LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?

La prisión fácil


En Justicia deberían de estar por la Justicia pero el dinero es el dinero y todas estas indemnizaciones por decisiones judiciales se amontonaría en la mesa del Gobierno de turno y podrían producir temblores presupuestarios

El Tribunal Constitucional está dispuesto a enmendar la impunidad con la que se mantiene de forma gratuita en prisión en nuestro país a personas que luego resultan absueltas

Elisa Beni
12/01/2019 - 21:21h
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Edificio del Tribunal constitucional en Madrid EFE


“Que la excepción llegue a ser la regla es la peor de las tiranías”
G.K.Chesterton


Mai Jie-Zhing pasó 1.668 días en prisión por la muerte de dos compatriotas de las que luego fue exculpado. No quisieron indemnizarlo. Es sólo un nombre al azar extraído de una lista inacabable. En España casi el 16 por ciento de los presos lo son sin haber sido juzgados. Son los presos preventivos. Los que se encuentran entre rejas por decisión del juez que investiga un caso. Algo que debería ser excepcional pero que en el caso de los robagallinas es una norma. Nadie quiere problemas. Si la policía detiene a unos sospechosos, como en un engranaje bien engrasado, el fiscal pide la prisión preventiva y el juez la acuerda. Nada tiene que perder así y más complicado sería que se les acabara fugando alguien. Así que ¿qué problema hay? En España se dictan prisiones preventivas cada día que no sólo podrían llamarse “de carril” sino que podrían considerarse “defensivas”. Sobre todo si hablamos de imputados que son carne de cañón. Nadie se lo plantea, porque tampoco tiene ninguna consecuencia. Luego oímos aullidos que claman la presunción de inocencia para los miembros de La Manada, ya condenados dos veces, porque la libertad es la regla y la prisión lo excepcional. Y estoy de acuerdo. Plenamente. Sólo que conozco la práctica forense y, desde luego, no es esa.

Las tres causas constitucionales de prisión provisional se estiran como el chicle. Un preso puede tener arraigo porque es guardia civil y no va a tirar por la borda su empleo o porque ha dejado de serlo y ya no tiene ingresos con qué fugarse. Ambas cosas he leído sin rebozo de la misma persona al mismo tribunal. Y a tragar. Y así tragaba el otro día un ciudadano chino, acusado de un delito contra la salud pública, al que se le negó el arraigo a pesar de llevar 26 años en España y tener a toda su familia y sus negocios en nuestro país. Ocho meses más tarde, la propia Fiscalía pedía la libertad con fianza de 1.000 euros y aquí paz y después gloria. Nada había cambiado, salvo que Li se había comido ocho meses de prisión. Gratis. Siempre gratis.

Estos días se nos ha pasado,entre el fárrago de noticias y las fiestas, que el Tribunal Constitucional está dispuesto a enmendar la impunidad con la que se mantiene de forma gratuita en prisión en nuestro país a personas que luego resultan absueltas. En aplicación de las sentencias de Estrasburgo que condenan a nuestro país, los magistrados del Tribunal Constitucional van a reunirse para enmendarse la plana y enmendar la ley española al respecto que creen, ellos mismos, que puede ser inconstitucional. El artículo 294.1 de la LOPJ prevé que tendrán derecho a ser indemnizados aquellos casos en los que tras sufrir prisión preventiva se demuestre que no se ha producido el delito. Eso daba lugar a que un porcentaje ínfimo de personas encarceladas sin motivo fueran indemnizadas. Fíjense que ni Dolores Vázquez, tras pasar en prisión 519 días por el asesinato de Rocío Wanninkhoff, por un error judicial recibió ni la más mínima indemnización.

Los magistrados del Constitucional cuentan con modificar ese artículo y transformarlo en un enunciado que diga que tendrán derecho a indemnización todos los que habiendo sufrido prisión preventiva sean absueltos o se dicte un auto de sobreseimiento libre. Dicen que en el Ministerio de Justicia andan muy preocupados por esto. No lo entiendo. En Justicia deberían de estar por la Justicia pero, claro, el dinero es el dinero y todas estas indemnizaciones por decisiones judiciales se amontonaría en la mesa del Gobierno de turno y podrían producir temblores presupuestarios. Habrá, de facto, que fijar una tarifa de indemnización por día de prisión injusta. Difícil porque no hay dinero que pague la experiencia de la cárcel y, sobre todo, de la injusticia y del desvalimiento ante el sistema. Hay países europeos que lo tienen perfectamente tasado.

Dándole vueltas he pensado que este sistema que preve el Tribunal Constitucional tendrá o podría tener otros muchos efectos sobre el insano sistema español en el que la libertad es la norma, si la cosa mediática o la importancia del tipo pesa, pero en el que realmente la prisión es el pan nuestro de cada día de los tribunales. Si cada caso de prisión innecesaria acaba en indemnización y nos cuesta el dinero a todos, no cabe duda de que acabará habiendo una estadística de los encarcelados sin motivo. Una vez que tengamos tal conteo, no cabe duda de que podremos saber qué jueces han sido los que tomaron la decisión. Es obvio que uno no tiene una bola de cristal y que tiene que sopesar pero ¿qué sucederá si descubrimos que hay instructores que utilizan la prisión provisional por principio y que las indemnizaciones se acumulan? No es tan raro. También estaban los instructores de renombre que mandaban a la gente a “madurar” a prisión, a ver qué les contaban luego. Saben que no es una leyenda. A fin de cuentas se han producido escándalos varios por la fuga de imputados que se han sustraído a la acción de la Justicia -recuerden el caso del Negro y la Sección Cuarta- pero no muchos por haber mantenido presos años a personas que resultaron absueltas. Así que es más fácil cubrirse las espaldas, sobre todo si el fiscal te lo ha pedido. Ese es el comodín del fiscal. Los instructores piensan que si el defensor de la legalidad pide la prisión y ellos la acuerdan es imposible que se considere eso una prevaricación. Y así, entre unos y otros, prima la presunción de inocencia de unos y se pudren sin remedio los sin nombre. Esperan la última instancia en libertad unos cuyos nombres conocemos y se encierra en cuanto hay sentencia en primera instancia a otros, como los de Alsasua.

Espero ansiosa la resolución del Tribunal Constitucional y espero ansiosa que sea tomada en serio. Deseo que se haga un uso ponderado y sensato del poder y que no se haga Justicia defensiva. Espero que acabemos sabiendo quienes son los jueces de verdad y quiénes los amos del calabozo, porque lo son con las vidas ajenas y lo van a ser con el dinero de todos nosotros.

https://www.eldiario.es/zonacritica/prision-facil_6_856424364.html

Debiera imponerse a una pena a los jueces que dirimen la prisión preventiva con esa alegría, y en muchos casos como estamos viendo movidos por intereses privados o de terceros.

El tema es que dirimen la vida de una persona entre rejas por años sin ningún pudor, y como acabo de enterarme no siempre con indemnización.

Éste país es de pandereta, y los jueces no están a al altura de las circunstancias.

Les importa un pito las resoluciones de Estrasburgo si es que se ha tenido medios para poder presentar recurso ante ese tribunal, porque la mayoría de la gente no tiene dinero para ese dispendio.

Lo importante es que las penas las pagaran los propios jueces y no con dinero público, que es de todos, pero ya sabemos que éste país es de tercer mundo en muchos aspectos...nada que ver con los países serios de Europa.
 
Última edición:
¡No se de que os sorprendéis? Un juez ha dejado libre a un guatemalteco, que propino una brutal paliza a su bebe de dos meses... ¡Eso si! le ha aplicado una orden de alejamiento de 200 mt. y retirado el pasaporte. y son tantos los casos, que no me estraña de nada.

Como la juez que dejo libre al gitano Montoya (Pese a que este le dijo, que lo volvería hacer), en la carcel tenia un sueldo, vivía muy bien, tenia su grupo de amigos
 
CORRUPCIÓN POLÍTICA
El Poder Judicial acuerda apartar a la juez con más casos contra la corrupción de Galicia
El gobierno de los jueces impone una suspensión de siete meses y pérdida de destino a la instructora de las mayores investigaciones contra políticos en la comunidad
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SILVIA R. PONTEVEDRA
PEPE SEIJO
Santiago / Lugo 29 MAR 2019 - 19:40 CET
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Pilar de Lara durante una conferencia este mes en la Universidade de Santiago. ÓSCAR CORRAL
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta que califica de "muy grave", de "desatención en el ejercicio de las competencias judiciales". Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino. De Lara (Cartagena, 1969) lleva desde hace una década dirigiendo las principales investigaciones judiciales contra la corrupción de todo tipo en Galicia, con políticos imputados de muchos partidos, sobre todo del PP y del PSOE, funcionarios, policías y guardias civiles, grandes empresarios detenidos por blanqueo y cohecho y mafias de proxenetismo. Aunque el fiscal del expediente abierto contra la juez por dilaciones en la tramitación de las causas solicitaba solo tres meses de suspensión de empleo y sueldo (lo que no implicaba la pérdida de su plaza en Lugo), la cúpula del gobierno de los jueces ha escuchado la demanda del promotor de la acción disciplinaria en el CGPJ, Ricardo Conde, exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia con los ministros del PP Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá entre 2012 y 2016.

El promotor del expediente a De Lara pide siete meses de suspensión para la juez
La suspensión y el apartamiento de su plaza (y sus investigaciones) de la impulsora de causas tan sonadas en Galicia como la Operación Carioca, la Pokémon, la Cóndor, la Pulpo o la Garañón (que acabaron con un buen puñado de carreras políticas en los últimos años) se anuncia a las puertas de un nuevo largo periodo electoral. La decisión de la comisión disciplinaria será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa. La magistrada tiene un mes de plazo para recurrir en alzada al pleno del CGPJ, aunque tal y como ha explicado su abogado, Agustín Azparren, todos sus recursos hasta el momento no han sido tenidos en cuenta por sus superiores jerárquicos en la cúpula del Poder Judicial. En caso de que el gobierno de los jueces confirme la sanción, la magistrada aún podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo.

https://elpais.com/ccaa/2019/03/28/...VeKvpk09D9Z5vmpddqLMUYIusFqzyzYgMbC5gjWgRqr10
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27869011&PluID=0&ord=[timestamp]
 
CORRUPCIÓNEl 'aviso' del hijo de Conde-Pumpido se ha cumplido con la jueza azote de la corrupción gallega


"Empieza a sonar un run run en el TS de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política", advirtió el abogado a Pilar de Lara, instructora de varias causas de corrupción como el 'caso Pokemon'.





Cándido Conde-Pumpido, con Elpidio Silva. EFE

MÁS INFORMACIÓN

MADRID
28/03/2019 22:55 Actualizado: 28/03/2019 22:55
PÚBLICO / AGENCIAS

Se cumple el aviso que el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del ex fiscal general del Estado del mismo nombre, dio a la jueza Pilar de Lara en 2014 para que abandonara sus investigaciones a políticos y funcionarios. Ahora, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada anticorrupción una sanción de 7 meses y un día, que implica la pérdida de destino.

Conde-Pumpido chantajeó a la magistrada mediante un correo electrónico, al que tuvo acceso en exclusiva Público, el 11 de junio de 2014. En este mensaje, Conde-Pumpido aconseja a De Lara que "intente apartarse" y que "vaya con pies de plomo" en sus investigaciones. Incluso le recomienda un cambio de destino ofreciéndose a hacer las gestiones necesarias para este traslado ante el CGPJ, haciendo alarde de sus influencias en las altas instancias judiciales. "Empieza a sonar un run run en el TS de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política", advierte a De Lara.

La jueza anticorrupción de Lugo, instructora de varias causas de corrupción como el caso Pokemon, incluyó este mail en un informe que envió a la Audiencia Provincial de Lugo en diciembre de 2015. Un documento en el que el abogado advierte: "Según mi experiencia es mucho más peligroso para un Juez investigar a un determinado partido que a otro y no lo digo solo por Silva y Garzón, el propio Bermúdez con el que doy clase en la Universidad Europea está convencido que [sic] si no llega a soltar lo de Bárcenas a tiempo le habrían hundido la carrera, y razones no le faltan, pues me constan movimientos en este sentido."

Imputado por blanqueo de capitales
Conde-Pumpido Varela Jr. está imputado por la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo de capitales procedentes de dueños de prostíbulos. Algo que negó ante el tribunal en su declaración del 15 de enero de este año. Los empresarios de estos prostíbulos fueron detenidos en la investigación de la denominada Operación Pompeya, que se desarrolló en 2015 y que afectó a más de medio centenar de personas a las que relacionó con actividades de blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual de mujeres.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata apreció indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de la prostit*ción a través de una banca privada, llamada Bandenia Banca Privada, sin registrar en España.

En enero, la Fiscalía quiso preguntarle sobre otro caso por el que el abogado habría puesto una empresa a disposición de sus clientes para que pudieran seguir facturando de negocios como prostíbulos cuando tenían las cuentas intervenidas tras el golpe policial. No quiso aclarar estas actividades, que podrían derivar en una imputación por un delito de alzamiento de bienes u otro de blanqueo.

Conde-Pumpido reconoció haber sido el abogado de los investigados y que le dejaron un dinero a deber por la venta de unos cuadros y muebles familiares que no llegaron a pagarle. Esa es toda la relación que, según ha afirmado, tenía con esas personas.

https://www.publico.es/politica/cor...8WCDMlJPYGLJezkIxiOmk_YtIyBtC5gDk29VadKJZMsqE
 
Los inciertos méritos de Lamela


Al final ha tenido que ser una asociación de defensa de los derechos civiles la que interponga un recurso para pedir la nulidad del nombramiento de Carmen Lamela

Elisa Beni
06/04/2019 - 20:11h
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Tribunal Supremo.

"Justicia es el firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es debido" Ulpiano




En ocasiones, la vida nos sirve en un periodo corto diversas pociones que gracias a esa contigüedad temporal nos permiten apreciar mejor el sabor y el fondo de las cuestiones que plantean. Así está pasando en estos últimos días en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En esta ocasión se trata del sempiterno problema de los nombramientos judiciales viciados de nepotismo o politización y alejados de la búsqueda de la excelencia que tantos predican pero pocos practican. Ya les adelantaba que los jueces están empezando a plantar cara a este rodillo infame mediante recursos pero también lo está haciendo la sociedad civil, en una clara defensa del derecho de los ciudadanos a que tales prácticas sean analizadas y en su caso purgadas por las instancias previstas para ello.

Al final ha tenido que ser una asociación de defensa de los derechos civiles la que interponga un recurso para pedir la nulidad del nombramiento de Carmen Lamela como magistrada del Tribunal Supremo tras su breve paso por el Juzgado Central de Instrucción 3. Un nombramiento que ya resultó escandaloso en su día ya que, como no es inhabitual desgraciadamente, parece más premiar un servicio prestado que unos méritos contrastados. Ya saben que no es lo mismo tener méritos que hacer méritos. El lenguaje, que todo lo limpia, lo fija y le da o le quita esplendor. Lamela fue nombrada para el cargo y preferida entre 36 magistrados en un acuerdo de la Comisión Permanente de Lesmes en el que "se limitaron a exponer los méritos de ésta pero sin contener ninguna explicación sobre en qué aspectos es mejor al resto de sus compañeros". Se trataba en este caso de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de José Manuel Maza y que correspondía al llamado turno de especialistas en Derecho Penal. Así que, obviamente, una de las características que se debían tener en cuenta era dicha especialidad. Déjenme recordarles que acreditar tal especialidad ha devenido una cosa liosa y que, en resumen, tenemos a aquellos magistrados que hicieron el llamado "cursito" por ordenador cuando ascendieron y a los que pasaron las duras pruebas convocadas por el CGPJ en 2011, que llamaremos "el súper examen" y cuya convocatoria fue anulada por una cuestión de forma referida a la facultad del propio Consejo para convocarlas.

Todo este lío, al que luego me referiré, ni siquiera tiene mucho que ver en el caso de Carmen Lamela ya que ésta no tiene ni lo uno ni lo otro y, sin embargo, ha sido preferida a candidatos que tenían una modalidad de especialista o la otra para acceder a ese puesto. Así que el sanedrín de Lesmes constató en ella "un alto grado de especialización" en la investigación y enjuiciamiento de macro causas, delitos de terrorismo y órdenes europeas de detención y entrega aunque olvidaran explicar por qué estos méritos desplegados en su breve lapso de tiempo destinada en la Audiencia Nacional eclipsaban los de otros peticionarios que llevaban un cuarto de siglo haciendo esas mismas cosas y, además, habían pasado el súper examen de la especialidad. Tampoco decían nada, y es un dato que menciona la demanda, de si siendo la candidata que había sido sujeto en algún momento de la instrucción de un expediente disciplinario, frente a compañeros que jamás se habían visto en ese trance, esto la hubiera perjudicado o no a la hora de valorar sus méritos. ¿Qué tenía Lamela que podía saltar por encima de la especialización pedida y soslayar algunos puntos oscuros de su trayectoria? ¿Hubieran sido contemplados sus méritos con la misma vara de medir, y obviados los de sus contrincantes, si no hubiera caído en sus manos la causa contra el procés promovida por el propio Maza?

Esta demanda llega a la Sección Sexta de la Sala Tercera en la semana en la que ésta ha hecho pública la sentencia que anula los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco para la Sala de Apelaciones, para la que también prima la especialidad en penal. En esta sentencia queda muy claro que "se sitúa en pie de igualdad a quienes han superado las pruebas de promoción a magistrado (el cursito) con aquellos que ha superado la prueba de especialización (el súper examen). Si se aplicara a un supuesto sí y a otro no el mérito preferente (...) se estará incurriendo en una infracción de ordenamiento jurídico", dice la sala. ¿En qué se ha incurrido en el caso de Lamela al no solamente no aplicar el mérito igual a los del cursito y a los del súper examen sino al ningunear a todos ellos para nombrar a una candidata que no tiene ninguno de los dos?

De la sentencia que anula el nombramiento de López y Velasco ha sido ponente el magistrado José Manuel Sieira que ha sufrido en sus carnes este infausto e injusto sistema de nombramientos del CGPJ. Como les conté en su día, Sieira era el prestigioso y respetado presidente de la Sala Tercera hasta que no se le renovó en su cargo, como era además tradición, para poner en su lugar a Díez-Picazo, universalmente considerado ya responsable por su mal hacer del escándalo de la marcha atrás en el caso de los gastos hipotecarios para proteger a la banca. Sieira no sólo es un magnífico magistrado sino que debe llevar grabada a fuego la injusticia ulpianiana que se practica en el reino de taifas de Lesmes. Y ahora le es dado controlar estos desmanes.

Es no sólo de justicia sino incluso de justicia poética, que esta impune actitud sea analizada ahora por magistrados que se atrevan a plantar cara a un sistema podrido. Si además reflexionan sobre la inaceptable cuestión de que solamente aquellos que hayan sido perjudicados en un nombramiento, por no haber sido nombrados ellos mismos, puedan denunciar y combatir estos manejos, estarán haciendo un servicio a la democracia. La ocupación sistemática de los altos puestos de decisión judicial por nombramientos ad hoc del poder de turno, no solo perjudica a unos u otros magistrados en sus carreras sino a todos los ciudadanos y a una sociedad que se dice basada en los principios de igualdad y de mérito. Que las asociaciones judiciales o de derechos civiles no puedan siquiera plantear los casos para que los jueces competentes los analicen es un despropósito democrático.

Las terribles consecuencias en términos de pérdida de calidad jurisdiccional, deterioro de la confianza ciudadana en la Justicia, falta de prestigio de la propia profesión de juez y de zozobra de los controles democráticos no son cuestiones particulares de nadie. Esperemos que no tenga que ser finalmente Europa la que haga entender algo tan básico

https://www.eldiario.es/zonacritica/inciertos-meritos-Lamela_6_885821423.html



#7 yakiniku | 07/04/2019 - 02:23h
La jueza Lamela fue la primera magistrada, antes que Llarena, que investigó la causa independentista catalana, envió a prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y ha instruido la causa íntegra contra el ex-jefe de los Mossos, Josep Lluìs Trapero. Ahora, pese a llegar al TS, no podrá juzgarles.


Pero Lamela jugó además un papel determinante en la investigación por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en octubre de 2016 en Alsasua. Fue la jueza que dirigió la instrucción y que, por arte de birlibirloque, encargó un informe a la Guardia Civil a los pocos días de recibir una denuncia de Covite y convirtió la causa en una investigación por terrorismo. Además, mantuvo durante toda la investigación, a tres de los acusados (Oihan Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez) en prisión preventiva, fue condecorada a los once días de incoar las diligencias y rehusó practicar numerosas pruebas testificales y documentales de las defensas.

Una vez juzgado el caso, la Sala de lo Penal de la AN condenó a los procesados hasta a 13 años de cárcel pero tuvo que desistir del delito de terrorismo al ser insostenible. Fue el pretexto para retener la causa. Y así la retuvo Lamela, en lugar de devolverla al juzgado de instrucción de Pamplona como reclamó la Audiencia navarra, que planteó una cuestión de competencia al entender que no se trataban de delitos graves. Lamela también veía terrorismo en los disturbios de marzo de 2017 en el Casco Viejo de Pamplona por los que se juzgó a cuatro jóvenes de Rentería. Tampoco se les condenó por dicho delito. Se les impusieron dos años por desórdenes públicos.

https://www.noticiasdenavarra.com/2...-instruyo-el-caso-alsasua-en-la-an-al-supremo


#9 Arousa | 07/04/2019 - 09:00h
Tras leer estupefacto y con sumo interés todos estos artículos de la Sra Beni sobre la PODREDUMBRE de la Justicia acabo entendiendo el "por qué" de la JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA: precisamente porque la Justicia está POLITIZADA
LO PEOR DE UNA SOCIEDAD:
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no aseguran al Ciudadano
Legisladores que no legislan en provecho de la Sociedad
Justicia que no es Justa en sus decisiones
Sociedad que adormece y no ve estas ANOMALÍAS



A todo ésto hay que seguir la estela de Gema Espinosa, esposa de Llarena. Veremos que puestecito se le asigna por pago de servicios prestados.
 
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El juez que votó en contra de condenar al PP en Gürtel accede a la ‘Gran Sala’ de la AN
Ángel Hurtado y Manuela Fernández de Prado serán los magistrados que ocuparán las plazas de Enrique López y Eloy Velasco en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional tras el fallo del Tribunal Supremo.

El juez que votó en contra de condenar al PP en Gürtel accede a la ‘Gran Sala’ de la AN

Publicado el 22 de Abril de 2019 - 22: 07
ÁNGELA MARTIALAYangela.martialay@elindependiente.com AngelaMartialay


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El juez Ángel Hurtado. EFE

Los magistrados Ángel Hurtado y Manuela Fernández de Prado entrarán a formar parte de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tumbara el pasado mes de marzo por unanimidad los nombramientos de los magistrados Enrique López y Eloy Velascoefectuados por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes.

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, la Comisión Permanente del Consejo tiene previsto dar cumplimiento en los próximos días a la sentencia del Alto Tribunal después de que el magistrado Velasco solicitara una aclaración de la misma y el Supremo respondiera que el criterio para elegir a los nuevos integrantes de la ‘Gran Sala’ de la Audiencia debe ser la mayor antigüedad en el escalafón entre los magistrados que tienen el mérito de haber superado pruebas de especialización en materia penal o la prueba de acceso de juez a magistrado en dicho ámbito.

Las mismas fuentes indican que en este caso son los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado y Manuela Fernández de Prado (una de las recurrentes ante el Supremo), a quienes les corresponde las plazas de López y Velasco.


El Supremo obliga al CGPJ a nombrar a dos nuevos jueces para la 'supersala' de la Audiencia

El Tribunal Supremo ha sentenciado este jueves que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside el magistrado Carlos Lesmes interpretó de forma “contraria a derecho” el artículo 37.[...]

En el caso de Hurtado, fue el ponente inicial de la sentencia de la Primera Época de la Trama Gürtel (1999-2005) que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy. Paradójicamente, pese a redactar cientos de folios de dicha sentencia, acabó formulando un voto particular contra la misma al discrepar sobre la condena que recibió como partícipe a título lucrativo el Partido Popular por haberse beneficiado de 245.492,80 euros de gastos electorales en los municipios madrileños Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, que se sufragaron con el dinero de las comisiones aportadas por la trama corrupta capitaneada por Francisco Correa.

En su voto particular, Hurtado dijo que “no era necesario introducir” en la resolución expresiones como que “‘entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió, pues, una estructura de colaboración estable’”, o que ‘se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional…’ (…) la llamada “Caja B” del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”.

Cambia el tribunal que juzgará a Trapero
Tras un ruptura de relación total con los otros dos magistrados que juzgaron la trama Gürtel, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, Ángel Hurtado decidió cambiar de sección en la Sala Penal de la Audiencia y pasó de ser miembro de la Sección Segunda a magistrado de la Sección Primera, donde recientemente ha formado parte de la Sala que debe dictar próximamente la sentencia sobre el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell.


El juez que justificó el asalto al Parlament redactará la sentencia contra Trapero por el 1-O
La ex cúpula de los Mossos d’Esquadra cuando se celebró el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, con el ex major Josep Lluís Trapero al frente, ya tiene tribunal[...]

Por su parte, la magistrada Fernández de Prado ocupa actualmente plaza en la misma Sección Primera de la Sala Penal de dicho tribunal y debía formar parte de la Sala que juzgará al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero por rebelión tras los actos independentistas del 20-S y el 1-O.

Su marcha de la Sala Penal rumbo a la Sala de Apelaciones supondrá una alteración en la composición de dicho tribunal que tenía hasta el momento un marcado signo progresista. Fernández de Prado es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo debe decidir a qué plazas envía a los magistrados Enrique López y Eloy Velasco. Las opciones barajadas son dos: adscritos a la Sala Penal –que en estos momentos cuenta con tres magistrados de más sobre su plantilla- o adscritos a la Sala de Apelaciones, que por ahora mantiene una tímida carga de trabajo ya que en todo el año 2018 tan sólo se dictaron 18 sentencias por parte de dicho órgano. De hecho, ambos magistrados estaban actuando en la actualidad como refuerzos de las Secciones de la Sala Penal por este motivo.

https://www.elindependiente.com/pol...0W7f_w_VmjczAnWW0Hz2t2-_OLZdw1TKi_C7xwSPkbMBs
 
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