La Justicia abre diligencias por la venta de pisos de la EMVS durante el mandato de Ana Botella

Almeida y consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP, claves para que Botella escape de malvender vivienda pública

El auto del Supremo que da carpetazo al asunto, redactado por un exalto cargo de un Gobierno del PP, viene a ser el último capítulo de una historia marcada por los esfuerzos del partido conservador por blindar a Botella: en el camino, el alcalde de Madrid ha ignorado la posición del pleno y ha gastado 14.250 euros de dinero público en protegerla.



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, posa con con sus predecesores Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y José María Álvarez del Manzano. - EFE
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, posa con con sus predecesores Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y José María Álvarez del Manzano. - EFE

MADRID

11/06/2020 22:20
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL

@Alopezdemiguel
El Tribunal Supremo ha cerrado la última puerta para que la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su equipo rindan cuentas por haber malvendido 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone. El Alto Tribunal dio a conocer este jueves un auto en el que desestima el recurso interpuesto por la concejal socialista Mercedes González, contra el auto por el que el Tribunal de Cuentas le impidió recurrir la absolución de la exdirigente del Partido Popular, en diciembre de 2019.

Se da la circunstancia de que el ponente de este auto, Fernando Román, fue secretario de Estado de Justicia cuando Alberto Ruiz-Gallardón era ministro del ramo en el Gobierno de Mariano Rajoy, también del PP. Gallardón es, a su vez, el predecesor directo de Botella en la Alcaldía de Madrid.



El periplo judicial hasta este desenlace arrancó en diciembre de 2018, cuando el Tribunal de Cuentas condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar

25,7 millones de euros
-el valor del perjuicio causado a las arcas públicas-, por vender estas 1.860 viviendas protegidas por debajo del precio de mercado, en 2013.

Dos consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP firmaron la absolución de Botella y rechazaron el recurso de la edil del PSOE
Unos meses después, en julio de 2019, la Sala de Enjuiciamiento de ese Tribunal revocó la condena, y lo hizo con los votos de dos consejeros nombrados por el PP : Margarita Mariscal de Gente, ministra de Justicia del primer Gobierno de José María Aznar, esposo de Botella; y José Manuel Suárez Robledano, presidente de la Sección de Enjuiciamiento y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Es la primera, pero no la última aparición de ambos juristas en esta historia.

Mientras la venta de estas viviendas transcurría en paralelo por la vía penal - de la que fue excluida Botella-, el 27 de julio el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción que reclamaba al Consistorio que recurriese la absolución de la exalcaldesa. Estas iniciativas no tienen carácter vinculante, pero expresan la voluntad de la mayoría del pleno.

Almeida obvió al pleno y a la PAH y se negó a recurrir para no "derrochar dinero público en venganzas estériles". Después gastó 14.250 euros de dinero público en un informe que avalara esta posición

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, ignoró por completo la voluntad del pleno -como también obvió los escritos registrados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el movimiento de vivienda de Madrid, que le reclamaron que recurriese-. No sólo desoyó estas voces, sino que, llegado septiembre, escasos días antes de que expirase el plazo para presentar recurso de casación ante el Supremo -un recurso muy técnico para un caso de por sí intrincado-, Almeida cesó a la directora de los Servicios Jurídicos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Paloma Arranz. Era quien conocía el caso en detalle, y presentar recurso no requería de un especial desembolso.

No obstante, Almeida justificó su negativa a cumplir la decisión del pleno afirmando que no pensaba "derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles". Desoyó todas las advertencias de Más Madrid y del PSOE, que se comprometieron a emprender acciones legales. La EMV, controlada por el Gobierno del PP y Ciudadanos, se reunió para ratificar su decisión de no recurrir, exactamente el mismo día en que expiraba el plazo para presentar recurso (27 de septiembre).

Para justificar esta posición, Almeida obvió su propio compromiso de no "derrochar dinero público" en esta materia. Como desveló Público, la EMVS gastó 14.250 euros de las arcas públicas en un informe jurídico que avalara su decisión de no presentar recurso. Fue el único de los tres informes esgrimidos por PP y Ciudadanos que tenía empaque jurídico.

Almeida recurrió al bufete de abogados en el que hoy trabaja María Dolores de Cospedal, y que ha defendido a Aguirre, Acebes y Figar
El trabajo lo realizó el conocido bufete de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo, al que se unió en enero la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Para él también ha trabajado el exconcejal del Partido Popular en Madrid Percival Manglano, y a él han recurrido exdirigentes del PP como Esperanza Aguirre [imputada en Púnica], Ángel Acebes [juzgado en el caso de la salida a Bolsa de Bankia, pendiente de sentencia] o Lucía Figar [imputada en Púnica].

Por si fuera poco, el periplo judicial de la edil del PSOE se prolongó durante otros tres meses, hasta que, en diciembre de 2019, -como avanzó este diario-, el Tribunal de Cuentas impidió a González que se personase para actuar contra el archivo de esta venta de vivienda pública.

En septiembre, González había reclamado al Tribunal de Cuentas que le permitiese ejercer la acción sustitutoria, contemplada en el artículo 68 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). Esto es: al no haber actuado el Ayuntamiento de Almeida, ni tampoco la EMVS -controlada por el Gobierno de PP y Cs-, la edil socialista reclamó al Tribunal de Cuentas que la legitimase para presentar recurso de casación ante el Supremo.

La Fiscalía también rechazó recurrir la absolución de Botella: no apreció "perjuicio económico"

Fueron los mismos consejeros del Tribunal de Cuentas que ya habían blindado a Botella quienes firmaron esta decisión. La concejal reclamó entonces al Supremo, cuyo auto está fechado el 13 de marzo, antes de la parálisis institucional causada por la pandemia del coronavirus.

Y, como bonus track, de vuelta a septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado rechazó recurrir la absolución de Botella, como le reclamó el grupo parlamentario Podemos-IU-Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid, porque no apreció "perjuicio económico" en esta venta de vivienda pública.

Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas había cuantificado el agujero causado por esta venta de vivienda social en 25.7 millones. A su vez, la concejal del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, aseguró que el importe total asciende a 127 millones de euros. Botella ha quedado absuelta.


Pues eso, ¿Que se puede esperar en un país donde la justicia depende de amiguetes?
 
¡¡ Un Cristiano,tiene La Sangre Roja Y El Corazón a La Izquierda!!.
10 de junio a las 21:42 ·
RECORDEMOS LA HUMANIDAD DEL FASCIO Y SU CONCIENCIA.
EL PADRE CREA LA BURBUJA INMOBILIARIA Y EL HIJO SE QUEDA CON LAS VIVIENDAS EMBARGADAS,TODO QUEDA EN CASA.
El hijo de Aznar se queda con gran parte de las viviendas desahuciadas por los fondos buitre en todo el estado español.
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DOS JURISDICCIONES DISTINTAS

La Justicia se negó en 2019 a asumir una polémica decisión del Tribunal de Cuentas que exoneraba a Ana Botella​

  • La Audiencia de Madrid avisó de que la sentencia del organismo fiscalizador que revocó una condena previa y libró a Ana Botella de una sanción millonaria no tiene consecuencias en el procedimiento seguido por esos mismos hechos y ahora pendiente de juicio: la venta de 1.800 pisos públicos a un fondo buitre
  • Avanzó incluso que está por determinar si los criterios que llevaron al tribunal donde Mariscal de Gante y otro consejero conservador concluyeron que no hubo responsabilidad contable "son asumibles" para desechar el delito de malversación

La derecha no malversa, la derecha no delinque, y si lo hace, lo hace de forma torpe para que no se considere delito.


Ah y los jueces cuando apoyan a la derecha con ciertas resoluciones no malversan,

 

Ana Botella no será juzgada por la venta de vivienda pública a fondos buitre tras ser absuelta por el Tribunal de Cuentas​




En 2019, Almeida despidió a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz, evitando así que la abogada presentara un recurso contra la sentencia absolutoria a Botella

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Un total de 1.806 viviendas sociales fueron vendidas a fondos buitre durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. La gestión de la exalcaldesa del Partido Popular dejó a casi dos mil pisos sociales en manos de Blackstone, un fondo de inversión estadounidense que ha sido señalado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid de forzar desalojos en plena pandemia y “hacer firmar a cientos de familias contratos de alquiler abusivos. Este martes, responsables de la venta llevada acabo por el Ejecutivo madrileño en 2013 se sientan en el banquillo.

Sin embargo, Ana Botella no será juzgada. Una impunidad que tendrá lugar pese a ser la exalcaldesa de la capital quien ocupaba el rol de máxima responsable en aquel entonces y quien habría dado el visto bueno definitivo a la operación en la Junta de Gobierno. No obstante, la Justicia española —al igual que su independencia y la separación de poderes— volverá a quedar en entredicho y no sentará a la política del Partido Popular en el banquillo gracias a la actuación del Tribunal de Cuentas y de José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de Madrid.

Y es que fue el Tribunal de Cuentas quien, en 2019, revocó la primera condena dictada contra Botella y otros siete responsables por la venta masiva de pisos protegidos. Una maniobra con la que el órgano gubernamental encargado de la fiscalización y la gestión de la actividad económico-financiera del sector público absolvía a la exalcaldesa de la venta 1.806 pisos sociales al fondo Blackstone por una cifra estimada de 128,5 millones de euros. Por ello, Botella y otros siete miembros de su Gobierno fueron inicialmente condenados —por el mismo tribunal— a pagar una multa de de 25,7 millones.

Paradójicamente, fue el propio Tribunal de Cuentas quien, en segunda instancia, dictó una condena absolutoria que contradecía la primera y libraba a Botella de ser juzgada por la venta de inmuebles de titularidad municipal y el consecuente perjuicio del patrimonio público. Cabe destacar que los populares controlaban el tribunal con siete miembros de los doce totaleselegidos por Mariano Rajoy durante su mandato—, además de contar con la presidencia y la comisión de Gobierno del órgano. Un dominio que quedó evidenciado por la sentencia absolutoria a la que fuera alcaldesa y que podría continuar ante el pacto entre Pablo Casado y Pedro Sánchez sobre su —todavía pendiente— renovación, que repetiría mayoría conservadora con el beneplácito de los socialistas.

El modus operandi del tribunal fue denunciado por Paloma Herranz, quien fuera directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) hasta septiembre de 2019. La abogada conocía el proceso al completo, fue quien firmó la querella que culminó en una primera condena a la exalcaldesa y preparaba un recurso contra la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas. Fue entonces cuando Almeida entró en acción y despidió a Herranz por no ser “la persona más adecuada” para estar en la dirección de la EMVS, impidiendo que esta pudiera presentar el recurso a tan solo días de cerrarse el plazo —contemplado hasta el 27 de septiembre— y cubriendo las espaldas a la expolítica del Partido Popular.

Un operativo en el que tanto el control de los populares en distintos órganos del Estado —como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde mantener el control puede resultar fundamental de cara a las numerosas tramas de corrupción de las que se acusa e investiga a la formación de Casado— y la intervención de Almeida fueron factores necesarios para que Botella saliera indemne de la venta de vivienda pública a fondos buitre y no se siente ahora en el banquillo como acusada en el juicio que comienza este martes por dejar 1.806 pisos sociales en manos de un fondo buitre.

“EN CUANTO A POLÍTICA DE VIVIENDA, LA PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR ES LA NADA”​

La coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha señalado a LÚH la excepcional situación de Ana Botella: “Llama la atención que haya sido posible que precisamente la autora material de esta fechoría haya salido absuelta pese a haber desmantelado la vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid y habérsela ‘regalado’ al fondo buitre Blackstone”. Sin embargo, la jurista y politóloga también ha querido recordar que fue Almeida quien “decidió no recurrir la absolución de Botella con la excusa de ‘no gastar recursos públicos’”.

“Es decir, él también es cómplice de impedir que se investigue esta negligente operación y obstaculizar su reversión”, ha afirmado sobre el actual alcalde de la capital. Jacinto también se ha pronunciado sobre el patrón que parece seguir la formación de Casado en lo referido a la vivienda en los territorios en los que gobierna: “Ya sabemos que, en cuanto a política de vivienda, la propuesta del Partido Popular es la nada. Afortunadamente, la Ley de Vivienda estatal impedirá este tipo de operaciones a futuro, por mucho que le gusten al PP”.


¿Alguien piensa que todavía van a juzgar a las "mujeres de la derecha", tipo Monasterio, Ayuso, Aguirre, Cifuentes, Botella etc etc et?

Por si a alguien se le ha olvidado ¡estamos en Españistan.!
 

Desestiman la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por la venta de viviendas protegidas de la EMVS​


El Cierre Digital en
Ana Botella.
Ana Botella.




María Jesús Navarro

08 de febrero de 2022

La presunta venta irregular de viviendas de protección oficial de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone tuvo lugar durante la alcaldía de Ana Botella. La Audiencia Provincial, afea a los denunciantes su mala fe pues "sometió a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada". El exconsejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, y Fidere Alfonso Benavides, apoderado, han sido dispensados de los delitos que se les atribuía.

Los responsables de la presunta venta irregular de 1860 viviendas de protección oficial de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid debido a que la acusación ha sido “considerada como no avalada por pruebas suficientes”. La denuncia al suceso, que tuvo lugar durante la alcaldía de Ana Botella, la ejercieron tanto los afectados de la misma como el PSOE.
En la sentencia, según informa Europa Press, el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y Fidere Alfonso Benavides, apoderado, son dispensados de los delitos de los que estaban acusados.
En ella, además, se apela a la acusación y a la posible intención de ocultar la falta de pruebas para que “los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".
Tras el juicio, el Ayuntamiento de Madrid retiró la acusación y el fiscal Salvador Orsolá solicitó la absolución de los acusados.
La acusación por parte de los afectados fue ejercida por el abogado Mariano Benítez de Lugo como representante de la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, quien solicitó hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
 

Desestiman la denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por la venta de viviendas protegidas de la EMVS​


El Cierre Digital en
Ana Botella.
Ana Botella.




María Jesús Navarro

08 de febrero de 2022

La presunta venta irregular de viviendas de protección oficial de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone tuvo lugar durante la alcaldía de Ana Botella. La Audiencia Provincial, afea a los denunciantes su mala fe pues "sometió a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada". El exconsejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, y Fidere Alfonso Benavides, apoderado, han sido dispensados de los delitos que se les atribuía.

Los responsables de la presunta venta irregular de 1860 viviendas de protección oficial de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone han sido absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid debido a que la acusación ha sido “considerada como no avalada por pruebas suficientes”. La denuncia al suceso, que tuvo lugar durante la alcaldía de Ana Botella, la ejercieron tanto los afectados de la misma como el PSOE.
En la sentencia, según informa Europa Press, el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y Fidere Alfonso Benavides, apoderado, son dispensados de los delitos de los que estaban acusados.
En ella, además, se apela a la acusación y a la posible intención de ocultar la falta de pruebas para que “los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".
Tras el juicio, el Ayuntamiento de Madrid retiró la acusación y el fiscal Salvador Orsolá solicitó la absolución de los acusados.
La acusación por parte de los afectados fue ejercida por el abogado Mariano Benítez de Lugo como representante de la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS, quien solicitó hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
Pasmo. Muchísimo.
 
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