LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?
- Autorlibrepensador
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Los fiscales del Supremo y Anticorrupción se rebelan contra las «cacicadas» de Delgado
- LORETO OCHANDO
- 10/11/2020 06:48
El enfado con Delgado viene de los dos bastiones más fuertes, la Fiscalía General del Estado donde trabajan los fiscales del Tribunal Supremo, y la Fiscalía Anticorrupción, que ha engrandecido el nombre del Ministerio Fiscal en los últimos años por su encarnizada lucha contra la corrupción, tuviera ésta el color político que tuviera.
En el primer caso, el cabreo es con Delgado, pero también con el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, quien disparó sin miramientos contra los cuatro fiscales de Sala que defendieron la rebelión en el conocido como juicio del 1-O. En el caso de Delgado, los tótems del Supremo han visto con estupefacción la inacción de la FGE ante tal ataque, y tampoco comprenden las vendettas personales de la ex ministra de Pedro Sánchez.
Estas vendettas la llevaron incluso a presionar a gente de su propia asociación con la finalidad de dejar fuera de la plaza de jefe del Supremo a Javier Zaragoza. También, y con el objetivo de tener un mayor control dentro de la Junta de fiscales de Sala, ha nombrado a su amiga Esmeralda Rasillo fiscal de Sala de lo Togado, la plaza más codiciada.
Sus maniobras, unas más finas que otras, han desatado un enfado sin precedentes dentro de la FGE. Ahora, las cada vez más frecuentes voces discrepantes temen su siguiente jugada, que no es ni más ni menos que la elección del nuevo teniente fiscal, pues Navajas se jubila en diciembre de este año. Esa plaza, es probablemente la más importante dentro de la carrera fiscal, pues es el número uno del cuerpo, el que controla todo, absolutamente todo lo que entra en la Fiscalía General del Estado.
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Anticorrupción
El otro frente que Dolores Delgado tiene abierto es el de la Fiscalía Anticorrupción. El enfrentamiento de los fiscales comenzó con el cese del fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, que presuntamente se alineó con Podemos para perjudicar a OKDIARIO y a Eduardo Inda. Su caída, sin embargo, no gustó a un determinado sector de esta Fiscalía.
A este hecho se unía esta misma semana la respuesta de Delgado ante la filtración de que la Fiscalía Anticorrupción tenía abiertas unas Diligencias de Investigación Penal (DIP) contra el Rey emérito Juan Carlos I, la Reina Sofía y varios miembros de la familia real.
Tras hacerse pública la investigación, desde la FGE enviaron un comunicado diciendo que Dolores Delgado había decidido: “Incoar en fecha 29 de octubre diligencias de naturaleza gubernativa, en cuyo trámite se ha dado traslado a la Inspección Fiscal a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes. Con su resultado se acordará lo procedente. Asimismo, los hechos se han comunicado al Delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado a los oportunos efectos con el objetivo de aclarar de dónde proviene la filtración a un medio de comunicación”.
Este comunicado sentó especialmente mal entre los miembros de Anticorrupción, a quienes se acusaba veladamente de ser los responsables de la citada filtración, y se sintieron arrastrados por el fango por su propia jefa. Desde el palacete de la calle Manuel Silvela vieron en esta maniobra un intento de acabar con el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón. Y pasó lo que tenía que pasar, que “todos se han alineado con el jefe”.
Como ya hiciera cuando se les impuso al frente de Anticorrupción a Manuel Moix, la rebelión está en ciernes. Y en aquella ocasión, la guerra la terminaron ganando los fiscales, pues Moix se vio obligado a dimitir.
Es más, en esta ocasión, las personas consultadas han llegado a decir que “hasta los fiscales Anticorrupción que fueron críticos con el jefe de la sección, Alejandro Luzón, por apoyar al fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa, ahora se han posicionado del lado de Luzón”.
La frase “Lola quiere quitarse de encima a Luzón porque no lo controla” se escucha en cualquier tertulia donde haya fiscales, más aún si se coincide con alguno de Anticorrupción. Pero esa forma de actuar ha conseguido que, en dicha sección, los trabajadores “se hayan unido como una piña” alrededor de su jefe.
Tanto ha sido así, que el pasado viernes, en un encuentro informal de Delgado y Luzón, en el que la Delgado vetó a OKDIARIO, la FGE matizó el comunicado en el que se informaba de la apertura de una investigación por la filtración de las diligencias abiertas al Rey emérito. También anunció que el propio Luzón pasaba a formar partes de la investigación al monarca que hay abierta en la Fiscalía del Supremo. “Ha reculado, no le quedaba otra”, afirman las fuentes. “Pero ¿cuál será la siguiente jugada de Dolores Delgado en esta partida de ajedrez?” Esa es la pregunta que se hacen todos en la Fiscalía.
La Justicia europea señala a Lesmes (CGPJ), Riquelme (TSJRM) y al PP
El agotado mandato desde hace dos años de Carlos Lesmes al frente del máximo órgano del Poder Judicial vuelve a estar salpicado por una nueva polémica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala un posible caso de discriminación de género en el nombramiento del magistrado Miguel Pascual del Riquelme para el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Detrás del nombramiento, además, recaen sospechas de intereses partidarios vinculados al Partido PopularPor
Alba González.
1 de diciembre de 2020 22:00
No es la primera vez que el caducado mandato de Lesmes, quien fuera Alto Cargo durante los Gobiernos de Aznar, se hace eco en los Tribunales europeos. La Comisión Europea ya instaba a España a desbloquear el secuestro al que el Partido Popular tiene sometido al Poder Judicial desde hace dos años por ser perjudicial para el desarrollo democrático. Ahora, a pesar de la “parada del reloj” que Sánchez concedió a la fuerza azul para negociar la renovación del CGPJ sin tramitar la ley, no se prevén, si quiera, resquicios de acuerdo. Mientras, las polémicas siguen salpicando al máximo órgano de poder de los jueces.
Esta vez, se trata del nombramiento como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) por parte del CGPJ, concedido a Miguel Pascual del Riquelme. Una denuncia pesaba sobre el hecho desde 2016, cuando Pilar Alonso alegaba que la decisión del órgano había incurrido en discriminación por motivos de género, ya que la jueza presentaba mayores méritos que el escogido. Sin embargo, sobre dicha designación recaen una serie de sospechas que implican al Partido Popular.
EVITAR LA IMPUTACIÓN DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ EN EL CASO AUDITORIO
En la fecha coincidente con la designación del nuevo miembro del TSJRM, salía a la luz en la Región de Murcia la implicación del Partido Popular en una trama de corrupción conocida como ‘Caso Auditorio’, donde se acusaban delitos de prevaricación continuada y fraude a su actual presidente, Pedro Antonio Sánchez.La trama correspondería ser investigada por el TSJRM, quien sería responsable de decidir, contando con la condición de aforamiento del político, si dar cauce a la imputación, y los populares, a las puertas de las elecciones, no podían permitirse la implicación de uno de sus liderazgos más importantes en la región. Por ello, comenzaron a recaer sospechas de la manipulación para la elección de Riquelme al frente del Tribunal en detrimento de la candidatura, con mejores méritos para su postulación, de Alonso.
Una de las pruebas que atestiguan esta afirmación se revela en la primera decisión adoptada por el magistrado electo mediante el beneplácito del CGPJ presidido por Lesmes, que no fue otra que la desviación del Caso Auditorio a un pequeño juzgado del municipio de Lorca, quitándoselo de en medio, judicial y mediáticamente.
En ese momento, Podemos ya elevó una querella al Tribunal Supremo con los indicios presentados. Fue archivada, sin embargo, el emplazamiento de la Justicia europea vuelve a reabrir las dudas, algo que acelera la necesidad de desbloquear el máximo órgano de poder de los jueces.
La Justicia europea señala a Lesmes (CGPJ), Riquelme (TSJRM) y al PP
El agotado mandato desde hace dos años de Carlos Lesmes al frente del máximo órgano del Poder Judicial vuelve a estar salpicado por una nueva polémica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala un posible caso de discriminación de género en el nombramiento del magistrado Miguel Pascual del...
laultimahora.esEl máximo órgano del Poder Judicial arremete contra la libertad sindical
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado su “repulsa” ante el envío de un correo electrónico por parte de la sección sindical de Comisiones Obreras donde se remitía un manifiesto firmado conjuntamente con UGT que apelaba al voto de la izquierda el próximo 4 de mayoPor
Alba González.
1 de mayo de 2021 21:00
Así lo ha denunciado Comisiones Obreras. El sindicato utilizaba la dirección de correo electrónico de su sección sindical donde se adjuntaba el cartel con el manifiesto para llamar al voto a la izquierda en las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, firmado conjuntamente con UGT, acompañado de un párrafo donde podía leerse: “En las elecciones del próximo día 4 de mayo están en juego cuestiones trascendentales como, por ejemplo, los servicios públicos, los derechos y libertades básicos para los trabajadores y trabajadoras, el fomento del empleo, la defensa de una transición ecológica y energética… Para ello es vital la mayor movilización y nuestro voto a opciones progresistas de izquierda, feministas, defensoras de lo público y que incluyan en sus programas la defensa y ampliación de los derechos individuales y colectivos”.
Ante lo que consideran una actividad normal dentro del ámbito sindical, la respuesta de la Comisión Permanente del CGPJ “ha asombrado” a los trabajadores, tomando la decisión de imputar al sindicato por “un uso indebido del correo corporativo”.
La reacción del máximo órgano del Poder Judicial, actualmente en funciones desde hace 2 años debido al bloqueo al que tiene sometido el Partido Popular su renovación, “no puede sino interpretarse como una reacción disuasoria o desalentadora del ejercicio de derechos fundamentales y, en consecuencia, un acto de injerencia, impeditivo u obstativo, del ejercicio de la libertad sindical”, según afirma Comisiones.
“Los sindicatos tienen reconocida y protegida por la Constitución su función sociopolítica. En este marco, la acción del sindicato no queda limitada al ámbito económico-laboral o profesional, sino que se extiende a cualquier materia que afecte a los intereses “económicos y sociales que les son propios” (art. 7 CE)”, recuerdan los trabajadores, por lo que anuncian no quedarse “impasibles ante actuaciones que puedan limitar o cercenar el libre ejercicio de la acción sindical” e iniciar las acciones pertinentes.
El máximo órgano del Poder Judicial arremete contra la libertad sindical
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado su “repulsa” ante el envío de un correo electrónico por parte de la sección sindical de Comisiones Obreras donde se remitía un manifiesto firmado conjuntamente con UGT que apelaba al voto de la izquierda el próximo...
laultimahora.esLo que tendrían que hacer los miembros del CGPJ es dimitir para forzar a quien no quiere la renovación de los jueces.
Pero ya sabemos como actúa quienes forman parte lo que en éste país se llama justicia.
Una campaña puñetera
- Nos quieren hacer creer que Madrid es mayoritariamente de derechas y sobre eso hay muchas dudas. Nos quieren hacer creer que la judicatura es ideológicamente equiparable a la sociedad a la que sirve. Sobre eso, cada vez quedan menos
Elisa Beni
@elisabeni
1 de mayo de 2021 22:49h
35
Cronistas de la sucia y enlodada campaña electoral que se ha vivido en Madrid han tenido muchos. De los embates, los enfrentamientos, las estupideces y los golpes bajos que se han jugado en los medios o en los mítines o en los buzones de Correos, puede que estén hasta saturados.
Menos hincapié se ha hecho en la soterrada lucha electoral que tiene como escenario los juzgados y algunas togas, la campaña puñetera, la del partido que se juega por algunos con ventaja, la que nos descubre que no es todo tan imparcial como parece y que el lawfare, la guerra jurídica, no ha faltado tampoco a la cita en estos comicios de la caña y la caspa.
Cada procedimiento es un mundo, y así debería ser, pero hace falta ser muy acémila para no descubrir cómo los pliegues y vericuetos de las togas se ondulan de forma ostensible hacia el mismo lado y cómo existe una batalla precisa, continuada y coreografiada que siempre hace caer la venda de la Justicia del mismo ojo. Algo que, y es muy preocupante, ni siquiera procede siempre de esos jueces de nombramiento político, de esos que buscan hacer carrera, de los que tanto hablamos. Cada vez más, una judicatura más conservadora y más derechizada va descubriéndose como una realidad sociológica que impide que el campo de juego político esté tan limpio y sea tan neutro como sería necesario en una democracia.
Tengamos, en primer lugar, el juez de instrucción que encuentra necesario citar en abril a alguien que debe declarar a mediados de julio. ¡Qué previsor!, me dirán. No hay tal. Son muchos años de oír entre jueces que durante una campaña electoral no se hacía ningún movimiento procesal que no fuera urgente que afectara a los partidos en lid, para bien o para mal.
Una norma no escrita de neutralidad política que saltó por los aires como tantas cosas. Así el juez Escribano, en Plaza de Castilla, el 27 de abril no puede aguantarse más y decide incoar unas diligencias previas a instancias de Vox y de una "asociación de abogados", próxima al Partido Popular, que muy preocupados ambos por las pérdidas dinerarias de Podemos acusan de apropiación indebida nada menos que a una ministra del Gobierno, de ese partido, y a una de sus asesoras.
El magistrado, en un despliegue de calado jurídico, fundamenta su decisión en derecho en ocho líneas de un modelo y ordena ponerlo en conocimiento del fiscal, a ver qué dice porque aún no ha dicho, y remitirlo a la Comisaría del Congreso para que se lo hagan llegar a la diputada Irene Montero, contra la que no puede actuar. Entiéndanlo, la cuestión es super urgente y no puede esperar una semana a que se haya terminado la campaña y realizado la votación. Es que está el juez que se acuerda encima.
Es que una denuncia interpuesta por un partido que es contrincante directo de aquellos a los que la dirige, en la que no se conoce el criterio del fiscal, sobre un relato que "presenta características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", que no puede haber ni menos esfuerzo de valoración jurídica ni menos seguridad –presenta, presumir, posible– no puede esperar a que se acabe la campaña. A fin de cuentas, ¿de qué serviría su difusión apresurada entonces? Un asunto que acabará en nada. Un asunto que solo ha existido para ir abriendo portadas. Al tiempo.
La misma prisa que ha tenido la magistrada Aguirre de la Cuesta para sobreseer la denuncia interpuesta por el PSOE y por la Fiscalía de Madrid por los infames carteles racistas instalados por Vox en el Metro. Aquí lo que urgía era lavar esa inmundicia antes de las votaciones. Una vez que la magistrada Rodríguez-Medel –sí, la de la imputación del delegado Franco por las manifestaciones del 8M– negó las cautelares para retirar un anuncio que ensucia la campaña, y una vez que la Junta Electoral se lavó las manos y dijo que había prejudicialidad penal y que ya dirían ellos, ¿qué prisa había? El cártel de la infamia tenía su recorrido asegurado hasta la jornada electoral.
En un auto que ha sido recurrido por la propia Fiscalía, nos dice la diligente juez de Plaza de Castilla que ese texto deleznable que pretende mover a la opinión pública contra unos menores desprotegidos, por su origen y su raza, "constituye el desarrollo, la forma de expresión en la campaña de la política de inmigración de Vox así como su política sobre el delito de usurpación", que es libertad de expresión, sin que le importe a la juez que, como ella misma nos cuenta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere que "para que exista discurso del odio no es necesario que se incite a la violencia, basta con que se incite al odio a cierta parte de la población" o que el Constitucional, ella sigue citando, considere que no es necesario "que se genere una situación concreta de peligro pero sí una aptitud que pueda llevar a la generación de algún tipo de violencia".
Pero que a ella le da igual, que en campaña hay que ser más laxos porque están los partidos contando sus programas, aunque estos sean contrarios a las doctrinas de los más altos tribunales. No resulta demagógico comparar esta manga de toga ancha con el hecho de que se condenara y se expulsara de su cargo a un político catalán –que no participaba en la campaña– por negarse a retirar una pancarta.
Y es que es una constante. Ayer mismo anunció el Partido Popular que va a interponer una denuncia contra el presidente del CIS por malversación de caudales públicos "por hacer trabajo de campo de encuestas que no puede publicar". Una cuestión absurda que no podían esperar a contarnos a que estuviera interpuesta porque la campaña se acaba.
Todo depende de encontrar un juez de instrucción dispuesto a jugar un rato al ratón y el gato, y visto lo visto no les será difícil. Al final, cuando la cosa se ponga fea y roce la prevaricación, con dejarla caer basta y al juez no le pasará rien de rien. ¿De verdad creen que no hay quien hace estas cosas? No me sean. Les puedo dar un listado. Después, cuando todo acabe en los desvanes del archivo, basta con no darle mucho espacio a la noticia. ¿De verdad creen que no hay quien hace estas cosas? No me sean.
Alabemos, en cambio, la neutralidad judicial que ha llevado a que, habiendo procedimientos en marcha, juicios en plena celebración, por la corrupción del Partido Popular y hasta sobre algunos de sus cargos en Madrid, no haya habido ni un solo movimiento procesal en ese campo que haya venido a enturbiar la campaña y a complicársela a la derecha. Así se hacen las cosas, señorías, pero con todos, no solo con aquellos que queremos que sean mano cuando damos las cartas.
Nos quieren hacer creer que Madrid es mayoritariamente de derechas y sobre eso hay muchas dudas. Nos quieren hacer creer que la judicatura es ideológicamente equiparable a la sociedad a la que sirve. Sobre eso, cada vez quedan menos.
Una campaña puñetera
Nos quieren hacer creer que Madrid es mayoritariamente de derechas y sobre eso hay muchas dudas. Nos quieren hacer creer que la judicatura es ideológicamente equiparable a la sociedad a la que sirve. Sobre eso, cada vez quedan menos
www.eldiario.esLa camarilla judicial de la derecha.....
Sorteo, sorteo, y sorteo. Se acabaría el cochambeo y camarillas entre bastantes jueces para actuar de una manera constante contra el miso lado y a favor del otro .
#6 MareNostrum68
01 de mayo de 2021. 11:52 h
La doble vara de medir es tan evidente que resulta pornográfica: Los titiriteros, los presos de Alsasua, Pablo Hasel.... y, en otro lado, los 26 millones que se han de fusilar, los carteles de Vox, el video con fotos de políticos como dianas, las sentencias del proces, el emérito..... La justicia en España no es ciega, es tuerta de derechas.
#12 DONGUIDO
02 de mayo de 2021. 12:31 h
Carmen Rodriguez-Medel: Nieta de José Rodríguez Medel Briones, asesinado el 18 de julio de 1936 en Pamplona por uno de sus subordinados. En ese momento era Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Navarra. Hija de José Rodríguez Medel Carmona,. En 1982 ascendió a General de Brigada de la Guardia Civil acabando su vida profesional en 1985 como Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil. Sobrina de Ramón Rodríguez Medel Carmona, Coronel de la Benemérita, falleció en 1983 estando al mando de la Agrupación de Trafico y pendiente de ascender a General de Brigada. Hermana de Antonio Rodríguez Medel actualmente destinado como coronel jefe de la comandancia de Málaga. Yo no digo que esto sea determinante, pero ayuda. Como también su cargo político, porque fue asesora del director general de Relaciones con la Justicia, siendo Rafael Catalá ministro de Justicia. Dicen que de raza le viene al galgo, y sí, además perteneces a la "famiglia" de los genoveses, pues…¡Blanco y en botella!
Última edición:
Lo dices por lo que la justicia esta tapando alguna fechoria de los de podemos????? y del PSOE???Una campaña puñetera
- Nos quieren hacer creer que Madrid es mayoritariamente de derechas y sobre eso hay muchas dudas. Nos quieren hacer creer que la judicatura es ideológicamente equiparable a la sociedad a la que sirve. Sobre eso, cada vez quedan menos
Elisa Beni
@elisabeni
1 de mayo de 2021 22:49h
35
Cronistas de la sucia y enlodada campaña electoral que se ha vivido en Madrid han tenido muchos. De los embates, los enfrentamientos, las estupideces y los golpes bajos que se han jugado en los medios o en los mítines o en los buzones de Correos, puede que estén hasta saturados.
Menos hincapié se ha hecho en la soterrada lucha electoral que tiene como escenario los juzgados y algunas togas, la campaña puñetera, la del partido que se juega por algunos con ventaja, la que nos descubre que no es todo tan imparcial como parece y que el lawfare, la guerra jurídica, no ha faltado tampoco a la cita en estos comicios de la caña y la caspa.
Cada procedimiento es un mundo, y así debería ser, pero hace falta ser muy acémila para no descubrir cómo los pliegues y vericuetos de las togas se ondulan de forma ostensible hacia el mismo lado y cómo existe una batalla precisa, continuada y coreografiada que siempre hace caer la venda de la Justicia del mismo ojo. Algo que, y es muy preocupante, ni siquiera procede siempre de esos jueces de nombramiento político, de esos que buscan hacer carrera, de los que tanto hablamos. Cada vez más, una judicatura más conservadora y más derechizada va descubriéndose como una realidad sociológica que impide que el campo de juego político esté tan limpio y sea tan neutro como sería necesario en una democracia.
Tengamos, en primer lugar, el juez de instrucción que encuentra necesario citar en abril a alguien que debe declarar a mediados de julio. ¡Qué previsor!, me dirán. No hay tal. Son muchos años de oír entre jueces que durante una campaña electoral no se hacía ningún movimiento procesal que no fuera urgente que afectara a los partidos en lid, para bien o para mal.
Una norma no escrita de neutralidad política que saltó por los aires como tantas cosas. Así el juez Escribano, en Plaza de Castilla, el 27 de abril no puede aguantarse más y decide incoar unas diligencias previas a instancias de Vox y de una "asociación de abogados", próxima al Partido Popular, que muy preocupados ambos por las pérdidas dinerarias de Podemos acusan de apropiación indebida nada menos que a una ministra del Gobierno, de ese partido, y a una de sus asesoras.
El magistrado, en un despliegue de calado jurídico, fundamenta su decisión en derecho en ocho líneas de un modelo y ordena ponerlo en conocimiento del fiscal, a ver qué dice porque aún no ha dicho, y remitirlo a la Comisaría del Congreso para que se lo hagan llegar a la diputada Irene Montero, contra la que no puede actuar. Entiéndanlo, la cuestión es super urgente y no puede esperar una semana a que se haya terminado la campaña y realizado la votación. Es que está el juez que se acuerda encima.
Es que una denuncia interpuesta por un partido que es contrincante directo de aquellos a los que la dirige, en la que no se conoce el criterio del fiscal, sobre un relato que "presenta características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", que no puede haber ni menos esfuerzo de valoración jurídica ni menos seguridad –presenta, presumir, posible– no puede esperar a que se acabe la campaña. A fin de cuentas, ¿de qué serviría su difusión apresurada entonces? Un asunto que acabará en nada. Un asunto que solo ha existido para ir abriendo portadas. Al tiempo.
La misma prisa que ha tenido la magistrada Aguirre de la Cuesta para sobreseer la denuncia interpuesta por el PSOE y por la Fiscalía de Madrid por los infames carteles racistas instalados por Vox en el Metro. Aquí lo que urgía era lavar esa inmundicia antes de las votaciones. Una vez que la magistrada Rodríguez-Medel –sí, la de la imputación del delegado Franco por las manifestaciones del 8M– negó las cautelares para retirar un anuncio que ensucia la campaña, y una vez que la Junta Electoral se lavó las manos y dijo que había prejudicialidad penal y que ya dirían ellos, ¿qué prisa había? El cártel de la infamia tenía su recorrido asegurado hasta la jornada electoral.
En un auto que ha sido recurrido por la propia Fiscalía, nos dice la diligente juez de Plaza de Castilla que ese texto deleznable que pretende mover a la opinión pública contra unos menores desprotegidos, por su origen y su raza, "constituye el desarrollo, la forma de expresión en la campaña de la política de inmigración de Vox así como su política sobre el delito de usurpación", que es libertad de expresión, sin que le importe a la juez que, como ella misma nos cuenta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere que "para que exista discurso del odio no es necesario que se incite a la violencia, basta con que se incite al odio a cierta parte de la población" o que el Constitucional, ella sigue citando, considere que no es necesario "que se genere una situación concreta de peligro pero sí una aptitud que pueda llevar a la generación de algún tipo de violencia".
Pero que a ella le da igual, que en campaña hay que ser más laxos porque están los partidos contando sus programas, aunque estos sean contrarios a las doctrinas de los más altos tribunales. No resulta demagógico comparar esta manga de toga ancha con el hecho de que se condenara y se expulsara de su cargo a un político catalán –que no participaba en la campaña– por negarse a retirar una pancarta.
Y es que es una constante. Ayer mismo anunció el Partido Popular que va a interponer una denuncia contra el presidente del CIS por malversación de caudales públicos "por hacer trabajo de campo de encuestas que no puede publicar". Una cuestión absurda que no podían esperar a contarnos a que estuviera interpuesta porque la campaña se acaba.
Todo depende de encontrar un juez de instrucción dispuesto a jugar un rato al ratón y el gato, y visto lo visto no les será difícil. Al final, cuando la cosa se ponga fea y roce la prevaricación, con dejarla caer basta y al juez no le pasará rien de rien. ¿De verdad creen que no hay quien hace estas cosas? No me sean. Les puedo dar un listado. Después, cuando todo acabe en los desvanes del archivo, basta con no darle mucho espacio a la noticia. ¿De verdad creen que no hay quien hace estas cosas? No me sean.
Alabemos, en cambio, la neutralidad judicial que ha llevado a que, habiendo procedimientos en marcha, juicios en plena celebración, por la corrupción del Partido Popular y hasta sobre algunos de sus cargos en Madrid, no haya habido ni un solo movimiento procesal en ese campo que haya venido a enturbiar la campaña y a complicársela a la derecha. Así se hacen las cosas, señorías, pero con todos, no solo con aquellos que queremos que sean mano cuando damos las cartas.
Nos quieren hacer creer que Madrid es mayoritariamente de derechas y sobre eso hay muchas dudas. Nos quieren hacer creer que la judicatura es ideológicamente equiparable a la sociedad a la que sirve. Sobre eso, cada vez quedan menos.
Una campaña puñetera
Nos quieren hacer creer que Madrid es mayoritariamente de derechas y sobre eso hay muchas dudas. Nos quieren hacer creer que la judicatura es ideológicamente equiparable a la sociedad a la que sirve. Sobre eso, cada vez quedan menos
La camarilla judicial de la derecha.....
Sorteo, sorteo, y sorteo. Se acabaría el cochambeo y camarillas entre bastantes jueces para actuar de una manera constante contra el miso lado y a favor del otro .
#6 MareNostrum68
01 de mayo de 2021. 11:52 h
La doble vara de medir es tan evidente que resulta pornográfica: Los titiriteros, los presos de Alsasua, Pablo Hasel.... y, en otro lado, los 26 millones que se han de fusilar, los carteles de Vox, el video con fotos de políticos como dianas, las sentencias del proces, el emérito..... La justicia en España no es ciega, es tuerta de derechas.
#12 DONGUIDO
02 de mayo de 2021. 12:31 h
Carmen Rodriguez-Medel: Nieta de José Rodríguez Medel Briones, asesinado el 18 de julio de 1936 en Pamplona por uno de sus subordinados. En ese momento era Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Navarra. Hija de José Rodríguez Medel Carmona,. En 1982 ascendió a General de Brigada de la Guardia Civil acabando su vida profesional en 1985 como Jefe de la 5ª Zona de la Guardia Civil. Sobrina de Ramón Rodríguez Medel Carmona, Coronel de la Benemérita, falleció en 1983 estando al mando de la Agrupación de Trafico y pendiente de ascender a General de Brigada. Hermana de Antonio Rodríguez Medel actualmente destinado como coronel jefe de la comandancia de Málaga. Yo no digo que esto sea determinante, pero ayuda. Como también su cargo político, porque fue asesora del director general de Relaciones con la Justicia, siendo Rafael Catalá ministro de Justicia. Dicen que de raza le viene al galgo, y sí, además perteneces a la "famiglia" de los genoveses, pues…¡Blanco y en botella!
¿Cuándo dejarán los jueces de hacer política?
Por
Juan Tortosa.
15 de mayo de 2021 23:30
Miércoles, 12: “La Justicia mantiene el nombre Caídos de la División Azul en el callejero de Madrid porque apela al nazismo y no al franquismo”.
Jueves, 13: “La Justicia salva la calle de Millán Astray al no probarse de manera "inequívoca" que participara en el golpe de 1936”.
“¿Por qué tantos magistrados tienen un sesgo ideológico tan conservador que les lleva a hacer oposición política a un Ejecutivo progresista salido de las urnas? ¿Debe la sociedad democrática aceptar sus abusos de poder?” Esta frase, que podía estar escrita perfectamente a día de hoy, pertenece a un artículo que Ignacio Sánchez Cuenca firmó en El País en marzo de 2010, cuando aún gobernaba Rodríguez Zapatero, ¿no es maravilloso?
Faltaba en ese momento más de un año para el 15M, no existía Podemos, ni Vox, y Ciudadanos apenas era un bebé nacido poco antes en Catalunya. Nadie sabía quiénes eran Abascal, ni Pablo Iglesias, ni Arrimadas, ni Ayuso, ni siquiera Casado. Mil años parecen haber pasado y ahí está el sistema judicial, como hace once años, como hace más de cuarenta… inasequible al desaliento, desesperando a quienes soñamos con la imprescindible legitimización de un estamento cuyas prácticas no encajan en la Europa a la que pertenecemos desde hace ya… ¡36 años! "Justicia y política, la pareja infernal", se titulaba un libro que Patrick Maisonneuve publicó en 2015.
“El principio de división de poderes debería impedir, escribía Josep Ramoneda no hace mucho, que un poder entrara en el terreno del otro por cuestiones que no le corresponden. Y así como el poder político no debe condicionar las decisiones de los tribunales, el poder judicial no debería intervenir en el normal quehacer de las decisiones políticas.”
Pues nada, pasan los días, los meses, los años.. y ahí siguen los jueces con su dinámica de siempre, gobierne quien gobierne. En los últimos tiempos no hay mañana en la que no nos desayunemos con alguna decisión judicial que interfiera de lleno en el terreno de la política. El amigo Pedro Vallín se tomó hace unos días la molestia de recordarnos algunas de las más recientes, titulares que siempre empiezan con el mismo sujeto:
“La Justicia decide suspender la semipeatonalización del centro de Madrid, conocida como Madrid Central;
La Justicia desestima los recursos de amparo de los condenados por sedición del 1-O;
la Justicia decide que la situación en Navarra no justifica la decisión del ejecutivo autonómico de establecer toque de queda y horario de cierre de los locales de hostelería;
La Justicia pide seis meses de prisión para el secretario de Organización de Podemos por un caso anterior a la fundación del partido;
la Justicia admite el recurso de la diputada andaluza Teresa Rodríguez por su expulsión del grupo parlamentario en la Junta de Andalucía;
la Justicia avala que los ayuntamientos establezcan tasas para las empresas de telefonía fija e internet; la Justicia rechaza las medidas anticovid decididas por el Gobierno de Canarias… “
Todas estas noticias se han publicado durante esta semana que ahora acaba, y a ellas hay que incluir las dos decisiones con las que encabezábamos este artículo ¿Es esto impartir justicia o hacer política? ¿Nadie va a poner pie en pared a esto de una vez? Una cosa es la separación de poderes y otra muy distinta que unos señores que están donde están sencillamente porque aprobaron unas oposiciones, dictaminen a diario contra poderes legislativos democráticamente elegidos.
Surrealista e impresentable, por muy legítimo que sea. Sobre todo cuando la derecha y la ultraderecha se dedican a utilizar estos mecanismos cada vez que pueden para frenar, o directamente dinamitar, avances democráticos, decisiones políticas de calado. Así de encanallada está nuestra convivencia, que los jueces funcionen de esta manera no ayuda a crecer, ni a mejorar nuestras vidas, ni a ser respetados como país democrático.
Nadie duda de que existen razones técnicas que permiten que esto sea posible, tampoco que, a la vista de los hechos, parece terriblemente complicado desmontar esta perversa dinámica. Es urgente hacer algo. Como tantos otros asuntos que el bipartidismo jamás resolvió -cloacas, democratización de la policía, ejército…-, la no modernización del aparato judicial es uno de los que más condiciona nuestra convivencia.
Parece incontestable que no conseguiremos tener un país decente hasta que no dispongamos de una justicia independiente y democrática que se dedique a desarrollar sus cometidos y se abstenga de condicionar las decisiones políticas ¿Es pedir demasiado? Hasta ahora, parece que sí.
¿Cuándo dejarán los jueces de hacer política?
Miércoles, 12: “La Justicia mantiene el nombre Caídos de la División Azul en el callejero de Madrid porque apela al nazismo y no al franquismo”. Jueves, 13: “La Justicia salva la calle de Millán Astray al no probarse de manera "inequívoca" que participara en el golpe de 1936”. “¿Por qué tantos...
laultimahora.es
Una pregunta. Si a mí se me ocurre decir "Gora ETA" me enchironan en el acto.
Hay que decir que la banda armada fue responsables de atentados y asesinatos.
Si digo "Viva Franco" no me pasa nada.
Hay que decir que Franco fue responsable de una guerra con miles de muertos y desaparecidos.
¿Cual es la diferencia o en que estriba el trato de favor?
¿Por qué lo del franquismo es libertad de expresión y lo de ETA es apología del terrorismo si ambos son responsables de muertos?
Y la justicia independiente que busca cuál es? Una que no aplique leyes vigentes? Una que se alinee con el gobierno? Una que no dicte Sentencia para que no interfiera en un proceso electoral? Que dejen tranquilos a los jueces, que bastante hacen. Con unos sueldos bastante inferiores de los que cobrarían si se pasaran al sector privado. Si siguen como jueces es por auténtica vocación.¿Cuándo dejarán los jueces de hacer política?
Por
Juan Tortosa.
15 de mayo de 2021 23:30
Miércoles, 12: “La Justicia mantiene el nombre Caídos de la División Azul en el callejero de Madrid porque apela al nazismo y no al franquismo”.
Jueves, 13: “La Justicia salva la calle de Millán Astray al no probarse de manera "inequívoca" que participara en el golpe de 1936”.
“¿Por qué tantos magistrados tienen un sesgo ideológico tan conservador que les lleva a hacer oposición política a un Ejecutivo progresista salido de las urnas? ¿Debe la sociedad democrática aceptar sus abusos de poder?” Esta frase, que podía estar escrita perfectamente a día de hoy, pertenece a un artículo que Ignacio Sánchez Cuenca firmó en El País en marzo de 2010, cuando aún gobernaba Rodríguez Zapatero, ¿no es maravilloso?
Faltaba en ese momento más de un año para el 15M, no existía Podemos, ni Vox, y Ciudadanos apenas era un bebé nacido poco antes en Catalunya. Nadie sabía quiénes eran Abascal, ni Pablo Iglesias, ni Arrimadas, ni Ayuso, ni siquiera Casado. Mil años parecen haber pasado y ahí está el sistema judicial, como hace once años, como hace más de cuarenta… inasequible al desaliento, desesperando a quienes soñamos con la imprescindible legitimización de un estamento cuyas prácticas no encajan en la Europa a la que pertenecemos desde hace ya… ¡36 años! "Justicia y política, la pareja infernal", se titulaba un libro que Patrick Maisonneuve publicó en 2015.
“El principio de división de poderes debería impedir, escribía Josep Ramoneda no hace mucho, que un poder entrara en el terreno del otro por cuestiones que no le corresponden. Y así como el poder político no debe condicionar las decisiones de los tribunales, el poder judicial no debería intervenir en el normal quehacer de las decisiones políticas.”
Pues nada, pasan los días, los meses, los años.. y ahí siguen los jueces con su dinámica de siempre, gobierne quien gobierne. En los últimos tiempos no hay mañana en la que no nos desayunemos con alguna decisión judicial que interfiera de lleno en el terreno de la política. El amigo Pedro Vallín se tomó hace unos días la molestia de recordarnos algunas de las más recientes, titulares que siempre empiezan con el mismo sujeto:
“La Justicia decide suspender la semipeatonalización del centro de Madrid, conocida como Madrid Central;
La Justicia desestima los recursos de amparo de los condenados por sedición del 1-O;
la Justicia decide que la situación en Navarra no justifica la decisión del ejecutivo autonómico de establecer toque de queda y horario de cierre de los locales de hostelería;
La Justicia pide seis meses de prisión para el secretario de Organización de Podemos por un caso anterior a la fundación del partido;
la Justicia admite el recurso de la diputada andaluza Teresa Rodríguez por su expulsión del grupo parlamentario en la Junta de Andalucía;
la Justicia avala que los ayuntamientos establezcan tasas para las empresas de telefonía fija e internet; la Justicia rechaza las medidas anticovid decididas por el Gobierno de Canarias… “
Todas estas noticias se han publicado durante esta semana que ahora acaba, y a ellas hay que incluir las dos decisiones con las que encabezábamos este artículo ¿Es esto impartir justicia o hacer política? ¿Nadie va a poner pie en pared a esto de una vez? Una cosa es la separación de poderes y otra muy distinta que unos señores que están donde están sencillamente porque aprobaron unas oposiciones, dictaminen a diario contra poderes legislativos democráticamente elegidos.
Surrealista e impresentable, por muy legítimo que sea. Sobre todo cuando la derecha y la ultraderecha se dedican a utilizar estos mecanismos cada vez que pueden para frenar, o directamente dinamitar, avances democráticos, decisiones políticas de calado. Así de encanallada está nuestra convivencia, que los jueces funcionen de esta manera no ayuda a crecer, ni a mejorar nuestras vidas, ni a ser respetados como país democrático.
Nadie duda de que existen razones técnicas que permiten que esto sea posible, tampoco que, a la vista de los hechos, parece terriblemente complicado desmontar esta perversa dinámica. Es urgente hacer algo. Como tantos otros asuntos que el bipartidismo jamás resolvió -cloacas, democratización de la policía, ejército…-, la no modernización del aparato judicial es uno de los que más condiciona nuestra convivencia.
Parece incontestable que no conseguiremos tener un país decente hasta que no dispongamos de una justicia independiente y democrática que se dedique a desarrollar sus cometidos y se abstenga de condicionar las decisiones políticas ¿Es pedir demasiado? Hasta ahora, parece que sí.
¿Cuándo dejarán los jueces de hacer política?
Miércoles, 12: “La Justicia mantiene el nombre Caídos de la División Azul en el callejero de Madrid porque apela al nazismo y no al franquismo”. Jueves, 13: “La Justicia salva la calle de Millán Astray al no probarse de manera "inequívoca" que participara en el golpe de 1936”. “¿Por qué tantos...
Y quién te enchirona por decir gora ETA? Debe haber bastante gente en la cárcel con esa idea tuya...
Huyyyyyyyy enchironan hasta por un juego de palabras Gora Alka-Eta. ¿Te acuerdas de los tiriteros.
Un juez antes de enchironar a una persona tiene que ver con claridad el delito. Pero como tenemos jueces que han pasado de ser policía franquista a ser juez de la Audiencia Nacional como el que le tocó a los titiriteros.
No sé si fue contigo o con otra coti que comentaba que había quienes habían pasado desde el Tribunal de Orden Público a jueces de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo.
Éste juez no anda muy lejos. Se llama Ismael Moreno Serrano por si te quieres informar.
