LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES? (2 Visitantes)

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La Fiscalía de Álava critica a jueces por archivar casos de corrupción en la antesala de la sentencia a De Miguel

Al fondo, Josu Izaguirre, fiscal jefe de Álava, durante una de las sesiones del juicio del 'caso De Miguel'. / IGOR AIZPURU
La oficina de Josu Izaguirre censura la «tendencia» de juzgados como la Audiencia Provincial a cerrar o absolver a los investigados en asuntos de índole económica o relacionados con instituciones públicas

DAVID GONZÁLEZMiércoles, 11 septiembre 2019, 17:47
caso De Miguel, la presunta trama de corrupcion del PNV alavés, se espera en semanas. Hay casi una treintena de imputados. La expectación por el fallo es máxima en el ámbito político y judicial.

Los dardos más importantes se dirigen a la Audiencia Provincial de Álava, el máximo organismo judicial del territorio. La memoria fiscal 2019 (aunque se refiere a los casos del año anterior) aprecia una tendencia a sobreseer (archivar) causas enviadas por los juzgados de instrucción (encargados de las investigaciones) que, a su entender, ofrecen indicios de delito. Y ese carpetazo se realiza, indica el texto, por una fórmula legal que impide recurrir a una instancia superior.



Proteger al denunciante

El fiscal recuerda que la Audiencia también optó por no apreciar delito en los casos Hiriko y Epsilon, ligados a una supuesta corrupción del PNV. En el horizonte de este informe crítico figuran igualmente la denuncia contra el exjefe de seguridad del Parlamento vasco, un ertzaina, la adquisición de dos camiones de la basura a cargo del Ayuntamiento de Vitoria o el uso de los fondos económicos de algunas juntas administrativas, causas que no han prosperado según las expectativas iniciales del Ministerio Público.

Como en otras ediciones anteriores, recuerda la memoria fiscal 2019 la necesidad imperiosa de crear la figura de un fiscal anticorrupción en el País Vasco, como ya existe en otras comunidades autónomas. «También consideramos necesaria la creación de un estatuto que proteja a los denunciantes en supuestos de corrupción que derive en mayores garantías y seguridad para sí mismos y, en consecuencia, en un mayor acceso a justicia de este tipo de delitos que son extremadamente graves».



Fiscalía elude pronunciarse sobre la evolución de la criminalidad porque «no llegan los atestados sin autor conocido»MEMORIA FISCAL 2019

En estos momentos, en los juzgados alaveses se investigan varios asuntos que ponen en entredicho el buen funcionamiento de las administraciones locales, provincial y autonómica. Por ejemplo, el caso de las filtraciones de exámenes en Osakidetza o varios casos de acoso laboral en la Ertzaintza que afectan a altos mandos.

En cuanto al análisis de la evolución de la criminalidad, la Fiscalía también se muestra muy crítica con los datos aportados por los cuerpos de seguridad, en especial Ertzaintza y Policía Local. «La calidad de los datos no es buena o, al menos, no tiene la calidad que sería exigible».

Se refiere, sin citar explícitamente a ningún organismo, al cambio que entró en vigor durante los años 2015 y 2016. A partir de entonces, no es obligatorio incluir en estos listados de delincuencia «los atestados sin autor conocido». Según reza la Memoria Fiscal 2019, los datos actuales «sólo reflejan la actividad judicial de Álava, pero no la real actividad delictiva en el mismo, lo que resta mucho valor a las apreciaciones que podamos hacer respecto a la evolución de la actividad delictiva». Sindicatos policiales como Erne, Euspel o Sipe también han expresado un sentir similar al respecto.

https://www.elcorreo.com/alava/arab...errar-casos-corrupcion-20190911125833-nt.html

Aquí en el País Vasco hay una relación muy estrecha entre estamentos, por eso salen a la luz muy pocos casos de corrupción.

Parece que hay una trama de personas con denuncias de corrupción del PNV que los jueces tratan con mucha mano suave para molestar al PNV:cautious:
 

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Prisión preventiva: en tela de juicio

Magistrados, fiscales y abogados relatan los entresijos de los encarcelamientos provisionales, tras las polémicas surgidas con esta medida en casos mediáticos como el del proceso catalán, el de los jóvenes de Altsasu o el de ‘La Manada’.

UN REPORTAJE DE MIGUEL AIZPURU - Domingo, 22 de Septiembre de 2019 - Actualizado a las 06:04h

4 comentarios


  • Este otoño se cumplirán dos años desde que los líderes del proceso soberanista catalán fueron encarcelados provisionalmente. Siguen en prisión sin condena, que se conocerá antes del 16 de octubre para evitar que se sobrepase el límite de la prisión preventiva.



    Otro caso similar fue el de Altsasu, en el que tres de los procesados pasaron en la cárcel año y medio hasta conocer el fallo de la Audiencia Nacional -el Tribunal Supremo se encuentra actualmente revisando la condena-. Otro ejemplo llamativo es el del expresidente del Barça, Sandro Rosell, al que se le aplicó la prisión preventiva durante casi dos años y resultó finalmente absuelto. Por el contrario, los integrantes de La Manada pasaron un año en libertad -a pesar de haber sido ya condenados- a la espera de que el Supremo se pronunciara. ¿Qué criterios se siguen para aplicar o no las prisiones preventivas? Magistrados, fiscales y letrados relatan a este diario los entresijos de los encarcelamientos provisionales.

    La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la prisión preventiva como último recurso si no es posible adoptar una medida menos gravosa y establece un límite de dos años durante los que se puede aplicar, prorrogables por otros dos en casos extremos si un juez lo acepta. Sin embargo, no es el magistrado quien solicita el encarcelamiento, sino la Fiscalía. Los motivos para la adopción de la prisión provisional son básicamente tres: impedir la fuga del investigado, evitar la destrucción de pruebas relevantes para el proceso o prevenir la reincidencia en el delito.


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    En cuanto a los criterios y el marco en el que se puede aplicar esta medida, es necesario que los delitos investigados conlleven penas de prisión superiores a dos años y existan motivos fundados para pensar que los imputados han sido responsables de los hechos. Raimundo Prado, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, explica que deben darse todos los requisitos para establecer la prisión preventiva: “No se puede acordar porque el juez lo decida, sino porque exista un hecho delictivo de determinada gravedad”.

    En la misma línea se pronuncia el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, que detalla que “no es una pena anticipada, sino que tiene un carácter instrumental” para garantizar el desarrollo del proceso. “La prisión preventiva se acordará siempre que no se pueda abordar otra medida menos gravosa”, esgrime. Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, pone el foco en que la prisión preventiva no depende del juez, y asegura que tanto la Fiscalía como los magistrados “siempre optamos por mantener al investigado en libertad salvo que sea absolutamente necesario” encarcelarlo.

    A la vista de los citados asuntos mediáticos que se han sucedido en los últimos meses, la polémica sobre si se abusa de la prisión preventiva está servida. Sin embargo, la mayoría de los juristas consultados niegan que su aplicación sea excesiva. Según defiende la abogada vizcaina Ana Palacio, “el sistema judicial es consciente” de que se trata de una medida extrema que se adopta de forma cautelar. Tampoco cree que la Fiscalía haga un uso irresponsable al pedirla: “Salvo contadas excepciones, no he visto solicitudes arbitrarias de esta medida cautelar”. De la misma opinión es Raimundo Prado, que sostiene que solo se emplea en “muy concretas” ocasiones y con las necesarias justificaciones. “Cuando se adopta una prisión preventiva existen una serie de requisitos muy tasados y, por tanto, es muy difícil acordarla de manera arbitraria”, argumenta.

    Es Giménez quien más crítico se muestra con el uso que se le ha dado a los encarcelamientos provisionales en casos como el del procés o el de Altsasu. “Sí que ha habido una cierta facilidad en acordar la prisión provisional, ha habido casos en los que no han estado muy justificadas estas medidas”. El exjuez del Supremo se refiere expresamente a los condenados por agredir a dos guardias civiles en la localidad navarra: “En el tema de Alsasua, por ejemplo, se podía haber adoptado una medida menos gravosa”. En términos similares se expresa sobre el proceso contra los líderes independentistas: “No digo que la prisión preventiva haya sido arbitraria, que de ninguna manera lo ha sido, pero sí ha sido una medida muy rigurosa teniendo en cuenta que los procesados no han eludido nunca a la justicia, el riesgo de reiteración delictiva era inexistente y la ocultación de pruebas también. Podían haberse adoptado otras medidas”.

    Para el fiscal Pallarés, “siempre es arriesgado” ir a casos concretos sin conocer sus entresijos, pero defiende las medidas en los citados juicios mediáticos. “Los fiscales que han llevado estos casos han expuesto, de forma expresa y con transparencia, por qué solicitaban la prisión provisional en estos casos, sujetándose a lo dispuesto”, defiende. El juez Prado, por su parte, se muestra prudente a la hora de valorar la actitud del Tribunal Supremo con los acusados en el proceso por el 1-O. “Es el máximo órgano penal en España y el que crea jurisprudencia en materia penal. Evidentemente, yo no soy quien para decirle al Supremo lo que tiene que hacer”, expone. Asimismo, asegura que los plazos en el Supremo han sido “muy rápidos”, con “medios y mucha celeridad”.

    MEDIDAS ALTERNATIVASA pesar de que sea la prisión preventiva la medida que los tribunales suelen decretar para los investigados por delitos graves, existen otras opciones menos lesivas contra la libertad del imputado. Joaquín Giménez esgrime que el encarcelamiento provisional “se ha utilizado con cierta alegría” en el campo de la instrucción de causas en España y recuerda que hay alternativas como el arresto domiciliario o los controles telemáticos: “La prisión domiciliaria es posible en España, ya se adoptó en el caso Rumasa y es otra medida muy eficaz para cumplir los fines de evitar la reiteración, fuga o destrucción de pruebas”. Ana Palacio añade otras medidas cautelares que la ley contempla, como la privación del pasaporte, la prohibición de abandonar el país o las comparecencias periódicas ante un juzgado. “También se puede condicionar la libertad de la persona antes de ser juzgada a la prestación de una fianza”, recuerda.

    El magistrado emérito del Tribunal Supremo, por su parte, insiste en que “hay que ser muy riguroso” en la adopción de las prisiones provisionales y pone como ejemplo la absolución de Sandro Rosell tras pasar casi dos años en la cárcel. Prado también menciona este caso y lo achaca a la falta de medios en el sistema judicial. “Lo ideal sería que los juicios fueran lo más rápidos posible. Y para que un juicio sea lo más rápido posible los jueces y los juzgados tendríamos que tener los medios suficientes para que determinadas pruebas se hicieran cuanto antes con el fin de que no se demore el procedimiento”, explica.

    Miguel Pallarés recuerda que la prisión provisional no es nunca “una anticipación de la pena ni una declaración firme de culpabilidad”, pero sí pide que se aplique “con la máximo prudencia” debido a los “daños” que causa. “Hasta que no haya sentencia firme condenatoria, el principio constitucional de presunción de inocencia está plenamente vigente”, insiste.

    De cualquier manera, los casos en los que un investigado a quien se le aplica la medida resulta finalmente absuelto están a la orden del día. “En muchas ocasiones, personas que en apariencia reúnen los requisitos para acordar la prisión preventiva pueden con posterioridad, por determinadas pruebas periciales o porque al final no se desvirtúa la presunción de inocencia, resultan absueltas”, asegura el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. De esta forma, la prisión preventiva se convierte en ocasiones en un arma de doble filo y un castigo añadido al investigado.

  • https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/09/22/politica/prision-preventiva-en-tela-de-juicio
 
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2 de octubre a las 15:20 ·



Iniciativa Fundación Ignacio Zangrónizen FRAUDE DE ESTADO
2 de octubre a las 11:49 ·
Con el miedo, simplemente con el miedo nos quieren callar.

Con este Auto el Juez está ocultando que nos robaron NUEVE MILLONES DE EUROS desde las cuentas de Bankia en el año 2012 a todos los contribuyentes españoles.

Con este Auto, el Juez está prevaricando porque este AUTO JUDICIAL ES NULO.

Si lo ha firmado el Juez es para robar con él un patrimonio valorado en 18 MILLONES DE EUROS EN EL AÑO 2011 y que engloba más de 300 inmuebles en Logroño, en Haro y en Nájera.

La mentira, por más que la firme un Juez, nunca se convierte en verdad.

Hay que perder el miedo de una vez, los de siempre, la gente normal y corriente, la que camina a ras de suelo tenemos que decirles quienes somos y a lo que venimos.

Gracias por el apoyo de gente normal que con su nombre y apellidos está dando la cara por España y por La Rioja.

Apoyad esta iniciativa SIN MIEDO porque el miedo son sus armas.

Que no tengan armas para robarnos ni un euro más.

La Rioja en pie. España en pie.


 
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El Constitucional revisará tras la sentencia del procés otra condena de Marchena, que ya fue corregido en Estrasburgo

Un proyecto de sentencia del Constitucional para revisar una condena de Manuel Marchena en el Supremo por una protesta contra los recortes en 2011 desata una guerra soterrada entre magistrados progresistas y conservadores

El encargado de redactar la sentencia del procés ya fue duramente corregido por Estrasburgo en 2017 por revisar la sentencia del Caso Atutxa sin permitirle un juicio justo y reinterpretando una sentencia que no veía desobediencia

El Constitucional tumbó a finales de 2017 otra sentencia de un tribunal presidido por Marchena que condenó sin pruebas a los responsables de una asociación por traficar con sustancias como hachís o marihuana

Gonzalo Cortizo
06/10/2019 - 21:37h


Manuel Marchena, presidente de la sala que juzga el procés y ponente de la sentencia EFE

Tensión en el Constitucional tras filtrarse un proyecto de sentencia que anulaba la condena que Marchena dictó por un asalto al Parlament en 2011
En una decisión con pocos precedentes, el Tribunal Constitucional se vio obligado a emitir un comunicado para defender "la independencia" de sus magistrados ante informaciones que según la nota pública propician el enfrentamiento entre sus miembros, por carecer de la veracidad y el rigor necesarios.

El fondo del asunto estaba en una serie de noticias publicadas en distintos medios de comunicación sobre un proyecto de sentencia del Constitucional que tenía que revisar una condena dictada por el Tribunal Supremo, con Manuel Marchena como ponente, a ocho manifestantes que participaron en el asedio al Parlament en 2011 para protestar contra los recortes.




El comunicado del Constitucional destacaba que los magistrados no habían iniciado el examen de la cuestión, una ponencia firmada por Cándido Conde Pumpido que abogaba por volver al criterio de la Audiencia Nacional y absolver a los ocho manifestantes, que fueron condenados a tres años de cárcel en el Supremo. La deliberación sobre el recurso de amparo se ha aplazado hasta después de que el Supremo dicte sentencia sobre los políticos independentistas encarcelados tras el procés, un fallo que compete redactar al propio Marchena.

Las filtraciones han abierto una batalla en el seno del Constitucional que han obligado a intervenir a su presidente, Juan José González Riva, quien esta semana decidió reunirse con varios magistrados para rebajar la tensión. El ala conservadora del tribunal atribuye veladamente a Conde Pumpido un plan que pretendía sentar un precedente jurídico con la revisión de la condena a los manifestantes ante el Parlament en 2011 que ayudaría después a rebajar las penas a los dirigentes independentistas procesados en el Supremo.

El sector progresista asegura que la filtración responde a un ejercicio de presión del Supremo sobre el Constitucional para que nadie se atreva a discutir la futura sentencia de Marchena sobre los políticos presos catalanes.

De fondo están algunas sentencias polémicas de Marchena, el presidente de la Sala II del Supremo, que debe escribir el último capítulo en ese tribunal sobre el procés en la sentencia sobre los políticos independentistas, procesados por rebelión y que se conocerá durante las próximas semanas.

El tribunal que preside Marchena es consciente de que su resolución acabará siendo revisada en instancias superiores: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y Marchena ya ha sido recriminado en el pasado desde ambos tribunales por sentencias en las que ha participado desde la ponencia o la presidencia de la sala juzgadora. El caso Atutxa es el ejemplo más claro de todos en los que el magistrado fue corregido por sus excesos en la interpretación de los "elementos subjetivos del delito".

En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por culpar al expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, de un delito de desobediencia, sin haberle permitido disfrutar de un juicio justo. Marchena había sido el principal impulsor, como autor de la ponencia, de la decisión que Estrasburgo acabaría tumbando en una durísima sentencia.

El Caso Atutxa se armó en torno a la decisión del presidente del parlamento vasco y sus compañeros en la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, de no disolver el grupo de Sozialista Aberzaleak (SA), tras la ilegalización de Herri Batasuna (HB). El Supremo había dictado una resolución ordenando la disolución de todos los grupos parlamentarios que llevaran el nombre de Batasuna. Atuxa entendió que aquella decisión no afectaba a SA, a pesar de que en su seno se integraban los diputados que habían concurrido a las elecciones con la marca HB.

La primera denuncia contra Atuxa y sus compañeros fue presentada por el pseudosindicato Manos Limpias. En el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Atuxa y sus compañeros fueron absueltos. Cuando el caso llegó al Supremo, el magistrado Manuel Marchena fue el ponente de una nueva sentencia que cambió el criterio y condenó a los políticos vascos, considerando probada su voluntad de desobediencia. Lo hizo sin llamarles a declarar de nuevo, reinterpretando el juicio que se había producido antes en el Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV).

Antes de llegar a Estrasburgo el caso Atutxa pasó por el Constitucional, que apoyó la sentencia redactada por Marchena. Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, fue el encargado de redactar el texto con el que el Constitucional avalaba la decisión adoptada por el Supremo. Aquel fallo contenía cuatro votos particulares discrepantes con la mayoría y que coincidían en su crítica: el Supremo había cambiado "el elemento subjetivo del delito" sin dar a los condenados la posibilidad de explicarse de nuevo.

Esos votos particulares fueron escuchados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en junio de 2017 decidió anular la condena redactada por Manuel Marchena, recriminándole haber llegado a sus conclusiones "por deducción y sin haber oído a los interesados". Según Estrasburgo, la sentencia del Supremo había considerado como "decisivo" el "elemento subjetivo" de dar por hecho que Atutxa había actuado "conscientes de la ilegalidad de sus actos". Estrasburgo levantó la inhabilitación a la que los políticos vascos habían sido condenados previamente y aceptó la petición de Atuxa y sus compañeros de ser indemnizados con un euro "por perjuicio moral".

2011: Asalto al Parlament
Manuel Marchena volvió a apoyarse en la "valoración subjetiva" para revocar en 2015 otra sentencia absolutoria sin abrir una nueva vista. Un año antes, en julio de 2014, la Audiencia Nacional había decidido absolver a ocho acusados por el llamado asedio al Parlament (2011), primando su derecho a la manifestación frente a los perjuicios causados. El por entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se vio obligado a usar un helicóptero para poder llegar al pleno convocado para ese día.

Cuando el caso del asalto al Parlament llegó a manos de Marchena en el Supremo el fallo pasó de absolución a condena; tres años de cárcel por delitos de atentado contra las instituciones del estado para los ocho acusados.

Los condenados han decidido recurrir ante el Constitucional y el progresista Cándido Conde Pumpido ha recibido el encargo de redactar los borradores de sentencia. El primer texto, entregado al resto de magistrados, ha sido filtrado a diferentes medios de comunicación, generando un incendio interno que el presidente del Constitucional ha intentado paliar en la última semana. Ese proyecto de sentencia propone revocar la decisión de Marchena al entender que ha vuelto a variar "el elemento subjetivo del delito" sin dar la oportunidad a los acusados para que se expliquen ante el nuevo tribunal. La polémica generada y la cercanía de la sentencia del procés han dejado ese caso en el cajón.

Caso Marihuana
No es la primera vez que el Constitucional tiene que revisar una sentencia participada por Manuel Marchena. En 2017 revocó otra decisión en la que Marchena había participado, en este caso como presidente del tribunal y que había condenado a cinco miembros de la Asociación de Estudios y Usuarios del Cáñamo (EBERS) por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Los cinco condenados por el Supremo habían sido absueltos previamente por un tribunal vasco que entendió que "no ha quedado acreditado que la asociación tuviera como finalidad la distribución a terceras personas de marihuana o cannabis" y tampoco la existencia de "ningún enriquecimiento ilícito" por parte de los impulsores de ese club.

Corría el año 2015 y Marchena acababa de llegar a la presidencia de la Sala del Supremo que revisaba la sentencia absolutoria dictada previamente en la audiencia provincial del País Vasco. Como resultado de las deliberaciones del tribunal que presidía Marchena, se redactó una nueva sentencia condenatoria por delitos contra la salud pública.

Cuando el Constitucional estudió el asunto acordó corregir la decisión del Supremo advirtiéndole de que "no puede compartirse que exista una aplicación retroactiva de un novedoso criterio interpretativo desfavorable e imprevisible que venga a sustituir a otro más beneficioso" para los encausados. Fue una sentencia unánime, la segunda (después del Caso Atutxa) contra una decisión en la que a Marchena y a sus compañeros se les criticó el exceso de interpretación sobre las intenciones delictivas de los encausados.

https://www.eldiario.es/politica/veces-Manuel-Marchena-enfrento_0_949105224.html
 

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Justicia prevé una "importante" factura por la sentencia que obliga a indemnizar a presos preventivos absueltos

El criterio impuesto en la Abogacía del Estado recomienda estudiar "caso por caso" y no acceder a compensaciones con carácter general

Hasta la sentencia del Tribunal Constitucional el pasado junio los presos preventivos no tenían derecho a indemnizaciones aunque finalmente fuesen absueltos

El 1 de enero de 2019 había en España 9.309 presos preventivos, según los datos aportados por la secretaría general de Instituciones Penitenciarias

Gonzalo Cortizo
21/11/2019 - 21:37h
Cerca de treinta presos escapan de una cárcel en Brasil y causan caos en las vías

El interior de una prisión en una imagen de archivo. EFE
más INFO
El Ministerio de Justicia no ha calculado el dinero que tendrá que abonar para cumplir la sentencia dictada en junio por el Constitucional que obliga a indemnizar a los presos preventivos cuyos procesos han terminado en absolución o sobreseimiento libre. Así lo señalan a eldiario.es fuentes oficiales del Ministerio de Justicia que aseguran: "Tendrá una repercusión importante en nuestras cuentas". Los últimos datos de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias (a fecha 1 de enero de 2019) certificaban que a 1 de enero de 2009 había en España 9.309 personas en régimen de prisión preventiva, una medida que dictan los jueces cuando ven riesgo de destrucción de pruebas o de fuga por parte de los acusados.

Será el Ministerio de Justicia quien deberá abonar las indemnizaciones que fija el cambio de legislación tras la sentencia del Constitucional del pasado junio que pone fin a una anomalía histórica: nadie pagaba en España por los años que pasaban en prisión provisional personas inocentes. Hasta esa modificación normativa solo se compensaba en los casos en los que quedaba demostrada la inexistencia de delito. Dicho en otras palabras, en supuestos como un proceso por asesinato en el que la supuesta víctima apareciese con vida.




Si, por el contrario, la existencia del delito quedaba probada en el proceso judicial la ley exoneraba al Gobierno de la responsabilidad de compensar a los sospechosos encarcelados en régimen preventivo y que finalmente hubieran sido absueltos. Todo eso cambió en junio de 2019.

La sentencia dictada por el Constitucional abre un nuevo escenario cuyas consecuencias -en dinero- aún no han sido valoradas por Gobierno. Cualquier preso preventivo cuyo proceso finalice en sentencia absolutoria o sobreseimiento libre podrá pedir el pago de una indemnización y, por ahora, el Gobierno ha decidido resistirse al pago de esas compensaciones de manera automática.

Según ha sabido eldiario.es, el criterio adoptado por la Abogacía del Estado recomienda el estudio de las reclamaciones "caso por caso" y obligará a los reclamantes la acreditación de que su meses o años de prisión hayan generado "un perjuicio objetivo".

El procedimiento de reclamaciones que abre el Constitucional tiene el siguiente camino: los perjudicados podrán reclamar directamente al Ministerio, que deberá responder con una resolución administrativa fijando si se acepta la compensación y cuál es la cuantía a pagar. En caso de desacuerdo los afectados podrán recurrir por la vía contenciosa en un nuevo proceso judicial en donde los abogados del Estado defenderán al Gobierno con los criterios de las indicaciones que han recibido desde el ministerio de Justicia.

Sin previsiones exactas sobre las partidas que el Gobierno deberá asumir a partir de ahora, sobre el día a día de los jueces sobrevuela otra consecuencia: "Van a tener más cuidado cada vez que dicten una prisión preventiva", aseguran fuentes jurídicas a eldiario.es.

El equipo del Ministerio defiende que las nuevas reglas no suponen un cuestionamiento de los encarcelamientos provisionales: "No se trata de errores judiciales sino de decisiones tasadas en base a criterios como el riesgo de fuga o la posibilidad de reiteración delictiva que están perfectamente reguladas", aclaran. A la espera de las reclamaciones que entren por ventanilla, los portavoces de Justicia conluyen: "Estamos a lo que llegue".

9.000 presos preventivos

Según los datos de la Secretaría General de Instituciones penitenciarias, a 1 de enero de 2019 había en España más de 9.000 presos en esta situación. La media de estancia en prisión de las personas en este régimen es de 399 días.

Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, "los jueces españoles son muy restrictivos a la hora de acordar prisión provisional". La medida solo se puede imponer en caso de que concurran alguno de los siguientes supuestos: riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de reiteración delictiva. La regulación de la prisión provisional ha sido objeto de sucesivas reformas que han hecho que su adopción esté sujeta a criterios muy tasados: se excluyó la 'alarma social' como uno de los motivos que permitían su adopción y se estableció la obligatoriedad de que el juez tuviese que apoyarse en una petición de parte para adoptarla, sin posibilidad de hacerlo de oficio.

España es uno de los países europeos con menor tasa de población reclusa en situación de prisión provisional. Según el último informe publicado en 2016 por el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, el porcentaje de presos preventivos sobre el total de la población reclusa en España es del 12,9%.

En países de nuestro entorno, los porcentajes de presos preventivos con respecto al global de la población reclusa superan con mucho los datos de España: Bélgica (37%), Dinamarca (35,3%), Francia (29,3%), Italia (35,1%), Países Bajos (45,8%), Noruega (27,9%), Portugal (17,3%), Suecia (26,6%) y Suiza (20,7%).



¿Que tal si los jueces pagaran de su bolsillo las indemnizaciones? ¿Por qué tenemos que pagar a escote todos los españoles los """fallos""" de los jueces? Claro, que luego no hay dinero para otras cosas como pensiones, subir el SMI, dependencia etc etc.

Por cierto, ya que hablan de presos preventivos en Europa me gustaría saber el % de los absueltos en Europa de esos presos preventivos y hacer la comparativa con España.
 

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Pérez-Reverte estalla contra la sentencia del crimen de los tirantes y desvela qué ocurrió en su propia casa


El popular escritor y académico de la lengua ha comentado la sentencia contra Rodrigo Lanza y ha relatado un suceso del que fue víctima

La sentencia contra Rodrigo Lanza por el asesinato de Víctor Laínez, también conocido como el caso de los tirantes, ha dado mucho de qué hablar, tanto que hasta Arturo Pérez-Reverte ha dejado su opinión. El fallecido, Laínez, llevaba unos tirantes con la bandera de España, lo que generó cierta indignación y se llegó a pedir que se juzgase como un delito de odio. Finalmente, la sentencia ha condenado Lanza a cinco años por homicidio imprudente, lo que, en palabras del abogado de la familia, es una "colección de desatinos" contra los que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón


Reverte, un robo en su casa y la legítima defensa

El afamado escritor y académico de la lengua ha querido compartir su parecer en redes sociales, donde es un usuario muy activo. Su reflexión ha generado tal cantidad de respuestas y comentarios que el término 'Don Arturo' se ha convertido en tendencia en nuestro país.
Arturo Pérez-Reverte

✔@perezreverte

https://twitter.com/perezreverte/status/1199671265331691521

Hace pocos días, dos encapuchados quisieron entrar en mi casa a robar. Si les llego a dar un escopetazo de postas, me habría comido más cárcel que Rodrigo Lanza. Ruego a los próximos asaltantes que lleven tirantes con bandera española, que atenúa mucho"




Lo que ha sorprendido ha muchos tuiteros ha sido el comienzo del mensaje, pues Reverte ha revelado un suceso del que fue víctima y que, hasta ahora, no había sido conocido por el público general. "Hace pocos días, dos encapuchados quisieron entrar en mi casa a robar", comentaba el escritor. "Si les llego a dar un escopetazo de postas, me habría comido más cárcel que Rodrigo Lanza", elucubraba, para concluir con la siguiente reflexión: "Ruego a los próximos asaltantes que lleven tirantes con bandera española, que atenúa mucho".La respuesta de las redesLa ironía utilizada por el escritor, además de la polémica del caso ha convertido al mensaje en ciertamente popular, lo que ha generado que lleva más de 6 mil compartidos y 14 mil me gusta. Entre las preguntas que le lanzaban, acabó relatando qué ocurrió con el asalto a su hogar.
 
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La indeseable unanimidad

Si aseguramos la unidad territorial de algo llamado España y para ello pisoteamos los principios constitucionales, democráticos y de derecho internacional que nos sustentan como democracia occidental, habremos hecho un pan como unas tortas

Elisa Beni
30/11/2019 - 21:40h
Junqueras dice que no ve atajos para la independencia sin un referéndum acordado

Oriol Junqueras en una imagen de archivo EUROPA PRES

"Yo lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo"

Bunbury. El hombre delgado

Al fin esta semana se ha vislumbrado un rayo de esperanza en el sistema. Al fin, esta semana, tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han dejado atrás la Razón de Estado, el principio de conveniencia y las presiones de los medios de comunicación y de otra índole para hacer su trabajo como se espera de ellos. Al fin, la indeseable, inexistente y forzada unanimidad jurídica sobre el caso del procés y sobre los pasos judiciales dados desde la presentación de la querella de Maza ha sido rota. Honor a aquellos que priman su honestidad y su juramento sobre las presiones y la conveniencia. Honor y mi agradecimiento por darme otro pequeño jirón de esperanza a la que agarrarme para seguir defendiendo que el maltrecho Estado de Derecho español aún puede ser reparado y restañado y para luchar por ello.

Desde la caverna mediática y desde las trincheras políticas se les ha puesto a parir aunque con la boca medio pequeña, porque no hay en este país nadie que se atreva a decir que Xiol Rius es un mal magistrado o que no sabe derecho. Por eso es tan importante que él y Valdés y Balaguer vayan a suscribir un voto particular, tras haber quedado en minoría, para explicar por qué los derechos constitucionales de Oriol Junqueras han sido vulnerados por el propio sistema judicial español y por qué es preciso restañarlos y concederle el amparo.

Ninguna ley española habla sobre la necesidad de unanimidad en las decisiones judiciales o constitucionales. Es más, la ley de lo que habla es de lo que es probable que suceda, como de hecho sucede, que es de la falta de unanimidad. Así lo hace el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y es que un juez que juzga y participa en una deliberación ESTÁ OBLIGADO a firmar la sentencia resultante. Un juez, por principio, está obligado a decidir. No puede darse la vuelta. Una vez conoce un asunto DEBE expresar su opinión. Así que como puede suceder que la opinión mayoritaria, que está obligado a firmar, vaya en contra de sus propios principios, prevé precisamente la ley la emisión de un voto particular anexo a la sentencia, a todos los efectos, para que su firma vaya acompañada de la verdadera explicación de su sentir jurídico. No hay ninguna mención a la unanimidad necesaria en ninguna ley. Es más, la ley lo que prevé es la existencia de 'salas de discordia' o nuevas 'vistas de discordia', cuando por el número de magistrados no se llegue a producir una mayoría.

¿Quién se inventa pues eso de la deseada unanimidad? ¿Para qué y por quién es deseada? La unanimidad se desea cuando no se quieren líos ni ataques por la sentencia o cuando se piensa que puede ser discutida y que con una decisión unánime las críticas serán menores. En realidad, no nos engañemos, la deseada unanimidad es un concepto más político que jurídico que comienza a planear sobre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando enjuicia cuestiones con un alto voltaje político y que fue llegando al Tribunal Supremo por los mismos motivos.

Ese blindaje es el que muchos quieren imponer ahora mismo al Tribunal Constitucional para impedir que las voces jurídicas discordantes con algunas decisiones tomadas, claramente vulneradoras de los derechos de los procesados y condenados catalanes, dejen en evidencia a los que las tomaron. Esta es la cuestión, la intranquilidad y la presión que se ha evidenciado en muchos casos, incluso procedente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para intentar que el TC se pliegue a la formación en tortuga y no deje resquicios para que Europa vea las debilidades del proceso judicial seguido contra los independentistas catalanes.

¿Es buena esa unanimidad para tapar las miserias? No sé para quién ni para qué. En realidad si Estrasburgo o Luxemburgo han de bucear en las chapuceras decisiones que impusieron la pragmática sobre la protección de derechos que son inalienables, lo harán de todas formas. Me parece inteligente, además de honesto, que magistrados de la talla de Xiol quieran dejar claro en sus votos, para cuando Europa nos ponga colorados, que ellos ya lo vieron y que no conculcaron su juramento ante los objetivos políticos mayoritarios.

Ya va siendo hora de que quede claro que si aseguramos la unidad territorial de algo llamado España, pero para ello pisoteamos los principios constitucionales, democráticos y de derecho internacional que nos sustentan como democracia occidental, habremos hecho un pan como unas tortas. España era muy una con Franco. España no era libre ni respetaba los derechos fundamentales con Franco. Me resulta escalofriante que haya juristas que hayan estado dispuestos a callar y a mirar para otro lado sabiendo, como sabían, que los salvapatrias estaban pasando por encima de principios irrenunciables.

Ha pasado desapercibido para el gran público y menos para los medios que han estado intentando presionar y forzar a los magistrados a plegarse a la espiral del silencio.

Gracias por la honestidad y por la valentía porque nos devuelve una brizna de esperanza.


 
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Gobernar con el Judicial enfrente

La renovación pendiente del CGPJ va a ser uno de los primeros problemas de la legislatura, aunque todos los comentarios se centren en los Presupuestos.

Ahora que hemos visto que a los magistrados del TC se les presiona con toda impunidad, incluso desde los editoriales, para que aprieten las filas y no den su opinión jurídica real ¿qué va a pasar con esa renovación?

Elisa Beni
29 comentarios

04/12/2019 - 21:38h
El Rey preside hoy la apertura del año judicial

EFE
"La balanza de la Justicia...Dios mío... no es un mecanismo demasiado sensible, es una burda báscula que no se mueve si no se le arrojan pesos a quintales"
Jakob Wassermann


¿Va a ser capaz el nuevo gobierno, aún no nato, de gobernar con el Poder Judicial enfrente?

Corría el año 2001 cuando varios vocales de un recién nombrado Consejo General del Poder Judicial explicaban en una comida recogida hasta qué punto preocupaba al gobierno de Aznar su convicción de que las altas esferas de la judicatura hubieran sido "copadas" durante los años de gobierno socialista por magistrados "progres" y cómo eso dificultaba y podía hasta frenar la acción de gobierno dado que las leyes podían ser declaradas inconstitucionales, las querellas contra populares podían ir viento en popa y los asuntos más delicados frenados en el Tribunal Supremo o perdidos en la Audiencia Nacional. Así que se pusieron manos a la obra y con el CGPJ presidido por Francisco José Hernando asumieron el compromiso de purgar las altas esferas judiciales y embocar el gran paquebote de la Justicia hacia la ruta marcada por los conservadores para llevar a buen puerto sus proyectos.

El Consejo de Hernando estuvo vigente durante casi ocho años, siendo los mandatos oficiales de cinco, pero en ese anormal periodo pusieron las bases del desembarco de los afines al PP en los grandes órganos judiciales. Esa misma situación se está reproduciendo ahora con el caducado Consejo presidido por Lesmes, que ha nombrado ya a 52 altos cargos judiciales estando fuera de mandato y que aún ha convocado nuevas plazas del Tribunal Supremo con la intención clara de dejar bloqueadas con una mayoría conservadora las principales salas al menos por casi un cuarto de siglo dado que, también de forma casual, están nombrando a magistrados a los que les quedan muchos años antes de jubilarse. Todo es muy casual. La presidencia de la Audiencia Nacional, la de cuatro Tribunales Superiores de Justicia, 14 Audiencias provinciales y 8 magistrados del Tribunal Supremo. Fíjense si fue rentable reventar el acuerdo de renovación formalizado entre el PSOE y el PP justo tras la moción de censura. ¿Quién fue el listo que pensó que a lo mejor lo del PSOE no era para mucho tiempo y que en unas futuras elecciones la derecha podría sacar mejor tajada? A quien sea que le vayan poniendo la medalla, porque desde luego ha conservado una facultad que no se compadece con las mayorías parlamentarias llamadas a renovar el órgano.

¿Será capaz el nuevo gobierno, si acaba cuajando, de gobernar si se le ponen en contra los jueces?

El CGPJ del que les hablaba, el de Francisco José Hernando, de mayoría conservadora, ya se prorrogó más de la cuenta lo suficiente para amargarle la vida a Zapatero y puede que a todos porque hay lodos que proceden en parte de aquellos polvos. No fue casual que el CGPJ decidiera elaborar un informe contrario al Estatut en 2005 sin que se lo hubieran pedido las Cortes, como es preceptivo. Enrique López, hoy consejero del trifachito de Madrid y entonces vocal lo justificaba así: "Pese a que no hay previsión legal, el Consejo tiene un reglamento de funcionamiento que permite elaborar cualquier estudio o informe sobre cualquier asunto jurídico que se considere de interés. Si estamos ante un Estatuto que afecta al Poder Judicial y al órgano del gobierno de los jueces ¿qué más interés se puede pedir?". Un reglamento saltándose a la ley pero ¿qué más daba? Había intereses mayores. Parecidos a los que provocaron que se hiciera un informe sobre la Ley de Matrimonio Homosexual, este sí requerido formalmente, en el que se afirmaba que aprobar tal proyecto "abre la puerta para legalizar el incesto o las relaciones entre animales". Cosas de tener a los del Opus bien dentro.

Pongo estos ejemplos para que se vea hasta qué punto pueden interferir estos órganos que permanecen en una anomalía constitucional -aquí a los llamados constitucionalistas les importa lo que les importa pero esto les parece fenomenal- en el caminar de un gobierno progresista al que ya se le ha puesto de frente, y eso sin existir, la banca, los empresarios y hasta los obispos más de la carcundia.

La renovación pendiente del CGPJ va a ser uno de los primeros problemas de la legislatura, aunque todos los comentarios se centren en los Presupuestos. Y Casado ya ha avanzado, aunque ha pasado desapercibido, que no está muy por la labor. A fin de cuentas ¿para qué si ahora tiene una representación que no va a volver a obtener? Y luego está el asunto Vox y la incapacidad para impedir que gane peso en las instituciones para lograr destruir el sistema tal y como lo conocemos. ¿Va a tomar parte en la designación de jueces? La derecha nos ha dicho ya que quiere ilegalizar partidos nacionalistas -la propuesta de Vox en Madrid recibió el apoyo del PP y Ciudadanos- y eso lo hace la Sala del 61 del Tribunal Supremo, no lo olviden, aunque tenga que instarlo el Gobierno... o la Fiscalía. Y si se ha podido ver una sedición de nueva factura, vayamos a saber qué no se puede ver en el futuro.

Hace tiempo que les cuento que existe la posibilidad de que las cúpulas judiciales hayan decidido tomar las riendas en asuntos cuya resolución puede que no les competa. Todo poder tiende a expandirse y este no menos. El caso del procés ha sido un claro ejemplo. La espiral del silencio se ha extendido sobre jueces y fiscales para acallar las voces que veían, desde el principio, que la acusación de rebelión no tenía ningún sentido. Eso sí, fue útil para sacar de Cataluña el problema, para judicializarlo y para inhabilitar preventivamente a los líderes catalanes. Y no hubo el más mínimo cambio ni la más mínima vacilación tras el cambio de gobierno. Hasta el abogado del Estado Bal, ahora diputado de chiripa de Ciudadanos, andaba acusando por rebelión sin que esa fuera la orden que había recibido

¿Pueden las togas enrocarse, dado que sólo están sometidos a un control que ejercen ellos mismos? No sé. Lo cierto es que las cúpulas bien tomadas por los conservadores le pueden complicar la vida a un gobierno progresista. Eso por no hablar de la renovación pendiente del Tribunal Constitucional. Ahora que hemos visto que a los magistrados del TC se les presiona con toda impunidad, incluso desde los editoriales, para que aprieten las filas y no den su opinión jurídica real ¿qué va a pasar con esa renovación? Para todas ellas hace falta una mayoría reforzada de 3/5 de la Cámara.

Es un tema que permanece silente y del que se habla poco, pero que puede llegar a ser decisivo. De momento, los favoritos para ocupar los sillones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo son Concepción Espejel -Querida Concha- y Barrientos, el presidente del TSJ de Cataluña. Ellos van detrás de Carmen Lamela y de otros que, casualmente, unen a sus méritos haber fallado justo lo que se esperaba de ellos. Y ahí lo dejo.

No olviden cuántas cosas pueden pasar por los tribunales incluso aunque no debieran.

No olviden que los tribunales, incluido el TC, se pueden convertir en una tercera cámara en la que ganar lo que se pierde en las Cortes.

Un mensaje filtrado y todo se volcó del lado de la derecha que no está dispuesta a soltar la presa.

Todo convenientemente casual.

Todo complicado para el gobierno que muchos, a pesar de los poderes fácticos, esperamos que llegue.
*PD. Por supuesto, cuando hablo de jueces, hablo de los que ocupan las cúpulas. No me refiero al juez de su pueblo o de su asunto particular. Hablo del poder con mayúsculas, ya saben, no de los pleitos de cada día.


Pues eso, que la imagen de la Justicia de éste país es un desatre.
 
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Un CGPJ en funciones nombra a 46 cargos, la mayoría afines a Lesmes y el PP, y condiciona la Justicia para los próximos 20 años

Los nuevos presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales permanecerán en las plazas cinco años. Y los nuevos magistrados del Supremo hasta la jubilación. Esta cúpula judicial la tendría que haber nombrado el próximo Consejo.


El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, junto al rey Felipe VI, en la apertura del año judicial. EFE/Mariscal

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, junto al rey Felipe VI, en la apertura del año judicial. EFE/Mariscal
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MADRID

04/12/2019 07:49 Actualizado: 04/12/2019 21:45

JULIA PÉREZ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emprendido una vertiginosa carrera, a pesar de estas en funciones desde hace un año, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendría que haber nombrado el próximo Consejo. En su mayoría son afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional.
Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilación. Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.


Este 4 de diciembre se cumple un año de un CGPJ en funciones. Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el órgano constitucional y dirige la mayoría afín al PP, ha impulsado una convocatoria masiva de plazas para renovar la cúpula judicial.

Dicha competencia correspondería al próximo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales y que va a tener una composición política diferente de la actual, creada cuando Alberto Ruiz-Gallardón era el ministro de Justicia del PP en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representación política ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Grave cuestionamiento

Sólo cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, así como las vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáez.

"Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado”. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compañeros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que el CGPJ debe autocontenerse y evitar un “grave cuestionamiento” de su propia legitimidad.

Pero Lesmes y la mayoría conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minoría progresista. Sólo necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos más reforzados, y la división de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector.

Sólo desde mayo pasado, han nombrado o convocado el nombramiento de 46 presidentes de tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, así como de magistrados del Supremo.

A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, no existe una sentencia del Supremo que limite el alcance de un mandato en funciones. Aunque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial prevé un Consejo interino y, dado su carácter político, las fuentes jurídicas consultadas consideran que se están usurpando competencias del próximo Consejo.

Control del Supremo

Mientras, el CGPJ ha emprendido la carrera de sacar las plazas del Tribunal Supremo pendientes. Incluso se ha convocado la plaza del expresidente de la Sala Tercera José Manuel Sieira, cuando no se jubila hasta el 15 de diciembre.

Desde que accedió al poder en 2013, Lesmes ha tenido entre sus objetivos el Tribunal Supremo al que ha logrado dar un vuelco en su composición .

“Hoy, las cinco salas del alto tribunal tienen una mayoría de tendencia conservadora y los políticos que negocian ahora los pactos no saben que no podrán gobernar con un Tribunal Supremo de cara”, explica en fuentes progresistas del CGPJ.

Por si fuera poco, Lesmes ha logrado nombrar magistrados del Supremo a personas afines que rondan la cincuentena, de tal manera que se ha asegurado su presencia en los próximo 15 ó 20 años, hasta la jubilación.

Las asociaciones recurren
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Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retahíla de nombramientos del CGPJ en funciones y que no se hayan elaborado reglamentos sobre los baremos a tener en cuenta adaptados a la nueva legislación.

Los baremos genéricos fueron definidos por el Pleno después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El nuevo artículo 326.2 de dicha Ley estableció el pasado diciembre que deberán existir unas bases en cada convocatoria donde se definirán los méritos a tener en consideración para cada puesto. Esta reforma que pretendía responder las críticas del Consejo de Europa que ha afeado a España por su falta de transparencia en los nombramientos de la cúpula judicial.

“Pero ni se elige conforme al mérito de los candidatos, ni se propone acorde con la ley en materia de igualdad”, zanja Ignacio Ubaldo González Vega, portavoz de JJpD, quien tiene claro que el objetivo “es nombrar a los afines antes de que termine el mandato”.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, cree que toda situación de interinidad está “acompañada de cierta parálisis ante iniciativas de calado. Pero llama la atención que no se haya producido en los nombramientos”.

Vuelco al Tribunal Supremo

Carlos Lesmes siempre ha tenido una fijación: la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Es la que juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Es su especialidad.

Desde que llegó al poder, Lesmes ha conseguido colocar en esta Sala a un tercio de todos sus magistrados. Como su íntimo amigo Luis María Díez Picazo, al que nombró presidente de esta Sala en detrimento de independiente Sieira. O la persona que lo propuso a Gallardón, Fernando Román. Sin olvidar a Dimitry Berberoff, su exdirector de Gabinete Técnico.

En la Sala de lo Social -que juzga asuntos derivados de la reforma laboral, por ejemplo- el vuelco dado en estos seis años es histórico. Lesmes y su mayoría han nombrado la mitad de sus magistrados.

En la Sala de lo Penal -que juzga a los aforados, por ejemplo- han designado a 9 de sus 14 integrantes, con algunas concesiones al sector progresista.

También han dado un giro a la Sala Primera, la de lo Civil, que juzga cuestiones como los derechos de los consumidores y las cláusulas abusivas. Su presidente es su amigo Francisco Marín Castán, cuyo hermano Fernando ha sido nombrado este noviembre magistrado de la Sala Quinta. Es la Sala de lo Militar, donde se designó magistrado a Jacobo Barja de Quiroga, quien en 2013 convenció a Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) de que Lesmes era el candidato ideal para el CGPJ.

Espejel y Barrientos, los favoritos

Estos días se celebran las entrevistas para cubrir tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se presentan un total de veintiocho candidatos, once de ellos mujeres. Las entrevistas no han finalizado, pero fuentes jurídicas aseguran que Lesmes habría hecho llegar a su entorno los nombres de sus preferidos: Concepción Espejel -presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recusada por el caso Gürtel por su afinidad al PP-; Jesús María Barrientos -que aún no ha terminado su mandato de presidente del TSJ de Catalunya- así como un posible magistrado de JJpD como podría ser Javier Hernández, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones).

Acaba de convocar también una plaza para la Sala Tercera. Y en el entorno del presidente interino ya se asegura que su preferida es Esperanza Córdoba Castroverde, una alto cargo del CGPJ que saltaría desde allí directamente al Supremo cuando lleva seis años sin poner sentencias, indican fuentes jurídicas. Jefa de la Inspección de los tribunales, es hermana de su íntimo amigo Diego Córdoba Castroverde, elevado también a magistrado de esa misma sala durante este mandato.



La justicia española no da ya asco, sino ASCAZO.
 
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Un año de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial
El órgano de gobierno de los jueces entró en funciones el 4 de diciembre de 2018, después de que se rompiera el acuerdo que alcanzaron socialistas y populares


El detonante fue el mensaje de Cosidó (PP), en el que sugería que el juez Marchena, que se perfilaba como presidente, iba a beneficiar a los intereses del PP


Dos asociaciones de jueces y magistrados han recurrido la veintena de nombramientos de salas y juzgados de España que ha hecho este organismo estando en funciones



EFE - Madrid
09/12/2019 - 09:53h
El Consejo General del Poder Judicial cumple un año con su renovación bloqueada

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lemes. EFE
más INFO
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido un año en funciones ante la parálisis política y el clima parlamentario augura complicadas negociaciones para su renovación, aunque el PSOE y el PP suman prácticamente los tres quintos exigidos para elegir a los nuevos vocales.

El órgano de gobierno de los jueces entró en funciones el 4 de diciembre de 2018, después de que se rompiera el acuerdo que alcanzaron socialistas y populares para designar a los nuevos miembros, y los vocales elegidos en 2013 han continuado trabajando, no sin críticas. El detonante de la ruptura fue el mensaje de Ignacio Cosidó, en el que sugería que el magistrado Marchena, que se perfilaba como presidente, iba a beneficiar a los intereses del PP. El juez decidió hacer pública una carta en la que renunciaba a la presidencia y defendía su imparcialidad.




Dos de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados -la Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia- han recurrido ante el Tribunal Supremo una veintena de los nombramientos de cargos judiciales que ha realizado este órgano en los últimos meses, ya que el CGPJ nombra a los principales líderes de órganos judiciales y en este caso lo han hecho en funciones.

En funciones, denuncian, ha convocado alrededor de cuarenta cargos para dejar cubiertas las plazas más importantes de las principales salas y tribunales del país durante los próximos cinco años.

La situación, no obstante, tiene visos de continuar mientras los grupos parlamentarios no comiencen a negociar la renovación, ya que el Congreso debe designar a diez vocales y el Senado, a otros diez.

El bipartidismo tradicional se ha fortalecido tras las elecciones del 10 de noviembre y socialistas y populares reúnen en la Cámara Baja 208 votos (120, los primeros y 88, los segundos), sólo dos menos de los 210 escaños necesarios y que podría aportar Navarra Suma, coalición en la que se integra el PP.

Renovación compleja

Pero las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez -y el fracaso de las conversaciones para consensuar la composición de la Mesa del Congreso- vaticinan una aritmética compleja y con múltiples factores.
El PP defiende además cambiar el sistema de elección de los vocales para que la mayoría sean designados por los propios jueces, propuesta que abrazó después de saltar por los aires el año pasado su pacto con el PSOE y entre acusaciones cruzadas de intentar manipular el Poder Judicial.


El acuerdo, que situaba a Manuel Marchena al frente del GGPJ, fracasó después de que el magistrado renunciara al cargo tras filtrarse un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía ante sus compañeros el pacto con el PSOE porque permitiría controlar la Sala de lo Penal del Supremo "desde detrás".
Vox y Ciudadanos también apuestan por cambiar el método para elegir a los vocales, pero PSOE y Podemos se oponen recordando que es en el Parlamento donde reside la soberanía popular.

 
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Sediciones y otras zarandajas

Cómo una sedición que todos vimos en directo, la de los controladores, dejó de serlo con el transcurso de los años, mientras que la que nadie vio, la de Catalunya, se convirtió de pronto en un alzamiento tumultuario de manual

Quizá no esté mal ponerles gafotas a los fiscales que son tan dados a ver terroristas donde no los hay y organizaciones terroristas de nueva formación y a los del Tribunal Supremo que también vieron una rebelión donde no la había



Elisa Beni
15/01/2020 - 21:39h
El juicio del procés se queda sin los testigos clave imputados en Cataluña

El tribunal que sentenció el juicio del procés. EFE

Este país es una fuente de inspiración. Quiero decir que si un guionista utilizara alguno de los argumentos que nos proporciona nuestra pura idiosincrasia sería tachado de falsario. Héteme aquí, y les cuento, cómo el día de hoy nos sirve en bandeja la comparación de cómo en esta España nuestra –¡perdón, quise decir de ellos!– las cosas que vemos pueden no ser lo que vemos, pero las que no vemos pueden, vaya si pueden, ser lo que no vimos. Trabalenguas traigo. Llevo once años colaborando como analista en medios y he vivido en directo muchas de las peripecias de esta sociedad. Por eso mi cerebro no ha tardado en atar cabos. Por eso puedo hacerles el relato de cómo una sedición que todos vimos en directo, la de los controladores, dejó de serlo con el transcurso de los años, y se quedará en unas multas, mientras que la que nadie vio –no hubo nadie que mientras transmitíamos los sucesos de Catalunya en directo mencionara ni la rebelión ni la sedición, nadie– se convirtió de pronto en un alzamiento tumultuario de manual, en un golpe de Estado más grave que el 23F y todas las demás zarandajas.

Casi me relamo de lo que la actualidad me pone hoy en los dedos. Atención, guionistas. Cuando el viernes 3 de diciembre de 2010, el Consejo de Ministros de un Gobierno progresista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto que regulaba las condiciones laborales de los controladores aéreos, ampliando el horario y reduciendo sus emolumentos (que se cifraban en unos 200.000 euros brutos anuales), a los señores controladores se les hincharon los bebes y decidieron plantarle cara al Gobierno, tomando como rehenes a más de medio millón de personas que intentaban disfrutar del puente de... la Constitución. (¿Ven, señores guionistas, no puede ser más redondo ... de la Constitución).




Comenzaron masivamente y en varios aeropuertos, de forma simultánea, a abandonar sus tareas alegando malestar psíquico, estrés, como subterfugio. El caos afectó no solo a la navegación española sino también a todos aquellos aviones internacionales que debían atravesar nuestro espacio aéreo en sus rutas. Un caso internacional, vaya. Tal fue el pandemonium tras el plante que el sábado 4 de diciembre, día de Santa Bárbara, patrona de la Artillería, el Gobierno decidió decretar el estado de alarma (artículo 116.2 de la Constitución) por primera y única vez en democracia. El control aéreo fue militarizado y los controladores, movilizados. Así, con un control militar, nos mantuvimos hasta el día 16 de enero. Tal día como hoy que me leen y que se produce el juicio (esta casualidad ya no la compra ni un guionista que tenga cabeza).

Durante ese tiempo, el fiscal general del Estado movilizó a las fiscalías de todas las provincias afectadas y se presentaron querellas por sedición en aplicación del artículo 20 de la Ley Penal y Procesal de Navegación. Un artículo que, como verán, encajaba como un guante con los hechos vividos. "Se impondrán penas de prisión como reos de sedición (...) a los empleados de aeropuerto que, en número suficiente para paralizar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva ante el jefe respectivo". Como un guante encaja el tipo. Nada que ver con el alzamiento tumultuario de Junqueras y de los manifestantes de la Consejería. Ese alzamiento que nadie vio y contra el que nadie actuó en aquel momento. Sin embargo, como les digo, la sedición fue detectada y advertida a los controladores desde el primer momento.

Todavía hay cosas más cachondas en esta historia. Facua presentó la primera una querella por sedición en la Audiencia Nacional (AN), pero esta se manifestó incompetente, repito, incompetente para los delitos de sedición. Ya hemos visto que esta incompetencia se debía haber disuelto en el mar de las leyes cuando tocó agarrar la historia del procès. Como de facto sucedió también con la rebelión, para la que el pleno de la Sala de lo Penal se declaró incompetente cuando el asunto de la memoria histórica, y que fue también una incompetencia que se transforma en competencia cuando toca lo de los catalanes. Esto para los que dicen como una matraca: "¡Que cumplan la ley! ¡Todos tienen que cumplir la ley!". Que digo yo que los jueces a veces también tendrán que hacerlo y que hay que ser bobo de baba para que te convenzan de que no se es competente para un delito y que sí se es a los siete años porque solo puede deducirse racionalmente que todo depende de quiénes sean los presuntos delincuentes. Es que ni intentaron aplicar la competencia de la AN por delitos cometidos en el ámbito de varias audiencias provinciales, cuestión que se daba claramente.

Bien, decía que eran incompetentes y que fueron los juzgados de instrucción de las diferentes provincias los que asumieron las querellas de la Fiscalía. Y aquí es donde viene cómo los delitos se disuelven y se transforman también según el viento que sople. Fue llegar Eduardo Torres-Dulce, el primer fiscal general propuesto por Rajoy, y todo empezó a tomar otro cariz. De repente, la Fiscalía empezó a no ver la sedición porque la ley que tan bien encajaba era "preconstitucional", ya que es de 1964, como si no fuera que todas las leyes que siguen en vigor se han convertido de facto en constitucionales. Después también los fiscales empezaron a dudar porque "es una ley de aplicación práctica escasísima", que menos mal, también, que esa ley con lo que contiene de secuestros de aeronave y rebeliones a bordo no hay que aplicarla mucho, pero que tampoco sé que la poca aplicación de una norma devenga en derogación.

En fin, que poco a poco aquello fue un alzamiento que no era claro que fuera alzamiento y que tumultuario pues que tampoco... y que todo se ha ido saldando con acuerdos con la Fiscalía, sin juicio, y con multas. El juicio que empezó ayer en Madrid, ¡diez años después, oiga!, también contiene un acuerdo en sus entrañas.

No se malicien. Ni siquiera estoy diciendo que me pareciera de justicia enchironar a los controladores, a pesar de que su actitud fue inadmisible ya que deberían haber convocado una huelga legal y no haberle sacado la chorra al Gobierno a ver quién meaba más lejos. Puede que fuera excesivo enchironar a nadie ocho años por eso. Que solo se lo cuento por si alguien les dice que no puede haber otra forma jurídica de ver lo del procés o que es una rendición intentar poner coto a algunos dislates, muchos de ellos con sesgo político, que se han producido en estos tiempos. Quizá no esté mal ponerles gafotas a los fiscales de la AN que son tan dados a ver terroristas donde no los hay y organizaciones terroristas de nueva formación y a los del Tribunal Supremo que también vieron y siguen viendo una rebelión donde no la había.

Que este país tiene para todos, oiga. Que si quiere bolsa, señora.

 
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Siete vocales conservadores del CGPJ eluden su obligación de valorar a Delgado como jurista y la rechazan por parcial

Deciden ignorar que el escrito presentado por Lesmes para su votación no habla de "idoneidad" y se centra en si Delgado reúne los requisitos legales para fiscal general

El voto particular de los siete vocales: "Las funciones constitucionales que debe cumplir están expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones"

El pleno del Consejo General del Poder Judicial avala finalmente el nombramiento de Dolores Delgado porque otros doce vocales han votado a favor


Pedro Águeda / Gonzalo Cortizo / Elena Herrera
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16/01/2020 - 18:19h
El pleno del Consejo General del Poder Judicial.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial. EFE


El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado por 12 votos a favor y 7 en contra. Los siete vocales del Consejo que han votado en contra son Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballesteros, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Noya y Gerardo Martínez Tristán. Todos ellos pertenecen al bloque conservador, esto es, elegidos vocales del CGPJ a propuesta del Partido Popular.

De éstos, Nuria Díaz ha anunciado durante el encuentro la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella. En el escrito para explicar su voto negativo afirman que Dolores Delgado no es idónea para el cargo por haber sido ministra de Justicia en el anterior Gobierno y diputada electa por el PSOE en las últimas elecciones. Sin embargo, la "idoneidad" de Delgado no era objeto de la votación porque el presidente, Carlos Lesmes, les había entregado un escrito sobre el que pronunciarse que les obligaba a pronunciarse únicamente sobre si Delgado reúne los requisitos legales para el cargo. En resumen, han votado en contra de la próxima fiscal general por una cuestión que no era objeto de la consulta.




En el voto particular, los siete vocales, todos a propuesta del PP, expresan su convencimiento de que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea porque "las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía". Los siete vocales han tardado menos de una hora y media en presentar su voto particular, de cinco folios, desde que ha acabado la reunión.

El hecho de que Delgado proceda del anterior Consejo de Ministros y resultara elegida diputada por el partido en el Gobierno "supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al fiscal general del Estado", aseguran en su escrito los siete vocales. "Las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado están expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones", añaden.

Del bloque conservador que es mayoría en el CGPJ hay que excluir del voto negativo contra Delgado al presidente Carlos Lesmes y los vocales Fernández Valverde y María Ángeles Carmona, así como a otros dos que no han acudido al pleno, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. El órgano de gobierno de los jueces, de actual mayoría conservadora, está en funciones y pendiente de renovación desde hace más de un año.

Los vocales progresistas (siete a propuesta del PSOE y una por IU) y el que fue propuesto por el PNV, Enrique Lucas, han votado también a favor del nombramiento de Delgado. Pero de entre estos 12 votos hay tres que suscribirán un voto particular concurrente, esto es, apoyan la legalidad del nombramiento pero haciendo observaciones. Se trata de Concepción Sáez, la vocal de IU, y Rafael Fernández Valverde, que firmarán el voto. A él se adherirá la conservadora Ángeles Carmona. Fuentes presentes en la reunión aseguran que ha sido muy bronca.

El texto votado se limita a subrayar que, a la vista de la documentación recibida, "cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación". Estos requisitos, tasados por el Estatuto del Ministerio Fiscal, son ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de quince años de ejercicio profesional. El CGPJ, de actual mayoría conservadora y que está en funciones y pendiente de renovación desde hace más de un año, solo ha votado el texto presentado por Lesmes, ninguno adicional.

A diferencia de en el texto votado este jueves, en las propuestas para la elección de los otros cuatro fiscales formuladas en los últimos años por el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces sí se incluía un párrafo en el que recalcaba los méritos y requisitos acreditados "determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento".

Fuentes próximas a Lesmes han explicado que el presidente eliminó este párrafo "en aras a favorecer la mayor unanimidad posible" dado el debate suscitado respecto a la propuesta de nombramiento de Delgado, que no se había suscitado con otros fiscales generales del Estado. Estas mismas fuentes añaden que, consciente de la "polémica" suscitada, Lesmes decidió "suprimir una parte del texto, el que alude a la idoneidad, porque lo que siempre se ha evaluado en el CGPJ es si el candidato reúne los trámites" y que, en consecuencia, la alusión a la citada idoneidad era "prescindible".



Lo que es totalmente inadecuado es la existencia de un Tribunal que debiera haber sido renovado. Y no lo ha sido porque el PP se niega a que se cambien jueces y magistrados que son de su onda.
 
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El Poder Judicial dice ahora que no hará más nombramientos tras designar en funciones a 47 jueces

El Consejo, de mayoría conservadora, ha renovado en la situación interina que mantiene desde diciembre de 2018 diez plazas de jueces del Tribunal Supremo.

El órgano de gobierno de los jueces anuncia la paralización de los nombramientos hasta que los partidos acuerden la renovación del órgano que el PP bloquea

Elena Herrera
16/01/2020 - 21:47h
Lesmes a PdeCAT: La soñada Bélgica tiene 50% más condenas que España por DDHH

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes. EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este jueves que paraliza el nombramiento discrecional de jueces tras haber asignado estando en funciones 47 plazas de alto nivel, entre ellas, diez en el Tribunal Supremo. El órgano de gobierno de los jueces está en situación de interinidad desde diciembre de 2018 y mantiene desde entonces la mayoría conservadora de la etapa de Mariano Rajoy.
El Poder Judicial realizó este anuncio por sorpresa y el mismo día en que siete vocales nombrados a propuesta del PP decidieron saltarse su obligación de evaluar los méritos profesionales de Dolores Delgado para votar en contra de su nombramiento invocando falta de parcialidad de la exministra elegida por Pedro Sánchez para dirigirla Fiscalía General del Estado.




El Consejo justifica la paralización ahora de los nombramientos en el Supremo, la Audiencia Nacional, los TSJ autonómicos y las Audiencias Provinciales con el argumento de que confía en que haya una "pronta renovación de la institución" tras la constitución de las cámaras y la formación de Gobierno.

En todo caso, el órgano de gobierno de los jueces, que mantiene su composición de 2013 cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso, avisa de que los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volverían a ponerse en marcha "si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovación". Entre las plazas pendientes, hay tres en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Los mandatos de los miembros de las salas jurisdiccionales del Alto Tribunal son de quince años.

En una nota de prensa, el CGPJ justifica que, pese a haber agotado su mandato, ha ido cubriendo las plazas que han quedado vacantes en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial. Subraya que esta norma prevé que la única competencia que no podrá ejercer en funciones es la elección de un nuevo presidente de la institución.

Defiende, además, que el Tribunal Supremo desestimó la petición de dos asociaciones judiciales de suspender cautelarmente la convocatoria de diversas presidencias y plazas en órganos judiciales colegiados. Y advierte, por ejemplo, de que de prolongarse en el tiempo las tres vacantes en la sala de lo Penal del Supremo "el normal funcionamiento de la sala se vería gravemente resentido".

En noviembre de 2018, el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y el Partido Popular para renovar el órgano de gobierno de los jueces saltó por los aires después de que se hiciera público un mensaje en el que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, asumía con naturalidad el reparto de poder con el PSOE para la renovación de esa institución. Con ese mensaje, Cosidó trataba de convencer a sus compañeros de partido de que con el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del CGPJ se controlaría "por detrás" la sala segunda del Supremo. Finalmente, Marchena renunció y presidió el tribunal que juzgó el procés.

 

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