La Fiscalía aprecia posible conducta delictiva en el juez que fabricó una declaracion contra Rosell

El juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por conspirar contra Victoria Rosell

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le atribuye los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial

El magistrado deberá pagar además 60.000 euros a la actual diputada de Podemos por los daños morales ocasionados como consecuencia de lo que la Fiscalía describió como "un acuerdo corrupto"

HEMEROTECA | Un juez en el banquillo: guía para no perderse en el juicio contra Salvador Alba

Iván Suárez - Las Palmas de Gran Canaria

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10/09/2019 - 12:37h
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El juez Alba, junto al abogado Pedro Ayala, en la tercera sesión del juicio. (EFE)

El juez Alba tampoco consigue encausar al jefe de personal del CGPJ por notificarle su suspensión a pie de avión
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell, actual diputada de Unidas Podemos, durante los siete meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

En una sentencia notificada este martes a las partes, la Sala de lo Penal del alto tribunal canario atribuye al magistrado, suspendido de funciones desde julio de 2018, los delitos de prevaricación, en concurso con el de cohecho, y falsedad en documento oficial. El magistrado suspendido ha sido absuelto del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de la revelación de secretos.

Alba deberá además indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños morales ocasionados como consecuencia de esta operación. La actual diputada de Podemos tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera, gracias a un informe de Alba ahora declarado falso, la querella que el exministro José Manuel Soria había presentado contra ella.

La Fiscalía pedía diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el magistrado por lo que describió como “un acuerdo corrupto” para desacreditar a la jueza Rosell. Un pacto que se maquinó el 16 de marzo de 2016, fecha en la que Alba se reunió de forma clandestina en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas con Miguel Ángel Ramírez, empresario a quien investigaba por fraude fiscal, para fabricar una declaración en sede judicial del entonces presidente de Seguridad Integral Canaria que pretendía desvelar la supuesta existencia de vínculos comerciales entre el imputado y sociedades del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza que había instruido su causa desde 2014. Negocios que, "de haberlos", se remontaban a 2009, cinco años antes de que la actual diputada de Podemos abriera diligencias contra Ramírez, según manifestó la fiscal Evangelina Rios en la vista.

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Los abogados González Cuéllar y Pedro Ayala junto a Salvador Alba. ALEJANDRO RAMOS.

Ese acuerdo tenía un doble objetivo: el archivo del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza y alimentar la querella del exministro Soria contra Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.

La condena implica para Alba la "pérdida definitiva" de su cargo como juez, aunque la sentencia aún es recurrible ante el Tribunal Supremo.

El TSJC ha denegado además la autorización al magistrado para interponer una querella por calumnias contra Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó y entregó en los juzgados la conversación que ambos mantuvieron en el despacho de Alba, en la que se pactaron los términos de la operación para perjudicar a Rosell. En su declaración como testigo, el expresidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) comparó los métodos del ahora condenado con los propios de "la mafia de Chicago en los años 30". La Sala tampoco le ha autorizado a emprender acciones contra la abogada de Unidas Podemos, Sandra Rodríguez, que le llamó "chantajista y cobarde" en el informe final del juicio.

La causa contra Ramírez como "coartada"

La Sala de lo Penal, formada por José Félix Mota, Jaime Requena y Julio Wood, desgrana en una sentencia de 78 folios la "arbitraria instrumentalización" del proceso penal contra Miguel Ángel Ramírez por parte de Salvador Alba. El juez utilizó esas diligencias como "coartada y vehículo" de una investigación paralela y ajena a los hechos que investigaba (delitos fiscales), encaminada a aflorar una relación comercial entre el también presidente de la UD Las Palmas y la pareja de la jueza con los fines ya mencionados: obtener información para perjudicar la carrera política y profesional de su antecesora en el cargo y contribuir al éxito de la querella que Soria había interpuesto contra ella. La resolución recoge expresiones duras contra el magistrado, a quien acusa de instruir el procedimiento "para fines personales, el fraude, la manipulación y el retorcimiento del proceso".

El TSJC remarca el "manifiesto interés" de Alba por acceder a ese juzgado, a través de una sustitución voluntaria, cuando Rosell pidió la excedencia. También la rapidez para dictar, a las pocas horas de llegar, la primera providencia en una causa "tan voluminosa" como la que se seguía -y se sigue- contra Ramírez, una citación para una nueva declaración del empresario y la comparecencia como investigado de su entonces número dos en Seguridad Integral Canaria, Héctor De Armas. Cuando menos "sugestivo", según un tribunal que también destaca la imposición de una elevada fianza (de 35 millones de euros) como uno de los motivos que influyó en el ánimo y en la predisposición del empresario a aceptar el pacto por el que ahora Alba acaba de ser condenado.

La sentencia recuerda además que el sustituto de Rosell prescindió del juez de refuerzo, que llegó a forzar con una orden de búsqueda y captura la comparecencia de Héctor de Armas, que en aquel momento (noviembre de 2015) atravesaba por un delicado momento como consecuencia de una grave enfermedad, y que interrogó al director financiero de SIC para tratar de encontrar esos nexos comerciales con la pareja de la jueza. Ingredientes todos ellos que generaron el caldo de cultivo que propició el "acuerdo corrupto" maquinado el 16 de marzo de 2016.

En ese encuentro, ambos interlocutores, Alba y Ramírez, "conocían perfectamente el objeto de la entrevista y el intercambio de favores". En la conversación subyace el interés en obtener esa información en la admisión de la querella de Soria, a quien se alude reiteradamente.

La Sala subraya que la iniciativa del encuentro partió del magistrado y que el empresario se prestó a colaborar "con la esperanza de obtener una situación favorable en el proceso, incluso con la expectativa" de que entrara a resolver el fondo del asunto. Las expresiones recogidas en la grabación denotan la "urgencia" de las actuaciones. "Esto tengo que terminarlo cagando leches", se le escucha decir a Alba en una conversación en la que da al empresario "indicaciones precisas" sobre lo que debe manifestar en relación con los negocios con Carlos Sosa y los pagos de publicidad.

Esa hipótesis de la nulidad del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de Rosell resulta, en palabras de la Sala, "inviable" por la "ausencia de fundamento" en los datos expuestos por Alba y en su falta de consistencia. En la propia grabación queda de manifiesto la "dificultad probatoria" de esos vínculos comerciales, ya que los negocios existentes entre empresas de Ramírez y sociedades vinculadas a Sosa eran "anteriores al inicio de la instrucción" e, incluso, "anteriores a la relación sentimental" del periodista con la jueza.

A pesar de ello, ambos interlocutores ejecutaron "a la perfección" el guión ideado en esa reunión durante la comparecencia judicial de Ramírez del 23 de marzo.

Los delitos

El TSJC atribuye a Alba tres delitos. Por el de prevaricación, en concurso con el de cohecho, le condena a tres años de cárcel y quince de inhabilitación, además de una multa de 8.100 euros. La Sala vincula la actuación ilicita del magistrado en relación con el primer tipo al conjunto de resoluciones injustas que firmó a sabiendas de que se apartaban del objeto del procedimiento que estaba investigando, los delitos fiscales por los que permanece imputado Ramírez.

La sentencia enfatiza que, en caso de haber encontrado alguna irregularidad durante la instrucción de su antecesora, el cauce que debería haber elegido es el de la exposición razonada al alto tribunal canario, el mismo que siguió su sustituta, la magistrada Carla Vallejo, actual viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, cuando recibió la grabación que dio origen a esta causa.

En relación con el delito de prevaricación aparece el cohecho pasivo propio, "la solicitud de favor o retribución de cualquier clase", identificado en este caso como la colaboración de Ramírez para prestarle la información y documentación que precisaba para conseguir su finalidad (perjudicar a Rosell y alimentar la querella de Soria) a cambio de un compromiso personal con el empresario para archivarle el procedimiento.

Alba también ha sido condenado por un tercer delito, el de falsedad en documento oficial, a tres años y medio de cárcel y otros tres de inhabilitación, además de a una multa que asciende a 4.050 euros. En concreto, por la emisión al Tribunal Supremo, el 20 de abril de 2016, del informe que resultaría crucial para que este tribunal admitiera la querella de Soria. En ese escrito, el magistrado "faltó a la verdad", "distorsionando la realidad de los hechos" al ocultar la reunión del 16 de marzo con el entonces presidente de Seguridad Integral Canaria y los acuerdos en ella alcanzados, además de presentar "de forma equívoca" la información facilitada por el empresario. En definitiva, "omitió su deber de veracidad".

La Sala explica que Alba también aportó datos "inexactos, imprecisos y sesgados" en otros informes remitidos al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía sobre supuestas irregularidades de Rosell en su instrucción de la causa, pero matiza que, para poder tipificarlo como falsedad en documento oficial, habría sido necesario confrontarlos con aquellas diligencias previas, las 644/2014.

El TSJC le absuelve, en cambio, de los otros dos delitos por los que estaba procesado: el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, al considerar más ajustado a los hechos la calificación de prevaricación en concurso medial con cohecho, y la revelación de secretos, al entender que, aunque existen "indicios" de que fue Alba quien divulgó el contenido de la declaración de Ramírez en sede judicial y de sus propios informes, hay "dudas razonables" respecto de estas imputaciones. Al tribunal le llama la atención la "rapidez" con la que se difundieron en los medios de comunicación los contenidos de resoluciones e informes reservados y también le consta la existencia de una "relación personal próxima" entre Alba y Fernando Lázaro, el periodista que firmaba todos los artículos sobre esas diligencias en el diario El Mundo y también el redactor que adelantó el fallo de la sentencia del caso Kárate, del que fue ponente el magistrado procesado, con un mes de antelación.

Sin embargo, el hecho de que la abogada del sindicato USO, personado en la causa contra Ramírez como acusación particular, manifestara en el juicio que requirió una copia de la declaración del empresario el mismo día en que se produjo, el 23 de marzo, introduce esa duda que evita al juez la condena por este delito.

https://www.eldiario.es/canariasaho...cion-Victoria_Rosell-condena_0_940706192.html
 
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Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. "Yo me quedo fuera", dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes.

Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla.


El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel.

Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez.

Capítulo 1: el salto a la política

El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes.

24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado.


23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente "la jueza de Podemos". En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP.

3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell.

Miguel Ángel Ramírez, en la primera sesión del juicio contra Salvador Alba. Alejandro Ramos.
El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC).

Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción.

Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en "incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez".

El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba.

23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell.

El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria.

El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell.

Capítulo 2: La conspiración

La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada.

Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza.

15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas.

José Manuel Soria sale de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro Ramos
16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho.

En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar "la quiebra del deber de imparcialidad" de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario.

El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra.

Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo.

La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió.

23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos.

28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario.

Capítulo 3: El terremoto político

El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla.

En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja "no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja". Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios.

27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno.

Capítulo 4: la grabación​

El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse.

3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año.

11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”.

Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso.

12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que "en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces". Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba.

19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria.

4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria.

Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?

Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...

Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.

Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…


2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso.

Capítulo 5: la caída del juez​

El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían.

29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003.

El juez Salvador Alba, entre sus dos abogados, mientras escuchaba la grabación de su reunión con Ramírez. (ÁNGEL SARMIENTO)
8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años.


Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. "Yo me quedo fuera", dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes.

Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla.


El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel.

Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez.

Capítulo 1: el salto a la política

El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes.

24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado.


23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente "la jueza de Podemos". En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP.

3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell.

Miguel Ángel Ramírez, en la primera sesión del juicio contra Salvador Alba. Alejandro Ramos.
El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC).

Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción.

Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en "incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez".

El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba.

23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell.

El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria.

El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell.

Capítulo 2: La conspiración

La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada.

Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza.

15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas.

José Manuel Soria sale de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro Ramos
16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho.

En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar "la quiebra del deber de imparcialidad" de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario.

El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra.

Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo.

La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió.

23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos.

28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario.

Capítulo 3: El terremoto político

El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla.

En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja "no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja". Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios.

27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno.

Capítulo 4: la grabación​

El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse.

3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año.

11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”.

Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso.

12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que "en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces". Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba.

19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria.

4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria.

Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?

Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...

Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.

Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…


2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso.

Capítulo 5: la caída del juez​

El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían.

29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003.

El juez Salvador Alba, entre sus dos abogados, mientras escuchaba la grabación de su reunión con Ramírez. (ÁNGEL SARMIENTO)
8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años.

19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas.

21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre.


1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”.

02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”.

12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”.

19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas.

21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre.




1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”.

02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”.

12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”.



10 de septiembre de 2019. Tres años después de que se iniciara la conspiración, el TSJC dicta una sentencia que evidencia cómo cada uno de los pasos dados por Salvador Alba componen una maquinación dirigida a acabar con la carrera política de Victoria Rosell que le costará 18 años de inhabilitación y seis años y medio de cárcel.

3 de noviembre de 2019. En una entrevista en el digital ConfiLegal, donde ha escrito varios artículos, Alba asegura que el juicio contra él “fue, como poco, irregular” y plantea una batería de argumentos que acaban de ser rechazados por el Tribunal Supremo.

20 de mayo de 2020. El caso empieza a tramitarse ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía pide en su escrito que los jueces confirmen su condena. La representante del Ministerio Público defiende, entre otras cosas, que la grabación realizada por el empresario Ramírez es válida y sirve para cimentar su condena junto con el resto de pruebas. Rosell y la acusación popular de Podemos pide aumentar su condena a 10 años de prisión. El juez Pablo Llarena se aparta del caso por su relación profesional pasada con el acusado.

11 de noviembre de 2021. La sala de lo penal del Supremo celebra una vista pública para estudiar la condena de Salvador Alba. La fiscal Iliana Navia-Osorio pide la confirmación de su condena y es contundente al hablar sobre la grabación de sus conversaciones con el empresario Miguel Ángel Ramírez durante la conspiración contra Rosell: “El contenido de la grabación sonroja”.

25 de noviembre de 2021. Seis años y tres semanas después de sus primeras maniobras conspiratorias, Salvador Alba es condenado en firme. El Tribunal Supremo confirma su condena de más de seis años de prisión, lo que implica que tendrá que cumplir condena entre rejas y que será expulsado de la judicatura. Victoria Rosell recibe la noticia en su despacho donde sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.


Por cierto, cansa ver en todas las tertulias y canales de televisión hablar largo y tendido de ésta noticia . :sneaky: :rolleyes: o_O

Por cierto, ¿Seis años de cárcel y 18 de inhabilitación? Muy poquito me parece.
 


Vencido el plazo para entrar en prisión, Salvador Alba sigue en libertad, cobrando como juez y sin pagar a su víctima​

  • El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo cita ahora para el 1 de febrero, 68 días después de que el Supremo ratificara su condena de 2019, para notificarle personalmente que ha de ir a la cárcel. La condena del diputado Alberto Rodríguez fue ejecutada en 15 días, incluidos dos fines de semana​

  • — La justicia da diez días al juez Salvador Alba para ingresar en prisión


Salvador Alba
Salvador Alba Alejandro Ramos
Canarias Ahora
26 de enero de 2022 22:47h
Actualizado el 27/01/2022 22:32h
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La justicia se toma su tiempo para ejecutar la sentencia que condenó al juez (suspendido en sus funciones) Salvador Alba Mesa a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, entre otras penas. Ya han pasado más de dos meses desde que el Tribunal Supremo ratificara la condena que le impuso en septiembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y ya ha vencido el plazo de diez días que ese mismo tribunal le dio para que ingresara voluntariamente en prisión. A día de hoy, Salvador Alba sigue siendo juez, sigue cobrando un salario del Ministerio de Justicia, está en libertad y todavía ni ha ingresado la multa de 12.000 euros que se le impuso ni ha pagado a su víctima, la magistrada Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, los 60.000 euros de indemnización a la que fue condenado.

En una providencia notificada este miércoles a las partes, el TSJC ha cedido a las peticiones de Alba de ser citado personalmente para notificarle su obligación de ingresar en prisión y ha fijado para tal acontecimiento el próximo martes, 1 de febrero, a las 11.00 horas, cuando se cumplirán 68 días desde que la sentencia adquiriera firmeza de la mano de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ante ella el condenado ha interpuesto un último (por el momento) recurso: un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones por considerar que en todo el procedimiento que culminó en su condena ha sufrido indefensión y que, dada su aún condición de juez, se ha visto perturbado en su independencia.

Para dilatar al máximo la ejecución de la sentencia, el condenado ha pedido al TSJC que la paralice en lo que el Supremo se pronuncia y que, además, se le de tiempo para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Paralelamente, el Consejo General del Poder Judicial ha puesto en marcha el expediente para expulsar a Alba de la carrera judicial, para lo cual se ha dado trámite de audiencia al interesado y al Ministerio Fiscal, lo que hace prever que tal expulsión se dilatará en el tiempo. Mientras tanto, seguirá cobrando del Ministerio de Justicia más de 1.800 euros al mes, ingrese o no ingrese en prisión después del 1 de febrero. Así ha venido pasando mes a mes desde que fuera suspendido por el órgano de gobierno de los jueces en julio de 2018, de acuerdo con el reglamento que rige para los jueces, que mandata, no obstante, que tales cantidades habrá de devolverlas si resultara finalmente expulsado de la carrera.

A ese dinero han de sumarse los más de 12.000 euros de multa a los que Salvador Alba ha sido condenado y a los 60.000 con los que habrá de indemnizar a la magistrada Victoria Rosell, víctima de los tres delitos que cometió para perjudicarlas cuando en 2015 comenzó una cacería contra ella justo cuando se presentaba a las elecciones por Podemos en la misma circunscripción electoral a la que concurría José Manuel Soria por el PP, la provincia de Las Palmas.

Alba ha pedido al Supremo que sea el Estado el que asuma el pago de esa indemnización en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que mandata que así sea cuando se produzcan errores judiciales. Pero en la causa figura como fiador del condenado la aseguradora Allianz, con la que tenía viva una póliza de responsabilidad civil. Pero Allianz ha pedido al TSJC que primero le reclame a Alba y, si este no paga, ya lo hará ella en su nombre. Luego, se supone, le reclamará tales importes a él. Allianz no sólo afianzó a Alba para el pago de la posible indemnización consignando en la cuenta del TSJ la cantidad de 85.000 euros, sino que pagó diversos gastos de su defensa, entre otros las periciales acústicas que el condenado encargó a la empresa de la familia Hellín, liderada por Emilio Hellín, el ultraderechista de Fuerza Nueva que asesinó a la socialista Yolanda González en 1980.

El caso de Alberto Rodríguez: 15 días para ejecutar su sentencia

Esta demora en la ejecución de una sentencia tras una resolución del Tribunal Supremo contrasta llamativamente con otra de las más llamativas de los últimos años dictada también por la Sala Segunda del mismo alto tribunal español: el caso del exdiputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez.

Rodríguez fue condenado por la Sala Segunda el pasado 7 de octubre por unos sucesos de 2014 en los que fue acusado de haber propinado una patada a un agente del Cuerpo Nacional de Policía. La sentencia fue muy polémica por darse el máximo crédito a la única versión contraria al acusado, la del policía afectado. Pero por lo que respecta a la ejecución de la condena, el mismísimo presidente de la Sala Segunda, el canario Manuel Marchena, se implicó tanto que llegó a contestar escritos de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxel Batet, en menos de 24 horas.

Rodríguez fue condenado el 7 de octubre y el 22, tan solo quince días después (contando dos fines de semana), ya había perdido su escaño, con el que representaba a más de 50.000 electores de su provincia.
Hubo tensión entre el Supremo y el Congreso de los Diputados, sobre todo a raíz de que sus servicios jurídicos resolvieran inicialmente que la condena no implicaba la retirada del escaño al diputado condenado. La Cámara pidió una aclaración de sentencia que fue contestada de inmediato por Marchena indicando que no había nada que aclarar.

Juristas consultados por este periódico matizan que el caso no es igual que el de Salvador Alba porque el mismo tribunal sentenciador no es el que está ejecutando su condena. La de Alberto Rodríguez fue impuesta por el Supremo y el Supremo mismo se encargó expeditivamente de su ejecución.

La sentencia de Alba fue dictada por el TSJ de Canarias en septiembre de 2019 y ratificada por el Supremo el 25 de noviembre de 2021. Luego la causa fue remitida de nuevo a la Plaza de San Agustín, sede del alto tribunal canario, que empezó a ejecutar la sentencia el 12 de enero pasado, cuando otorgó al condenado un plazo de diez días para que ingresara voluntariamente en prisión, con la advertencia expresa de dictar una orden de busca y captura y conducirlo a la cárcel por medio de la fuerza pública . El plazo se cumple este jueves sin que se haya producido tal ingreso.

El condenado ha sido emplazado a personarse en el TSJ el martes 1 de febrero para, acto seguido, volverle a dar otro plazo para que ingrese en prisión.


Otro ejemplo de actuación con un juez afin a la derecha. :oops:
 

JUSTICIA Y TRIBUNALES

El juez Alba aún cobra dinero público a pesar de tener que ingresar en prisión por acosar a Victoria Rosell​


El magistrado inhabilitado deberá devolver en torno a 82.000 euros en cuanto la Justicia inicie el procedimiento una vez le expulse de la carrera judicial

¿Dónde está el juez Salvador Alba? Se han cumplido 72 días desde la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) en la que condenaban al magistrado a 6 años y medio de prisión por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial que, en uso de su posición en el ámbito de la Justicia, cometió en su pretensión de dilapidar la carrera política de Victoria Rosell, que por aquel entonces le arrebató la hegemonía electoral al Partido Popular de José Manuel Soria en Las Palmas.

Fue un informe falso del juez Alba el que provocó que el Supremo admitiera la querella de Soria –exministro de Industria, Energía y Turismo del Partido Popular– por la que Rosell tuvo incluso que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso. Lo hizo para centrarse en demostrar su ahora probada inocencia y encabezar la batalla contra el lawfare del que estaba siendo víctima.

Desde el pasado 1 de febrero, Alba cuenta con 10 días para ingresar voluntariamente en prisión, si no ocurriera antes del plazo previsto, el juez determinará una orden de detención contra el popular pasando a estar en busca y captura. Nada se sabe del magistrado, inhabilitado pero no expulsado de la carrera judicial, excepto una cosa: que aún sigue cobrando dinero público a pesar de su condena.

En concreto, 1.850 euros mensuales que seguirá percibiendo hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga efectiva su expulsión. Es entonces cuando el Ministerio público emprenderá las acciones para que Alba devuelva lo percibido desde que se hiciera efectiva su inhabilitación el pasado 12 de septiembre de 2018.

Un aproximado total de 82.000 euros que se verá obligado a devolver, a lo que se suma la indemnización cifrada en 60.000 euros fruto de la sentencia por su triple delito y la multa de 12.000, ninguna de las dos abonadas todavía.


A ver, que es un juez que se ha metido con una de Podemos. Tienen bula.
 

Victoria Rosell celebra que Alba ya no sea magistrado: "No habrá más víctimas"​

EFEMadrid3 mar. 2022

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha celebrado este jueves que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya declarado la pérdida de condición de magistrado de Salvador Alba, condenado por manipular una instrucción para perjudicarla.

"Por fin. Desde hoy, Salvador Alba Mesa ya no es magistrado. Mi mayor logro es este: no habrá más víctimas. Denunciar la corrupción, incluso en la propia carrera judicial, es durísimo. Pero por esto ha merecido la pena", ha escrito la jueza y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en su cuenta de Twitter.

 

La Justicia no logra meter en la cárcel al juez corrupto Salvador Alba 250 días después de su condena​

  • La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sigue sin resolver la última escaramuza del penado y su abogado, Nicolás González-Cuéllar: la recusación de su presidente presentada a principios de junio​


Han pasado 250 días desde que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que dos años antes, en septiembre de 2019, había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenando severamente al entonces juez Salvador Alba Mesa. La sentencia le impuso seis años y medio de cárcel, 18 de inhabilitación, 12.500 euros de multa y 60.000 de indemnización a su víctima, la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 250 días después de que la condena se convirtiera en firme en noviembre de 2021, la justicia sigue sin poder meter en prisión al penado, que disfruta de plena libertad en su casa costera del municipio de Telde, donde hace vida absolutamente normal, la que corresponde a un ciudadano libre.



La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la que lo condenó en 2019, no ha sido capaz de meterlo en la cárcel desde que en noviembre de 2021 su sentencia adquirió firmeza. Y esto ha sido así, como explicó ante el Parlamento su presidente Juan Luis Lorenzo Bragado, porque los jueces que la componen están siendo exquisitos en las respuestas a cada una de las escaramuzas legales que presenta el penado y su abogado, el madrileño Nicolás González-Cuéllar Serrano. La última de esas escaramuzas tiene fecha 7 de junio pasado, cuando se interpuso un incidente de recusación precisamente contra Lorenzo Bragado por haber dicho en el Parlamento de Canarias que se estaban observando todas las prevenciones frente a las peticiones de Salvador Alba para que jamás pueda alegar indefensión en alguna instancia posterior.


Nicolás González-Cuéllar, el letrado, firmó entonces una alambicada recusación consistente en acusar al presidente del tribunal de una suerte de pérdida de independencia por haberse expresado así en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias en un acto formal de la Cámara regional. La pérdida de independencia alegada por parte del condenado vendría dada por que el partido político Podemos se encuentra aún personado como acusación popular en la causa que condujo a la condena.

La recusación tenía tan poco sentido que no solo las partes la rechazaron, sino que el Ministerio Fiscal, representado en esta causa por quien fuera su máximo responsable en el Archipiélago, Vicente Garrido, calificó tal intento de “abusivo” por estar únicamente encaminado a continuar dilatando la ejecución plena de la sentencia, a la que solo le falta la entrada en prisión del penado, una vez se ha tornado firme la expulsión de Alba de la carrera judicial, que también recurrió dos veces ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ

Pese a la oposición del fiscal y de las partes, el TSJC admitió a trámite el incidente de recusación contra Lorenzo Bragado, lo que obliga a la formación de un nuevo tribunal que lo resuelva en unos meses complicados por las fechas veraniegas que se le han venido encima al proceso, lo cual conduce a pensar que es más que probable que Salvador Alba llegará a septiembre todavía disfrutando de libertad. En septiembre se cumplirán tres años exactos desde que se dictó la sentencia del TSJC que ratificó el Supremo en 2021.

Como ha venido informando este periódico, Salvador Alba y su abogado han desplegado un incesante catálogo de obstáculos ante el tribunal para esquivar el ingreso en prisión. Tras los consabidos recursos a la sentencia del Supremo, incluido uno especial de nulidad por vulneración de derechos y otro al Constitucional en amparo, vino una solicitud de indulto al Gobierno firmada por su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, siempre con la solicitud expresa de suspensión de la condena.

En medio, Alba ha alegado dos enfermedades distintas y por separado, una de ellas con imposibilidad inicial para viajar en avión, lo que le privaría en aquellos primeros momentos de la ejecución de la sentencia presentarse voluntariamente en alguna de las cinco cárceles españolas (todas en la Península) habilitadas para acoger presos de esta categoría, es decir, delincuentes relacionados con la lucha contra la delincuencia.

Todas y cada una de las dolencias alegadas por Alba y su abogado fueron rechazadas por los médicos forenses que las han analizado, no sin antes sufrir tres de las facultativas designadas por el tribunal las correspondientes recusaciones por haber conocido en el desempeño de su profesión a la víctima de los delitos de Alba, Victoria Rosell. En ninguna de esas recusaciones se hizo constar que, por los mismos motivos, todas las profesionales recusadas conocen al autor de aquellas.


Ninguna de las enfermedades que presenta Salvador Alba le impiden en estos momentos ingresar en prisión, según los dictámenes de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, a donde fueron a parar tras esas recusaciones.

En cuanto el tribunal resuelva la última de las recusaciones, la de su presidente, si es que no hay más y si no aparece otra carambola, al penado Salvador Alba Mesa le quedará un día para ingresar voluntariamente en prisión. Es el margen que resta del plazo de diez días que le fue concedido y que se paralizó cuando empezaron a aparecer sus enfermedades.


¿Reímos o lloramos?. Todavía me estoy acordando de cierto político del PP que tenía una enfermedad grave y lo sacaron de prisión, y por ahí anda todavía vivito y coleando....Y no es que quiera desearle la muerte, por supuesto que no, pero ya vemos como se apaña la justicia para unos y para otros....
 

POLÍTICA

Salvador Alba está en la playa y ejerce de abogado a pesar de su condena​


La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía canario asegura que el magistrado ejerce en la empresa de un exsenador del PP

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El exjuez Salvador Alba condenado en 2019 a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación, 12.500 euros de multa y 60.000 de indemnización a su víctima por tres delitos: prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial, por sus conspiraciones contra la magistrada Victoria Rosell, y pendiente de entrar en prisión desde hace más de 250 días, trabaja como abogado en el despacho de un ex dirigente del Partido Popular de Canarias.

Esta información ha sido comunicada por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, que han confirmado a Canarias Ahora que actualmente es abogado tras darse de alta en el régimen de autónomos y que ejerce la profesión libremente a través de la empresa Consortium Abogados, cuyo presidente, Jorge Alberto Rodríguez Pérez, fue senador hasta 2019 y secretario ejecutivo y responsable de Estudios y Programas del PP canario hasta el mes de mayo del año pasado.

Para variar, Rodríguez lleva acumulados multitud de casos de corrupción, entre ellos una querella por odio, acoso, revelación de secretos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal y los beneficios irregulares con contratos públicos que consiguió a través de su puesto como concejal de Urbanismo, escándalo que le obligó a dimitir.

El exjuez Alba, a pesar de su condena, mantiene su libertad y su condición de ciudadano libre debido al incesante catálogo de obstáculos presentados ante el tribunal por él y su abogado para esquivar el ingreso en prisión, a pesar de que todas y cada una de las molestias presentadas por Alba y su abogado han sido rechazadas por los médicos forenses.


Pues nada, ya vemos que la justicia en Españistan es igual para todos como lo dijo JuanCar.
 

POLÍTICA

Salvador Alba está en la playa y ejerce de abogado a pesar de su condena​


La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía canario asegura que el magistrado ejerce en la empresa de un exsenador del PP

Ver el archivo adjunto 2604951

El exjuez Salvador Alba condenado en 2019 a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación, 12.500 euros de multa y 60.000 de indemnización a su víctima por tres delitos: prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial, por sus conspiraciones contra la magistrada Victoria Rosell, y pendiente de entrar en prisión desde hace más de 250 días, trabaja como abogado en el despacho de un ex dirigente del Partido Popular de Canarias.

Esta información ha sido comunicada por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, que han confirmado a Canarias Ahora que actualmente es abogado tras darse de alta en el régimen de autónomos y que ejerce la profesión libremente a través de la empresa Consortium Abogados, cuyo presidente, Jorge Alberto Rodríguez Pérez, fue senador hasta 2019 y secretario ejecutivo y responsable de Estudios y Programas del PP canario hasta el mes de mayo del año pasado.

Para variar, Rodríguez lleva acumulados multitud de casos de corrupción, entre ellos una querella por odio, acoso, revelación de secretos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal y los beneficios irregulares con contratos públicos que consiguió a través de su puesto como concejal de Urbanismo, escándalo que le obligó a dimitir.

El exjuez Alba, a pesar de su condena, mantiene su libertad y su condición de ciudadano libre debido al incesante catálogo de obstáculos presentados ante el tribunal por él y su abogado para esquivar el ingreso en prisión, a pesar de que todas y cada una de las molestias presentadas por Alba y su abogado han sido rechazadas por los médicos forenses.


Pues nada, ya vemos que la justicia en Españistan es igual para todos como lo dijo JuanCar.
Otro canalla más suelto y a su aire. España.
 
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