LA JUSTICIA EN CAÍDA LIBRE... ¿O SON LOS JUECES Y FISCALES? (1 Viewer)


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La prisión fácil


En Justicia deberían de estar por la Justicia pero el dinero es el dinero y todas estas indemnizaciones por decisiones judiciales se amontonaría en la mesa del Gobierno de turno y podrían producir temblores presupuestarios

El Tribunal Constitucional está dispuesto a enmendar la impunidad con la que se mantiene de forma gratuita en prisión en nuestro país a personas que luego resultan absueltas

Elisa Beni
12/01/2019 - 21:21h

Edificio del Tribunal constitucional en Madrid EFE


“Que la excepción llegue a ser la regla es la peor de las tiranías”
G.K.Chesterton


Mai Jie-Zhing pasó 1.668 días en prisión por la muerte de dos compatriotas de las que luego fue exculpado. No quisieron indemnizarlo. Es sólo un nombre al azar extraído de una lista inacabable. En España casi el 16 por ciento de los presos lo son sin haber sido juzgados. Son los presos preventivos. Los que se encuentran entre rejas por decisión del juez que investiga un caso. Algo que debería ser excepcional pero que en el caso de los robagallinas es una norma. Nadie quiere problemas. Si la policía detiene a unos sospechosos, como en un engranaje bien engrasado, el fiscal pide la prisión preventiva y el juez la acuerda. Nada tiene que perder así y más complicado sería que se les acabara fugando alguien. Así que ¿qué problema hay? En España se dictan prisiones preventivas cada día que no sólo podrían llamarse “de carril” sino que podrían considerarse “defensivas”. Sobre todo si hablamos de imputados que son carne de cañón. Nadie se lo plantea, porque tampoco tiene ninguna consecuencia. Luego oímos aullidos que claman la presunción de inocencia para los miembros de La Manada, ya condenados dos veces, porque la libertad es la regla y la prisión lo excepcional. Y estoy de acuerdo. Plenamente. Sólo que conozco la práctica forense y, desde luego, no es esa.

Las tres causas constitucionales de prisión provisional se estiran como el chicle. Un preso puede tener arraigo porque es guardia civil y no va a tirar por la borda su empleo o porque ha dejado de serlo y ya no tiene ingresos con qué fugarse. Ambas cosas he leído sin rebozo de la misma persona al mismo tribunal. Y a tragar. Y así tragaba el otro día un ciudadano chino, acusado de un delito contra la salud pública, al que se le negó el arraigo a pesar de llevar 26 años en España y tener a toda su familia y sus negocios en nuestro país. Ocho meses más tarde, la propia Fiscalía pedía la libertad con fianza de 1.000 euros y aquí paz y después gloria. Nada había cambiado, salvo que Li se había comido ocho meses de prisión. Gratis. Siempre gratis.

Estos días se nos ha pasado,entre el fárrago de noticias y las fiestas, que el Tribunal Constitucional está dispuesto a enmendar la impunidad con la que se mantiene de forma gratuita en prisión en nuestro país a personas que luego resultan absueltas. En aplicación de las sentencias de Estrasburgo que condenan a nuestro país, los magistrados del Tribunal Constitucional van a reunirse para enmendarse la plana y enmendar la ley española al respecto que creen, ellos mismos, que puede ser inconstitucional. El artículo 294.1 de la LOPJ prevé que tendrán derecho a ser indemnizados aquellos casos en los que tras sufrir prisión preventiva se demuestre que no se ha producido el delito. Eso daba lugar a que un porcentaje ínfimo de personas encarceladas sin motivo fueran indemnizadas. Fíjense que ni Dolores Vázquez, tras pasar en prisión 519 días por el asesinato de Rocío Wanninkhoff, por un error judicial recibió ni la más mínima indemnización.

Los magistrados del Constitucional cuentan con modificar ese artículo y transformarlo en un enunciado que diga que tendrán derecho a indemnización todos los que habiendo sufrido prisión preventiva sean absueltos o se dicte un auto de sobreseimiento libre. Dicen que en el Ministerio de Justicia andan muy preocupados por esto. No lo entiendo. En Justicia deberían de estar por la Justicia pero, claro, el dinero es el dinero y todas estas indemnizaciones por decisiones judiciales se amontonaría en la mesa del Gobierno de turno y podrían producir temblores presupuestarios. Habrá, de facto, que fijar una tarifa de indemnización por día de prisión injusta. Difícil porque no hay dinero que pague la experiencia de la cárcel y, sobre todo, de la injusticia y del desvalimiento ante el sistema. Hay países europeos que lo tienen perfectamente tasado.

Dándole vueltas he pensado que este sistema que preve el Tribunal Constitucional tendrá o podría tener otros muchos efectos sobre el insano sistema español en el que la libertad es la norma, si la cosa mediática o la importancia del tipo pesa, pero en el que realmente la prisión es el pan nuestro de cada día de los tribunales. Si cada caso de prisión innecesaria acaba en indemnización y nos cuesta el dinero a todos, no cabe duda de que acabará habiendo una estadística de los encarcelados sin motivo. Una vez que tengamos tal conteo, no cabe duda de que podremos saber qué jueces han sido los que tomaron la decisión. Es obvio que uno no tiene una bola de cristal y que tiene que sopesar pero ¿qué sucederá si descubrimos que hay instructores que utilizan la prisión provisional por principio y que las indemnizaciones se acumulan? No es tan raro. También estaban los instructores de renombre que mandaban a la gente a “madurar” a prisión, a ver qué les contaban luego. Saben que no es una leyenda. A fin de cuentas se han producido escándalos varios por la fuga de imputados que se han sustraído a la acción de la Justicia -recuerden el caso del Negro y la Sección Cuarta- pero no muchos por haber mantenido presos años a personas que resultaron absueltas. Así que es más fácil cubrirse las espaldas, sobre todo si el fiscal te lo ha pedido. Ese es el comodín del fiscal. Los instructores piensan que si el defensor de la legalidad pide la prisión y ellos la acuerdan es imposible que se considere eso una prevaricación. Y así, entre unos y otros, prima la presunción de inocencia de unos y se pudren sin remedio los sin nombre. Esperan la última instancia en libertad unos cuyos nombres conocemos y se encierra en cuanto hay sentencia en primera instancia a otros, como los de Alsasua.

Espero ansiosa la resolución del Tribunal Constitucional y espero ansiosa que sea tomada en serio. Deseo que se haga un uso ponderado y sensato del poder y que no se haga Justicia defensiva. Espero que acabemos sabiendo quienes son los jueces de verdad y quiénes los amos del calabozo, porque lo son con las vidas ajenas y lo van a ser con el dinero de todos nosotros.

https://www.eldiario.es/zonacritica/prision-facil_6_856424364.html

Debiera imponerse a una pena a los jueces que dirimen la prisión preventiva con esa alegría, y en muchos casos como estamos viendo movidos por intereses privados o de terceros.

El tema es que dirimen la vida de una persona entre rejas por años sin ningún pudor, y como acabo de enterarme no siempre con indemnización.

Éste país es de pandereta, y los jueces no están a al altura de las circunstancias.

Les importa un pito las resoluciones de Estrasburgo si es que se ha tenido medios para poder presentar recurso ante ese tribunal, porque la mayoría de la gente no tiene dinero para ese dispendio.

Lo importante es que las penas las pagaran los propios jueces y no con dinero público, que es de todos, pero ya sabemos que éste país es de tercer mundo en muchos aspectos...nada que ver con los países serios de Europa.
 
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¡No se de que os sorprendéis? Un juez ha dejado libre a un guatemalteco, que propino una brutal paliza a su bebe de dos meses... ¡Eso si! le ha aplicado una orden de alejamiento de 200 mt. y retirado el pasaporte. y son tantos los casos, que no me estraña de nada.

Como la juez que dejo libre al gitano Montoya (Pese a que este le dijo, que lo volvería hacer), en la carcel tenia un sueldo, vivía muy bien, tenia su grupo de amigos
 

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CORRUPCIÓN POLÍTICA
El Poder Judicial acuerda apartar a la juez con más casos contra la corrupción de Galicia
El gobierno de los jueces impone una suspensión de siete meses y pérdida de destino a la instructora de las mayores investigaciones contra políticos en la comunidad
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SILVIA R. PONTEVEDRA
PEPE SEIJO
Santiago / Lugo 29 MAR 2019 - 19:40 CET

Pilar de Lara durante una conferencia este mes en la Universidade de Santiago. ÓSCAR CORRAL
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta que califica de "muy grave", de "desatención en el ejercicio de las competencias judiciales". Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino. De Lara (Cartagena, 1969) lleva desde hace una década dirigiendo las principales investigaciones judiciales contra la corrupción de todo tipo en Galicia, con políticos imputados de muchos partidos, sobre todo del PP y del PSOE, funcionarios, policías y guardias civiles, grandes empresarios detenidos por blanqueo y cohecho y mafias de proxenetismo. Aunque el fiscal del expediente abierto contra la juez por dilaciones en la tramitación de las causas solicitaba solo tres meses de suspensión de empleo y sueldo (lo que no implicaba la pérdida de su plaza en Lugo), la cúpula del gobierno de los jueces ha escuchado la demanda del promotor de la acción disciplinaria en el CGPJ, Ricardo Conde, exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia con los ministros del PP Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá entre 2012 y 2016.

El promotor del expediente a De Lara pide siete meses de suspensión para la juez
La suspensión y el apartamiento de su plaza (y sus investigaciones) de la impulsora de causas tan sonadas en Galicia como la Operación Carioca, la Pokémon, la Cóndor, la Pulpo o la Garañón (que acabaron con un buen puñado de carreras políticas en los últimos años) se anuncia a las puertas de un nuevo largo periodo electoral. La decisión de la comisión disciplinaria será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa. La magistrada tiene un mes de plazo para recurrir en alzada al pleno del CGPJ, aunque tal y como ha explicado su abogado, Agustín Azparren, todos sus recursos hasta el momento no han sido tenidos en cuenta por sus superiores jerárquicos en la cúpula del Poder Judicial. En caso de que el gobierno de los jueces confirme la sanción, la magistrada aún podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo.

https://elpais.com/ccaa/2019/03/28/...VeKvpk09D9Z5vmpddqLMUYIusFqzyzYgMbC5gjWgRqr10
https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=27869011&PluID=0&ord=[timestamp]
 
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CORRUPCIÓNEl 'aviso' del hijo de Conde-Pumpido se ha cumplido con la jueza azote de la corrupción gallega


"Empieza a sonar un run run en el TS de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política", advirtió el abogado a Pilar de Lara, instructora de varias causas de corrupción como el 'caso Pokemon'.





Cándido Conde-Pumpido, con Elpidio Silva. EFE

MÁS INFORMACIÓN

MADRID
28/03/2019 22:55 Actualizado: 28/03/2019 22:55
PÚBLICO / AGENCIAS

Se cumple el aviso que el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del ex fiscal general del Estado del mismo nombre, dio a la jueza Pilar de Lara en 2014 para que abandonara sus investigaciones a políticos y funcionarios. Ahora, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado imponer a la magistrada anticorrupción una sanción de 7 meses y un día, que implica la pérdida de destino.

Conde-Pumpido chantajeó a la magistrada mediante un correo electrónico, al que tuvo acceso en exclusiva Público, el 11 de junio de 2014. En este mensaje, Conde-Pumpido aconseja a De Lara que "intente apartarse" y que "vaya con pies de plomo" en sus investigaciones. Incluso le recomienda un cambio de destino ofreciéndose a hacer las gestiones necesarias para este traslado ante el CGPJ, haciendo alarde de sus influencias en las altas instancias judiciales. "Empieza a sonar un run run en el TS de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política", advierte a De Lara.

La jueza anticorrupción de Lugo, instructora de varias causas de corrupción como el caso Pokemon, incluyó este mail en un informe que envió a la Audiencia Provincial de Lugo en diciembre de 2015. Un documento en el que el abogado advierte: "Según mi experiencia es mucho más peligroso para un Juez investigar a un determinado partido que a otro y no lo digo solo por Silva y Garzón, el propio Bermúdez con el que doy clase en la Universidad Europea está convencido que [sic] si no llega a soltar lo de Bárcenas a tiempo le habrían hundido la carrera, y razones no le faltan, pues me constan movimientos en este sentido."

Imputado por blanqueo de capitales
Conde-Pumpido Varela Jr. está imputado por la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo de capitales procedentes de dueños de prostíbulos. Algo que negó ante el tribunal en su declaración del 15 de enero de este año. Los empresarios de estos prostíbulos fueron detenidos en la investigación de la denominada Operación Pompeya, que se desarrolló en 2015 y que afectó a más de medio centenar de personas a las que relacionó con actividades de blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual de mujeres.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata apreció indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de la prostit*ción a través de una banca privada, llamada Bandenia Banca Privada, sin registrar en España.

En enero, la Fiscalía quiso preguntarle sobre otro caso por el que el abogado habría puesto una empresa a disposición de sus clientes para que pudieran seguir facturando de negocios como prostíbulos cuando tenían las cuentas intervenidas tras el golpe policial. No quiso aclarar estas actividades, que podrían derivar en una imputación por un delito de alzamiento de bienes u otro de blanqueo.

Conde-Pumpido reconoció haber sido el abogado de los investigados y que le dejaron un dinero a deber por la venta de unos cuadros y muebles familiares que no llegaron a pagarle. Esa es toda la relación que, según ha afirmado, tenía con esas personas.

https://www.publico.es/politica/cor...8WCDMlJPYGLJezkIxiOmk_YtIyBtC5gDk29VadKJZMsqE
 

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Los inciertos méritos de Lamela


Al final ha tenido que ser una asociación de defensa de los derechos civiles la que interponga un recurso para pedir la nulidad del nombramiento de Carmen Lamela

Elisa Beni
06/04/2019 - 20:11h

Tribunal Supremo.

"Justicia es el firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es debido" Ulpiano




En ocasiones, la vida nos sirve en un periodo corto diversas pociones que gracias a esa contigüedad temporal nos permiten apreciar mejor el sabor y el fondo de las cuestiones que plantean. Así está pasando en estos últimos días en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En esta ocasión se trata del sempiterno problema de los nombramientos judiciales viciados de nepotismo o politización y alejados de la búsqueda de la excelencia que tantos predican pero pocos practican. Ya les adelantaba que los jueces están empezando a plantar cara a este rodillo infame mediante recursos pero también lo está haciendo la sociedad civil, en una clara defensa del derecho de los ciudadanos a que tales prácticas sean analizadas y en su caso purgadas por las instancias previstas para ello.

Al final ha tenido que ser una asociación de defensa de los derechos civiles la que interponga un recurso para pedir la nulidad del nombramiento de Carmen Lamela como magistrada del Tribunal Supremo tras su breve paso por el Juzgado Central de Instrucción 3. Un nombramiento que ya resultó escandaloso en su día ya que, como no es inhabitual desgraciadamente, parece más premiar un servicio prestado que unos méritos contrastados. Ya saben que no es lo mismo tener méritos que hacer méritos. El lenguaje, que todo lo limpia, lo fija y le da o le quita esplendor. Lamela fue nombrada para el cargo y preferida entre 36 magistrados en un acuerdo de la Comisión Permanente de Lesmes en el que "se limitaron a exponer los méritos de ésta pero sin contener ninguna explicación sobre en qué aspectos es mejor al resto de sus compañeros". Se trataba en este caso de cubrir la vacante dejada por el fallecimiento de José Manuel Maza y que correspondía al llamado turno de especialistas en Derecho Penal. Así que, obviamente, una de las características que se debían tener en cuenta era dicha especialidad. Déjenme recordarles que acreditar tal especialidad ha devenido una cosa liosa y que, en resumen, tenemos a aquellos magistrados que hicieron el llamado "cursito" por ordenador cuando ascendieron y a los que pasaron las duras pruebas convocadas por el CGPJ en 2011, que llamaremos "el súper examen" y cuya convocatoria fue anulada por una cuestión de forma referida a la facultad del propio Consejo para convocarlas.

Todo este lío, al que luego me referiré, ni siquiera tiene mucho que ver en el caso de Carmen Lamela ya que ésta no tiene ni lo uno ni lo otro y, sin embargo, ha sido preferida a candidatos que tenían una modalidad de especialista o la otra para acceder a ese puesto. Así que el sanedrín de Lesmes constató en ella "un alto grado de especialización" en la investigación y enjuiciamiento de macro causas, delitos de terrorismo y órdenes europeas de detención y entrega aunque olvidaran explicar por qué estos méritos desplegados en su breve lapso de tiempo destinada en la Audiencia Nacional eclipsaban los de otros peticionarios que llevaban un cuarto de siglo haciendo esas mismas cosas y, además, habían pasado el súper examen de la especialidad. Tampoco decían nada, y es un dato que menciona la demanda, de si siendo la candidata que había sido sujeto en algún momento de la instrucción de un expediente disciplinario, frente a compañeros que jamás se habían visto en ese trance, esto la hubiera perjudicado o no a la hora de valorar sus méritos. ¿Qué tenía Lamela que podía saltar por encima de la especialización pedida y soslayar algunos puntos oscuros de su trayectoria? ¿Hubieran sido contemplados sus méritos con la misma vara de medir, y obviados los de sus contrincantes, si no hubiera caído en sus manos la causa contra el procés promovida por el propio Maza?

Esta demanda llega a la Sección Sexta de la Sala Tercera en la semana en la que ésta ha hecho pública la sentencia que anula los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco para la Sala de Apelaciones, para la que también prima la especialidad en penal. En esta sentencia queda muy claro que "se sitúa en pie de igualdad a quienes han superado las pruebas de promoción a magistrado (el cursito) con aquellos que ha superado la prueba de especialización (el súper examen). Si se aplicara a un supuesto sí y a otro no el mérito preferente (...) se estará incurriendo en una infracción de ordenamiento jurídico", dice la sala. ¿En qué se ha incurrido en el caso de Lamela al no solamente no aplicar el mérito igual a los del cursito y a los del súper examen sino al ningunear a todos ellos para nombrar a una candidata que no tiene ninguno de los dos?

De la sentencia que anula el nombramiento de López y Velasco ha sido ponente el magistrado José Manuel Sieira que ha sufrido en sus carnes este infausto e injusto sistema de nombramientos del CGPJ. Como les conté en su día, Sieira era el prestigioso y respetado presidente de la Sala Tercera hasta que no se le renovó en su cargo, como era además tradición, para poner en su lugar a Díez-Picazo, universalmente considerado ya responsable por su mal hacer del escándalo de la marcha atrás en el caso de los gastos hipotecarios para proteger a la banca. Sieira no sólo es un magnífico magistrado sino que debe llevar grabada a fuego la injusticia ulpianiana que se practica en el reino de taifas de Lesmes. Y ahora le es dado controlar estos desmanes.

Es no sólo de justicia sino incluso de justicia poética, que esta impune actitud sea analizada ahora por magistrados que se atrevan a plantar cara a un sistema podrido. Si además reflexionan sobre la inaceptable cuestión de que solamente aquellos que hayan sido perjudicados en un nombramiento, por no haber sido nombrados ellos mismos, puedan denunciar y combatir estos manejos, estarán haciendo un servicio a la democracia. La ocupación sistemática de los altos puestos de decisión judicial por nombramientos ad hoc del poder de turno, no solo perjudica a unos u otros magistrados en sus carreras sino a todos los ciudadanos y a una sociedad que se dice basada en los principios de igualdad y de mérito. Que las asociaciones judiciales o de derechos civiles no puedan siquiera plantear los casos para que los jueces competentes los analicen es un despropósito democrático.

Las terribles consecuencias en términos de pérdida de calidad jurisdiccional, deterioro de la confianza ciudadana en la Justicia, falta de prestigio de la propia profesión de juez y de zozobra de los controles democráticos no son cuestiones particulares de nadie. Esperemos que no tenga que ser finalmente Europa la que haga entender algo tan básico

https://www.eldiario.es/zonacritica/inciertos-meritos-Lamela_6_885821423.html



#7 yakiniku | 07/04/2019 - 02:23h
La jueza Lamela fue la primera magistrada, antes que Llarena, que investigó la causa independentista catalana, envió a prisión a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y ha instruido la causa íntegra contra el ex-jefe de los Mossos, Josep Lluìs Trapero. Ahora, pese a llegar al TS, no podrá juzgarles.


Pero Lamela jugó además un papel determinante en la investigación por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en octubre de 2016 en Alsasua. Fue la jueza que dirigió la instrucción y que, por arte de birlibirloque, encargó un informe a la Guardia Civil a los pocos días de recibir una denuncia de Covite y convirtió la causa en una investigación por terrorismo. Además, mantuvo durante toda la investigación, a tres de los acusados (Oihan Arnanz, Jokin Unamuno y Adur Ramírez) en prisión preventiva, fue condecorada a los once días de incoar las diligencias y rehusó practicar numerosas pruebas testificales y documentales de las defensas.

Una vez juzgado el caso, la Sala de lo Penal de la AN condenó a los procesados hasta a 13 años de cárcel pero tuvo que desistir del delito de terrorismo al ser insostenible. Fue el pretexto para retener la causa. Y así la retuvo Lamela, en lugar de devolverla al juzgado de instrucción de Pamplona como reclamó la Audiencia navarra, que planteó una cuestión de competencia al entender que no se trataban de delitos graves. Lamela también veía terrorismo en los disturbios de marzo de 2017 en el Casco Viejo de Pamplona por los que se juzgó a cuatro jóvenes de Rentería. Tampoco se les condenó por dicho delito. Se les impusieron dos años por desórdenes públicos.

https://www.noticiasdenavarra.com/2...-instruyo-el-caso-alsasua-en-la-an-al-supremo


#9 Arousa | 07/04/2019 - 09:00h
Tras leer estupefacto y con sumo interés todos estos artículos de la Sra Beni sobre la PODREDUMBRE de la Justicia acabo entendiendo el "por qué" de la JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA: precisamente porque la Justicia está POLITIZADA
LO PEOR DE UNA SOCIEDAD:
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no aseguran al Ciudadano
Legisladores que no legislan en provecho de la Sociedad
Justicia que no es Justa en sus decisiones
Sociedad que adormece y no ve estas ANOMALÍAS



A todo ésto hay que seguir la estela de Gema Espinosa, esposa de Llarena. Veremos que puestecito se le asigna por pago de servicios prestados.
 
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El juez que votó en contra de condenar al PP en Gürtel accede a la ‘Gran Sala’ de la AN
Ángel Hurtado y Manuela Fernández de Prado serán los magistrados que ocuparán las plazas de Enrique López y Eloy Velasco en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional tras el fallo del Tribunal Supremo.

El juez que votó en contra de condenar al PP en Gürtel accede a la ‘Gran Sala’ de la AN

Publicado el 22 de Abril de 2019 - 22: 07
ÁNGELA MARTIALAY[email protected] AngelaMartialay




El juez Ángel Hurtado. EFE

Los magistrados Ángel Hurtado y Manuela Fernández de Prado entrarán a formar parte de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tumbara el pasado mes de marzo por unanimidad los nombramientos de los magistrados Enrique López y Eloy Velascoefectuados por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes.

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, la Comisión Permanente del Consejo tiene previsto dar cumplimiento en los próximos días a la sentencia del Alto Tribunal después de que el magistrado Velasco solicitara una aclaración de la misma y el Supremo respondiera que el criterio para elegir a los nuevos integrantes de la ‘Gran Sala’ de la Audiencia debe ser la mayor antigüedad en el escalafón entre los magistrados que tienen el mérito de haber superado pruebas de especialización en materia penal o la prueba de acceso de juez a magistrado en dicho ámbito.

Las mismas fuentes indican que en este caso son los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado y Manuela Fernández de Prado (una de las recurrentes ante el Supremo), a quienes les corresponde las plazas de López y Velasco.


El Supremo obliga al CGPJ a nombrar a dos nuevos jueces para la 'supersala' de la Audiencia

El Tribunal Supremo ha sentenciado este jueves que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside el magistrado Carlos Lesmes interpretó de forma “contraria a derecho” el artículo 37.[...]

En el caso de Hurtado, fue el ponente inicial de la sentencia de la Primera Época de la Trama Gürtel (1999-2005) que tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy. Paradójicamente, pese a redactar cientos de folios de dicha sentencia, acabó formulando un voto particular contra la misma al discrepar sobre la condena que recibió como partícipe a título lucrativo el Partido Popular por haberse beneficiado de 245.492,80 euros de gastos electorales en los municipios madrileños Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, que se sufragaron con el dinero de las comisiones aportadas por la trama corrupta capitaneada por Francisco Correa.

En su voto particular, Hurtado dijo que “no era necesario introducir” en la resolución expresiones como que “‘entre el Grupo Correa y el Partido Popular se tejió, pues, una estructura de colaboración estable’”, o que ‘se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional…’ (…) la llamada “Caja B” del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989”.

Cambia el tribunal que juzgará a Trapero
Tras un ruptura de relación total con los otros dos magistrados que juzgaron la trama Gürtel, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, Ángel Hurtado decidió cambiar de sección en la Sala Penal de la Audiencia y pasó de ser miembro de la Sección Segunda a magistrado de la Sección Primera, donde recientemente ha formado parte de la Sala que debe dictar próximamente la sentencia sobre el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell.


El juez que justificó el asalto al Parlament redactará la sentencia contra Trapero por el 1-O
La ex cúpula de los Mossos d’Esquadra cuando se celebró el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, con el ex major Josep Lluís Trapero al frente, ya tiene tribunal[...]

Por su parte, la magistrada Fernández de Prado ocupa actualmente plaza en la misma Sección Primera de la Sala Penal de dicho tribunal y debía formar parte de la Sala que juzgará al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero por rebelión tras los actos independentistas del 20-S y el 1-O.

Su marcha de la Sala Penal rumbo a la Sala de Apelaciones supondrá una alteración en la composición de dicho tribunal que tenía hasta el momento un marcado signo progresista. Fernández de Prado es miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Asimismo, la Comisión Permanente del Consejo debe decidir a qué plazas envía a los magistrados Enrique López y Eloy Velasco. Las opciones barajadas son dos: adscritos a la Sala Penal –que en estos momentos cuenta con tres magistrados de más sobre su plantilla- o adscritos a la Sala de Apelaciones, que por ahora mantiene una tímida carga de trabajo ya que en todo el año 2018 tan sólo se dictaron 18 sentencias por parte de dicho órgano. De hecho, ambos magistrados estaban actuando en la actualidad como refuerzos de las Secciones de la Sala Penal por este motivo.

https://www.elindependiente.com/pol...0W7f_w_VmjczAnWW0Hz2t2-_OLZdw1TKi_C7xwSPkbMBs
 
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Lesmes, en el corazón de las tinieblas


La actualidad es un juego de prestidigitación permanente, y la mayoría se olvidó de que, todo suspenso, sólo salían ganando los que se quedaban en funciones por los tiempos que sean necesarios hasta volver a lograr un acuerdo de renovación

Lesmes, desde el cuarto de máquinas, ha nombrado a los que se ordenaba pero ha hecho un truco de trilero inaceptable para seguir conservando en la Sala de Apelaciones a López y Velasco

Elisa Beni
18/05/2019 - 20:55h

EFE

"Crear una fachada(...) en la que el estratega pueda maniobrar sin ser visto mientras todos los ojos están entrenados para ver las cosas conocidas y obvias"




Thomas Cleary. El arte japonés de la guerra

La imagen del trilero de la calle Sierpes está bien solidificada en los mitos de la democracia española. Ya todos saben. Lo que es más costoso es darse cuenta de que no fue uno, ni serán dos, sino que la vida pública y los poderes del Estado están agusanados de trileros y de banderías.

Seguro que todos recuerdan la bolita que contenía un mensajito de Cosidó que hablaba de un reparto conveniente para el Consejo General del Poder Judicial que presidido por Manuel Marchena "controlaremos por la puerta de atrás". Se nos fueron los ojos detrás de esta bolita. En juego estaba también la renuncia de Marchena a aceptar el cargo y, por último, la "digna" estampida de Casado que tras "peerse" se enfadó y tiró de una patada la mesa de juego. Por cierto, que ¡los números de representación en que se hubiera visto en aquel momento y en los que se ve! Pero esa es otra historia. Ahí nos quedamos todos, prendados de las manos hábiles que manejaban el jueguecito. Rota la baraja nos fuimos todos a otra cosa. La actualidad es un juego de prestidigitación permanente, y la mayoría se olvidó de que, todo suspenso, sólo salían ganando los que se quedaban en funciones por los tiempos que sean necesarios hasta volver a lograr un acuerdo de renovación. Tiempos que ya superan el medio año y que se pueden ir hasta vaya usted a saber cuánto. Ahí sigue Lesmes, agazapado en el corazón de las tinieblas rodeado de sus mariachis y con todo el poder en la mano. Todo el poder para seguir colocando a los afines, cuantos más mejor y cuanto antes mejor. Sin disimulo y sin rebozo. Sin importar incumplir las sentencias o pasarte el control judicial por el forro. Corre, corre Alicia. Llego tarde.

La cuestión es que el Tribunal Supremo, su Sala Tercera, tiró por tierra el nombramiento de Enrique López y Eloy Velasco como miembros de la Sala de Apelaciones (como ya les conté en El Supremo hunde el salvavidas del PP). Así que no quedaba otra que cumplir la sentencia y nombrar a los magistrados Manuela Fernández-Prado y Ángel Hurtado para esa sala, por tener más méritos, y hacer levantar el ala a los que habían sido nombrados contrariamente a Derecho. Así que Lesmes, desde el cuarto de máquinas, ha nombrado a los que se ordenaba pero ha hecho un truco de trilero inaceptable para seguir conservando en la Sala de Apelaciones a López y Velasco. No se olviden de que la Sala de Apelaciones es la madre de todas las salas de la Audiencia Nacional, porque está llamada a controlar todas sus sentencias. Lo que se sacan de la manga es poner a los que deben pero dejar adscritos a esa sala a los dos desbancados "hasta que salga una vacante y la pidan". Claro que para que salga una vacante los bien nombrados tendrían que irse y ellos la ocuparían. Traducción: los deja de pegados para siempre en el lugar en el que el Tribunal Supremo les acaba de decir que no pueden estar.

Se trata de algo inaudito. En toda la historia judicial española lo que ha sucedido con las anulaciones de nombramientos es que los anulados volvían a su puesto anterior y, si este estaba ocupado, el problema se le creaba al órgano de origen para recolocarlos como adscritos. En este caso concreto, López debería haber vuelto a la Sala de lo Penal y Velasco a su juzgado y, dado que sus vacantes estaban cubiertas, haberse quedado adscritos a los mismos hasta que hubiera nuevas vacantes que cubrirían con preferencia. Pues no. Dejar a López y a Velasco en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional significa consagrar que el control judicial de los nombramientos judiciales que hace el CGPJ es papel mojado y que éste puede campar a sus anchas y nombrar a quien le salga. Así lo acaban de demostrar con me parece no poco cabreo de la propia Sala Tercera.

El caso es que Enrique López queda colocado en esa Sala que, según él mismo contó allá los tiempos, fue creada por su amigo Michavila para que él la presidiera (ver La Señora de las Salas). Lo de la carrera de López da para un monográfico. El magistrado que llegó a la Audiencia Nacional sin haber puesto una sola sentencia por delito -sólo por faltas- gracias a las argucias del PP. El magistrado que casi inmediatamente fue encumbrado al Tribunal Constitucional, sin reunir mérito alguno, por el Partido Popular. El que perdió tal canonjía por cometer un delito y conducir borracho por la Castellana y que volvió con antecedentes a la Sala de lo Penal. El que fue aupado con trampa a la Sala de Apelaciones. Él. Sólo con explicar su recorrido se podrían argumentar casi todos los males de la carrera judicial en España y de su entrega al poder político. No se equivoquen, en esta jugada Eloy Velasco va de pegado. Si lo hacen con López, lo tienen que hacer con él porque está en las mismas condiciones. Eso el propio Velasco lo sabe y lo ha contado. Así que se quedan en una sala que ahora tendrá cinco miembros para 18 sentencias que pusieron el año pasado. Algo que tiene que estimular a los jueces de base que sucumben bajo el peso del papel.

Lesmes sigue con mano firme manejando la zanahoria. Tiene prisa porque, aunque le queda margen, no sabe cuánto tardará el nuevo gobierno en pactar una nueva renovación del CGPJ, que ahora será a cuatro bandas. El PP puede intentar bloquearlo. Ahora mismo siguen teniendo a los suyos en mayoría. Tiene prisa, decíamos. Así que acaban de sacar el concurso para cubrir la presidencia de la Sala de lo Social de Aragón y las presidencias de las Audiencias de Albacete, Lleida, Toledo y Zamora. Para ello, han creado sin consensuar un baremo de méritos. Un consejo prorrogado. Corre, corre, Alicia. Voy tarde, muy tarde.

Van a dejar copado todo lo que puedan. El rumbo político ha cambiado y hay muchos que piensan que hace demasiado frío fuera. Otro de los nombramientos pendientes es el del propio presidente de la Audiencia Nacional. Los rumores apuntan a que pretende hacerlo Lesmes y que no piensan renovar al actual titular, Navarro, sino nombrar a Francisco Vieira. Vieira, el magistrado que consideraba que los que estaban en la AN debían amar mucho la publicidad porque si no no entendía que corrieran tal riesgo. Ese que ha dado el salto ahora que ya no hay riesgo de que te maten. Otro que lleva en cargos gubernativos desde que empezó el siglo.

La renovación del actual CGPJ debe ser un trabajo prioritario nada más constituirse el nuevo gobierno. Y no estaría mal que, para impedir que se imponga la prisa y la necesidad del PP de colocar a sus afines, los actuales vocales progresistas del Consejo se plantearan dejar ya sus cargos y forzar una crisis institucional que impidiera que prosiga esta política de salvar a los esforzados soldados de la APM. Seis mil euros netos al mes no lo pagan todo.

Mientras, sigan atentos a las manos que yo no dejaré de intentar contarles dónde guardan la bolita.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Lesmes-corazon-tinieblas_6_900519955.html

Los primeros en cumplir la ley son los primeros que la saltan. ¡La Justicia en España es un desastre!
 
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| España


España no es el único lugar donde lo hacen los políticos

Así se eligen a los jueces en Europa
20/11/2013 - Raquel Rivera

  • Los expertos consideran que el gran problema no es tanto el nombramiento como la posición de los jueces una vez nombrados.
  • En los países anglosajones, un juez preserva su independencia a pesar de que haya sido nombrado por el Gobierno y lleva a gala este hecho.

Alfonso Guerra lo dijo en su día: "Montesquieu ha muerto". Y cumplió su promesa. Desde la reforma de 1985, los jueces perdieron su potestad para elegir a vocales del Poder Judicial. El PP prometió cambiarlo al llegar al poder, pero no lo ha hecho. Una vez más, ha hecho lo contrario. En Italia o Francia, el Parlamento solo designa a los miembros que no son jueces, como académicos o abogados. Aquí, por ahora nos quedaremos con las ganas de que eso pase porque los políticos, como considera el PNV, son los más capacitados para nombrar a los jueces. Mejor que los propios jueces, incluso.

El modelo de Guerra rompió con el sistema mixto que se puso en marcha en 1978, cuando se creó el CGPJ tomando como inspiración a países como Italia y Francia. Hasta 1985, los 12 vocales jueces los elegían los representantes de la magistratura, mientras que los ocho restantes (académicos, abogados) los designaba el Parlamento.

Con las palabras de Guerra, el modelo mixto se eliminó, y empezaron a surgir los fantasmas de la politización del poder judicial. Desde 1985, los 12 vocales jueces los nombra también el poder legislativo, aunque son las asociaciones de jueces las que proponen a los candidatos.

El PP quería recuperar el modelo mixto, y dejar que los jueces designaran a los vocales magistrados que formarán la cúpula judicial, mientras que el resto de miembros de este órgano los elegiría el Parlamento. Así se hace en Italia, por ejemplo. Pero nada. No ha habido suerte.

Lo que Montesquieu dictó en 'El espíritu de las leyes' sigue siendo el precepto legal contra el abuso de poder. Su crítica al absolutismo del Estado y su idea de un estado liberal constitucional sirvieron para defender el límite del poder del Estado. Al margen de la ideología, que se emplea como arma de doble filo cuando se cuestionan las decisiones judiciales.

Lo que está claro es que el pensador francés utilizó su ataque a la monarquía absoluta para definir un sistema de control y equilibrio entre los poderes del Estado, para que uno no solape o supere al otro. De eso se trata.

España copió de Francia e Italia el modelo de Consejo de Poder Judicial (CGPJ), lo hizo tanto en la forma, como en el contenido. Asumió la filosofía de un órgano independiente frente a las presiones del Gobierno, encargado de gestionar los derechos y obligaciones del juez. Ese carácter ha persistido. Pero en apariencia, el modelo cambió en 1985, cuando el Ejecutivo de Felipe González decidió que las Cortes designarían a todos los miembros del Poder Judicial.

No todo el mundo piensa igual en esta cuestión. Miguel Agudo Zamora, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, explica que los jueces deben tener una legitimidad democrática", por eso es partidario de que las Cortes designen a parte de los miembros del Poder Judicial: "La Constitución dice que la soberanía recae en el pueblo, por tanto, el poder judicial debe emanar del Parlamento, que representa a la voluntad popular".

En Francia los jueces nombran a parte de sus representantes

En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura lo preside el presidente de la Republica, y el ministro de justicia es su vicepresidente, pero los jueces nombran a parte de sus representantes. Por su parte, el Consejo Judicial de Canada está integrado solo por jueces; y en Portugal, existen dos órganos judiciales, uno para los jueces de los tribunales de justicia, y otros para los dedicados a derecho administrativo y fiscal.

En Inglaterra elige el ministro de Justicia... y la Reina

El modelo anglosajón es muy distinto. En el Reino Unido el ministro de justicia tiene la responsabilidad de designar a los miembros de la carrera judicial. Pero los nombramientos para cargos superiores los realiza la Reina, por recomendación del primer ministro, que a su vez puede pedir consejo al ministro del ramo. También es distinta la carrera judicial. Una comisión judicial elige a los candidatos, que han tenido que dedicarse al derecho durante 25 años, y superar unas evaluaciones.
A pesar de que en el Reino Unido las funciones de control del poder judicial las ejerce el Gobierno, los expertos subrayan que en la cultura anglosajona está muy arraigado el precepto de independencia. Así lo cree Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos:"Por la historia y la tradición democrática, en este país a ningún juez se le va a ocurrir dejarse influir por el Gobierno. También tienen la influencia de Estados Unidos, en el sentido de que dictan las resoluciones conforme al derecho y a la ley, pero también al interés general. Son más flexibles al entorno".
Villoria, experto de Transparencia Internacional,cree que
la independencia está garantizada y recogida en la Constitución, pero las afinidades políticas existen en el poder judicial y además existen asociaciones judiciales.
La organización en la que colabora ha publicado un informe en la que señala que algunos jueces subordinan sus plena independencia a ciertos compromisos políticos, solo para ascender a la cúpula judicial. Villoria comparte esta reflexión, aunque matiza que se trata de casos puntuales, y no es la tendencia general.
Que los jueces tienen ideología también lo piensa Rafael Naranjo, profesor de Derecho Constitucional de Málaga: "La independencia judicial está garantizada, pero otra cosa es la ideología, que es inevitable en la condición humana y se acaba plasmando en las resoluciones". En cuanto a los cambios en el Poder Judicial, considera que dan "una mayor apariencia de despolitización" y pueden ayudar a mejorar la imagen de este órgano, que lleva un tiempo "desprestigiado".
Nombramientos politizados

El profesor Agudo Zamora escribe en uno de sus trabajos que España es la excepción en Europa en la política de nombramientos del Constitucional por el hecho de que el Gobierno nombra a dos magistrados, y eso conlleva a que esos cargos se vean "demasiado politizados". "Permitir que las grandes tendencias políticas coloquen a miembros del Tribunal próximos a sus opiniones conduce a una bipolarización de la vida política".El caso español contrasta con el sistema de Grecia, donde los jueces son elegidos por sorteo entre los miembros de juridisdicciones superiores del Estado.
Los órganos de gobierno de los jueces surgieron en Italia y Francia en la época de posguerra para reforzar la independencia ante las presiones o injerencias del Gobierno.

En el país galo, funciona el Consejo Superior de la Magistratura, que lo preside Sarkozy, y el ministro de Justicia es su vicepresidente. El consejo italiano, está compuesto por tres miembros de derecho, que son el presidente de la Republica, y el presidente y el procurador del Tribunal de Casación.

En cambio, el órgano judicial de Alemania tiene funciones meramente consultivas. En este Estado, los jueces federales son nombrados por el presidente, a proposición del ministro federal competente, pero intervienen también tribunales disciplinarios.

Los nombramientos en el Constitucional
-En Grecia, los jueces son elegidos por sorteo entre los miembros de jurisdicciones superiores del Estado.
-En Italia, la tercera parte de los jueces son designados por las magistraturas supremas. Mientras, el presidente de la Republica nombra a cinco, y la Cámara también decide a otros cinco por mayoría de dos tercios.
-En Francia, el presidente de la República nombra a tres miembros del Consejo Constitucional, y a su presidente. Esta potestad ha provocado críticas políticas.
-En España, el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría: dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
http://www.teinteresa.es/espana/elige-jueves-Europa_0_1033098308.html
 
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El Estado español deja indefensos a los jueces que denuncian corrupción
Uno de los métodos utilizados por los acusados de corrupción para atacar a los jueces que los denuncian es la interposición de querellas. El Estado ha protegido a Pablo Llarena frente a la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y ha dejado desamparados a los magistrados frente a las querellas interpuestas por las personas a las que acusaron de comportamientos presuntamente corruptos

Por
José Antonio Gómez
-
19/06/2019
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El juez denunciante de corrupción, Fernando Presencia Crespo, va a solicitar al Consejo General del Poder Judicial la aplicación del mismo convenio que sirvió para afrontar los gastos de la defensa del juez Pablo Llarena por la demanda de Puigdemont en Bélgica.

Para entender esta petición hay que recordar cómo Estado español, a través del Ministerio de Justicia capitaneado por Dolores Delgado, decidió asumir la defensa de Pablo Llarena por la demanda presentada ante el tribunal de instancia de Bruselas por el ex presidente catalán, Carles Puigdemont y 4 ex consellers, que consideraron que las manifestaciones del juez instructor de la causa del ‘procés’ ante un periodista, al salir de una conferencia, afectaban a su imparcialidad.

Fue la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial la que consideró que la demanda presentada por los políticos catalanes tenía que ver en cualquier caso con el ejercicio de las funciones judiciales del magistrado del Supremo, y ordenó que se le aplicara la inmunidad económica a que se refiere el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hace referencia a que es el Ministerio de Justicia el que asume la responsabilidad por los daños causados por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

A partir de ese momento se activó el convenio, aún en vigor, firmado en el año 2010 entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial en el que se establecía que «los Jueces y Magistrados integrantes de la Carrera judicial puedan encomendar su representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos», siendo obligación del Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía General del Estado, prestar «asistencia letrada en juicio a los Jueces y Magistrados».

Por esa razón, el juez Presencia quiere pedir ahora la activación de ese mismo convenio para que el Estado le defienda frente a las querellas que le están interponiendo los denunciados por las denuncias anónimas por presunta corrupción que Presencia decidió incoar de oficio asumiendo personalmente la condición de denunciante como Juez Decano de los juzgados de Talavera de la Reina.

Dice en su escrito que, ante la falta de una previsión legal de las denuncias anónimas en el Reglamento del CGPJ sobre quejas y denuncias, y ante la evidencia de que los hechos denunciados eran notorios y que estaban causando alarma social, decidió asumir personalmente, en su condición de Juez Decano de los juzgados talaveranos, esas denuncias anónimas y que, por esa razón, las remitió a la Fiscalía General del Estado para que las investigara.

Uno de esos querellantes es el fiscal decano de esa demarcación territorial, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que fue denunciado anónimamente ante el decanato de los juzgados de Talavera de la Reina por haber construido su chalet ilegalmente invadiendo la zona de policía y de servidumbre del arroyo de la Fuente o Berrenchín (en municipio toledano de Pepino) perteneciente al partido judicial de Talavera, y por cuyo motivo en el año 2009 fue ordenada su demolición por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

A raíz de esa querella, el juzgado de instrucción nº 2 de Talavera de la Reina impuso al juez Presencia una fianza de más de un millón de euros para responder de todas las cantidades a las que pudiera ser condenado, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha reconocido que la denuncia anónima está siendo investigada por la fiscalía de Medio Ambiente y ha confirmado la orden de demolición del chalet del fiscal Ángel Demetrio de la Cruz porque su construcción fue ilegal.

Denuncias anónimas
Esta petición del juez Fernando Presencia de que se le apliquen las mismas acciones que a Pablo Llarena, enlaza con la presentación de una propuesta ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se cree un instrumento que se canalicen las denuncias de corrupción presentadas bajo el anonimato que dependa del decanato de los juzgados, algo que no ocurre en la actualidad.

En España no hay ninguna normativa de protección a los denunciantes de corrupción y la inminente publicación de la Directiva sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, aconseja la adaptación urgente de los mecanismos tradicionales de quejas y denuncias en la administración pública, y en particular en la administración de justicia bajo la competencia del Consejo General del Poder Judicial, para lo que se propone la reforma del Reglamento 1/1998, del Consejo General del Poder Judicial, de tramitación de quejas y denuncias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, a fin de regular un instrumento de denuncias anónimas dependiente de los juzgados decanos en todos los partidos judiciales de España.

Esta proposición se fundamentaba en el texto de la Propuesta de Directiva del Parlamente Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Uno de los mecanismos de protección del denunciante de corrupción es la denuncia anónima, y así se recoge también expresamente en la mencionada Propuesta de Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, haciendo referencia a la introducción por la Comisión Europea del instrumento de denuncias anónimas contemplado en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Informe sobre la política de competencia 2017—, que está plenamente operativo.

https://diario16.com/el-estado-espa...r7s6gNii08G-_aeDhZcXXzXcIEeniRSPxVWogy2yvcFD4
 
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Hijos, parejas, sobrinos y tíos de 500 jueces y magistrados ocupan plazas en el Poder Judicial.

Un estudio entregado al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación, informa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.


Cuartoscuro Archivo
PorValeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos / Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
13 de julio, 2017

Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados, que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.

El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.

Aunque se identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.


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Desvirtúan facultad constitucional
Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución.

Esa disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero ha sido desvirtuada para el nombramiento discrecional de parientes, como evidencia el estudio elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada.

“No sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución. Los números muestran que muchos secretarios, actuarios, oficiales y administrativos poseen familiares en el mismo circuito y en otros. Claramente influyen en la designación, y lo hacen sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad”, advierte el estudio, del que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) posee una copia.

El estudio asienta que se ha dado la multiplicación de “redes clientelares” dentro de los órganos jurisdiccionales, o bien con cruzamientos y “enroques” entre los diversos circuitos.

En la práctica, ha ocurrido que los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden en forma recíproca.

Un magistrado con 17 parientes
En el estudio se exponen casos extremos, como el de un magistrado del circuito correspondiente a Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno.

Los datos de este estudio fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del País, y según se dice la información recabada fue corroborada con información del CJF.

El informe no incluye el primer circuito, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los responsables del estudio no pudieron obtener información. Tampoco fue posible conseguir datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan, correspondientes

Nepotismo entre jueces
De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial; de 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.

Aunque hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito décimo sexto, que corresponde a Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82.61%.

En esa entidad, hay un magistrado que tiene a su pareja como Secretaria del Tribunal, además de emplear a dos hijos como oficiales administrativos.

El nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no sólo entre los titulares. De 1,214 servidores públicos adscritos a dicho circuito, 438 tienen parientes.

Muchos de esos empleados tienen múltiples familiares. Por ejemplo, un secretario de Tribunal tiene dos cuñados, un concuño, cinco primos y una sobrina en cargos administrativos, mientras que otro secretario particular ha incorporado a una hermana y seis primas.

En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares.

https://www.animalpolitico.com/2017...ZUXjTJBz-nfe9B-04uYBwe7fjhaok0oKSAIheI20wApQI
 
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Casi la mitad de los españoles desconfía de la independencia del Tribunal Supremo
182
Un 44% de los españoles cree que la independencia del Alto Tribunal es bastante baja o muy baja y un 60% expresa poca confianza o ninguna confianza en los jueces españoles

El presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en los Cursos de Verano de El Escorial la semana pasada (Nacho Calonge / EFE)
IÑAKI PARDO TORREGROSA, BARCELONA
30/07/2019 14:04Actualizado a31/07/2019 10:28


Un 44,2% de los españoles considera que el grado de independencia del Tribunal Supremo es “bastante bajo” o “muy bajo”. Es un dato que arroja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de julio y que no es nada baladí. El Alto Tribunal emitirá la sentencia del juicio al 1-O y el procés en los próximos meses. Sólo un 29,8% de los encuestados opina que el grado de independencia del tribunal es “muy alto” o “bastante alto”.


La cifra de los que desconfían de la independencia del Supremo sube al 66,2% en el caso de los catalanes. En Catalunya, sólo un 20,2% de los entrevistados cree que el grado de independencia es alto o muy alto.

Si se extiende la pregunta al total de los jueces, un 50,8% cree que el grado de independencia es “bastante bajo” o “muy bajo” y sólo un 29,4% lo ve al revés. En Catalunya, la desconfianza de los magistrados en general roza el 70%. En esa tesitura, casi un 60% –59,4%– expresa que tiene “poca confianza” o “ninguna confianza” en la figura del juez en España, mientras que un 34,1% opina lo contrario.

Además, un 48% cree que la Administración de Justicia “funciona mal o muy mal” y un 24,1% cree que es “regular”. En Catalunya, la cifra de los que opina que funciona mal o muy mal sube al 62,2%.

Entre los motivos más citados a la hora de emitir la valoración el más corriente es que las penas son blandas (31,6%), que la justicia está politizada (26,7%), que hay mucha burocracia (25,3%), que el trato es discriminatorio (24,8%) o que hay mucha corrupción (20,4%). De hecho, un 60,9% considera que las leyes españolas son “muy blandas” con los que comenten delitos de especial gravedad o con uso de violencia. Pero en Catalunya, el motivo más nombrado es que la justicia está politizada (35,5%).

Desconocimiento del Poder Judicial
Teniendo en cuenta todas las valoraciones anteriores, no es de extrañar que un 79,4% de los entrevistados vea muy necesaria o bastante necesaria una reforma de la justicia española. Pero un 47,7% de los encuestados desconoce la existencia del órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por un 51,7% que afirma conocer la institución. En esa línea, un 44,2% de las personas encuestadas no sabe como se eligen a los miembros del Poder Judicial y un 24% dice “tener alguna idea” pero no la certeza. Sólo el 16,4% afirma conocer el mecanismo.

El Poder Judicial está ahora pendiente de renovación. Las Cortes deben proponer los cambios y así se les ha reclamado en más de una ocasión desde el mundo judicial a los dirigentes políticos. Pero la mayoría de personas entrevistadas abogan porque sean los jueces quienes elijan a los miembros del CGPJ (22,5%) o que haya un sistema mixto entre Congreso y Senado y los propios jueces (26,9%).

[paste:font size="5"]Los jueces, mejor valorados que los políticos
[/paste:font]
Pese a las valoraciones negativas sobre el sistema judicial, los ciudadanos depositan más confianza en los jueces (31,2%) que en el poder legislativo (16,5%) o el Ejecutivo (11,9%).Y es que en este barómetro, los políticos son la segunda preocupación para los españoles, sólo por detrás del paro, y por segundo mes consecutivo marcan máximos históricos. En Catalunya, no obstante, la institución que merece más confianza es el Parlamento (30,7%), por delante de los jueces (15,8%) y del Gobierno (11,3%).

La valoración que hacen los españoles en el barómetro del CIS sobre la justicia llega después de que en noviembre del año pasado se filtraran unos mensajes del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el marco de las negociaciones para la renovación del Poder Judicial. El popular, exdirector general del Cuerpo Nacional de la Policía, apuntaba a sus compañeros de bancada que aunque perdían la mayoría de vocales en el órgano de los jueces, con la presidencia de Manuel Marchena tenían controlada la Sala Penal “desde detrás”. No sólo la cuestión catalana es competencia de la Sala Penal (Sala II), los casos de corrupción de los partidos también acaban en esa misma sala.

Marchena es el presidente de esa sala y ha encabezado a los siete magistrados que juzgan el 1-O en el Alto Tribunal y será el ponente de la sentencia, prevista como pronto para septiembre. Era el hombre propuesto por el PP para presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo –y la Sala especial 61, que resuelve sobre la ilegalización de los partidos políticos y las recusaciones–, un cargo que todavía ostenta Carlos Lesmes. Al salir a la luz pública los mensajes de Cosidó, el magistrado del Supremo rechazó la presidencia del CGPJ y el Poder Judicial ha quedado pendiente de renovación.

Las encuestas para elaborar el barómetro del CIS se realizaron entre el 1 y el 11 de julio, con el juicio a los líderes independentistas ya visto para sentencia y sin tener en cuenta la investidura fallida de Pedro Sánchez y el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos.

https://www.lavanguardia.com/politi...0SX1Nsan6-vMfDbU7d8USadfwY9JJKxEk0_8CGN6TqqlQ
 

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