La Fiscalía pide tres años de cárcel para Cristina Cifuentes por el caso Máster


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la moderación debería de alertar a la gente que, si ya se cuelga un link no pegar el texto de la noticia.

Y lo digo por ella y otro forero.Se creen que asi nos obligan a leer, y solo desvirtúan la apariencia del tema y molestan a la hora de leer.
 
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Ídolo, no se como puedes poner en duda que Cifuentes es inocente. Que ella no fue ni un día a clase, no presento el TFM, que no encontró ninguno de los trabajos que supuestamente hizo... esos son detalles sin importancia, ella que sabía que era necesario todo eso para sacarse el título.

Que luego enseñó el documento falsificado como que era verdadero? De verdad, Ídolo, no nos agarremos a cosas sin importancia. A ti no te regalan masters por tu cumpleaños, san Valentín o porque si? Porque a la profesora y a su asesora les entraron las ganas de regalárselo, de jugárse su puesto de trabajo porque si, por darle una sorpresilla a Cris. Que locuelas.

?
Lo dice una sentencia. ABSUELTA.
 

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Cifuentes y los que obedecen​

Quique Peinado
[email protected] @quiquepeinado
Publicada el 16/02/2021 a las 06:00
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De la sentencia del caso del Máster de Cristina Cifuentes caben dos interpretaciones: la primera, que la asesora María Teresa Feito decidiera cargarse con el marrón y decir que todo fue iniciativa suya a la espera de que la condena no fuera la que ha sido. Dudo, de ser así, que calculara que iba a acabar ingresando en prisión. Pero vamos a confiar en la segunda: que el fallo judicial no es una verdad solamente judicial sino una verdad a secas. Que ocurrió así. Que Feito, motu proprio, decidiera ordenar la falsificación de documentos para encubrir a la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Vivimos en un mundo en el que eso es posible. Es más: vivimos en un mundo en el que cada vez es más probable que hubiera podido ocurrir así. Hemos llegado a desestimar tanto los lazos que nos unen con los demás, hemos desechado tanto las asociaciones con nuestros iguales, que en todas las esferas de la vida nos enfrentamos en solitario contra el poder y, claro, perdemos. Por ejemplo, en los periodistas se traduce en la autocensura: ya saben qué pueden escribir si trabajan en según qué medios o para según qué jefes y estos no necesitan ni ejercer un control efectivo sobre aquellos. Nos aplicamos la autocensura en todas partes porque el castigo está ahí y nos percibimos como seres sin fuerza contra los que ejercen el poder sobre nosotros. Nos pasa en las relaciones humanas, en las laborales, en las sociales. La autocensura es la mayor de las obediencias y el mejor mecanismo de control que existe. Cuando la autocensura nos lleva a anularnos o a cometer atrocidades, se torna en tragedia. Para nosotros y para los demás.



Si la verdad jurídica del caso Cifuentes fuera la verdad real (cosa que no creo, por cierto) revelaría aún más lo pérfido de la figura de la expresidenta: no necesitaría ni presionar para que la cadena de mando flirteara con el delito (y con arruinarse la vida, como ha hecho Feito) por propia voluntad. Sería un reinado del terror tan tremendo que la verdad jurídica sería humanamente más escalofriante que la (presunta) verdad real.
Todas las atrocidades de la vida, las más grandes tragedias de la humanidad, se basan en los que obedecen. En el caso que hubiera llevado a Cifuentes a ser condenada hubiera sido una cadena de mando al uso. En el caso de que la sentencia reflejara lo que pasó, la tragedia sería muchísimo más grande.


En cualquier caso, todos debemos sacar una enseñanza de esto. La obediencia ante el mal es el ejército que hace que el mal se ejecute. Pero el que obedece, muchas veces, solo es una víctima que se ve sola. En nuestra mano, en el compañerismo, en el asociacionismo, en el sindicalismo, en la sororidad, está ayudar a que eso no ocurra. Y aquí una experiencia personal: muchísimas veces eres más fuerte de cara a los de arriba de lo que te crees. Nadie debería señalar con el dedo al que lo obedece, pero sí podemos poner de nuestra parte para que eso no ocurra.

 

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Cifuentes y el aplomo​

  • Miren el vídeo de Cifuentes mintiendo a todos, en especial a sus votantes. Es un espectáculo digno de ver: qué desenvoltura, qué seguridad, qué saber estar en la mentira. Con eso, sospecho, no se nace. Se entra en política con 20 años y se va aprendiendo el oficio

Jorge Urdánoz Ganuza
@Jurdanoz

Cristina Cifuentes muestra documentos sobre su presunto máster durante una sesión de la Asamblea de Madrid.
16 de febrero de 2021 22:27h
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En un primer momento pensé que lo más sorprendente del caso Cifuentes era que ella, que estaba sometiendo a la Universidad Juan Carlos I a un brutal e inmisericorde proceso de descrédito que pagarían en el mercado laboral miles y miles y miles y miles y miles – se dice pronto - de estudiantes absolutamente inocentes, fuera nada menos que la Presidenta de la Comunidad de Madrid y por tanto la mayor responsable de su sistema universitario. Ella, que debía proteger a la universidad, era quien la estaba destrozando. En vivo y en directo, delante de todo el mundo. A conciencia.

Luego lo pensé mejor y concluí que no, que lo más impresionante del caso Cifuentes era la absoluta incapacidad demostrada por el sistema público de títulos y homologaciones para hacerse valer y para demostrar que este país, con todo, sigue mereciendo la pena. De lo que en el juicio se ha absuelto a Cifuentes es de inducción a cometer un delito.

Eso, el delito penal, no se ha podido demostrar y – en lo que, contra todas las pulsiones que a uno lo arrastran, no deja de ser una victoria de ese magnífico logro que denominamos "Estado de Derecho" – es de eso y solo de eso de lo que ha sido absuelta. Pero en el camino ha quedado judicialmente comprobado - bajo la rúbrica de "hechos probados", primero, y bajo la de "fundamentos de derecho", después - el tejemaneje vergonzoso, la corruptela despreciable y el miserable abuso de poder consistente en recibir, por su posición política, un título académico que al resto de los ciudadanos nos cuesta años y años de trabajo.

De esa vulgar y grotesca trapacería no ha quedado ni la más mínima duda. Y, sin embargo – esto es surrealista - mantiene el título. Tres jueces declaran que una señora ha logrado un Máster oficial, homologado por el Ministerio, sin presentarse a clase, sin hacer exámenes, sin que el acta esté en el archivo de la universidad, y gracias a que una funcionaria – "a pesar de que no tenía competencias para hacerlo", dicen textualmente los magistrados – entró en el sistema años después y modificó la nota… y no pasa nada. Mejor dicho, sí pasa: esa señora, lo primero que hace cuando tiene en sus manos el acta falsificada de su inexistente Trabajo de Fin de Máster, es mentir a todos los españoles. Tardó unos 15 minutos.

Por eso de nuevo lo volví a pensar y concluí que no, que lo más anonadante del caso Cifuentes es el lugar en el que deja a algunos políticos y partidos de este país. Una mujer que se graba un vídeo esgrimiendo ufana el acta de un TFM universitario que ella sabe a ciencia cierta que es completamente falso, y que lo primero que tiene el valor de decir, con voz compungida y mirada y tono lacrimógenos, es: "para mí esto, no os lo voy a negar, personalmente ha sido muy duro, yo he pasado un día muy difícil". Y sigue: "pero también os digo que, a mí, las dificultades, lo que me sirven es para trabajar todavía con más fuerza". La corrupta tramposa y la holgazana que no pisó un aula y a la que regalaron su máster se presenta como víctima y como currela. Hace falta valor.


Muchas veces me pregunto si parte de la clave de la corrupción en este país no tiene que ver con la textura personal, humana, de ciertos perfiles psicológicos. Se requiere mucho cinismo, mucho cemento en el rostro, mucho arte y mucha sociopatía escénica para mentir con un aplomo y una seriedad como la que demuestran los Rato, las Cifuentes, los Granados y demás deslumbrantes ejemplos de mentiras limpias, explícitas, fascinantes en su propia y fulgurante falsedad, mentiras tan extraordinarias que todo el mundo sabe – el mentiroso, el cámara, el periodista, el jefe de filas, el asesor, los votantes del partido, los votantes rivales, los corresponsales extranjeros… absolutamente todo el mundo – que son olímpicamente mentira. Porque mentir, para una persona normal, no es fácil. Cuesta. A usted y a mí, cuando mentimos, se nos nota. Lo pasamos mal, nos ponemos nerviosos, temblamos. Esta gente no. Esta gente se ha convertido en otra gente, en otra dimensión, en otra cosa que no somos nosotros.


Miren el vídeo de Cifuentes mintiendo a todos, en especial a sus votantes. Es un espectáculo digno de ver: qué desenvoltura, qué seguridad, qué saber estar en la mentira. Con eso, sospecho, no se nace. Se entra en política con 20 años y se va aprendiendo el oficio.

No todos, ni de lejos, pero algunos, más en ciertos partidos, parece que hacen, ahora sí, todo un máster. Un doctorado, más bien. Al principio, los primeros cursos, no son capaces, son como nosotros, los ciudadanos de a pie. Porque nosotros, todos, a izquierda y derecha, arriba y abajo, creemos en un mundo en el que la verdad y la mentira existen. Un mundo en el que, si mientes, traicionas. Un mundo en el que, precisamente por eso, existe la vergüenza, una emoción que nos recuerda que todavía seguimos sujetos a las reglas de lo cierto y lo falaz, y por tanto del bien y del mal.

Por eso nos sigue importando la verdad, porque seguimos asumiendo que mentir es faltar al respeto más elemental a los otros. Por eso nos avergonzamos. Porque la vergüenza, en su sentido moral, tiene que ver con la verdad y por tanto con el respeto. Por eso a los mentirosos el idioma los denomina "sinvergüenzas", porque el idioma es muy sabio y porque eso es exactamente en lo que se acaban convirtiendo muchos y muchas, en sinvergüenzas de altura, cuando culminan su peculiar máster y acaban viviendo en un mundo paralelo en el que no hay verdad ni mentira, en el que todo vale y en el que, por tanto, no existe la vergüenza.

Por eso, al final, tras darle muchas vueltas he acabado concluyendo que no, que lo más apabullante del caso Cifuentes tiene que ver con el deterioro brutal que provoca en la percepción de eso que, a pesar de todo, seguimos denominando "Justicia", así, con mayúsculas. No me refiero a la mera administración de la misma por parte del Estado: policía, jueces, fiscales, etc. Me refiero a algo mucho más profundo, anterior y mil veces más importante: una idea o sentimiento que nos inculcan nuestros padres, desde pequeños, en todas las familias, a izquierda y derecha, arriba y abajo, y que tiene que ver con una intuición fundamental de dar a cada uno lo suyo, penalizar a quién engaña y evitar que los aprovechados, los caraduras, los tramposos y los delincuentes ganen la partida y pisoteen al resto, a los que cumplen.


Es esa intuición, universalmente compartida, la que se disuelve en la conciencia de los ciudadanos cuando, atónitos ante casos así, comienzan a preguntarse si lo que ocurre a su alrededor no será que fue a uno mismo al que engañaron o inculcaron ideas absurdas y trasnochadas, sus propios padres, también engañados, cuando le decían aquello de "esto no está bien" y "hay cosas que no se hacen".

Que quizás es que esa idea o intuición no es en absoluto universal, sino una suerte de engañabobos que nos hacen creer a la mayoría – los honrados, los incautos – para que toda esa sarta de bribones, mentirosos compulsivos, embaucadores y charlatanes con un aplomo tan espectacular que cuesta imaginar siquiera los contornos de su verdadera magnitud vengan con su máster regalado, limpios de polvo y paja, con dos periodistas querellados por el camino, una profesora con la carrera destrozada, una universidad pública con el prestigio reducido a añicos, dos botes de crema robados en el bolsillo y un traje de Chanel, y se atrevan, desde el espléndido pedestal que les ofrecen en un programa de televisión, a darnos lecciones de vida y de honradez y de talento y de mérito y de valía mientras intelectuales de pacotilla, plumillas a sueldo y analistas que jamás entenderán nada ni profundizarán nunca más allá de la literalidad del BOE nos suelten eso de: "es el Estado de Derecho, amigo". No, perdonen. Es una estafa como una catedral y ustedes la están justificando. Eso es todo.

 
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Dos tribunales constatan que ni Casado ni Cifuentes cursaron sus másters pero se libran de las consecuencias judiciales​


Foco
VIGILANCIA DEL PODER
Cristina Cifuentes y Pablo Casado, durante un acto del PP.
Marcos Pinheiro
15 de febrero de 2021 22:20h
40
@m_pinhe
Dos títulos universitarios sin esfuerzo académico alguno. Sin ir a clase, sin presentarse a los exámenes, sin que haya rastro de ningún trabajo. Cristina Cifuentes y Pablo Casado se vieron envueltos en el mismo escándalo en el año 2018, cuando se reveló que ambos habían obtenido el título de posgrado sin pruebas de que hubiesen hecho nada por merecerlo. Atravesaron sendos procesos judiciales que con tiempos diferentes han acabado con los dos libres de castigo judicial. Eso sí, dos tribunales distintos han echado por tierra su coartada política.

En años distintos, Casado y Cifuentes obtuvieron el mismo máster impartido por el Instituto de Derecho Público, dependiente de la Universidad Rey Juan Carlos y dirigido por el fallecido Enrique Álvarez Conde. Ambos defendieron haberlo cursado. "El máster es perfectamente legal y real. Ni mi currículo ni mis calificaciones han sido falsificadas ni falseadas", argumentó Cifuentes. "Tengo toda la documentación que avala mi máster", aseguró Casado.

Dos resoluciones judiciales separadas por algo más de dos años les han desmentido a ambos. Primero fue el Tribunal Supremo, que en septiembre de 2018 eximió a Casado de cualquier responsabilidad penal, pero concluyó que no había ninguna prueba de que hubiese cursado el posgrado. El caso había llegado al alto tribunal después de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel lo enviase al considerar que al ahora líder del PP le habían regalado el título "a modo de prebenda".

La sala de lo Penal del Supremo rechazó imputar a Casado por cohecho, pero elaboró un relato sobre cómo había obtenido el máster que mostraba que Casado consiguió aprobar sin hacer nada. Buena parte de los créditos le fueron convalidados de manera "excepcional", sin que él lo solicitase, algo que los jueces achacaron al "irregular comportamiento de los responsables del máster". El alto tribunal también dejó claro que Casado no había ido a clase y que "no consta que se cumpliera" con el resto de requisitos académicos. A pesar de ello, había obtenido varios sobresalientes.

Cifuentes aprobó con notas falsificadas​

El tribunal vio indicios de que se había dispensado "un trato de favor al aforado", pero rechazaron que él tuviera responsabilidad: "Al igual que ocurre con la inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos que sustituyeran otros méritos inexistentes, son actuaciones imputables al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor".

Aquella decisión judicial provocó que la jueza que investigaba el máster de Cifuentes redujese el caso a la falsificación del acta, excluyendo a todos los responsables de la Universidad a excepción de la profesora Cecilia Rosado, que ha acabado condenada a un año y seis meses de cárcel. Eso no ha impedido que los jueces que este lunes han absuelto a la expresidenta madrileña hayan dejado constancia de las numerosas irregularidades que han detectado.

La propia Cifuentes ya se vio obligada a rebajar la defensa pública que había hecho sobre su máster, al que acabó renunciando en un último intento de huir del escándalo. Tuvo que reducir lo que en un principio había sido una defensa pública de su TFM frente a un tribunal a un acto informal, sin precisar delante de quien. Los testimonios de responsables de la URCJ fueron poniendo en tela de juicio la versión de la expresidenta, que ha quedado finalmente desmontada por la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid no ha encontrado pruebas de que indujese la falsificación del acta sobre su TFM, pero ha llenado su resolución con las numerosas irregularidades del posgrado. Así, el tribunal confirma en su sentencia la información que elDiario.es publicó el 21 de marzo de 2018 y que dio origen al escándalo: Cifuentes había aprobado con notas falsificadas porque alguien había cambiado dos "no presentado" a "notable" en la Intranet de la URJC.

El tribunal lo define como una modificación "irregular", instigada por el profesor Pablo Chico de la Cámara y que llevó a cabo la funcionaria Amalia Calonge, que "accedió al sistema informático, y a pesar de que no tenía competencias para hacerlo", cambió las notas de Cifuentes. Las dos que le faltaban para obtener el máster.

Un castigo político diferenciado​

Los jueces hacen hincapié en que "no consta" que Cifuentes realizase "examen, ni trabajo, ni ninguna otra actuación merecedora de calificación". Es decir, que obtuvo dos notables sin hacer nada. O como resume en la sentencia: "El desarrollo de su actividad como alumna ha revelado un conjunto de incongruencias, relevantes, e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado".
Porque a los aprobados sin mérito académico que los justifique los jueces añaden que "nunca fue a clase ni mantuvo contacto con ningún profesor". Califican de "inexplicable" que sostenga que presentó un TFM cuando consta como "no presentado" y concluyen que "el desarrollo de este curso estuvo plagado de irregularidades, lo cual está acreditado documentalmente".

Esa trama de títulos universitarios que se otorgaban a alumnos VIP que no había realizado ningún esfuerzo ha quedado ya patente en dos resoluciones de dos tribunales, pero no habrá consecuencias penales. Ni para quienes se beneficiaron de ese sistema ni para quien lo urdió. El catedrático de la URJC Enrique Álvarez Conde, al que todos durante el juicio han puesto en el centro de la diana, falleció en abril de 2019.

Las consecuencias judiciales han sido las mismas, pero el castigo político ha distado mucho en ambos casos. Cifuentes tuvo que dimitir ante la posibilidad de que Ciudadanos, que le había dado sus votos en la investidura, forzase una moción de censura que diese el Gobierno de la Comunidad de Madrid al PSOE. La presión interna del PP y la filtración de un vídeo en el que aparecía robando unas cremas forzaron su retirada de la política.

Casado, por su parte, afrontó ese escándalo en plena batalla contra María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría por liderar el PP. Aguantó sin asumir responsabilidades que el caso pasara de un juzgado ordinario al Tribunal Supremo. Cuando este lo archivó, Casado ya había alcanzado la presidencia del partido tras aliarse con Cospedal.


#39 PPC
16 de febrero de 2021. 09:33 h
Enhorabuena por el artículo al periodista, don Marcos Pinheiro, ha hecho una relación perfecta de los hechos probados de 2 resoluciones judiciales, una ya firme, la del TS, y otra no, la de la Audiencia P de Madrid, que demuestran que a Cansado y a Cifuentes, 2 alumnos VIPP de la URJC les regalaron los títulos universitarios, pero no pasa nada en ese pp corrupto, no pasa nada en este Estado de Derecho español, total 2 mentirosos más dirigiendo un partido y desprestigiando la POLÍTICA, en definitiva la Democracia española y el rector de la URJC sin dimitir y sin hacer sus deberes constitucionales de predominio del Estado de Derecho, que debió haber hecho la Revisión de Oficio de esos 2 títulos de alumnos VIPP y de todos los demás VIP que les han regalado las titulaciones universitarias, actos NULOS DE PLENO DERECHO, inconvalidables e imprescriptibles, pues no queda otra que CERRAR la URJC, para limpiar el buen nombre de la Universidad en España. Igual tenemos que ir a la UE porque tenemos a dos dirigentes del pp que ha quedado demostrado que son 2 MENTIROSOS y que la Justicia española les deja irse de rositas, por tener un Estado de Derecho fallido en este país que va contra los valores de los Tratados de la UE! Ala CASADO vete a llamar a Ursula Vonder LAyer y denuncia a España por ser un Estado de Derecho fallido! ..... ah! Que paro esto no lo es! Perdón señor Cansado me equivoqué, retiro la propuesta....., ja, ja, ja!


#21 Petin1
16 de febrero de 2021. 12:30 h
Con sentencias como esta uno se avergüenza de que, algunos “jueces” se vistan la toga y le paguemos un salario. Carmen Rodríguez-Medel Nieto, la jueza que instruyó el Caso Máster, dejó muy claro que, tanto Cifuentes como Casado como Carmen Montón habían obtenido el título gracias a que fueron regalados, sin asistencia a clases y sin Trabajo Fin de Máster. También dejó muy claros los tejemanejes de los rectores con el finado exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde, la resolución del Tribunal de ahora penaliza la actuación de una funcionaria y una profesora, la actuación de los rectores, catedráticos y la del director del máster que vendía los títulos y repartía el dinero, no tienen castigo ninguno. ¡De verdadera vergüenza!


#10 vitore_56
15 de febrero de 2021. 11:42 h
Lo que de verdad es indignante, no es ya el hecho de que una profesora sí vaya a la cárcel (o al menos tenga en su currículum esa condena, vaya o no) sino la caradura de ambos personajes; Cifuentes y Casado, que ni siquiera tienen las narices de decir: Ni hemos estudiado, ni lo necesitamos porque siempre habrá unos pringados que nos regalen títulos... Que estos miserables políticos son insaciables es una verdad absoluta, pero que hay gente que por peloteo, por ideología, por prebendas o por lo que sea ofrecen cosas aunque los políticos "no las quieran", también es una evidencia.
A mi lo que me indigna es que sanchez se haya ido de rositas sin hacer el paseillo y fue mucho mas grave que lo de Cifuentes, y lamento mucho que esta tiparraca hay hecho el paseillo y ahi queda todo, por que no la puedo ni ver ni a ella ni a Cospedal
 
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La Fiscalía recurre la absolución de Cifuentes por el caso Máster y pide la repetición del juicio​


La expresidenta de madrileña Cristina Cifuentes sale de la Audiencia de Madrid. EFE/J.J. Guillén/Archivo
Elena Herrera
4 de marzo de 2021 11:31h
54
@herrera_elena
La Fiscalía ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a Cristina Cifuentes del delito de falsedad en documento oficial por el caso Máster y pide repetir el juicio en un escrito que cuestiona la valoración de las pruebas que hizo el tribunal. El Ministerio Público, que solicitó tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta de la Comunidad de Madrid, solicita que se anule esa resolución al entender que omite de manera “irracional” e “incongruente” los “múltiples indicios” que afloraron en las cinco sesiones del juicio. E insta a la celebración de una nueva vista oral ante la falta de “racionalidad y lógica” en la motivación que hace la sentencia sobre el papel que jugó la expresidenta regional en la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster.

El escrito en el que la fiscal Pilar Santos Echevarría anuncia el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumenta que la valoración de las pruebas plasmada en la sentencia es “irracional, ilógica, arbitraria, incoherente e insuficiente” y reitera que hay un “déficit patente” en su motivación. Según el Ministerio Público, la “consistencia” de “múltiples indicios” acredita que Cifuentes “impulsó”, “sugirió” y “presionó” de una manera “eficaz e intencionada” para la falsificación del acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que intentó justificar que había defendido ese trabajo tras la revelación de elDiario.es sobre su posgrado irregular.

La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, consideró que la expresidenta madrileña no tuvo ningún protagonismo en la elaboración de ese documento y la absolvió. "Nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento", dice la sentencia, que añade que las “sospechas legítimas” que pudieran existir no se han convertido en “prueba suficiente” para justificar su responsabilidad. Este caso acabó con la carrera política de Cifuentes, que se vio forzada a dimitir.

La fiscal reconoce la “ausencia de prueba directa” sobre la culpabilidad de Cifuentes, pero cree que, ante esta laguna, la Sala debería haber analizado “de manera exhaustiva” el material indiciario de cargo para descartar su participación en los hechos, máxime cuando la propia sentencia reconoce la existencia de las citadas “sospechas”.

“Cifuentes ocupaba un puesto de gran importancia, y, por lo tanto, su forma de proceder debía ser correcta de cara a los medios y a la ciudadanía; por ello, los indicios a valorar no son evidentes, ni burdos, sino velados y encubiertos, pero están ahí y descartarlos exige una motivación del Tribunal, que no se realiza”, sostiene el Ministerio Público, que insiste en la existencia de indicios “de notorio sentido incriminatorio” que fueron obviados, “siquiera para descartarlos” por la Sala y que, además, son “ciertos”.

“Incompatible”​

En este sentido, la fiscal Santos Echevarría considera que la absolución de Cifuentes es “incompatible” con los hechos que el tribunal sí dio por probados en el caso de la condenada María Teresa Feito —la asesora del Gobierno regional que presionó para conseguir una coartada que librase a Cifuentes del escándalo— y “rompe con la lógica de su forma de proceder”. La sentencia considera acreditado que la profesora Cecilia Rosado, la otra condenada en este juicio, falsificó el documento tras ser "requerida" por esta asesora, funcionaria en excedencia de la URJC, que fue quien le indicó debía hacer constar que Cifuentes "había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012".

La “anómala” conducta de la asesora, condenada a tres años de cárcel, llama la atención de la fiscal, quien afirma que es “difícil” una “explicación alternativa” a su actuación que "no sea que el influjo para actuar de ésta [en alusión a Cifuentes] fue tan intenso que la llevó a cometer un delito”.

Santos Echevarría también se refiere al “conocimiento exhaustivo” que Feito tenía de los datos docentes de Cifuentes. En concreto, de la fecha del acta del TFM. “Si dicha fecha fue proporcionada por Feito, sería lógico inferir que le fue suministrada bien por la propia Cifuentes o por su secretaria, a petición de aquélla”, dice la fiscal, quien a la vez subraya que no era posible dar cualquier fecha, vista la agenda de la entonces delegada del Gobierno en Madrid. “Si se facilita una fecha concreta, es porque se conocía y se asumía que se estaba confeccionando el documento pertinente para acreditar que hubo defensa del TFM”, recoge el escrito.

La fiscal también afea al tribunal haber obviado una de las manifestaciones más contundentes que hizo la profesora Rosado en el juicio y que apuntan directamente a la expresidenta. Según la docente, en una de las llamadas con Feito el 21 de marzo de 2018, el día que elDiario.es destapó el escándalo del master falso, ésta le dijo expresamente “si esto no se soluciona Cifuentes os va a cortar la cabeza”. “Tampoco se explica por qué se descarta tal indicio, que implica, además, el dominio del hecho por parte de la acusada Cristina Cifuentes”, dice el recurso.

Otro de los “indicios incriminatorios” contra Cifuentes, a juicio de la fiscal, es la constatación de que la expresidenta era la “única o principal beneficiada de la falsedad”, pues cuando estalló el escándalo no estaba en cuestión la reputación de la URJC, algo que ocurrió después en la fase de instrucción. A su juicio, el entonces consejero de Educación, Rafael Van Grieken, no se ajustó a la realidad cuando en el juicio manifestó que si efectuó llamadas e intervino activamente fue porque estaba en tela de juicio el prestigio de la Universidad ya que ni él como consejero hizo acto o declaración alguna para apoyar a la Universidad, ni Cifuentes en su video, hizo referencia alguna a la misma. “Todo tenía una única y exclusiva razón de ser: salvar, como fuere, la reputación de la presidenta”, dice Santos Echevarría.
Entre esos indicios “de notorio sentido incriminatorio” no valorados la fiscal se refiere también a la solicitud directa que Cifuentes hizo al rector de la URJC de la documentación acreditativa de haber cursado el máster o al interés de la expresidenta en obtener esa documentación “a sabiendas” de que era irregular. En este sentido la Fiscalía recuerda que no ha responsabilizado ni pedido la condena del “entorno” de Cifuentes. “¿Cómo hacerlo sin poder individualizar cada comportamiento?”, se pregunta. Sin embargo, “el hecho de que las llamadas y requerimientos reiterados se hicieren por la Consejería de Educación y desde el Gabinete de Presidencia, refuerza la relación de causalidad con quien necesitaba de aquello para salvar su carrera política: Cristina Cifuentes”.

La fiscal también critica que la sentencia obvie la “relación” que existía entre Cifuentes, Feito y Amalia Calonge, la funcionaria que en 2014 modificó "de forma irregular" dos notas en el expediente de la expresidenta a pesar de que no tenía competencias para acceder al sistema informático y hacer ese cambio. Santos Echevarría da relevancia a esta actuación y al hecho de que ambas acompañaran a Cifuentes cuando en 2017 fue a la URJC a recoger el título de su máster. “Si las dos funcionarias actuaron fue porque así se lo pidió Cifuentes, siendo esta, una vez más la única beneficiaria de tales irregularidades”, concluye la fiscal.

Como último aspecto no valorado, la fiscal menciona el vídeo que se grabó la expresidenta madrileña y que colgó en su cuenta de Twitter el citado 21 de marzo de 2018 donde exhibía toda la documentación que supuestamente justificaba que había obtenido ese titulo de forma regular. La Fiscalía parte de la idea de que Cifuentes pretendió obtener la documentación “de un hecho que no tuvo lugar” y de que el único cauce posible “era confeccionar aquello que fuere necesario para crear la apariencia de la regularidad, y ello supone falsear”.

En este apartado el recurso recoge que fue la propia Cifuentes quien exhibió un documento como prueba “más que evidente” de que el día 2 de julio de 2012 un tribunal compuesto por tres profesoras —Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos y Clara Suoto— calificaron su defensa pública con un notable. Sin embargo, la Fiscalía replica que tal afirmación “no se correspondía con la realidad” puesto que dicho tribunal nunca se reunió como “así lo manifestaron" en el juicio las tres docentes.



#22 Petin1
04 de marzo de 2021. 01:25 h
Cifuentes “impulsó”, “sugirió” y “presionó” de una manera “eficaz e intencionada” para la falsificación del acta. No sale muy bien librada la señora Cifuentes Primero y principal debemos saber qué coxx es lo que se busca con el juicio, si al que firmó el falso documento o el cómo y el quién organizó la falsificación del documento oficial. Si lo que quiere la Justicia es no perseguir a quienes impulsan y allanan los caminos para cometer delitos, o los robagallinas que firman, el “juicio” pasado está perfecto, pero si lo que la Justicia quiere es castigar a los encargados de diseñar, montar, manejar y beneficiarse de la comisión de los delitos, ¡como debe ser su función! La sentencia ha sido “Irracional, ilógica, arbitraria, incoherente e insuficiente”. Los organizadores y beneficiarios del delito no han sido ni preguntados por el “Tribunal de Justicia”. Empezamos por el principal planificador del delito, el rector que le permitió acceder a un curso que ya llevaba trascurrido un trimestre, este rector es Pedro José González-Trevijano Sánchez, hoy magistrado del TC. Este señor fue el precursor del delito, sabía, al aceptar la inscripción que tendría que falsificar notas, fechas y asistencias y que tendría que “obligar” a sus subordinados a conculcar las Leyes y a cometer delitos, como así fue. Pedro José González-Trevijano Sánchez, hoy juez del TC, es el primigenio del delito, es el verdadero organizador del delito, es el consentidor o socio de los posteriores delincuentes que se beneficiaban económicamente con el delito. Después estaba el organizador de la tramoya el difunto Álvarez Conde director del master de Cifuentes y Casado, entre otros, ya que vendía títulos falsificados a estudiantes extranjeros, a políticos nacionales y a amigos y familiares. Después estarán los catedráticos, profesores, funcionarios y curritos mindundis que pagaron el pato. Si la Fiscalía, como parece, busca a los verdaderos delincuentes, es lógico que quiera que se repita el “juicio” que se busque la verdad y se castigue a los verdaderos culpables, no a la funcionaria que cambió las notas. Pero llevar a juicio a un magistrado del Tribunal Constitucional y a toda su banda no lo veo fácil. ¡Ojalá tengamos suerte!