12 han de pasar un filtro parlamentario con una mayoría cualificada del 60%.

Una solución de ese tipo, u otra similar en la que el sorteo juegue un papel fundamental, lograría despolitizar la cúpula judicial y sería plenamente coherente con el espíritu de la división de poderes.

Y, sin embargo, por otro lado respondo que sí tiene sentido que el poder legislativo tenga cierta presencia en el CGPJ. Para las cuestiones meramente "laborales" el sorteo constituye una inmejorable idea porque "despartidiza" de raíz la cúpula de los jueces y los libera de ese yugo. Pero ocurre que el Consejo no solo es el jefe "laboral" de los jueces. Ostenta, además, una función eminentemente política que afecta a toda la ciudadanía. El Consejo, indirectamente, crea derecho. Cierta visión ingenua de lo político asume que el derecho son las leyes que redactan los parlamentos, limitándose los jueces a aplicarlas. No es así.

El CGPJ crea derecho al menos de dos maneras. Primero, porque elige a los miembros del Tribunal Supremo. Y ese Tribunal interpreta las leyes y, al hacerlo, crea Jurisprudencia. Y esa Jurisprudencia se convierte en derecho, ya que todos los jueces han de interpretar las leyes de acuerdo a la misma. E interpretar la ley en un sentido u otro es casi siempre, de modo inevitable, una actividad política y no únicamente jurídica. Además, el CGPJ elige a dos miembros del Tribunal Constitucional, una institución cuyas decisiones, además de jurídicas, son de nuevo eminentemente políticas.

Esa función creadora de derecho ha de discurrir en sintonía con eso que denominamos "la voluntad" de la sociedad, una instancia cambiante y difícil de aprehender, pero que sin duda atrapa mil veces mejor el Parlamento que la judicatura. Lo ideal sería deslindar las dos almas del CGPJ, la laboral y la política, pero, mientras eso no se haga – y lo más interesante, desde un punto de vista teórico, es reflexionar sobre cómo hacerlo – que 8 de sus vocales sean elegidos por el Parlamento y otros 12 por los jueces (y ojalá por sorteo, que en este contexto goza de enormes virtudes sobre las que aquí no puedo detenerme) me parece lo más razonable.


Una última observación. Toda esta batalla política no se está planteando, en esta España nuestra, en torno a la cuestión teórica de la interpretación de la ley – un debate enormemente complejo y políticamente trascendental del que se ocupa la Filosofía del Derecho - sino en relación con intereses meramente partitocráticos que tienen que ver con una tristísima cuestión de desnudo cambalache de jueces. El whatsapp – inimaginable en cualquier democracia liberal seria, no digamos ya en el supuesto partido "liberal" de tal democracia seria – del senador popular Cosidó sobre controlar "desde atrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los políticos, refleja muy bien el nivel en el que se encuentran algunos. Lo más limpio, inteligente y ecuánime consiste en recurrir al sorteo y librar a los 12 togados de semejantes padrinos… nunca mejor dicho.

 
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Eso de ser jurista en vez de abogado para mí siempre ha resultado correoso, para mi depende de las amistades que tengas, y de lo bien considerado que seas entre tus amigos o amiguitos de la judicatura. Algo así como lo de las estrellas Michelin. No me extiendo por ahí que no es el tema.

La realidad debiera ser que la distinción entre un simple abogado, con todo el respeto para ellos, y un jurista sería el haber superado oposiciones, años de servicio o si has tenido publicaciones.

Debieran poner los requisitos claros: Conceder puntos por cada criterio que hay que cumplir para poder optar a ese puesto. Y poner un mínimo de puntos. Por encima de esos puntos adelante, y si no los tienes no accedes a esa lista. No me voy a meter que es lo que sumaría puntos o no, hasta ahí no voy a llegar.

Si cualquiera de nosotros optamos a una oposición para meternos en un organismo público nos exigen una titulación y si luego tienes mas puntuación por idiomas por ponerte un ejemplo ....suma todo a la hora de tener mas posibilidades en la lista, aparte del examen pertinente que tienes que superar.

En lo del CGPJ es fácil, pero no interesa, ni a los políticos DE NINGÚN PARTIDO, NI A LOS PROPIOS JUECEDS, que si eligen entre ellos mismos votarán a quien es mas amigo o a quien le deben favores.
Si quieres poner a comparar abogado y jurista deberías poner abogado por encima de jurista. Ahora acabas la carrera de derecho y eres jurista. Para ser abogado tienes que dar un plus.
Jurista no es juez.
El juez sí tiene que superar oposiciones, salvo los del cuarto turno.
El jurista no. Con aprobar la carrera va que chuta.
 
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Si quieres poner a comparar abogado y jurista deberías poner abogado por encima de jurista. Ahora acabas la carrera de derecho y eres jurista. Para ser abogado tienes que dar un plus.
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El juez sí tiene que superar oposiciones, salvo los del cuarto turno.
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Y lo has leído? Porque aparte de que como ejemplo no pone jurista sino "jurista de reconocido prestigio" incluye una definición de jurista. Vamos, cualquiera que tiene una profesión jurídica, inclyendo abogados y jueces:
  1. y f. Persona que ejerce una profesión jurídica
 
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BLOQUEO EN EL PODER JUDICIAL

El Gobierno presiona al PP para renovar el CGPJ a los dos años de caducar pero teme que Casado no acceda antes de las catalanas​

  • En el PP insisten en que antes de avanzar es necesario que PSOE y Unidas Podemos retiren la reforma de la ley registrada en el Congreso

  • Las fuentes conservadoras consultadas por infoLibre destacan que el acercamiento del Ejecutivo a EH Bildu y ERC también dificulta el entendimiento

  • En el Gobierno subrayan que la oferta de Sánchez a Casado de mantener bloqueda la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos no es "eterna"