La falsa alarma de las okupaciones. La ley garantiza el desalojo exprés en los allanamientos casa habitual y 2ª residencia
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Falso
Las denuncias por 'okupación' de vivienda suben a 41 al día en 2020
La ocupación ilegal mantiene la tendencia al alza con un aumento del 58% en cinco años, siendo Cataluña la autonomía más afectada
Las denuncias por 'okupación' de vivienda suben a 41 al día en 2020
La ocupación ilegal de viviendas crece cada año en España. Si en 2013 la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos policiales autonómicos y locales dieron cuenta de 7.739 ca
www.elmundo.esLa 'okupación' se dispara un 50% en los últimos cuatro años
El Ayuntamiento de Madrid toma medidas y ya prepara la primera oficina 'antiokupas' para atender a los vecinos afectados.
Patricia Malagón
2020-08-09
0
Grupo de 'okupas' en Madrid | Sindicato de Inquilinos
La ocupación de viviendas no para de crecer en los últimos años. Según los datos del Ministerio del Interior, desde el año 2016 está práctica ilegal ha crecido casi un 50% desde entonces y sólo entre 2018 y 2019 ascendió un 20%. Si en el año 2013, la policía notificó 7.739 casos, en 2018 la cifra fue de 12.214. Esto se traduce en una media diaria de 41 denuncias. Sin embargo, lo peor parece que está por llegar, ya que el confinamiento ha provocado un aumento de la ocupación en las segundas residencias.
Las cifras oficiales registran 1.695 denuncias entre el 14 de marzo y el 31 de mayo de 2020, frente a las 1.149 registradas en el mismo periodo del año anterior. Aunque el crecimiento es notable, lo será aún más cuando se conozcan los nuevos datos, ya que la movilidad completa por todo el territorio no se aprobó hasta el pasado 21 de junio. Por tanto, cuando se tengan los registros de junio y también de julio se podrá tener una visión todavía más clara del aumento de estos delitos. En 2018, según el Instituto Nacional de Estadística, se dictaron 6.028 sentencias relacionadas con la ocupación y se calcula que 90.000 domicilios fueron ocupados. Actualmente, la cifra ronda los 100.000.
Aunque, si hay un punto de España donde la 'okupación' es verdaderamente alarmante es en Cataluña. Allí, Barcelona, Gerona y Tarragona presentan un porcentaje del 14,2%, del 12,2% y del 11,5% en viviendas ocupadas por cada 10.000 domicilios. Esto se traduce en que la región registró 6.688 ocupaciones en el año 2019, 5.101 en Barcelona.
Madrid actúa
Para evitar que estos delitos se sigan disparando, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido pasar a la acción creando una oficina antiocupas para ayudar las comunidades de vecinos a evitar que se produzcan estos casos. Además, el consistorio se ha comprometido a dar "soporte jurídico" a los residentes que sean víctimas de este tipo de delitos.
El Ayuntamiento de la capital ha incluido esta medida dentro del Plan Aniokupación, que está dotado con 1,5 millones de euros. Esta iniciativa pretende ahora proceder al desalojo de seis edificios que actualmente permanecen ocupados ilegalmente en la capital de España. No hay que olvidar que, según la Delegación del Gobierno, en 2018 había casi 4.000 viviendas ocupadas en toda la región. Aunque, la cifra no ha sido actualizada por el momento.
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El Ayuntamiento de Madrid toma medidas y ya prepara la primera oficina 'antiokupas' para atender a los vecinos afectados.
Patricia Malagón
2020-08-09
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Grupo de 'okupas' en Madrid | Sindicato de Inquilinos
La ocupación de viviendas no para de crecer en los últimos años. Según los datos del Ministerio del Interior, desde el año 2016 está práctica ilegal ha crecido casi un 50% desde entonces y sólo entre 2018 y 2019 ascendió un 20%. Si en el año 2013, la policía notificó 7.739 casos, en 2018 la cifra fue de 12.214. Esto se traduce en una media diaria de 41 denuncias. Sin embargo, lo peor parece que está por llegar, ya que el confinamiento ha provocado un aumento de la ocupación en las segundas residencias.
Las cifras oficiales registran 1.695 denuncias entre el 14 de marzo y el 31 de mayo de 2020, frente a las 1.149 registradas en el mismo periodo del año anterior. Aunque el crecimiento es notable, lo será aún más cuando se conozcan los nuevos datos, ya que la movilidad completa por todo el territorio no se aprobó hasta el pasado 21 de junio. Por tanto, cuando se tengan los registros de junio y también de julio se podrá tener una visión todavía más clara del aumento de estos delitos. En 2018, según el Instituto Nacional de Estadística, se dictaron 6.028 sentencias relacionadas con la ocupación y se calcula que 90.000 domicilios fueron ocupados. Actualmente, la cifra ronda los 100.000.
Aunque, si hay un punto de España donde la 'okupación' es verdaderamente alarmante es en Cataluña. Allí, Barcelona, Gerona y Tarragona presentan un porcentaje del 14,2%, del 12,2% y del 11,5% en viviendas ocupadas por cada 10.000 domicilios. Esto se traduce en que la región registró 6.688 ocupaciones en el año 2019, 5.101 en Barcelona.
Madrid actúa
Para evitar que estos delitos se sigan disparando, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido pasar a la acción creando una oficina antiocupas para ayudar las comunidades de vecinos a evitar que se produzcan estos casos. Además, el consistorio se ha comprometido a dar "soporte jurídico" a los residentes que sean víctimas de este tipo de delitos.
El Ayuntamiento de la capital ha incluido esta medida dentro del Plan Aniokupación, que está dotado con 1,5 millones de euros. Esta iniciativa pretende ahora proceder al desalojo de seis edificios que actualmente permanecen ocupados ilegalmente en la capital de España. No hay que olvidar que, según la Delegación del Gobierno, en 2018 había casi 4.000 viviendas ocupadas en toda la región. Aunque, la cifra no ha sido actualizada por el momento.
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Policía y Guardia Civil se hartan de la 'okupación' y estudian un protocolo común
Mandos de ambos cuerpos analizan el modelo implantado por el fiscal general de Baleares, al considerarlo el más eficaz. En los últimos años se han disparado las denuncias por 'okupación' un 40%
PUBLICADO06/09/2020 04:45
Policía Nacional y Guardia Civil se han hartado de la falta de un procotolo común frente a la okupación y de la disparidad de normas que rigen cada cuerpo y cada región. Por eso, mandos de ambos cuerpos se han reunido esta semana para sentar las bases de un reglamento único, con la intención de desarrollarla en los próximos meses.
Para ello han tomado como base la instrucción que el fiscal general de Islas Baleares firmó en junio de 2019, que facilita la intervención de las fuerzas de seguridad para el desalojo de una vivienda en un amplio abanico de casos sin requerir una decisión judicial.
Fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli destacan el "hartazgo" que se vive en ambos cuerpos ante la diferencia de criterios que hay en España para hacer frente a la okupación; no sólo entre Policía o Guardia Civil, también entre cada región.
Las mismas fuentes detallan que mandos policiales y del Instituto Armado ya se han sentado -en una reunión que se ha celebrado esta semana- para establecer las bases de ese protocolo común. En última instancia, esperan contar con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y redactar un documento único.
Un resultado similar al que Bartolomé Barceló Oliver, fiscal general de Baleares, logró en junio de 2019, al aprobar una instrucción sobre la okupación que contó con el apoyo del jefe superior de la Policía en la región, del coronel jefe de la Guardia Civil y de los máximos representantes de las diferentes policías locales.
El caso balear
La instrucción diferencia entre el uso que hacen los propietarios de las viviendas para determinar cómo deben actuar las fuerzas de seguridad. Para ello, el fiscal recoge la opinión de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, que define la relación que el dueño tiene con cualquiera de sus domicilios. Dicha relación se basa en el concepto de "posesión": si el dueño ejerce algún tipo de actividad en esa vivienda -residencia habitual, segunda residencia, negocio o alquiler-, entonces practica el concepto de "posesión" sobre ella.
En todos esos casos, el fiscal insta a las fuerzas de seguridad a actuar "directamente y de forma inmediata", deteniendo al autor de la okupación en los casos necesarios. También insta a los agentes a instruir un atestado en el que detallen las demás actividades constitutivas de delito en las que pueda incurrir el okupa para tomar las medidas judiciales oportunas.
Un 40% más de denuncias
Según fuentes de seguridad, la instrucción redactada por el fiscal general de Baleares es el modelo en el que Policía Nacional y Guardia Civil se inspiran para la redacción de un protocolo común, aunque aún no se han marcado un horizonte temporal para su desarrollo o implantación. Aseveran que una instrucción bajo estos términos "facilitaría" la coordinación de los cuerpos policiales -más aún si la Fiscalía General del Estado lo apoya con su firma-, a pesar de las diferencias de criterio que hay entre las Comunidades Autónomas.
De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio del Interior, el número de denuncias por okupación se ha disparado en España un 40% en los últimos cuatro años. Cataluña es la región donde se produce un mayor un aumento, con 3.611 denuncias en el primer semestre de 2020, seguida de Andalucía (2.535 denuncias en el mismo periodo de tiempo). En la Comunidad de Madrid, por el contrario, la cifra se redujo hasta los 657 casos, un 9,5% menos respecto al año anterior.
Policía y Guardia Civil consideran que la diferencia de criterio entre las regiones dificulta su trabajo frente a las okupaciones ilegales de viviendas. Y confían en que un protocolo único sirva para cambiar drásticamente la tendencia creciente de los últimos años.
https://www.vozpopuli.com/espana/policia-guardia-civil-okupacion-protocolo_0_1388861948.html
Mandos de ambos cuerpos analizan el modelo implantado por el fiscal general de Baleares, al considerarlo el más eficaz. En los últimos años se han disparado las denuncias por 'okupación' un 40%
PUBLICADO06/09/2020 04:45
Policía Nacional y Guardia Civil se han hartado de la falta de un procotolo común frente a la okupación y de la disparidad de normas que rigen cada cuerpo y cada región. Por eso, mandos de ambos cuerpos se han reunido esta semana para sentar las bases de un reglamento único, con la intención de desarrollarla en los próximos meses.
Para ello han tomado como base la instrucción que el fiscal general de Islas Baleares firmó en junio de 2019, que facilita la intervención de las fuerzas de seguridad para el desalojo de una vivienda en un amplio abanico de casos sin requerir una decisión judicial.
Fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli destacan el "hartazgo" que se vive en ambos cuerpos ante la diferencia de criterios que hay en España para hacer frente a la okupación; no sólo entre Policía o Guardia Civil, también entre cada región.
No hay uniformidad entre las instrucciones dictadas por los fiscales; tampoco entre los protocolos que rigen cada comisaría o comandancia. Y esa multiplicidad, aseveran las mismas fuentes, provoca disparidad del número de denuncias entre las Comunidades Autónomas al tiempo que dificulta el trabajo de agentes y jueces.
Las mismas fuentes detallan que mandos policiales y del Instituto Armado ya se han sentado -en una reunión que se ha celebrado esta semana- para establecer las bases de ese protocolo común. En última instancia, esperan contar con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y redactar un documento único.
Un resultado similar al que Bartolomé Barceló Oliver, fiscal general de Baleares, logró en junio de 2019, al aprobar una instrucción sobre la okupación que contó con el apoyo del jefe superior de la Policía en la región, del coronel jefe de la Guardia Civil y de los máximos representantes de las diferentes policías locales.
El caso balear
La instrucción diferencia entre el uso que hacen los propietarios de las viviendas para determinar cómo deben actuar las fuerzas de seguridad. Para ello, el fiscal recoge la opinión de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, que define la relación que el dueño tiene con cualquiera de sus domicilios. Dicha relación se basa en el concepto de "posesión": si el dueño ejerce algún tipo de actividad en esa vivienda -residencia habitual, segunda residencia, negocio o alquiler-, entonces practica el concepto de "posesión" sobre ella.
En todos esos casos, el fiscal insta a las fuerzas de seguridad a actuar "directamente y de forma inmediata", deteniendo al autor de la okupación en los casos necesarios. También insta a los agentes a instruir un atestado en el que detallen las demás actividades constitutivas de delito en las que pueda incurrir el okupa para tomar las medidas judiciales oportunas.
Los miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran con más dificultades en Baleares para ejecutar un desalojo en caso de que el dueño de una vivienda no ejerza esa "posesión" sobre la misma. Bajo ese paraguas se encuentran, principalmente, las viviendas en estado de abandono o de semi-abandono, y la entrada en ellas no se consideraría, a priori, un delito tan claro como en los preceptos anteriores. Por ello, si el propietario lo requiere, las fuerzas de seguridad tendrían que recurrir antes a las correspondientes medidas judiciales.
Un 40% más de denuncias
Según fuentes de seguridad, la instrucción redactada por el fiscal general de Baleares es el modelo en el que Policía Nacional y Guardia Civil se inspiran para la redacción de un protocolo común, aunque aún no se han marcado un horizonte temporal para su desarrollo o implantación. Aseveran que una instrucción bajo estos términos "facilitaría" la coordinación de los cuerpos policiales -más aún si la Fiscalía General del Estado lo apoya con su firma-, a pesar de las diferencias de criterio que hay entre las Comunidades Autónomas.
De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio del Interior, el número de denuncias por okupación se ha disparado en España un 40% en los últimos cuatro años. Cataluña es la región donde se produce un mayor un aumento, con 3.611 denuncias en el primer semestre de 2020, seguida de Andalucía (2.535 denuncias en el mismo periodo de tiempo). En la Comunidad de Madrid, por el contrario, la cifra se redujo hasta los 657 casos, un 9,5% menos respecto al año anterior.
Policía y Guardia Civil consideran que la diferencia de criterio entre las regiones dificulta su trabajo frente a las okupaciones ilegales de viviendas. Y confían en que un protocolo único sirva para cambiar drásticamente la tendencia creciente de los últimos años.
https://www.vozpopuli.com/espana/policia-guardia-civil-okupacion-protocolo_0_1388861948.html
?????por favor es que no se puede ser más sectario en este video,
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Pero sólo en Baleares o en toda España también?
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Yo he entendido que quieren aplicar el modelo Balear en toda España
