LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES? (1 Viewer)

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
Pongamos que hablo de poder
  • Los doce vocales que reclaman elegir los jueces por su cuenta constituyen la mayoría absoluta del CGPJ: con doce miembros de veinte, decides siempre
Elisa Beni
@elisabeni

Felipe VI, en la apertura del año judicial 2018.
5 de septiembre de 2020 21:36h
0

La debilidad del argumento en el que pretende apoyarse el autogobierno judicial salta a la vista. La apelación a la despolitización podría ser invocada también por el sector sanitario o el universitario
Fernando Santaolalla
El incumplimiento del mandato constitucional de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada cinco años no es sino una lucha abierta de poder. Escolar resumía muy bien por qué Casado ha encontrado en esa anomalía constitucional un elemento de presión que le permite conseguir lo que desea –mantener el control conservador sobre el órgano y proseguir con los nombramientos de jueces conservadores para copar el Tribunal Supremo– y a la par convertirse en una especie de virgen vestal de la independencia judicial, al volver por enésima vez a esa reivindicación de vuelta al nombramiento de 12 vocales judiciales por los propios jueces, con la que se comporta más bien como la ramera de Babilonia.




No voy a insistir en la espuria postura de un político con cara de cemento asesorado de cerca por quienes, en esta materia, la tienen de hormigón armado. Voy a centrarme en el conjuro de poder que se repite una y otra vez por parte de algunos sectores de jueces, algunos sectores de juristas y algunos políticos y que consiste en afirmar que esa vuelta a la elección de los 12 vocales judiciales por sus propios pares solucionaría de golpe la obscena promiscuidad con los partidos y las ideologías en que viven actualmente las cúpulas judiciales. La actual situación de pornográfica exhibición de plena dependencia precisa de una urgente solución, así lo recomiendan incluso desde la Comisión Europea, lo que cuestiono es que la solución sea la que se nos presenta como una revelación incuestionable. Estamos ante un problema complejo y que admite medidas diferentes a que sean los propios jueces los que se constituyan en un poder tan separado y tan independiente que sea capaz de ponerse frente a los emanados directamente del pueblo.

Lo cierto es que esa orgiástica componenda entre políticos y magistrados suele imputarse desde las togas a un maquiavélico designio de los políticos, pero casi siempre olvidan relatarnos que no hay corruptor sin corrompido y que ese sistema del que abominan no sería posible sin que centenares de jueces hayan participado incluso muy activamente en él. Créanme, para conseguir un nombramiento hay que hacer más pasillo y más capilla y más genuflexión ante los propios pares que ante ningún representante político. Una cruz y una raya de los que controlan la carrera judicial te manda al averno tanto o más que el veto de un político. Aquí no hay santos y demonios, sino una abigarrada red de gentes que ansían poder y, por qué no decirlo, mejores condiciones económicas y materiales. Algunos de ellos, además, acunan en su interior cierto afán de servir.

Llegados aquí voy a revelarles algo que casi siempre se olvidan de advertir: los doce vocales que reclaman elegir los jueces por su cuenta constituyen la mayoría absoluta del CGPJ. Con doce miembros de veinte, decides siempre. Eso significa que si se produjera una alineación no ideológica sino corporativa de los electos, esos jueces controlarían todas las competencias estatutarias y políticas del Consejo sin que los ocho miembros nombrados por el Parlamento pudieran oponerse. Para pensar que no podría darse nunca ese enquistamiento corporativista hay que ser un creyente nato en la bondad natural de los miembros de la judicatura y un desconocedor de la historia.

Ambas cosas era yo, en cierta medida, hace un par de años cuando escribí un artículo defendiendo tal solución. En medio han pasado muchas cosas, que me han demostrado el tremendo poder que tienen los ropones cuando se enrocan (y solo les mencionaré el caso de nepotismo de la hija de Marchena y las irregularidades del procés).

Como les decía, el primer CGPJ de la historia de España (1980-1985), presidido por Sainz Robles, fue elegido como proponen ahora algunos jueces que se muestran empecinados, y no fue sino "un modelo que falló estrepitosamente y desbordó el sentido natural de la independencia judicial", en el que la idea de cualquier control "se diluye hasta casi desaparecer (…) a favor de los magistrados que el servicio público de la Justicia se hace opaco e infiscalizable", según escribía Santaolalla. Aquel Consejo no dudó en echarles pulsos directos a los dos gobiernos con los que convivió, el de Adolfo Suárez y el de Felipe González.

El pulso por mostrarse como un poder independiente que se codeara en igualdad con los otros dos se llevó a todos los campos. Algún resultado podrá todavía verse este lunes en el Tribunal Supremo cuando Felipe VI presida la solemne apertura de tribunales en un gesto que tuvo precisamente como origen la pugna de Sainz Robles con el ministro Pío Cabanillas por presidir ese acto en 1980. Dado que el ministro no quería cederle la presidencia al presidente del Consejo, este maniobró y envió al entonces presidente de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal, a ver al joven Rey, del que era amigo. Tras una breve conversación, Juan Carlos I comunicó que iba a acudir al acto y, por tanto, tenía que presidirlo. Esa fue la primera vez que el Rey se colocó la toga y el collar de la Justicia y por ese motivo su hijo sigue haciéndolo. Nada más prosaico que una lucha de poder.

Posteriormente, en aquel Consejo en el que los jueces conservadores consiguieron una mayoría absoluta "hizo lo posible por obstaculizar las políticas de los cada vez más débiles gobiernos de la UCD y de los más fuertes del PSOE a partir de 1982", explica Diego Íñiguez. Así fue como los sucesivos consejos pagaron los pecados del primero y la enmienda Bandrés, acogida por los socialistas, acabó por restarles competencias y llevó a la elección mixta a través de las Cámaras. "Esa opción de elección judicial supone otra politización, la que va de mano de los intereses de las asociaciones de jueces, legítimos pero igualmente políticos", decía Díaz-Picazo. Y sería bueno convenir que "no hay soluciones asépticas que eviten esa politización, solo hay soluciones políticas", en palabras de Murillo de la Cueva. Para creer en esa asepsia que proclaman sectores de la judicatura habría que creer que todos ellos meditarían su voto en función de los intereses de la ciudadanía española y no en los suyos propios. Me parece ahora de una candidez tremenda tal consideración.

Alegarán algunos que aquellos problemas se produjeron cuando el cuerpo electoral lo constituían jueces emanados del franquismo y que la situación actual es diferente. Lo cierto es que vivimos en un momento de polarización absoluta de todos los estamentos sociales y es absurdo pretender que esto no sucede dentro de la judicatura, aunque sí intuimos hacia qué lado bascula.

La ciudadanía tiene ciertamente un problema con la deriva del control de la Justicia y es obligado buscar soluciones. Propuestas hay muchas, no solo el trágala de volver a la casilla de salida: modular las competencias, más transparencia y control (en Italia sus sesiones son tan públicas como las del Parlamento), revisar el papel de las asociaciones, establecer estándares previos, nombrar al presidente en votación secreta u otras muchas, sin obviar el factor humano, es decir, que la independencia y la dignidad se conviertan en divisa de sus miembros.

Volver a la elección judicial es solo una opción de poder, la que más interesa a algunos, pero no cuenta con consenso ni parlamentario ni profesional ni social y ni siquiera tiene que ser la que más interese a la sociedad española.



Y luego se autoproclama 1599375378585.png partido constitucionalista


...
 

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
El monopolio del PP en el Supremo: 25 años de bloqueos para controlar la Justicia
  • INFORME ESPECIAL — Los tres bloqueos del PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo

  • En 1995, la Sala de lo Penal del Supremo, la que sentencia sobre los casos de corrupción, estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2020, son 11 conservadores frente a dos progresistas
Ignacio Escolar
@iescolar

Gráficos: Raúl Sánchez. Ilustración: David Velasco.
21 de septiembre de 2020 22:54h
66

Los jueces llegan a su primera plaza por oposición. Pero para ascender al Tribunal Supremo no basta con estudiar. La decisión es política. La toma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que teóricamente se renueva cada cinco años a partir de las mayorías parlamentarias y que decide buena parte de los nombramientos claves en la Justicia.

Todos los vocales del CGPJ los eligen los partidos. Y todos los nombramientos del Supremo y otros ascensos los decide el CGPJ.
Entre esos nombramientos, hay unos que destacan sobre los demás. Son los que más preocupan a los políticos corruptos: los de los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la todopoderosa Sala de lo Penal.

Los jueces de la Sala de lo Penal son quienes juzgan a los aforados en todos aquellos casos que les pueden llevar a prisión. Son los únicos que pueden abrir una investigación penal contra un diputado, un ministro o un senador. También tienen la última palabra sobre las sentencias penales más relevantes. Son jueces con el poder de meter a un ciudadano en la cárcel, o salvarlo de entrar en prisión.
Son jueces en la práctica vitalicios, como todos los del Supremo. Una vez nombrados, son irrevocables. Salvo que decidan irse, mantienen el puesto hasta la edad máxima de jubilación: hasta que cumplan 72 años.

Son los jueces que tendrán la última palabra sobre la Gürtel, sobre los ERE; sobre el rey Juan Carlos, sobre la Púnica, sobre la Kitchen… sobre todos los grandes casos de corrupción.

Son también los jueces que decidirán si imputan al Gobierno de coalición por su gestión de la pandemia, como ha pedido Vox.
En los últimos 25 años, la derecha se ha empleado a fondo para garantizarse el monopolio conservador de la Sala de lo Penal. Ha sido un trabajo lento, metódico y eficaz, que inició el exministro Federico Trillo y que después otros continuaron, como Ángel Acebes, Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalá. Les ha llevado años de movimientos judiciales en la oscuridad, pero su triunfo ha sido arrollador.
En 1995, la Sala de lo Penal estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2020, son 11 conservadores frente a dos progresistas.

En esa Sala de lo Penal, faltan tres magistrados más por nombrar. Tres jueces para el Supremo que un CGPJ con el mandato caducado pretende decidir dentro de apenas una semana.


¿Cuántos jueces conservadores y progresistas hay en la Sala Segunda del Supremo?
Evolución del número de magistrados progresistas y conservadores en la Sala de lo Penal del Supremo, según los acuerdos anuales de composición de las salas del tribunal a fecha 1 de enero

Flourish logoA Flourish chart
En el último cuarto de siglo, el porcentaje de jueces progresistas en la Sala de lo Penal del Supremo ha menguado paulatinamente, casi con una única excepción: 1997. Ese año coincide la jubilación de dos magistrados conservadores con la vuelta a su plaza en el Supremo de dos progresistas que estaban en comisión de servicios.

Fuente: BOE


Estas etiquetas pueden parecer reduccionistas. Ni todos los progresistas ni todos los conservadores son iguales: hay buenos jueces y malos jueces, sin importar el color. También los hay más independientes y más serviles a quien los nombró. Cuando los clasifico como conservadores o progresistas no me refiero a su ideología, aunque suele coincidir. Sino a quién decidió e impulsó sus nombramientos: qué vocales, de un partido u otro en el CGPJ, los colocaron allí.

Quién es quién en la Sala de lo Penal
Julián Sánchez Melgar. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora. Llegó al Supremo en diciembre de 1999, aupado por un CGPJ conservador durante el Gobierno de Aznar. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, donde trabó relación con el entonces alcalde de la ciudad, Ángel Acebes (PP). Según distintas fuentes, fue Acebes quien lo avaló para el Tribunal Supremo, donde llegó con solo 44 años.

Sánchez Melgar ascendió hasta el Olimpo del Supremo cuando Acebes era ministro de Administraciones Públicas. Unos meses después, Acebes fue nombrado ministro de Justicia con Aznar.

Melgar fue el ponente de la ‘doctrina Parot’ para alargar las condenas por terrorismo y que los etarras estuvieran más años en prisión; una medida ilegal que años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló.

En 2017, Mariano Rajoy lo nombró Fiscal General del Estado. Tras la moción de censura, fue cesado y regresó al Supremo. Lleva allí 20 años. Le quedan seis más hasta su jubilación, aunque es probable que pronto cambie de destino. Se ha presentado como candidato a la presidencia de la Sala de lo Militar del Supremo.

Juan Ramón Berdugo. Miembro de la APM, la asociación conservadora. Llegó al Supremo en 2004, ascendido por el CGPJ que nombró el PP de la mayoría absoluta de Aznar. Junto con Colmenero, Llarena y Marchena, fue uno de los jueces que condenaron al cantante César Strawberry a un año de cárcel por sus tuits, una sentencia que después anuló el Tribunal Constitucional.

Berdugo va a ser el ponente de la sentencia del Supremo sobre la Gürtel, que está a punto de salir. De esa sentencia dependen todas las penas de cárcel definitivas: a Correa, a Bárcenas, a su mujer, que aún sigue en libertad… Y también si se mantiene la condena a título lucrativo al PP, o si se declara como probada la existencia de una caja B.

Antonio del Moral. Miembro del Opus Dei, participó en un acto por el centenario del fundador de esta prelatura católica con la conferencia “Referencias jurídicas en la vida y enseñanzas del beato Josemaría”. Llegó al Supremo en 2012, bajo la presidencia en el CGPJ de Carlos Dívar, muy religioso como él.

Del Moral firmó un voto particular en contra de la sentencia al juez Francisco Serrano, que fue condenado como prevaricador por cambiar el régimen de visitas de un niño para que su padre lo pudiera llevar a una procesión de Semana Santa. Según Antonio del Moral, el juez Serrano debería haber sido absuelto. El Tribunal Constitucional después enmendó la sentencia del Supremo y rebajó la pena de inhabilitación, aunque confirmó la condena por prevaricación. Años más tarde, Serrano fue candidato a la presidencia de Andalucía por Vox.

Del Moral fue también el juez que archivó una investigación penal contra la exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), en contra del criterio de la Fiscalía. El argumento para dar carpetazo a esa causa fue cuando menos peculiar: que la alcaldesa no sabía lo que firmaba. Concretamente, según el juez, la alcaldesa García-Pelayo no sabía que firmaba los contratos fraudulentos que su ayuntamiento adjudicó y pagó a la trama Gürtel.

Hoy García-Pelayo sigue siendo diputada por Cádiz, como cabeza de lista del PP.

Pablo Llarena Conde. Conservador, fue presidente de la APM. Fue el instructor del 'procés' que defendió a capa y espada que había un delito de rebelión, algo que sirvió para que la competencia sobre este juicio recayera en el Supremo y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia denunció en su momento toda una serie de irregularidades en su nombramiento por el CGPJ, un recurso que fue archivado por la Sala de lo Contencioso del Supremo también de mayoría conservadora.

Vicente Magro Servet. Al igual que Llarena, Magro también fue presidente de la APM. Además de juez, fue senador del PP por Alicante en 1996. Tras su paso por la política, en 2001, el CGPJ dominado por el PP le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

Magro Servet renunció a esa presidencia a finales de 2016 para venir a un puesto menor en la Audiencia Provincial de Madrid. Era una estación intermedia, como pronto se vio. Apenas un año después, la mayoría conservadora en el CGPJ le ascendió a la Sala de lo Penal del Supremo.

En el año que pasó en la Audiencia Provincial de Madrid formó parte del tribunal que admitió a trámite la denuncia contra Dani Mateo y el Gran Wyoming por un chiste sobre el Valle de los Caídos.

Estará en el Supremo por mucho tiempo. No le toca jubilarse hasta 2032.

Ana María Ferrer. Es la primera mujer que llega a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en toda su historia –fue hace relativamente poco, en 2014–. Pertenece a Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista. Ferrer estuvo en el tribunal del procés, una sentencia que se aprobó por unanimidad. Su nombramiento formó parte del cambio de cromos de la minoría progresista en el actual CGPJ, a cambio de los votos que faltaban para escoger en esta Sala a otro magistrado conservador, Andrés Palomo.

Andrés Palomo. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, nombrado por otro CGPJ conservador, el de la primera legislatura de Aznar. También firmó la sentencia del 'procés'. No es miembro de ninguna asociación judicial y en algunas cuestiones se ha separado de la mayoría conservadora, como en el voto particular que recientemente firmó contra la condena al grupo de rap ‘La Insurgencia’ por apología del terrorismo.

Miguel Colmenero. Fue presidente de la Asociación de Fiscales, la asociación conservadora. Llegó al Supremo en 2002, durante el segundo Gobierno de Aznar y con un CGPJ donde el PP también tenía la mayoría absoluta. Como gran parte de los jueces y fiscales españoles, viene de una familia de juristas. Su padre, Odón Colmenero, fue fiscal en los sesenta. Su abuelo, Odón Colmenero, fue nombrado juez del Tribunal Supremo en 1946. Ha participado en varios cursos de la FAES, aunque también ha sido crítico con Aznar, al que acusó de querer instrumentalizar a la Fiscalía a su favor.

Andrés Martínez Arrieta. Fue fundador de la Francisco de Vitoria, otra asociación de jueces mayoritariamente conservadora, aunque más moderada que la APM. Llegó al Supremo en 1998, con solo 43 años, durante el primer gobierno de Aznar. Es uno de los jueces que controla la actividad del CNI. Formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas a los cabecillas de la Gürtel cuando estaban en prisión, y también del tribunal que sentenció el 'procés'.

Eduardo de Porres Ortiz. Miembro de la APM, la asociación conservadora. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, donde llegó promocionado por otro CGPJ conservador. Forma parte de la Junta Electoral Central, donde entre otros asuntos lideró el expediente sancionador contra Pedro Sánchez por hacer durante la campaña una entrevista desde La Moncloa –igual que habían hecho antes otros presidentes del Gobierno, sin merecer sanción–.

Carmen Lamela. Fue nombrada en 2018, recién llegada de la Audiencia Nacional. Allí fue la jueza que inició el juicio contra el 'procés' catalán. La que encarceló a 'los Jordis', acusados de sedición. O la que decidió investigar cuando no le correspondía el llamado caso Altsasua bajo el paraguas de que se trataba de terrorismo, cosa que después la sentencia negó.

Entre sus casos más polémicos está también el que afectó a Sandro Rosell, expresidente del Barça. Lamela, con el respaldo de la Fiscalía, lo encerró en prisión preventiva durante casi dos años. Repito: casi dos años de cárcel antes del juicio. Después la sentencia absolvió a Rosell. Fue declarado inocente.

Rosell ha recibido una indemnización de 25 euros por cada día que injustamente estuvo encerrado en prisión. En total, unos 16.000 euros, por 22 meses de cárcel.

Esa pequeña indemnización la paga el Estado. No la jueza ni el fiscal que encarcelaron durante casi dos años a un inocente.

Susana Polo. Con Ferrer, es la única de la Sala que forma parte de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Llegó al Supremo en el cambio de cromos que permitió nombrar para el Supremo a otros dos conservadores: Carmen Lamela y Eduardo de Porres. De su carrera previa destaca su papel en el caso de los correos de Blesa. Fue la jueza que escribió en un auto que esos mensajes del expresidente de Caja Madrid publicados por elDiario.es y que permitieron conocer varios delitos, "afectaban a la intimidad del señor Blesa". Polo intentó blindar el contenido de esos correos, pero no lo consiguió. Gracias a que en elDiario.es publicamos los mensajes, destapamos el escándalo de las Tarjetas Black.

Manuel Marchena. Es el presidente de la Sala y quien presidió también el juicio del procés. Fue nombrado en enero de 2007, por un CGPJ en funciones –el de la mayoría absoluta de Aznar– que el PP prolongó artificialmente durante casi dos años al bloquear su renovación para mantener su control sobre la cúpula judicial.

En 2014, el CGPJ actual, con mayoría conservadora, le nombró presidente de la Sala de lo Penal.

Marchena es fiscal de carrera y su primer valedor fue otro fiscal canario como él, Eligio Hernández, en su época como Fiscal General del Estado durante un gobierno de Felipe González. Pero la mayor parte de su carrera en la Fiscalía la hizo durante el gobierno de Aznar, como uno de los hombres de confianza del fiscal general del Estado nombrado por el PP, Jesús Cardenal. Fue el sector conservador quien después le avaló para la Sala de lo Penal y más tarde le ascendió a la presidencia.

En el acta del pleno del CGPJ que decidió en 2007 el nombramiento de Marchena como juez del Supremo se puede comprobar quién le respaldó con mayor efusión. Fue Adolfo Prego: otro exjuez del Supremo, después vocal del CGPJ nombrado por el PP y más tarde abogado del PP en varios casos de corrupción. Prego es también colaborador de la hermandad del Valle de los Caídos y patrono de la Fundación en Defensa de la Nación Española, que fundó Santiago Abascal.

Una vocal del CGPJ nombrada por el PSOE, María de los Ángeles García García, presentó un voto particular contra el nombramiento de Marchena en 2007 al que he logrado acceder. Es este documento. Explica bien la arbitrariedad con la que se suelen decidir estos nombramientos, que poco tienen que ver con criterios objetivos de méritos o experiencia. También es clave para entender por qué no llegó una sola mujer a la Sala de lo Penal del Supremo hasta el año 2014.

Marchena entró en el Supremo en otro cambio de cromos: una parte del sector progresista permitió su nombramiento a cambio de ascender en la misma Sala a Luciano Varela, de Juezas y Jueces para la Democracia. La diferencia es que la derecha fue más previsora. Hace años que promociona a jueces relativamente jóvenes para los puestos del Supremo, y así se garantiza más tiempo de poder. Varela se jubiló el año pasado. A Marchena le quedan diez años más.

Marchena fue el candidato de consenso entre PSOE y PP para presidir el CGPJ en el penúltimo intento para la renovación, que fracasó. A pesar de que fue nombrado por la mayoría conservadora, Marchena también tiene sus partidarios en el Gobierno. Mantiene buena relación con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y con la ministra de Defensa, Margarita Robles. En el PSOE muchos lo defienden. En el PP también.

Marchena es también el principal protagonista de ese famoso whatsapp del entonces senador del PP Ignacio Cosidó –director general de la Policía en los años de la cloaca policial– donde pronosticaba que este juez ayudaría al PP a "controlar la Sala Segunda (la Sala de lo Penal) desde detrás".

Tras conocerse ese whatsapp, Marchena comunicó su renuncia a presidir el Poder Judicial.


Así ha cambiado la Sala de lo Penal del Supremo en los últimos 25 años
Listado de jueces que han ocupado una plaza en la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo desde 1995 hasta la actualidad, según el periodo de actividad. Se han agrupado según el magistrado al que sustituye cada uno por jubilación o servicios especiales.

En rojo, los jueces progresistas, y en azul, los jueces conservadores. Destacado en amarillo la mayoría del CGPJ

Mayoría del CGPJ


Presidencia


Magistrados


Fuente: BOE


La Justicia emana del pueblo
Si el CGPJ decide los nombramientos y es el Parlamento quien decide el CGPJ, ¿cómo es posible que en el tribunal más importante de España el dominio de la derecha sea tan apabullante?

No es algo que se explique por el voto de los españoles. La alternancia política ha sido muchísimo mayor. En las últimas dos décadas, el PP ha gobernado 10 años y el PSOE, otros 10. Es verdad que el PP, en ese periodo, ha tenido cuatro años de mayoría absoluta, pero ni siquiera así se explica un desequilibrio tan brutal. Los 14 años de mayorías socialistas de Felipe González no dejaron una Sala de lo Penal tan descompensada.

Una de las causas ya la he explicado: la edad. La derecha nombra a magistrados más jóvenes, que duran en el Supremo mucho más. Otra razón es que la gran mayoría de los jueces suelen ser conservadores, tanto en España como en otros países.

Pero la principal razón está en el filibusterismo parlamentario del Partido Popular: en los bloqueos que ha aplicado el PP en la renovación del CGPJ, en contra del mandato constitucional, para prolongar su control del Poder Judicial. Unos bloqueos para controlar esa Justicia que "emana del pueblo", según la Constitución.

Cronología de los bloqueos del PP a la renovación del CGPJ
Comparación entre el tiempo en el Gobierno de cada presidente con la duración del mandato del CGPJ con mayoría progresista o conservadora
mapa

Fuente: BOE
En las últimas dos décadas, el PSOE y el PP han gobernado 10 años cada uno. Pero los CGPJ con mayorías del PP han durado 15 de esos 20 años.

Si ampliamos el foco a las últimas tres décadas, desde 1990, el PSOE ha gobernado 16 años, frente a los 14 del PP. Pero los CGPJ nombrados durante mayorías conservadoras han controlado 19 de esos 30 años.

Fue una estrategia, también una necesidad. Al Partido Popular, asediado por los casos de corrupción, no le bastaba con utilizar a la cloaca policial para tapar sus presuntos delitos. La clave está en la Justicia. Y es ahí donde el PP se empleó a fondo, como expliqué con más ejemplos en un artículo anterior.

Desde 1995, el PP ha bloqueado la renovación del CGPJ en tres ocasiones. Las tres por la misma razón: para controlar la Justicia y colocar a jueces afines en todos los tribunales por los que sus dirigentes podrían desfilar.


En 1990 se pactó la renovación del Congreso General del Poder Judicial durante un momento en el que PSOE casi tenía la mayoría absoluta en el Congreso: 175 de 350 diputados.

Esto se tradujo en una mayoría progresista en el CGPJ: diez vocales más el presidente fueron nombrados por el PSOE. El mandato de este Consejo vencía en 1995.

El primer bloqueo llegó en 1995. EL CGPJ cumplía cinco años y tocaba la renovación, como manda la Constitución. Pero el PP se negó para así retrasar el acuerdo hasta después de las elecciones de marzo de 1996, que esperaban que ganase José María Aznar.
La renovación no se desbloqueó hasta el



El próximo 30 de septiembre, el actual CGPJ en funciones pretende nombrar a tres nuevos jueces para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando su mandato y su legitimidad están fuera del plazo constitucional. Tres nuevos jueces de por vida.

EL CGPJ está en funciones, pero mantiene todo su poder. Esto es posible por la reforma de la ley orgánica que lo regula, y que aprobó el PP sin consenso durante la mayoría absoluta de Rajoy. Ya entonces blindaron el CGPJ para que mantuviera plenas funciones incluso con el mandato caducado.

En la derecha argumentan que el bloqueo en la renovación no puede dejar a tribunales importantes sin jueces suficientes, y que por eso el CGPJ tiene que aprobar los nombramientos, aun estando en funciones. Es una explicación falaz porque el CGPJ podría nombrar jueces temporales de refuerzo en aquellos destinos que así lo requieran, y dejar el nombramiento definitivo de esas plazas para un Poder Judicial que responda a las actuales mayorías parlamentarias: a lo que los españoles votaron, que es de donde emana su legitimidad.

Nombrar a jueces de por vida con el mandato caducado rompe el contrato constitucional, que dice que "la Justicia emana del pueblo". En democracia, tan importante es votar a los representantes del pueblo como que los electos se renueven, una vez terminen el plazo para el que fueron nombrados. Y esto sirve para el Parlamento –donde sería impensable que un Congreso legislara con el mandato caducado– y también para el órgano de gobierno de los jueces.

Cuando el Congreso de los Diputados acaba su mandato, una pequeña parte de sus funciones las asume la Diputación Permanente. Pero este órgano temporal no puede, ni mucho menos, legislar.

Que un CGPJ en funciones apruebe nombramientos es aún más grave que si a un Parlamento en funciones le diera por legislar. Las leyes se pueden cambiar, pero los nombramientos al Supremo no se pueden revocar.

No es un riesgo abstracto. Está pasando ya.

En el año 2019, estando en funciones, el CGPJ aprobó 43 nombramientos. Entre ellos, los de 10 jueces de otras salas del Tribunal Supremo –de por vida, hasta su jubilación– y dos presidencias de Sala.




En enero de 2020, tras la investidura de Sánchez, el CGPJ decidió parar. Y publicó esta nota argumentando que no seguían "temporalmente" con más nombramientos por estar en funciones, mientras pedían a los partidos que pactaran la renovación.

Esa renovación es imposible mientras el PP no la permita: hace falta una mayoría de tres quintos del Parlamento.

Con este bloqueo, Pablo Casado se niega a cumplir con la Constitución, que obliga a renovar los órganos constitucionales cada cinco años. No pasa solo con el CGPJ: también el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo tienen su mandato caducado.

Casado argumenta que no renovará estos órganos mientras Podemos siga en el Gobierno. Es una falsa excusa, la razón es otra. El bloqueo sirve para mantener la mayoría conservadora en el Poder Judicial y así controlar más nombramientos.

La próxima semana se deciden tres jueces del Supremo más
Todo apunta –así lo ha anunciado el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes– a que el CGPJ aprobará tres nuevos nombramientos en la Sala de lo Penal. Será el miércoles 30 de septiembre. Ese día se reúne el pleno del CGPJ y entre otros nombramientos judiciales probablemente acordará un '2 a 1' en la Sala de lo Penal: dos conservadores, frente a un progresista. Eso dejaría esta Sala del Supremo con un '13 a 3' conservador. Mayoría absolutísima de la derecha por al menos una década más.

Entre los candidatos favoritos del sector conservador para estas plazas se encuentran Jesús Barrientos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a Artur Mas, Concepción Espejel, la jueza recusada por su cercanía del PP, Ángel Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel que pidió la absolución del PP, y José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia Nacional que se cambiaba mensajes con Francisco Martínez, el exnúmero dos de Interior imputado por la cloaca policial.

Por el lado progresista suena Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Es el candidato que promueve Mar Cabrejas, una de las vocales progresistas, que es clave en esta votación. Cabrejas fue escogida por el PSOE de Rubalcaba, pero ahora es muy cercana al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que la llevó a la comisión permanente hasta 2018, y después la nombró en la comisión de asuntos económicos.

Dato importante: los vocales que Lesmes nombra en la comisión permanente tienen sueldo y chófer. Los otros, no. Esa diferencia es una enorme zanahoria que permite a Lesmes dirigir el Poder Judicial con mayor comodidad –esto antes no ocurría, fue otro de los cambios que metió en la ley orgánica Gallardón–. Un vocal del CGPJ en la comisión permanente cobra entre 6.000 y 6.500 euros netos al mes, igual que un juez del Tribunal Supremo. Un vocal de los de segunda, los que no están en esa comisión, solo cobra dietas, unos mil euros al mes.

Porque solo con los votos conservadores no es suficiente para que un CGPJ en funciones cometa el atropello democrático que supone nombrar jueces de por vida con una mayoría absoluta caducada, la de Rajoy de hace casi una década.

Durante la época del PP –gracias a la reforma que hizo Gallardón–, bastaba con una mayoría absoluta en el CGPJ para aprobar un nombramiento en el Supremo: 11 votos. Con la caída de Rajoy, en enero de 2019, esa ley se modificó. Hoy es necesaria una mayoría de tres quintos para aprobar determinados nombramientos, como los de jueces del Supremo. 13 votos, del total de 21 miembros del CGPJ –veinte vocales más el presidente, que tiene voto de calidad en caso de empate–.

El sector conservador, nombrado por el PP, hoy tiene 12 votos en el Consejo General del Poder Judicial: los diez vocales que negoció durante la renovación de 2013, más el presidente, Carlos Lesmes, más otro puesto que logró a través de una extraña carambola.

En 2013, la vocal nombrada por CiU, Mercè Pigem, fue sorprendida por la Guardia Civil llevando 9.500 euros en efectivo a Andorra, un dinero de su hermana, que le acompañaba en el viaje con otros 10.600 euros en billetes. Aunque este comportamiento era solo una infracción administrativa, no un delito, Mercè Pigem fue forzada a dimitir. Fue sustituida por uno de los suplentes, un vocal que había sido propuesto por el PP.

El sector conservador tiene 12 votos. Necesita 13. Les falta un voto más para la mayoría de tres quintos.

Si todos los vocales progresistas en el CGPJ se negaran, estos nombramientos serían imposibles de realizar.

Me temo que eso no va a pasar.

 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
El Poder Judicial en funciones mantiene su plan de colocar a seis jueces en el Supremo esta semana

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Pool

Elena Herrera

28 de septiembre de 2020 10:57h
28
@herrera_elena

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará este próximo miércoles estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta la renovación de diez cargos discrecionales en la cúpula judicial, seis de ellos en el Tribunal Supremo. Así lo recoge el orden del día del Pleno, elaborado por su presidente, Carlos Lesmes, que ha convocado a los vocales para el 30 de septiembre a las 10 horas. La decisión de Lesmes de seguir adelante con los nombramientos llega en un momento de máxima tensión con el Gobierno a raíz de la ausencia del rey Felipe VI en un acto en Barcelona.




La semana en que Lesmes echó un pulso al Gobierno y arrastró a la tormenta a Felipe VI

Entre las plazas más delicadas que tiene previsto renovar el órgano del gobierno de los jueces están tres en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Estas plazas están vacantes desde diciembre de 2019 por la jubilación de los magistrados Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro. Los jueces de esta Sala de lo Penal son los que tendrán la última palabra sobre sentencias de casos tan relevantes como la Gürtel o los ERE. También serían los encargados de decidir sobre la apertura de una causa penal contra Juan Carlos I en caso de que así lo solicitara la Fiscalía del Alto Tribunal.

Por otro lado, se abordará la adjudicación de tres presidencias de sala del Supremo: la Tercera, de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administración; la Cuarta, de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la Quinta, de lo Militar. Los candidatos en este caso ya son magistrados del Supremo, pues es uno de los requisitos que establecen las bases. Con estas designaciones, el actual CGPJ habrá renovado estando en funciones las presidencias de sus cinco salas jurisdiccionales. El presidente de la Sala Primera, de lo Civil, Francisco Marín Castán; fue reelegido en febrero de 2019 y el de la Segunda, de lo Penal, Manuel Marchena; en octubre de ese año. Asimismo, está previsto que este miércoles se vote también la renovación de las presidencias del TSJ de Canarias, de la Audiencia Provincial de Ourense y dos presidencias de Sala en los TSJ de Asturias y Andalucía.

Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, dejó claro en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que los nombramientos en la cúpula judicial deben seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró.

Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE "inmediatamente de producidas" y que el Consejo tiene que resolver "en el plazo máximo de seis meses". Además, explican que la existencia de tres vacantes en la Sala Segunda supone que el 20% de su planta esté sin cubrir, lo que puede afectar a su funcionamiento si la situación se alarga en el tiempo.

El inicio de la situación de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces se remonta al 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años del actual Consejo. La situación se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. La negativa de Pablo Casado a pactar su renovación permite mantener un equilibrio de fuerzas que favorece al sector conservador en el que la derecha controla 12 de los 21 votos del Pleno del CGPJ.

Este fin de semana, PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas parlamentarias que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, además de JxCat, "exigieron" la colaboración del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado. "Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento [de bloqueo a la renovación], que contraviene el interés general de manera flagrante", decía un comunicado conjunto.

Diez entidades relacionadas con el ámbito judicial han hecho público este lunes un comunicado en el que subrayan que el hecho de que el mandato del CGPJ esté caducado desde hace casi dos años “pone en duda la legitimidad de los nombramientos que se van a producir esta semana”. El texto, impulsado por la Comisión de Defensa del Colegio de la abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) de Madrid, pide al órgano de gobierno de los jueces que deje de actuar con “abuso de derecho” y que se “proceda a evitar el descrédito que conllevaría el nombramiento de altos cargos de la mgistratura”, pues “erosionaría indudablemente el sistema de representación política consagrado en la Constitución para el CGPJ como poder del Estado.”

También la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado al CGPJ que, mientras esté en funciones, limite su gestión al despacho ordinario de asuntos públicos y se abstenga de hacer nombramientos.


 

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional: "Lo que está pasando en el CGPJ es gravísimo y manifiestamente anticonstitucional"

  • "El Gobierno no solo puede, sino que debe establecer que los nuevos nombramientos del CGPJ en funciones no sean refrendados"


elDiario.es

24 de septiembre de 2020 18:10h
56
@eldiarioes
El máximo órgano de los jueces lleva años en manos de una mayoría conservadora independientemente de lo que voten los ciudadanos en las urnas. Desde que Pedro Sánchez ocupara la presidencia del Gobierno, el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por lo que dicho órgano mantiene la mayoría conservadora que correspondía a la etapa de mayoría absoluta de los populares. No es algo nuevo: un informe especial del director de elDiario.es Ignacio Escolar destapa que los tres frenos del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante los últimos 25 años han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo.





El monopolio del PP en el Supremo: 25 años de bloqueos para controlar la Justicia
Sobre este preocupante tema, Ignacio Escolar ha conversado con Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y columnista habitual de elDiario.es. Con ellos los lectores y lectoras de elDiario.es han podido conocer la situación del CGPJ que, con su mayoría conservadora y caducada, se prepara para nombrar nuevos jueces en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –vital para algunas causas de corrupción-, unos nombramientos que son irrevocables.
Para el catedrático, es "gravísimo" lo que está ocurriendo en el CGPJ. "Cuando el mandato caduca, pasa a estar en funciones y eso significa que carece de legitimidad democrática, porque depende de otras cortes nuevas", explica sobre la situación, por eso valora que el bloqueo y la no renovación es algo "manifiestamente anticonstitucional".

VÍDEO | Pérez Royo: "Lo que está pasando en el CGPJ es gravísimo y manifiestamente anticonstitucional"

Muchos socios y socias se han interesado por qué medidas tiene en su mano el Gobierno para evitar esto. Pérez Royo ha recordado que el nombramiento de "presidentes y magistrados" en la Justicia es "una atribución tan importante" que la propia ley orgánica del poder judicial exige que estos nombramientos se hagan mediante un real decreto que tienen que ser firmados por el rey y refrendados por el ministro de Justicia. "El Gobierno no solo puede, sino que debe establecer un criterio general que señale que los nombramientos que emanen de un Consejo caduco no se refrenden por el ministerio de Justicia", ha señalado. "Si no hay renovación, no hay refrendo", ahondaba, explicando esta medida como fórmula para evitar que se nombren jueces por parte de este órgano que no se renueva por el bloqueo de los populares.

Otro de los problemas que ha analizado el experto es la politización de la Justicia. Desde su punto de vista, el problema mana del "acceso a la carrera judicial". "El CGPJ es el reflejo de que está mal organizado todo el tema del acceso a la condición de juez. Si tuviéramos un buen sistema que se guiara por el principio de mérito y capacidad, sin más, evaluado de una manera razonable, sin sesgo, y estableciendo una fórmula de aprendizaje del ejercicio de la profesión, como se hace con los MIR, no habría estos problemas", ha explicado.

Para Pérez Royo, el hecho de que el acceso a la adjudicatura vaya marcado por quien "apadrina" a los nuevos jueces, cuales son sus familias, quiénes les han preparado y que esto se sepa por todo el tribunal de las oposiciones, hace que no se pueda dejar al órgano renovarse por si mismo.

VÍDEO | Pérez Royo: "Todos los presidentes del Gobierno han fallado porque no han marcado límites al rey"

La legitimidad de la monarquía

Preguntado por la situación de la monárquica tras los escándalos protagonizados por el rey emérito Juan Carlos, el catedrático ha señalado que "la legitimidad de la institución se ve afectada por la actitud de los monarcas, tanto del rey emérito como de Felipe VI".

Pérez Royo ha recordado que España es un país con ninguna tradición de monarquía parlamentaria y ha denunciado que "han fallado todos los presidentes del Gobierno". En su opinión, los presidentes "tendrían que haber dicho al rey que no puede moverse libremente, sino marcar unos límites. No lo han hecho y el rey ha hecho lo que le ha dado la gana", ha afirmado.

Sobre la polémica por la petición al rey para que no acuda a un acto de los jueces en Barcelona, el experto se ha mostrado de acuerdo con la postura de Pedro Sánchez. "Para hacer un acto en Barcelona no puede hacerse con las fuerzas armadas protegiéndolo, porque esto solo transmite a Catalunya un escenario de ocupación. Ahora mismo no tiene sentido. Hay que meter racionalidad y orden, porque sin Catalunya no podemos gobernar España", ha asegurado defendiendo la posición del presidente del Gobierno.

"Sánchez ya se ha tragado la huida del rey emérito, que no se debía haber tragado. Lo hizo porque no se sentía con legitimidad en medio del estado de alarma, pero tiene que aprender que es él el que tiene que dirigir el país y decir al rey que no puede hacer según qué cosas si el Gobierno cree que es contraproducente", ha explicado.

VÍDEO | Pérez Royo: "Ahora mismo la reforma de la Constitución es ciencia ficción"

Una reforma de "ciencia ficción"

Pérez Royo ha reflexionado junto a Ignacio Escolar sobre por qué es tan difícil llevar a cabo una reforma constitucional en nuestro país, a diferencia de otros países como Alemania que acumulan decenas de cambios en su constitución. Así, el catedrático ha explicado que la reforma del texto "se puede iniciar por todos los órganos con iniciativa legislativa, del congreso al senado, pasando por los parlamentos de las comunidades autónomas". El problema llega por las mayorías parlamentarias necesarias para aprobarla, y con la actual aritmética parlamentaria Pérez Royo cree que "una reforma de la Constitución ahora es ciencia ficción".

El experto lamenta que España sea el único país de la UE que no haya reformado su constitución nunca y ve esto como "un problema tremendo" porque desgasta la legitimidad del texto.



El Ministro de Justicia mediante su competencia PUEDE BLOQUEAR los nuevos nombramientos, puesto que los tiene que refrendar.

Solo hace falta que el Gobierno y en especial Pedro Sanchez, (de Pablo Iglesias en éste asunto no lo dudo) dé instrucciones al ministro del ramo, es decir de Justicia para que no refrende esos nombramientos.

Otra cosa, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la elección del CGPJ no requiera la aprobación de las 3/5 partes del Parlamento, que sólo se necesita la mayoría absoluta, es decir, 176 diputados.

Así cualquier partido como en éste caso el PP no podría obstaculizar la renovación de los jueces cuando ha terminado su mandato.

Muy fácil de conseguir. A ver si Pedrillo Sanchez se anima.
 
Última edición:
Registrado
15 May 2013
Mensajes
5.700
Calificaciones
10.265
El Poder Judicial en funciones mantiene su plan de colocar a seis jueces en el Supremo esta semana

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes. Pool

Elena Herrera

28 de septiembre de 2020 10:57h
28
@herrera_elena

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votará este próximo miércoles estando en funciones y con una composición de mayoría conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayoría absoluta la renovación de diez cargos discrecionales en la cúpula judicial, seis de ellos en el Tribunal Supremo. Así lo recoge el orden del día del Pleno, elaborado por su presidente, Carlos Lesmes, que ha convocado a los vocales para el 30 de septiembre a las 10 horas. La decisión de Lesmes de seguir adelante con los nombramientos llega en un momento de máxima tensión con el Gobierno a raíz de la ausencia del rey Felipe VI en un acto en Barcelona.




La semana en que Lesmes echó un pulso al Gobierno y arrastró a la tormenta a Felipe VI
Entre las plazas más delicadas que tiene previsto renovar el órgano del gobierno de los jueces están tres en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Estas plazas están vacantes desde diciembre de 2019 por la jubilación de los magistrados Luciano Varela, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro. Los jueces de esta Sala de lo Penal son los que tendrán la última palabra sobre sentencias de casos tan relevantes como la Gürtel o los ERE. También serían los encargados de decidir sobre la apertura de una causa penal contra Juan Carlos I en caso de que así lo solicitara la Fiscalía del Alto Tribunal.

Por otro lado, se abordará la adjudicación de tres presidencias de sala del Supremo: la Tercera, de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administración; la Cuarta, de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la Quinta, de lo Militar. Los candidatos en este caso ya son magistrados del Supremo, pues es uno de los requisitos que establecen las bases. Con estas designaciones, el actual CGPJ habrá renovado estando en funciones las presidencias de sus cinco salas jurisdiccionales. El presidente de la Sala Primera, de lo Civil, Francisco Marín Castán; fue reelegido en febrero de 2019 y el de la Segunda, de lo Penal, Manuel Marchena; en octubre de ese año. Asimismo, está previsto que este miércoles se vote también la renovación de las presidencias del TSJ de Canarias, de la Audiencia Provincial de Ourense y dos presidencias de Sala en los TSJ de Asturias y Andalucía.

Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, dejó claro en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que los nombramientos en la cúpula judicial deben seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró.

Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE "inmediatamente de producidas" y que el Consejo tiene que resolver "en el plazo máximo de seis meses". Además, explican que la existencia de tres vacantes en la Sala Segunda supone que el 20% de su planta esté sin cubrir, lo que puede afectar a su funcionamiento si la situación se alarga en el tiempo.

El inicio de la situación de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces se remonta al 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años del actual Consejo. La situación se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. La negativa de Pablo Casado a pactar su renovación permite mantener un equilibrio de fuerzas que favorece al sector conservador en el que la derecha controla 12 de los 21 votos del Pleno del CGPJ.

Este fin de semana, PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas parlamentarias que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, además de JxCat, "exigieron" la colaboración del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composición de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado. "Ningún interés partidista y sectario justifica tal comportamiento [de bloqueo a la renovación], que contraviene el interés general de manera flagrante", decía un comunicado conjunto.

Diez entidades relacionadas con el ámbito judicial han hecho público este lunes un comunicado en el que subrayan que el hecho de que el mandato del CGPJ esté caducado desde hace casi dos años “pone en duda la legitimidad de los nombramientos que se van a producir esta semana”. El texto, impulsado por la Comisión de Defensa del Colegio de la abogacía de Barcelona (ICAB) y la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) de Madrid, pide al órgano de gobierno de los jueces que deje de actuar con “abuso de derecho” y que se “proceda a evitar el descrédito que conllevaría el nombramiento de altos cargos de la mgistratura”, pues “erosionaría indudablemente el sistema de representación política consagrado en la Constitución para el CGPJ como poder del Estado.”

También la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha solicitado al CGPJ que, mientras esté en funciones, limite su gestión al despacho ordinario de asuntos públicos y se abstenga de hacer nombramientos.


siguendo la actuacion de Casado PP de no reconocer la ilegalidad del nombramiento de los jueces por parte del CGPJ, el gobieno podria no firmar los nombramientos de stos jueces nombrados por un Sr. que su cargo esta caducado desde hace mas de 2 anyos ? que legalidad tienen estos nombramientos?
 

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
Lesmes y el Gobierno caminan hacia el enfrentamiento institucional total
El CGPJ tiene previsto nombrar el miércoles a buena parte de la cúpula del Tribunal Supremo, a lo que se opone el ministro de Justicia, mientras la carrera judicial asiste con estupor al choque que salpica a Felipe VI.


El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (i), y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, durante el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, en Barcelona. E.P./Pool
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (i), y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, durante el acto de entrega de despachos a la nueva promoción de jueces, en Barcelona. E.P./Pool

MADRID

28/09/2020 22:27 ACTUALIZADO: 29/09/2020 00:40
JULIA PÉREZ

La carrera judicial asiste con estupor al último choque de trenes entre el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, contra el Gobierno a causa del veto a la asistencia de Felipe VI a la entrega de despachos de la última promoción del pasado viernes y la falta de capacidad del Poder Legislativo de renovar este órgano constitucional desde hace dos años, a causa de la confrontación entre PSOE y PP.

"Fatal, fatal, fatal. Lo mejor que pueden hacer los vocales es presentar todos su dimisión". Quien así se expresa es una alta fuente judicial que, como otros jueces consultados, asisten con desasoiego al enfrentamiento institucional total surgido este viernes -"lamentable", es la palabra más utilizada- y que se prevé que se incremente a partir del próximo miércoles.



El pleno del CGPJ nombrará el miércoles a buena parte de la cúpula del Tribunal Supremo, en contra de la opinión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Se trata de las plazas de tres magistrados de la Sala de lo Penal, así como de las presidencias de las Salas de lo Social, Contencioso y Militar.


El enfado del ministro es mayúsculo, y así lo traslada a quien quiere oírle. Campo sostiene que llamó a Lesmes para que cambiara la fecha de la entrega de despachos -el entorno del segundo lo desmiente- y asegura que este órgano no debe proceder a estos nombramientos porque surgió de una mayoría en 2013 de las Cortes Generales diferente de la actual, al tiempo que advierte sobre la "descomposición" que atraviesa el CGPJ.

Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, en teoría junto con la designación de un nuevo CGPJ. En el caso de los magistrados del Supremo, los elegidos permanecen en la plaza hasta la jubilación. Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.
Los conocedores de los entresijos judiciales replican que Campo fue vocal de un CGPJ que estuvo un año y nueve meses en interinidad y que durante este tiempo continuó realizando nombramientos (2001-2008).

El colapso institucional llegará este miércoles, en especial en la designación de los tres magistrados de la poderosa Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena. Campo quiere que el CGPJ no realice estos nombramientos, como así lo consiguió en enero y en julio a causa de sus negociaciones con Enrique López, el responsable de Justicia en el PP.

Nombramientos pactados

Vocales conservadores y parte de los progresistas han acordado elegir a un magistrado de ambas tendencias: Ángel Hurtado y Javier Hernández, ambos de reconocida trayectoria profesional.
Para el tercer puesto de magistrado de esta Sala se presenta José de la Mata, el juez central de instrucción número 5. Es un juez de prestigio que goza de la confianza de Campo y del propio Marchena. Pero Lesmes lo ha vetado. Es más, su nombre ni siquiera se propuso para la terna que se elevó al Pleno.

Este miércoles el CGPJ tiene previsto nombrar también a los presidentes de la Sala de lo Social, de lo Contencioso y de lo Militar del alto tribunal, entre otros 25 altos cargos pendientes de designación.
En el Supremo hay cinco salas, cuyos presidentes son además miembros natos de su Sala de Gobierno. Y Lesmes y su mayoría conservadora han designado o designarán a estos cinco presidentes para los cinco próximos años.

Llamada desmentida

Juan Carlos Campo traslada su enfado a quien quiera oírle, al tiempo que este lunes aseguró en RNE que pidió a Lesmes un cambio de fechas del acto de entrega de despachos. El motivo era la inminente sentencia de la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, y la proximidad del tercer aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre.

Fuentes del entorno de Lesmes desmienten que haya existido dicha llamada, "ni de Campo ni de nadie del Gobierno" y que, en todo caso, tendría haberse realizado a la casa real que es la que cierra las fechas.

La llamada del rey

Un sector del Gobierno -los ministros de Podemos y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias- considera que el rey no debió llamar a Lesmes al término de la entrega de despachos para trasladarle que le hubiera gustado estar ahí.

En la casa real atribuyen esta llamada a un acto de cortesía, sin relevancia institucional, para trasladar la enhorabuena a los nuevos jueces. Lesmes estaba en ese momento haciéndose la foto con los alumnos, colgó el teléfono y les explicó la llamada del rey. "Trasladó el mensaje que el rey le pidió que trasladara", aseguran en fuentes cercanas al presidente del CGPJ.



Es la primera vez en 20 años que no asiste un representante de la casa real a esta entrega de despachos de los nuevos jueces. En 2013, Felipe VI presidió esta ceremonia en lugar de Juan Carlos I en plena crisis por la imputación de su cuñado, Inaki Urdangarín. Y en 2006 el entonces príncipe de Asturias asistió junto a Letizia Ortiz en lugar del rey.

¿Dimisiones simbólicas?

"Los nombramientos del miércoles van a ser inevitables. Lesmes sólo necesita un voto para tener la mayoría de 13 vocales y realizarlos, y nuestra dimisión sería simbólica". Quien así se expresa es una fuente del sector progresita del CGPJ que defiende entrar a pactar los cargos, por mucho que le duela a Campo.
La mayoría conservadora que dirige Lesmes y que surgió de las Cortes de 2013 le permite realizar estos nombramientos con que uno sólo de los vocales progresistas le apoye. Y con mucha frecuencia ha tenido el voto de la vocal Mar Cabrejas, nombrada a propuesta del PSOE.


Los progresistas, junto al vocal nombrado a propuesta del PNV, sólo tienen 9 votos del Pleno. "Basta con que Cabrejas se sume a Lesmes para sacarlos adelante". Esta vocal, nombrada a propuesta del PSOE, quiere que salga elegido Javier Hernández para la Sala de lo Penal del Supremo.

"Los gestos simbólicos como una dimisión en bloque debilitan a las instituciones, y no es momento para realizarlos con la que está cayendo", explica otro vocal progresista.

"El problema reside en el Congreso y del Senado, encargados de esta renovación", explica otra alta fuente judicial que dice que no se entendería la ausencia de nombramientos.


Durante esta tiempo de interinidad, Lesmes y su mayoría conservadora ha realizado los 46 principales nombramientos de la cúpula judicial, a pesar de estar en funciones. Y ha ido escogiendo a personas de su confianza.

La penetración de esta mayoría es tal, que el Supremo ha cambiado de composición por jueces afines a Lesmes, de tal manera que se condiciona al alto tribunal para los próximos 20 años.

Asociaciones de juristas progresistas sostienen que el CGPJ no tiene legitimidad para efectuar estos nombramientos, mientras que la mayoría de las asociaciones de jueces considera lo contrario: si el Poder Legislativo ha sido incapaz de proceder a la renovación, el Judicial debe continuar adelante.

Este lunes, el Foro Judicial Independiente presentó un recurso contencioso ante el Supremo porque Lesmes paralizó el pasado julio estos mismos nombramientos ante la inminencia de un acuerdo entre PSOE y PP.

Ariete del Gobierno

Campo ha revelado que había pactado la renovación del CGPJ con el PP "en un 99%" y que sólo quedaba exteriorizarlo. Y responsabiliza a Pablo Casado de la ruptura.

La estrategia de Pablo Casado se centra en utilizar la Justicia como ariete del Gobierno, según fuentes populares. Una línea dura que considera que la mayoría de vocales afines al PP que existe actualmente no se repetirá y que debe mantenerse para hacer frente al desafío independentista.

Los síntomas del deterioro de la relación dentro del CGPJ y entre Lesmes y el Gobierno son crecientes. "Es un deterioro institucional, interno y extraorgánico. Es insostenible", explica una fuente del órgano encargado de velar por la independencia judicial, así como de seleccionar a los jueces, formarlos y sancionarlos.



Si Lesmes hace lo que no debe, nombrar jueces por estar en funciones , el Ministro e Justicia debe hacer lo que debe, NO REFRENDARLOS.

Veremos.....
 
Registrado
2 Mar 2016
Mensajes
9.219
Calificaciones
37.034
Pedro Sanchez ha eliminado la justicia en España.
y además presume de ello: ¿de quien depende la fiscalía general del estado?... de mi, el Estado soy yo... dijo hace poco.
Dolores Delgado y Luis Navajas son marionetas a disposición de los caprichos del presidente-caudillo.
 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
La división en el bloque progresista permitirá al Poder Judicial en funciones aprobar nombramientos en el Supremo

Carlos Lesmes preside una reunión del CGPJ en una imagen de archivo Ricardo Rubio / Europa Press
Elena Herrera
29 de septiembre de 2020 23:50h
11
@herrera_elena
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene su mandato caducado desde hace casi dos años, afronta este miércoles el nombramiento de seis puestos clave en el Tribunal Supremo. Tres de ellos en la Sala de lo Penal, la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción. Estos tres nombramientos están pendientes desde finales de 2019 por jubilación y, en la práctica, son vitalicios. Salvo que decidan irse, los jueces del Supremo que se nombren este miércoles seguirán hasta la edad máxima de retiro, fijada a los 72 años.




https://www.eldiario.es/politica/bunker-judicial-gobierno-jueces-pp-cgpj_1_6248834.html
El órgano de gobierno de los jueces tiene previsto adjudicar también la presidencia de otras tres salas del Alto Tribunal. Entre ellas, la de lo Contencioso, muy relevante porque es donde se ven los pleitos contra la Administración y a la que pueden llegar las hipotéticas iniciativas legales contra decisiones tomadas por el Gobierno. En este caso, el nombramiento es por cinco años. Las otras dos presidencias de Sala que está previsto renovar son la Cuarta, de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la Quinta, de lo Militar. Asimismo, el orden de día del Pleno incluye la renovación de las presidencias del TSJ de Canarias, de la Audiencia Provincial de Ourense y dos presidencias de Sala en los TSJ de Asturias y Andalucía.

El llamado bloque progresista —formado por los siete vocales elegidos a propuesta del PSOE y la vocal a propuesta de IU— llega a esta votación totalmente dividido. Dos de sus miembros se plantean votar en blanco al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no debería hacer nombramientos en esta situación de interinidad, y más, después de que varias fuerzas parlamentarias, representantes de una amplia mayoría absoluta del Congreso, hayan exigido su renovación en un reciente comunicado conjunto.

Los otros seis vocales que llegaron al CGPJ de la mano de los socialistas sí se muestran favorables, en principio, a pactar la renovación de estos puestos clave con la mayoría conservadora, formada por 11 vocales más el presidente, Carlos Lesmes, que en su día fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Los vocales elegidos por el PP no cuentan con la mayoría suficiente para abordar en solitario estos nombramientos, que requieren una mayoría cualificada de tres quintos. Esto es, al menos 13 vocales.

La parte del bloque elegido por el PSOE proclive a pactar estos puestos sostiene que el acuerdo es un "mal menor" y que, al menos, supondrá incluir algún magistrado de sensibilidad progresista en estos puestos clave. Actualmente, en la Sala de lo Penal hay una mayoría abrumadora de jueces conservadores: un total de 11 frente a dos progresistas después de que los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ hayan servido a la derecha para decidir la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo.

Las fuentes consultadas aseguran que en la decisión de los vocales progresistas dispuestos a pactar con la mayoría conservadora también ha pesado su disgusto con unas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aseguró que el actual CGPJ "está en descomposición" y que debería medir sus actos porque estos "tienen incidencia". De hecho, recuerdan que Campo, como vocal de este órgano, hizo decenas de nombramientos con el Consejo en funciones durante otro de los bloqueos del PP, el que tuvo lugar entre 2006 y 2008. Eso sí, sostienen que una de sus líneas rojas es colocar en la Sala de lo Penal a Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que fue apartada del caso Gürtel por su proximidad al PP.

A finales del pasado julio, y ante la existencia de negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovación del CGPJ, la mayoría del Pleno votó a favor de sacar del orden del día la votación de estos nombramientos, pero Lesmes advirtió de que en el caso de que la negociación para la renovación fracasase se retomarían esas votaciones en el siguiente pleno. Esa reunión es la prevista para este miércoles.

De hecho, dejó claro a inicios de mes, en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, que los nombramientos en la cúpula judicial debían seguir desarrollándose "con normalidad". "Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental", aseguró. Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE "inmediatamente de producidas" y que el Consejo tiene que resolver "en el plazo máximo de seis meses". Además, explican que la existencia de tres vacantes en la Sala Segunda supone que el 20% de su planta esté sin cubrir, lo que puede afectar a su funcionamiento si la situación se alarga en el tiempo.

La decisión de Lesmes de seguir adelante con estos nombramientos llega en un momento de máxima tensión con el Gobierno a raíz de la decisión del Ejecutivo de que el rey Felipe VI no asistiera al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebró el pasado viernes en Barcelona. Según contó elDiario.es, la Moncloa —que alimentó durante días las elucubraciones al no ofrecer explicaciones claras— intentó blindar a Felipe VI ante la posibilidad anunciada por Lesmes de que se conociera ese día la sentencia del Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra. Finalmente, el fallo del Supremo se hizo público este lunes.

Un Consejo que nada tiene que ver con la actual composición de las Cortes Generales encargadas de designar a sus vocales –desde que se eligió se han celebrado cuatro elecciones generales– ha acordado hasta el momento la renovación de 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. Doce de ellos en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 14 en los tribunales superiores autonómicos y 15 en audiencias provinciales. De hacerse efectivos los nombramientos previstos, la cifra se elevará este miércoles a 53

.https://www.eldiario.es/politica/division-bloque-progresista-permitira-judicial-funciones-aprobar-nombramientos-supremo_1_6255845.html :D


El Ministro de Justicia debería parar ésto porque no se puede en funciones realizar nombramientos.

¿Tendrá webs para hacerlo? Lo dudo. Legalmente puede hacerlo .

De todas formas me hace gracia lo de jueces progresistas porque la semántica en éste país para definir la ideología está muy dispersa...

Partido Socialista Obrero Español cuando de socialista no tiene nada y de obrero menos.

Partido constitucionalista como el PP cuando se pasa la CE por el arco de triunfo cuando le interesa.

Así que lo de jueces progresistas en algunos casos serán mirando a la derecha.
 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
Pedro Sanchez ha eliminado la justicia en España.
y además presume de ello: ¿de quien depende la fiscalía general del estado?... de mi, el Estado soy yo... dijo hace poco.
Dolores Delgado y Luis Navajas son marionetas a disposición de los caprichos del presidente-caudillo.

¡Que país tan democrático y serio somos! ¡Hasta Europa se fija en nosotros!




Bruselas advierte a España del retraso en la renovación del Poder Judicial


La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Ursula von der Leyen. EFE/EPA/ANTONIO COTRIM
Europa Press
29 de septiembre de 2020 22:24h
7

La Comisión Europea presenta este miércoles su primer informe sobre el Estado de Derecho en los 27. Un informe que, en el caso de España, menciona como problemas las demoras que sufren los procesos judiciales y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, se hace eco de las críticas sobre la independencia del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta que al Fiscal General lo nombra el Ejecutivo y que no hay obligación de que las comunicaciones entre ambos sean públicas.





Unidas Podemos quiere llevar al Constitucional los nombramientos del CGPJ en funciones


De acuerdo con un borrador del informe, el Ejecutivo comunitario no hace ninguna calificación general del Estado de Derecho en España, sino que se limita a plantear observaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial, la legislación y las prácticas anticorrupción y el pluralismo mediático, en muchos casos recogidas de informes previos del Consejo de Europa, que es una institución ajena a la UE.

Tampoco emite ninguna evaluación sobre la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia de Covid-19 --un asunto sobre el que el PP envió un dosier a Bruselas-- y se limita a constatar que el Congreso de los Diputados autorizó seis prórrogas y que el Tribunal Constitucional puede controlar si el Ejecutivo se excede en su definición de emergencia y en las medidas adoptadas.

Estos informes son una idea que Didier Reynders, ahora comisario de Justicia europeo, comenzó a lanzar en 2016 cuando el Gobierno polaco empezó a hacer reformas controvertidas, así como el húngaro.

En el caso de España, se trata de un informe de 11 páginas, basado en documentación de más de un centenar y basado en visitas virtuales a 15 instituciones españolas, desde Ministerios hasta el Defensor del Pueblo, según fuentes conocedoras de su proceso de elaboración.
Sobre este documento ha informado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, al Consejo de Ministros de este martes, según consta en la referencia publicada de la reunión.

El informe constata que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra pendiente de renovación y que su presidente, Carlos Lesmes, ha alertado de que esta "anomalía institucional" puede desacreditar al órgano. En este punto, el informe de la Comisión se remite al Consejo de Europa, que ha dejado claro que estos hechos confirman la importancia de asegurar que el Consejo no se perciba como vulnerable a la politización.

En segundo lugar, señala que la relación entre el Fiscal General y el Gobierno es "objeto de debate", porque es el Ejecutivo el que nombra al Fiscal y, aunque no puede cesarlo, su mandato termina con el del Ejecutivo y eso "puede afectar la percepción de independencia".
En este punto, vuelve a citar al Consejo de Europa porque éste ha destacando que, para que haya confianza pública, es importante que la Fiscalía no solo sea imparcial, objetiva y libre de injerencias, "sino que además lo parezca". También recuerda que esa institución ha reconocido que el asunto se ha considerado debidamente pero que ha pedido a las autoridades mejoras sustantivas para aumentar la autonomía del Ministerio Público, sobre todo en lo relativo a sus comunicaciones con el Gobierno.

Señala, en concreto, que la ley no requiere que las comunicaciones del Gobierno con la Fiscalía sean públicas, ni que estén por escrito. Así, afirma que "parece" que existe la práctica de "publicar algunas de estas comunicaciones como notas de prensa en la web del Ministerio de Justicia", aunque añade que los actores del ámbito judicial subrayan la importancia de este publicidad para evitar cualquier impresión de interferencia política.

El texto incide en que los procesos judiciales son cada vez más largos, más de 600 días en el caso del Tribunal Supremo. Recoge también las preocupaciones por el impacto del estado de alarma en las demoras y los atrasos pero añade que se han tomado medidas.

Por otro lado, echa en falta un marco global a los denunciantes de corrupción --aunque señala que el Gobierno empezó a trabajar en una en junio-- y sobre los 'lobbies' o grupos de interés, algo que también ha llamado la atención del Consejo de Europa.

Constata, además, que en los últimos años España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción y señala que, aunque España no tiene una estrategia global contra esta lacra, la Estrategia nacional contra el crimen organizado y la delincuencia grave de febrero de 2019 tiene como objetivo mejorar la capacidad de investigación.

Con todo, recoge que, según el Eurobarómetro, el 94% de los españoles considera que la corrupción está extendida, frente al 71% de la media europea.

En materia de transparencia, apunta que no hay normas homogéneas para los distintos niveles de la Administración en materia de conflictos de interés, incompatibilidades y publicidad de bienes y activos y que, según un informe del GRECO (Consejo de Europa) el Consejo de Transparencia tiene problemas de recursos financieros y humanos. No hay, tampoco, un código de conducta único para todos los electos, aunque el Congreso de los Diputados se dotó de uno en febrero de 2019.

Por otra parte, señala que la Constitución consagra la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información. También constata que la Ley de Seguridad Ciudadana ha motivado "preocupaciones" en este ámbito.

El informe también considera que el proceso legislativo incluye garantías de transparencia y que el Defensor del Pueblo tiene un mandato "extenso" que puede ejercer en defensa de los derechos de los ciudadanos.


 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
Unidas Podemos quiere llevar al Constitucional los nombramientos del CGPJ en funciones

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, antes del acto de apertura del año judicial 2020/2021, en Madrid Europa Pres

Aitor Riveiro
29 de septiembre de 2020 17:54h
23
@ikaitor
La pelea por los nombramientos del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato constitucional se cumplió en diciembre de 2018, podría llegar al Tribunal Constitucional. El grupo de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común sondea al resto de fuerzas parlamentarias para que el Pleno del Congreso plantee "un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado" contra el CGPJ si su presidente, Carlos Lesmes, mantiene su intención de renovar una parte de la cúpula judicial este mismo miércoles. La ley marca que la discrepancia, de mantenerse, deberá ser dirimida por el alto tribunal.




El PP cambia de postura y vota con Ciudadanos y Vox por un nuevo sistema de elección del Poder Judicial cuya renovación bloquea desde 2018

El escrito que ha preparado Unidas Podemos, y al que ha tenido acceso elDiario.es, sostiene que desde que caducara el mandato del actual CGPJ en diciembre de 2018, este se encuentra "en funciones", lo que le impediría hacer nombramientos de cargos judiciales. Los previstos para este miércoles son especialmente delicados, según el grupo confederal, ya que se trataría de designar a seis magistrados del Tribunal Supremo, cuyo mandato es irrevocable hasta su jubilación. Tres de ellos para la Sala Segunda, que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción.

Los nombramientos se sumarían a los muchos que el CGPJ que preside Lesmes ha hecho pese a estar en funciones. El bloqueo parlamentario a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que se debe básicamente a que el PP se ha negado a negociarla, no sería motivo suficiente, entienden en Unidas Podemos, para que Lesmes mantenga su plan. De hecho, el escrito recuerda que, al menos en dos ocasiones, el órgano haya reconocido públicamente la precaria situación en la que se encuentra para hacer ciertos nombramientos. Primero, en julio de 2020 cuando "decidió, por razones de prudencia, retirar del orden del día la deliberación y el fallo de dichos nombramientos discrecionales ante la confirmación, en aquel momento, de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció el 4 de diciembre de 2018". Y antes, en enero de este mismo año, cuando "anunció que a partir del 16 de enero de 2020 el Consejo no llevaría a cabo más nombramientos de altos cargos judiciales hasta que fuesen elegidos sus nuevos componentes".

El conato de negociación de este mismo verano no fructificó. Lo mismo que el de noviembre de 2018, cuando se filtró un mensaje del por entonces portavoz del PP del senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de colocar a un presidente del Supremo que controlaría "desde atrás" la sala que tenía que juzgar, entre otros casos, el del procés.

La idea de Unidas Podemos es reeditar en el Pleno la amplia mayoría que este mismo domingo respaldaba un comunicado conjunto de varios grupos en el que se conminaba al resto de fuerzas parlamentarias a poner en marcha la renovación del CGPJ. Lograr el apoyo de, al menos, esos 187 diputados es el objetivo de una negociación que lidera el presidente del grupo, Jaume Asens, y que fuentes del grupo confederal señalan que está todavía en marcha. Básicamente, se trataría de reeditar la mayoría de la investidura, con la base de los diputados del PSOE y de UP, y con el añadido de Junts per Catalunya. EH Bildu, de momento, está fuera de este movimiento.

La legislación establece un procedimiento para resolver los conflictos entre determinados órganos del Estado. Cuando uno de estos órganos considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, puede poner en marcha el sistema. El Pleno del órgano puede plantear el conflicto al otro y, en caso de que no se resuelva el conflicto, es el Tribunal Constitucional el encargado de hacerlo. Así lo establecen los artículos 73 a 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Hasta ahora no han sido muchas las ocasiones en las que se ha activado este mecanismo. La última fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy y enfrentó al propio Ejecutivo con el Congreso, que se quejó de sus vetos discrecionales a las iniciativas parlamentarias de la oposición. El alto tribunal tardó casi dos años en dar la razón al Congreso.

 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227

Un vocal del Poder Judicial ve una “injerencia política intolerable” en el “bloqueo” a la renovación y rechaza los nombramientos

  • Álvaro Cuesta, elegido a propuesta del PSOE, es uno de los dos vocales que no ha respaldado la renovación de seis plazas en el Supremo acordada este miércoles

Carlos Lesmes preside un Pleno del CGPJ. Ricardo Rubio / Europa Press
Elena Herrera
30 de septiembre de 2020 17:19h
5
@herrera_elena
Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE, ha firmado un voto particular en el que denuncia la decisión de la mayoría de vocales del órgano de gobierno de los jueces de seguir haciendo nombramientos de puestos clave en la cúpula judicial pese a estar en funciones desde hace casi dos años. Entre ellos, los seis efectuados este miércoles en el Tribunal Supremo y que han contado con el aval de la mayoría conservadora y de parte del bloque progresista. Cuesta y Concepción Sáez, vocal a propuesta de IU, son los dos únicos dos vocales que no han secundado estas designaciones.



El Poder Judicial en funciones nombra para el Supremo al único juez de la Gürtel que pidió la absolución del PP

Cuesta propuso al inicio de la sesión sacar del orden del día los nombramientos dada la situación de interinidad del Consejo pero su propuesta no fue secundada. En el voto particular contra esta decisión, al que ha tenido acceso elDiario.es, argumenta que existe un “bloqueo inconstitucional intencionado” en el CGPJ que, a su juicio, supone una “injerencia política intolerable que se debería denunciar”.
Se trata, siempre según sus palabras, de un bloqueo "a propósito" que tiene como objetivo "conseguir un resultado" en el "funcionamiento" del órgano que, entre otras tareas, tiene encomendado nombrar a los altos cargos de la judicatura. El vocal recuerda que el equilibrio de fuerzas entre los vocales que forman a día de hoy el Consejo nada tiene que ver con la composición actual de las Cortes Generales encargadas de designarlos.

Desde que se eligió en noviembre de 2013 se han celebrado cuatro elecciones generales. Entonces el PP gobernaba con mayoría absoluta. La actual composición es la siguiente: 11 vocales a propuesta del PP, siete a propuesta del PSOE, uno a propuesta del PNV y otra a propuesta de IU. El presidente, Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de Aznar, también es conservador.

Para respaldar su posición, Cuesta pone el acento en dos hechos que considera relevantes. Por un lado, el informe en el que la Comisión Europea pide la renovación del CGPJ. Y, por otro, el comunicado conjunto en el que PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas parlamentarias que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, además de JxCat, acusan implícitamente al PP de incurrir en una “grave irresponsabilidad” por el bloqueo y piden también su renovación. Los grupos que suscriben esa petición suman 187 escaños en el Congreso —por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176—, si bien para la renovación del Poder Judicial hace falta una mayoría de tres quintos (210 parlamentarios).

“El incumplimiento de esta obligación de renovar los órganos constitucionales en plazo afecta a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos”, sostiene Cuesta, que asegura también que esta situación “supone un grave desprestigio institucional y un intento de colocar al CGPJ como chivo expiatorio de manejos y disputas”.

Cuesta, que es abogado de profesión, fue presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados entre 2004 y 2011 y diputado del PSOE por Asturias entre 1982 y 2011. Estaba fuera de la política activa cuando, en 2013, fue elegido vocal del CGPJ a propuesta de los socialistas. Actualmente forma parte de la Comisión Permanente, el principal núcleo de poder del Consejo porque es donde se toman las principales decisiones. Tiene, por tanto, dedicación exclusiva.

Voto particular del vocal Álvaro Cuesta

VOTO PARTICULAR DEL VOCAL ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ AL ACUERDO DEL PLENO DEL CGPJ, del día 30 de septiembre del 2020 POR EL QUE SE RECHAZA LA PROPUESTA DE RETIRAR Y SUPRIMIR DEL ORDEN DEL DÍA LOS PUNTOS RELATIVOS A NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES. ( PUNTOS I.4º A I.13º).

Con el máximo respeto a las demás posiciones mantenidas en la reunión del Pleno de este Consejo el Vocal que suscribe, al amparo de lo dispuesto en el art. 631.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial formula voto particular al acuerdo por el que se rechazó mi propuesta de supresión, del orden del día, de los nombramientos discrecionales contenidos en los puntos I.4º a I.13º.

En Enero, Junio y Julio del presente año, hemos aplazado los nombramientos discrecionales, en aras a propiciar los posibles Acuerdos de Renovación del CGPJ… Lo hicimos “POR PRUDENCIA Institucional”.

No desconozco el tenor del artículo 570.2 de la LOPJ; “si ninguna de las dos Cámaras hubiesen efectuado en el plazo previsto legalmente la designación de los Vocales que les correspondan, el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elección de nuevo Presidente del CGPJ.”

Es cierto que se ha planteado un debate de interpretación sobre el alcance de la expresión: “EL CONSEJO SALIENTE CONTINUARÁ EN FUNCIONES”.

La LOPJ poco aclara. “No distingue”. Se dice que “en funciones”, es tanto como decir “las FUNCIONES PROPIAS DEL CGPJ.”

En esta cuestión se han planteado posturas diferenciadas: legítimas y jurídicamente verosímiles y sólidas.

El voto particular del 28/07/2020 de las Vocales Llombart, Díaz y Carmona, tildaba de injerencia política la retirada de los nombramientos discrecionales, en aquel Pleno.

Yo no lo creí ni lo creo así, sobre todo cuando se trata de un CGPJ caducado, cuya renovación se BLOQUEA DE PROPÓSITO para CONSEGUIR UN RESULTADO en su funcionamiento. Ese boicot a la renovación constitucional del CGPJ sí es una INJERENCIA POLÍTICA INTOLERABLE QUE SE DEBERÍA DENUNCIAR.

Es cierto que en el 2018, producida la ruptura en noviembre de los Acuerdos de Renovación del CGPJ, después de aquel “célebre” Whatsapp del Portavoz del PP en el Senado, de que “controlaremos el TS por la puerta de atrás”, continuó una tramitación parlamentaria iniciada de Reforma de la LOPJ, que no hizo previsión ni tuvo en cuenta los escenarios de ruptura, bloqueo y transcurso por agotamiento del mandato del CGPJ. “¿Qué era un CGPJ en funciones? No se valoró. Las funciones de un Consejo en funciones no fueron tasadas en la Reforma, cuando ya se vivía por el legislador un momento de ruptura y bloqueo, y de mandato caducado.

Es cierto también que existe el precedente de un CGPJ en un superlativo grado de “descomposición”, como fue el elegido en 2001 y que no se renovó, también por bloqueo del Grupo Popular, hasta el año 2008. Además nadie cuestionó la capacidad de nombramiento y los nombramientos efectuados hasta última hora, de aquel CGPJ, prorrogado durante 2007 y 2008 y en un grado de gran descomposición y beligerancia política.

Aquello supuso un gran escándalo institucional a juicio de la mayoría del Parlamento y de su Comisión de Justicia que tuve el honor de presidir, máxime ante la actitud políticamente imprudente e invasiva del que fuera Presidente del Consejo General del Poder Judicial. La Cámara y su Presidente tuvo que reprobar en comunicado público algunas conductas y negativas del entonces Presidente del CGPJ a comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso.

En estos siete años, he procurado con todos los miembros de este órgano, contribuir al prestigio del CGPJ y a la defensa de la independencia judicial. He procurado servir al interés general, de forma imparcial, con independencia de mi ideología, profesión o trayectoria política del pasado. Yo siempre he apelado a la elección de 2013 y al 94 % de apoyo de aquel Parlamento a este Consejo, del que siempre nos hemos sentido agradecidos y orgullosos.

Pero ahora las circunstancias han cambiado, no podemos desconocer la estupefacción de la ciudadanía, el descrédito en que algunos pretenden convertir una digna Institución Constitucional fruto de la elección Parlamentaria, y coherente con el principio de que “la Justicia emana del pueblo”, un órgano constitucional con mandato tasado de cinco años, que es órgano de Gobierno del Poder Judicial, pero en ningún caso Poder Judicial, y que “desde Julio y Agosto de este año y sobre todo desde la pasada semana y desde que ayer la Comisión Europea se expresase en favor de la renovación del CGPJ, está en una situación caracterizada por UN BLOQUEO INCONSTITUCIONAL intencionado.

Además, UNA MAYORÍA DE LOS DIPUTADOS, en número de 185, HOY y AHORA PIDEN con toda razón LA RENOVACIÓN DEL CGPJ.

Varios Grupos Parlamentarios han planteado la exigencia de la renovación del CGPJ y otros Órganos del Estado (órganos constitucionales) y actualmente bloqueados por el Partido mayoritario de la oposición.

Se denuncia, no sin razón, que del bloqueo se pretende sacar “ventaja” en la acción y Acuerdos de estas Altas Instituciones que están integradas por una composición correspondiente a otro momento, a la X legislatura del 2011, y a los años 2012 y 2013.
Se constata indubitadamente que estas instituciones, y en especial el CGPJ, han agotado el plazo del ejercicio establecido en nuestro ordenamiento constitucional y jurídico.

El incumplimiento de esta obligación de renovar los Órganos constitucionales en plazo afecta a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos. Esta situación supone un grave desprestigio institucional, y un intento de colocar al CGPJ como chivo expiatorio de manejos y disputas.

En fin, considero que hemos de procurar contribuir al prestigio del CGPJ. Ahora, a la vista de la petición de 185 Diputados del actual Congreso, entiendo que con mi propuesta de retirar las votaciones y nombramientos discrecionales del Orden del Día, contribuyo y contribuiríamos también, con todo respeto, al PRESTIGIO INSTITUCIONAL y a la CREDIBILIDAD de un CGPJ, como nunca modélico en su gestión, y que nunca ha pretendido controlar al Tribunal Supremo ni a la justicia “por la puerta de atrás”.
30 de septiembre de 2020



Que no sea refrendado por el Ministro de Justicia.
 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
47.500
Calificaciones
76.350
Ubicación
227
siguendo la actuacion de Casado PP de no reconocer la ilegalidad del nombramiento de los jueces por parte del CGPJ, el gobieno podria no firmar los nombramientos de stos jueces nombrados por un Sr. que su cargo esta caducado desde hace mas de 2 anyos ? que legalidad tienen estos nombramientos?

Exacto. La ley no obliga al ministro de justicia a acatar esos nombramientos. Si lo hace el PXXE será cómplice y perderá mas credibilidad de la que ha perdido por otros motivos en lo que llevamos de legislatura.
 

Mirando este Tema (Miembros: 0, Invitados: 1)