La corrupción en Cataluña (1 Viewer)

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El juez del caso Inipro procesa al alcalde de Tarragona y ve al PSC responsable a título lucrativo
Concluye que se usó un instituto municipal como "instrumento de financiación" para beneficiar al PSC.



El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona ha procesado al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, y a otras 14 personas por presuntamente contratar a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona a la empresa Inipro para que trabajara en beneficio del PSC, y considera al partido como responsable a título lucrativo. Precisamente este fue el argumento de los socialistas para presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy que acabó ganando Pedro Sánchez.

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez da por finalizada la instrucción del caso encontrando indicios de la comisión de distintos delitos contra Ballesteros y otras 14 personas y da traslado a las acusaciones y defensas para que hagan el escrito y propongan, si lo consideran, nuevas pruebas.

Les atribuyen los presuntos delitos de alteración de precios en concurso y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública, ya que según el juez se usó dicho instituto municipal como "instrumento de financiación de una actividad que tan solo beneficiaba al PSC".


Según el auto de apertura de procedimiento abreviado del juez Joaquín Elías, los hechos se remontan al verano de 2009 cuando Ballesteros, como máximo responsable de la agrupación local del PSC de Tarragona y alcalde de la ciudad, y la máxima responsable del área de comunicación, F.E., actuaron "puestos de común acuerdo y con la finalidad de planificar la estrategia a seguir para mantener el gobierno municipal" de cara a las elecciones de 2011.

Para ello, decidieron buscar a personas que trabajaran para los intereses electorales del PSC y que se dedicaran a promocionar y cuidar la imagen institucional del alcalde en medios de comunicación y redes sociales "logrando con ello un sustancioso rédito para el alcalde y los miembros del Gobierno municipal, y para el partido que lo sustentaba, el PSC".

Ballesteros y otros miembros de su equipo investigados decidieron que la "institución idónea" para poder contratar a estas personas que trabajaran para el partido era el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona: tenía capacidad de contratación de forma autónoma, estaba gestionado por una persona de confianza del alcalde y tenía una dispersión de sedes, lo que dificultaba el control de la actividad de los trabajadores.

Los investigados decidieron que la mercantil Inipro serviría para contratar a personas para el partido, y que se le daría la apariencia de contrato relacionado con la promoción del asociacionismo entre la población recién llegada.

Entonces se fichó como delegado de dicha sociedad en Tarragona a un militante del PSC "deseoso de labrarse un futuro en el partido", puntualiza el juez.

Coste de casi 300.000 euros

Para contratar a Inipro se siguió un procedimiento administrativo negociado sin publicidad por valor de 59.000 euros, el único sistema que podía asegurar que el contrato recayese en la mercantil, "un ardid tramado con la sola finalidad de beneficiar al PSC", con lo que según el juez se amañó el contrato para que recayera en la empresa previamente seleccionada.

Además, una vez agotado un primer presupuesto, el alcalde fue autorizando nuevos pagos a los trabajadores hasta diciembre de 2012, con un coste para las arcas municipales de 276.157,31 euros.

El juez también constata que las memorias de la actividad de Inipro de esos años fueron redactadas de forma "fraudulenta", al ser en realidad elaboradas desde el propio Instituto Municipal de Servicios Sociales y no por la empresa que prestaba servicios.

La investigación judicial se inició en noviembre de 2013 tras una denuncia de la CUP a la Fiscalía por presuntas irregularidades que recayó en el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona.

https://www.libertaddigital.com/esp...sc-responsable-a-titulo-lucrativo-1276624801/
 

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Detienen al presidente de la Diputación de Lérida en una operación contra la corrupción
La investigación estaría relacionada con el pago de donaciones a las fundaciones vinculadas a Convergència, como CatDem
0Una incómoda normalidad
Los Mossos d'Esquadra llevan a cabo esta mañana una operación anticorrupción centrada en la Diputación de Lérida que se desarrolla en la capital leridana y otras poblaciones de la provincia, tras una investigación iniciada por la Fiscalía, han confirmado a Efe fuentes de la Policía de la Generalitat.

Según informa Europa Press, en esta operación han sido detenidos el presidente de la Diputación de Lérida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, además de varios altos cargos de la corporación, de la sección de Conservación de Carreteras de la Generalitat y algunos responsables de empresas investigadas.

La investigación se inició por el presunto cobro de comisiones por parte de Reñé y otros altos cargos de la Diputación y estaría también relacionada con el pago de donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem, a cambio de recibir adjudicaciones en ayuntamientos gobernados este partido o con responsabilidades en organismos públicos de la Generalitat, ha informado el rotativo.

https://www.abc.es/espana/catalunya...n-contra-corrupcion-201810020849_noticia.html
 
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Narcís Serra, imputado por un agujero de 720 millones en Catalunya Caixa

La Audiencia Nacional investiga ala antigua cúpula de Catalunya Caixa por un presunto delito de administración desleal.


El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga al expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, al exdirector general Adolf Todó y a otros trece altos cargos por presunta administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones de euros. El auto del titular del juzgado central de Instrucciónn 2, Ismael Moreno, al que ha tenido acceso Efe y que ha adelantado La Vanguardia, está fechado el pasado 1 de marzo, y responde a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, que inició las diligencias a instancias del FROB.

El juez ha dejado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria la opción de ejecutar acciones civiles o penales en su calidad de entidad pública que compró la entidad. Entre los directivos investigados figura Antonio Llardén, vicepresidentes de la caja en 2007 y actual presidente de Enagás.

Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM). En este sentido, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.

La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión". La entidad habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y habría concedido créditos "desproporcionados";asimismo, la Fiscalía ha detectado irregularidades en los pactos de separación de los socios de dichas participaciones empresariales.

El consejo de Administración, que podía aprobar créditos con garantía real de hasta 12 millones de euros y sin garantía real de hasta seis millones, elevó estos umbrales hasta 24 y 12 millones de euros, respectivamente; posteriormente, se incrementaron hasta 30 millones para créditos con garantía personal y hasta 60 millones para aquellos con garantía real. Entre los años 2001 y 2007 se acometieron inversiones cuyos avales eran la mera palabra del socio, sin informes externos independientes, sin valoraciones adecuadas y sin un análisis exhaustivo de los riesgos.

No se protegían los intereses de la entidad con cláusulas al efecto, y cuando si se incluían estas cláusulas, no fueron ejecutadas o se mostraron inútiles. También se ha detectado la existencia de conflicto de intereses, ya que algunos de los terrenos eran propiedad de alguno de los socios; en algunos casos, las operaciones inmobiliarias se llevaron a cabo sin la pertinente autorización de la Comisión Ejecutiva.

Asimismo, el escrito fiscal apunta que la decisión del consejo de administración del 29 de abril del 2008 de separación de socios ante la situación de crisis inmobiliaria "fue un error" que supuso un mayor perjuicio. Serra y Todó tienen otra causa pendiente, por los sobresueldos que cobraron a partir de 2010, después de que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) solicitara el pasado 27 de febrero la apertura de juicio oral contra ambos.

https://www.libremercado.com/2017-0...e-720-millones-en-catalunya-caixa-1276594943/
 

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La Generalitat paga 500.000 euros a la falsa universidad ‘indepe’
A pesar de darle sustento económico, el Govern admite desconocer el programa de la Universitat Catalana d’Estiu, que, afirman, no forma parte del sistema universitario público


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La Generalitat ante la Universitat Catalana d’Estiu / FOTOMONTAJE DE CG
ARCHIVADO EN: UNIVERSIDADES, PROCÉS, GOVERN
MARÍA JESÚS CAÑIZARES @MJesusCanizares

24.10.2018 00:00 h.
6 min
Ni es una universidad ni forma parte del sistema público catalán. Pero el Govern ha regado de euros la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) durante los años de endurecimiento del procés independentista. Las sesiones, celebradas en Prada de Conflent (Francia), no solo sirven para hacer pedagogía sobre la causa secesionista, sino que además fomenta el pancatalanismo. En ocasiones, con el enfado del Gobierno francés.

Así, entre 2014 y 2018, período en el que el procés ha llegado a su punto álgido, la Secretaría de Universidades, que depende de la Consejería de Presidencia, ha destinado anualmente 87.000 euros a la UCE en base a los convenios suscritos con la Fundació Universitat Catalana d’Estiu “para financiar la organización de la edición anual de la UCE en Prada de Conflent”, una ciudad situada a 50 kilómetros de Perpignan. Es decir, 435.000 euros en cinco años.

Otras administraciones que ponen dinero



Estas ayudas se suman a las que otras administraciones destinan a este foro, que año tras año, congrega a expertos y políticos para hablar del soberanismo. Así se hizo durante el Gobierno de Jordi Pujol. En 2015, las cuatro diputaciones provinciales aportaron 43.292 euros, mientras que varios ayuntamientos pagaron 6.875 euros. Ese fue el último verano que el Ayuntamiento de Barcelona contribuyó a ese sustento económico, pues la alcaldesa, Ada Colau, ordenó cortar el grifo. Ese mismo año, la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación (AGAUR, por sus siglas en catalán) gastó 16.154 euros en esas sesiones.



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El presidente Quim Torra, en la clausura de la última edición de la Universitat Catalana d'Estiu

La diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, quiso profundizar en esos datos y, mediante una pregunta parlamentaria, indagó sobre los pagos efectuados a cada uno de los docentes y conferenciantes en relación con las actividades de todo tipo programadas por la UCE. En concreto, Sierra pidió la información desglosada por docente/conferenciante, concepto y pago realizado.

La respuesta del Govern, firmada por el secretario de Universidades Francesc Xavier Grau, es sorprendente pues, según la formación naranja, demuestra la “despreocupación” de la Generalitat respecto al destino de ese dinero.

Remisión a la web de la Fundación
Confirma el alto cargo que la UCE “no forma parte del sistema universitario catalán ni la Generalitat está presente en sus órganos de gobierno” y que esta Secretaría “no tiene más información que la que es públicamente disponible en UCE.CAT”.






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El exconsejero de Presidencia, Francesc Homs (tercero por la derecha) en una de las ediciones de la Universitat Catalana d'Estiu

En efecto, la UCE no es una centro en los términos establecidos en la Ley 6/2001 de Universidades y por la Ley 1/2003 de Universidades de Cataluña. Y la Fundación UCE no es titular de ningún centro de enseñanza superior que imparta estudios universitarios oficiales autorizado por la Generalitat.

En la citada respuesta, el Govern que en las ediciones de la UCE participan universidades francesas y de la región de Llenguadoc, así como otras instituciones, “con el objetivo principal de preservar y difundir la lengua catalana a través de la realización de diferentes actividades de formación tanto culturales como lúdicas, para contribuir a la divulgación de conocimientos”.

Una pseudouniversidad
La celebración anual de esta pseudouniversidad catalana de verano cumple un doble objetivo: mantener el debate sobre el procés y fomentar un pancatalanismo que incluye el sur de Francia. Este tipo de injerencias se han traducido en quejas de Francia. A finales de 2016, el Parlament aprobó una resolución sobre el derecho a la autodeterminación de la llamada Catalunya Nord. Esta iniciativa generó una protesta formal del país galo ante el Gobierno español.

En 2017, la UCE se celebró semanas antes del referéndum del 1-O y acudieron consejeros del Govern, diputados de los partidos independentistas y representantes de las entidades soberanistas. Uno de los actos se tituló Política y sociedad civil en el camino hacia la libertad, e intervinieron el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Ambos cumplen prisión preventiva.

A las puertas del referéndum
En otra de las sesiones, A las puertas del referéndum, participaron el excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, y los diputados de ERC en el Congreso de los Diputados Joan Tardà, Teresà Jordà y Ester Capella --actual consejera de Justicia--.

El año pasado, la UCE celebró su 50 aniversario con el procés también como eje y ya con los dirigentes independentistas en prisión preventiva. Entre los asistentes figuraban el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; las periodistas Pilar Rahola y Bea Talegón y el fotoperiodista Jordi Borràs.
 

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Sí, pero ya sabemos que si les roban "los suyos" no les importa. Es que ni lo reconocen como robo. El sectarismo radical produce graves distorsiones de la realidad.
 
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TRIBUNALES
'Caso 3%'
La Audiencia Nacional imputa a un ex cargo de TV3 por la financiación irregular de CDC

El juez considera que el productor siguió "instrucciones específicas" del ex conseller Germà Gordó



El próximo 10 de septiembre el ex gerente de TV3 y representante de la productora Triacom, Oriol Carbó, deberá acudir a declarar a la Audiencia Nacional imputado en el caso 3%. En concreto, el juez quiere establecer si el acusado pagó presuntamente 750.000 euros al empresario Juan Manuel Parra por los actos electorales que realizó para CDC en la campaña autonómica de 2010, simulando facturas falsas. Según los investigadores, Carbó siguió "las instrucciones específicas" del ex conseller de Justicia Germà Gordó para abonar estos actos de CDC mediante Triacom que tenía dos programas de TV3 producidos: "El gran dictat" y "Fish and chips".

Parra, responsable de Hispart, declaró hace una semana en la Audiencia Nacional y reconoció conversaciones en 2011 con Gordó en las que le reclamaba el dinero y como el entonces secretario general del Govern le explicó que lo cobraría a través del productor. El empresario aportó una grabación de una de estas reuniones y el juez cree que presuntamente Gordó le dio "instrucciones expresas y directas" a Carbó de cómo hacer el pago irregular de los actos del partido con dinero de TV3 y la manera en que debían ser las facturas falsas para camuflarlo.

Después Parra se encontró con el productor quien le indicó "cómo preparar las facturas que Hispart debía girar a la empresa Triacom, su periodicidad (convinieron en que la deuda se pagaría en seis plazos mensuales) y el concepto que debía figurar en cada una de ellas", según el juez. Por eso considera que estas facturas iban con cargo a "supuestas, y obviamente inexistentes, colaboraciones de Hispart en producciones audiovisuales de Triacom para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)".

El auto detalla que existe el presunto vínculo entre la productora y el partido ya que "como Carbó dejara de pagar alguna de las últimas facturas convenidas o de indicarle los conceptos que debía hacer constar en las mismas, Parra volvía a reunirse con Gordó y otros altos directivos de CDC, para buscar una solución indicándole a Gordó que acudiera de nuevo a Carbó para completar el pago de la cantidad adeudada a CDC", explica el juez sobre la mecánica de los pagos.

https://www.elmundo.es/cataluna/2019/08/06/5d496a8821efa0ff458b4848.html
 
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El juez propone enviar al banquillo al clan Pujol por formar una organización criminal
José de la Mata considera que los integrantes de la familia del expresidente catalán han podido cometer delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental por enriquecerse durante décadas con actividades corruptas

 
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La Audiencia Nacional propone juzgar a la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal
El magistrado José de la Mata les señala por acumular un patrimonio desmedido relacionado con percepciones económicas relacionadas con la corrupción

 
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MADRE ´VMÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA no te lo retwittran. La envida ES LO MÁXIMO.













TE AMO, CARNEN PÒRTER
 

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