LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES?

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Lo que es anticonstitucional es boicotear la renovación del CGPJ porque no le gusta con quien ha conformado gobierno Pedro Sanchez.

Lo que ilegal es estando en funciones realizar nombramientos de jueces.
Te equivocas, y ya han solicitado volver a la verdadera independencia, a la ley del 1980 de Suarez. Podemos y PSOE como buenos defensores de la independencia judicial, o eso creo, lo apoyarán seguro.
 

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El PP planta cara a Sánchez: presentará el lunes una proposición de ley para despolitizar la Justicia

pablo casado pp pedro sanchez pandemia
El presidente del PP, Pablo Casado, en una rueda de prensa en la sede de Génova. Foto: EP
Mientras el PSOE insiste en su asalto al Poder Judicial, el PP presenta una proposición de ley con el propósito contrario: despolitizar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La proposición de ley del PP se presentará este lunes. El texto sentará las bases de una fórmula de elección que limitará la capacidad de designar miembros del Poder Judicial por parte de los partidos políticos.
El modelo del PP partirá del artículo 122.3 de la Constitución e introducirá un cambio en su desarrollo. Ese artículo señala que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.
La proposición de ley de los populares no reclama la elección directa por los jueces de los doce a elegir “entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales”. Seguirán siendo elegidos finalmente en las Cortes, tal y como determinó la reforma de 1985, pero con una importante limitación: y es que esa elección política tendrá que ser sobre una preselección previa de entre 30 y 40 nombres -un número que se baraja como probable es el de 36- llevada a cabo por los jueces.

 
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El Gobierno quiere llevar al Consejo en 15 días la ley que quita a los jueces la instrucción
El Ministerio de Justicia apela a la necesidad de adaptarse a los países europeos para impulsar -en plena guerra con el CGPJ- la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya en fase de consulta pública
Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia, recibiendo la cartera de manos de Dolores Delgado

Juan Carlos Campo toma posesión de su cargo como ministro de Justicia, recibiendo la cartera de manos de Dolores Delgado Europa Press
ALEJANDRO REQUEIJO
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PUBLICADO 16/10/2020 04:45ACTUALIZADO16/10/2020 04:51
El Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros en 15 días el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal cuya principal novedad es que quita a los jueces la instrucción de los casos para entregársela a los fiscales. Desde el Ministerio de Justicia informan a Vozpópulique la intención es presentarlo a finales de este mes o principios de noviembre.
MÁS INFO
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal data del año 1882 y su reforma integral es una vieja aspiración intentada por otros Gobiernos. El Ejecutivo decide impulsarlo ahora en plena guerra abierta con el Poder Judicial y solo unos días después de soliviantar a la carrera con la propuesta de eliminar la necesaria mayoría de tres quintos en el Congreso para elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial.
El ministro Campo se había dado de plazo para presentar esta iniciativa hasta final de año. Su Departamento elevó el martes a Consulta Pública el anteproyecto junto con un cuestionario para cumplir con la obligación legal de que asociaciones y ciudadanos puedan opinar sobre los aspectos más destacados de la futura norma. El límite establecido para participar y remitir observaciones al Ministerio es hasta el 28 de octubre, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.
"El juez ha de quedar apartado"
“El juez ha de quedar apartado de cualquier función activa en la pugna que entre el Estado y el ciudadano tiene lugar en todas las fases de procedimiento criminal”, dice el Ministerio en este documento elaborado por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia dependiente de la Secretaría de Estado. A juicio del Gobierno, el juez “debe ser capaz de tutelar los distintos intereses desde una posición de real y efectiva imparcialidad”.
Esta reforma legal también es uno de los objetivos que se marcó la actual fiscal general del Estado, la exministra de Justicia Dolores Delgado, el día que compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que que valorase su idoneidad como máxima responsable del ministerio público. Dijo que la actual Ley, vigente desde hace más de un siglo, es un "parcheado texto" porque ha sido sometida a numerosos retoques. “El modelo de juez instructor está obsoleto", aseveró.
El Ministerio argumenta que este cambio es coherente con lo que sucede en otros países del entorno: “En el ámbito de la Unión Europea la investigación penal es una competencia que se ha extraído del ámbito del Poder Judicial y se ha atribuido al Ministerio Fiscal”. Por ello abogan por darle a la figura del magistrado “la posición que constitucionalmente le corresponde”.
Cuestionario
En la actualidad, la Fiscalía tiene que pedir al juez que ordene diligencias de investigación ya sea un registro a la Policía o solicitar datos a instituciones como pueden ser las entidades bancarias en las investigaciones sobre corrupción. El juez de instrucción puede aceptarlo o denegarlo. Ahora serían los fiscales quienes tendrían autonomía para dirigir la investigación.
El cuestionario que se ha elevado a esta Consulta Pública incluye tres preguntas sobre esta cuestión: “¿Está de acuerdo en que se homologue nuestro sistema de investigación penal al resto de países con los que compartimos tradición jurídica, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal?, ¿está de acuerdo en que la función de los jueces en la fase de investigación se centre en la tutela de los derechos fundamentales de las partes?, ¿considera adecuado que la Ley refuerce la garantía de independencia de los jueces durante la fase de investigación separándolos de la función instructora?”.
Son varios los ministros que han intentado acometer esta reforma antes. Uno de los últimos fue el popular Rafael Catalá. A finales de 2016, defendió en el Congreso de los Diputados una reforma para que los fiscales adoptasen un "nuevo rol" como directores de la investigación. Ello se complementaría, dijo, con la figura del "juez de garantías", quien aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades.
Opinión de los jueces
En su momento, esta propuesta fue encajada de manera desigual por los jueces. Algunos se han mostrado individualmente en contra. Otros, en cambio, lo ven una medida razonable. Desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) consideraron entonces que las garantías de imparcialidad están garantizadas con el proceso actual porque el juez que instruye no es el mismo que luego juzga y dicta la sentencia.
En la misma línea se pronunció la asociación Francisco de Vitoria, para quien el actual sistema de instrucción funciona. Por su parte, desde la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, advertían de la necesidad de un nuevo Estatuto Fiscal. Recordaban que son un Cuerpo jerárquico y que el fiscal general del Estado, propuesto por el Gobierno, puede dar órdenes a cualquier miembro del ministerio público.

 

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Sin su venia, señorías
  • Cuando quiere y le interesa, la Justicia española actúa con una autonomía sin comparación en Europa, donde tampoco se encuentra fácilmente un órgano de gobierno de los jueces que tenga las competencias, los recursos y los poderes que detenta el CGPJ
Antón Losada
@antonlosada

Imagen del Consejo General del Poder Judicial.
18 de octubre de 2020 20:59h
11

Si la Justicia en España está politizada es porque sus señorías se dejan. La próxima vez que alguien les venga con la triste historia de ecuánimes magistrados desgarrados por las manos impuras de los políticos, díganselo sin complejos. Si les reclaman ejemplos cuéntenles, sin ir más lejos, el último movimiento del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos años y tan teóricamente afligido por su falta de renovación: efectuar nada menos que seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo, incluidos tres presidentes de sala.


La decisión de renovar una parte sustantiva del gran tribunal de nuestro sistema judicial ha salido adelante con una amplia mayoría –19 votos– de vocales propuestos a derecha y a izquierda. Las designaciones han recaído en cuatro magistrados de perfil más progresista y dos de perfil más conservador. No parece probable que el Partido Popular, que la propuso en su día y la protege ahora bloqueando su renovación, designara a la mayoría conservadora en el Consejo para situar a magistrados progresistas en puestos relevantes. Tampoco parece probable que los vocales aupados en su día por el PSOE, que han votado ahora los nombramientos, lo hayan hecho siguiendo instrucciones de un Gobierno que movió cuanto pudo para detener estos nombramientos.

El Supremo se ha renovado sin que los taimados políticos hayan tenido arte ni parte. Cuando quiere y le interesa, la Justicia española actúa con una autonomía sin comparación en Europa, donde tampoco se encuentra fácilmente un órgano de gobierno de los jueces que tenga las competencias, los recursos y los poderes que detenta el CGPJ. En Alemania ni existe y al Tribunal Constitucional lo nombran una comisión elegida por el Bundestag entre dos listas, una de la judicatura y otra parlamentaria, y el pleno del Bundesrat a propuesta de una comisión territorial. En Inglaterra solo interviene el poder ejecutivo, que selecciona y nombra con total autonomía. En Portugal, nueve de los 17 miembros del Consejo son elegidos y nombrados por el presidente luso y el Parlamento. En Francia o en Italia, el Consejo lo preside o presidía hasta hace bien poco el propio presidente de la República y lo vicepreside el ministro de Justicia, sin que nadie cuestione la independencia de tales órganos. Los nombramientos italianos se conocen popularmente como "las guerras de las togas" y se refieren a los vocales propuestos por los propios magistrados, no a los promocionados por el Parlamento.

En toda esa UE que proclama observar tan atentamente la hipotética reforma de la Justicia en España, el ejecutivo y el legislativo participan en la selección y nombramiento de la organización del poder judicial porque así debe ser pues, en democracia, la Justicia emana del pueblo; no del rey o de los jueces, que solo la administran. En el ejemplo que nos ocupa del Tribunal Supremo español y las designaciones de un CGPJ caducado, puede decirse que la Justicia ha emanado de sus señorías, pero no del pueblo.

En buena parte de los países de esa Europa vigilante, la intervención de los gobiernos en los nombramientos efectivos de jueces y magistrados nos parecería un escándalo si se produjera en España. Solo nuestros propios complejos explican la incapacidad para defender un sistema donde la mayoría de los vocales sale de las candidaturas propuestas por los propios jueces y todos gozan de la legitimidad democrática de una mayoría parlamentaria cualificada.

La conclusión resulta obvia: sus señorías se dejan politizar para lo que les conviene. El argumento de la politización de la Justicia resulta una de las coartadas más perfectas inventadas nunca para evitar asumir las propias responsabilidades; además de ofrecer una alternativa de promoción profesional menos agotadora que trabajar duro y bien durante décadas. Por supuesto que existen, aquí y en todo el mundo, presiones sobre la Justicia e intentos de politizarla como el indecente bloqueo de los populares. Por supuesto que el sistema de elección del CGPJ español resulta mejorable y la reforma propuesta por PSOE y UP lo mejora poco y ha contribuido a embarrar aún más el lodazal que va engullendo la política española. Pero eso no excusa la responsabilidad de sus señorías togadas en el deterioro de un sistema que solo se politiza cuando les interesa.


¿Ha revocado el actual ministro de justicia los nombramientos de jueces que ha hecho ese tribunal estando en funciones? Podía hacerlo, tenía competencia para ello.

¿Se ha atrevido? No tengo noticias de ello, así que el PXXE es cómplice de todos esos nombramientos.

¿No ha querido hacer un feo a los jueces que ellos nombraron? Ya digo yo que Pedro Sanchez es un muñeco de plástico.

A los españoles nos entretienen o tratan de entretenernos con asuntos de Podemos. Y con lo que verdaderamente interesa conocer..¡Chitón!
 

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La comentada ausencia de los 'ministros jueces'


Los ministros Margarita Robles, Juan Carlos Campo y Fernando Grande-Marlaska no hicieron acto de presencia el miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. En cualquier otra circunstancia, la ausencia de los tres únicos miembros del Ejecutivo que son jueces de carrera habría pasado desapercibida. Pero precisamente el miércoles Sus Señorías abordaron la polémica proposición de ley del Ejecutivo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la vía rápida sin informes de los órganos consultivos. Por si fuera poco, los ya citados tres ministros han formado alguna vez parte del CGPJ. En consecuencia, su ausencia fue muy comentada dentro del Hemiciclo. "Habría estado bien conocer qué opinaba cualquiera de ellos, que son jueces de profesión, sobre una reforma que hasta pone en peligro la llegada de las ayuda europeas", indican desde un partido de la oposición.

 
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Controlar el CGPJ implica controlar la Junta Electoral Central. Si el gobierno se sale con la suya sera el fin de las elecciones limpias. Es la estrategia tipica de los comunistas para perpetuarse en el poder.
 
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Un plan premeditado para que solo puedan acceder a la judicatura los que tengan alto poder adquisitivo, ya que son unas oposiciones que requieren años de estudio y un importante colchón económico para llevarlas a cabo.

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El CGPJ vuelve a adjudicar plazas en la cúpula judicial pese a los contactos para su renovación y ya suma 14 en un mes​

  • Mantiene el consenso del mes pasado y acuerda ocho nombramientos por 19 votos a favor y dos en blanco
  • Designa presidencias de TSJ y audiencias provinciales, en seis de las cuales sólo había un candidato al puesto
  • El Gobierno defiende ante el Consejo de Europa la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos tras las fuertes críticas

¿Donde está el ministro de justicia ante tamañas irregularidades?

¿Es que en el fondo apoya esos nombramientos y está jugando a dos bandas?

¿Alguna explicación del muñeco de plástico o de la pareja de la presidenta del Parlamento?

 
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Separación de poderes? No. Montesquieu está muerto y enterrado. Somos muy demócratas, como en la RDA
 
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Los fiscales del Supremo y Anticorrupción se rebelan contra las «cacicadas» de Delgado​


Dolores Delgado
Dolores Delgado, fiscal general del Estado y ex ministra de Justicia.
  • LORETO OCHANDO
  • 10/11/2020 06:48
Los movimientos de ajedrez de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, contra Anticorrupción y contra aquellos compañeros ‘no’ afines de la Fiscalía General del Estado, para poder controlarlo con personas cercanas a ella en el Ministerio Público, han llegado a un punto de no retorno en el que se ha generado una “guerra abierta”, según explican las fuentes consultadas por OKDIARIO.
El enfado con Delgado viene de los dos bastiones más fuertes, la Fiscalía General del Estado donde trabajan los fiscales del Tribunal Supremo, y la Fiscalía Anticorrupción, que ha engrandecido el nombre del Ministerio Fiscal en los últimos años por su encarnizada lucha contra la corrupción, tuviera ésta el color político que tuviera.
En el primer caso, el cabreo es con Delgado, pero también con el teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, quien disparó sin miramientos contra los cuatro fiscales de Sala que defendieron la rebelión en el conocido como juicio del 1-O. En el caso de Delgado, los tótems del Supremo han visto con estupefacción la inacción de la FGE ante tal ataque, y tampoco comprenden las vendettas personales de la ex ministra de Pedro Sánchez.


Estas vendettas la llevaron incluso a presionar a gente de su propia asociación con la finalidad de dejar fuera de la plaza de jefe del Supremo a Javier Zaragoza. También, y con el objetivo de tener un mayor control dentro de la Junta de fiscales de Sala, ha nombrado a su amiga Esmeralda Rasillo fiscal de Sala de lo Togado, la plaza más codiciada.
Sus maniobras, unas más finas que otras, han desatado un enfado sin precedentes dentro de la FGE. Ahora, las cada vez más frecuentes voces discrepantes temen su siguiente jugada, que no es ni más ni menos que la elección del nuevo teniente fiscal, pues Navajas se jubila en diciembre de este año. Esa plaza, es probablemente la más importante dentro de la carrera fiscal, pues es el número uno del cuerpo, el que controla todo, absolutamente todo lo que entra en la Fiscalía General del Estado.


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Anticorrupción
El otro frente que Dolores Delgado tiene abierto es el de la Fiscalía Anticorrupción. El enfrentamiento de los fiscales comenzó con el cese del fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, que presuntamente se alineó con Podemos para perjudicar a OKDIARIO y a Eduardo Inda. Su caída, sin embargo, no gustó a un determinado sector de esta Fiscalía.
A este hecho se unía esta misma semana la respuesta de Delgado ante la filtración de que la Fiscalía Anticorrupción tenía abiertas unas Diligencias de Investigación Penal (DIP) contra el Rey emérito Juan Carlos I, la Reina Sofía y varios miembros de la familia real.
Tras hacerse pública la investigación, desde la FGE enviaron un comunicado diciendo que Dolores Delgado había decidido: “Incoar en fecha 29 de octubre diligencias de naturaleza gubernativa, en cuyo trámite se ha dado traslado a la Inspección Fiscal a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes. Con su resultado se acordará lo procedente. Asimismo, los hechos se han comunicado al Delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado a los oportunos efectos con el objetivo de aclarar de dónde proviene la filtración a un medio de comunicación”.
Este comunicado sentó especialmente mal entre los miembros de Anticorrupción, a quienes se acusaba veladamente de ser los responsables de la citada filtración, y se sintieron arrastrados por el fango por su propia jefa. Desde el palacete de la calle Manuel Silvela vieron en esta maniobra un intento de acabar con el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón. Y pasó lo que tenía que pasar, que “todos se han alineado con el jefe”.
Como ya hiciera cuando se les impuso al frente de Anticorrupción a Manuel Moix, la rebelión está en ciernes. Y en aquella ocasión, la guerra la terminaron ganando los fiscales, pues Moix se vio obligado a dimitir.
Es más, en esta ocasión, las personas consultadas han llegado a decir que “hasta los fiscales Anticorrupción que fueron críticos con el jefe de la sección, Alejandro Luzón, por apoyar al fiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa, ahora se han posicionado del lado de Luzón”.
La frase “Lola quiere quitarse de encima a Luzón porque no lo controla” se escucha en cualquier tertulia donde haya fiscales, más aún si se coincide con alguno de Anticorrupción. Pero esa forma de actuar ha conseguido que, en dicha sección, los trabajadores “se hayan unido como una piña” alrededor de su jefe.
Tanto ha sido así, que el pasado viernes, en un encuentro informal de Delgado y Luzón, en el que la Delgado vetó a OKDIARIO, la FGE matizó el comunicado en el que se informaba de la apertura de una investigación por la filtración de las diligencias abiertas al Rey emérito. También anunció que el propio Luzón pasaba a formar partes de la investigación al monarca que hay abierta en la Fiscalía del Supremo. “Ha reculado, no le quedaba otra”, afirman las fuentes. “Pero ¿cuál será la siguiente jugada de Dolores Delgado en esta partida de ajedrez?” Esa es la pregunta que se hacen todos en la Fiscalía.