LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?

Pérez-Reverte estalla contra la sentencia del crimen de los tirantes y desvela qué ocurrió en su propia casa


El popular escritor y académico de la lengua ha comentado la sentencia contra Rodrigo Lanza y ha relatado un suceso del que fue víctima

La sentencia contra Rodrigo Lanza por el asesinato de Víctor Laínez, también conocido como el caso de los tirantes, ha dado mucho de qué hablar, tanto que hasta Arturo Pérez-Reverte ha dejado su opinión. El fallecido, Laínez, llevaba unos tirantes con la bandera de España, lo que generó cierta indignación y se llegó a pedir que se juzgase como un delito de odio. Finalmente, la sentencia ha condenado Lanza a cinco años por homicidio imprudente, lo que, en palabras del abogado de la familia, es una "colección de desatinos" contra los que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón


Reverte, un robo en su casa y la legítima defensa

El afamado escritor y académico de la lengua ha querido compartir su parecer en redes sociales, donde es un usuario muy activo. Su reflexión ha generado tal cantidad de respuestas y comentarios que el término 'Don Arturo' se ha convertido en tendencia en nuestro país.
Arturo Pérez-Reverte

@perezreverte

https://twitter.com/perezreverte/status/1199671265331691521

Hace pocos días, dos encapuchados quisieron entrar en mi casa a robar. Si les llego a dar un escopetazo de postas, me habría comido más cárcel que Rodrigo Lanza. Ruego a los próximos asaltantes que lleven tirantes con bandera española, que atenúa mucho"




Lo que ha sorprendido ha muchos tuiteros ha sido el comienzo del mensaje, pues Reverte ha revelado un suceso del que fue víctima y que, hasta ahora, no había sido conocido por el público general. "Hace pocos días, dos encapuchados quisieron entrar en mi casa a robar", comentaba el escritor. "Si les llego a dar un escopetazo de postas, me habría comido más cárcel que Rodrigo Lanza", elucubraba, para concluir con la siguiente reflexión: "Ruego a los próximos asaltantes que lleven tirantes con bandera española, que atenúa mucho".La respuesta de las redesLa ironía utilizada por el escritor, además de la polémica del caso ha convertido al mensaje en ciertamente popular, lo que ha generado que lleva más de 6 mil compartidos y 14 mil me gusta. Entre las preguntas que le lanzaban, acabó relatando qué ocurrió con el asalto a su hogar.
 
La indeseable unanimidad

Si aseguramos la unidad territorial de algo llamado España y para ello pisoteamos los principios constitucionales, democráticos y de derecho internacional que nos sustentan como democracia occidental, habremos hecho un pan como unas tortas

Elisa Beni
30/11/2019 - 21:40h
Junqueras dice que no ve atajos para la independencia sin un referéndum acordado

Oriol Junqueras en una imagen de archivo EUROPA PRES

"Yo lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo"

Bunbury. El hombre delgado

Al fin esta semana se ha vislumbrado un rayo de esperanza en el sistema. Al fin, esta semana, tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han dejado atrás la Razón de Estado, el principio de conveniencia y las presiones de los medios de comunicación y de otra índole para hacer su trabajo como se espera de ellos. Al fin, la indeseable, inexistente y forzada unanimidad jurídica sobre el caso del procés y sobre los pasos judiciales dados desde la presentación de la querella de Maza ha sido rota. Honor a aquellos que priman su honestidad y su juramento sobre las presiones y la conveniencia. Honor y mi agradecimiento por darme otro pequeño jirón de esperanza a la que agarrarme para seguir defendiendo que el maltrecho Estado de Derecho español aún puede ser reparado y restañado y para luchar por ello.

Desde la caverna mediática y desde las trincheras políticas se les ha puesto a parir aunque con la boca medio pequeña, porque no hay en este país nadie que se atreva a decir que Xiol Rius es un mal magistrado o que no sabe derecho. Por eso es tan importante que él y Valdés y Balaguer vayan a suscribir un voto particular, tras haber quedado en minoría, para explicar por qué los derechos constitucionales de Oriol Junqueras han sido vulnerados por el propio sistema judicial español y por qué es preciso restañarlos y concederle el amparo.

Ninguna ley española habla sobre la necesidad de unanimidad en las decisiones judiciales o constitucionales. Es más, la ley de lo que habla es de lo que es probable que suceda, como de hecho sucede, que es de la falta de unanimidad. Así lo hace el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es que un juez que juzga y participa en una deliberación ESTÁ OBLIGADO a firmar la sentencia resultante. Un juez, por principio, está obligado a decidir. No puede darse la vuelta. Una vez conoce un asunto DEBE expresar su opinión. Así que como puede suceder que la opinión mayoritaria, que está obligado a firmar, vaya en contra de sus propios principios, prevé precisamente la ley la emisión de un voto particular anexo a la sentencia, a todos los efectos, para que su firma vaya acompañada de la verdadera explicación de su sentir jurídico. No hay ninguna mención a la unanimidad necesaria en ninguna ley. Es más, la ley lo que prevé es la existencia de 'salas de discordia' o nuevas 'vistas de discordia', cuando por el número de magistrados no se llegue a producir una mayoría.

¿Quién se inventa pues eso de la deseada unanimidad? ¿Para qué y por quién es deseada? La unanimidad se desea cuando no se quieren líos ni ataques por la sentencia o cuando se piensa que puede ser discutida y que con una decisión unánime las críticas serán menores. En realidad, no nos engañemos, la deseada unanimidad es un concepto más político que jurídico que comienza a planear sobre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando enjuicia cuestiones con un alto voltaje político y que fue llegando al Tribunal Supremo por los mismos motivos.

Ese blindaje es el que muchos quieren imponer ahora mismo al Tribunal Constitucional para impedir que las voces jurídicas discordantes con algunas decisiones tomadas, claramente vulneradoras de los derechos de los procesados y condenados catalanes, dejen en evidencia a los que las tomaron. Esta es la cuestión, la intranquilidad y la presión que se ha evidenciado en muchos casos, incluso procedente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para intentar que el TC se pliegue a la formación en tortuga y no deje resquicios para que Europa vea las debilidades del proceso judicial seguido contra los independentistas catalanes.

¿Es buena esa unanimidad para tapar las miserias? No sé para quién ni para qué. En realidad si Estrasburgo o Luxemburgo han de bucear en las chapuceras decisiones que impusieron la pragmática sobre la protección de derechos que son inalienables, lo harán de todas formas. Me parece inteligente, además de honesto, que magistrados de la talla de Xiol quieran dejar claro en sus votos, para cuando Europa nos ponga colorados, que ellos ya lo vieron y que no conculcaron su juramento ante los objetivos políticos mayoritarios.

Ya va siendo hora de que quede claro que si aseguramos la unidad territorial de algo llamado España, pero para ello pisoteamos los principios constitucionales, democráticos y de derecho internacional que nos sustentan como democracia occidental, habremos hecho un pan como unas tortas. España era muy una con Franco. España no era libre ni respetaba los derechos fundamentales con Franco. Me resulta escalofriante que haya juristas que hayan estado dispuestos a callar y a mirar para otro lado sabiendo, como sabían, que los salvapatrias estaban pasando por encima de principios irrenunciables.

Ha pasado desapercibido para el gran público y menos para los medios que han estado intentando presionar y forzar a los magistrados a plegarse a la espiral del silencio.

Gracias por la honestidad y por la valentía porque nos devuelve una brizna de esperanza.


 
Gobernar con el Judicial enfrente

La renovación pendiente del CGPJ va a ser uno de los primeros problemas de la legislatura, aunque todos los comentarios se centren en los Presupuestos.

Ahora que hemos visto que a los magistrados del TC se les presiona con toda impunidad, incluso desde los editoriales, para que aprieten las filas y no den su opinión jurídica real ¿qué va a pasar con esa renovación?

Elisa Beni
29 comentarios

04/12/2019 - 21:38h
El Rey preside hoy la apertura del año judicial

EFE
"La balanza de la Justicia...Dios mío... no es un mecanismo demasiado sensible, es una burda báscula que no se mueve si no se le arrojan pesos a quintales"
Jakob Wassermann


¿Va a ser capaz el nuevo gobierno, aún no nato, de gobernar con el Poder Judicial enfrente?

Corría el año 2001 cuando varios vocales de un recién nombrado Consejo General del Poder Judicial explicaban en una comida recogida hasta qué punto preocupaba al gobierno de Aznar su convicción de que las altas esferas de la judicatura hubieran sido "copadas" durante los años de gobierno socialista por magistrados "progres" y cómo eso dificultaba y podía hasta frenar la acción de gobierno dado que las leyes podían ser declaradas inconstitucionales, las querellas contra populares podían ir viento en popa y los asuntos más delicados frenados en el Tribunal Supremo o perdidos en la Audiencia Nacional. Así que se pusieron manos a la obra y con el CGPJ presidido por Francisco José Hernando asumieron el compromiso de purgar las altas esferas judiciales y embocar el gran paquebote de la Justicia hacia la ruta marcada por los conservadores para llevar a buen puerto sus proyectos.

El Consejo de Hernando estuvo vigente durante casi ocho años, siendo los mandatos oficiales de cinco, pero en ese anormal periodo pusieron las bases del desembarco de los afines al PP en los grandes órganos judiciales. Esa misma situación se está reproduciendo ahora con el caducado Consejo presidido por Lesmes, que ha nombrado ya a 52 altos cargos judiciales estando fuera de mandato y que aún ha convocado nuevas plazas del Tribunal Supremo con la intención clara de dejar bloqueadas con una mayoría conservadora las principales salas al menos por casi un cuarto de siglo dado que, también de forma casual, están nombrando a magistrados a los que les quedan muchos años antes de jubilarse. Todo es muy casual. La presidencia de la Audiencia Nacional, la de cuatro Tribunales Superiores de Justicia, 14 Audiencias provinciales y 8 magistrados del Tribunal Supremo. Fíjense si fue rentable reventar el acuerdo de renovación formalizado entre el PSOE y el PP justo tras la moción de censura. ¿Quién fue el listo que pensó que a lo mejor lo del PSOE no era para mucho tiempo y que en unas futuras elecciones la derecha podría sacar mejor tajada? A quien sea que le vayan poniendo la medalla, porque desde luego ha conservado una facultad que no se compadece con las mayorías parlamentarias llamadas a renovar el órgano.

¿Será capaz el nuevo gobierno, si acaba cuajando, de gobernar si se le ponen en contra los jueces?

El CGPJ del que les hablaba, el de Francisco José Hernando, de mayoría conservadora, ya se prorrogó más de la cuenta lo suficiente para amargarle la vida a Zapatero y puede que a todos porque hay lodos que proceden en parte de aquellos polvos. No fue casual que el CGPJ decidiera elaborar un informe contrario al Estatut en 2005 sin que se lo hubieran pedido las Cortes, como es preceptivo. Enrique López, hoy consejero del trifachito de Madrid y entonces vocal lo justificaba así: "Pese a que no hay previsión legal, el Consejo tiene un reglamento de funcionamiento que permite elaborar cualquier estudio o informe sobre cualquier asunto jurídico que se considere de interés. Si estamos ante un Estatuto que afecta al Poder Judicial y al órgano del gobierno de los jueces ¿qué más interés se puede pedir?". Un reglamento saltándose a la ley pero ¿qué más daba? Había intereses mayores. Parecidos a los que provocaron que se hiciera un informe sobre la Ley de Matrimonio Homosexual, este sí requerido formalmente, en el que se afirmaba que aprobar tal proyecto "abre la puerta para legalizar el incesto o las relaciones entre animales". Cosas de tener a los del Opus bien dentro.

Pongo estos ejemplos para que se vea hasta qué punto pueden interferir estos órganos que permanecen en una anomalía constitucional -aquí a los llamados constitucionalistas les importa lo que les importa pero esto les parece fenomenal- en el caminar de un gobierno progresista al que ya se le ha puesto de frente, y eso sin existir, la banca, los empresarios y hasta los obispos más de la carcundia.

La renovación pendiente del CGPJ va a ser uno de los primeros problemas de la legislatura, aunque todos los comentarios se centren en los Presupuestos. Y Casado ya ha avanzado, aunque ha pasado desapercibido, que no está muy por la labor. A fin de cuentas ¿para qué si ahora tiene una representación que no va a volver a obtener? Y luego está el asunto Vox y la incapacidad para impedir que gane peso en las instituciones para lograr destruir el sistema tal y como lo conocemos. ¿Va a tomar parte en la designación de jueces? La derecha nos ha dicho ya que quiere ilegalizar partidos nacionalistas -la propuesta de Vox en Madrid recibió el apoyo del PP y Ciudadanos- y eso lo hace la Sala del 61 del Tribunal Supremo, no lo olviden, aunque tenga que instarlo el Gobierno... o la Fiscalía. Y si se ha podido ver una sedición de nueva factura, vayamos a saber qué no se puede ver en el futuro.

Hace tiempo que les cuento que existe la posibilidad de que las cúpulas judiciales hayan decidido tomar las riendas en asuntos cuya resolución puede que no les competa. Todo poder tiende a expandirse y este no menos. El caso del procés ha sido un claro ejemplo. La espiral del silencio se ha extendido sobre jueces y fiscales para acallar las voces que veían, desde el principio, que la acusación de rebelión no tenía ningún sentido. Eso sí, fue útil para sacar de Cataluña el problema, para judicializarlo y para inhabilitar preventivamente a los líderes catalanes. Y no hubo el más mínimo cambio ni la más mínima vacilación tras el cambio de gobierno. Hasta el abogado del Estado Bal, ahora diputado de chiripa de Ciudadanos, andaba acusando por rebelión sin que esa fuera la orden que había recibido

¿Pueden las togas enrocarse, dado que sólo están sometidos a un control que ejercen ellos mismos? No sé. Lo cierto es que las cúpulas bien tomadas por los conservadores le pueden complicar la vida a un gobierno progresista. Eso por no hablar de la renovación pendiente del Tribunal Constitucional. Ahora que hemos visto que a los magistrados del TC se les presiona con toda impunidad, incluso desde los editoriales, para que aprieten las filas y no den su opinión jurídica real ¿qué va a pasar con esa renovación? Para todas ellas hace falta una mayoría reforzada de 3/5 de la Cámara.

Es un tema que permanece silente y del que se habla poco, pero que puede llegar a ser decisivo. De momento, los favoritos para ocupar los sillones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo son Concepción Espejel -Querida Concha- y Barrientos, el presidente del TSJ de Cataluña. Ellos van detrás de Carmen Lamela y de otros que, casualmente, unen a sus méritos haber fallado justo lo que se esperaba de ellos. Y ahí lo dejo.

No olviden cuántas cosas pueden pasar por los tribunales incluso aunque no debieran.

No olviden que los tribunales, incluido el TC, se pueden convertir en una tercera cámara en la que ganar lo que se pierde en las Cortes.

Un mensaje filtrado y todo se volcó del lado de la derecha que no está dispuesta a soltar la presa.

Todo convenientemente casual.

Todo complicado para el gobierno que muchos, a pesar de los poderes fácticos, esperamos que llegue.
*PD. Por supuesto, cuando hablo de jueces, hablo de los que ocupan las cúpulas. No me refiero al juez de su pueblo o de su asunto particular. Hablo del poder con mayúsculas, ya saben, no de los pleitos de cada día.


Pues eso, que la imagen de la Justicia de éste país es un desatre.
 
Un CGPJ en funciones nombra a 46 cargos, la mayoría afines a Lesmes y el PP, y condiciona la Justicia para los próximos 20 años

Los nuevos presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales permanecerán en las plazas cinco años. Y los nuevos magistrados del Supremo hasta la jubilación. Esta cúpula judicial la tendría que haber nombrado el próximo Consejo.


El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, junto al rey Felipe VI, en la apertura del año judicial. EFE/Mariscal

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, junto al rey Felipe VI, en la apertura del año judicial. EFE/Mariscal
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MADRID

04/12/2019 07:49 Actualizado: 04/12/2019 21:45

JULIA PÉREZ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emprendido una vertiginosa carrera, a pesar de estas en funciones desde hace un año, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo. En su mayoría son afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional.
Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilación. Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.


Este 4 de diciembre se cumple un año de un CGPJ en funciones. Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el órgano constitucional y dirige la mayoría afín al PP, ha impulsado una convocatoria masiva de plazas para renovar la cúpula judicial.

Dicha competencia correspondería al próximo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales y que va a tener una composición política diferente de la actual, creada cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el ministro de Justicia del PP en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representación política ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Grave cuestionamiento

Sólo cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, así como las vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáez.

"Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado”. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compañeros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que el CGPJ debe autocontenerse y evitar un “grave cuestionamiento” de su propia legitimidad.

Pero Lesmes y la mayoría conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minoría progresista. Sólo necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos más reforzados, y la división de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector.

Sólo desde mayo pasado, han nombrado o convocado el nombramiento de 46 presidentes de tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, así como de magistrados del Supremo.

A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, no existe una sentencia del Supremo que limite el alcance de un mandato en funciones. Aunque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial prevé un Consejo interino y, dado su carácter político, las fuentes jurídicas consultadas consideran que se están usurpando competencias del próximo Consejo.

Control del Supremo

Mientras, el CGPJ ha emprendido la carrera de sacar las plazas del Tribunal Supremo pendientes. Incluso se ha convocado la plaza del expresidente de la Sala Tercera José Manuel Sieira, cuando no se jubila hasta el 15 de diciembre.

Desde que accedió al poder en 2013, Lesmes ha tenido entre sus objetivos el Tribunal Supremo al que ha logrado dar un vuelco en su composición .

“Hoy, las cinco salas del alto tribunal tienen una mayoría de tendencia conservadora y los políticos que negocian ahora los pactos no saben que no podrán gobernar con un Tribunal Supremo de cara”, explica en fuentes progresistas del CGPJ.

Por si fuera poco, Lesmes ha logrado nombrar magistrados del Supremo a personas afines que rondan la cincuentena, de tal manera que se ha asegurado su presencia en los próximo 15 ó 20 años, hasta la jubilación.

Las asociaciones recurren
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Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retahíla de nombramientos del CGPJ en funciones y que no se hayan elaborado reglamentos sobre los baremos a tener en cuenta adaptados a la nueva legislación.

Los baremos genéricos fueron definidos por el Pleno después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El nuevo artículo 326.2 de dicha Ley estableció el pasado diciembre que deberán existir unas bases en cada convocatoria donde se definirán los méritos a tener en consideración para cada puesto. Esta reforma que pretendía responder las críticas del Consejo de Europa que ha afeado a España por su falta de transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial.

“Pero ni se elige conforme al mérito de los candidatos, ni se propone acorde con la ley en materia de igualdad”, zanja Ignacio Ubaldo González Vega, portavoz de JJpD, quien tiene claro que el objetivo “es nombrar a los afines antes de que termine el mandato”.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, cree que toda situación de interinidad está “acompañada de cierta parálisis ante iniciativas de calado. Pero llama la atención que no se haya producido en los nombramientos”.

Vuelco al Tribunal Supremo

Carlos Lesmes siempre ha tenido una fijación: la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Es la que juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Es su especialidad.

Desde que llegó al poder, Lesmes ha conseguido colocar en esta Sala a un tercio de todos sus magistrados. Como su íntimo amigo Luis María Díez Picazo, al que nombró presidente de esta Sala en detrimento de independiente Sieira. O la persona que lo propuso a Gallardón, Fernando Román. Sin olvidar a Dimitry Berberoff, su exdirector de Gabinete Técnico.

En la Sala de lo Social -que juzga asuntos derivados de la reforma laboral, por ejemplo- el vuelco dado en estos seis años es histórico. Lesmes y su mayoría han nombrado la mitad de sus magistrados.

En la Sala de lo Penal -que juzga a los aforados, por ejemplo- han designado a 9 de sus 14 integrantes, con algunas concesiones al sector progresista.

También han dado un giro a la Sala Primera, la de lo Civil, que juzga cuestiones como los derechos de los consumidores y las cláusulas abusivas. Su presidente es su amigo Francisco Marín Castán, cuyo hermano Fernando ha sido nombrado este noviembre magistrado de la Sala Quinta. Es la Sala de lo Militar, donde se designó magistrado a Jacobo Barja de Quiroga, quien en 2013 convenció a Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) de que Lesmes era el candidato ideal para el CGPJ.

Espejel y Barrientos, los favoritos

Estos días se celebran las entrevistas para cubrir tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se presentan un total de veintiocho candidatos, once de ellos mujeres. Las entrevistas no han finalizado, pero fuentes jurídicas aseguran que Lesmes habría hecho llegar a su entorno los nombres de sus preferidos: Concepción Espejel -presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recusada por el caso Gürtel por su afinidad al PP-; Jesús María Barrientos -que aún no ha terminado su mandato de presidente del TSJ de Catalunya- así como un posible magistrado de JJpD como podría ser Javier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones).

Acaba de convocar también una plaza para la Sala Tercera. Y en el entorno del presidente interino ya se asegura que su preferida es Esperanza Córdoba Castroverde, una alto cargo del CGPJ que saltaría desde allí directamente al Supremo cuando lleva seis años sin poner sentencias, indican fuentes jurídicas. Jefa de la Inspección de los tribunales, es hermana de su íntimo amigo Diego Córdoba Castroverde, elevado también a magistrado de esa misma sala durante este mandato.



La justicia española no da ya asco, sino ASCAZO.
 
Un año de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial
El órgano de gobierno de los jueces entró en funciones el 4 de diciembre de 2018, después de que se rompiera el acuerdo que alcanzaron socialistas y populares


El detonante fue el mensaje de Cosidó (PP), en el que sugería que el juez Marchena, que se perfilaba como presidente, iba a beneficiar a los intereses del PP


Dos asociaciones de jueces y magistrados han recurrido la veintena de nombramientos de salas y juzgados de España que ha hecho este organismo estando en funciones



EFE - Madrid
09/12/2019 - 09:53h
El Consejo General del Poder Judicial cumple un año con su renovación bloqueada

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes. EFE
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido un año en funciones ante la parálisis política y el clima parlamentario augura complicadas negociaciones para su renovación, aunque el PSOE y el PP suman prácticamente los tres quintos exigidos para elegir a los nuevos vocales.

El órgano de gobierno de los jueces entró en funciones el 4 de diciembre de 2018, después de que se rompiera el acuerdo que alcanzaron socialistas y populares para designar a los nuevos miembros, y los vocales elegidos en 2013 han continuado trabajando, no sin críticas. El detonante de la ruptura fue el mensaje de Ignacio Cosidó, en el que sugería que el magistrado Marchena, que se perfilaba como presidente, iba a beneficiar a los intereses del PP. El juez decidió hacer pública una carta en la que renunciaba a la presidencia y defendía su imparcialidad.




Dos de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados -la Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia- han recurrido ante el Tribunal Supremo una veintena de los nombramientos de cargos judiciales que ha realizado este órgano en los últimos meses, ya que el CGPJ nombra a los principales líderes de órganos judiciales y en este caso lo han hecho en funciones.

En funciones, denuncian, ha convocado alrededor de cuarenta cargos para dejar cubiertas las plazas más importantes de las principales salas y tribunales del país durante los próximos cinco años.

La situación, no obstante, tiene visos de continuar mientras los grupos parlamentarios no comiencen a negociar la renovación, ya que el Congreso debe designar a diez vocales y el Senado, a otros diez.

El bipartidismo tradicional se ha fortalecido tras las elecciones del 10 de noviembre y socialistas y populares reúnen en la Cámara Baja 208 votos (120, los primeros y 88, los segundos), sólo dos menos de los 210 escaños necesarios y que podría aportar Navarra Suma, coalición en la que se integra el PP.

Renovación compleja

Pero las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez -y el fracaso de las conversaciones para consensuar la composición de la Mesa del Congreso- vaticinan una aritmética compleja y con múltiples factores.
El PP defiende además cambiar el sistema de elección de los vocales para que la mayoría sean designados por los propios jueces, propuesta que abrazó después de saltar por los aires el año pasado su pacto con el PSOE y entre acusaciones cruzadas de intentar manipular el Poder Judicial.


El acuerdo, que situaba a Manuel Marchena al frente del GGPJ, fracasó después de que el magistrado renunciara al cargo tras filtrarse un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía ante sus compañeros el pacto con el PSOE porque permitiría controlar la Sala de lo Penal del Supremo "desde detrás".
Vox y Ciudadanos también apuestan por cambiar el método para elegir a los vocales, pero PSOE y Podemos se oponen recordando que es en el Parlamento donde reside la soberanía popular.

 
Sediciones y otras zarandajas

Cómo una sedición que todos vimos en directo, la de los controladores, dejó de serlo con el transcurso de los años, mientras que la que nadie vio, la de Catalunya, se convirtió de pronto en un alzamiento tumultuario de manual

Quizá no esté mal ponerles gafotas a los fiscales que son tan dados a ver terroristas donde no los hay y organizaciones terroristas de nueva formación y a los del Tribunal Supremo que también vieron una rebelión donde no la había



Elisa Beni
15/01/2020 - 21:39h
El juicio del procés se queda sin los testigos clave imputados en Cataluña

El tribunal que sentenció el juicio del procés. EFE

Este país es una fuente de inspiración. Quiero decir que si un guionista utilizara alguno de los argumentos que nos proporciona nuestra pura idiosincrasia sería tachado de falsario. Héteme aquí, y les cuento, cómo el día de hoy nos sirve en bandeja la comparación de cómo en esta España nuestra –¡perdón, quise decir de ellos!– las cosas que vemos pueden no ser lo que vemos, pero las que no vemos pueden, vaya si pueden, ser lo que no vimos. Trabalenguas traigo. Llevo once años colaborando como analista en medios y he vivido en directo muchas de las peripecias de esta sociedad. Por eso mi cerebro no ha tardado en atar cabos. Por eso puedo hacerles el relato de cómo una sedición que todos vimos en directo, la de los controladores, dejó de serlo con el transcurso de los años, y se quedará en unas multas, mientras que la que nadie vio –no hubo nadie que mientras transmitíamos los sucesos de Catalunya en directo mencionara ni la rebelión ni la sedición, nadie– se convirtió de pronto en un alzamiento tumultuario de manual, en un golpe de Estado más grave que el 23F y todas las demás zarandajas.

Casi me relamo de lo que la actualidad me pone hoy en los dedos. Atención, guionistas. Cuando el viernes 3 de diciembre de 2010, el Consejo de Ministros de un Gobierno progresista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto que regulaba las condiciones laborales de los controladores aéreos, ampliando el horario y reduciendo sus emolumentos (que se cifraban en unos 200.000 euros brutos anuales), a los señores controladores se les hincharon los bebes y decidieron plantarle cara al Gobierno, tomando como rehenes a más de medio millón de personas que intentaban disfrutar del puente de... la Constitución. (¿Ven, señores guionistas, no puede ser más redondo ... de la Constitución).




Comenzaron masivamente y en varios aeropuertos, de forma simultánea, a abandonar sus tareas alegando malestar psíquico, estrés, como subterfugio. El caos afectó no solo a la navegación española sino también a todos aquellos aviones internacionales que debían atravesar nuestro espacio aéreo en sus rutas. Un caso internacional, vaya. Tal fue el pandemonium tras el plante que el sábado 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, patrona de la Artillería, el Gobierno decidió decretar el estado de alarma (artículo 116.2 de la Constitución) por primera y única vez en democracia. El control aéreo fue militarizado y los controladores, movilizados. Así, con un control militar, nos mantuvimos hasta el día 16 de enero. Tal día como hoy que me leen y que se produce el juicio (esta casualidad ya no la compra ni un guionista que tenga cabeza).

Durante ese tiempo, el fiscal general del Estado movilizó a las fiscalías de todas las provincias afectadas y se presentaron querellas por sedición en aplicación del artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación. Un artículo que, como verán, encajaba como un guante con los hechos vividos. "Se impondrán penas de prisión como reos de sedición (...) a los empleados de aeropuerto que, en número suficiente para paralizar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva ante el jefe respectivo". Como un guante encaja el tipo. Nada que ver con el alzamiento tumultuario de Junqueras y de los manifestantes de la Consejería. Ese alzamiento que nadie vio y contra el que nadie actuó en aquel momento. Sin embargo, como les digo, la sedición fue detectada y advertida a los controladores desde el primer momento.

Todavía hay cosas más cachondas en esta historia. Facua presentó la primera una querella por sedición en la Audiencia Nacional (AN), pero esta se manifestó incompetente, repito, incompetente para los delitos de sedición. Ya hemos visto que esta incompetencia se debía haber disuelto en el mar de las leyes cuando tocó agarrar la historia del procès. Como de facto sucedió también con la rebelión, para la que el pleno de la Sala de lo Penal se declaró incompetente cuando el asunto de la memoria histórica, y que fue también una incompetencia que se transforma en competencia cuando toca lo de los catalanes. Esto para los que dicen como una matraca: "¡Que cumplan la ley! ¡Todos tienen que cumplir la ley!". Que digo yo que los jueces a veces también tendrán que hacerlo y que hay que ser bobo de baba para que te convenzan de que no se es competente para un delito y que sí se es a los siete años porque solo puede deducirse racionalmente que todo depende de quiénes sean los presuntos delincuentes. Es que ni intentaron aplicar la competencia de la AN por delitos cometidos en el ámbito de varias audiencias provinciales, cuestión que se daba claramente.

Bien, decía que eran incompetentes y que fueron los juzgados de instrucción de las diferentes provincias los que asumieron las querellas de la Fiscalía. Y aquí es donde viene cómo los delitos se disuelven y se transforman también según el viento que sople. Fue llegar Eduardo Torres-Dulce, el primer fiscal general propuesto por Rajoy, y todo empezó a tomar otro cariz. De repente, la Fiscalía empezó a no ver la sedición porque la ley que tan bien encajaba era "preconstitucional", ya que es de 1964, como si no fuera que todas las leyes que siguen en vigor se han convertido de facto en constitucionales. Después también los fiscales empezaron a dudar porque "es una ley de aplicación práctica escasísima", que menos mal, también, que esa ley con lo que contiene de secuestros de aeronave y rebeliones a bordo no hay que aplicarla mucho, pero que tampoco sé que la poca aplicación de una norma devenga en derogación.

En fin, que poco a poco aquello fue un alzamiento que no era claro que fuera alzamiento y que tumultuario pues que tampoco... y que todo se ha ido saldando con acuerdos con la Fiscalía, sin juicio, y con multas. El juicio que empezó ayer en Madrid, ¡diez años después, oiga!, también contiene un acuerdo en sus entrañas.

No se malicien. Ni siquiera estoy diciendo que me pareciera de justicia enchironar a los controladores, a pesar de que su actitud fue inadmisible ya que deberían haber convocado una huelga legal y no haberle sacado la chorra al Gobierno a ver quién meaba más lejos. Puede que fuera excesivo enchironar a nadie ocho años por eso. Que solo se lo cuento por si alguien les dice que no puede haber otra forma jurídica de ver lo del procés o que es una rendición intentar poner coto a algunos dislates, muchos de ellos con sesgo político, que se han producido en estos tiempos. Quizá no esté mal ponerles gafotas a los fiscales de la AN que son tan dados a ver terroristas donde no los hay y organizaciones terroristas de nueva formación y a los del Tribunal Supremo que también vieron y siguen viendo una rebelión donde no la había.

Que este país tiene para todos, oiga. Que si quiere bolsa, señora.

 
Siete vocales conservadores del CGPJ eluden su obligación de valorar a Delgado como jurista y la rechazan por parcial

Deciden ignorar que el escrito presentado por Lesmes para su votación no habla de "idoneidad" y se centra en si Delgado reúne los requisitos legales para fiscal general

El voto particular de los siete vocales: "Las funciones constitucionales que debe cumplir están expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones"

El pleno del Consejo General del Poder Judicial avala finalmente el nombramiento de Dolores Delgado porque otros doce vocales han votado a favor


Pedro Águeda / Gonzalo Cortizo / Elena Herrera
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16/01/2020 - 18:19h
El pleno del Consejo General del Poder Judicial.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial. EFE


El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y 7 en contra. Los siete vocales del Consejo que han votado en contra son Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballesteros, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Noya y Gerardo Martínez Tristán. Todos ellos pertenecen al bloque conservador, esto es, elegidos vocales del CGPJ a propuesta del Partido Popular.

De éstos, Nuria Díaz ha anunciado durante el encuentro la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella. En el escrito para explicar su voto negativo afirman que Dolores Delgado no es idónea para el cargo por haber sido ministra de Justicia en el anterior Gobierno y diputada electa por el PSOE en las últimas elecciones. Sin embargo, la "idoneidad" de Delgado no era objeto de la votación porque el presidente, Carlos Lesmes, les había entregado un escrito sobre el que pronunciarse que les obligaba a pronunciarse únicamente sobre si Delgado reúne los requisitos legales para el cargo. En resumen, han votado en contra de la próxima fiscal general por una cuestión que no era objeto de la consulta.




En el voto particular, los siete vocales, todos a propuesta del PP, expresan su convencimiento de que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea porque "las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía". Los siete vocales han tardado menos de una hora y media en presentar su voto particular, de cinco folios, desde que ha acabado la reunión.

El hecho de que Delgado proceda del anterior Consejo de Ministros y resultara elegida diputada por el partido en el Gobierno "supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al fiscal general del Estado", aseguran en su escrito los siete vocales. "Las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado están expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones", añaden.

Del bloque conservador que es mayoría en el CGPJ hay que excluir del voto negativo contra Delgado al presidente Carlos Lesmes y los vocales Fernández Valverde y María Ángeles Carmona, así como a otros dos que no han acudido al pleno, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. El órgano de gobierno de los jueces, de actual mayoría conservadora, está en funciones y pendiente de renovación desde hace más de un año.

Los vocales progresistas (siete a propuesta del PSOE y una por IU) y el que fue propuesto por el PNV, Enrique Lucas, han votado también a favor del nombramiento de Delgado. Pero de entre estos 12 votos hay tres que suscribirán un voto particular concurrente, esto es, apoyan la legalidad del nombramiento pero haciendo observaciones. Se trata de Concepción Sáez, la vocal de IU, y Rafael Fernández Valverde, que firmarán el voto. A él se adherirá la conservadora Ángeles Carmona. Fuentes presentes en la reunión aseguran que ha sido muy bronca.

El texto votado se limita a subrayar que, a la vista de la documentación recibida, "cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación". Estos requisitos, tasados por el Estatuto del Ministerio Fiscal, son ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de quince años de ejercicio profesional. El CGPJ, de actual mayoría conservadora y que está en funciones y pendiente de renovación desde hace más de un año, solo ha votado el texto presentado por Lesmes, ninguno adicional.

A diferencia de en el texto votado este jueves, en las propuestas para la elección de los otros cuatro fiscales formuladas en los últimos años por el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces sí se incluía un párrafo en el que recalcaba los méritos y requisitos acreditados "determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento".

Fuentes próximas a Lesmes han explicado que el presidente eliminó este párrafo "en aras a favorecer la mayor unanimidad posible" dado el debate suscitado respecto a la propuesta de nombramiento de Delgado, que no se había suscitado con otros fiscales generales del Estado. Estas mismas fuentes añaden que, consciente de la "polémica" suscitada, Lesmes decidió "suprimir una parte del texto, el que alude a la idoneidad, porque lo que siempre se ha evaluado en el CGPJ es si el candidato reúne los trámites" y que, en consecuencia, la alusión a la citada idoneidad era "prescindible".



Lo que es totalmente inadecuado es la existencia de un Tribunal que debiera haber sido renovado. Y no lo ha sido porque el PP se niega a que se cambien jueces y magistrados que son de su onda.
 
El Poder Judicial dice ahora que no hará más nombramientos tras designar en funciones a 47 jueces

El Consejo, de mayoría conservadora, ha renovado en la situación interina que mantiene desde diciembre de 2018 diez plazas de jueces del Tribunal Supremo.

El órgano de gobierno de los jueces anuncia la paralización de los nombramientos hasta que los partidos acuerden la renovación del órgano que el PP bloquea

Elena Herrera
16/01/2020 - 21:47h
Lesmes a PdeCAT: La soñada Bélgica tiene 50% más condenas que España por DDHH

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes. EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este jueves que paraliza el nombramiento discrecional de jueces tras haber asignado estando en funciones 47 plazas de alto nivel, entre ellas, diez en el Tribunal Supremo. El órgano de gobierno de los jueces está en situación de interinidad desde diciembre de 2018 y mantiene desde entonces la mayoría conservadora de la etapa de Mariano Rajoy.
El Poder Judicial realizó este anuncio por sorpresa y el mismo día en que siete vocales nombrados a propuesta del PP decidieron saltarse su obligación de evaluar los méritos profesionales de Dolores Delgado para votar en contra de su nombramiento invocando falta de parcialidad de la exministra elegida por Pedro Sánchez para dirigirla Fiscalía General del Estado.




El Consejo justifica la paralización ahora de los nombramientos en el Supremo, la Audiencia Nacional, los TSJ autonómicos y las Audiencias Provinciales con el argumento de que confía en que haya una "pronta renovación de la institución" tras la constitución de las cámaras y la formación de Gobierno.

En todo caso, el órgano de gobierno de los jueces, que mantiene su composición de 2013 cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso, avisa de que los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha "si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación". Entre las plazas pendientes, hay tres en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los mandatos de los miembros de las salas jurisdiccionales del Alto Tribunal son de quince años.

En una nota de prensa, el CGPJ justifica que, pese a haber agotado su mandato, ha ido cubriendo las plazas que han quedado vacantes en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial. Subraya que esta norma prevé que la única competencia que no podrá ejercer en funciones es la elección de un nuevo presidente de la institución.

Defiende, además, que el Tribunal Supremo desestimó la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados. Y advierte, por ejemplo, de que de prolongarse en el tiempo las tres vacantes en la sala de lo Penal del Supremo "el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido".

En noviembre de 2018, el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y el Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de los jueces saltó por los aires después de que se hiciera público un mensaje en el que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, asumía con naturalidad el reparto de poder con el PSOE para la renovación de esa institución. Con ese mensaje, Cosidó trataba de convencer a sus compañeros de partido de que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del CGPJ se controlaría "por detrás" la sala segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés.

 
Una vocal del CGPJ emite un voto en el que denuncia maniobras del bloque conservador para desacreditar a Delgado

Concepción Sáez subraya que la propuesta sometida a votación fue "incompleta" por la "llamativa omisión" de la referencia a la idoneidad de la exministra

La vocal a propuesta de IU sostiene que el Consejo, por su situación de interinidad, no está en condiciones de pedir "mesura" y "tiento" a miembros del Gobierno

Elena Herrera
17/01/2020 - 12:12h
Carlos Lesmes asegura que las decisiones unilaterales no encajan en la Constitución

Carlos Lesmes asegura que "las decisiones unilaterales no encajan en la Constitución" EFE

Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de Izquierda Unida, ha firmado un voto concurrente en el que denuncia actuaciones del bloque conservador –esto es, de los representantes elegidos por el PP– para poner en duda la capacidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, que este jueves avaló dividido el nombramiento de la exministra, está en funciones desde diciembre de 2018.

Sáez explica en el texto al que ha tenido acceso eldiario.es que comparte la decisión de la cúpula del Poder Judicial de avalar el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado acordada por 12 votos a favor y 7 en contra. Pero afirma que la propuesta sometida a votación por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, es "incompleta" por la "llamativa omisión" de la referencia a la idoneidad de la persona propuesta que sí se había incluido en los informes de este mismo Consejo sobre los nombramientos de los últimos cuatro máximos responsables del Ministerio Público.




Destaca, además, que los vocales conservadores, que en anteriores nombramientos de fiscal general del Estado habían sostenido la naturaleza "meramente ritual y formalista" del informe del CGPJ –es decir ciñéndose únicamente a los requistos de ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo– tuvieron este jueves un posicionamiento "opuesto" haciendo un voto particular en el que la rechazan por parcial abordando un requisito "no contemplado" en el Estatuto sobre los fiscales generales.

La vocal subraya también que tras la explicación dada por Lesmes sobre una propuesta de la que se había eliminado la mención a la idoneidad buscando precisamente que fuera "admisible por todas las sensibilidades" todo parecía abocado a su aceptación general. Sin embargo, los vocales propuestos por el PP votaron en contra y presentaron el citado voto particular "con extraordinaria rapidez, apenas 45 minutos después de finalizado el pleno".

La vocal sostiene además que el Consejo, por la situación de interinidad en el que está inmerso desde diciembre de 2018, no está en condiciones de pedir "mesura" y "tiento" a miembros del Gobierno recién formado. Este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces reclamó al vicepresidente Pablo Iglesias que evite "la utilización política" de la Justicia tras sus palabras sobre el procés en una entrevista.


 
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La votación del CGPJ sobre la propuesta de Dolores Delgado para fiscal general del Estado da munición al PP: "Ninguno de los vocales ha avalado su idoneidad"

El PP bloquea la renovación de un órgano que ha ascendido a dos jueces apartados de Gürtel por afinidad con él y ha nombrado 47 magistrados estando en funciones

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Pedro Águeda
30 comentarios

17/01/2020 - 21:33h
El PP veta que Lesmes explique al Congreso las injerencias del Gobierno denunciadas por los jueces, como pedía el PSOE

El exministro de Justicia Rafael Catalá con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes

La polémica suscitada por la elección de Dolores Delgado, exministra de Justicia del anterior Ejecutivo, como nueva fiscal general del Estado se ha extendido y recrudecido al pasar por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces debía pronunciarse sobre si Delgado reúne los requisitos para ocupar el cargo. Y como no había ocurrido con ninguno de los cuatro anteriores fiscales generales, el aval obtenido por la fiscal ha ocupado portadas y ha copado el discurso del Partido Popular. El motivo: siete de los 19 vocales que participaron en la votación expresaron su rechazo a que Dolores Delgado sea la próxima fiscal general.

Esos siete vocales son parte de los 12 que propuso el Partido Popular y que luego votaron a Lesmes, en consenso con los progresistas, para presidir el órgano de gobierno de los jueces desde 2014. En bloque conservador ha conseguido aprobar multitud de nombramientos, si bien otras cuestiones como los informes sobre las leyes orgánicas de Rajoy, caso de la de Seguridad Ciudadana, obtuvieron amplios consensos en su seno. El pasado jueves, esos vocales del bloque conservador no votaron unidos, pero la revuelta que protagonizaron los siete, expresando su opinión sobre un extremo del perfil de Delgado por el que no se les había preguntado, ha permitido al PP y al resto de la oposición alargar la polémica sobre la elección de una diputada del PSOE y miembro del anterior Gabinete Sánchez para dirigir el Ministerio Público.




En un consejo caracterizado por la transversalidad, el voto siempre ha funcionado para nombramientos.

Algo había fallado en los análisis que pronosticaban que, una vez Podemos y el vicepresidente Pablo Iglesias habían acaparado el protagonismo de los últimos días con las filtraciones de la identidad de sus ministros, Moncloa contraatacaría con un anuncio sorprendente. Todas las miradas se dirigían al Ministerio de Justicia, de tal forma que Dolores Delgado no conseguiría así su propósito de repetir en el cargo y sería sustituida por un nombre de impacto. Pero el sábado pasado esa previsión comenzó a derrumbarse. Juan Carlos Campo, juez sin proyección pública, diputado por Cádiz y habitual de las quinielas menos elaboradas para nombramientos anteriores, era la persona elegida para ocupar la cartera de Justicia. La sorpresa llegó cuando el lunes siguiente, antes de que Campo tomara posesión, Moncloa anunciaba que el presidente del Gobierno propondría a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Sánchez optaba por una fórmula inédita: de ministra de justicia y diputada del PSOE a fiscal general. La oposición de la derecha, habituada a nombrar fiscales generales de su cuerda pero sin adscripción al partido, volvía a expresar su indignación con el nuevo Gobierno de coalición. La propuesta ya había sido contestada por las asociaciones profesionales, exceptuando la UPF de la que Delgado es integrante, que pusieron el grito en el cielo sobre la ausencia de apariencia de imparcialidad en la exministra. A Sánchez le quedaban Pablo Iglesias, que respaldó sin fisuras la elección, y los suyos, que en su totalidad defendían en público un nombramiento que suscitaba reticencias entre determinados cargos socialistas si se les preguntaba en privado.

Inmediatamente después, el centro de atención se trasladaba al Consejo General del Poder Judicial, obligado por ley a dictar un informe preceptivo, pero no vinculante sobre el nombramiento de Dolores Delgado. En el sector conservador empezaban a sonar tambores de guerra. Durante el mandato del presente Consejo solo una vocal, Concepción Sáez, propuesta por IU, había emitido un voto particular contra un candidato a fiscal general. Lo hizo en dos ocasiones, con el ya fallecido José Manuel Maza y con su sucesor, Julián Sánchez Melgar.

Distintas informaciones en los medios de la derecha ya adelantaban el viernes a primera hora que el sector conservador no iba a tolerar la elección de una exministra socialista para la Fiscalía General del Estado. Ni el hecho de que Delgado cumpliera los requisitos legales para el cargo, ni la interinidad que les afecta desde hace 14 meses, los mismos que llevan en funciones por la falta de acuerdo político para su renovación, parecían detenerles. La mayoría holgada con la que cuentan, reflejo de la mayoría parlamentaria del primer gobierno de Rajoy, les hacía sentirse confiados en que esta penúltima batalla la iban también a ganar.

La tarde anterior habían recibido un texto del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con una redacción distinta a la que había sido sometida a votación en los cuatro casos precedentes. En ese texto desaparecía el término "idoneidad", de tal forma que los vocales debían limitarse a constatar que Dolores Delgado cumplía con los requisitos legales, esto es, quince años de carrera profesional, una acreditada trayectoria profesional y tener nacionalidad española. A la postre se demostró que eso tampoco les iba a detener, al menos a siete de ellos.

Desde el entorno de Lesmes explicaban que el presidente del Consejo siempre había defendido el informe sobre los candidatos como una valoración técnica y no política de los mismos. Esa es la explicación oficial de que maniobrase para retirar un término, "idoneidad", que considera que nada aporta al aval que debe conceder o no el CGPJ y que, en en el caso de Dolores Delgado, prometía convertirse en un asidero para que aquellos vocales a los que escandalizaba su nombramiento, pese a que cumplía sobradamente los requisitos legales, votaran en contra.

Frente a la intención confesa de Lesmes de sacar adelante la votación en base al criterio sobre la legalidad del nombramiento, como en las anteriores elecciones de fiscal general, la sospecha de algunos vocales progresistas es que todo fue una maniobra del presidente para provocar votos negativos y polémica. El Partido Popular vino este viernes a alimentar esa sospecha cuando su secretario general afirmó que "ninguno de los miembros del CGPJ ha avalado la idoneidad de Delgado para ser fiscal general del Estado". La afirmación del PP se sustenta en que al suprimir Lesmes el término "idoneidad", nadie se pudo pronunciar sobre él.

Llegó el momento de la votación y la disensión en el sector conservador se consumó. La primera en pronunciarse, Maru Carmona, por ser la de menor edad –la reforma de Gallardón cambió el voto secreto por el voto a mano alzada– , lo hizo a favor del nombramiento de Dolores Delgado pese a ser una vocal propuesta por el PP. Unos cuantos pronunciamientos después llegó el turno de Rafael Fernández, también del sector conservador y que se pronunció igualmente favorable a Delgado. El propio Lesmes fue el tercer miembro de ese sector que consideró que la exministra reunía los requisitos legales para ser fiscal general del Estado. Resultado final de la votación: 12 votos a 7. Primer titular para regocijo de Génova: Dolores Delgado será la fiscal general con menos aval del CGPJ.

Los siete vocales conservadores que votaron en contra reaccionaron a su derrota con un voto particular de cinco folios que citaba jurisprudencia y que o se redactó aproximadamente en una hora o estaba ya escrito antes de la votación. El voto particular está destinado a exponer los motivos del posicionamiento contrario al de la mayoría. Y como Lesmes se había ocupado de suprimir del texto la "idoneidad", solo cabía rebatir que Delgado, española y con 30 años de carrera, no reunía los méritos profesionales para ser fiscal general, algo imposible de hilar contra la excoordinadora en materia de terrorismo de la Audiencia Nacional. Pero eso no fue óbice para que los siete conservadores centraran su contenido de forma exclusiva en una crítica a la falta de apariencia de imparcialidad de Delgado y a las consecuencias que eso tiene, a su entender, para la imagen de la Fiscalía, amén de los peligros de "injerencias" del poder político que podía suponer para el Ministerio Público.

Álvarez de Toledo: "Quieren someter al Poder Judicial"

El nombre de la próxima fiscal general del Estado había dado un par de días antes un argumento al Partido Popular para anunciar que no hay posibilidad de acuerdo para renovar un CGPJ que controlan los conservadores y cuyo mandato está agotado desde hace un año. Ese CGPJ, que el PP se na negado reiteradamente a renovar, ha ascendido, por ejemplo, a presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a una jueza, Concepción Espejel, después de que sus compañeros de esa misma sala la apartaran de los juicios de Gürtel por su proximidad al Partido Popular. O elevó hasta la cúspide de ese tribunal especial a Enrique López, igualmente apartado de los juicios de Gürtel por la misma razón que Espejel y que acaba de ser nombrado por Casado responsable de Justicia del partido. En los 14 meses que lleva en funciones ha nombrado a 47 jueces.

Pese a todo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo el miércoles que su partido no va a colaborar en la renovación del órgano de gobierno de los jueces porque lo único que quiere Sánchez es "controlar y someter al Poder Judicial".

El programa electoral con el que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa en 2012 establecía una reforma del CGPJ según la cual 12 vocales pasarían a ser elegidos directamente por los jueces. Quedó en nada. Pese a los cambios introducidos por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, los 20 siguieron siendo elegidos por el Parlamento (12 jueces y 8 juristas con más de 15 años de ejercicio). Antes, el Congreso elegía a 10 vocales y otros tantos el Senado después de un acuerdo global. Pero tras la reforma, cada cámara podía elegir a sus 10 vocales sin que hubiera acuerdo. La mayoría necesaria de tres quintos permitía a los conservadores seleccionar la mitad del Consejo sin necesidad de pactar los nombres con ningún otro grupo. Es esa mayoría, fruto de la victoria de Mariano Rajoy en 2011 la que se mantiene hoy en el órgano de gobierno de los jueces.

 
Jueces, políticos y excepcionalidad

Se ha activado un comportamiento corporativo en la cúpula de la magistratura destinado a la salvación de la unidad de España

Desde el encarcelamiento de los líderes independentistas puede afirmarse que el protagonismo de la gestión del contencioso recae en los jueces de la Audiencia Nacional

No solo se trata de mayorías conservadoras sino de jueces y juezas con una importante vinculación y compromiso con dirigentes del PP

Gemma Ubasart i Gonzàlez
22/01/2020 - 22:30h
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se dirige a Luis Díez Picazo en el acto de su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se dirige a Luis Díez Picazo en el acto de su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

ÁNGEL DÍAZ/EFE

En varias de las informaciones contextualizadoras del juicio a José Luis Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra se resaltaba la figura de la juez Concepción Espejel caracterizándola como amiga de Dolores de Cospedal (y por eso recusada en el juicio del caso Gürtel). En otro contexto esta información sería más bien propia de la prensa rosa que de la crónica política pero a día de hoy se trata de un dato importante. La relación entre política y justicia ha devenido central en el llamado proceso de judicialización de la política alrededor del procés y por eso se pone el foco en la cuestión. Ahora bien, esta vinculación entre ambas esferas se lleva a cabo a través de dinámicas distintas, que tienen relación, pero que conviene analizar separadamente.

En primer lugar, se ha producido una suerte de activismo judicial. Se ha activado un comportamiento corporativo en la cúpula de la magistratura destinado a la salvación de la unidad de España. Así pues, frente a una supuesta inacción de los líderes políticos hacia el desafío independentista, ellos toman las riendas en el contencioso. La alta magistratura entendía que se debía erigir como partisana en la defensa de un bien superior que afectaba al Estado. Este tipo de prácticas tienen más que ver con dinámicas endógenas de una élite judicial que con presiones externas. El uso del derecho con finalidades políticas, para proteger a un supuesto bien superior, no es la primera vez que se produce.







Podemos remontarnos, por ejemplo, al último periodo de la llamada lucha antiterrorista para encontrar lógicas similares. La construcción de los macrosumarios contra el "entorno" de ETA (sumario 18/98 y más), alargando como un chicle el concepto de terrorismo en manos del juez instructor Baltasar Garzón, normaliza este tipo de prácticas. Personas y colectivos que hasta el momento habían desarrollado actividades políticas y sociales publicas y legales pasan a ser acusados de pertenencia a banda armada.

Según mi opinión, hay mucho de activismo judicial en la primera fase del fenómeno de la judicialización de la crisis catalana. A pesar del papel activo de la Fiscalía General del Estado, mi hipótesis es que en el momento de los "hechos de octubre" hay más interés en escalar la dinámica represiva en jueces que en políticos. Además, no todos los protagonistas que activan la maquinaria judicializadora pueden tildarse de conservadores.

Desde el encarcelamiento de los líderes independentistas (16 de octubre y 2 de noviembre de 2017) hasta el triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy (1 de junio 2017) y, sobre todo, hasta la victoria en las urnas de Pedro Sánchez (28 abril 2018), puede afirmarse que el protagonismo de la gestión del contencioso recae en los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

En segundo lugar, actúa una relación a modo de correa de transmisión entre políticos y magistrados. Es decir que, bien por convencimiento, bien a cambio de ciertos tratos de favor dentro de la carrera judicial, algunos magistrados actúan en beneficio de "su" partido. En este sentido, el PP, a partir del paso de Gallardón por el Ministerio de Justicia, ha conseguido consolidar mayorías conservadoras en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional y, de manera derivada, en la Junta Electoral Central. No solo se trata de mayorías conservadoras sino de jueces y juezas con una importante vinculación y compromiso con dirigentes del PP. Sin entrar a juzgar su valía profesional, lo cierto es que en la elección de algunos de ellos ha primado más su fidelidad partidista a otro tipo de consideraciones.

La voluntad de politizar, en el sentido de partidificar, la cúpula judicial la encontramos ya en tiempos de José Luís Rodríguez Zapatero. Con el objetivo de desgastar al gobierno socialista, el PP de Mariano Rajoy inicia una campaña contra el Estatut de Catalunya, a la vez que bloquea la renovación del propio Tribunal Constitucional que es quien debe tomar cartas en el asunto. Si hasta el momento el TC, con mayorías progresistas o conservadoras, había gozado de un importante consenso, a partir de aquel momento pasa a ser objeto de sospecha. Se partidifica una institución del Estado. Y de aquellos tiempos, esos lodos. La partidificación ha ido avanzando en toda la cúpula judicial.

Con la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez, la guerra judicial contra el Gobierno se activa. La lógica de actuación ya es exógena. El protagonismo de la judicialización de la política (o en su vertiente contraria, la resistencia a desjudicializar) pasa de la élite judicial a la esfera política. Son los dirigentes del PP de Casado los que mueven fichas e intervienen en el poder judicial para que no se distensione el contencioso. Saben que el éxito del Gobierno de Sánchez depende en gran parte de la capacidad de gestionar la crisis catalana que pasa, en un primer momento, por bajar el acelerador en la esfera judicial.

En definitiva, estamos frente a dos fenómenos que dan cuenta del excepcionalismo penal en relación con la crisis catalana. La cultura de la emergencia escala conflictos, a la vez que degrada el Estado de derecho y la propia democracia. Es evidente que el poder judicial español requiere de transformaciones. Quizá de modo inmediato lo más importante sea cosa de nombres: cambiar determinadas piezas en el organigrama. Y a ese objetivo responde, por ejemplo, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Ahora bien, existen importantes retos de fondo que deben empezarse a plantear.

En primer lugar el proceso de selección y formación de magistrados, que genera sesgos de clase, ideológicos y de origen en los 5.400 jueces españoles, y que mantiene una cultura jurídica muy anquilosada en el pasado. En segundo lugar, el gobierno de los jueces: ¿debemos replantear como se elige el CGPJ y como este hace los nombramientos? No es tarea fácil, no existen soluciones mágicas. Además, aquello que ha pervertido más el sistema no es tanto la política sino el partidismo. Al nuevo gobierno y a su mayoría parlamentaria se les echa trabajo encima.


 
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