LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES? (2 Visitantes)

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
Una vocal del CGPJ emite un voto en el que denuncia maniobras del bloque conservador para desacreditar a Delgado

Concepción Sáez subraya que la propuesta sometida a votación fue "incompleta" por la "llamativa omisión" de la referencia a la idoneidad de la exministra

La vocal a propuesta de IU sostiene que el Consejo, por su situación de interinidad, no está en condiciones de pedir "mesura" y "tiento" a miembros del Gobierno

Elena Herrera
17/01/2020 - 12:12h
Carlos Lesmes asegura que las decisiones unilaterales no encajan en la Constitución

Carlos Lesmes asegura que "las decisiones unilaterales no encajan en la Constitución" EFE

Concepción Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de Izquierda Unida, ha firmado un voto concurrente en el que denuncia actuaciones del bloque conservador –esto es, de los representantes elegidos por el PP– para poner en duda la capacidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El órgano de gobierno de los jueces, que este jueves avaló dividido el nombramiento de la exministra, está en funciones desde diciembre de 2018.

Sáez explica en el texto al que ha tenido acceso eldiario.es que comparte la decisión de la cúpula del Poder Judicial de avalar el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado acordada por 12 votos a favor y 7 en contra. Pero afirma que la propuesta sometida a votación por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, es "incompleta" por la "llamativa omisión" de la referencia a la idoneidad de la persona propuesta que sí se había incluido en los informes de este mismo Consejo sobre los nombramientos de los últimos cuatro máximos responsables del Ministerio Público.




Destaca, además, que los vocales conservadores, que en anteriores nombramientos de fiscal general del Estado habían sostenido la naturaleza "meramente ritual y formalista" del informe del CGPJ –es decir ciñéndose únicamente a los requistos de ser un jurista español de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo– tuvieron este jueves un posicionamiento "opuesto" haciendo un voto particular en el que la rechazan por parcial abordando un requisito "no contemplado" en el Estatuto sobre los fiscales generales.

La vocal subraya también que tras la explicación dada por Lesmes sobre una propuesta de la que se había eliminado la mención a la idoneidad buscando precisamente que fuera "admisible por todas las sensibilidades" todo parecía abocado a su aceptación general. Sin embargo, los vocales propuestos por el PP votaron en contra y presentaron el citado voto particular "con extraordinaria rapidez, apenas 45 minutos después de finalizado el pleno".

La vocal sostiene además que el Consejo, por la situación de interinidad en el que está inmerso desde diciembre de 2018, no está en condiciones de pedir "mesura" y "tiento" a miembros del Gobierno recién formado. Este miércoles, el órgano de gobierno de los jueces reclamó al vicepresidente Pablo Iglesias que evite "la utilización política" de la Justicia tras sus palabras sobre el procés en una entrevista.


 

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
El Poder Judicial que surgió de la mayoría absoluta del PP aviva el incendio contra el nuevo Gobierno

La votación del CGPJ sobre la propuesta de Dolores Delgado para fiscal general del Estado da munición al PP: "Ninguno de los vocales ha avalado su idoneidad"

El PP bloquea la renovación de un órgano que ha ascendido a dos jueces apartados de Gürtel por afinidad con él y ha nombrado 47 magistrados estando en funciones

Pablo Casado acusa a Sánchez de querer "controlar" el Poder Judicial tras seis años de una mayoría conservadora que ha actuado como un rodillo en la Justicia

ANÁLISIS | Qué está pasando en el Consejo General del Poder Judicial, por Ignacio Escolar

Pedro Águeda
30 comentarios

17/01/2020 - 21:33h
El PP veta que Lesmes explique al Congreso las injerencias del Gobierno denunciadas por los jueces, como pedía el PSOE

El exministro de Justicia Rafael Catalá con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes

La polémica suscitada por la elección de Dolores Delgado, exministra de Justicia del anterior Ejecutivo, como nueva fiscal general del Estado se ha extendido y recrudecido al pasar por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces debía pronunciarse sobre si Delgado reúne los requisitos para ocupar el cargo. Y como no había ocurrido con ninguno de los cuatro anteriores fiscales generales, el aval obtenido por la fiscal ha ocupado portadas y ha copado el discurso del Partido Popular. El motivo: siete de los 19 vocales que participaron en la votación expresaron su rechazo a que Dolores Delgado sea la próxima fiscal general.

Esos siete vocales son parte de los 12 que propuso el Partido Popular y que luego votaron a Lesmes, en consenso con los progresistas, para presidir el órgano de gobierno de los jueces desde 2014. En bloque conservador ha conseguido aprobar multitud de nombramientos, si bien otras cuestiones como los informes sobre las leyes orgánicas de Rajoy, caso de la de Seguridad Ciudadana, obtuvieron amplios consensos en su seno. El pasado jueves, esos vocales del bloque conservador no votaron unidos, pero la revuelta que protagonizaron los siete, expresando su opinión sobre un extremo del perfil de Delgado por el que no se les había preguntado, ha permitido al PP y al resto de la oposición alargar la polémica sobre la elección de una diputada del PSOE y miembro del anterior Gabinete Sánchez para dirigir el Ministerio Público.




En un consejo caracterizado por la transversalidad, el voto siempre ha funcionado para nombramientos.

Algo había fallado en los análisis que pronosticaban que, una vez Podemos y el vicepresidente Pablo Iglesias habían acaparado el protagonismo de los últimos días con las filtraciones de la identidad de sus ministros, Moncloa contraatacaría con un anuncio sorprendente. Todas las miradas se dirigían al Ministerio de Justicia, de tal forma que Dolores Delgado no conseguiría así su propósito de repetir en el cargo y sería sustituida por un nombre de impacto. Pero el sábado pasado esa previsión comenzó a derrumbarse. Juan Carlos Campo, juez sin proyección pública, diputado por Cádiz y habitual de las quinielas menos elaboradas para nombramientos anteriores, era la persona elegida para ocupar la cartera de Justicia. La sorpresa llegó cuando el lunes siguiente, antes de que Campo tomara posesión, Moncloa anunciaba que el presidente del Gobierno propondría a Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Sánchez optaba por una fórmula inédita: de ministra de justicia y diputada del PSOE a fiscal general. La oposición de la derecha, habituada a nombrar fiscales generales de su cuerda pero sin adscripción al partido, volvía a expresar su indignación con el nuevo Gobierno de coalición. La propuesta ya había sido contestada por las asociaciones profesionales, exceptuando la UPF de la que Delgado es integrante, que pusieron el grito en el cielo sobre la ausencia de apariencia de imparcialidad en la exministra. A Sánchez le quedaban Pablo Iglesias, que respaldó sin fisuras la elección, y los suyos, que en su totalidad defendían en público un nombramiento que suscitaba reticencias entre determinados cargos socialistas si se les preguntaba en privado.

Inmediatamente después, el centro de atención se trasladaba al Consejo General del Poder Judicial, obligado por ley a dictar un informe preceptivo, pero no vinculante sobre el nombramiento de Dolores Delgado. En el sector conservador empezaban a sonar tambores de guerra. Durante el mandato del presente Consejo solo una vocal, Concepción Sáez, propuesta por IU, había emitido un voto particular contra un candidato a fiscal general. Lo hizo en dos ocasiones, con el ya fallecido José Manuel Maza y con su sucesor, Julián Sánchez Melgar.

Distintas informaciones en los medios de la derecha ya adelantaban el viernes a primera hora que el sector conservador no iba a tolerar la elección de una exministra socialista para la Fiscalía General del Estado. Ni el hecho de que Delgado cumpliera los requisitos legales para el cargo, ni la interinidad que les afecta desde hace 14 meses, los mismos que llevan en funciones por la falta de acuerdo político para su renovación, parecían detenerles. La mayoría holgada con la que cuentan, reflejo de la mayoría parlamentaria del primer gobierno de Rajoy, les hacía sentirse confiados en que esta penúltima batalla la iban también a ganar.

La tarde anterior habían recibido un texto del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, con una redacción distinta a la que había sido sometida a votación en los cuatro casos precedentes. En ese texto desaparecía el término "idoneidad", de tal forma que los vocales debían limitarse a constatar que Dolores Delgado cumplía con los requisitos legales, esto es, quince años de carrera profesional, una acreditada trayectoria profesional y tener nacionalidad española. A la postre se demostró que eso tampoco les iba a detener, al menos a siete de ellos.

Desde el entorno de Lesmes explicaban que el presidente del Consejo siempre había defendido el informe sobre los candidatos como una valoración técnica y no política de los mismos. Esa es la explicación oficial de que maniobrase para retirar un término, "idoneidad", que considera que nada aporta al aval que debe conceder o no el CGPJ y que, en en el caso de Dolores Delgado, prometía convertirse en un asidero para que aquellos vocales a los que escandalizaba su nombramiento, pese a que cumplía sobradamente los requisitos legales, votaran en contra.

Frente a la intención confesa de Lesmes de sacar adelante la votación en base al criterio sobre la legalidad del nombramiento, como en las anteriores elecciones de fiscal general, la sospecha de algunos vocales progresistas es que todo fue una maniobra del presidente para provocar votos negativos y polémica. El Partido Popular vino este viernes a alimentar esa sospecha cuando su secretario general afirmó que "ninguno de los miembros del CGPJ ha avalado la idoneidad de Delgado para ser fiscal general del Estado". La afirmación del PP se sustenta en que al suprimir Lesmes el término "idoneidad", nadie se pudo pronunciar sobre él.

Llegó el momento de la votación y la disensión en el sector conservador se consumó. La primera en pronunciarse, Maru Carmona, por ser la de menor edad –la reforma de Gallardón cambió el voto secreto por el voto a mano alzada– , lo hizo a favor del nombramiento de Dolores Delgado pese a ser una vocal propuesta por el PP. Unos cuantos pronunciamientos después llegó el turno de Rafael Fernández, también del sector conservador y que se pronunció igualmente favorable a Delgado. El propio Lesmes fue el tercer miembro de ese sector que consideró que la exministra reunía los requisitos legales para ser fiscal general del Estado. Resultado final de la votación: 12 votos a 7. Primer titular para regocijo de Génova: Dolores Delgado será la fiscal general con menos aval del CGPJ.

Los siete vocales conservadores que votaron en contra reaccionaron a su derrota con un voto particular de cinco folios que citaba jurisprudencia y que o se redactó aproximadamente en una hora o estaba ya escrito antes de la votación. El voto particular está destinado a exponer los motivos del posicionamiento contrario al de la mayoría. Y como Lesmes se había ocupado de suprimir del texto la "idoneidad", solo cabía rebatir que Delgado, española y con 30 años de carrera, no reunía los méritos profesionales para ser fiscal general, algo imposible de hilar contra la excoordinadora en materia de terrorismo de la Audiencia Nacional. Pero eso no fue óbice para que los siete conservadores centraran su contenido de forma exclusiva en una crítica a la falta de apariencia de imparcialidad de Delgado y a las consecuencias que eso tiene, a su entender, para la imagen de la Fiscalía, amén de los peligros de "injerencias" del poder político que podía suponer para el Ministerio Público.

Álvarez de Toledo: "Quieren someter al Poder Judicial"

El nombre de la próxima fiscal general del Estado había dado un par de días antes un argumento al Partido Popular para anunciar que no hay posibilidad de acuerdo para renovar un CGPJ que controlan los conservadores y cuyo mandato está agotado desde hace un año. Ese CGPJ, que el PP se na negado reiteradamente a renovar, ha ascendido, por ejemplo, a presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a una jueza, Concepción Espejel, después de que sus compañeros de esa misma sala la apartaran de los juicios de Gürtel por su proximidad al Partido Popular. O elevó hasta la cúspide de ese tribunal especial a Enrique López, igualmente apartado de los juicios de Gürtel por la misma razón que Espejel y que acaba de ser nombrado por Casado responsable de Justicia del partido. En los 14 meses que lleva en funciones ha nombrado a 47 jueces.

Pese a todo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dijo el miércoles que su partido no va a colaborar en la renovación del órgano de gobierno de los jueces porque lo único que quiere Sánchez es "controlar y someter al Poder Judicial".

El programa electoral con el que Mariano Rajoy llegó a la Moncloa en 2012 establecía una reforma del CGPJ según la cual 12 vocales pasarían a ser elegidos directamente por los jueces. Quedó en nada. Pese a los cambios introducidos por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, los 20 siguieron siendo elegidos por el Parlamento (12 jueces y 8 juristas con más de 15 años de ejercicio). Antes, el Congreso elegía a 10 vocales y otros tantos el Senado después de un acuerdo global. Pero tras la reforma, cada cámara podía elegir a sus 10 vocales sin que hubiera acuerdo. La mayoría necesaria de tres quintos permitía a los conservadores seleccionar la mitad del Consejo sin necesidad de pactar los nombres con ningún otro grupo. Es esa mayoría, fruto de la victoria de Mariano Rajoy en 2011 la que se mantiene hoy en el órgano de gobierno de los jueces.

 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
Jueces, políticos y excepcionalidad

Se ha activado un comportamiento corporativo en la cúpula de la magistratura destinado a la salvación de la unidad de España

Desde el encarcelamiento de los líderes independentistas puede afirmarse que el protagonismo de la gestión del contencioso recae en los jueces de la Audiencia Nacional

No solo se trata de mayorías conservadoras sino de jueces y juezas con una importante vinculación y compromiso con dirigentes del PP

Gemma Ubasart i Gonzàlez
22/01/2020 - 22:30h
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se dirige a Luis Díez Picazo en el acto de su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se dirige a Luis Díez Picazo en el acto de su toma de posesión como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

ÁNGEL DÍAZ/EFE

En varias de las informaciones contextualizadoras del juicio a José Luis Trapero y la cúpula de los Mossos d'Esquadra se resaltaba la figura de la juez Concepción Espejel caracterizándola como amiga de Dolores de Cospedal (y por eso recusada en el juicio del caso Gürtel). En otro contexto esta información sería más bien propia de la prensa rosa que de la crónica política pero a día de hoy se trata de un dato importante. La relación entre política y justicia ha devenido central en el llamado proceso de judicialización de la política alrededor del procés y por eso se pone el foco en la cuestión. Ahora bien, esta vinculación entre ambas esferas se lleva a cabo a través de dinámicas distintas, que tienen relación, pero que conviene analizar separadamente.

En primer lugar, se ha producido una suerte de activismo judicial. Se ha activado un comportamiento corporativo en la cúpula de la magistratura destinado a la salvación de la unidad de España. Así pues, frente a una supuesta inacción de los líderes políticos hacia el desafío independentista, ellos toman las riendas en el contencioso. La alta magistratura entendía que se debía erigir como partisana en la defensa de un bien superior que afectaba al Estado. Este tipo de prácticas tienen más que ver con dinámicas endógenas de una élite judicial que con presiones externas. El uso del derecho con finalidades políticas, para proteger a un supuesto bien superior, no es la primera vez que se produce.







Podemos remontarnos, por ejemplo, al último periodo de la llamada lucha antiterrorista para encontrar lógicas similares. La construcción de los macrosumarios contra el "entorno" de ETA (sumario 18/98 y más), alargando como un chicle el concepto de terrorismo en manos del juez instructor Baltasar Garzón, normaliza este tipo de prácticas. Personas y colectivos que hasta el momento habían desarrollado actividades políticas y sociales publicas y legales pasan a ser acusados de pertenencia a banda armada.

Según mi opinión, hay mucho de activismo judicial en la primera fase del fenómeno de la judicialización de la crisis catalana. A pesar del papel activo de la Fiscalía General del Estado, mi hipótesis es que en el momento de los "hechos de octubre" hay más interés en escalar la dinámica represiva en jueces que en políticos. Además, no todos los protagonistas que activan la maquinaria judicializadora pueden tildarse de conservadores.

Desde el encarcelamiento de los líderes independentistas (16 de octubre y 2 de noviembre de 2017) hasta el triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy (1 de junio 2017) y, sobre todo, hasta la victoria en las urnas de Pedro Sánchez (28 abril 2018), puede afirmarse que el protagonismo de la gestión del contencioso recae en los jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

En segundo lugar, actúa una relación a modo de correa de transmisión entre políticos y magistrados. Es decir que, bien por convencimiento, bien a cambio de ciertos tratos de favor dentro de la carrera judicial, algunos magistrados actúan en beneficio de "su" partido. En este sentido, el PP, a partir del paso de Gallardón por el Ministerio de Justicia, ha conseguido consolidar mayorías conservadoras en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional y, de manera derivada, en la Junta Electoral Central. No solo se trata de mayorías conservadoras sino de jueces y juezas con una importante vinculación y compromiso con dirigentes del PP. Sin entrar a juzgar su valía profesional, lo cierto es que en la elección de algunos de ellos ha primado más su fidelidad partidista a otro tipo de consideraciones.

La voluntad de politizar, en el sentido de partidificar, la cúpula judicial la encontramos ya en tiempos de José Luís Rodríguez Zapatero. Con el objetivo de desgastar al gobierno socialista, el PP de Mariano Rajoy inicia una campaña contra el Estatut de Catalunya, a la vez que bloquea la renovación del propio Tribunal Constitucional que es quien debe tomar cartas en el asunto. Si hasta el momento el TC, con mayorías progresistas o conservadoras, había gozado de un importante consenso, a partir de aquel momento pasa a ser objeto de sospecha. Se partidifica una institución del Estado. Y de aquellos tiempos, esos lodos. La partidificación ha ido avanzando en toda la cúpula judicial.

Con la llegada a la presidencia de Pedro Sánchez, la guerra judicial contra el Gobierno se activa. La lógica de actuación ya es exógena. El protagonismo de la judicialización de la política (o en su vertiente contraria, la resistencia a desjudicializar) pasa de la élite judicial a la esfera política. Son los dirigentes del PP de Casado los que mueven fichas e intervienen en el poder judicial para que no se distensione el contencioso. Saben que el éxito del Gobierno de Sánchez depende en gran parte de la capacidad de gestionar la crisis catalana que pasa, en un primer momento, por bajar el acelerador en la esfera judicial.

En definitiva, estamos frente a dos fenómenos que dan cuenta del excepcionalismo penal en relación con la crisis catalana. La cultura de la emergencia escala conflictos, a la vez que degrada el Estado de derecho y la propia democracia. Es evidente que el poder judicial español requiere de transformaciones. Quizá de modo inmediato lo más importante sea cosa de nombres: cambiar determinadas piezas en el organigrama. Y a ese objetivo responde, por ejemplo, el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Ahora bien, existen importantes retos de fondo que deben empezarse a plantear.

En primer lugar el proceso de selección y formación de magistrados, que genera sesgos de clase, ideológicos y de origen en los 5.400 jueces españoles, y que mantiene una cultura jurídica muy anquilosada en el pasado. En segundo lugar, el gobierno de los jueces: ¿debemos replantear como se elige el CGPJ y como este hace los nombramientos? No es tarea fácil, no existen soluciones mágicas. Además, aquello que ha pervertido más el sistema no es tanto la política sino el partidismo. Al nuevo gobierno y a su mayoría parlamentaria se les echa trabajo encima.


 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
Hay que quitarle la escopeta al CGPJ

Alguien que sale de un sorteo no le debe favores a nadie, ni puede esperar que se los devuelvan después
Elisa Beni
50 comentarios

01/02/2020 - 20:33h
El Rey preside hoy la apertura del año judicial

EFE
"Cuando se desarrollan las condiciones para el fortalecimiento del judicial, este llega a ser más fuerte y, faltando un sistema eficaz de contrapesos, resulta ser el que deja de estar contrapesado"

Guarneri y Pederzoli. Los jueces y la política

Esta polémica está a punto de estallar para el gran público, pero ya se mueve soterradamente en redes, cenáculos de poder y asociaciones judiciales. La inaplazable renovación de un CGPJ que lleva en funciones más de un año, que responde al modelo más nefasto jamás concebido y que alberga un nivel de "podredumbre interna inaguantable", según sus propios miembros, va a encontrar resistencias políticas del PP y, también, de las asociaciones judiciales. De ambos predigo lo de las resistencias políticas y ya verán el porqué.

Avanzó el PP que se iba a negar a renovar pero parece haber virado un tanto, sobre todo al designar al halcón Enrique López, viejo conocido de mis lectores, para que negocie con el nuevo ministro Juan Carlos Campo. Ambos son viejos zorros, ambos jueces ahora en política, y ambos se tienen tentadas las ropas desde que formaron parte juntos del anterior CGPJ, que se hizo fuerte durante dos años por voluntad política del PP que, en esa ocasión también, se negó a renovar en plazo.

Los populares se emboscan ahora en una negociación global que cambie también otras cosas –no creo que los socialistas caigan en otra emboscada como la del Pacto por la Justicia– y entre ellas, la forma de designación de los vocales judiciales del Consejo (12) para, dicen, acabar con la politización mediante la elección interna por los propios jueces, a través digan lo que digan de sus asociaciones, como "debe ser". No sé si debo recordarles que el PP llevaba este extremo en su programa y cuando tuvo mayoría absoluta no lo cumplió o si no merece la pena recordarlo, dado que a la mayor parte de las asociaciones judiciales no parece preocuparles ni importunarles este jugueteo táctico de la derecha con sus aspiraciones.

Los jueces, mayoritariamente, afirman aspirar a esa fórmula que consideran originariamente constitucional para "acabar con la politización". Sólo el primer CGPJ de la historia fue elegido de esa forma y su resultado fue "un consejo corporativo, reivindicativo y beligerante con los gobiernos", según analiza el magistrado Diego Iñiguez en su documentada obra "El fracaso del autogobierno judicial". Así, afirma: "desde su entrada en funcionamiento en 1980, el CGPJ hizo lo posible para obstaculizar las políticas reformistas de los cada vez más débiles gobiernos de UCD y de los fuertes del PSOE a partir de 1982". ¿Le ven el punto?

Esta circunstancia fue la que llevó a González a alterar la forma de elección de los vocales, para que estos no lo fueran de forma corporativa sino a través de su refrendo parlamentario. La reforma fue considerada constitucional sólo si no "reproducía matemáticamente" el equilibrio de fuerzas del Congreso y, tarea vana, eso es exactamente lo que ha sucedido.


Hubo un momento, a principios de 2018, en el que yo me mostré muy asqueada de esta adscripción política de los miembros del CGPJ; aunque mi opinión ha variado claramente en los dos últimos años debido al claro movimiento de acaparamiento del poder a través de la connivencia entre diferentes estratos de magistrados de las cúpulas. Como dice la cita del encabezado, es ahí donde, fallando el sistema de contrapesos, se queda con el poder el único poder del Estado que no está contrapesado. Ustedes ya saben de qué hablo porque me leen. Me caí del burro, yo no aspiro al caballo de San Pablo, cuando vi la connivencia para la cacicada que se hizo con la hija de Marchena y cuando comprobé cómo el asunto del procés provocaba unas ondas centrífugas de poder que nada tenían que ver con la división en bandos ideológicos, sino con otra cosa.

Creo que ahí y en el resto de mi producción encontrarán la explicación de por qué me da miedo que el PODER,
porque se trata de eso, de obtener el poder, pase de los políticos al turbio mundo de las tramas internas de influencia que se tejen dentro de la carrera judicial.


Los jueces saldrán ahora en tromba a decir que ése es el sistema que GRECO (Grupo Europeo contra la Corrupción) le insta a España a imponer. La verdad es que nadie que lea el último informe GRECO de 2019 verá esa referencia. Verá que el grupo nos ha sacado de los países a mantener vigilados precisamente porque el Gobierno Sánchez, con el apoyo de los mismos grupos que ahora, revirtió la nefanda reforma de Gallardón. El informe dice que la LO 4/2018 –por la que los vocales del nuevo CGPJ que se nombre ahora volverán a tener dedicación completa, volverá el poder al Pleno, habrá mayoría cualificada en la toma de decisiones, habrá mayor transparencia en los nombramientos y se establecerá la paridad y la formación sobre género– le deja mucho más tranquilo aunque "siguen siendo necesarias nuevas mejoras". Para que todo esto, que ha consolado tanto al Consejo de Europa, se ponga en marcha, es imprescindible renovar al difunto CGPJ de Lesmes inmediatamente. Las peticiones de los jueces de volver a la elección corporativista precisarían, además, de una reforma legislativa que enviaría la renovación a muchos meses vista.


En realidad, el debate sobre si el PODER lo deben controlar los partidos políticos, a través del Parlamento o las asociaciones judiciales, no es el debate de fondo que es preciso plantear. Ambas fórmulas son perversas. Aun así ya les digo que, de tener que elegir, me seguiría quedando con la del reparto de la túnica con un cierto entronque con la soberanía popular y no la que se reparte los trozos según las dinámicas de poder internas, las familias, las bandas y las asociaciones judiciales.

No sé a veces cómo los jueces de base no reparan en que muchos de los que dicen representarles no están sino cabalgando su propia carrera a lomos de una jaca, la asociativa, que se ha rebelado también muy útil. El verdadero debate es el de cómo alejar el carácter constitucionalmente político del CGPJ de la politización e instrumentalización de la jurisdicción, es decir, de los tribunales que son lo que importan y no el propio CGPJ, al que ni los jueces le tienen mucha estima y que es una importación desafortunada de la figura italiana de la que no se copiaron muchos de los contrapesos.


¿Por qué tienen tanto interés los partidos en el CGPJ? ¿Por qué tienen tanto interés las asociaciones judiciales por tomar el control de su mayoría? ¿Se lo digo? Por la zanahoria y por el palo, en palabras del mismísimo Lesmes, es decir, porque desde ahí se puede controlar la composición de los tribunales más importantes, el control de algunos asuntos determinados y el castigo o premio de los jueces que participen en ellos. Así las cosas, no creo que mejoren por otorgarle el control de tan poderosa arma a unos o a otros.


La propuesta, que no sólo yo defiendo, es la de la conveniencia de arrebatarle la escopeta al CGPJ. Así, sin poder disparar, ya verán cómo deja de haber bofetadas por poner a unos u otros cazadores. El arma son, sobre todo, el nombramiento de los cargos judiciales más importantes, entre ellos los que juzgan aforados. Lo están viendo ustedes todos los días. Quitarles la escopeta pasa por establecer un sistema de nombramientos que no pueda ser motivo de cambalache ni de político ni de tráfico de poder. Ahora mismo, ningún juez puede tener una carrera profesional sin tragar y entrar en este mercadeo y eso sí afecta a la virtud individual de la independencia.


¿Cómo hacerlo? Hay opciones. La más obvia y menos secundada es la de la vuelta a la antigüedad como forma de promoción. Dice GRECO que "cuando las promociones no se hacen por antigüedad" es fundamental que los parámetros de mérito y capacidad estén claramente delimitados. Y ahí es donde entra la otra trampa porque, a pesar de que ya se le ha puesto algún freno, el catálogo de mérito y capacidad está muy lejos de ser neutro, claro, diferenciado y, sobre todo, respetado.


Otras fórmulas pasarían por la introducción de un sistema de sorteo al final de procedimiento que impidiera que nadie pudiera prometer cargos, ni por tanto trocarlos por otros, y eso haría perder el control sobre la elección. La vuelta a la insaculación o sorteo en los procesos democráticos es una disciplina que está en boga últimamente. Como dijo Rousseau, el sorteo se puede introducir cuando los llamados a desempeñar el cargo "tengan igual competencia". Y esto sí que es más fácil de conseguir estableciendo los baremos de mérito fijos y haciendo que el CGPJ establezca así ternas o quíntuplas que sean insaculadas y de las que se extraiga por sorteo al nuevo cargo judicial.



Lo de ahora es insostenible por la politización y por la mediocridad infame con la que está proveyendo a tribunales, cuya excelencia es imprescindible para el funcionamiento del sistema.


Deshagamos el nudo gordiano de los nombramientos y verán cómo los políticos de todo signo y los jueces dejan de pelearse por controlar por la puerta de atrás nada. Alguien que sale de un sorteo no le debe favores a nadie, ni puede esperar que se los devuelvan después.


Hay que quitarles la escopeta. Es un juguete demasiado peligroso.



Un sorteo para adjudicar los puestos siempre lo he defendido en vez de que sean nombrados los jueces por políticos o por ellos mismos.

Veo que no soy la única que lo piensa.
 

Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
cha el freno, Marlaska

O se le está acelerando el pulso o los subordinados, y eso es algo aún menos tolerable en un gobierno progresista con vocación inalterable de respetar los derechos y libertades de los ciudadanos
Elisa Beni
27 comentarios

15/04/2020 - 22:40h
Marlaska insta al PP a que no inyecten odio con falacias sobre presos de ETA

Fernando Grande-Marlaska. EFE

"El ministro de Policía es un hombre que se ocupa, primero, de todas las cosas que le incumben y
en segundo lugar, de todas las que no le incumben"




Monsieur de Talleyrand


Todo el proceso de respuesta de un estado democrático a cualquier amenaza generalizada y grave para la población -terrorismo, catástrofes, pandemias- pasa desde el punto de vista del Estado de Derecho por la adecuada ponderación del binomio eficacia-derechos. Esta es exigible en todas las democracias y para todos los gobiernos. La tentación de incrementar esa eficacia estableciendo nuevas normas que se alejen de esos principios siempre está ahí y una ciudadanía en estado de shock es el campo abonado para implantarlas. Por eso cuando se detectan comportamientos en la linde del precipicio es preciso señalarlos y denunciarlos y eso es lo que está empezando a suceder con competencias derivadas del ministerio del Interior que comanda el juez en excedencia Grande-Marlaska. A Marlaska o se le está acelerando el pulso o se le están acelerando los subordinados y eso es algo aún menos tolerable en un gobierno progresista con vocación inalterable de respetar los derechos y libertades de los ciudadanos.

El deslizamiento peligroso del negociado de Marlaska se sustenta en tres signos fundamentales: la advertencia y aplicación por parte de la Policía, de forma oficial, de la comisión de posibles delitos de odio en casos y circunstancias en las que es imposible que estos se produzcan; las razias anunciadas en las redes con premisas tan peligrosas como la búsqueda prospectiva de ·"discursos peligrosos" y la subversión de la legislación vigente respecto al confinamiento por parte de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, que están inventándose la legislación que a ellos les gustaría más allá del BOE. Las tres cosas suponen un riesgo democrático inaceptable y al que se le debe poner coto desde el Gobierno. Si a Marlaska, a fin de cuentas un juez con una visión muy conservadora del derecho, tanto como para aglutinar el mayor porcentaje de condenas de Estrasburgo por violación de derechos humanos por no investigar casos de tortura, se le escapa, entonces será preciso que otros juristas más finos y más garantistas dentro del Gobierno le hagan reflexionar. No vaya a ser que al entrar al palacete de Castellana todos se vuelvan un Fouché en potencia.

Todos hemos oído a la responsable de la Policía advertir de la investigación como presuntos autores de delitos de odio a aquellos que muestren signos de rechazo a los sanitarios. Hemos advertido ya, desde que Rajoy gobernaba, que el delito de odio está reflejados en el Código Penal en lo relativo a unos grupos amenazados y tasados -es decir, esos y ningún otro- y para comportamientos que efectivamente los puedan poner en riesgo. Hemos repetido hasta la saciedad que ser un cabrón no es ser un delincuente y que el odio es una emoción humana que sólo en esos casos concretos es delito. Es delito lanzar mensajes incendiarios contra colectivos vulnerables (gitanos, homosexuales, inmigrantes, menas) Lo dijimos con Rajoy y lo repetimos ahora. Un ministro que es un juez no puede dejar que se produzca esta perversión y se anuncie públicamente en una rueda de prensa oficial la aplicación anómala de un tipo penal para conseguir efectos represivos.

O puede ser que a Marlaska le pase como al juez de Torrevieja, que ha dictado un auto extravagante y erróneo que será sin duda corregido en la Audiencia. Ahí todo empezó con una actuación de la Guardia Civil que es muy cuestionable -tanto esfuerzo y tiempo para localizarlo y detenerlo motu proprio en su propia casa- y le acusaron de uno de esos famosos delitos de odio. Una acusación que es un disparate. ¿Cuál es el grupo vulnerable, los vecinos de Torrevieja? ¿Y el motivo racista, xenófobo o ideológico? ¿Qué actos violentos promueve? ¿Acudir al Mercadona? El tipo de Torrevieja es un imbécil, pero que el juez de Instrucción le haya puesto una medida de destierro y le haya retirado el pasaporte es de aurora boreal y que la Fiscalía respalde esto, pues también.

La segunda cuestión es la de salir prospectivamente a buscar "mentiras" con fines policiales o, aún más, "discursos peligrosos". Estas nuevas operaciones en vez de Araña se llamarán Coronavirus pero tendrán el mismo espíritu y los mismos resultados. Los abusos que hemos criticado con los gobiernos peperos son igual de abusos si los respalda un gobierno progresista. "Hay elementos que vemos a diario y que, sin revestir carácter delictivo, tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública", han dicho desde Interior. Pues una putada, señores, pero no es un asunto policial. La verdad no puede establecerla un ministerio. Ya lo siento. Hablen con Orwell.

Por último está la constatación del abuso que se está haciendo intentando considerar como delictivas las rupturas del confinamiento que sólo pueden constituir infracciones administrativas. Aunque se reincida. Que todos sabemos que si te multan tres veces en el mismo semáforo no has cometido un delito, por mucho que estuvieras advertido. Cosa distinta es que se produzca resistencia a la autoridad pero si no, sanciones y ya está. Mas preocupante es el hecho de que las policías hayan decidido ir más allá de la ley, reescribirla o directamente inventársela. Eso no puede ser consentido desde Interior. Tampoco la población debe aplaudirlo. El decreto de alarma habla claramente de “vías y espacio de uso público” y eso es un concepto legal asentado, del derecho administrativo. Ni las terrazas, ni las azoteas, ni las escaleras de los edificios entran en ese concepto legal que es el aprobado por el Gobierno y refrendado por las Cortes. ¿Qué hacen las policías de Marlaska legislando por su cuenta? El decreto de alarma habla de comprar alimentación ¿quién es un policía para determinar qué alimentos son los que se pueden comprar y los que no?

Permanezcamos vigilantes. Todo esto en sí ya supone un retroceso enorme del Estado de Derecho. Su jefe, el ministro Marlaska, no puede consentir ni menos alentar esta situación. Son más graves, en términos democráticos, algunas de las actitudes represivas que estamos viendo que la ruptura anecdótica del confinamiento por parte de menos de un 10% de la población. Y mientras, Fernando, los detenidos siguen en los calabozos sin ningún tipo de medida, ni siquiera de distancia social, y además mientras que los operadores jurídicos se posicionan en las salas, dejan a los detenidos en calabozos para que entren por un móvil, estigmatizándolos como si fueran más sospechosos de contagio que jueces o fiscales o abogados, y sin poder comunicarse con sus abogados en plenitud. Eso que está pasando en Madrid y denuncian los abogados del turno de oficio sí sería una tarea en la que ocuparse.

Hemos de salir de esta, pero no hemos de salir en Matrix. Un gobierno progresista no puede mimetizarse en la represión con aquellos a los que tanto hemos criticado.

 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
La Justicia de Lesmes: dura con la izquierda, tibia con PP y Vox

El rifirrafe del CGPJ con Pablo Iglesias a propósito de la condena a Isa Serra demuestra la necesidad urgente de reformar la Administración de Justicia española
Por
José Antequera
-
24/04/2020
0



Compartir


Facebook








Los comentarios del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la reciente condena de Isa Serra han desencadenado una aguda crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El detonante ha sido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha castigado a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional con 19 meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños contra agentes de la Policía durante unos altercados a raíz de un desahucio hipotecario en el año 2014. La resolución judicial no ha gustado a Iglesias, que ha criticado el fallo en las redes sociales y en los medios de comunicación al asegurar que sentencias de ese tipo “generan una sospecha inaceptable” sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.

Además, el líder morado alega: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Y añade que “por prudencia” no dice lo que piensa sobre la condena a Isa Serra, aunque deja claro que opina “algo que piensa mucha gente en la sociedad”.


Como no podía ser de otra manera, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha tardado en entrar en el barro de la polémica para rechazar “rotundamente” las críticas de Iglesias. En un comunicado aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda (el magistrado Rafael Mozo ha votado en contra), el Poder Judicial ha expresado su “profundo malestar” con el líder de Unidas Podemos, no solo por cuestionar una actuación judicial, sino por sospechar de la “falta de imparcialidad de los jueces españoles” al insinuar que estos “otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la Justicia”.


Para la Comisión Permanente, estas afirmaciones “merecen un absoluto y rotundo rechazo”, ya que “más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que estos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados”.

Lesmes pone como ejemplo de pulcritud e independencia de la Justicia española sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles en los últimos años, como la del caso Nóos, Gürtel, los ERE o las “tarjetas black”, entre otras. Sobre este último caso, no deja de ser curioso que la guerra entre jueces y Gobierno haya estallado precisamente el mismo día en que se ha sabido que Rodrigo Rato está más cerca de salir de prisión en régimen de “semilibertad”, pese a no haber cumplido ni 2 de los 4 años y medio a que fue condenado y pese a que tiene pendiente otra sentencia por el turbio asunto de la salida a Bolsa de Bankia.

Al español medio, ese que no entiende de leyes, le cuesta trabajo asumir que una joven activista pueda ser sentenciada a 19 meses de prisión por defender a una familia a punto de perder su casa en un injusto desahucio bancario mientras Rato, gran símbolo de la corrupción en nuestro país, pasa casi de puntillas y sin enterarse por el penal de Soto del Real. Para Lesmes y sus magistrados esta paradoja debe ser un mero asunto de técnica judicial y de aplicación de agravantes y atenuantes sin mayores connotaciones ocultas. Sin embargo, jurídica, moral y éticamente la cosa no se sostiene y medio país se ha dado cuenta a estas alturas de los feos cambalaches judiciales.


No obstante, y sin entrar en la cuestión de si existe un supuesto doble rasero en la Justicia española o un trato privilegiado para los poderosos, es de ley reconocer que el comunicado de los jueces no deja de tener su parte de razón, ya que el comentario de Iglesias, si bien nace de la sinceridad y de los hechos contrastados, se antoja cuanto menos arriesgado o poco prudente para alguien que ostenta una responsabilidad de Estado tan importante como es la Vicepresidencia del Gobierno. Ahora bien, si recurrimos a la hemeroteca, llegamos a la conclusión de que Lesmes suele ponerse exquisito en sus duros comunicados cuando quien hace el comentario extemporáneo o fuera de tono es un integrante de la izquierda, mientras que cuando el ataque proviene de un político de la derecha la cúpula judicial suele ser bastante más tolerante, condescendiente y hasta amable.


Recuérdese cuando en junio de 2018 el portavoz del PP, Rafael Hernando, acusaba al PSOE de manipular la sentencia de la trama Gürtel: “Ningún miembro del Gobierno ha sido condenado o ha estado inmerso en un proceso por corrupción”, dijo el político popular, y a continuación cargó contra el juez progresista del tribunal, José Ricardo de Prada. “No seré yo quien se refiera a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor De Prada, candidato de Izquierda Unida en época de Zapatero a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando decía que en la Audiencia Nacional se torturaba”, aseguró el portavoz popular, que sin duda se despachó mucho más a gusto que hoy lo ha hecho Iglesias. No parece que aquellas palabras de Hernando fuesen precisamente respetuosas o amables con un integrante del Poder Judicial y sin embargo Lesmes no reaccionó con tanta pasión, virulencia y efusividad en aquel momento.


También conviene recordar cómo el CGPJ pidió simplemente “mesura” al ex ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, cuando este cargó ávidamente contra uno de los jueces de “La Manada”, a quien acusó de tener “un problema singular”, mientras que en otra ocasión la cúpula de los magistrados reprobó con bastante más tibieza unas afirmaciones del ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la excarcelación del etarra Santi Potros.


Quiere decirse que es cierto que el Poder Judicial, como órgano corporativo que es, suele reaccionar con contundencia cuando se siente atacado. Solo que, por lo visto, la vehemencia y severidad suele ser bastante más agria y hostil cuando las críticas llueven del frente de bajas presiones de la izquierda que de la derecha. No se trata de concluir aquí que Lesmes es un hombre del PP, aunque ejerciera durante “ocho años como alto cargo en Gobiernos de José María Aznar”, tal como denuncia Pablo Echenique en un tuit. De hecho, desde el 12 de mayo del 2000 hasta septiembre del 2005 ejerció como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Todo lo cual nos lleva a que quizá el problema de fondo, la avería que subyace en el Poder Judicial, no sea tanto de personajes que no se toleran por sus ideas políticas, sino de estructura y de sistema de elección de los jueces y magistrados. Un procedimiento que al estar tan politizado termina por enfangar un pilar fundamental de nuestra democracia.


La independencia e imparcialidad que invoca Lesmes ha fallado en numerosas ocasiones en los últimos años, como en el escandaloso asunto de las hipotecas que fue dirimido en el Tribunal Supremo o en la misma sentencia del “procés” en Cataluña. Y entonces no gobernaba Pablo Iglesias. De modo que mientras el sistema de selección de nuestros jueces y magistrados no esté totalmente descontaminado del virus de la política, la sombra de la sospecha seguirá planeando sobre nuestra maltrecha y teledirigida Administración de Justicia.

 

Registrado
19 Abr 2018
Mensajes
3.693
Calificaciones
9.468
La Justicia de Lesmes: dura con la izquierda, tibia con PP y Vox

El rifirrafe del CGPJ con Pablo Iglesias a propósito de la condena a Isa Serra demuestra la necesidad urgente de reformar la Administración de Justicia española
Por
José Antequera
-
24/04/2020
0



Compartir
Facebook




Los comentarios del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la reciente condena de Isa Serra han desencadenado una aguda crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El detonante ha sido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha castigado a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional con 19 meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños contra agentes de la Policía durante unos altercados a raíz de un desahucio hipotecario en el año 2014. La resolución judicial no ha gustado a Iglesias, que ha criticado el fallo en las redes sociales y en los medios de comunicación al asegurar que sentencias de ese tipo “generan una sospecha inaceptable” sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.

Además, el líder morado alega: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Y añade que “por prudencia” no dice lo que piensa sobre la condena a Isa Serra, aunque deja claro que opina “algo que piensa mucha gente en la sociedad”.


Como no podía ser de otra manera, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha tardado en entrar en el barro de la polémica para rechazar “rotundamente” las críticas de Iglesias. En un comunicado aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda (el magistrado Rafael Mozo ha votado en contra), el Poder Judicial ha expresado su “profundo malestar” con el líder de Unidas Podemos, no solo por cuestionar una actuación judicial, sino por sospechar de la “falta de imparcialidad de los jueces españoles” al insinuar que estos “otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la Justicia”.


Para la Comisión Permanente, estas afirmaciones “merecen un absoluto y rotundo rechazo”, ya que “más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que estos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados”.

Lesmes pone como ejemplo de pulcritud e independencia de la Justicia española sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles en los últimos años, como la del caso Nóos, Gürtel, los ERE o las “tarjetas black”, entre otras. Sobre este último caso, no deja de ser curioso que la guerra entre jueces y Gobierno haya estallado precisamente el mismo día en que se ha sabido que Rodrigo Rato está más cerca de salir de prisión en régimen de “semilibertad”, pese a no haber cumplido ni 2 de los 4 años y medio a que fue condenado y pese a que tiene pendiente otra sentencia por el turbio asunto de la salida a Bolsa de Bankia.

Al español medio, ese que no entiende de leyes, le cuesta trabajo asumir que una joven activista pueda ser sentenciada a 19 meses de prisión por defender a una familia a punto de perder su casa en un injusto desahucio bancario mientras Rato, gran símbolo de la corrupción en nuestro país, pasa casi de puntillas y sin enterarse por el penal de Soto del Real. Para Lesmes y sus magistrados esta paradoja debe ser un mero asunto de técnica judicial y de aplicación de agravantes y atenuantes sin mayores connotaciones ocultas. Sin embargo, jurídica, moral y éticamente la cosa no se sostiene y medio país se ha dado cuenta a estas alturas de los feos cambalaches judiciales.


No obstante, y sin entrar en la cuestión de si existe un supuesto doble rasero en la Justicia española o un trato privilegiado para los poderosos, es de ley reconocer que el comunicado de los jueces no deja de tener su parte de razón, ya que el comentario de Iglesias, si bien nace de la sinceridad y de los hechos contrastados, se antoja cuanto menos arriesgado o poco prudente para alguien que ostenta una responsabilidad de Estado tan importante como es la Vicepresidencia del Gobierno. Ahora bien, si recurrimos a la hemeroteca, llegamos a la conclusión de que Lesmes suele ponerse exquisito en sus duros comunicados cuando quien hace el comentario extemporáneo o fuera de tono es un integrante de la izquierda, mientras que cuando el ataque proviene de un político de la derecha la cúpula judicial suele ser bastante más tolerante, condescendiente y hasta amable.


Recuérdese cuando en junio de 2018 el portavoz del PP, Rafael Hernando, acusaba al PSOE de manipular la sentencia de la trama Gürtel: “Ningún miembro del Gobierno ha sido condenado o ha estado inmerso en un proceso por corrupción”, dijo el político popular, y a continuación cargó contra el juez progresista del tribunal, José Ricardo de Prada. “No seré yo quien se refiera a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor De Prada, candidato de Izquierda Unida en época de Zapatero a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando decía que en la Audiencia Nacional se torturaba”, aseguró el portavoz popular, que sin duda se despachó mucho más a gusto que hoy lo ha hecho Iglesias. No parece que aquellas palabras de Hernando fuesen precisamente respetuosas o amables con un integrante del Poder Judicial y sin embargo Lesmes no reaccionó con tanta pasión, virulencia y efusividad en aquel momento.


También conviene recordar cómo el CGPJ pidió simplemente “mesura” al ex ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, cuando este cargó ávidamente contra uno de los jueces de “La Manada”, a quien acusó de tener “un problema singular”, mientras que en otra ocasión la cúpula de los magistrados reprobó con bastante más tibieza unas afirmaciones del ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la excarcelación del etarra Santi Potros.


Quiere decirse que es cierto que el Poder Judicial, como órgano corporativo que es, suele reaccionar con contundencia cuando se siente atacado. Solo que, por lo visto, la vehemencia y severidad suele ser bastante más agria y hostil cuando las críticas llueven del frente de bajas presiones de la izquierda que de la derecha. No se trata de concluir aquí que Lesmes es un hombre del PP, aunque ejerciera durante “ocho años como alto cargo en Gobiernos de José María Aznar”, tal como denuncia Pablo Echenique en un tuit. De hecho, desde el 12 de mayo del 2000 hasta septiembre del 2005 ejerció como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Todo lo cual nos lleva a que quizá el problema de fondo, la avería que subyace en el Poder Judicial, no sea tanto de personajes que no se toleran por sus ideas políticas, sino de estructura y de sistema de elección de los jueces y magistrados. Un procedimiento que al estar tan politizado termina por enfangar un pilar fundamental de nuestra democracia.


La independencia e imparcialidad que invoca Lesmes ha fallado en numerosas ocasiones en los últimos años, como en el escandaloso asunto de las hipotecas que fue dirimido en el Tribunal Supremo o en la misma sentencia del “procés” en Cataluña. Y entonces no gobernaba Pablo Iglesias. De modo que mientras el sistema de selección de nuestros jueces y magistrados no esté totalmente descontaminado del virus de la política, la sombra de la sospecha seguirá planeando sobre nuestra maltrecha y teledirigida Administración de Justicia.

DIFAMACION!!!!!!!
 
Registrado
19 Ene 2019
Mensajes
634
Calificaciones
4.451
La Justicia de Lesmes: dura con la izquierda, tibia con PP y Vox

El rifirrafe del CGPJ con Pablo Iglesias a propósito de la condena a Isa Serra demuestra la necesidad urgente de reformar la Administración de Justicia española
Por
José Antequera
-
24/04/2020
0



Compartir
Facebook




Los comentarios del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la reciente condena de Isa Serra han desencadenado una aguda crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El detonante ha sido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha castigado a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional con 19 meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños contra agentes de la Policía durante unos altercados a raíz de un desahucio hipotecario en el año 2014. La resolución judicial no ha gustado a Iglesias, que ha criticado el fallo en las redes sociales y en los medios de comunicación al asegurar que sentencias de ese tipo “generan una sospecha inaceptable” sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.

Además, el líder morado alega: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Y añade que “por prudencia” no dice lo que piensa sobre la condena a Isa Serra, aunque deja claro que opina “algo que piensa mucha gente en la sociedad”.


Como no podía ser de otra manera, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha tardado en entrar en el barro de la polémica para rechazar “rotundamente” las críticas de Iglesias. En un comunicado aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda (el magistrado Rafael Mozo ha votado en contra), el Poder Judicial ha expresado su “profundo malestar” con el líder de Unidas Podemos, no solo por cuestionar una actuación judicial, sino por sospechar de la “falta de imparcialidad de los jueces españoles” al insinuar que estos “otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la Justicia”.


Para la Comisión Permanente, estas afirmaciones “merecen un absoluto y rotundo rechazo”, ya que “más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que estos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados”.

Lesmes pone como ejemplo de pulcritud e independencia de la Justicia española sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles en los últimos años, como la del caso Nóos, Gürtel, los ERE o las “tarjetas black”, entre otras. Sobre este último caso, no deja de ser curioso que la guerra entre jueces y Gobierno haya estallado precisamente el mismo día en que se ha sabido que Rodrigo Rato está más cerca de salir de prisión en régimen de “semilibertad”, pese a no haber cumplido ni 2 de los 4 años y medio a que fue condenado y pese a que tiene pendiente otra sentencia por el turbio asunto de la salida a Bolsa de Bankia.

Al español medio, ese que no entiende de leyes, le cuesta trabajo asumir que una joven activista pueda ser sentenciada a 19 meses de prisión por defender a una familia a punto de perder su casa en un injusto desahucio bancario mientras Rato, gran símbolo de la corrupción en nuestro país, pasa casi de puntillas y sin enterarse por el penal de Soto del Real. Para Lesmes y sus magistrados esta paradoja debe ser un mero asunto de técnica judicial y de aplicación de agravantes y atenuantes sin mayores connotaciones ocultas. Sin embargo, jurídica, moral y éticamente la cosa no se sostiene y medio país se ha dado cuenta a estas alturas de los feos cambalaches judiciales.


No obstante, y sin entrar en la cuestión de si existe un supuesto doble rasero en la Justicia española o un trato privilegiado para los poderosos, es de ley reconocer que el comunicado de los jueces no deja de tener su parte de razón, ya que el comentario de Iglesias, si bien nace de la sinceridad y de los hechos contrastados, se antoja cuanto menos arriesgado o poco prudente para alguien que ostenta una responsabilidad de Estado tan importante como es la Vicepresidencia del Gobierno. Ahora bien, si recurrimos a la hemeroteca, llegamos a la conclusión de que Lesmes suele ponerse exquisito en sus duros comunicados cuando quien hace el comentario extemporáneo o fuera de tono es un integrante de la izquierda, mientras que cuando el ataque proviene de un político de la derecha la cúpula judicial suele ser bastante más tolerante, condescendiente y hasta amable.


Recuérdese cuando en junio de 2018 el portavoz del PP, Rafael Hernando, acusaba al PSOE de manipular la sentencia de la trama Gürtel: “Ningún miembro del Gobierno ha sido condenado o ha estado inmerso en un proceso por corrupción”, dijo el político popular, y a continuación cargó contra el juez progresista del tribunal, José Ricardo de Prada. “No seré yo quien se refiera a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor De Prada, candidato de Izquierda Unida en época de Zapatero a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando decía que en la Audiencia Nacional se torturaba”, aseguró el portavoz popular, que sin duda se despachó mucho más a gusto que hoy lo ha hecho Iglesias. No parece que aquellas palabras de Hernando fuesen precisamente respetuosas o amables con un integrante del Poder Judicial y sin embargo Lesmes no reaccionó con tanta pasión, virulencia y efusividad en aquel momento.


También conviene recordar cómo el CGPJ pidió simplemente “mesura” al ex ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, cuando este cargó ávidamente contra uno de los jueces de “La Manada”, a quien acusó de tener “un problema singular”, mientras que en otra ocasión la cúpula de los magistrados reprobó con bastante más tibieza unas afirmaciones del ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la excarcelación del etarra Santi Potros.


Quiere decirse que es cierto que el Poder Judicial, como órgano corporativo que es, suele reaccionar con contundencia cuando se siente atacado. Solo que, por lo visto, la vehemencia y severidad suele ser bastante más agria y hostil cuando las críticas llueven del frente de bajas presiones de la izquierda que de la derecha. No se trata de concluir aquí que Lesmes es un hombre del PP, aunque ejerciera durante “ocho años como alto cargo en Gobiernos de José María Aznar”, tal como denuncia Pablo Echenique en un tuit. De hecho, desde el 12 de mayo del 2000 hasta septiembre del 2005 ejerció como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Todo lo cual nos lleva a que quizá el problema de fondo, la avería que subyace en el Poder Judicial, no sea tanto de personajes que no se toleran por sus ideas políticas, sino de estructura y de sistema de elección de los jueces y magistrados. Un procedimiento que al estar tan politizado termina por enfangar un pilar fundamental de nuestra democracia.


La independencia e imparcialidad que invoca Lesmes ha fallado en numerosas ocasiones en los últimos años, como en el escandaloso asunto de las hipotecas que fue dirimido en el Tribunal Supremo o en la misma sentencia del “procés” en Cataluña. Y entonces no gobernaba Pablo Iglesias. De modo que mientras el sistema de selección de nuestros jueces y magistrados no esté totalmente descontaminado del virus de la política, la sombra de la sospecha seguirá planeando sobre nuestra maltrecha y teledirigida Administración de Justicia.

No se la ha condenado por "querer parar un desahucio" se la ha condenado por insultar y agredir a la policía, por atentado contra la autoridad, no tergiverseis las cosas!!!!
 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
No se la ha condenado por "querer parar un desahucio" se la ha condenado por insultar y agredir a la policía, por atentado contra la autoridad, no tergiverseis las cosas!!!!
Y resulta que el policía no reconoce en ella a la persona que le agredió ni insultó.
 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
JOSÉ RICARDO DE PRADA | MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El juez De Prada: “Mientras juzgaba Gürtel sufrí más ataques que en toda mi carrera”

“Rajoy tenía la obligación de decir la verdad”, asegura uno de los dos magistrados que dictaron la sentencia del caso que desencadenó la moción de censura de Sánchez
Otros
344


BONIFACIO DE LA CUADRA
Madrid 25 JUN 2018 - 00:55 CEST
Jose Ricardo de Prada
El magistrado José Ricardo de Prada en la redacción de EL PAÍS. JULIÁN ROJAS
En la primera entrevista concedida por José Ricardo de Prada Solaesa (Madrid, 1957) desde que se hizo pública la primera sentencia del caso Gürtel, este magistrado, uno de los dos que formaron la mayoría de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictó la resolución —que declaró al Partido Popular responsable a título lucrativo de una extensa y profunda trama de corrupción política e institucional a través de su relación con el Grupo Correa—, habla sobre su impacto político.

Como adalid de la justicia universal, De Prada fue uno de los magistrados que intervino en el caso Pinochet, declaró competente a España para perseguir delitos de lesa humanidad como genocidio o tortura en Chile y fue el ponente de la sentencia del militar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel por un delito de lesa humanidad durante la dictadura. Ha formado parte de la sala de apelaciones de crímenes de guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina en Sarajevo (2005-2008) y en estos momentos se encuentra en La Haya. Forma parte del tribunal que decidirá sobre la apelación contra la sentencia que condenó a Radovan Karadzic por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.


“La existencia de la caja b del PP es una conclusión unánime del tribunal”
Pregunta. ¿Usted se imaginaba que esta sentencia del caso Gürtel originaría un vuelco político como el producido?




Respuesta. Por supuesto que no. El tribunal era plenamente consciente de la gravedad de las conclusiones a las que se llegaba en la sentencia, que afectaban de lleno al partido político que estaba en el Gobierno, pero estas son el resultado de un trabajo muy serio y riguroso, de muchos años de investigación policial, de una instrucción judicial realizada por jueces y fiscales muy competentes y de casi un año y medio de juicio con centenares de pruebas realizadas y seis meses de deliberaciones y arduo trabajo. Es verdad que el resultado social y político producido es tremendo, pero va mucho más allá de la sentencia. Corresponde al juego duro de la política por el poder, y ni el tribunal que ha dictado la sentencia ni la sentencia misma tienen nada que ver.
“Rajoy tenía la obligación de decir la verdad en el juicio”

P. Me imagino que no fue fácil llegar a dictar esa resolución.

R. No lo fue en absoluto y no solo por las dificultades técnicas. En el asunto Gürtel ha habido siempre muchos obstáculos.

P. ¿A qué se refiere?

R. Aunque la justicia como institución pueda aparentar ser relativamente fuerte, los tribunales, y sobre todo los jueces, somos frágiles y vulnerables. Es muy fácil afectar a su buen funcionamiento. El caso Gürtel no ha quedado fuera de los intentos de injerencias por parte de la política.


P. ¿Puede ser más explícito?

R. Trataré de serlo. El juez que inició las investigaciones [Baltasar Garzón] fue inhabilitado durante 11 años por el Tribunal Supremo. Por otro lado, están los distintos cambios de jueces de instrucción, en algunos casos no muy comprensibles. Y lo mismo ha sucedido con la composición de los tribunales de enjuiciamiento. Sin duda, es un asunto políticamente muy sensible en el que los partidos políticos se han empleado a fondo, y alguno incluso ha tratado de colocar a sus jueces más próximos. Y no me refiero a una simple afinidad ideológica, sino a claras vinculaciones, lo que los hacía a estas personas inidóneas para juzgar. También ha habido formas sutiles y menos sutiles de presión.

P. ¿A usted le han presionado?

R. Nadie se ha dirigido a mí pidiéndome que resolviera en uno u otro sentido, pero en los últimos tres años, coincidiendo con Gürtel, he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional. Y no solo yo, también mi familia. Se ha utilizado cualquier pretexto para ello. Y únicamente mi asociación profesional [Juezas y Jueces para la Democracia] ha salido en ocasiones en mi defensa. Desde luego, no el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ], que en mi opinión debería haberlo hecho. Los jueces somos muy vulnerables y no podemos defendernos por nosotros mismos. El consejo debería asumir esa función, pero lamentablemente está muy lejos de los jueces y actúa siguiendo los vaivenes de la política.

P. Se ha criticado desde posiciones políticas que la sentencia del caso Gürtel contiene innecesarias referencias al PP o que se pronuncia sobre temas, como la caja b de dicho partido, que son objeto de otros procedimientos.
“El Consejo General del Poder Judicial está muy lejos de los jueces”

R. No es cierto. La sentencia hace un esfuerzo por ser muy cuidadosa en las conclusiones que expone como hechos probados y apenas hace algunas someras referencias a las relaciones del Grupo Correa con el Partido Popular. Las imprescindibles para que el relato sea expresivo e inteligible. Se limita a dibujar un contexto en el que actuaba el Grupo Correa que, como usted comprenderá, no flotaba en el aire, como tampoco muchas de las personas que han resultado condenadas. No se trataba de meros casos de corrupción institucional aislada y era imprescindible ponerlo de manifiesto. Respecto de la existencia de la caja b en el PP, es una conclusión unánime del tribunal. Resultaba un antecedente imprescindible para justificar la condena de algunos de los acusados.

P. ¿Era necesario cuestionar en la sentencia la credibilidad como testigo de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en aquel momento?

R. El tribunal valoró cuidadosamente ese tema y consideró que hacerlo respondía al normal funcionamiento de la justicia en una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El tribunal necesariamente ha de valorar la credibilidad de todos los testigos que intervienen, y no existía razón para excluir al testigo Mariano Rajoy si lo hacía con otros.

P. Cuando fue llamado como testigo era previsible cuál iba a ser su comportamiento procesal. ¿Cree que tenía otra opción?

R. El tribunal durante el juicio trató de dar la máxima normalidad posible a la declaración de este testigo que ostentaba la presidencia del Gobierno —es decir, que era el máximo representante de otro poder del Estado—, pero al que no se le llamaba por eso, sino por su posible conocimiento sobre los hechos. Fue llamado a juicio como cualquier otro ciudadano y únicamente se le permitió declarar en estrados por deferencia a su posición institucional, pero sin que ello significara ningún privilegio. Tenía la obligación, como cualquier otro ciudadano, de decir la verdad.

P. La sentencia declara la responsabilidad del PP únicamente como partícipe a título lucrativo.

R. El Partido Popular fue condenado únicamente por lo que había sido objeto de acusación. Por haberse beneficiado civilmente de una situación delictiva. Nadie lo acusaba penalmente. Antes de la reforma del Código Penal de 2010 solo podían delinquir personas físicas, por lo que ninguna persona jurídica ni partido político podía ser responsable penalmente por lo que hubiera hecho antes de esa fecha. Nadie puede decir, por tanto, que el PP hubiera cometido algún delito antes de esa fecha. Otro tema distinto son los juicios políticos o morales que se quieran o se puedan efectuar por su comportamiento o relación acreditada con hechos o personas que sí cometieron delitos y por haberse beneficiado con ello, pero este es un tema que trasciende a la justicia.

P. Hay otras piezas de la causa Gürtel pendientes, algunas muy relevantes como la de los papeles de Bárcenas o de la caja b del Partido Popular, en las que usted forma parte del tribunal de enjuiciamiento. ¿Continuará en ellas?

R. Me encuentro en este momento temporalmente en situación de servicios especiales en la carrera judicial por formar parte como del tribunal internacional que está resolviendo el recurso de apelación contra la sentencia de Radovan Karadzic. Cuando se termine esta sentencia, lo que está previsto para el mes de diciembre próximo, me reincorporaré a la Audiencia Nacional. Espero, por tanto, seguir formando parte del tribunal que las juzgue.

P. En el pasado usted ha realizado polémicas declaraciones sobre la existencia de malos tratos y tortura policial, afirmando que no están suficientemente combatidos por la justicia española.

R. He realizado afirmaciones en ese sentido en mis resoluciones cuando he constatado situaciones de ese tipo, y el Tribunal Supremo ha secundado mis apreciaciones e incluso ha anulado una sentencia por dicho motivo. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha afeado esa forma de actuar a los jueces y tribunales españoles en nada menos que ocho ocasiones. Es verdad que, públicamente, fuera de mi condición de juez, me he referido a esta situación de forma general en alguna conferencia, pero nada más. Eso me ha valido abusivos y desproporcionados ataques que creo que descalifican por sí mismos a sus autores.

P. ¿Le preocupan especialmente los derechos humanos?

R. Sí. Una de las cosas que pienso que debería abordar con prioridad el nuevo Gobierno es la recuperación del terreno perdido en materia de derechos humanos, y especialmente alguna forma de jurisdicción universal que permita devolver a España la posición perdida en esta materia para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Sería una magnífica noticia que el nuevo Gobierno socialista se impregnara de la ética de los derechos humanos. Vivimos en un contexto internacional en el que cada día es más importante lo que hagan los Estados en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales. No vale como pretexto el que para eso están los tribunales internacionales. Yo, que estoy dentro de ellos, soy consciente de sus carencias y debilidades.

 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
El furibundo ataque al Gobierno de la exfiscal general con el PP pone en solfa la propia ley de la Fiscalía

  • El Estatuto Orgánico prohíbe a sus miembros felicitar o censurar los actos de cualquier Gobierno

  • La mayoritaria Asociación de Fiscales sostiene que Madrigal ha ejercido la libertad de expresión al acusar al Ejecutivo de practicar una "ilegítima apropiación de poder"; en noviembre llevó ante la Inspección a un fiscal por criticar que se hubiera introducido en el juicio del 'procés' el delito de rebelión

  • Hace siete años, otro fiscal fue investigado por decir que se podía hablar casi de "corrupción generalizada".


Alicia Gutiérrez
[email protected] @aliciaguti
Publicada el 07/05/2020 a las 06:00
FacebookTwitterWhatsappTelegram
Envíalo a un amigoImprimirComentarios
Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, durante una comparecencia en el Congreso.
Consuelo Madrigal, durante una comparecencia en su etapa como fiscal general del Estado.
EP
"Los que invocan la libertad para vulnerar la ley incurren en una peligrosa demagogia". Pronunciada hace cinco años en referencia a los primeros pasos del ilegal proceso separatista catalán, la frase tiene como autora a Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado entonces, figura muy destacada luego en la acusación durante el juicio por el procés y ahora firmante de un artículo donde lanza contra el Gobierno acusaciones como las siguientes: que ha acudido a la "imposición encubierta" de "un verdadero estado de excepción", que lleva a cabo una "apropiación ilegítima de poder" que "debe frenarse" y que financia de manera "oportunista" a "medios de comunicación vasallos".

¿Constituye lo anterior una "censura" dirigida al Ejecutivo por "sus actos"? Sí, coinciden todos los juristas consultados por infoLibre. Pero "dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos" está expresa y taxativamente prohibido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y constituye una falta grave incumplir el artículo que lo prohibe –el 59– de la ley por la que se rigen los casi 3.000 fiscales del país.



En su cuenta oficial de Twitter, la Asociación de Fiscales ha calificado de "magistral" el extenso artículo publicado el lunes por Madrigal en el diario El Mundo. En el otoño pasado, días antes de la sentencia del procés, la misma asociación denunció al fiscal delegado de Medio Ambiente en Madrid, César Estirado, por escribir el 27 de septiembre en esa misma red social un tuit sobre el juicio del procés donde sostenía que la acusación por el delito de rebelión implicaba "construir relatos artificiales vulnerando derechos". Planteada por supuestas ofensas a miembros del ministerio público, la denuncia llegó el 14 de noviembre al Consejo Fiscal y de ahí pasó a la Inspección Fiscal. El 19 de diciembre se anunció que Estirado no sería sancionado porque no había "indicios racionales de responsabilidad disciplinaria". La sentencia del Tribunal Supremo contra los independentistas del banquillo del procés desechó el delito de rebelión.

No hay muchos precedentes de expedientes disciplinarios a fiscales por expresar una opinión crítica. Pero, además del que tuvo como protagonista a César Estirado, otros dos saltaron a la palestra bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. En mayo de 2013, el entonces fiscal anticorrupción de Las Palmas y hoy fiscal jefe de Canarias, Luis del Río, se vio sometido a interrogatorio por la Inspección Fiscal tras intervenir a puerta cerrada en un congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Según publicó el diario ABC, las palabras que le costaron a Del Río verse investigado fueron estas: que en España "casi podemos hablar de corrupción generalizada", porque es un país en el que "existen sospechas fundadísimas contra la mayor parte del Gobierno de estar inmersos en actos de corrupción". La investigación no tuvo finalmente consecuencias pero puso a Del Río bajo el foco.


Dos meses antes del episodio de Luis del Río, el entonces fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, dimitió después de que el fiscal general del Estado de aquel momento, Eduardo Torres Dulce, le abriese expediente. La apertura del proceso disciplinario se produjo después de que en una entrevista concedida a Europa Press Rodríguez-Sol sostuviera que veía legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político. No obstante, él mismo avisaba de que "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia". Y ello le llevaba a busca una alternativa con preguntas que respetasen la legalidad.

¿Resulta más grave exponer la propuesta que le costó el puesto a Rodríguez Sol o mantener que el Gobierno ha impuesto "sin el control interno y europeo" un "verdadero estado de excepción"? ¿O tenían ambos, el fiscal dimisionario y la exfiscal general, perfecto derecho a difundir sin cortapisa su opinión? La pregunta ilustra el trasfondo del debate que este miércoles copaba en distintas redes sociales los foros jurídicos.


Por la tarde, infoLibre preguntó a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, si cree que la exfiscal general de Estado ha vulnerado la prohibición de atacar los actos de cualquier Gobierno. Su respuesta esquivó la pregunta. Y fue esta: "Consuelo ha vertido reflexiones que parten de una convicción compartida también por parte de la sociedad y que las transmite a la opinión pública, amparándose en la libertad de expresión. El Gobierno debe soportar mejor, como poder público, la crítica de la ciudadanía y como tal critica hay que entender este artículo". ¿Y qué diferencia hay entre la libertad de expresión esgrimida en defensa de Madrigal y la denuncia que mantuvo en vilo al también fiscal César Estirado? Dexeus se limitó a responder que "no son supuestos similares".

¿Qué ha de primar entonces, la libertad de expresión o la ley específica que impide a los fiscales elogiar o vituperar a un Gobierno por sus actos? La mayoría de los juristas consultados por este periódico entienden que el valor de la libertad de expresión es siempre superior. De todos los sondeados, ninguno salvo Cristina Dexeus aceptó ser citado por su nombre. Y ninguno de ellos ofreció una explicación de por qué entonces el artículo 59 del Estatuto Orgánico, vigente desde el ya lejanísimo 1981, no ha sido derogado por ningún Gobierno. La Unión Progresisa de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenecía la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, declinó pronunciarse. Y fuentes oficiales confirmaron a este periódico que la FGE no emprenderá ninguna actuación de oficio.
"Delgado no va a actuar porque alguien le recordaría que hace nada era ministra del Gobierno respecto del cual tiene que mantener ahora la independencia", opinó un fiscal ajeno tanto a la AF como a la UPF y que igualmente exigió el anonimato.


Esto por supuesto no se debatirá en ninguna tertulia.

Ahora bien, si Pablo Iglesias dice que no está de acuerdo con la sentencia de Isa Serra pero que la acata es ir contra el Poder Judicial. Y reitero, decir que no está de acuerdo, simple y llanamente.

En el caso de Madrigal hubiera sido considerada como libertad de expresión si se hubiera manifestado simple y llanamente en que no estaba de acuerdo en como estaba llevando PS la pandemia. Eso es legítimo pero ha ido mas allá.

Madrigal ha hecho una acusación, repito acusación de APROPIACION ILEGITIMA DEL PODER E IMPOSICIÓN ENCUBIERTA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN. Son acusaciones fuertes máxime cuando están apoyadas esas medidas por el Congreso de los Diputados.

Como ya he dicho el programa de entretenimiento matutino de la corrupta y de la agrisada amen de sus colegas vespertinos no mencionaran el asunto para nada de la ex fiscal general.

Como tampoco han dedicado ni un minuto a que Ana Rosa Quintana asesoró a Villarejo. Dime con quien andas y te diré quien eres.
 
Última edición:
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
El jari de la Justicia

Dice una asociación judicial que se llama a sí misma moderada, así con un par, que tal vez este "secuestro del Poder Judicial" sea "una útil ventaja para el Ejecutivo de eludir el control de legalidad de sus actos"
Elisa Beni

16/05/2020 - 21:08h
Sala de unos juzgados.

Sala de unos juzgados. EFE

"Es el alto tribunal (…) que tiene a sus litigantes con los tacones gastados, que da a los poderosos y adinerados abundantes medios para desalentar a quienes tienen razón; que hasta tal punto agota las cabezas y destroza los corazones que entre todos sus profesionales no existe un hombre honorable que no esté dispuesto a advertir: ¡más vale soportar todas las injusticias que venir aquí!"
Charles Dickens. Casa Desolada


Llevo unos cuantos días queriendo hablarles del jari de la Justicia, del lío tremendo, del sindiós que se produce cuando frenas por primera vez en la historia a un paquebote que marcha lento y pesado, pero con una inercia de siglos, para después intentar reanimarlo con prisa cuando sabes que ya estaba moribundo hacía mucho. He tardado porque a mí misma me costaba desenredar las madejas, las propuestas, los intereses, las banderías y también porque se han ido cruzando otras cosas. Se quejan con razón los que dicen que la Justicia es lo último. A veces, simplemente, porque resulta tan pesada y tan correosa para hincarle el diente que hasta los perros de los periodistas encontramos hueso más liviano que morder. Me ha decidido, sin duda, tras tener noticia de la terrible situación en la que se encuentran algunos magistrados que denuncian, con poco eco, que están secuestrados por el Gobierno y por el Congreso. ¡Ni más ni menos! Uno no acaba de entender cómo una noticia de este calado, inédita y jamás contada, esa que relata como dos poderes del Estado retienen involuntariamente a un tercero y que casi parece más materia de un cuadro de Delacroix que de una crónica periodística, no abre informativos aunque siempre le queda al escribidor la ironía.

Claman los magistrados, algunos, desde su retención involuntaria para ser liberados, si bien son tan honestos como para recordar ellos mismos cómo clamaban por ser hibernados cuando la pandemia les asustaba mucho. Esos momentos en los que exigían, algunos por vía judicial, trajes de astronauta medicalizados o escribían otros de carrera hermana que no estaban por la labor de ponerse en riesgo "por los derechos de otros". Eran los menos pero cubrieron de oprobio al gremio. Ahora, sin embargo, con el bicho aún rondando tienen prisa por volver y hasta le ven segundas al plan de desescalada consensuado en la Comisión de Coordinación Covid-19 (Ministerio, CGPJ, Fiscalía y Consejerías). Dice una asociación judicial que se llama a sí misma moderada, así con un par, que tal vez este "secuestro del Poder Judicial" sea "una útil ventaja para el Ejecutivo de eludir el control de legalidad de sus actos".

En esa interpretación conspiranoico-política vienen a coincidir con el casi ultra presidente del TSJ de Castilla-León, José Luis Concepción que ha ido muy cerca de posiciones políticas bien conocidas al afirmar que "se está utilizando el estado de alarma para legislar extramuros de las necesidades de la epidemia" y que "el Gobierno está utilizando la paralización del país para fines distintos que salvar a la situación".

No da ni la más mínima pista de cómo o cuándo o con qué pero ahí lo deja caer, como se dejó caer, siempre del mismo lado, cuando la exhumación de Franco. Ha tenido que salir Lesmes a darle un tirón de orejas, más que nada porque después de haber salido como un rayo contra Pablo Iglesias no podía volver a hacerse el sueco, como tantas veces antes, ante los desmanes del bando que le gusta. Lo que no dicen es que es imposible reanudar los plazos procesales si no se hace en todo el país a la vez y, obviamente, todo el país no tiene la misma libertad de movimientos ahora.


El caso es que más allá de ese ficticio secuestro lo que hay es una dificultad extrema para volver a poner en marcha una Justicia que ya daba síntomas de coma antes de la pandemia. Unos juzgados que se caían a trozos, en los que los legajos se amontonan junto a ordenadores antediluvianos, con juicios señalados para dentro de más de un año ¿cómo solucionar el colapso que se avecina de un ente cuya existencia normal es el propio colapso? No se trata de un tema interno sino que se va a convertir en el hilo de la salvación o la destrucción para muchos ciudadanos afectados por la crisis. En el orden penal no habrá mucho incremento, los delitos han bajado sustancialmente durante el confinamiento, pero a nuestra salida se pedirán divorcios, se sustanciaran los problemas de los hijos que quedaron con uno de los progenitores sin cumplirse las sentencias, se pedirán cambios en las pensiones con el desplome de los ingresos, habrá concursos de empresas, una litigiosidad social inmensa derivada del paro de la economía y tantas cosas cuyo retraso en la solución va a hacer sufrir a mucha gente.


Así que se ha hecho un plan de desescalada, con sus propias fases, que ahora a algunos jueces les parece que va lento pero que intenta una misión casi imposible: guardar distancias en sedes viejas y apretadas, promiscuas, con salas de vistas pequeñas, con pasillos en los que se amontonan los que van y vienen a juicio. Para reiniciar una Justicia que pudiese hacer frente a este marasmo harían falta muchos más jueces, mucho más espacio y mucha mas tecnología. Les resumo: todo ese dinero que hace décadas que se le hurta a una pata esencial del estado del bienestar. ¿Han oído hablar de alguna partida multimillonaria para este sector? Yo tampoco. Así que difícilmente se va a lograr que esto no sea un puto caos.


Algunos tienen prisa. Habrán visto que parece que echan de menos el poder avivar el fuego de las disputas con algunos titulares en forma de resoluciones. No sé, soy muy mal pensada. El poder secuestrado. Al que no secuestra nadie es a su presidente, Carlos Lesmes, que sigue su reinado caducado haciendo, como siempre, su santa voluntad. Ahora ésta es reactivar los nombramientos de altos cargos detenidos en enero y seguir haciendo otros porque no ve ganas de un pacto de renovación al que obliga la normalidad constitucional. Bien sabe él que Casado no tiene intención de perder poder y que el PP ya reventó un pacto hecho y no piensa cumplir con su obligación constitucional. Lo que no nos explica es por qué decidió en enero que había un nuevo gobierno y que en verdad era feo seguir tomando graves decisiones en funciones, cuando ningún electo puede hacerlo sino en cosas del diario, y por qué ahora en plena pandemia decide que de lo dicho nada. ¿Quién es él y en base a que razones jurídicas, que no ha hecho públicas, actúa de una forma u otra? Arbitrariedad, eres tú.


Por último, tenemos a los abogados encalabrinados por la idea de que el mes de agosto tenga 20 días hábiles y se les jodan las vacaciones sobre todo a los que no tienen un despacho con más abogados que puedan repartírselas. Yo no sé si llevan razón o no en que ellos van a ser los pagafantas de todo esto, dado que los jueces se irán en un momento u otro de asueto pero ellos, que dependen de tantos jueces, no podrán por si los que queden les evacuan trámite cuyos plazos venzan. Lo cierto es que están muy cabreados y que me cuentan que tal enfado fue el que llevó a Casado a desdecirse de lo negociado por su enviado, Enrique López, y a no votar el decreto del ministro en el Congreso. Parece ser que tanto el PP como Ciudadanos consideran que la mayor parte de la grey letrada son sus votantes y, por tanto, no quisieron apoyar un decreto muy largo que contenía una medida tan impopular entre las togas. En realidad, ya les digo, veinte días no van a arreglar esto.


Lo de la Justicia va a ser un cirio de los que hacen época. Solo les he hecho un esbozo para cuando toque ir desarrollándolo, para cuando sus expectativas, sus problemas o sus dramas se estrellen contra este paquidermo y toque explicarlo. Para que se vayan atando los machos.

 
Registrado
19 Abr 2018
Mensajes
3.693
Calificaciones
9.468
El furibundo ataque al Gobierno de la exfiscal general con el PP pone en solfa la propia ley de la Fiscalía

  • El Estatuto Orgánico prohíbe a sus miembros felicitar o censurar los actos de cualquier Gobierno

  • La mayoritaria Asociación de Fiscales sostiene que Madrigal ha ejercido la libertad de expresión al acusar al Ejecutivo de practicar una "ilegítima apropiación de poder"; en noviembre llevó ante la Inspección a un fiscal por criticar que se hubiera introducido en el juicio del 'procés' el delito de rebelión

  • Hace siete años, otro fiscal fue investigado por decir que se podía hablar casi de "corrupción generalizada".


Alicia Gutiérrez
[email protected] @aliciaguti
Publicada el 07/05/2020 a las 06:00
FacebookTwitterWhatsappTelegram
Envíalo a un amigoImprimirComentarios
Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado, durante una comparecencia en el Congreso.
Consuelo Madrigal, durante una comparecencia en su etapa como fiscal general del Estado.
EP
"Los que invocan la libertad para vulnerar la ley incurren en una peligrosa demagogia". Pronunciada hace cinco años en referencia a los primeros pasos del ilegal proceso separatista catalán, la frase tiene como autora a Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado entonces, figura muy destacada luego en la acusación durante el juicio por el procés y ahora firmante de un artículo donde lanza contra el Gobierno acusaciones como las siguientes: que ha acudido a la "imposición encubierta" de "un verdadero estado de excepción", que lleva a cabo una "apropiación ilegítima de poder" que "debe frenarse" y que financia de manera "oportunista" a "medios de comunicación vasallos".

¿Constituye lo anterior una "censura" dirigida al Ejecutivo por "sus actos"? Sí, coinciden todos los juristas consultados por infoLibre. Pero "dirigir a los poderes y funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos" está expresa y taxativamente prohibido por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y constituye una falta grave incumplir el artículo que lo prohibe –el 59– de la ley por la que se rigen los casi 3.000 fiscales del país.



En su cuenta oficial de Twitter, la Asociación de Fiscales ha calificado de "magistral" el extenso artículo publicado el lunes por Madrigal en el diario El Mundo. En el otoño pasado, días antes de la sentencia del procés, la misma asociación denunció al fiscal delegado de Medio Ambiente en Madrid, César Estirado, por escribir el 27 de septiembre en esa misma red social un tuit sobre el juicio del procés donde sostenía que la acusación por el delito de rebelión implicaba "construir relatos artificiales vulnerando derechos". Planteada por supuestas ofensas a miembros del ministerio público, la denuncia llegó el 14 de noviembre al Consejo Fiscal y de ahí pasó a la Inspección Fiscal. El 19 de diciembre se anunció que Estirado no sería sancionado porque no había "indicios racionales de responsabilidad disciplinaria". La sentencia del Tribunal Supremo contra los independentistas del banquillo del procés desechó el delito de rebelión.

No hay muchos precedentes de expedientes disciplinarios a fiscales por expresar una opinión crítica. Pero, además del que tuvo como protagonista a César Estirado, otros dos saltaron a la palestra bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. En mayo de 2013, el entonces fiscal anticorrupción de Las Palmas y hoy fiscal jefe de Canarias, Luis del Río, se vio sometido a interrogatorio por la Inspección Fiscal tras intervenir a puerta cerrada en un congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Según publicó el diario ABC, las palabras que le costaron a Del Río verse investigado fueron estas: que en España "casi podemos hablar de corrupción generalizada", porque es un país en el que "existen sospechas fundadísimas contra la mayor parte del Gobierno de estar inmersos en actos de corrupción". La investigación no tuvo finalmente consecuencias pero puso a Del Río bajo el foco.


Dos meses antes del episodio de Luis del Río, el entonces fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, dimitió después de que el fiscal general del Estado de aquel momento, Eduardo Torres Dulce, le abriese expediente. La apertura del proceso disciplinario se produjo después de que en una entrevista concedida a Europa Press Rodríguez-Sol sostuviera que veía legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político. No obstante, él mismo avisaba de que "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia". Y ello le llevaba a busca una alternativa con preguntas que respetasen la legalidad.

¿Resulta más grave exponer la propuesta que le costó el puesto a Rodríguez Sol o mantener que el Gobierno ha impuesto "sin el control interno y europeo" un "verdadero estado de excepción"? ¿O tenían ambos, el fiscal dimisionario y la exfiscal general, perfecto derecho a difundir sin cortapisa su opinión? La pregunta ilustra el trasfondo del debate que este miércoles copaba en distintas redes sociales los foros jurídicos.


Por la tarde, infoLibre preguntó a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, si cree que la exfiscal general de Estado ha vulnerado la prohibición de atacar los actos de cualquier Gobierno. Su respuesta esquivó la pregunta. Y fue esta: "Consuelo ha vertido reflexiones que parten de una convicción compartida también por parte de la sociedad y que las transmite a la opinión pública, amparándose en la libertad de expresión. El Gobierno debe soportar mejor, como poder público, la crítica de la ciudadanía y como tal critica hay que entender este artículo". ¿Y qué diferencia hay entre la libertad de expresión esgrimida en defensa de Madrigal y la denuncia que mantuvo en vilo al también fiscal César Estirado? Dexeus se limitó a responder que "no son supuestos similares".

¿Qué ha de primar entonces, la libertad de expresión o la ley específica que impide a los fiscales elogiar o vituperar a un Gobierno por sus actos? La mayoría de los juristas consultados por este periódico entienden que el valor de la libertad de expresión es siempre superior. De todos los sondeados, ninguno salvo Cristina Dexeus aceptó ser citado por su nombre. Y ninguno de ellos ofreció una explicación de por qué entonces el artículo 59 del Estatuto Orgánico, vigente desde el ya lejanísimo 1981, no ha sido derogado por ningún Gobierno. La Unión Progresisa de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenecía la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, declinó pronunciarse. Y fuentes oficiales confirmaron a este periódico que la FGE no emprenderá ninguna actuación de oficio.
"Delgado no va a actuar porque alguien le recordaría que hace nada era ministra del Gobierno respecto del cual tiene que mantener ahora la independencia", opinó un fiscal ajeno tanto a la AF como a la UPF y que igualmente exigió el anonimato.


Esto por supuesto no se debatirá en ninguna tertulia.

Ahora bien, si Pablo Iglesias dice que no está de acuerdo con la sentencia de Isa Serra pero que la acata es ir contra el Poder Judicial. Y reitero, decir que no está de acuerdo, simple y llanamente.

En el caso de Madrigal hubiera sido considerada como libertad de expresión si se hubiera manifestado simple y llanamente en que no estaba de acuerdo en como estaba llevando PS la pandemia. Eso es legítimo pero ha ido mas allá.

Madrigal ha hecho una acusación, repito acusación de APROPIACION ILEGITIMA DEL PODER E IMPOSICIÓN ENCUBIERTA DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN. Son acusaciones fuertes máxime cuando están apoyadas esas medidas por el Congreso de los Diputados.

Como ya he dicho el programa de entretenimiento matutino de la corrupta y de la agrisada amen de sus colegas vespertinos no mencionaran el asunto para nada de la ex fiscal general.

Como tampoco han dedicado ni un minuto a que Ana Rosa Quintana asesoró a Villarejo. Dime con quien andas y te diré quien eres.
Ana Rosa Quintana ASESORO a Villarejo?
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 
Registrado
3 Mar 2006
Mensajes
46.114
Calificaciones
74.443
Ubicación
227
El Poder Judicial se prepara estando en funciones para adjudicar bajo control conservador otras 30 plazas de alto nivel

  • Bloqueada su renovación desde hace año y medio por el no del PP a un pacto, el CGPJ designará en breve a tres nuevos jueces para la Sala Penal del Supremo tras el parón de enero

  • Adjudicará dos puestos más pendientes desde entonces e inicia los trámites para repartir las presidencias de otras tres salas del alto tribunal, de otros tantos TSJ y de nueve Audiencias Provinciales.

 

Mirando este Tema (Miembros: 1, Invitados: 1)