La corrupción en Cataluña

Madrenas se forra con el sueldo de diputada y de 'semialcaldesa' de Girona
Incumple la ley de régimen local al cobrar más de 105.000 euros por cargos públicos, como diputada y a cargo del consistorio


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La alcaldesa de Girona y diputada de Junts per Catalunya, Marta Madrenas /Efe
ARCHIVADO EN: CARLES PUIGDEMONT, PARLAMENT, SUELDOS, GIRONA, JUNTS PER CATALUNYA, QUIM TORRA
MANEL MANCHÓN @mmcias

02.08.2018 00:00 h.
5 min
Marta Madrenas, alcaldesa de Girona, elegida en su día en las listas de Convergència, alcaldable ahora por el PDeCAT, y fan de Carles Puigdemont, es el azote del Rey en las comarcas más independentistas de Cataluña. Aseguró que Felipe VI se había “autoexcluido de Cataluña”, y rechazó ceder espacios municipales al jefe del Estado con motivo de la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona. Madrenas es también uno de los alcaldes con el sueldo más elevado, a pesar de que aseguró que había renunciado a su retribución después de ser elegida en el Parlament en las filas de Junts per Catalunya. Sus retribuciones ascienden, en total, a más de 105.000 euros. ¿Cómo lo hace?

Madrenas incumple, según ha podido saber Crónica Global, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en su artículo 22, según la cual se fija el sueldo máximo que pueden percibir los representantes locales en función de todos sus cargos públicos en relación al tamaño de la localidad. En su caso, en Girona, con unos 100.000 habitantes, el sueldo se fija en unos 75.000 euros, como límite personal.

El límite del Parlament


Ese límite, precisamente, lo sobrepasa de forma amplia. En régimen de asistencia, según el propio portal de transparencia de Girona, Madrenas percibe 35.644,92 euros anuales.






Cuando Madrenas fue elegida diputada en el Parlament, aseguró que renunciaba al sueldo de alcaldesa de Girona. No era una decisión voluntaria, lo marca el propio reglamento de la Cámara catalana, al señalar que las retribuciones de carácter fijo por el ejercicio de las funciones parlamentarias son incompatibles con la percepción de las retribuciones por el hecho de ocupar otros cargos públicos, con dedicación plena o parcial. Y ese es el caso de su dedicación parcial al Ayuntamiento de Girona.




Las retribuciones por desplazamientos
En el Parlament, Marta Madrenas percibe retribuciones por diversos conceptos. El sueldo fijo es de 2.871,57 euros mensuales, por 14 pagas. A ello se debe añadir 2.333,53 euros de indemnización por gastos y viajes por vivir entre 81 y 130 kilómetros fuera de Barcelona, lo que equivale a 28.002, 52 euros anuales. También percibe 383, 99 euros mensuales como portavoz de Junts per Catalunya en la comisión del Estatuto del diputado, aunque ahora cobrará algo más, porque accederá a la presidencia de la comisión, en sustitución de Quim Torra, que lo era antes de ser elegido presidente de la Generalitat.

Todo ello sobrepasa de lejos los 75.000 euros de límite, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Protección privada
En total, Madrenas llega a los 106.153,36 euros, con la suma de los 35.644, 92 euros del Ayuntamiento de Girona; los 70.508,44 del sueldo de diputada en el Parlament; los 28.002,52 por desplazamientos y los 2.303,94 de la comisión parlamentaria.

Pero no se queda ahí la cuestión. En el pleno del 31 de julio, de este martes, Madrenas anunció que tendría escolta privada, porque así se lo ha recomendado la Policía, al recibir diversas amenazas. Eso implica también que dispondrá de coche oficial hasta el Parlament, lo que chocaría con la percepción de los 28.002 euros por gastos y viajes, porque esa protección de seguridad la asumiría el Ayuntamiento de Girona. De hecho, diversas informaciones ya apuntan que Madrenas utilizaba el coche oficial del consistorio para desplazarse al Parlament, a pesar de percibir esa cantidad para poderlo hacer por su cuenta.



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Artur Mas abroncó a los técnicos por negarse a amañar un supercontrato: "Agbar es catalana, tenéis que ayudarla"
INVESTIGACIÓN
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  • 10 sep. 2018 02:41
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Acto por el Día de la Justicia en 2014, con Mas (dcha.) y Germá Gordó. JORDI SOTERAS
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Recriminó su rechazo a adjudicar el suministro de agua de Barcelona por 1.000 millones a un financiador de CDC

Investigan el intento de fraude en la mayor privatización del Govern

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió explicaciones personalmente a los técnicos que abortaron el plan para adjudicar el mayor contrato de la historia en Cataluña, la gestión del agua de Barcelona, a la principal empresa financiadora de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC): Agbar.

Según han relatado a EL MUNDO varios técnicos que intervinieron en la mayor privatización de la Generalitat, que contemplaba un canon de 1.000 millones de euros y un periodo concesional de 50 años, mantuvieron una reunión con Mas en su despacho oficial a mediados de 2013. Es decir, meses después de que la Mesa de Contratación resolviera que la mejor oferta para gestionar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de la Ciudad Condal, lo que se denominó Aigües Ter Llobregat (ATLL), fuera Acciona.

En dicho encuentro, que tuvo como objeto oficial tratar otros asuntos vinculados con los recursos hídricos catalanes, Mas se dirigió a los técnicos que habían intervenido en la licitación. Aprovechó que la reunión había terminado para hacer un aparte con varios funcionarios. «¿Por qué le tenéis manía a Agbar?», preguntó abiertamente el entonces máximo responsable de la Generalitat. «No hay ninguna manía, simplemente que la oferta que presentó Acciona era mejor», le contestaron, según relatan estos funcionarios a este diario. «Es una empresa catalana y hay que ayudarla», insistió Mas en tono reprobatorio en una conversación que, coinciden, fue muy breve. «Le aclaramos, además, que el principal capital de Agbar era extranjero y que ese argumento tampoco era válido», añaden. «El interés de CDC era que esta empresa se quedara el negocio del agua en Barcelona a toda costa, no lo consiguieron en el primer concurso y un año después hubo orden de crear sin licitación alguna una empresa mixta para que gestionara una parte del servicio».

Audiencia NacionalJosé de la Mata que tome declaración a varios de los técnicos que intervinieron en el concurso, varios de ellos vinculados a la Agencia Catalana del Agua (ACA), para que expliquen cómo el Gobierno de Mas manipulaba los concursos públicos en favor de determinadas empresas que financiaban al partido a través de sus fundaciones. Pero, sobre todo, para que relaten cómo el hombre fuerte del ex presidente les presionaba y dirigía la «trama delictiva que subyace en la estructura de contratación pública de las Administraciones catalanas, controladas desde el partido CDC».

No en vano, la elección de Acciona tuvo lugar en contra de la exigencia del ex secretario de Gobierno de Mas, Germá Gordó, que en la primavera de 2012 convocó en su despacho a casi una decena de funcionarios que participaban en el concurso. En la reunión, tal y como reveló este periódico, el hombre de confianza de Mas exigió a los técnicos que proclamaran ganadora a Agbar -ha sido la primera gran empresa en volver a instalar su sede en Cataluña tras la crisis del procés, bajo el argumento de que ha regresado la «estabilidad económica» a Cataluña-. Pero Gordó además pidió que cerrasen el concurso lo antes posible, mostrándose preocupado por que tuviera lugar antes de que finalizara el año. Y es que la adjudicación permitiría al Gobierno catalán contabilizar los 1.000 millones de canon y aliviar así el déficit de las arcas públicas. Asimismo, empleó el argumento al que, meses después, recurrió Mas: «La empresa es catalana y debe ganar». «Nos aclaró en esa reunión que era una orden suya y que la teníamos que cumplir», precisan los técnicos a EL MUNDO. «Nos sorprendió cómo lo dijo, de forma directa, muy clara, es muy bruto, nos quedamos todos helados».

Cabe recordar que Agbar ha sido la empresa que más dinero ha aportado los últimos años a CDC, llegando a donar a sus fundaciones instrumentales, entre las que se encontraba la célebre Catdem, más de un millón y medio entre 2008 y 2012. Una cifra que representaba más del 15% de lo que recaudada el partido mediante esta operativa fraudulenta.

Según las fuentes consultadas por este periódico, uno los asistentes a la cita secreta con Gordó, en ese momento secretario general de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán, Pau Villoria, le plantó cara y le espetó abiertamente que si quería que Agbar venciera lo que tenía que hacer la empresa es «presentar la mejor oferta». Esta contestación provocó la reacción airada de Gordó. «Cambió inmediatamente el gesto, porque no se esperaba esa contestación y dio por terminada la reunión. Pero antes nos dijo en tono amenazante: 'Que nadie se equivoque'».

La injerencia del alto cargo de Mas en las licitaciones públicas relacionadas con la gestión del agua en Cataluña no eran nuevas. De hecho, algunos de estos funcionarios explican que cuando Agbar no resultaba vencedora en alguna licitación, Gordó llamaba para pedir explicaciones utilizando frases del tipo: «Le habéis quitado a Agbar este concurso», provocando encontronazos con los funcionarios, que defendían que proclamar vencedora en un concurso a una empresa con mejor propuesta no significaba usurpar ningún derecho adquirido por parte de la concursante sino cumplir la ley.

Las fricciones con el Gobierno catalán se recrudecieron cuando los técnicos decidieron, además, variar los criterios generales de adjudicación en la ACA tras recibir continuas indicaciones políticas. Elevaron la puntuación económica al 70% del total y redujeron a apenas un 30% las cuestiones técnicas que podían resultar más subjetivas. Anteriormente, el grado de discrecionalidad era mucho más amplio y facilitaba los amaños.

«Esa modificación la hicimos para blindarnos como funcionarios. Con ella, quien presentara mejor oferta económica se llevaba la licitación, no había margen para amañar el concurso. Eso provocó muchísimas presiones desde el Govern, que con la fórmula anterior podía dirigir los concursos». A su vez, los funcionarios atribuyen a Gordó la intervención de Josep Antoni Rosell, responsable de las Infraestructuras del Govern, que se sentó en la Mesa de Contratación del gran contrato del agua en Barcelona, y contribuyó con su intervención a que Agbar venciera en el apartado técnico del concurso a Acciona, logrando 20 puntos frente a 13. Sin embargo, la licitación se acabó inclinando a favor de ésta última gracias al citado económico, donde Acciona concurrió con una propuesta que suponía un ahorro para los contribuyentes de Barcelona de 956 millones durante el plazo de vigencia de la concesión. En este capítulo, logró 74,73 puntos frente a los 31,09 de Agbar. De tal forma que el resultado final arrojaría 87,73 puntos para la vencedora frente a los 51,09 de la opción apadrinada por Gordó.

Una vez resuelto el concurso, las maniobras de Gordó continuaron, a través del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que controlaba a través de un antiguo colaborador y que suspendió la adjudicación.

Las presiones presupuestarias de la Generalitat obligaron al equipo de Mas a levantar la medida pero la OARCC elaboró un informe que ha servido de base para la batalla jurídica que se ha librado desde entonces en los tribunales y que ha terminado con la anulación del concurso por defectos formales. El presidente Quim Torra ya ha anunciado que, como muy tarde en 2019, el servicio del agua retornará a manos de la Generalitat, que deberá enfrentarse ahora a una millonaria reclamación por parte de Acciona, que exigirá las inversiones realizadas y el lucro cesante.

EL 'CASO 3%'
Qué investiga.
La causa que instruye la Audiencia Nacional investiga a altos cargos de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, habrían puesto en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido.

'Modus operandi'.
La trama corrupta partía de las «donaciones» encubiertas de grandes compañías a fundaciones vinculadas a la formación, a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Imputaciones.
La Audiencia imputó al PDeCAT como partido político heredero de Convergència, y tiene a Germà Gordó, ex 'conseller' de Justícia y ex mano de derecha de Artur Mas en su etapa de Gobierno, como principal investigado, junto al ex tesorero del partido, Andreu Viloca, y el ex director general de Infraestructuras, Josep Antoni Rosell, entre otros.
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/10/5b955a13ca4741351b8b458b.html
 
LA CORRUPCIÓN EN CATALUÑA
PDeCAT se desvincula de Convergència ante el juez para esquivar el caso del 3%
Dos empresarios reconocen en la Audiencia Nacional los pagos a las fundaciones de CDC

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El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), formación continuadora de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el partido nacionalista fundado por Jordi Pujol y hegemónico durante décadas en esa comunidad, se ha desvinculado hoy de sus raíces ante el juez para evitar el caso del 3%. Tanto el partido matriz CDC, que mantiene una estructura residual para su liquidación, como el sucesor PDeCAT se encuentran imputados como personas jurídicas por la trama de financiación ilegal mediante donaciones de empresarios a fundaciones del entorno de CDC. Este miércoles, en la Audiencia Nacional, los representantes legales de ambos partidos se han esforzado en desligarse el uno del otro, de modo que el PDeCAT pueda esquivar esta causa judicial.

Los apoderados designados por ambas fuerzas políticas para representarles ante el juez José de la Mata, instructor desde el pasado abril del caso 3%, adujeron varios aspectos que les separan. Según ellos, CDC, formación nacionalista creada en torno a Jordi Pujol en 1974 y disuelta en julio de 2016, tenía un componente “soberanista” —partidaria del derecho de autodeterminación de Cataluña— mientras que el PDeCAT tiene unos estatutos “netamente independentistas”. También han puesto de relieve que aunque la ejecutiva inicial del PDeCAT, encabezada por Artur Mas, provenía de Convergència, en la actualidad tiene una composición claramente ajena al partido de Pujol.

El caso del 3%, que comenzó a investigarse en el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) en 2015, se centra en la estructura creada para financiar a CDC con donaciones de empresarios a las fundaciones CatDem y Forum Barcelona. Informes de la Guardia Civil sostienen que ambas entidades ingresaron entre 2012 y 2015, en plena etapa de Artur Mas al frente de la Generalitat, 16,9 millones de euros, la mayoría procedentes de donaciones de grandes empresas. Más de seis millones fueron abonados mediante cheques y en efectivo. En esta etapa, el Gobierno catalán adjudicó a los donantes 24 obras públicas valoradas en aproximadamente 175 millones de euros.

Este miércoles, el juez De la Mata ha interrogado a los hermanos Juan Antonio y Emilio Carpintero, presidente y consejero de Ortiz Construcciones y Proyectos, que supuestamente realizaron entregas a las fundaciones de CDC por valor de 130.000 euros. Por esta donación, la sociedad recibió el contrato de ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona), en un concurso en el que inicialmente partía en el puesto 25 de los licitadores.

El juez De la Mata ha identificado que varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro mercantiles participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos se llevaron a cabo poco antes de la adjudicación de aquel concurso. Una de las filiales, Impulsa Grupo Ortiz, estuvo presidida entre 2012 y 2016 por el exconsejero de Educación de la Generalitat Joan Maria Pujals. La investigación ha detectado reuniones “reiteradas” desde 2011 a 2013 con Andreu Viloca, extesorero de CDC y uno de los principales imputados en la trama corrupta.

Según fuentes jurídicas, los hermanos Carpintero han reconocido las donaciones de sus empresas a las fundaciones, aunque han manifestado que no sabían que estas estaban vinculadas a Convergència. Según estos empresarios, imputados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, las entregas se hicieron en el marco de una “estrategia comercial” y para darse a conocer como empresas en Cataluña.

https://elpais.com/politica/2018/09/12/actualidad/1536756557_661447.html
 
El juez del caso Inipro procesa al alcalde de Tarragona y ve al PSC responsable a título lucrativo
Concluye que se usó un instituto municipal como "instrumento de financiación" para beneficiar al PSC.

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El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona ha procesado al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, y a otras 14 personas por presuntamente contratar a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona a la empresa Inipro para que trabajara en beneficio del PSC, y considera al partido como responsable a título lucrativo. Precisamente este fue el argumento de los socialistas para presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy que acabó ganando Pedro Sánchez.

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez da por finalizada la instrucción del caso encontrando indicios de la comisión de distintos delitos contra Ballesteros y otras 14 personas y da traslado a las acusaciones y defensas para que hagan el escrito y propongan, si lo consideran, nuevas pruebas.

Les atribuyen los presuntos delitos de alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública, ya que según el juez se usó dicho instituto municipal como "instrumento de financiación de una actividad que tan solo beneficiaba al PSC".


Según el auto de apertura de procedimiento abreviado del juez Joaquín Elías, los hechos se remontan al verano de 2009 cuando Ballesteros, como máximo responsable de la agrupación local del PSC de Tarragona y alcalde de la ciudad, y la máxima responsable del área de comunicación, F.E., actuaron "puestos de común acuerdo y con la finalidad de planificar la estrategia a seguir para mantener el gobierno municipal" de cara a las elecciones de 2011.

Para ello, decidieron buscar a personas que trabajaran para los intereses electorales del PSC y que se dedicaran a promocionar y cuidar la imagen institucional del alcalde en medios de comunicación y redes sociales "logrando con ello un sustancioso rédito para el alcalde y los miembros del Gobierno municipal, y para el partido que lo sustentaba, el PSC".

Ballesteros y otros miembros de su equipo investigados decidieron que la "institución idónea" para poder contratar a estas personas que trabajaran para el partido era el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona: tenía capacidad de contratación de forma autónoma, estaba gestionado por una persona de confianza del alcalde y tenía una dispersión de sedes, lo que dificultaba el control de la actividad de los trabajadores.

Los investigados decidieron que la mercantil Inipro serviría para contratar a personas para el partido, y que se le daría la apariencia de contrato relacionado con la promoción del asociacionismo entre la población recién llegada.

Entonces se fichó como delegado de dicha sociedad en Tarragona a un militante del PSC "deseoso de labrarse un futuro en el partido", puntualiza el juez.

Coste de casi 300.000 euros

Para contratar a Inipro se siguió un procedimiento administrativo negociado sin publicidad por valor de 59.000 euros, el único sistema que podía asegurar que el contrato recayese en la mercantil, "un ardid tramado con la sola finalidad de beneficiar al PSC", con lo que según el juez se amañó el contrato para que recayera en la empresa previamente seleccionada.

Además, una vez agotado un primer presupuesto, el alcalde fue autorizando nuevos pagos a los trabajadores hasta diciembre de 2012, con un coste para las arcas municipales de 276.157,31 euros.

El juez también constata que las memorias de la actividad de Inipro de esos años fueron redactadas de forma "fraudulenta", al ser en realidad elaboradas desde el propio Instituto Municipal de Servicios Sociales y no por la empresa que prestaba servicios.

La investigación judicial se inició en noviembre de 2013 tras una denuncia de la CUP a la Fiscalía por presuntas irregularidades que recayó en el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona.

https://www.libertaddigital.com/esp...sc-responsable-a-titulo-lucrativo-1276624801/
 
Detienen al presidente de la Diputación de Lérida en una operación contra la corrupción
La investigación estaría relacionada con el pago de donaciones a las fundaciones vinculadas a Convergència, como CatDem
0Una incómoda normalidad
Los Mossos d'Esquadra llevan a cabo esta mañana una operación anticorrupción centrada en la Diputación de Lérida que se desarrolla en la capital leridana y otras poblaciones de la provincia, tras una investigación iniciada por la Fiscalía, han confirmado a Efe fuentes de la Policía de la Generalitat.

Según informa Europa Press, en esta operación han sido detenidos el presidente de la Diputación de Lérida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, además de varios altos cargos de la corporación, de la sección de Conservación de Carreteras de la Generalitat y algunos responsables de empresas investigadas.

La investigación se inició por el presunto cobro de comisiones por parte de Reñé y otros altos cargos de la Diputación y estaría también relacionada con el pago de donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem, a cambio de recibir adjudicaciones en ayuntamientos gobernados este partido o con responsabilidades en organismos públicos de la Generalitat, ha informado el rotativo.

https://www.abc.es/espana/catalunya...n-contra-corrupcion-201810020849_noticia.html
 
Narcís Serra, imputado por un agujero de 720 millones en Catalunya Caixa

La Audiencia Nacional investiga ala antigua cúpula de Catalunya Caixa por un presunto delito de administración desleal.

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El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga al expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, al exdirector general Adolf Todó y a otros trece altos cargos por presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros. El auto del titular del juzgado central de Instrucciónn 2, Ismael Moreno, al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado La Vanguardia, está fechado el pasado 1 de marzo, y responde a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del FROB.

El juez ha dejado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria la opción de ejecutar acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la entidad. Entre los directivos investigados figura Antonio Llardén, vicepresidentes de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás.

Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM). En este sentido, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados";asimismo, la Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

El consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real. Entre los años 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos.

No se protegían los intereses de la entidad con cláusulas al efecto, y cuando si se incluían estas cláusulas, no fueron ejecutadas o se mostraron inútiles. También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la pertinente autorización de la Comisión Ejecutiva.

Asimismo, el escrito fiscal apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio. Serra y Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos que cobraron a partir de 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitara el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra ambos.

https://www.libremercado.com/2017-0...e-720-millones-en-catalunya-caixa-1276594943/
 
La Generalitat paga 500.000 euros a la falsa universidad ‘indepe’
A pesar de darle sustento económico, el Govern admite desconocer el programa de la Universitat Catalana d’Estiu, que, afirman, no forma parte del sistema universitario público


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La Generalitat ante la Universitat Catalana d’Estiu / FOTOMONTAJE DE CG
ARCHIVADO EN: UNIVERSIDADES, PROCÉS, GOVERN
MARÍA JESÚS CAÑIZARES @MJesusCanizares

24.10.2018 00:00 h.
6 min
Ni es una universidad ni forma parte del sistema público catalán. Pero el Govern ha regado de euros la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) durante los años de endurecimiento del procés independentista. Las sesiones, celebradas en Prada de Conflent (Francia), no solo sirven para hacer pedagogía sobre la causa secesionista, sino que además fomenta el pancatalanismo. En ocasiones, con el enfado del Gobierno francés.

Así, entre 2014 y 2018, período en el que el procés ha llegado a su punto álgido, la Secretaría de Universidades, que depende de la Consejería de Presidencia, ha destinado anualmente 87.000 euros a la UCE en base a los convenios suscritos con la Fundació Universitat Catalana d’Estiu “para financiar la organización de la edición anual de la UCE en Prada de Conflent”, una ciudad situada a 50 kilómetros de Perpignan. Es decir, 435.000 euros en cinco años.

Otras administraciones que ponen dinero



Estas ayudas se suman a las que otras administraciones destinan a este foro, que año tras año, congrega a expertos y políticos para hablar del soberanismo. Así se hizo durante el Gobierno de Jordi Pujol. En 2015, las cuatro diputaciones provinciales aportaron 43.292 euros, mientras que varios ayuntamientos pagaron 6.875 euros. Ese fue el último verano que el Ayuntamiento de Barcelona contribuyó a ese sustento económico, pues la alcaldesa, Ada Colau, ordenó cortar el grifo. Ese mismo año, la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación (AGAUR, por sus siglas en catalán) gastó 16.154 euros en esas sesiones.

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El presidente Quim Torra, en la clausura de la última edición de la Universitat Catalana d'Estiu

La diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, quiso profundizar en esos datos y, mediante una pregunta parlamentaria, indagó sobre los pagos efectuados a cada uno de los docentes y conferenciantes en relación con las actividades de todo tipo programadas por la UCE. En concreto, Sierra pidió la información desglosada por docente/conferenciante, concepto y pago realizado.

La respuesta del Govern, firmada por el secretario de Universidades Francesc Xavier Grau, es sorprendente pues, según la formación naranja, demuestra la “despreocupación” de la Generalitat respecto al destino de ese dinero.

Remisión a la web de la Fundación
Confirma el alto cargo que la UCE “no forma parte del sistema universitario catalán ni la Generalitat está presente en sus órganos de gobierno” y que esta Secretaría “no tiene más información que la que es públicamente disponible en UCE.CAT”.




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El exconsejero de Presidencia, Francesc Homs (tercero por la derecha) en una de las ediciones de la Universitat Catalana d'Estiu

En efecto, la UCE no es una centro en los términos establecidos en la Ley 6/2001 de Universidades y por la Ley 1/2003 de Universidades de Cataluña. Y la Fundación UCE no es titular de ningún centro de enseñanza superior que imparta estudios universitarios oficiales autorizado por la Generalitat.

En la citada respuesta, el Govern que en las ediciones de la UCE participan universidades francesas y de la región de Llenguadoc, así como otras instituciones, “con el objetivo principal de preservar y difundir la lengua catalana a través de la realización de diferentes actividades de formación tanto culturales como lúdicas, para contribuir a la divulgación de conocimientos”.

Una pseudouniversidad
La celebración anual de esta pseudouniversidad catalana de verano cumple un doble objetivo: mantener el debate sobre el procés y fomentar un pancatalanismo que incluye el sur de Francia. Este tipo de injerencias se han traducido en quejas de Francia. A finales de 2016, el Parlament aprobó una resolución sobre el derecho a la autodeterminación de la llamada Catalunya Nord. Esta iniciativa generó una protesta formal del país galo ante el Gobierno español.

En 2017, la UCE se celebró semanas antes del referéndum del 1-O y acudieron consejeros del Govern, diputados de los partidos independentistas y representantes de las entidades soberanistas. Uno de los actos se tituló Política y sociedad civil en el camino hacia la libertad, e intervinieron el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Ambos cumplen prisión preventiva.

A las puertas del referéndum
En otra de las sesiones, A las puertas del referéndum, participaron el excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, y los diputados de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardà, Teresà Jordà y Ester Capella --actual consejera de Justicia--.

El año pasado, la UCE celebró su 50 aniversario con el procés también como eje y ya con los dirigentes independentistas en prisión preventiva. Entre los asistentes figuraban el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; las periodistas Pilar Rahola y Bea Talegón y el fotoperiodista Jordi Borràs.
 
Sí, pero ya sabemos que si les roban "los suyos" no les importa. Es que ni lo reconocen como robo. El sectarismo radical produce graves distorsiones de la realidad.
 
TRIBUNALES
'Caso 3%'
La Audiencia Nacional imputa a un ex cargo de TV3 por la financiación irregular de CDC

El juez considera que el productor siguió "instrucciones específicas" del ex conseller Germà Gordó

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El próximo 10 de septiembre el ex gerente de TV3 y representante de la productora Triacom, Oriol Carbó, deberá acudir a declarar a la Audiencia Nacional imputado en el caso 3%. En concreto, el juez quiere establecer si el acusado pagó presuntamente 750.000 euros al empresario Juan Manuel Parra por los actos electorales que realizó para CDC en la campaña autonómica de 2010, simulando facturas falsas. Según los investigadores, Carbó siguió "las instrucciones específicas" del ex conseller de Justicia Germà Gordó para abonar estos actos de CDC mediante Triacom que tenía dos programas de TV3 producidos: "El gran dictat" y "Fish and chips".

Parra, responsable de Hispart, declaró hace una semana en la Audiencia Nacional y reconoció conversaciones en 2011 con Gordó en las que le reclamaba el dinero y como el entonces secretario general del Govern le explicó que lo cobraría a través del productor. El empresario aportó una grabación de una de estas reuniones y el juez cree que presuntamente Gordó le dio "instrucciones expresas y directas" a Carbó de cómo hacer el pago irregular de los actos del partido con dinero de TV3 y la manera en que debían ser las facturas falsas para camuflarlo.

Después Parra se encontró con el productor quien le indicó "cómo preparar las facturas que Hispart debía girar a la empresa Triacom, su periodicidad (convinieron en que la deuda se pagaría en seis plazos mensuales) y el concepto que debía figurar en cada una de ellas", según el juez. Por eso considera que estas facturas iban con cargo a "supuestas, y obviamente inexistentes, colaboraciones de Hispart en producciones audiovisuales de Triacom para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)".

El auto detalla que existe el presunto vínculo entre la productora y el partido ya que "como Carbó dejara de pagar alguna de las últimas facturas convenidas o de indicarle los conceptos que debía hacer constar en las mismas, Parra volvía a reunirse con Gordó y otros altos directivos de CDC, para buscar una solución indicándole a Gordó que acudiera de nuevo a Carbó para completar el pago de la cantidad adeudada a CDC", explica el juez sobre la mecánica de los pagos.

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/08/06/5d496a8821efa0ff458b4848.html
 
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