LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?


Un vocal del Poder Judicial ve una “injerencia política intolerable” en el “bloqueo” a la renovación y rechaza los nombramientos

  • Álvaro Cuesta, elegido a propuesta del PSOE, es uno de los dos vocales que no ha respaldado la renovación de seis plazas en el Supremo acordada este miércoles

Carlos Lesmes preside un Pleno del CGPJ. Ricardo Rubio / Europa Press
Elena Herrera
30 de septiembre de 2020 17:19h
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@herrera_elena
Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE, ha firmado un voto particular en el que denuncia la decisión de la mayoría de vocales del órgano de gobierno de los jueces de seguir haciendo nombramientos de puestos clave en la cúpula judicial pese a estar en funciones desde hace casi dos años. Entre ellos, los seis efectuados este miércoles en el Tribunal Supremo y que han contado con el aval de la mayoría conservadora y de parte del bloque progresista. Cuesta y Concepción Sáez, vocal a propuesta de IU, son los dos únicos dos vocales que no han secundado estas designaciones.



El Poder Judicial en funciones nombra para el Supremo al único juez de la Gürtel que pidió la absolución del PP

Cuesta propuso al inicio de la sesión sacar del orden del día los nombramientos dada la situación de interinidad del Consejo pero su propuesta no fue secundada. En el voto particular contra esta decisión, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que existe un “bloqueo inconstitucional intencionado” en el CGPJ que, a su juicio, supone una “injerencia política intolerable que se debería denunciar”.
Se trata, siempre según sus palabras, de un bloqueo "a propósito" que tiene como objetivo "conseguir un resultado" en el "funcionamiento" del órgano que, entre otras tareas, tiene encomendado nombrar a los altos cargos de la judicatura. El vocal recuerda que el equilibrio de fuerzas entre los vocales que forman a día de hoy el Consejo nada tiene que ver con la composición actual de las Cortes Generales encargadas de designarlos.

Desde que se eligió en noviembre de 2013 se han celebrado cuatro elecciones generales. Entonces el PP gobernaba con mayoría absoluta. La actual composición es la siguiente: 11 vocales a propuesta del PP, siete a propuesta del PSOE, uno a propuesta del PNV y otra a propuesta de IU. El presidente, Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de Aznar, también es conservador.

Para respaldar su posición, Cuesta pone el acento en dos hechos que considera relevantes. Por un lado, el informe en el que la Comisión Europea pide la renovación del CGPJ. Y, por otro, el comunicado conjunto en el que PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas parlamentarias que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, además de JxCat, acusan implícitamente al PP de incurrir en una “grave irresponsabilidad” por el bloqueo y piden también su renovación. Los grupos que suscriben esa petición suman 187 escaños en el Congreso —por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176—, si bien para la renovación del Poder Judicial hace falta una mayoría de tres quintos (210 parlamentarios).

“El incumplimiento de esta obligación de renovar los órganos constitucionales en plazo afecta a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos”, sostiene Cuesta, que asegura también que esta situación “supone un grave desprestigio institucional y un intento de colocar al CGPJ como chivo expiatorio de manejos y disputas”.

Cuesta, que es abogado de profesión, fue presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados entre 2004 y 2011 y diputado del PSOE por Asturias entre 1982 y 2011. Estaba fuera de la política activa cuando, en 2013, fue elegido vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas. Actualmente forma parte de la Comisión Permanente, el principal núcleo de poder del Consejo porque es donde se toman las principales decisiones. Tiene, por tanto, dedicación exclusiva.

Voto particular del vocal Álvaro Cuesta

VOTO PARTICULAR DEL VOCAL ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ AL ACUERDO DEL PLENO DEL CGPJ, del día 30 de septiembre del 2020 POR EL QUE SE RECHAZA LA PROPUESTA DE RETIRAR Y SUPRIMIR DEL ORDEN DEL DÍA LOS PUNTOS RELATIVOS A NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES. ( PUNTOS I.4º A I.13º).

Con el máximo respeto a las demás posiciones mantenidas en la reunión del Pleno de este Consejo el Vocal que suscribe, al amparo de lo dispuesto en el art. 631.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial formula voto particular al acuerdo por el que se rechazó mi propuesta de supresión, del orden del día, de los nombramientos discrecionales contenidos en los puntos I.4º a I.13º.

En Enero, Junio y Julio del presente año, hemos aplazado los nombramientos discrecionales, en aras a propiciar los posibles Acuerdos de Renovación del CGPJ… Lo hicimos “POR PRUDENCIA Institucional”.

No desconozco el tenor del artículo 570.2 de la LOPJ; “si ninguna de las dos Cámaras hubiesen efectuado en el plazo previsto legalmente la designación de los Vocales que les correspondan, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo Presidente del CGPJ.”

Es cierto que se ha planteado un debate de interpretación sobre el alcance de la expresión: “EL CONSEJO SALIENTE CONTINUARÁ EN FUNCIONES”.

La LOPJ poco aclara. “No distingue”. Se dice que “en funciones”, es tanto como decir “las FUNCIONES PROPIAS DEL CGPJ.”

En esta cuestión se han planteado posturas diferenciadas: legítimas y jurídicamente verosímiles y sólidas.

El voto particular del 28/07/2020 de las Vocales Llombart, Díaz y Carmona, tildaba de injerencia política la retirada de los nombramientos discrecionales, en aquel Pleno.

Yo no lo creí ni lo creo así, sobre todo cuando se trata de un CGPJ caducado, cuya renovación se BLOQUEA DE PROPÓSITO para CONSEGUIR UN RESULTADO en su funcionamiento. Ese boicot a la renovación constitucional del CGPJ sí es una INJERENCIA POLÍTICA INTOLERABLE QUE SE DEBERÍA DENUNCIAR.

Es cierto que en el 2018, producida la ruptura en noviembre de los Acuerdos de Renovación del CGPJ, después de aquel “célebre” Whatsapp del Portavoz del PP en el Senado, de que “controlaremos el TS por la puerta de atrás”, continuó una tramitación parlamentaria iniciada de Reforma de la LOPJ, que no hizo previsión ni tuvo en cuenta los escenarios de ruptura, bloqueo y transcurso por agotamiento del mandato del CGPJ. “¿Qué era un CGPJ en funciones? No se valoró. Las funciones de un Consejo en funciones no fueron tasadas en la Reforma, cuando ya se vivía por el legislador un momento de ruptura y bloqueo, y de mandato caducado.

Es cierto también que existe el precedente de un CGPJ en un superlativo grado de “descomposición”, como fue el elegido en 2001 y que no se renovó, también por bloqueo del Grupo Popular, hasta el año 2008. Además nadie cuestionó la capacidad de nombramiento y los nombramientos efectuados hasta última hora, de aquel CGPJ, prorrogado durante 2007 y 2008 y en un grado de gran descomposición y beligerancia política.

Aquello supuso un gran escándalo institucional a juicio de la mayoría del Parlamento y de su Comisión de Justicia que tuve el honor de presidir, máxime ante la actitud políticamente imprudente e invasiva del que fuera Presidente del Consejo General del Poder Judicial. La Cámara y su Presidente tuvo que reprobar en comunicado público algunas conductas y negativas del entonces Presidente del CGPJ a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso.

En estos siete años, he procurado con todos los miembros de este órgano, contribuir al prestigio del CGPJ y a la defensa de la independencia judicial. He procurado servir al interés general, de forma imparcial, con independencia de mi ideología, profesión o trayectoria política del pasado. Yo siempre he apelado a la elección de 2013 y al 94 % de apoyo de aquel Parlamento a este Consejo, del que siempre nos hemos sentido agradecidos y orgullosos.

Pero ahora las circunstancias han cambiado, no podemos desconocer la estupefacción de la ciudadanía, el descrédito en que algunos pretenden convertir una digna Institución Constitucional fruto de la elección Parlamentaria, y coherente con el principio de que “la Justicia emana del pueblo”, un órgano constitucional con mandato tasado de cinco años, que es órgano de Gobierno del Poder Judicial, pero en ningún caso Poder Judicial, y que “desde Julio y Agosto de este año y sobre todo desde la pasada semana y desde que ayer la Comisión Europea se expresase en favor de la renovación del CGPJ, está en una situación caracterizada por UN BLOQUEO INCONSTITUCIONAL intencionado.

Además, UNA MAYORÍA DE LOS DIPUTADOS, en número de 185, HOY y AHORA PIDEN con toda razón LA RENOVACIÓN DEL CGPJ.

Varios Grupos Parlamentarios han planteado la exigencia de la renovación del CGPJ y otros Órganos del Estado (órganos constitucionales) y actualmente bloqueados por el Partido mayoritario de la oposición.

Se denuncia, no sin razón, que del bloqueo se pretende sacar “ventaja” en la acción y Acuerdos de estas Altas Instituciones que están integradas por una composición correspondiente a otro momento, a la X legislatura del 2011, y a los años 2012 y 2013.
Se constata indubitadamente que estas instituciones, y en especial el CGPJ, han agotado el plazo del ejercicio establecido en nuestro ordenamiento constitucional y jurídico.

El incumplimiento de esta obligación de renovar los Órganos constitucionales en plazo afecta a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos. Esta situación supone un grave desprestigio institucional, y un intento de colocar al CGPJ como chivo expiatorio de manejos y disputas.

En fin, considero que hemos de procurar contribuir al prestigio del CGPJ. Ahora, a la vista de la petición de 185 Diputados del actual Congreso, entiendo que con mi propuesta de retirar las votaciones y nombramientos discrecionales del Orden del Día, contribuyo y contribuiríamos también, con todo respeto, al PRESTIGIO INSTITUCIONAL y a la CREDIBILIDAD de un CGPJ, como nunca modélico en su gestión, y que nunca ha pretendido controlar al Tribunal Supremo ni a la justicia “por la puerta de atrás”.
30 de septiembre de 2020



Que no sea refrendado por el Ministro de Justicia.
 
siguendo la actuacion de Casado PP de no reconocer la ilegalidad del nombramiento de los jueces por parte del CGPJ, el gobieno podria no firmar los nombramientos de stos jueces nombrados por un Sr. que su cargo esta caducado desde hace mas de 2 anyos ? que legalidad tienen estos nombramientos?


Exacto. La ley no obliga al ministro de justicia a acatar esos nombramientos. Si lo hace el PXXE será cómplice y perderá mas credibilidad de la que ha perdido por otros motivos en lo que llevamos de legislatura.
 
Balada triste del soldado Hurtado
  • Ante ustedes una muestra más de cómo no sólo la ideología sino las familias jurídicas, las amistades y las enemistades, y los favores debidos van configurando el más alto tribunal español
Elisa Beni
@elisabeni

Exterior de la Audiencia Nacional de Madrid. EFE/Javier Lizón/Archivo
30 de septiembre de 2020 22:44h
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"Aquellos jueces aún tenían por delante veinte años largos para monopolizar los puestos importantes y obstaculizar las carreras de los colegas más jóvenes"


E. Carrére. De vidas ajenas


Estaban muy alegres este miércoles la mayoría de los vocales caducados del CGPJ cuando hicieron un receso tras culminar la fechoría de sellar la Sala Segunda del Tribunal Supremo para años, como si de una tumba egipcia se tratara. Les faltó tirar confeti, me dicen. Tan satisfechos estaban, que una vez finiquitada la hazaña del Supremo se olvidaron de hacer el resto de los nombramientos que había previstos y los sacaron del orden del día. Se les rompieron los cromos de tanto cambiar y la presidencia del TSJ de Canarias bien puede esperar, de hecho lleva esperando desde el pleno de noviembre del año pasado. Lo mismo las otras, que también son morralla.
Lo importante es lo importante y en este caso es evidente que había una tarea máxima que llevar a término y que Lesmes no iba a dejar decaer. Había que dejar nombrado al soldado Hurtado antes de que salte por los aires el Consejo de la vergüenza, que se mantiene en pie por la chulería inconstitucional del Partido Popular. No puedo dejar de decirles que el PP es un partido de honor y que paga muy bien los favores y los de Hurtado fueron de naturaleza notable. Este señor educado y gris no sólo se opuso a que declarara Rajoy, y ante la obligación le dejó hacerlo a su antojo, sino que respaldó que los generales López y Espejel eran adecuados para juzgar al PP, hizo un voto particular a la sentencia y evitó que la mujer de Bárcenas ingresara en prisión a pesar de su condena. El soldado Hurtado, conocido por tales hazañas pero no por doctrina, sentencia o libro erudito alguno, tenía que llegar a la Sala Segunda.
Esta misión primordial que se abría ante Lesmes le ha obligado a volver a realizar alguna de sus más aclamadas y vaticanistas maniobras. Aparentando haber dado dos vacantes a los progresistas, dejaría impoluto y blanqueado el nombramiento de un juez tan triste y tan plano como Hurtado para la máxima dignidad de la carrera. Para ello habrá usado sus mejores encantos, esos que puso en marcha nada más llegar al CGPJ y que le han permitido obtener los votos de vocales que no eran de su cuerda a cambio de un trato exquisito y de los beneficios dentro de la institución que él podía dispensar. El poder con la delicadeza maquiavélica de siempre. Es una pena que un penalista incuestionable como Javier Hernández haya llegado a la Sala Segunda en estas circunstancias, pero no lo es menos que su amiga Mar Cabrejas hubiera apurado cualquier copa hasta las heces para dejarlo dentro. Este trago concreto ha pasado por avalar el nombramiento del soldado Hurtado y así lo ha hecho. Hemos metido a otro magistrado de calidad obediente en el Supremo y de rondón conseguimos uno bueno y otro, Leopoldo Puente, penalista correcto y trabajador, y aparentemente progresista al que le ha caído la carambola para compensar, sin que entren los que sí molestan.
Resumen: hemos conseguido dos magistrados con dignidad jurídica, Hernández y Puente, a cambio de dejar cobrado al soldado Hurtado, que pasa a engrosar la lista de los mediocres de sala. Han nombrado a aquel que quedó número dos en los exámenes de especialistas en Penal, Hernández, pero han dejado fuera de nuevo al que fue y es el número 1, Ramón Sáez, porque es una bestia negra para el PP y no permitirán que ocupe un lugar que le es debido. Menos da una piedra pero, juristas y justiciables, aún es posible que les toque una sala formada por Hurtado, Polo, Llarena, Lamela y Magro. Allá ustedes. Eso sí, de momento el prestigio de la Sala se ha salvado de Espejel, "Querida Concha", pero ya queda dicho que el PP es buen pagador. Ya llegará el caso.
Habrán pensado los pergeñadores del cambio de cromos que esos dos nombres de penalistas decentes y no derechizados iba a saldarse con una traca de honores por parte de los que defendíamos que no se hicieran tales nombramientos. Nada más lejos. No deberían de haberse hecho, sean los nombres los que sean. Los únicos que así lo han entendido han sido los vocales Álvaro Cuesta y Concha Sáez, que se han opuesto para mostrar su oposición y no porque no les gustara Hernández.
No crean por ello que a la derecha que sustenta el Consejo vencido le ha salido mal la cosa. Más allá del soldado Hurtado, han conseguido también la presidencia de la Sala III, la que controla los actos del Gobierno, y ese era otro objetivo claro, tan claro como controlar la Segunda. Son las dos cuyos actos afectan directamente al más alto poder político. Luego quedan las migajas, que han sido las presidencias de la Sala V (De lo militar) y la Sala IV (de lo Social). La de lo militar, que ansiaba Sánchez Melgar, se la han dado a Jacobo López porque también era una deuda personal de Carlos Lesmes. López Borja de Quiroga, que no pasó el corte para las pruebas de especialista en Penal, llegó a la sala V, tras hacer un trabajo de zapa decisivo para que Lesmes llegara a presidente en lugar de Marchena, porque era amigo de Rubalcaba y de Fernando Román y dicen que le abrió las puertas.
Finalmente han nombrado a la primera mujer presidenta de Sala del Tribunal Supremo, lo cual alterará la foto de cada año y parece que es merecido. No obstante, qué quieren, la Sala de lo Social es una sala que no despierta ninguna codicia política y a María Luisa Segoviano le quedan menos de dos años para jubilarse, así que pronto recuperarán el puesto. El resto de nombramientos, los que les importaban, no se han hecho de magistrados mayores y reposados, ¡quita!, lo que hoy se ha hecho se quedará ahí hasta la jubilación de los susodichos que aún está lejana.
¿Por qué estaban tan contentos los caducos vocales cuando han hecho el receso? ¿De qué tenemos que congratularnos los ciudadanos? ¿Merece un magistrado de calidad como Hernández quedar marcado por el mercadeo que ha hecho su amiga Cabrejas para llevarle al Tribunal Supremo cuando él tenía méritos por sí mismo?
Tristemente no vamos a tener que molestarles en un tiempo con nuevos nombramientos. El CGPJ que el PP ha impuesto sobre la ley lo ha dejado todo atado y bien atado. Ante ustedes, una muestra más de cómo no sólo la ideología sino las familias jurídicas, las amistades y las enemistades, y los favores debidos van configurando el más alto tribunal español. Como les dejé dicho en Una conjura para los necios, lo peor es la mediocridad obediente que nos espera por décadas.



Lo que quiero saber si el flamante ministro de justicia va a refrendar esos nombramientos. La ley le ampara si no desea hacerlo.

Es que no me entero. Si lo hace es una bajada de pantalones tremenda, porque esos nombramientos no se deben cuando quien los hace tiene su cargo caducado.

Y si se calla y los refrenda me da que pensar de que apoya a la derecha como parece por sus actos que lo hacen el PXXE desde siempre, intentando engañar a los españoles y sobre todo a sus votantes y militantes.

Ya tenemos a Angel Gabilondo calladito con el tema de Ayuso. ¿A cambio de qué? ¿Intercambio de favores? ¿Qué favores?
 

Lesmes agota la paciencia del Gobierno y Sánchez apunta a una reforma de la ley para desbloquear el Poder Judicial


El rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el del CGPJ, Carlos Lesmes; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras el nombramiento de esta última. Fernando Alvarado/EFE
Aitor Riveiro
2 de octubre de 2020 23:27h
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@ikaitor
La idea de modificar la ley para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y forzar así su renovación tras casi dos años con el mandato caducado, se barruntaba en el Gobierno desde hacía varias semanas. En Unidas Podemos lo tienen claro desde el principio y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había mostrado favorable a hacerlo en algunos círculos privados y lo ha dicho en público este mismo viernes.


Pedro Sánchez, sobre la reforma de la ley para renovar el Poder Judicial sorteando el bloqueo del PP: "Mi intención es dar una solución"

Las resistencias que había entre algunos miembros socialistas del gabinete, donde se confía en poder forzar una negociación con el PP, están doblegándose en las últimas semanas. Las que van desde que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, aireara una conversación con Felipe VI, que la Casa Real atribuye a un gesto de cortesía y que se difundió como si el monarca estuviera criticando al Gobierno por no autorizar su presencia en la entrega de despachos en Barcelona, el pasado viernes, hasta la constatación de que el Poder Judicial ha seguido aprobando nombramientos en la cúpula judicial esta misma semana, pese a estar en funciones, y cuyo resultado, fruto de la división del bloque progresista, constituye un espaldarazo para las posiciones de Lesmes.

La gestión de la crisis institucional provocada por el bloqueo de la renovación del gobierno de los jueces es un ejemplo claro de la diferencia, ideológica pero también metodológica, entre los dos socios del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. En el sector socialista, que domina la mayor parte de los resortes ejecutivos gracias a su mayor peso electoral, los movimientos son más lentos, lamentan en Unidas Podemos. Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en la Moncloa querían primero dejar muy claro que el Poder Judicial se ha instalado en una suerte de rebeldía al activar, pese a estar en funciones, todas sus competencias.

De ellas, especialmente importantes son los nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales (audiencias provinciales, tribunales superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). Solo en el primer año con el mandato caducado, el CGPJ nombró 43 jueces, 12 de ellos en el Alto Tribunal. A esos hay que añadir los seis del pasado miércoles, entre los que Lesmes metió como magistrado de la Sala de lo Penal al único juez de la Gürtel que pidió la absolución del PP. Y pese a la bronca política, y al grave conflicto institucional que ha arrastrado a la Jefatura del Estado, el CGPJ tiene previsto abordar en las proximas semanas otra tanda de nombramientos.

Lesmes convirtió el pasado viernes a Felipe VI en protagonista principal del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno de coalición al desvelar parte de una supuesta conversación que ambos habían mantenido y en la que el jefe del Estado habría advertido que le hubiera gustado estar en el acto de entrega de despachos judiciales. Tal y como fue difundida esa charla por el propio Lesmes a algunos de los presentes al acabar el acto se daba a entender que el rey estaba criticando la decisión del Gobierno. Horas más tarde, la Casa Real defendió que se trataba de una llamada protocolaria para pedir que se felicitase a los nuevos jueces.

Pero las primeras informaciones publicadas que daban por buena la versión de Lesmes apuntaban a un rifirrafe inédito entre la Casa Real y el Ejecutivo.

En medio de ese revuelo, 48 horas después, y en domingo, varios grupos que suman 187 diputados, una amplia mayoría absoluta del Congreso, emitieron un comunicado conjunto en el que reclamaban la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces. En los días previos, el documento no había visto la luz por la resistencia de alguno de los firmantes. Esta misma semana, elDiario.es ha informado de que Unidas Podemos busca apoyos para llevar los últimos nombramientos ante el Tribunal Constitucional.

Entre los firmantes del comunicado están casi todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, incluida ERC (que se abstuvo), y se ha sumado Junts per Catalunya (que votó en contra). También el PNV, cuyo portavoz, Aitor Esteban —uno de los más moderados en sus discursos en la Cámara Baja—, señaló este miércoles desde la tribuna que el rey bien podía haber roto la neutralidad política que le exige la Constitución con su llamada a Lesmes, tal y como habían advertido los dirigentes de Unidas Podemos Pablo Iglesias y Alberto Garzón. El líder de IU insistió este jueves en RNE en que su tuit, que provocó airadas respuestas por parte de la derecha y la extrema derecha, era "un toque de atención" ante una "llamada inapropiada".

La relevancia del comunicado no radica tanto en la petición, a la que el PP ha hecho oídos sordos, como en el número de firmantes. Los 187 diputados que la suscriben suman una mayoría suficiente como para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y cambiar el sistema de elección de una parte de los jueces del CGPJ, que se rigen por una fórmula que impuso la mayoría absoluta del PP con Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia. La reforma sería una respuesta al bloqueo de las negociaciones abiertas entre el PSOE y el PP en verano y los últimos desplantes de Carlos Lesmes.

Renovación de dos tercios del CGPJ por mayoría absoluta

En el Gobierno todavía están negociando cuál sería la fórmula nueva para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Y no está claro siquiera que se vaya a acometer, según los ministros consultados por elDiario.es. "No está decidido. Tenemos que estudiarlo bien", aseguran fuentes del Gobierno a este medio, que reconocen que hay "opiniones diferentes en el seno del Ejecutivo. Las mismas fuentes zanjan: "Decidirá el presidente".

Esa decisión parece haber llegado esta semana. El viernes, durante una visita a Bruselas, Sánchez aludió precisamente a esa mayoría de 187 diputados, a quien dijo haber "escuchado". "Tenemos que dar una solución y una salida. Mi intención es hacerlo", zanjó, aunque el presidente planteó que, primero, se tiene que confirmar que el PP no está dispuesto a levantar el bloqueo.

Lo que no dio el presidente fue muchas pistas de por dónde irá la reforma. La Constitución establece que dos tercios del Pleno (12 miembros) sean elegidos "entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica". Los otros ocho lo serán "entre abogados y otros juristas", estos sí obligatoriamente por una "mayoría de tres quintos" del Congreso y del Senado. La ley orgánica establece ahora mismo una mayoría reforzada de tres quintos para todos los vocales.

La reforma que plantean en Unidas Podemos, la expuso esta misma semana su portavoz adjunto, Enrique Santiago, en la tribuna del Congreso. De hecho, Podemos ya incluía en el programa electoral para las elecciones generales de noviembre de 2019 "mejorar el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las 12 vocalías de procedencia judicial".

El diputado planteó una amplia modificación en la que se requiera una mayoría absoluta de las Cámaras para elegir a los 12 vocales de la carrera judicial, así como que el CGPJ cese en sus funciones el día que venza su mandato (como pasa con organismos como la CNMV), y que estando en funciones no se puedan hacer nombramientos o que el consejo entrante tenga que refrendarlos. Una reforma que tendría carácter retroactivo, es decir, que aplicaría al consejo que ahora preside Lesmes. Santiago, junto a Jaume Asens, son quienes lideran en el grupo confederal estas negociaciones.

El planteamiento se lo hizo llegar Unidas Podemos al PSOE el pasado mes de agosto, según confirman a elDiario.es fuentes parlamentarias. Entonces había abierta una negociación discreta entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el PP. Pero los de Pablo Casado, como ya hicieran un año antes, rompieron las conversaciones. El motivo alegado: la presencia de Podemos en el Gobierno de coalición y, por tanto, su capacidad de proponer algunos de los nombres que ocupen un asiento en el Pleno del CGPJ.
Desde entonces la iniciativa ha estado congelada. En el Ministerio de Justicia confían todavía en poder sacar al PP del bloqueo y que se avenga a negociar una renovación del consejo. Desde Unidas Podemos advierten de que ya no es tiempo de otro "farol" y lamentan que el PSOE sea "lento, lento" a la hora de tomar decisiones. En cualquier caso, los de Pablo Iglesias creen que su mejor aliado para forzar la reforma es que "la derecha está echada al monte" y la actitud de Lesmes. Y advierten de que no están dispuestos a aceptar una "posición simbólica" en el futuro CGPJ.

Desde la parte socialista insisten en que los tiempos y la reforma son competencia del Ministerio de Justicia y que si el PP no acepta negociar, la reforma se va a ejecutar. Y creen que, como en el caso de Madrid, los errores contrarios facilitan la operación.

La opción que ahora mismo más peso ha cogido es reeditar la normativa que existía en tiempos de Zapatero, cuando se impuso un "doble refrendo" a los vocales. El sistema consistía en que las asociaciones judiciales proponían una terna de candidatos para los 12 miembros de la carrera, de entre los cuales la mayoría absoluta del Congreso y del Senado hacían la selección final.

En la parte socialista del Gobierno preocupa mucho que una reforma muy ambiciosa o exagerada pueda alertar a la Unión Europea. Recientemente, la Comisión Europea ha abierto un proceso sancionador a Polonia al considerar que un reciente cambio normativo "socava la independencia judicial" en el país. En el otro lado de la balanza, esta misma semana Bruselas ha pedido que se renueve ya el CGPJ.

En la Moncloa van con pies de plomo y preferirían un arreglo con el PP que no abra otro frente por el que la oposición pueda atacar al Gobierno. En Unidas Podemos, por contra, creen que con la posición de Casado se ha abierto una oportunidad para restar presencia de la derecha en órganos que determinan la dirección de Estado. Una idea que Pablo Iglesias ha reiterado en múltiples ocasiones en los últimos años y, con especial ahínco, desde que accedió a la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Un acuerdo en este sentido con los partidos de la investidura permitiría al PSOE tener la posición mayoritaria en el CGPJ, además de dar entrada a los partidos nacionalistas e incluso independentistas, y allanaría la negociación de los Presupuestos Generales, auténtica clave de bóveda para garantizar la supervivencia del Gobierno de coalición armado entre Sánchez e Iglesias.


¿Que en Moncloa quieren ir con pies de plomo por no abrir un otro frente con el PP? ¿A éstas alturas cuando ya sabemos de lo que es capaz? ¡Venga ya Pedrillo! ¡No engañes mas!

Vas a rebufo de las circunstancias y en especial de tu socio UP que te había planteado hace ya meses el cambio de ley para la elección del los jueces, como también lo ha comentado el juez Perez Royo.

Lesmes ha nombrado jueces incumpliendo la ley porque su cargo está en funciones. Pues que el ministro de justicia no los refrende aludiendo a ello porque eso sí le permite la ley. ¿Lo hará?

Si no lo hace demostrara DE NUEVO que es un trilero. Con la palabra no se convence, con los hechos sí.

Conclusión: El Ministro no refrende esos nombramientos contrarios a la ley y que se modifique la ley para que el CGPJ sea elegido por mayoría absoluta.

Así de simple. No vale con lloriquear, vale con hechos y dando un puñetazo encima de la mesa cuando hace falta.

No vaya a rebujo de su socio y haga cumplir la ley a quien mas debe dar ejemplo de ella, es decir, a Lesmes y Cía.
 
Unidas Pandemias al ataque al Poder Judicial

El PSOE no debería ceder al chantaje de Podemos para renovar el CGPJ
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Fernando de Rosa es senador del Grupo Popular y su portavoz en la Comisión de Justicia en la Cámara Alta; también es magistrado en servicios especiales y ha sido vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013).
INICIOFIRMAS

Fernando De Rosa Torner | 01 Octubre, 2020
Hemos conocido a través de los medios de comunicación la intención del Gobierno de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar las mayorías necesarias para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
De nuevo el Partido Socialista y sus socios radicales, antisistema e independentistas quieren tomar un atajo para imponer sus tesis en el Poder Judicial.
Ya hemos visto como sin ningún tipo de miramiento han ocupado la Fiscalía General del Estado a través de Dolores Delgado, que ha iniciado una purga sobre aquellos fiscales que son incómodos en la hoja de ruta trazada desde la Moncloa, y sin duda en dicha hoja de ruta está la ocupación del Poder Judicial.
La renovación del CGPJ es sin duda un mandato constitucional, pero la propia Constitución y la LOPJ vienen ha establecer la necesidad de un consenso entre las dos principales fuerzas políticas para garantizar un equilibrio en un órgano clave en el Estado social y democrático de derecho que es España.


Incluso en el artículo 567 de dicha ley orgánica viene a establecer la mayoría reforzada de 3/5 para dicho nombramiento.

UNA REFORMA SIN NINGÚN CONSENSO, EN LA MEMORIA DE LOS JUECES
El consenso con el que los legisladores pretendían que se actuara en esta materia tan sensible, ya fue roto en su momento por el Partido Socialista a cambiar unilateralmente la ley para evitar que fueran los jueces los que eligieran a sus representantes, lo cual constituyó un primer ataque frontal contra el Poder Judicial, obra del entonces ministro de Justicia Fernando Ledesma, que utilizó la mayoría absoluta de 1982 para imponer su tesis.
Dicha reforma no contó con ningún consenso y ha venido arrastrando, desde entonces, las dudas sobre la politización del órgano constitucional.
En estos momentos lo que necesita el Poder Judicial es tranquilidad y evitar cualquier atisbo de presión o control externo por parte de un Gobierno deseoso de controlar la política de nombramientos, y sobre todo sentarse a negociar la renovación sin coacciones y sin cartas marcadas.

PODEMOS INSULTA A JUECES, PONE EN DUDA LA LEGALIDAD DE LA JUSTICIA Y QUIERE CONTROLAR LOS TRIBUNALES
El Partido Popular no se niega a negociar la renovación del CGPJ, a lo que se niega es ceder espacio a aquellos partidos que desean controlar la actividad de Juzgados y Tribunales, que insultan a los Jueces, que ponen en duda la legalidad de los procesos y la legitimidad de las sentencias.
Nunca debe de aceptarse por parte de partidos constitucionalistas que penetre el virus de la desconfianza en el sistema nervioso Judicial, porque produciría un colapso en un Poder del Estado necesario para el control del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Hasta ahora, con mayor o menor éxito, el equilibrio en el CGPJ se ha mantenido y los vocales designados han actuado con independencia y procurando el máximo consenso en su actividad. Pueden haberse cometido errores, sin duda, pero el sentido de Estado ha prevalecido tanto en el momento de su designación como en la actividad desplegada durante su mandato, se han sorteado crisis con voluntad de acuerdo, se han efectuado nombramiento de puestos en los Tribunales sin problema alguno.

NUNCA ANTES SE HA PUESTO EN DUDA LA LEGITIMIDAD DE LOS VOCALES PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES
Incluso en la época en que el actual Ministro de Justicia era miembro del CGPJ y dicho órgano se encontraba en funciones. Nunca, hasta ahora, se ha puesto en duda la legitimidad de sus miembros para desempeñar sus funciones.
Sin duda esta nueva situación está siendo propiciada por aquellos que desean entrar como sea en dicho órgano constitucional para desestabilizar el mismo.

No es un problema de nombres sino de actitudes, puesto que el actual Consejo cuenta con una inmensa mayoría de vocales plenamente respetuosos con la Constitución española y que nunca van a aceptar que se desmonte un Poder del Estado.
Entonces, ¿donde está el problema?, ¿por qué se ha convertido la renovación del CGPJ en el discurso principal de la izquierda?
SI PODEMOS ARRASTRA AL PSOE INICIARÁ UN FUEGO DIFÍCIL DE APAGAR
Sin duda la explicación de esta tormenta no se encuentra en el deseo de cumplir el plazo de renovación, está en las prisas de propiciar un cambio de modelo de sociedad de aquellos que llevan este objetivo en su ADN, y que, hasta ahora se les ha resistido el Poder Judicial.

En el Estado de derecho y su defensa no caben atajos, no caben reformas legislativas para aplastar una mayoría a una minoría, olvidando que las mayorías y minorías cambian con el tiempo, salvo que se haga realidad la amenaza de Podemos de impedir que la oposición llegue al poder de forma democrática.
Por eso haría bien el Partido Socialista y el Ministro, Juan Carlos Campo, que fue vocal del CGPJ durante 7 años, dos más de lo previsto en el mandato de 5 años establecido en la Constitución, en no ceder a los chantajes de sus socios en esta materia porque, como dice el refrán, “más vale una vez rojo que ciento amarillo”.
Sin duda, haciendo una reforma de la LOPJ, arrastrados por Podemos y el bloque radical, les garantiza una complicada situación en el futuro, puesto que no tendrán bastantes mangueras para apagar el fuego que estos socios provocarán en la Justicia, y si no al tiempo

 
La bofetada que la democracia no se puede comer
  • La cuestión constitucional de la renovación debida de los órganos constitucionales con mandato caducado se ha convertido ya en un reto a pecho descubierto que ningún demócrata puede respaldar
Elisa Beni
@elisabeni


El líder del PP, Pablo Casado, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso
3 de octubre de 2020 21:07h
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Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder
Montesquieu
Están exultantes porque dicen haberle dado una bofetada al Gobierno en pleno papo del ministro Campos. Lo cuentan a todos los que gustan de escucharles, periodistas y acólitos, y nadie les pone mala cara y les pregunta indignado si los miembros del órgano de gobierno de los jueces pueden chulear con tal suerte de macarreo institucional. En serio, los vocales triunfantes por haber sellado el Tribunal Supremo con sus nombramientos realizados desde la deslegitimación por decaimiento de mandato, están jugando a la política con tan poca fortuna que creen que pueden ganarle una mano democrática al Gobierno y al Parlamento de este país. Veremos si la famosa bofetada, que en realidad es ya la tercera en este asunto, no culmina con una guantada que los saque de la poltrona, porque es evidente que las cosas no pueden continuar así. Las palabras de Sánchez del viernes parecen apuntar a que la paciencia se ha terminado.

La cuestión constitucional de la renovación debida de los órganos constitucionales con mandato caducado se ha convertido ya en un reto a pecho descubierto que ningún demócrata puede respaldar. Los desplantes de los de Marqués de la Ensenada, comandados por Lesmes, han cruzado todos los rubicones. Mandar parar los nombramientos, reanudarlos después, todo sin ningún respaldo legal, y montar un cirio institucional mezclando al propio jefe del Estado es algo que supera todo lo imaginable. Irte jactando de que le has dado una bofetada al Gobierno emanado de las urnas es la guinda.


Desde Bruselas el presidente del Gobierno confirmaba que el pulso del PP por seguir controlando el CGPJ saltándose las órdenes constitucionales ha tocado fondo. "Mi voluntad es hacerlo", dijo, y abrió así la espita para que todos los estudios legislativos y las negociaciones, que se llevan haciendo desde agosto, se desbloqueen para presentar una proposición de ley que reforme la LOPJ para que el Consejo quede en funciones y con atribuciones limitadas en el momento en el que venza su mandato, haya acuerdo o no para su renovación.

Exactamente lo mismo, por otra parte, que sucede con los otros dos poderes del Estado. Ni el Gobierno en funciones tiene las mismas capacidades ni el Parlamento disuelto tampoco. Esta reforma se aplicaría de forma retroactiva y dejaría fuera de juego a los actuales miembros del Consejo y, según se estudia, exigiría del nuevo órgano legítimamente renovado la ratificación de los nombramientos realizados en ese extraño limbo por voluntad de Lesmes. También se baraja la posibilidad de que las competencias de gestión que no sean diferibles pasen al Ministerio de Justicia mientras no se produzca la renovación prevista en los plazos legales.


Este puñetazo de los representantes de la soberanía popular se viene gestando desde hace algún tiempo y el manifiesto firmado por 187 diputados en el que se afirma que esta situación no puede continuar es una muestra de ello. Esos 187 votos, que pueden llegar a ser más, aseguran una mayoría suficiente para hacer efectiva esta reforma que se aplicaría ya de forma retroactiva al Consejo caducado al que Casado y Lesmes se aferran.


Sería una reforma de mínimos y consensuada en la que una amplísima mayoría parlamentaria respaldaría el fin del obstruccionismo constitucional practicado por Casado. A fin de cuentas en democracia el poder emana del pueblo y no de las gónadas de Génova. Tampoco tendrán mucho de qué quejarse, dado que Rajoy usó su propia mayoría parlamentaria para aplicarle al CGPJ la reforma Gallardón, que propició este presidencialismo de Lesmes y el clientelismo del resto de los vocales que le respaldan.


El pulso para desestabilizar al Gobierno y hacerlo caer se juega cada vez más en el campo de las togas. Creían los populares a principios de año que tenían enfrente a un Gobierno débil y que se disgregaría pronto. Durante la pandemia se han dado cuenta de que no es así, lo que ha destrozado toda su estrategia cortoplacista. El pacto gubernamental no ha caído con la gestión de la pandemia, los Presupuestos van a salir y los fondos europeos terminan de augurar el fin de la legislatura. Nadie cree ya en serio que el Gobierno vaya a caer mañana. Los socios que consideraban más proclives a la espantada han demostrado que con mejor o peor ánimo van a aguantar carros y carretas para asegurar la estabilidad. El Gobierno no va a fracturarse y creo que ahora Casado ya lo tiene claro.


Por eso la guerra se ha dirigido hacia otros frentes. Ahí tenemos a fiscales afines presionando para conseguir que se apoyen las querellas al Gobierno –que imputado estaría muerto–, o los intentos de jueces de la Audiencia Nacional y de Plaza de Castilla por poner en tela de juicio a otros miembros del Ejecutivo.

La apuesta de la Comunidad de Madrid de judicializar todo el proceso de control de la epidemia –después de haber pedido expresamente ayuda– es otra trinchera de esta batalla. Reparen en cómo ahora ven más al muñidor judicial del PP, Enrique López, en su versión consejero que a la propia presidenta. Todo vale para desgajar la coalición, incluido usar de forma sucia y prohibida la figura del Rey.


El Partido Popular juega la baza de la usurpación de un poder del Estado y no sé si ingenuamente creen que después de haber roto un primer pacto filtrando un mensaje y un segundo pacto de mala manera en agosto, van a conseguir mantener esta situación hasta que lleguen ellos al poder. No va a ser así. Hace meses que entre los partidos del Gobierno se pasan un proyecto de reforma del Poder Judicial que en el caso de las propuestas de Podemos va mucho más allá de lo que los socialistas de momento ven factible.

La propuesta de máximos de Podemos toca otros muchos puntos como la reforma del acceso a la función judicial o la intervención mediante el voto directo de la ciudadanía para algunos cargos, aunque no es previsible que hagan cuestión de todas ellas a la hora de acabar de una vez con la situación anómala a la que está forzando el Partido Popular.


"Humillar al Gobierno, al Parlamento y secuestrar un poder del Estado no es una posibilidad", se asegura desde el cogollo de las negociaciones. Una mayoría muy amplia de representantes del pueblo está presta a terminar con esta situación.


Hay bofetadas que sientan muy bien cuando las das pero que acabas por comerte.


Mi pegunta sigue ahí. Soy erre que erre. ? ¿Se atreverá el ministro Juan Carlos Campo a parar los pies de esos nombramientos ilegales? Puede hacerlo.

Luego que hagan lo que UP recomendó, cosa que no se le ha ocurrido al PXXE, es decir, nombramientos con mayoría absoluta.

¿Se atreverá Pedro Sanchez a llevarlo a cabo? ¿O seguirá siendo Pedrillo?

Las intenciones ya no nos valen, nos valen los hechos.

Por cierto, veremos que hacen las bien pagás amen de otr@s con los refritos de Podemos. :D ;) :rolleyes: para intentar de una manera o de otra maniobras para derrocar a la coalición.

Vamos a tener post a porrillo.?
 
A la actual mayoría de la investidura solo le falta controlar el Poder Judicial. Con ello se podrá cumplir el augurio de Pablo Iglesias cuando dijo hace unos días a los diputados del centro derecha que «nunca se volverán a sentar en el consejo de ministros». El objetivo de socialistas, comunistas e independentistas es controlar el Consejo General del Poder Judicial por lo que ya tendríamos, dicho irónicamente, un único poder que sería el ejecutivo y sus aliados parlamentarios. Esto explica la campaña que se ha desatado y la inflexibilidad de la izquierda a la hora de garantizar que este órgano constitucional sea realmente independiente. La situación es tan escandalosa que se quiere reformar la ley con la excusa de desbloquear la renovación del Poder Judicial, cuando lo que realmente se busca es que sea un instrumento para que el centro derecha nunca se vuelva a sentar en el consejo de ministros.

 
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