La corrupción en Cataluña (1 Viewer)


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La Policía acusa a Los Pujol del blanqueo de 28'5 millones durante la investigación judicial
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  • 12 jul. 2018 01:54

El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, el pasado mes de mayo en Barcelona. SANTI COGOLLUDO
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La Udef certifica que Pujol nunca dijo que tuviera su fortuna en Andorra "para un posible exilio"

HEMEROTECA: El juez no encuentra el plan de blanqueo de Pujol Jr. en Colombia en tres meses de pinchazos telefónicos

La Policía Judicial denuncia ante la Audiencia Nacional que la familia Pujol ha blanqueado 28.520.740,46 euros en activos financieros en México que se encuentran, "a día hoy" y en plena investigación judicial, bajo su control. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado un nuevo informe ante el Juzgado de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que sostiene que el clan catalán ha llevado a cabo "una operativa compleja de blanqueo de capitales que tiene como punto troncal la inversión en negocios desarrollados en México" y sitúa la mayor parte de las mismas en plenas pesquisas.

Pese a que la Udef sostiene de manera contundente que Pujol Jr. ha puesto en riesgo la investigación, el juez José de la Mata, que conoce desde el pasado mes de abril estas conclusiones policiales, mantiene en libertad al primogénito del clan catalán y ha suspendido recientemente la intervención de sus terminales telefónicos en busca de operaciones de blanqueo.

A juicio de los investigadores los negocios mexicanos "tienen puntos comunes en su evolución, partiendo de que parcialmente se financian con partidas de génesis desconocida, habiendo concretado algunas con origen en Andorra y Panamá que nunca han sido declaradas en España".

La Policía le acusa de articular préstamos "ilusorios" para lavar los fondos

La Udef arguye que "con ocasión de la liquidación de los mismos, su traslado a España a efectos económicos fue una completa ficción, pretendiendo siempre representar la obtención de pérdidas sistemáticas que minoraban espuriamente las reservas societarias acumuladas en España». Una operativa que "se presenta como claro paradigma de delitos contra la Hacienda pública", enfatiza.

La Policía Judicial, que refunde en este nuevo informe las conclusiones vertidos en otros anteriores, destaca, entre otros, el desarrollo del proyecto del hotel Encanto en Acapulco. Señala que "el nacimiento de la operación tiene como punto de partida la inyección de 2,7 millones de dólares en el año 2005 que se justificaron con un préstamo reputado falso".

"El dinero gestado con ocasión de la venta del Hotel Encanto en Acapulco estaría todavía hoy a disposición de Jordi Pujol Ferrusola, realizando incluso posteriores actos de despatrimonialización de capital residente en España para fingir la existencia de nuevos préstamos desde sus sociedades".

"La operativa es un claro paradigma de delitos contra Hacienda", añade

Todo ello "a la par que se está aduciendo la ruina de esa inversión al declarar los fondos perdidos en España", agregan los agentes. Para llevar a cabo este y otros negocios la Policía resalta que el primogénito del ex presidente autonómico catalán contó con la ayuda del empresario Bernardo Domínguez Moreno, que le ayudó, siempre según los investigadores, a lavar dinero de origen ilícito mediante préstamos falsos. Aferrándose a estos préstamos, que la Udef califica de "ilusorios", Jordi Pujol Jr., estando investigado por la Audiencia Nacional, "se arguye su devolución para realizar sucesivas transferencias desde Andorra y España, con el ánimo de descapitalizar las cuentas corrientes y evitar su intervención judicial".

"Este proceso de descapitalización forma parte de una estrategia sostenida desde que las diligencias de investigación judicial comenzaron", apostilla la Policía.
http://www.elmundo.es/espana/2018/07/12/5b465eb1468aeb38688b459e.html
 
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Detectan cómo los Pujol hacían negocios en la Generalitat de Artur Mas
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  • 24 jul. 2018 08:44

Jordi Pujol Ferrusola, en una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional. JAVIER BARBANCHO
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El primogénito reunió a un fondo israelí con el ex 'conseller' de Economía de Mas en 2012

La Policía Judicial acusa a Jordi Pujol Ferrusola de «influir políticamente» en el Gobierno que presidía Artur Mas para hacer negocios. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha documentado ante la Audiencia Nacional cómo el primogénito del ex presidente autonómico catalán organizó reuniones con altos cargos públicos catalanes en representación del fondo de inversión israelí Jerusalem Venture Partners (JVP). Entre otros, con el ex consejero de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell. Pero también con su hermano Oriol Pujol mientras éste era una de las personas de máxima confianza del ex presidente catalán.

Esta actuación fue complementada con reuniones con Jordi Joly, ex responsable de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, o con directivos de la productora Mediapro y la entidad financiera andorrana Andbank.

Constituye, a juicio de los investigadores del caso, «una perfecta representación de la confusión de intereses que parece haber ocurrido en la familia Pujol Ferrusola a lo largo del tiempo».

La Udef intervino en el despacho profesional de Pujol Ferrusola una serie de correos electrónicos, a los que ha tenido acceso EL MUNDO, que revelan cómo a principios del año 2012 apadrinó a los dirigentes del referido fondo israelí ante las autoridades políticas de Cataluña.

El ex 'conseller' de Economía Andreu Mas-Colell. | ANTONIO MORENO
El primer contacto lo estableció el hijo mayor de Jordi Pujol Soley con su hermano Oriol, en ese momento diputado del Parlamento catalán, «dirigente del partido Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y a su vez cargo político en el gobierno autonómico y que dirige la Administración de Cataluña». «Siendo» esta última, precisa la Policía, «la faceta que más interés despierta en su hermano Jordi».

«Un empresario israelí va a venir a Barcelona a finales de febrero», le anticipó por correo electrónico Jordi Pujol Ferrusola a su hermano Oriol el 14 de enero de 2012. «Vale la pena que lo tengas presente», le insistió.

La Policía subraya que en ese momento Jordi Pujol Jr. no tenía «encomendado papel alguno en el Gobierno y/o Administración autonómica de Cataluña para realizar gestiones en relación con la visita de los máximos dirigentes de una empresa externa».

Por lo que, a juicio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, este contacto entre hermanos «no parece tener justificación formal alguna».

Presentó a Mas-Colell como el "ministro de Economía" catalán

«A tenor de la comunicación», prosigue la Policía Judicial, «se desprende la capacidad de Jordi Pujol Ferrusola de influir en la agenda no sólo de su hermano Oriol Pujol Ferrusola, que se reuniría junto a él con el presidente de JVP en Barcelona, sino de otros altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona».

En este sentido, la Udef ha entregado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata un correo electrónico de Jordi Pujol Ferrusola remitido en febrero de 2012 a la empresa israelí con la agenda prevista para su visita a la Ciudad Condal. Así, el 28 de febrero Jordi Pujol Jr. organizó, en primer lugar, una reunión con su padre. A continuación, una comida con su hermano Oriol, al que presentaba ante sus clientes como el «secretario general de CDC».

Ya por la tarde, Pujol Jr. organizó un encuentro con el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, al que presentaba abiertamente como «ministro de Economía» de Cataluña. La jornada la completó con una reunión con Tatxo Benet, directivo de Mediapro y mano derecha de Jaume Roures y otra con Carles Vilarrubí, entonces vicepresidente del FC Barcelona. Al día siguiente, Pujol Ferrusola montó un encuentro con el responsable de Economía del Ayuntamiento de Barcelona Jordi Joly.

A estas reuniones le sucedió, añade la Policía, apenas unos meses después, en noviembre del mismo año, «un viaje oficial a Israel de quien en aquellos momentos dirigía el Gobierno de la Generalitat Artur Mas». Dicha «delegación» la integraban también «Andreu Mas-Colell y Xavier Trias (ex alcalde de Barcelona)». Entre las gestiones realizadas por Pujol Jr. la Udef destaca el haber conseguido que La Vanguardia «publicara un artículo» ensalzando «las relaciones bilaterales» entre Cataluña e Israel.

La Policía destaca que Artur Mas viajó a Israel tras las gestiones de Pujol

Estas intermediaciones reflejan, según la Udef, «el modus operandi que Jordi Pujol Ferrusola habría seguido desde el comienzo de su vida empresarial, aprovechando su capacidad de influencia en las instituciones públicas en pro de la obtención de beneficios particulares».

Destaca que «no se puede colegir la inmediata existencia de ilícito penal alguno puesto que no se identifica que el interés público como bien jurídico se haya visto afectado al no identificar directamente resolución alguna viciada». Eso sí, considera necesario «indagar» si medió posteriormente «algún convenio de colaboración suscrito por alguna de las instituciones públicas catalanas» así como si «las empresas beneficiadas con los contactos de Jordi y Oriol hubieran realizado alguna donación a la Fundación Catdem» utilizada por CDC para financiarse irregularmente, toda vez que hay correos a representantes de estas entidades.

http://www.elmundo.es/espana/2018/07/24/5b561db4268e3e1f3f8b4589.html
 
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https://elpais.com/ccaa/2018/07/24/catalunya/1532420649_631314.html
Caso de las ITV
Oriol Pujol acepta su condena de dos años y medio por el caso de las ITV
El exdirigente de Convergència evita ser juzgado por un tribunal popular

Agencias
Barcelona 24 JUL 2018 - 19:53 CEST

Oriol Pujol, este lunes al llegar a la Audiencia. En vídeo, declaraciones de su abogado. CARLES RIBAS/ATLAS
El exdirigente de CDC Oriol Pujol ha aceptado este martes ante una juez de la Audiencia de Barcelona una condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines del sector de las ITV, lo que le ha evitado ser juzgado por un tribunal popular.

En una vista ante el Tribunal del Jurado, Pujol se ha ratificado en el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción aceptando una pena de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, y la magistrada presidente ha afirmado que queda visto para sentencia, que se dictará por escrito en estos términos, en septiembre.

El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha suscrito un pacto con la Fiscalía, ahora ratificado, en el que consigue que su mujer, Anna Vidal, también acusada, eluda la cárcel a cambio de una pena multa, un acuerdo al que finalmente se han adherido los otros acusados: el exnúmero dos de la Diputación Josep Tous, y los empresarios Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou.

Pujol ha pasado solo diez minutos en el banquillo de los acusados en la sala 1 del jurado de la Audiencia de Barcelona y ha aceptado en concreto por tráfico de influencias cinco meses de prisión, una multa 55.000 euros e inhabilitación para ejercer de cargo público en la administración local, provincial, autonómica y estatal por dos años.

Asimismo, ha aceptado ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y suspensión de empleo y cargo público por un año, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil la pena de un año y cinco meses de cárcel y 21.000 euros de multa.

En un principio, la Fiscalía Anticorrupción pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado, más 310.000 euros de multa por su presunta implicación en el caso ITV, y tres años y cuatro meses para su mujer.

En su calificación inicial, los fiscales Fernando Maldonado y Teresa Duerto acusaban al hijo del expresidente de los delitos de tráfico de influencias, por el que pedían dos años; cohecho, por el que solicitaban un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demandaban dos años más.

En declaraciones a los medios a la salida de la vista, Oriol Pujol se ha limitado ha explicar que las declaraciones solo las iba a hacer su abogado, Xavier Melero, quien ha asegurado que su cliente está "aliviado de que todo termine y desolado por cómo termina", tras ser imputado cuando era diputado en marzo de 2013.

La Fiscalía pide que ingresen en prisión
Sobre el posible ingreso en prisión de Pujol, que previsiblemente solicitará la Fiscalía puesto que la pena es superior a dos años, Melero ha explicado que el trámite se cumplimentará una vez dictada la sentencia en septiembre: "Se abrirá la ejecutoria y se dará trámite para debatir la suspensión y la sustitución de las penas".

Ha valorado que Pujol será condenado a tres penas que suman 30 meses pero que ninguna supera los dos años por lo que pedirán la suspensión de la pena; "ya que se dan todos los requisitos de la suspensión, que se aplique", ha reclamado.

La esposa de Oriol Pujol, Anna Vidal, ha aceptado una pena de 15 meses de cárcel por un delito continuado de cohecho y otro de falsedad sustituibles por una pena de multa de 69.750 euros, además de una multa de 13.500 euros, con lo que en total debe pagar 83.250 euros, cantidades que según Melero ya han sido abonadas tanto en su caso como el de Oriol Pujol.

Por su parte, Josep Tous acepta una pena de cinco meses de prisión por un delito de cohecho a sustituir por una multa de 22.500 euros y la suspensión de empleo y cargo público por dos años.

El empresario Sergi Alsina se ha conformado con una pena de dos años de cárcel y una multa de 103.000 euros por los delitos de tráfico de influencias, delitos de cohecho y cohecho continuado y falsedad documental.

Finalmente, a los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor se avienen a una condena de cinco meses de cárcel sustituibles por una pena multa de 60.000 euros, además de que el segundo tiene una multa de 55.000 euros.

Además, se ordena el comiso de 311.838,13 euros de dádiva que pagó el empresario Sergi Alsina a Anna Vidal, y de otros 22.000 euros pagados por Sergi Alsina y Ricard Puignou al exnúmero dos de la Diputación.
 

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Poca pena le ha caído a Oriol Pujol jr. y sra.
Este caso la hace un ciudadano anónimo y va al trullo con preventiva.
 
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Poca pena le ha caído a Oriol Pujol jr. y sra.
Este caso la hace un ciudadano anónimo y va al trullo con preventiva.
Porque ha sido un pacto con la Fiscalia. Si no lo hubiera aceptado, hubiera sido juzgado con jurado. Y desde luego no se hubiera ido con dos años y medio de prisión, sino con mucho más.
 

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Oriol está bastante olvidado ahora, pero éste era el "hereu" politico de Pujol. Y Mas le estaba calentando la silla, nada más. Pujol Senior ha jugado al Juego de Tronos y ha perdido.
Aprovecho para recordar que conforme a la agenda judocial, la AN tiene previsto investigar durante todo 2018 el patrimonio de los Pujol.
 
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Su papa sigue gobernando en la sombra aunque nadie lo quiera reconocer.
Pujol sigue conservando poder. Sólo hay que ver su comparecencia en la Comisión del Parlament amenazando a diestro y siniestro y con el de la CUP rindiéndole pleitesia. Sabe mucho y los demás saben que lo sabe.
Creo que desde luego no sale todo lo que realmente ha habido. Y esa es la parcela de poder que ostenta a dia de hoy, que hayan cosas que todavía no hayan salido, y que probablemente no saldrán jamás.
 
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@MissCaroline
Estan esperando a que se muera Jordi Pujol padre.
Ríete del Comisario Villarejo, el patriarca tiene información de todo el mundo podría destrozar a cualquiera.
Es su baza para que sea intocable.
 
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Madrenas se forra con el sueldo de diputada y de 'semialcaldesa' de Girona
Incumple la ley de régimen local al cobrar más de 105.000 euros por cargos públicos, como diputada y a cargo del consistorio


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La alcaldesa de Girona y diputada de Junts per Catalunya, Marta Madrenas /Efe
ARCHIVADO EN: CARLES PUIGDEMONT, PARLAMENT, SUELDOS, GIRONA, JUNTS PER CATALUNYA, QUIM TORRA
MANEL MANCHÓN @mmcias

02.08.2018 00:00 h.
5 min
Marta Madrenas, alcaldesa de Girona, elegida en su día en las listas de Convergència, alcaldable ahora por el PDeCAT, y fan de Carles Puigdemont, es el azote del Rey en las comarcas más independentistas de Cataluña. Aseguró que Felipe VI se había “autoexcluido de Cataluña”, y rechazó ceder espacios municipales al jefe del Estado con motivo de la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona. Madrenas es también uno de los alcaldes con el sueldo más elevado, a pesar de que aseguró que había renunciado a su retribución después de ser elegida en el Parlament en las filas de Junts per Catalunya. Sus retribuciones ascienden, en total, a más de 105.000 euros. ¿Cómo lo hace?

Madrenas incumple, según ha podido saber Crónica Global, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en su artículo 22, según la cual se fija el sueldo máximo que pueden percibir los representantes locales en función de todos sus cargos públicos en relación al tamaño de la localidad. En su caso, en Girona, con unos 100.000 habitantes, el sueldo se fija en unos 75.000 euros, como límite personal.

El límite del Parlament


Ese límite, precisamente, lo sobrepasa de forma amplia. En régimen de asistencia, según el propio portal de transparencia de Girona, Madrenas percibe 35.644,92 euros anuales.






Cuando Madrenas fue elegida diputada en el Parlament, aseguró que renunciaba al sueldo de alcaldesa de Girona. No era una decisión voluntaria, lo marca el propio reglamento de la Cámara catalana, al señalar que las retribuciones de carácter fijo por el ejercicio de las funciones parlamentarias son incompatibles con la percepción de las retribuciones por el hecho de ocupar otros cargos públicos, con dedicación plena o parcial. Y ese es el caso de su dedicación parcial al Ayuntamiento de Girona.




Las retribuciones por desplazamientos
En el Parlament, Marta Madrenas percibe retribuciones por diversos conceptos. El sueldo fijo es de 2.871,57 euros mensuales, por 14 pagas. A ello se debe añadir 2.333,53 euros de indemnización por gastos y viajes por vivir entre 81 y 130 kilómetros fuera de Barcelona, lo que equivale a 28.002, 52 euros anuales. También percibe 383, 99 euros mensuales como portavoz de Junts per Catalunya en la comisión del Estatuto del diputado, aunque ahora cobrará algo más, porque accederá a la presidencia de la comisión, en sustitución de Quim Torra, que lo era antes de ser elegido presidente de la Generalitat.

Todo ello sobrepasa de lejos los 75.000 euros de límite, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Protección privada
En total, Madrenas llega a los 106.153,36 euros, con la suma de los 35.644, 92 euros del Ayuntamiento de Girona; los 70.508,44 del sueldo de diputada en el Parlament; los 28.002,52 por desplazamientos y los 2.303,94 de la comisión parlamentaria.

Pero no se queda ahí la cuestión. En el pleno del 31 de julio, de este martes, Madrenas anunció que tendría escolta privada, porque así se lo ha recomendado la Policía, al recibir diversas amenazas. Eso implica también que dispondrá de coche oficial hasta el Parlament, lo que chocaría con la percepción de los 28.002 euros por gastos y viajes, porque esa protección de seguridad la asumiría el Ayuntamiento de Girona. De hecho, diversas informaciones ya apuntan que Madrenas utilizaba el coche oficial del consistorio para desplazarse al Parlament, a pesar de percibir esa cantidad para poderlo hacer por su cuenta.



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Artur Mas abroncó a los técnicos por negarse a amañar un supercontrato: "Agbar es catalana, tenéis que ayudarla"
INVESTIGACIÓN
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  • 10 sep. 2018 02:41

Acto por el Día de la Justicia en 2014, con Mas (dcha.) y Germá Gordó. JORDI SOTERAS
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Recriminó su rechazo a adjudicar el suministro de agua de Barcelona por 1.000 millones a un financiador de CDC

Investigan el intento de fraude en la mayor privatización del Govern

El ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió explicaciones personalmente a los técnicos que abortaron el plan para adjudicar el mayor contrato de la historia en Cataluña, la gestión del agua de Barcelona, a la principal empresa financiadora de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC): Agbar.

Según han relatado a EL MUNDO varios técnicos que intervinieron en la mayor privatización de la Generalitat, que contemplaba un canon de 1.000 millones de euros y un periodo concesional de 50 años, mantuvieron una reunión con Mas en su despacho oficial a mediados de 2013. Es decir, meses después de que la Mesa de Contratación resolviera que la mejor oferta para gestionar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de la Ciudad Condal, lo que se denominó Aigües Ter Llobregat (ATLL), fuera Acciona.

En dicho encuentro, que tuvo como objeto oficial tratar otros asuntos vinculados con los recursos hídricos catalanes, Mas se dirigió a los técnicos que habían intervenido en la licitación. Aprovechó que la reunión había terminado para hacer un aparte con varios funcionarios. «¿Por qué le tenéis manía a Agbar?», preguntó abiertamente el entonces máximo responsable de la Generalitat. «No hay ninguna manía, simplemente que la oferta que presentó Acciona era mejor», le contestaron, según relatan estos funcionarios a este diario. «Es una empresa catalana y hay que ayudarla», insistió Mas en tono reprobatorio en una conversación que, coinciden, fue muy breve. «Le aclaramos, además, que el principal capital de Agbar era extranjero y que ese argumento tampoco era válido», añaden. «El interés de CDC era que esta empresa se quedara el negocio del agua en Barcelona a toda costa, no lo consiguieron en el primer concurso y un año después hubo orden de crear sin licitación alguna una empresa mixta para que gestionara una parte del servicio».

Audiencia NacionalJosé de la Mata que tome declaración a varios de los técnicos que intervinieron en el concurso, varios de ellos vinculados a la Agencia Catalana del Agua (ACA), para que expliquen cómo el Gobierno de Mas manipulaba los concursos públicos en favor de determinadas empresas que financiaban al partido a través de sus fundaciones. Pero, sobre todo, para que relaten cómo el hombre fuerte del ex presidente les presionaba y dirigía la «trama delictiva que subyace en la estructura de contratación pública de las Administraciones catalanas, controladas desde el partido CDC».

No en vano, la elección de Acciona tuvo lugar en contra de la exigencia del ex secretario de Gobierno de Mas, Germá Gordó, que en la primavera de 2012 convocó en su despacho a casi una decena de funcionarios que participaban en el concurso. En la reunión, tal y como reveló este periódico, el hombre de confianza de Mas exigió a los técnicos que proclamaran ganadora a Agbar -ha sido la primera gran empresa en volver a instalar su sede en Cataluña tras la crisis del procés, bajo el argumento de que ha regresado la «estabilidad económica» a Cataluña-. Pero Gordó además pidió que cerrasen el concurso lo antes posible, mostrándose preocupado por que tuviera lugar antes de que finalizara el año. Y es que la adjudicación permitiría al Gobierno catalán contabilizar los 1.000 millones de canon y aliviar así el déficit de las arcas públicas. Asimismo, empleó el argumento al que, meses después, recurrió Mas: «La empresa es catalana y debe ganar». «Nos aclaró en esa reunión que era una orden suya y que la teníamos que cumplir», precisan los técnicos a EL MUNDO. «Nos sorprendió cómo lo dijo, de forma directa, muy clara, es muy bruto, nos quedamos todos helados».

Cabe recordar que Agbar ha sido la empresa que más dinero ha aportado los últimos años a CDC, llegando a donar a sus fundaciones instrumentales, entre las que se encontraba la célebre Catdem, más de un millón y medio entre 2008 y 2012. Una cifra que representaba más del 15% de lo que recaudada el partido mediante esta operativa fraudulenta.

Según las fuentes consultadas por este periódico, uno los asistentes a la cita secreta con Gordó, en ese momento secretario general de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno catalán, Pau Villoria, le plantó cara y le espetó abiertamente que si quería que Agbar venciera lo que tenía que hacer la empresa es «presentar la mejor oferta». Esta contestación provocó la reacción airada de Gordó. «Cambió inmediatamente el gesto, porque no se esperaba esa contestación y dio por terminada la reunión. Pero antes nos dijo en tono amenazante: 'Que nadie se equivoque'».

La injerencia del alto cargo de Mas en las licitaciones públicas relacionadas con la gestión del agua en Cataluña no eran nuevas. De hecho, algunos de estos funcionarios explican que cuando Agbar no resultaba vencedora en alguna licitación, Gordó llamaba para pedir explicaciones utilizando frases del tipo: «Le habéis quitado a Agbar este concurso», provocando encontronazos con los funcionarios, que defendían que proclamar vencedora en un concurso a una empresa con mejor propuesta no significaba usurpar ningún derecho adquirido por parte de la concursante sino cumplir la ley.

Las fricciones con el Gobierno catalán se recrudecieron cuando los técnicos decidieron, además, variar los criterios generales de adjudicación en la ACA tras recibir continuas indicaciones políticas. Elevaron la puntuación económica al 70% del total y redujeron a apenas un 30% las cuestiones técnicas que podían resultar más subjetivas. Anteriormente, el grado de discrecionalidad era mucho más amplio y facilitaba los amaños.

«Esa modificación la hicimos para blindarnos como funcionarios. Con ella, quien presentara mejor oferta económica se llevaba la licitación, no había margen para amañar el concurso. Eso provocó muchísimas presiones desde el Govern, que con la fórmula anterior podía dirigir los concursos». A su vez, los funcionarios atribuyen a Gordó la intervención de Josep Antoni Rosell, responsable de las Infraestructuras del Govern, que se sentó en la Mesa de Contratación del gran contrato del agua en Barcelona, y contribuyó con su intervención a que Agbar venciera en el apartado técnico del concurso a Acciona, logrando 20 puntos frente a 13. Sin embargo, la licitación se acabó inclinando a favor de ésta última gracias al citado económico, donde Acciona concurrió con una propuesta que suponía un ahorro para los contribuyentes de Barcelona de 956 millones durante el plazo de vigencia de la concesión. En este capítulo, logró 74,73 puntos frente a los 31,09 de Agbar. De tal forma que el resultado final arrojaría 87,73 puntos para la vencedora frente a los 51,09 de la opción apadrinada por Gordó.

Una vez resuelto el concurso, las maniobras de Gordó continuaron, a través del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que controlaba a través de un antiguo colaborador y que suspendió la adjudicación.

Las presiones presupuestarias de la Generalitat obligaron al equipo de Mas a levantar la medida pero la OARCC elaboró un informe que ha servido de base para la batalla jurídica que se ha librado desde entonces en los tribunales y que ha terminado con la anulación del concurso por defectos formales. El presidente Quim Torra ya ha anunciado que, como muy tarde en 2019, el servicio del agua retornará a manos de la Generalitat, que deberá enfrentarse ahora a una millonaria reclamación por parte de Acciona, que exigirá las inversiones realizadas y el lucro cesante.

EL 'CASO 3%'
Qué investiga.
La causa que instruye la Audiencia Nacional investiga a altos cargos de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, habrían puesto en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido.

'Modus operandi'.
La trama corrupta partía de las «donaciones» encubiertas de grandes compañías a fundaciones vinculadas a la formación, a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Imputaciones.
La Audiencia imputó al PDeCAT como partido político heredero de Convergència, y tiene a Germà Gordó, ex 'conseller' de Justícia y ex mano de derecha de Artur Mas en su etapa de Gobierno, como principal investigado, junto al ex tesorero del partido, Andreu Viloca, y el ex director general de Infraestructuras, Josep Antoni Rosell, entre otros.
http://www.elmundo.es/espana/2018/09/10/5b955a13ca4741351b8b458b.html
 
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LA CORRUPCIÓN EN CATALUÑA
PDeCAT se desvincula de Convergència ante el juez para esquivar el caso del 3%
Dos empresarios reconocen en la Audiencia Nacional los pagos a las fundaciones de CDC



El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), formación continuadora de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), el partido nacionalista fundado por Jordi Pujol y hegemónico durante décadas en esa comunidad, se ha desvinculado hoy de sus raíces ante el juez para evitar el caso del 3%. Tanto el partido matriz CDC, que mantiene una estructura residual para su liquidación, como el sucesor PDeCAT se encuentran imputados como personas jurídicas por la trama de financiación ilegal mediante donaciones de empresarios a fundaciones del entorno de CDC. Este miércoles, en la Audiencia Nacional, los representantes legales de ambos partidos se han esforzado en desligarse el uno del otro, de modo que el PDeCAT pueda esquivar esta causa judicial.

Los apoderados designados por ambas fuerzas políticas para representarles ante el juez José de la Mata, instructor desde el pasado abril del caso 3%, adujeron varios aspectos que les separan. Según ellos, CDC, formación nacionalista creada en torno a Jordi Pujol en 1974 y disuelta en julio de 2016, tenía un componente “soberanista” —partidaria del derecho de autodeterminación de Cataluña— mientras que el PDeCAT tiene unos estatutos “netamente independentistas”. También han puesto de relieve que aunque la ejecutiva inicial del PDeCAT, encabezada por Artur Mas, provenía de Convergència, en la actualidad tiene una composición claramente ajena al partido de Pujol.

El caso del 3%, que comenzó a investigarse en el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) en 2015, se centra en la estructura creada para financiar a CDC con donaciones de empresarios a las fundaciones CatDem y Forum Barcelona. Informes de la Guardia Civil sostienen que ambas entidades ingresaron entre 2012 y 2015, en plena etapa de Artur Mas al frente de la Generalitat, 16,9 millones de euros, la mayoría procedentes de donaciones de grandes empresas. Más de seis millones fueron abonados mediante cheques y en efectivo. En esta etapa, el Gobierno catalán adjudicó a los donantes 24 obras públicas valoradas en aproximadamente 175 millones de euros.

Este miércoles, el juez De la Mata ha interrogado a los hermanos Juan Antonio y Emilio Carpintero, presidente y consejero de Ortiz Construcciones y Proyectos, que supuestamente realizaron entregas a las fundaciones de CDC por valor de 130.000 euros. Por esta donación, la sociedad recibió el contrato de ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona), en un concurso en el que inicialmente partía en el puesto 25 de los licitadores.

El juez De la Mata ha identificado que varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro mercantiles participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos se llevaron a cabo poco antes de la adjudicación de aquel concurso. Una de las filiales, Impulsa Grupo Ortiz, estuvo presidida entre 2012 y 2016 por el exconsejero de Educación de la Generalitat Joan Maria Pujals. La investigación ha detectado reuniones “reiteradas” desde 2011 a 2013 con Andreu Viloca, extesorero de CDC y uno de los principales imputados en la trama corrupta.

Según fuentes jurídicas, los hermanos Carpintero han reconocido las donaciones de sus empresas a las fundaciones, aunque han manifestado que no sabían que estas estaban vinculadas a Convergència. Según estos empresarios, imputados por cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, las entregas se hicieron en el marco de una “estrategia comercial” y para darse a conocer como empresas en Cataluña.

https://elpais.com/politica/2018/09/12/actualidad/1536756557_661447.html
 

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