La mayoría absoluta del Congreso exige la renovación del Poder Judicial en funciones

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Así serán los pasos contra España si Bruselas objeta la reforma del CGPJ
El Gobierno se arriesga a que la Comisión Europea le abra un procedimiento de infracción y ser condenado en el TJUE, que podría imponer una multa económica hasta que se modificase la ley. También podría perder el derecho de voto en el Consejo
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el presidente español, Pedro Sánchez; y la canciller alemana, Angela Merkel

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis; el presidente español, Pedro Sánchez; y la canciller alemana, Angela Merkel EFE
ANTONIO RODRÍGUEZ
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JORGE SÁINZ
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PUBLICADO 16/10/2020 04:45ACTUALIZADO16/10/2020 04:55
El Gobierno de Pedro Sánchez se puede enfrentar a un tortuoso camino en las instituciones europeas si prospera su reforma exprés del Poder Judicial. Tanto la Comisión Europea como el Consejo tienen mecanismos punitivos para los Estados miembros que infringen la normativa comunitaria con su legislación nacional.
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España se podría topar con dos caminos que conducen a sanciones. El más común pasa por las manos de la Comisión, que en todo caso no se podrá pronunciar de forma taxativa hasta que la nueva ley esté en vigor. Tanto PSOE como Podemos coinciden en que las modificaciones en la ley del Poder Judicial podrían entrar en vigor en dos meses.
En ese momento, el Ejecutivo comunitario analizaría si la ley española es compatible con la normativa europea. Es decir, si incumple alguna directiva o norma de la UE. En el caso de que Bruselas observase una vulneración de la misma, mandaría una primera carta al Gobierno español conminándole a modificarla en un plazo determinado de tiempo, que suele ser de varios meses.
Si España no contestase a la misiva o persistiese en su empeño, entonces Bruselas enviaría una segunda carta que en el argot comunitario se conoce como "opinión razonada". El Ejecutivo comunitario indicaría entonces dónde están las vulneraciones de la normativa europea y recomendaría a Madrid el contenido que hay que cambiar. En este caso también se le daría un plazo determinado para ello.
En el caso de que el Ejecutivo de Sánchez persistiese en su empeño, la Comisión Europea podría abrir entonces un procedimiento de infracción contra España ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), órgano con sede en Luxemburgo que, en último término, tendría la potestad de imponer sanciones económicas por cada día que pase el Estado miembro sin adecuar su legislación a la normativa europea.
Polonia pregunta a la Comisión Europea si también sancionará a España por el proyecto de reforma del CGPJ

Polonia pregunta a la Comisión Europea si también sancionará a España por el proyecto de reforma del CGPJ Europa Press
Bruselas ha abierto varios procedimientos de infracción contra Polonia y Hungría por cuestiones relacionadas con el Poder Judicial. En mayo de este año, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, anunció el cuarto procedimiento contra Polonia por atentar contra el Estado de derecho. El nuevo expediente cuestionaba la reforma judicial introducida en febrero pasado por el Gobierno polaco que lidera el ultraconservador Ley y Justicia (PiS) y que, según Bruselas, atentaba contra la independencia de los jueces. Varsovia recibió un plazo de dos meses para tomar medidas y enmendar la reforma.
"La nueva ley sobre el poder judicial socava la independencia judicial de los jueces y es incompatible con el derecho primario de la UE", resumió la comisaria checa al referirse a una ley criticada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.
A juicio del Ejecutivo comunitario, la norma polaca del PiS impide a los jueces aplicar determinadas disposiciones de la legislación de la UE para proteger la independencia judicial. Un ejemplo era la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea ya llevó a Polonia ante el TJUE en 2019 por el régimen disciplinario aplicable a los jueces del Tribunal Supremo y otras instancias.
La mayor parte de las condenas judiciales de España en Luxemburgo ha sido por temas medioambientales. Nuestro país ha tenido el dudoso honor de encabezar durante varios años el ranking de infracciones abiertas por este motivo. A inicios de este 2020, antes de la pandemia, España era el segundo país más infractor por detrás de Grecia con 24 casos. En 2018 llegó a tener hasta 32 contenciosos abiertos con la Comisión Europea.
El artículo 7 del Tratado
La segunda vía es la activación del artículo 7 del Tratado de la UE cuando un país no cumple el artículo 2 en el que se enumeran los principios de libertad, Derechos Humanos y Estado de Derecho que rigen en toda la Unión Europea. Este camino es excepcional, para casos extremos, y el país señalado puede quedarse sin derecho de voto en la toma de decisiones del Consejo de la UE, el órgano que forman los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. En la práctica, supone una suspensión de facto de ese Estado miembro.
La activación de dicho artículo parte de la Comisión Europea -como fue en el caso polaco- o del Parlamento Europeo -caso húngaro-. En ambos casos se pasa por una votación de la Eurocámara, que tiene la potestad de instar al Consejo a que actúe contra un Estado miembro ante la existencia de un claro riesgo de vulneración de los derechos comunitarios. Antes de hacerlo, los ministros deben escuchar a las autoridades nacionales concernidas.
La pérdida del derecho de voto requiere que estén a favor de ello 4/5 de los Estados miembros sin contar el país afectado. Es decir, 22 de 27 socios
Ambos casos están ahora en manos del Consejo, es decir, de los países europeos que tendrán que decidir y votar, en último término, si constatan la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho en esos países. Esta votación puede salir adelante con el voto a favor de 4/5 de los Estados miembros sin contar el país afectado. Es decir, 22 de 27 socios, según recordaba Efe. Los países también pueden optar por hacer recomendaciones al país destinadas a hacer frente a los peligros para los valores fundacionales de la Unión Europea.
Según el primer informe sobre el Estado de Derecho publicado por la Comisión Europea el pasado septiembre, las reformas judiciales en Polonia han sido desde 2015 "una fuente importante de controversia, tanto a escala nacional como de la Unión Europea, y han suscitado graves dudas, varias de las cuales persisten".
Las reformas de Varsovia han afectado al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. Además, han aumentado la influencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el sistema judicial y, por lo tanto, han debilitado la independencia judicial.
En 2019 y 2020, la Comisión puso en marcha dos nuevos procedimientos de infracción para salvaguardar la independencia judicial y el Tribunal de Justicia de la UE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo en asuntos disciplinarios que implican a jueces.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Efe
En cuanto a Hungría, la independencia judicial en este país centroeuropeo también es fuente de "preocupación" para las instituciones europeas. Ya en 2018, el pleno del Parlamento Europeo recomendó aplicar el artículo 7 de los tratados europeos y sancionar a Hungría, al considerar que existía un riesgo de violación del Estado de Derecho.
A eso se sumaba la negativa del Gobierno de Viktor Orban a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa y expresión, la aprobación de las leyes sobre control de las ONG y sobre universidades, que ponía obstáculos a la Universidad Centroeuropea del magnate George Soros, la corrupción, los derechos de las minorías, el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, o la libertad religiosa.
Las nuevas normas permiten la designación para el Tribunal Supremo de miembros del Tribunal Constitucional, elegidos por el Parlamento, fuera del procedimiento normal, y rebajan los requisitos de admisibilidad para el presidente del Tribunal Supremo, algo parecido a lo que el Gobierno de Sánchez quiere introducir ahora para la elección de miembros del CGPJ.
"Nada que ver con España"
El exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, en la actualidad eurodiputado del PSOE, no cree que sean equiparables los casos de Polonia y Hungría con el que se empieza a plantear con España. "Es una falacia que la ultraderecha en Polonia y Hungría quiera equiparar el señalamiento de sus atropellos a las minorías parlamentarias, en sus respectivos países, con una iniciativa legislativa adoptada de acuerdo con la Constitución y con el apoyo del PSOE y de Podemos en el Congreso, que no suman juntos mayoría absoluta y necesitan integrar a otras minorías para poder alcanzarla", subrayó a Vozpópuli.
El procedimiento del artículo 7 contra Varsovia y Budapest "en ningún caso se puso en marcha", advirtió Aguilar, "porque aprobasen una ley, sino porque en el corto espacio de tiempo sacaron cuatro o cinco que volvieron del revés todas las instituciones del Estado".
El eurodiputado socialista insistió en que ambos países dieron sus respectivos pasos infractores con el apoyo únicamente de la mayoría absoluta que apoyaba al Ejecutivo. Es decir, "sin contar con nadie más". "Nada que ver con lo que pasa en España", concluyó.

 

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huyyyy

Las cuentas de Sánchez para renovar el CGPJ se tambalean mientras aumenta la presión
Los socios de investidura de Sánchez han manifestado sus dudas respecto a una reforma que reserva al Gobierno en exclusiva la renovación del órgano de gobierno judicial | La oposición traslada su ofensiva a Bruselas para que vigile a Sánchez e Iglesias

 


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Poder S.L.
  • Pretender que el reino autogestionado de las togas es la solución aséptica a las presiones internas o externas es un planteamiento falsario: no hay soluciones asépticas que eviten esa politización, solo hay soluciones políticas para ello
Va siendo hora de ir quitando las caretas. Aquellas esferas de la sociedad que consideran que el poder les pertenece han aprendido hace mucho a disfrazar sus ansias de detentarlo con una amable máscara de defensores de derechos y libertades de los que la mayor parte de las veces no parecen entender su significado o bien este les trae bastante sin cuidado. "Lo hacemos por tu bien", parecen decirnos mientras se nos ríen a la cara.


Vamos primero con el jefe de la oposición, que exige la salida del Gobierno de un partido respaldado en las urnas por tres millones de votos como contrapartida para cumplir con las obligaciones constitucionales de renovar las instituciones. ¡A eso le llama defensa de la democracia! Pretende utilizar de rehén al Tercer Poder para intentar que el Primer Poder se configure a su gusto. El paradigma de la separación de poderes.

El absurdo del planteamiento, que es solo un lema que corear y para que coreen sus masas, tiene algunos matices que me gustaría poner sobre la mesa. Más que nada porque, en los asuntos complejos, estos juegos de birlibirloque ampulosos y simplificadores solo tienen por objeto obviar realidades incómodas. No pierdan de vista que la reforma planteada por los partidos de Gobierno –y que como saben no comparto ni apoyo– tiene por objeto cambiar la mayoría por la que se elija a 12 vocales del CGPJ de entre UNA LISTA DE JUECES. No se trata de salir a la calle a capturar adeptos, sino de elegir entre jueces en ejercicio para que estos pasen de juzgar a tener la tarea gubernativa.

Cuando Casado clama, denuncia o pretende impedir que Podemos meta mano de ninguna manera en esa selección, entre jueces, insisto, ¿qué es lo que teme? Podemos, como el resto de partidos, podría en todo caso señalar únicamente cuáles les parecen más adecuados para ocupar ese papel. Cualquier persona por la que mostraran preferencia, tanto ellos como el PP o el PSOE, sería una persona que ahora mismo dicta sentencias.

Cuando Casado teme, denuncia y clama la intervención de Podemos, ¿nos está diciendo que algunos de los jueces que dictan sentencias no merecen sentarse en el CGPJ solo porque ese partido cree que tienen coincidencias ideológicas o de planteamiento con ellos? ¿Nos está diciendo que si a Podemos le gusta cómo impartes justicia o cree que eres un buen profesional quedas invalidado para estar en ese órgano constitucional?

Y voy más allá: si creen eso para no impartir justicia, ¿no estarán insinuando que quien tenga coincidencias ideológicas con Podemos tampoco está bien dentro de la judicatura? Si lo que creen es eso, ¿dónde queda la igualdad y la neutralidad que, según predican, otorga la sacrosanta oposición? Por el contrario, si todos son igual y legítimamente jueces con ideas políticas, ¿qué problema habría en que Podemos señale con el dedo a los que le parezcan más idóneos? ¿Están de acuerdo los jueces conservadores en que hay compañeros suyos que no son dignos por el hecho de que tal vez a Podemos le gusten?

La otra careta que es preciso arrancar es la de algunas asociaciones judiciales. Las asociaciones, y el papel que han ido paulatinamente conquistando, no dejan de ser parte del problema y no tanto los dispensadores de soluciones, como quieren mostrar. Tenemos que la asociación muy conservadora (APM) y la devenida con el tiempo conservadora (AJFV) han manifestado que no acudirán a reuniones sobre temas del servicio con el ministro de Justicia "mientras el Legislativo mantenga ese proyecto de ley".

Veamos de nuevo cómo los presuntos defensores de la separación de poderes, siendo miembros y representantes del Judicial, ejercen presión sobre el Ejecutivo para que el Legislativo retire una iniciativa. ¡Retaconeo y olé de división de poderes! Ahí tenemos unos jueces que tienen una forma muy peculiar de convertirse en los paladines de Montesquieu, que ya dejó dicho que, de los tres poderes, el de juzgar es, de alguna manera, nulo.

Rasgándose las togas les oirán decir que todos sus movimientos van dirigidos a defendernos de un atropello de la "independencia judicial". Hace tiempo que les digo que me parece peligrosa esa tendencia que se aprecia en varias de estas asociaciones a interpretar la independencia como una especie de república Ikea de los jueces, cuya máxima expresión pasa por guisárselo y comérselo solos –autoelegirse, autonombrarse, autojuzgarse, autodisciplinarse y si es posible autofinanciarse– como si ese independentismo de pleno cuño nos fuera a garantizar a los ciudadanos una seguridad mayor de que nuestros derechos y los pilares democráticos estuvieran mejor defendidos.

La independencia judicial no es sino la capacidad de sujeción real a la legalidad frente a otras sujeciones non sanctas de la política, dijo Perfecto Andrés. Pretender que ese reino autogestionado de las togas –retiro lo de república, no se me solivianten– es la solución aséptica a las presiones internas o externas es un planteamiento falsario. No hay soluciones asépticas que eviten esa politización, solo hay soluciones políticas para ello. Ahí es en realidad donde se produce la fricción, entre las diferentes opciones políticas para procurar, de la mejor manera, que esas presiones sean neutralizadas.

Cuando los jueces (un 90% dicen, según una encuesta) defienden con rimbombantes frases la neutralidad política de autoelegirse, ocultan que ese sistema "favorece el corporativismo en un sentido propio, que no es la defensa de los intereses de la categoría –lo que sería legítimo– sino que intentan hacer pasar los intereses de categoría como interés general", como bien expresó Luis Díaz-Picazo. Eso es exactamente lo que están intentando, hacer pasar sus intereses profesionales y corporativos, la obtención de ese poder, por intereses generales.

Así que los jueces quieren el poder y el PP quiere conservar el poder que tiene sobre los jueces y los partidos que ganaron las elecciones quieren recuperar el poder que les corresponde y que la derecha no quiere soltar, como si fuera patrimonio suyo. El proyecto de ley no deja de ser un arma de destrucción masiva puesta sobre la mesa por ver si así la derecha se aviene a cumplir con las normas del juego democráticas. A mí no me gusta esa bomba nuclear y deseo que finalmente no haya que detonarla pero, y eso lo dijo bien Sánchez, ¿cuál es la otra opción, que los órganos no se renueven y queden bajo poder conservador hasta las próximas elecciones o, si siguen sin ganar, hasta que lo consigan? ¿Ese es el estándar democrático?

Tiene, desde luego, interés para los ciudadanos quién gane esa pugna por el poder. Lo tiene en gran medida para los más de diez millones que auparon al actual Gobierno, y que a estas alturas no saben si sus votos son de la misma calidad que los de la derecha, y si tienen algún derecho a que su forma de ver las instituciones, la separación de poderes y la sociedad sean respetadas. Esos ciudadanos tienen pleno derecho a que el gobierno de los jueces refleje sus anhelos de justicia y de limpieza democrática, y a que sus criterios y deseos cuenten con miembros del Tercer Poder que los hagan valer como parte de la pluralidad social y de pensamiento de este país. Esos millones de electores tienen derecho a que los jueces no se conviertan en una forma de oposición directa al Gobierno que votaron.

La pugna, pues, también es con el pueblo, única fuente de poder legítimo en democracia.


A mi me resulta un poco raro que los 3/5 de la cámara, es decir, 210 diputados sean suficientes para elegir al CGPJ.

¿Ese es realmente el mejor modelo para elegirlo. ?

¿Qué pasa si dos partidos políticos como el PXXE y PP en éste caso, o uno si tiene mayoría absoluta los elige? Eso se puede considerar ecuánime y calibrado para decir que tiene una amplia mayoría del parlamento. Yo lo dudo.


Y luego dicen que por mayoría absoluta no vale pero si dos partidos tienen esa mayoría absoluta y mas, es decir, 210 diputados es suficiente....


Y luego viene la otra parte...Que si los jueces los eligen los políticos, que si se tienen que ser elegidos, los jueces entre ellos, lo cual tampoco será equilibrado porque en todos los gremios hay "comunidades" y la judicatura es uno de ellos, y entre clanes se eligen por favores o por otro tipo de intereses a quien interesa, y eso formaría auténtica endogamia judicial, es decir, entre ellos se eligieran por amistades o favores, lo cual nos haría dudar de su independencia.

Ya lo expuse una vez que hablamos en éste foro dela elección de los jueces y lo vuelvo a exponer.

Si hay que elegir jueces que se haga una lista con todos aquellos que reúnen los requisitos y quieran acceder al puesto.

Una vez confeccionada la lista que se haga a sorteo. Se van eligiendo de uno en uno sacando números de una bolsa , o bien que se elija por abecedario a partir de que se saque uno de la bolsa, es decir, que si sale un García Castellón, sigan todos los que le sigan al García Castellón por orden de alfabético hasta cubrir esos puestos.

Por supuesto que en la siguiente elección, los que han salido elegidos se retiran de la lista.

Sería una forma de nombrar jueces de todas las ideologías y de forma completamente neutral.
 
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¿Mayoría reforzada conformada por dos partidos o uno si tiene mayoría absoluta?

Claro, claro, es Vidal Quadras era del PP. Así se entiende mejor. Ahora de Vox.

El que no renunció al dinero iraní y por el que VOX no ha sido investigado y por lo tanto ilegalizado.

 
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DEL CONSEJO DEL PODER PODER JUDICIAL AL VÍDEO DEL REY: UNAS CUANTAS DESVERGÜENZAS PATRIAS

"Cuando se pierde la vergüenza, no hay freno para caer reiteradamente en la extravagancia moral y racional y en formas leves de locura y desadaptación", afirma mi estimado Enrique del Teso en su artículo semanal. Todos podemos poner nombre al día de hoy a aquellos políticos en activo o retirados que con su comportamiento y declaraciones responden a esa caída en una u otra de sus formas, e incluso en ambas. Alguno se citan en la columna de Enrique. Lo que cabe preguntarse es qué será lo siguiente después de que la desvergüenza haya superado esos estadios.

Enrique del Teso


Cuando yo era niño, a finales de los 60, la tele ponía de tanto en tanto anuncios oficiales moralizantes para enseñar urbanidad a la población. Cosas del tardofranquismo. En uno de ellos salía un señor con su hijo en un estadio de fútbol desplegando ordinarieces, gestos descompuestos y aullidos coléricos. Después, la didáctica voz en off del anuncio decía, rimando, «por capricho del hado, en el NODO lo han sacado», y se mostraba a padre e hijo en el cine viendo avergonzados que por azar el NODO mostraba en primer plano al padre en el estadio haciendo el energúmeno. El niño decía: «qué bochorno, papi». Tiempos idos.

Cuando una emoción intensa anula el raciocinio, la vergüenza es imposible. La razón y la vergüenza se van en el mismo trance. Igual que el humor no cabe cuando se está aterrado, la vergüenza no es posible en estados de ira o enardecimiento colectivo. La complicidad de grupo bloquea la vergüenza (en quienes la tienen). Y es una pena. Es una reacción muy humana, que no se da en otras especies, porque requiere racionalidad (su pariente, la ignominia, significa pérdida del buen nombre, una pista para el PP). La pérdida de estima social es una humillación que nos deja vulnerables e indefensos. Pasado el momento de arrebato, la vergüenza de lo sucedido es un castigo social que ayuda a modelar la conducta en público. Cuando se pierde la vergüenza, no hay freno para caer reiteradamente en la extravagancia moral y racional y en formas leves de locura y desadaptación.

Por eso la falta de vergüenza describe el ambiente. La poca vergüenza que hay en un estadio de fútbol indica que el ambiente allí es de conducta gregaria y enardecimiento grupal. Y eso no está mal, a todos nos divierte disolvernos momentáneamente en la multitud o tras un disfraz. Lo malo es que la desvergüenza se extienda en la vida pública de un país llevado al límite de su salud y de su hacienda por una epidemia. Eso indica que hay amplias capas que están en ese estado gregario y de ira que bloquea la vergüenza. En unos más que en otros. Porque son unos más que otros los que están airados y ansiosos de tocar la lira mientras Roma arde. Y son unos más que otros los que, por la costumbre, tienen ya oficio en desarrollar los dos antídotos de la vergüenza: el cinismo y la hipocresía.

Se echa de menos la vergüenza cuando oímos a Rajoy decir que es una «reparación moral» el auto judicial que establece que su partido, bajo su gestión y la de los anteriores, fue una organización delictiva que se lucraba con grandes cantidades de dinero que comprometían grandes partidas de gasto público. La prensa palmera, con la misma desvergüenza, corea que el auto deslegitima al Gobierno de Sánchez, como si no fuera el PP el señalado por corrupción sistémica y Sánchez no hubiera ganado dos elecciones. Solo desde la desvergüenza la señora Ayuso puede confinar los barrios humildes de Madrid, señalarlos y señalar su condición social como «una forma de vida» que extiende la pandemia, exigir al Gobierno policías y militares para tan clasista encierro, y después clamar libertad vestida de Agustina de Aragón cuando el confinamiento impuesto por el Gobierno afectó también a los vecinos de los barrios cayetanos, con sus cacerolas incluidas. Sin vergüenza se cae, decíamos, en formas leves de locura y a tal estado apuntan esas proclamas circenses sobre un Madrid con un Rey y una Justicia que «resisten» no se sabe a qué. Sin el freno normal del pudor, la audacia lleva a galimatías como ese de que «si cierras restaurantes, haces que el contagio se vaya a las casas», que, como diría el primer narrador del Quijote, no entendería Aristóteles si resucitara solo para ello.

Lo del Consejo General del Poder Judicial pone los pelos de punta. La ley que prepara el Gobierno es un paso autoritario. Deja al poder judicial en manos de la mayoría parlamentaria de turno y difumina la separación del legislativo y el judicial, teniendo en cuenta que, sin listas abiertas, ya la separación del legislativo y el ejecutivo era una broma. Solo se me ocurre algo peor que el gobierno de los jueces esté a merced del partido que gobierne: que esté a merced siempre del mismo partido, gobierne o no. Tal es la situación: o dejamos el poder judicial a quien gobierne o se lo dejamos al PP a perpetuidad. Elija su tragedia. Pero hablábamos de la vergüenza. Y se vuelve a echar de menos en quien es capaz de perorar por Europa que España elimina la independencia judicial y a la vez petrifica a sus afines en el CGPJ dándole el trile a la Constitución. El señor Casado alcanza cotas aún mayores de desvergüenza llamando golpe «a la polaca» a la ley en ciernes, cuando el propio PP fue el único partido conservador europeo que se negó a exigir a Polonia y a Hungría la independencia judicial, hoy inexistente en esas dictaduras de facto. Claro que tampoco se ve muy sonrojados a los jueces que disfrutan de ese momio nombrando cargos a diestro y siniestro. Ni se escuchan presiones hacia ellos de las asociaciones de jueces, tan alto que hablaron otras veces.

Cuando se planteó un impuesto especial para las rentas altas, González montó en cólera, la prensa de la derecha deliró amenazas chavistas y José Bono endilgó un artículo en el que hablaba del comunismo con una sonrojante fábula de dos hermanos que nos enseñaba que los ricos lo son porque ahorran y los pobres son pobres porque lo gastan. Ahora es el FMI quien pide esos impuestos a rentas altas y grandes empresas.

Que lo pida el FMI no hace más justa la medida pero, teniendo en cuenta su muy acreditado ultraliberalismo, sí indica algo claro: que evaluar esa posibilidad fiscal desde el rechazo o aceptación del comunismo, en lugar de hacerlo por su necesidad en la actual situación límite, es una obsesión ridícula de obsesos ridículos que siguen obsequiándonos ridiculeces, porque la falta de vergüenza los incapacita para evaluar su conducta.

La falta de vergüenza afecta de manera notable a la ética y la estética del uso de los símbolos nacionales. Durante un tiempo la derecha preconstitucional, es decir franquista, denostó la bandera por haberle quitado el águila del Caudillo. Había dependencias del Estado y del Ejército que lucían la bandera con el águila, porque la «resistencia» de la derecha no es cosa de Ayuso, viene de lejos. Y también agraviaban al Rey, por ser un pusilánime que había traicionado los Principios del Movimiento Nacional que había jurado y le habían dado el trono. Fueron madurando hasta que un día descubrieron que, bajo la capa de honor impostado, no tenían vergüenza que los sonrojase y que así el campo expresivo se ampliaba de manera provechosa.

No tuvieron entonces empacho en ser ellos los que exhiben hasta el empalago la bandera con la corona, los que se quedan roncos de gritar viva al Rey e incluso, porque a eso lleva la desvergüenza, a gritar viva la Constitución en nombre de los valores preconstitucionales. Todas aquellas palabras que los hacían sangrar las hacen suyas, aprovechando la ventaja de no tener vergüenza. Quien es republicano es quien está contra la Constitución y, por tanto, contra la libertad, la reconciliación y la democracia. Para eliminar como ellos quieren las jubilaciones o las autonomías también hay que cambiar la Constitución, pero eso es razonar y eso es para gente con vergüenza. Con esos agarraderos retóricos de libertad y constitucionalismo, se juntan veteranos desubicados que se sienten desplazados de los tiempos farfullando lealtades vacías y ayudando, como tontos útiles, a sus compañías tóxicas a colocar la transición y la dictadura en el mismo ciclo.

Con esos mimbres y esa falta de pudor se prestaron no sé cuántos a ese vídeo en el que desfilan gritando viva el Rey como posesos, cada uno en pose para la historia. Una horterada de primera. ¿Qué dirán en el extranjero? Los más graciosos son los que lo explican en nombre de la República, de la izquierda y de la democracia. El vídeo en sí es inofensivo. Pero me hizo recordar aquel anuncio lejano y el niño cabizbajo: qué bochorno, papi.

 
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TRIBUNA
El Tribunal Supremo se sale del sistema judicial europeo
Los espacios europeos de libertad, justicia y seguridad parece que nos incomodan
José Antonio Martín Pallín 6/01/2020
<p>Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).</p>

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).
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No se trata de todo el Tribunal Supremo sino de una parte de la Sala Segunda que ha intervenido en la tramitación del proceso contra los políticos catalanes acusados de rebelión que ha terminado con la condena por sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. A partir de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de diciembre de 2019, en el caso de Oriol Junqueras, se ha desencadenado un debate en nuestro país sobre el alcance y efectos de las resoluciones de la justicia europea, cuando, en el ámbito de su competencia, resuelve sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal que sin esperar la contestación redacta una sentencia condenatoria.
Un reciente artículo publicado en El País, por Diego López Garrido, uno de los pioneros y el mejor especialista en Derecho Europeo y en el funcionamiento de sus instituciones, concedía a la sentencia un carácter innovador en relación a la toma de posesión de los parlamentarios europeos electos, en el caso de España, proclamados oficialmente en el BOE de 14 Junio de 2019. Al margen de sus consideraciones, que comparto en casi su totalidad, con algunas matizaciones, era de esperar la reacción carpetovetónica y en cierto modo, nostálgica del Imperio y la autarquía, de algunos sectores políticos y de gran parte de la opinión publicada o difundida.

Ese nacionalismo resistente a los cambios o “injerencias” extranjeras siempre pensé que era minoritario porque la mayoría de los españoles soñamos, en su momento, con equipararnos a los europeos que consiguieron articular un sistema de valores democráticos al que no podíamos ser ajenos. La integración en la Unión Europea ha servido para asimilarnos a democracias con más trayectoria histórica y por otra parte, sus fondos de cohesión nos han ayudado, entre otras cosas, a dar un salto espectacular en nuestras infraestructuras.

La integración en la Unión Europea ha servido para asimilarnos a democracias con más trayectoria histórica
En el campo de la justicia, los jueces españoles adquirieron hábitos y culturas que habían sido ajenos a nuestra formación tradicional, enquistada en una concepción, exclusivamente literal, de las normas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea pasó a integrarse en nuestro sistema judicial convirtiéndose en juez nacional para diversas cuestiones reguladas por el ordenamiento jurídico emanado de los órganos comunitarios, al mismo tiempo que los jueces españoles se convertían en jueces comunitarios, obligados a la aplicación de esas normas cuando son procedentes para resolver un caso concreto.


Con las naturales controversias que suscita la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, el sistema ha funcionado con absoluta normalidad, hasta que se agudizó el conflicto catalán. Atajada la “Hoja de ruta” que diversos partidos políticos catalanes sometieron a la voluntad de los electores con la declaración de su inconstitucionalidad y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, alguien decide que el fiscal general del Estado formule una querella contra los políticos catalanes que componían el Govern de la Generalitat y la presidenta del Parlament, calificando los hechos como una rebelión sin el uso de armas de fuego, sustituidas por leyes publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat, por la convocatoria de un referéndum, seguido de votaciones en sede parlamentaria y con una declaración de independencia condicionada a la apertura de un diálogo con el Gobierno central.
No es el propósito de este artículo entrar en el análisis del procedimiento ni de la sentencia que le puso fin; solo pretendo denunciar dos actitudes, una del juez instructor y otra de la Sala sentenciadora, que se sitúan al margen de los compromisos internacionales asumidos por España y nos exponen al reproche de los órganos de justicia de la Unión Europea y al desprestigio y la crítica de la comunidad jurídica europea e internacional.

Todos los que nos movemos en el mundo jurídico sabemos que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es el reflejo del compromiso internacional con la búsqueda de la paz, la concordia y la buena fe en las relaciones entre los Estados. Nuestra Constitución nos recuerda que los Convenios Internacionales firmados por España y aprobados según las normas constitucionales forman parte del ordenamiento jurídico español.
Después de su ingreso en la actual Unión Europea, España se incorporó a la decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la Orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. Nuestro país se comprometió, dentro del sistema de libertad, seguridad y justicia, a cumplir con las normas que regulan su funcionamiento. La decisión marco, que ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico y publicada en el BOE, con fecha 31 de diciembre de 2003, es suficientemente clara al delimitar los casos en los que se puede emitir por un juez nacional una orden de detención y entrega dirigida a un juez de otro país.
La detención y entrega solo funciona automáticamente en el caso de los 32 delitos que figuran en el texto de la Directiva, cuyo catálogo ha sido aceptado por todos los países firmantes, incluido España. Fuera de estos específicos delitos, los jueces del Estado requerido tienen la facultad de examinar todos y cada uno de los datos que se contienen en la petición para decidir si accede a ella, total o parcialmente, o si la deniegan en su totalidad.

Bélgica estaba dispuesta a entregar a Puigdemont y Comín solo por los delitos de malversación y desobediencia, pero no encontraba elementos suficientes para estimar rebelión
El juez instructor del Tribunal Supremo, Sr. Llarena, emite una orden de detención y entrega, dirigida inicialmente a la Justicia de Bélgica, ya que era público y notorio que las personas requeridas se encontraban en ese país. La respuesta de los jueces belgas no se hizo esperar. Después de llamar a las personas implicadas para que compareciesen y alegasen lo que estimaran pertinente, se produjo la tramitación y la respuesta. Bélgica estaba dispuesta a entregar a Puigdemont y Comín solo por los delitos de malversación y desobediencia, pero no encontraba en la petición elementos de hecho suficientes para estimar la existencia de un delito de rebelión. La respuesta del juez instructor resultó insólita, al rechazar la entrega en estas condiciones. No obstante, la orden siguió vigente y los afectados se movieron por el territorio europeo con absoluta libertad y localización, sin que en ningún caso se les pueda considerar como fugados, ya que han demostrado estar dispuestos a acatar las decisiones de los jueces de los países requeridos.

Posteriormente Puigdemont es interceptado en Alemania y el Tribunal del Estado de Schleswig-Holstein rechazó la entrega por el delito de rebelión. Esta respuesta repetida debió advertir al juez y al Tribunal Supremo que, en el ámbito democrático europeo, no podía equipararse la “hoja de ruta” seguida por los independentistas catalanes con un delito de rebelión. Lejos de aceptar la decisión, respetar el acuerdo firmado por el Estado español y continuar el procedimiento en los términos en los que se habían pronunciado los jueces extranjeros, el juez Llarena le da una patada al tablero de ajedrez y adopta la insólita decisión de retirar las órdenes de detención y entrega, cuando había tenido la oportunidad de que fueran entregados a España con esta limitación. En definitiva, aunque no de manera explícita, el juez español venía a manifestar que los jueces belgas y alemanes habían prevaricado. Creo que es una muestra, lo suficientemente expresiva, de una decisión unilateral de ruptura y salida del orden judicial europeo. Como es lógico, llovieron las críticas desde diversos sectores jurídicos y con toda seguridad, los países de los jueces que habían tramitado la orden se vieron sorprendidos por un reproche que no tenía precedentes en el ámbito de la Orden Europea de Detención y Entrega. Hasta tal punto que nos encontramos ante un supuesto en el que se omite el deber de perseguir delitos, al rechazar que se les juzgase por los delitos de malversación y desobediencia.

La inmunidad no solamente protegía a Junqueras sino que este debería ser puesto en libertad hasta que el Parlamento Europeo recibiese una petición de suplicatorio
El segundo acto de ruptura con el orden jurídico europeo acaba de producirse hace unos días, cuando el 19 de diciembre de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano supremo de interpretación y aplicación de la normativa europea, decide que Oriol Junqueras gozaba de inmunidad por haber adquirido la condición de parlamentario europeo desde el momento en que figuraba en las listas oficiales que el BOE había publicado y enviado con fecha 14 de junio de 2019 al Parlamento Europeo. Esta inmunidad no solamente le protegía sino que debería ser puesto en libertad hasta que el Parlamento Europeo recibiese una petición de suplicatorio para que se levantase la inmunidad parlamentaria.
Esta decisión de carácter ejecutivo, y que afecta a un valor superior de nuestra Constitución como es la libertad, no sólo no fue cumplida, en sus propios términos, sino que en el momento de escribir estas líneas todavía no se ha cumplimentado la decisión.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo no actuó de oficio. La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. A todos los jueces europeos y también a muchos nacionales les resulta incomprensible que el más Alto Tribunal de España se haya saltado las reglas de tramitación de las cuestiones prejudiciales y, con una exhibición de arrogancia, haya dictado sentencia sin esperar a la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cualquier juez español sabe perfectamente que si plantea una cuestión prejudicial debe suspender la tramitación del procedimiento hasta recibir la respuesta que ha solicitado. Parece que los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o lo ignoran, cosa que no creo, o se han creído que están por encima de la ley, saliéndose, una vez más, del sistema judicial que están obligados a respetar.

Las consecuencias no tardarán en hacerse visibles. Sin perjuicio de la decisión, en su momento, del Parlamento Europeo, nos encontramos en una situación incómoda e indeseable para el prestigio de nuestra justicia. Quizá no somos tan europeos ni tan demócratas. Los espacios europeos de libertad, justicia y seguridad parece que nos incomodan.
 
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Europa hace justicia frente a un Tribunal Supremo devaluado
El TS debe resolver sin obcecación porque el camino es solo uno: restaurar la dignidad vulnerada del Parlamento Europeo
Jesús López Medel 23/12/2019
<p>Instrumento judicial</p>

Instrumento judicial
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Escribo estas reflexiones a título personal, desde una perspectiva principalmente jurídica y en mi formación de Abogado del Estado que, entre otros destinos ha trabajado ante el Tribunal Supremo (TS) español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este ha dictado una sentencia muy importante sobre uno de los aspectos abordados por el alto tribunal, relativo al enjuiciamiento del principal líder independentista encarcelado.
Como es sabido, se trataba de resolver la cuestión acerca de si los derechos del elegido eurodiputado Oriol Junqueras le conferían inmunidad –condición de la que disfrutan todos los electos a este Parlamento– y acerca de cuándo adquiría tal condición y qué consecuencias se derivaban. Sobre ello, el TS español había formulado una cuestión prejudicial preguntando al Tribunal de Luxemburgo. Es importante poner la sentencia en el contexto de lo que, desde un primer momento, fue el tratamiento del problema secesionista.
Este pronunciamiento del TJUE es el primero que pone en evidencia uno de los atropellos que la Administración Judicial española ha cometido con la pretensión independentista
Este del TJUE es el primero de los pronunciamientos a nivel internacional que ponen en evidencia uno de los atropellos que la Administración Judicial española ha cometido con este tema, delicado y polémico, de la pretensión independentista. Acaso el principal y primer error fue que se intentara dar a este asunto no un tratamiento político, sino exclusivamente judicial, además desde una perspectiva criminal. Cuando el patriotismo quiere combatir otros con instrumentos penales, carcelarios y de negación de derechos humanos, produce mal resultado.
Hay una regla básica en Derecho penal que es el llamado “principio de intervención mínima”; la utilización de esta rama jurídica punitiva debe ser lo más reducida posible para enjuiciar conductas. Justo lo contrario de lo que han hecho nuestros tribunales (AN y TS) en este asunto.


Al procés –sin perjuicio de algunas barbaridades jurídicas cometidas por el Parlament con las leyes de desconexión que sumían en la nada tanto a la Constitución como al Estatuto de Cataluña– se le dio un tratamiento puramente judicial y con extrema dureza. Se encendieron los ánimos y al nacionalismo catalán de ensoñaciones y victimismos se le opuso un aguerrido nacionalismo español que dejaba la solución en manos del sector más conservador de la Administración: el estamento judicial.
Ya entonces se cometieron dos actuaciones graves. La primera, el retorcimiento del Derecho con unas interpretaciones muy forzadas para intentar encajar en tipos penales comportamientos que no debían de tener acomodo en el Derecho Penal. El segundo error fue aún peor: la distorsión de los hechos, intentando crear un relato manipulado para hacer ver que había existido violencia, algo que no hubo por parte de los enjuiciados.

Así, esa legión que representa la amigable conjunción de derecha y extrema derecha reiteraba ese relato con profusión; los mismos que no repudiaron nunca con firmeza el golpe militar de Tejero, en cambio, se pusieron enfáticos, severos y graves en la utilización constante del calificativo de “golpistas” a los imputados catalanistas. Se dieron a sí mismos el falso calificativo, también repetido como un mantra, de “constitucionalistas” cuando solo se fijaban en uno de los muchos asuntos tratados por la Constitución: la unidad. Olvidaban, sin embargo, que ese texto proclama, al mismo tiempo, el pluralismo y el reconocimiento de nacionalidades (entiéndase naciones) dentro de España.
La vista oral de enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo siguió sus cánones, aunque hubo algo significativo: el hecho de que el Gobierno retirara la acusación por rebelión. Eso produjo algunos coletazos, como la actitud del abogado jefe de Penal, que se rebeló y se negó a aceptar lo que su cliente, el Estado, le decía. Anteponía sus ideas personales a su papel de servidor público. Su presencia en medios desafiando al Gobierno le dio notoriedad y fue fichado por uno de esos partidos patriotas.

Frente a eso, la abogada general del Estado estudió con serenidad el asunto y asumió reflexivamente las consideraciones de la ministra de Justicia. Acertaron plenamente. En efecto, es sabido que frente a la obcecación de Llarena como instructor y a pesar de que la idea de “golpistas” había calado a base reiterar el calificativo, el Tribunal Supremo, por unanimidad, les absolvió de esa inconsistente imputación de rebeldía en la que la Fiscalía hizo el ridículo. Aquí el TS sí aplicó un principio elemental del Derecho Penal: solo puede haber condena cuando los hechos resulten convincentemente probados y encajen sin forzar nada en un tipo penal claro.
Pero hay otro momento en el que se comete un error muy grave en relación al vicepresidente Junqueras y es lo que motiva, precisamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fue la decisión del Supremo de impedir que un candidato electo a las elecciones europeas tomase posesión de su escaño. Previamente, la Junta Electoral Central le había proclamado candidato pero, como decimos, la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Marchena, lo impidió. Tampoco la abogada del Estado respaldó esto.
La sentencia del TJUE se refiere sobre todo al Derecho electoral, pero subyace otra idea: el derecho de participación política no debe ser restringido para los candidatos, y menos aún para los elegidos
Quienes hemos actuado como letrados ante la Gran Sala del Tribunal Europeo, compuesta por 15 miembros, nos imbuimos de la solemnidad que supone y obliga a conocer cuáles son los ejes que gravitan en el acervo intelectual del órgano jurisdiccional europeo. Y uno de ellos es la idea de que tienden a hacer una aplicación de la legislación comunitaria y de las nacionales desde un prisma de derechos humanos, facilitando mucho una aplicación extensiva de estos. La sentencia del TJUE se refiere sobre todo al Derecho electoral, pero subyace otra idea: el derecho de participación política (esencial en democracia) no debe ser restringido para los candidatos, y menos aún para los elegidos. A este derecho fundamental y de gran importancia se refiere el artículo 23 de nuestra Constitución.

La sentencia es muy clara al considerar que el Tribunal español actuó defectuosamente pues el eurodiputado Junqueras lo era desde la proclamación de los resultados electorales y, tras su proclamación, no debería haberse exigido otra formalidad. Así lo expresaba el dictamen del abogado general hace mes y medio y su criterio previo suele tener bastante peso. La sentencia pone de relieve que era improcedente exigirle más formalidades una vez elegido. Y hacerlo con un planteamiento diabólico: exigir que jurase la Constitución, pero al mismo tiempo no permitir que lo hiciera. También es llamativo el reproche a las autoridades españolas, que deberían haber consultado a las instituciones europeas sobre la inmunidad y la manera de proceder. Frente a eso, el Tribunal español vulneró los derechos y la inmunidad del eurodiputado.
Ciertamente, el TJUE (cuya vicepresidenta es española) no dice que Junqueras deba ser puesto en libertad, pero una actitud coherente en una Administración de Justicia estatal integrada en una Justicia supranacional, debería obligar a que, al menos, viaje a Estrasburgo y sea tratado como eurodiputado. Cualquier trampa que se quiera poner para evitar esto supondría convertir a España en un Estado en rebeldía y desobediente ante la Justicia europea. Ya está suficientemente desprestigiada entre nuestros ciudadanos como para continuar haciendo el ridículo en Europa. Ya se fracasó con todas las órdenes de extradición promovidas por Llarena y que fueron denegadas en Alemania, Bélgica y Reino Unido.
Las consecuencias prácticas de la sentencia no deben formar parte del acuerdo de gobierno que permita abstenerse a ERC. Bastaría con hacer efectiva una sentencia supranacional y hacer justicia para que se le dé plenamente la condición de eurodiputado. Ahora dejemos que se estudie técnicamente por la Abogacía del Estado lo que procede realizar para que el Tribunal Supremo resuelva sin obcecación aunque el camino es solo uno: restaurar la justicia y la dignidad vulnerada.
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Jesús López-Medel Báscones es abogado del Estado.
 
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JUSTICIA POLITIZADA
El Zar Lesmes o el gran seleccionador
El presidente del CGPJ es la clave de bóveda de la magistratura conservadora. Ya ‘colocó’ a sus jueces preferidos en 2013 por cinco años, y en 2018 lo ha vuelto a hacer por otros cinco
Ernesto Ekaizer 14/01/2020
<p>Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial.</p>

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
LUIS GRAÑENA
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El Gran Seleccionador o el Gran Colocador de jueces en este país se llama Carlos Lesmes.
Es el Zar.
Lesmes (1958) subió los primeros peldaños de su carrera política nada más ganar las elecciones José María Aznar.
En el Ministerio de Justicia ocupó los cargos de director general de Objeción de Conciencia –entre 1996 y 2000– y director general de Relaciones con la Administración de Justicia –entre 2000 y 2004–, y muchos años después, tras pasar por la Audiencia Nacional y tres años por la Sala Tercera del Supremo –Lesmes siempre definió a esta rama del derecho, el contencioso-administrativo, como el equivalente de la academia norteamericana militar de West Point frente al concepto de que cualquiera puede ser penalista–, resultó nombrado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en diciembre de 2013.
No las tenía todas consigo para el puesto, pero es un hombre de baraka y sabe exprimir las contradicciones de los políticos.

Lesmes adaptó aquella expresión de Alfonso Guerra de octubre de 1982 referida a España. Cambió España por judicatura y se prometió que no la reconocería ni la madre que la parió
El Partido Popular apoyaba para el puesto a Manuel Marchena, entonces magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero el exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2012, vetó a Marchena y apoyó a Lesmes.
Rubalcaba se quedó con la sangre en el ojo cuando Marchena y su colega y amigo José Manuel Maza –más tarde fiscal general del Estado– presentaron un voto particular, en febrero de 2010, contra la mayoría en la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba, con ciertas medidas de precaución, el nuevo sistema de escuchas telefónicas Sitel, sistema que el entonces ministro del Interior había adquirido.
EL GAL y la selección nacional del PP
En diciembre de 2013, Lesmes comenzó su primera ronda de nombramientos de jueces por un periodo de cinco años. Aparte de ser un seleccionador incondicional de jueces conservadores o próximos al Partido Popular, Lesmes impuso un criterio particular. No solo aplicaba el rodillo mayoritario conservador para elegir a magistrados de derechas. Seleccionaba también a algunos jueces con marchamo de progresistas porque respondían a un rasgo fundamental: eran miembros de lo que en la jerga iniciática de la judicatura se llama el GAL, o Grupo de Amigos de Lesmes. Uno de los ejemplos más estelares fue la creación del puesto de vicepresidente del Tribunal Supremo, y la decisión de nombrar a un magistrado progresista en la persona de Ángel Juanes.
Pero el requisito para su designación era un secreto a voces: Juanes compartía urbanización en el sur de España con Lesmes y salía a navegar en el barco del nuevo presidente del Supremo y del CGPJ. También en el órgano de mando del CGPJ, la comisión permanente, Lesmes se ganó la complicidad de vocales progresistas, como la magistrada Mar Cabrejas o el abogado y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.
El rodillo funcionó de una manera irrefrenable durante cinco años en los que una carrera tradicionalmente conservadora todavía daría un salto hacia posiciones más extremas. Lesmes adaptó aquella expresión de Alfonso Guerra de octubre de 1982 referida a España. Cambió España por judicatura y se prometió que no la reconocería ni la madre que la parió.
Sin complejos
Desde el minuto uno, Lesmes no mostró complejos. Y los vocales del nuevo Consejo no tardaron en percibir su falta de escrúpulos. Por aquellos días de 2014, la preocupación en el Partido Popular tenía nombre alemán: Gürtel. Y apellido breve: Ruz.
Pablo Ruz, un joven magistrado, estaba en comisión de servicios, renovable cada seis meses, en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Y estaba a cargo de la trama de corrupción de Francisco Correa, gürtel en alemán.
El PP había decidido apoyar a Ruz en la instrucción de los Papeles de Bárcenas, en la primavera de 2013, frente a una fugaz incursión de Javier Gómez Bermúdez, la bestia negra del PP, tras el juicio del atentado del 11-M en Madrid, cuya sentencia confirmó la autoría yihadista de la masacre frente a las teorías de la conspiración.
Pero pronto, al advertir el carácter de Ruz y su independencia en la investigación, el PP lo convirtió también en otro de sus peores enemigos.

Lesmes consintió en renovar el mandato de Ruz en junio de 2014. Pero sería una y no más. Ese verano, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recibió presiones directas de su partido para acabar con la comisión de servicios de Ruz a finales de ese mismo año. El juez sabía que tenía los días contados. Y por tanto aceleró la investigación de dos de las casi diez piezas de la trama: Gürtel 1999-2005 y Papeles de Bárcenas o Contabilidad B del PP.
La cobertura de la operación para quitarse de en medio a Ruz la aportaría el ministerio de Justicia: la necesidad de sacar a concurso un número importante de puestos para cubrir plazas de jueces. Entre los primeros 360 se incluiría el sillón del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional.
Valle y De la Mata
Pero la tarea de Lesmes no se limitaría a liquidar a Ruz. Había que asegurar la plaza para un candidato próximo al PP, aún quedaban importantes piezas para instruir en el caso Gürtel. Uno de los colaboradores de Lesmes en la Comisión Permanente del CGPJ, Gerardo Martínez Tristán, hizo de cazatalentos y encontró lo que buscaba: Carlos Valle, magistrado de los juzgados de Plaza Castilla. Era un valor seguro. Por ideología y por antigüedad. Valle había protagonizado en 1986 el ataque contra centros de planificación familiar y clínicas abortistas de Madrid en el que ordenó detener a 39 trabajadores. Y en 2006 había exonerado a dos militantes del PP que agredieron al ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Valle pareció acoger con entusiasmo la idea, pero finalmente se echó atrás por razones de salud, al borde del concurso de adjudicación. Así, la plaza la ganó el juez Pepe de la Mata. Al PP le salió el tiro por la culata. Se había cargado a través del CGPJ a Ruz y ahora, en abril de 2015, la plaza la ocuparía un juez que, entre 2009 y 2011, había sido director general de Modernización de Justicia durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Vade retro!

Ruz finalizó la instrucción de Gürtel 1999-2005 y dejó enfilada la de Papeles de Bárcenas, antes de acabar su comisión de servicios. Los temores del PP se vieron confirmados en diferido, cuando en mayo de 2018 la sentencia de Gürtel 1999-2005 dejó constancia de que Francisco Correa creó con el PP una “estructura de colaboración estable” ...que llevó a un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”, una frase crucial para la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.
Prueba de fuego
La militancia de Lesmes, empero, tendría una prueba de fuego con el procés. En aquellos días de diciembre de 2014, Lesmes ya había consumado una primera cruzada victoriosa.
Una de las miembros de la Comisión Permanente era la abogada Mercè Pigem, exdiputada en el Congreso de los Diputados por Convergencia Democrática de Cataluña. El 11 de noviembre de 2014, Pigem acude a la reunión de dicho órgano. Tan solo dos días antes, se había celebrado en Catalunya la consulta del 9-N, con las preguntas “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”.
––¿Qué ha pasado el domingo, Mercè? ¿Cómo ha ido?– preguntó Lesmes.
Pigem, de 60 años, contestó en clave de humor.
––Bueno, yo vivo en La Bonanova y todos son pijos. El domingo vamos a misa y después nos pasamos a votar en la consulta.
La ira de Lesmes era visible. Pigem, lejos de esconder el hecho de que había sido una de los 2.305.290 votantes en el “acto de participación ciudadana”, según las cifras oficiales ofrecidas por la Generalitat, lo estaba reconociendo.
Lesmes bramó subiendo el tono de voz y amonestando a Pigem, que aguantó estoica.
La cobertura de la operación para quitarse de en medio a Ruz la aportaría el ministerio de Justicia: la necesidad de sacar a concurso un número importante de puestos para cubrir plazas de jueces
Las cosas no quedarían ahí. Tres semanas más tarde, Lesmes ejecutó su vendetta. Pigem acompañaba a su hermana en un viaje a Andorra para hacer compras para las Navidades. Pigem llevaba encima 9.500 euros. En un control de las fuerzas de seguridad del Estado, le encontraron el dinero y, al comprobar su nombre, una integrante de la Guardia Civil decidió abrir un expediente. La noticia se filtró. El 28 de noviembre de 2014, Lesmes llamó por teléfono a Pigem y le arrancó la renuncia al CGPJ. Lesmes no tenía ninguna autoridad para ello. Los miembros de la Comisión Permanente son designados por el Pleno del CGPJ y deben responder ante el mismo. El caso del dinero en metálico de Pigem se archivó sin sanción administrativa.
Tres años después, durante la toma de posesión de magistrados del Tribunal Constitucional, Mercè Pigem y Lesmes se reencontraron. “Siento cómo fue todo”, le dijo el presidente del CGPJ a la jueza catalana, como si no fuera con él.
Así es Lesmes.
Macías y Ramírez Sunyer, contra el procés
La operación Pigem fue muy provechosa para Lesmes y para el PP. Una vez más, no se trataba solo de cargarse a alguien, sino de quién le sustituiría. Y en una nueva operación, Lesmes consiguió deshacerse del primer candidato suplente, Antonio María Álvarez-Buylla, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, para dar entrada al segundo suplente, el exmagistrado y abogado socio del bufete Cuatrecasas José María Macías.
Macías se convertiría rápidamente en la mano derecha intelectual de Lesmes y, sobre todo, formó con él y con el magistrado Pablo Llarena una troika durante la instrucción de la causa del procés en el Supremo. La cuarta pata era el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.


Macías y Ramírez Sunyer se habían conocido en la Escuela Judicial Española, en 1990. A raíz de una denuncia del abogado Miguel Durán, el exdirector de la ONCE, Sunyer se había convertido en el caballo de Troya del procés con la ayuda del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, a cargo de la policía judicial, desde febrero de 2017.
La instrucción de Llarena sobre los hechos del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017, precisamente, contaba con el trabajo de recopilación de indicios de Ramírez Sunyer y sobre todo, los atestados de Baena que ya trabajaba sobre lo que consideraba “el clima insurreccional de Catalunya” desde noviembre de 2015 a las órdenes del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
El magistrado mantiene excelentes relaciones con los gobiernos. En el último año y medio ha visitado a Pedro Sánchez, se ha hecho querer aportando información y está a partir un piñón con la vicepresidenta Carmen Calvo
Cuando Ramírez Sunyer estaba muy enfermo, a punto de morir, Macías aconsejó a Lesmes enviarle una carta de agradecimiento por los servicios prestados en la instrucción. Se cree que el borrador lo elaboró el propio Macías, quien ya preparaba el obituario de su amigo. En la carta, enviada el 2 de noviembre de 2018, Lesmes lo felicita por las “dimensiones heroicas” que adquirió la labor del juez en el contexto “hostil” del 1-O, y le muestra su respeto a “la persona que es capaz de perseguir tan tenazmente aquello en lo que cree, lo que constituye su ilusión y su meta: el servicio a la Justicia y al Estado, a España, y el cumplimiento del deber que ese servicio entraña”. Lesmes finalizaba agradeciéndole a Ramírez Sunyer “defender el Estado de Derecho y la Justicia sin vacilaciones ni miedos en tiempos tan convulsos”, y añadía: “Siempre serás un referente para mí y para todos los compañeros de profesión”.
A su vez, Macías revelaba en su obituario de fecha 4 de noviembre de 2018 la verdadera importancia de la instrucción de su amigo fallecido.

“Su trabajo como juez, siempre impecable, se hizo noticiable cuando asumió la investigación inicial de los hechos que desembocaron en los sucesos del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía de la Generalitat. Posteriormente, su investigación constituyó en buena medida la base de la que, a su vez, ha llevado a cabo el Juez Llarena por los acontecimientos del 1 de octubre de ese año”.
Triste, Marchena y final
Pero he aquí que después de seleccionar ese plantel a lo largo y ancho de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, cuando ya vencían algunos de los primeros mandatos de cinco años de los elegidos por Lesmes –con su mayoría conservadora en la comisión permanente y en el Pleno del CGPJ–, y ante el vencimiento del mandato del propio Lesmes y de los vocales nombrados en 2013, una conspiración liderada por el exministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, con mandato de Pablo Casado, y apoyo del gobierno de Pedro Sánchez, volvía a reeditar el año pasado la situación creada en 2013.
En septiembre de 2018, Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala Segunda y del tribunal del procés, dio su apoyo para que le nombrasen único candidato para suceder a Lesmes.

Con todo, no pudo ser. Un oportuno whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, explicaba a sus conmilitones, críticos con el pacto entre el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, que el acuerdo en ciernes era ampliamente beneficioso para la derecha. El PP permitía al sector llamado progresista del CGPJ contar con 11 vocales contra 9 de los conservadores, con la presidencia para Marchena. El pacto, explicó Cosidó, era muy bueno para el PP porque con él se estaba “controlando la Sala Segunda [la que enjuicia a los aforados] desde detrás”.
La renovación del CGPJ fue cortocircuitada. Y Lesmes vio prorrogado su mandato sine die. En estos meses, ha aprovechado su interinidad para renovar o depurar aquellos primeros mandatos de hace cinco años que han ido venciendo. De facto habrá acometido la tarea de dos mandatos casi completos en materia de nombramientos clave.
Lesmes se representa a sí mismo y a su grupo de amigos. Y mantiene excelentes relaciones con los gobiernos. En el último año y medio ha visitado a Pedro Sánchez, se ha hecho querer aportando información y está a partir un piñón con la vicepresidenta Carmen Calvo.
Tras la moción de censura de junio de 2018, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que había sido jefe de Lesmes en los años de Aznar en Justicia, llamó a Lesmes.
––La culpa de todo esto esto la tienes tú, Carlos. Y que sepas que también Rajoy piensa así.
No era cierto que Mariano Rajoy pensara de esa manera. Pero Catalá se lo inventó para dramatizar el escenario.
Catalá le echaba en cara a Lesmes que no hubiese movido un dedo para impedir que Rajoy tuviese que acudir personalmente –en lugar de hacerlo por videoconferencia desde La Moncloa– a declarar a la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, el 26 de julio de 2016 en calidad de testigo en el caso Gürtel.
AUTOR >
Ernesto Ekaizer


Como se llama el famosa bufete de abogados en el que trabaja la SSS? la respuesta acertada es CUATRO CASAS causalidades de la vida
 
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A mi me resulta un poco raro que los 3/5 de la cámara, es decir, 210 diputados sean suficientes para elegir al CGPJ.

¿Ese es realmente el mejor modelo para elegirlo. ?

Si esa es tu opinión, que tiene todo el sentido del mundo, ¿cómo puedes defender siquiera dos segundos que sí es ok que la elección se lleve a cabo por la mitad más uno de cada cámara?