La corrupcion del PSOE
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Más allá del marisco: pieles, relojes de lujo, alcohol, poder y venganza entre los sindicalistas procesados
La Fiscalía pide 7 años de cárcel y 50 millones a la excúpula de UGT por el supuesto fraude en facturas falsas.
Elena Berberana Seguir a elenaberberana
2019-12-19
5
Al fondo con barba y camisa blanca, Roberto Macías, imputado sindicalista e informante de la trama de UGT-A | Twitter
Fiestas privadas, ferias, regalos, aperitivos y cenas gourmet, vinos caros, relojes de miles de euros, viajes por todo lo alto, intrigas, poder y persecuciones a chivatos. Y en medio del desenfreno sindicalista, las víctimas: los parados. No es la sinopsis de la última película El Irlandés de Coppola, pero podría ser. En este caso, se trata de un trama real acaecida en el desgraciado sur de España.
La Fiscalía ya no tiene dudas. La élite sindicalista ha sido acusada de haber robado más de 40 millones de euros falseando facturas a diestro y siniestro. Sus protagonistas que reivindicaban los derechos de los trabajadores conforman el quinteto del escándalo. Un retrato de la mafia institucionalizada que en su escaparate lucha por el bien común y entre bambalinas aprende a hackear y engañar a los sistemas informáticos para desviar fondos a sus huchas, a sus botes alternativos, según lo desvelado por los investigadores.
Manuel Pastrana y Fernández Sevilla de UGT I EFE
Así, el fiscal ha pedido 7 años de cárcel para Francisco Fernández Sevilla, el que fuera ex secretario general de UGT-A. Lo suyo fue más allá de la mariscada. Dimitió en 2013 y solo estuvo 7 meses en el cargo, suficientes para provocar un desfalco millonario. En este sentido, la misma pena de 7 años se ha pedido para Federico Fresneda, tesorero del sindicato hasta 2013. Igualmente, se solicitan 7 años de prisión para María Charpín, secretaria de gestión económica; y 5 años de cárcel para Lola Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras. A la cúpula del presunto fraude se suma Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de la empresa del sindicato A Soralpe al que también se le pide 7 años de cárcel.
'El Padrino' Fernández Sevilla
Para ponernos en situación: en el mismo año que Fernández Sevilla utilizaba la sociedad mercantil de la que era presidente para cometer sus presuntos fraudes delictivos millonarios, el vicesecretario de UGT en Andalucía daba entrevistas públicas rasgándose las vestiduras contra el capitalismo opresor. Era 2013.
"Esta batalla y la guerra la tenemos que ganar porque somos más y porque tenemos la razón. Hay que defender a las personas por encima del capital o los mercados", reivindicaba el ugetista. Además, instaba a pelear para que España no se convirtiera en un país asiático, "vivir o morir", señalaba folklórico en una entrevista por aquel entonces al diario Andalucía Información. Y prefirió vivir y por todo lo alto, y para más inri con cargo a los parados andaluces, según Anticorrupción.
Detrás del telón de sus apariciones públicas como revolucionario izquierdista, se escondían facturas de 700 bolsos de pieles y gastos en 1.000 bolígrafos de lujo de la marca Francis Montesinos para un congreso. En 22 meses nunca comió en su casa y jamás pagó gasolina, según las acusaciones del fiscal. Tiempos del vino más caro, de afición a restaurantes taurinos con caché, de copas al atardecer, de sobresueldos de 2.000 euros y de un chorreo de tickets en gastos especiales pagados con fondos de la Junta de Andalucía, apunta el informe de la investigación.
Fernández Sevilla, el supuesto capo de UGT en Andalucía
Fernández sabía actuar ante la opinión pública. En su papel de alto mandatario del sindicato de UGT declaraba en 2013: "Aunque el capital con su dinero quiera imponer sus métodos, las personas sensatas saben qué es lo que quieren para el futuro de sus hijos y para la sociedad y lucharé por ello". Nada más lejos de la realidad, El Padrino sindicalista, el de los obreros, parecía detestarlos.
Sin escrúpulos, en ese mismo tiempo, el bote lleno de dinero corrupto de los contribuyentes iba engrosando sus millones gracias a las artimañas informáticas que aprendieron Fernández y los suyos, según especifican las informaciones reveladas por la Fiscalía que pide 26 años de prisión en su totalidad a los imputados.
Fresneda, otro 'capo'
Federico Fresneda perteneció a la élite del sindicalismo patrio. Era el tesorero de UGT y para hacernos una idea, cuando fue detenido en 2014 llevaba en su muñeca un reloj Patek Philippe de lujo inalcanzable para cualquier obrero militante de UGT.
Su actitud fue hierática ante las acusaciones de los políticos populares. Silencio y mutismo. Cabeza alta y orgullo de presunto ladrón defraudador de subvenciones. La Fiscalía estima que es una pieza clave, un cerebro de la mafia de institución.
"Esta trama delictiva que ustedes tenían montada en Andalucía no ha tenido lugar solo en una sede de un pueblito; lo han hecho en Torreperogil, en Nueva Carteya, en Mairena del Alcor, en Dos Hermanas, en Utrera, y podríamos seguir Era una práctica habitual del PSOE y de la UGT en Andalucía", le recriminaban desde el PP. Pero Fresneda, nada. Que no hablaba, ni mu. Su comportamiento no mostraba arrepentimiento con la clase obrera a la que supuestamente engañó.
Federico Fresneda, el `capo´ sindicalista contable de la trama
Fresneda habría acompañado a Fernández en sus movimientos delictivos. Era el secretario general de la Administración de UGT-A y, como tal, también aparece dentro de la operación como principal apoyo del sindicato con los proveedores que colaboraban en el fraude. Gestionaba la central de compras y liquidaba y excusaba las subvenciones permitiendo ganancias de forma coordinada. Recibía los fondos públicos y los destinaba a los fines que Fresneda y sus secuaces creían conveniente, desvela el juez de la investigación.
Otra modalidad de fraude creada por Fresneda, según el magistrado instructor, era el alquiler de sedes para cursos de formación que en realidad "no generaban realmente un gasto más que el de mantenimiento". Su fin no era otro que obtener dinero público para poder desviarlo al sindicato. Vamos, ni en los guiones de Kubrick.
El resto
María Chapín, Lola Sánchez Montaño, Enrique Goicoechea Salazar también fueron altos mandatarios de UGT metidos en el ajo. Hacían lo mismo que los jefes citados. Eran expertos en la falsificación de facturas y ensayaron para que no los pillaran con un programa informático que simulaba tickets de empresas, según Anticorrupción.
Venganza
Y como en el cine, la asentada corrupción sureña española, también ha tenido sus chivatos a los que habrían coaccionado y perseguido. Se trata de Roberto Macías, el sindicalista testigo de los presuntos delitos de robo millonario. UGT ha pedido que sea condenado sea condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una indemnización de 60.000 por haber cometido, presuntamente, un delito de revelación de secretos. Esta sería la venganza de los sindicalistas.
Roberto Macías denuncia un calvario por la persecución de las altas esferas de UGT
"No podemos permitir que continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías por parte de la federación andaluza de UGT, investigada por su participación en actos gravísimos de corrupción como los ERE fraudulentos o el desvío de fondos públicos a través de facturación presuntamente falsa y fraudulenta para justificar ayudas concedidas por la Administración andaluza", según adelantó la plataforma Manos Limpias.
Por ahora, Macías también se tendrá que enfrentar a tres años de cárcel. Pero mientras tanto, y como indican en Manos Limpias, su vida es un infierno; como le pasaría a cualquier colaborador policial que traiciona a los reyes del lujo, el vino y el fraude.
La Fiscalía pide 7 años de cárcel y 50 millones a la excúpula de UGT por el supuesto fraude en facturas falsas.
Elena Berberana Seguir a elenaberberana
2019-12-19
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Fiestas privadas, ferias, regalos, aperitivos y cenas gourmet, vinos caros, relojes de miles de euros, viajes por todo lo alto, intrigas, poder y persecuciones a chivatos. Y en medio del desenfreno sindicalista, las víctimas: los parados. No es la sinopsis de la última película El Irlandés de Coppola, pero podría ser. En este caso, se trata de un trama real acaecida en el desgraciado sur de España.
La Fiscalía ya no tiene dudas. La élite sindicalista ha sido acusada de haber robado más de 40 millones de euros falseando facturas a diestro y siniestro. Sus protagonistas que reivindicaban los derechos de los trabajadores conforman el quinteto del escándalo. Un retrato de la mafia institucionalizada que en su escaparate lucha por el bien común y entre bambalinas aprende a hackear y engañar a los sistemas informáticos para desviar fondos a sus huchas, a sus botes alternativos, según lo desvelado por los investigadores.
Manuel Pastrana y Fernández Sevilla de UGT I EFE
Así, el fiscal ha pedido 7 años de cárcel para Francisco Fernández Sevilla, el que fuera ex secretario general de UGT-A. Lo suyo fue más allá de la mariscada. Dimitió en 2013 y solo estuvo 7 meses en el cargo, suficientes para provocar un desfalco millonario. En este sentido, la misma pena de 7 años se ha pedido para Federico Fresneda, tesorero del sindicato hasta 2013. Igualmente, se solicitan 7 años de prisión para María Charpín, secretaria de gestión económica; y 5 años de cárcel para Lola Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras. A la cúpula del presunto fraude se suma Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de la empresa del sindicato A Soralpe al que también se le pide 7 años de cárcel.
'El Padrino' Fernández Sevilla
Para ponernos en situación: en el mismo año que Fernández Sevilla utilizaba la sociedad mercantil de la que era presidente para cometer sus presuntos fraudes delictivos millonarios, el vicesecretario de UGT en Andalucía daba entrevistas públicas rasgándose las vestiduras contra el capitalismo opresor. Era 2013.
"Esta batalla y la guerra la tenemos que ganar porque somos más y porque tenemos la razón. Hay que defender a las personas por encima del capital o los mercados", reivindicaba el ugetista. Además, instaba a pelear para que España no se convirtiera en un país asiático, "vivir o morir", señalaba folklórico en una entrevista por aquel entonces al diario Andalucía Información. Y prefirió vivir y por todo lo alto, y para más inri con cargo a los parados andaluces, según Anticorrupción.
Detrás del telón de sus apariciones públicas como revolucionario izquierdista, se escondían facturas de 700 bolsos de pieles y gastos en 1.000 bolígrafos de lujo de la marca Francis Montesinos para un congreso. En 22 meses nunca comió en su casa y jamás pagó gasolina, según las acusaciones del fiscal. Tiempos del vino más caro, de afición a restaurantes taurinos con caché, de copas al atardecer, de sobresueldos de 2.000 euros y de un chorreo de tickets en gastos especiales pagados con fondos de la Junta de Andalucía, apunta el informe de la investigación.
Fernández Sevilla, el supuesto capo de UGT en AndalucíaFernández sabía actuar ante la opinión pública. En su papel de alto mandatario del sindicato de UGT declaraba en 2013: "Aunque el capital con su dinero quiera imponer sus métodos, las personas sensatas saben qué es lo que quieren para el futuro de sus hijos y para la sociedad y lucharé por ello". Nada más lejos de la realidad, El Padrino sindicalista, el de los obreros, parecía detestarlos.
Sin escrúpulos, en ese mismo tiempo, el bote lleno de dinero corrupto de los contribuyentes iba engrosando sus millones gracias a las artimañas informáticas que aprendieron Fernández y los suyos, según especifican las informaciones reveladas por la Fiscalía que pide 26 años de prisión en su totalidad a los imputados.
Fresneda, otro 'capo'
Federico Fresneda perteneció a la élite del sindicalismo patrio. Era el tesorero de UGT y para hacernos una idea, cuando fue detenido en 2014 llevaba en su muñeca un reloj Patek Philippe de lujo inalcanzable para cualquier obrero militante de UGT.
Su actitud fue hierática ante las acusaciones de los políticos populares. Silencio y mutismo. Cabeza alta y orgullo de presunto ladrón defraudador de subvenciones. La Fiscalía estima que es una pieza clave, un cerebro de la mafia de institución.
"Esta trama delictiva que ustedes tenían montada en Andalucía no ha tenido lugar solo en una sede de un pueblito; lo han hecho en Torreperogil, en Nueva Carteya, en Mairena del Alcor, en Dos Hermanas, en Utrera, y podríamos seguir Era una práctica habitual del PSOE y de la UGT en Andalucía", le recriminaban desde el PP. Pero Fresneda, nada. Que no hablaba, ni mu. Su comportamiento no mostraba arrepentimiento con la clase obrera a la que supuestamente engañó.
Federico Fresneda, el `capo´ sindicalista contable de la tramaFresneda habría acompañado a Fernández en sus movimientos delictivos. Era el secretario general de la Administración de UGT-A y, como tal, también aparece dentro de la operación como principal apoyo del sindicato con los proveedores que colaboraban en el fraude. Gestionaba la central de compras y liquidaba y excusaba las subvenciones permitiendo ganancias de forma coordinada. Recibía los fondos públicos y los destinaba a los fines que Fresneda y sus secuaces creían conveniente, desvela el juez de la investigación.
Otra modalidad de fraude creada por Fresneda, según el magistrado instructor, era el alquiler de sedes para cursos de formación que en realidad "no generaban realmente un gasto más que el de mantenimiento". Su fin no era otro que obtener dinero público para poder desviarlo al sindicato. Vamos, ni en los guiones de Kubrick.
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María Chapín, Lola Sánchez Montaño, Enrique Goicoechea Salazar también fueron altos mandatarios de UGT metidos en el ajo. Hacían lo mismo que los jefes citados. Eran expertos en la falsificación de facturas y ensayaron para que no los pillaran con un programa informático que simulaba tickets de empresas, según Anticorrupción.
Venganza
Y como en el cine, la asentada corrupción sureña española, también ha tenido sus chivatos a los que habrían coaccionado y perseguido. Se trata de Roberto Macías, el sindicalista testigo de los presuntos delitos de robo millonario. UGT ha pedido que sea condenado sea condenado a cuatro años de cárcel y a pagar una indemnización de 60.000 por haber cometido, presuntamente, un delito de revelación de secretos. Esta sería la venganza de los sindicalistas.
Roberto Macías denuncia un calvario por la persecución de las altas esferas de UGT"No podemos permitir que continúe el acoso y derribo judicial contra Roberto Macías por parte de la federación andaluza de UGT, investigada por su participación en actos gravísimos de corrupción como los ERE fraudulentos o el desvío de fondos públicos a través de facturación presuntamente falsa y fraudulenta para justificar ayudas concedidas por la Administración andaluza", según adelantó la plataforma Manos Limpias.
Por ahora, Macías también se tendrá que enfrentar a tres años de cárcel. Pero mientras tanto, y como indican en Manos Limpias, su vida es un infierno; como le pasaría a cualquier colaborador policial que traiciona a los reyes del lujo, el vino y el fraude.
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Un juez abre diligencias por la compra de votos del PSOE en Huévar del Aljarafe
El magistrado señala que los hechos denunciados presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
LD/Agencias
2020-02-04
https://www.libertaddigital.com/and...r-del-aljarafe-1276651798/#comentarios6568521
La actual alcaldesa de Huévar, María José Moreno (PP), comparece tras denunciar la compra de votos del PSOE | Europa Press
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha dictado un auto en el que acuerda incoar diligencias previas sobre la presunta compra de votos socialistas en las elecciones municipales de la localidad sevillana de Huévar del Aljarafe tras la presentación de una denuncia por parte del PP, según han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Todo ello después de que la Fiscalía Provincial de Sevilla ordenara el pasado mes de octubre incoar diligencias para estudiar y analizar si existen indicios delictivos en este caso y denunciara un mes después al exteniente de alcalde socialista de Huévar, Francisco Martín González, por esta supuesta compra de votos para no perder la mayoría absoluta que ostentaba el PSOE, que llevaba 36 años gobernando en el municipio.
A mediados de octubre, la alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno (PP), interpuso una denuncia ante el Ministerio contra el PSOE por un presunto delito electoral de "compra de votos a cambio de trabajo en el Ayuntamiento" y otro de malversación continuada por el supuesto pago con dinero de las arcas municipales de un mitin socialista en 2002.
En el auto, según ha adelantado el ABC, el juez señala que los hechos denunciados presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y ha incoado diligencias previas, dando traslado de este paso a la Fiscalía.
Además, requiere a la alcaldesa popular para que, en un plazo de diez días, aporte a dicho juzgado "de forma ordenada y numerada toda la documentación" descubierta en el Ayuntamiento relativa a este asunto.
www.libertaddigital.com
El magistrado señala que los hechos denunciados presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
LD/Agencias
2020-02-04
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La actual alcaldesa de Huévar, María José Moreno (PP), comparece tras denunciar la compra de votos del PSOE | Europa Press
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha dictado un auto en el que acuerda incoar diligencias previas sobre la presunta compra de votos socialistas en las elecciones municipales de la localidad sevillana de Huévar del Aljarafe tras la presentación de una denuncia por parte del PP, según han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Todo ello después de que la Fiscalía Provincial de Sevilla ordenara el pasado mes de octubre incoar diligencias para estudiar y analizar si existen indicios delictivos en este caso y denunciara un mes después al exteniente de alcalde socialista de Huévar, Francisco Martín González, por esta supuesta compra de votos para no perder la mayoría absoluta que ostentaba el PSOE, que llevaba 36 años gobernando en el municipio.
A mediados de octubre, la alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno (PP), interpuso una denuncia ante el Ministerio contra el PSOE por un presunto delito electoral de "compra de votos a cambio de trabajo en el Ayuntamiento" y otro de malversación continuada por el supuesto pago con dinero de las arcas municipales de un mitin socialista en 2002.
En el auto, según ha adelantado el ABC, el juez señala que los hechos denunciados presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y ha incoado diligencias previas, dando traslado de este paso a la Fiscalía.
Además, requiere a la alcaldesa popular para que, en un plazo de diez días, aporte a dicho juzgado "de forma ordenada y numerada toda la documentación" descubierta en el Ayuntamiento relativa a este asunto.
Un juez abre diligencias por la compra de votos del PSOE en Huévar del Aljarafe
El magistrado señala que los hechos denunciados presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
www.libertaddigital.comDelcy Rodríguez habló con Pedro Sánchez desde Barajas para que no recibiera a Guaidó
La vicepresidenta chavista se quejó de la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas y abordó el futuro de Repsol en Venezuela
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La vicepresidenta chavista se quejó de la presencia de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas y abordó el futuro de Repsol en Venezuela
Delcy Rodríguez habló con Pedro Sánchez desde Barajas para que no recibiera a Guaidó
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Pedro Sánchez: La Diputación de Badajoz se gasta "más de 130.000 €" en la ópera 'L'elisir D’amore' de su hermano David Azagra
El hermano de Pedro Sánchez quería dirigir una ópera desde su puesto de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajo y lo logró gastando más de 130.000 euros públicos.
okdiario.com
El Tribunal de Cuentas hace un informe demoledor sobre las ayudas al carbón
Las ayudas al carbón han sido un pozo sin fondo. Así lo revela el informe del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones a la minería. Irregularidades, ineficiencia, ocultación...
Las ayudas al carbón han sido un pozo sin fondo. Así lo revela el informe del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones a la minería. Irregularidades, ineficiencia, ocultación...
Planta térmica de carbón de Aboño, en Asturias. (EFE)
Autor
Carlos Sánchez
11/02/2020 05:00
El informe del Tribunal de Cuentas no deja lugar a dudas. Y refleja con una contundencia inusual el descontrol en las ayudas a la minería del carbón entre 2006 y 2017. En total, 1.786 millones de euros que se han movido de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” o, incluso, de forma opaca. En todos los casos, al margen de las mínimas normas de contabilidad pública. De esa cantidad, 1.105 millones de euros fueron destinados a infraestructuras y 681 millones a proyectos empresariales “sin que se elaboraran estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el impacto de los fondos aplicados”.
El documento se refiere a los diferentes planes de reindustrialización alternativos al carbón aprobados durante ese periodo, y que, según el órgano fiscalizador, “carecían de los elementos esenciales para poder surtir los efectos estratégicos, ya que no se habían definido objetivos ni indicadores para realizar un seguimiento de los progresos conseguidos con ellos, ni se cuantificaba el impacto que se esperaba lograr”.
Es más, sostiene el informe, las deficiencias en la preparación de los planes del carbón se tradujeron en la inclusión en ellos de medidas que “no tuvieron virtualidad alguna, ya que no se concretaron en ninguna actuación, ni tampoco implicaron la ejecución de recursos presupuestarios, como fue el caso de las medidas previstas para restaurar el medio ambiente y la seguridad minera”.
El Tribunal de Cuentas se refiere al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que era el encargado de gestionar los fondos públicos pese a que carecía de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar tantos cientos de millones de euros.
Carácter no técnico
El origen de las ayudas durante ese periodo se encuentra en un real decreto aprobado en 2007, época de Joan Clos como ministro de Industria, y cuyos procedimientos, en opinión del tribunal, tenían ya “lagunas significativas” en aspectos que afectaban al control interno, lo que explica que varias subvenciones concedidas hayan sido objeto de procesos judiciales penales. Máxime cuando en las mesas regionales de la minería, que era donde se adjudicaban los proyectos, no había representación del instituto público, pese a que este era quien los financiaba. Esas mesas, dice el informe, carecían de límite cuantitativo, lo que, unido a su carácter no técnico, “incrementaba el riesgo de que las propuestas no se ajustaran a criterios de eficacia y eficiencia”.
El Tribunal de Cuentas pone como ejemplo la inexistencia de exámenes de viabilidad de las actuaciones a financiar, pero es que tampoco se fiscalizó si en la selección de las transferencias se tuvieron en cuenta ayudas previas en la ejecución de la misma infraestructura. Es decir, si se cobraba dos veces o más por el mismo proyecto. Igualmente, tampoco se concretó la documentación técnica a aportar en relación con cada proyecto.
Protestas mineras en Asturias. (EFE)
Entre las “múltiples deficiencias” se destaca el excesivo grado de discrecionalidad en la política de subvenciones, lo que unido al hecho de que el instituto para la reestructuración de la minería renunciara a las labores de comprobación e inspección, alimentó ese descontrol.
Entre las irregularidades se encuentra la existencia de obras subvencionadas que se ejecutaron sobre terrenos de los que el ayuntamiento beneficiario “no era propietario”, lo que incumplía uno de los requisitos para obtener la subvención. Y se pone como ejemplo un caso en el que se descubrió la adquisición, financiada con cargo a las subvenciones de infraestructuras, por un ayuntamiento de un inmueble a una institución sin fin de lucro ajena al sector público. Esta operación, según el Tribunal de Cuentas, supuso un triple incumplimiento de la contabilidad pública.
El polígono fantasma
En otros casos, dice el informe, no coincidía el objeto o el proyecto de algunos convenios con lo realmente ejecutado de acuerdo con la justificación aportada, o bien el objeto del convenio no estaba comprendido en el ámbito objetivo de las actuaciones a financiar. En este caso, se ponen como ejemplo varias subvenciones al municipio de La Robla (León) para financiar un polígono industrial sin que se haya podido individualizar las ayudas, ni siquiera en el momento de hacer las auditorías.
El descontrol también afectó a las entidades sin fines de lucro que colaboraron y que se beneficiaron de los proyectos mineros. Y, en concreto, se afirma que las subvenciones se utilizaron, en ocasiones, para la provisión de bienes y servicios en favor de beneficiarios que concurrían con otros, lo que “pudo otorgarles una cierta ventaja competitiva”.
Según el informe, en algunos casos no coincidía el objeto o el proyecto de algunos convenios con lo realmente ejecutado según la documentación
El caso más llamativo es el de la residencia de mayores La Minería, cuya financiación integral corrió a cargo del instituto minero. La explotación de esta residencia se subcontrató al 100% sin que esa operación estuviera autorizada. Y lo que es más singular, la selección de la empresa que ejecutó las obras de construcción, que se ha relacionado con el exdirigente minero de UGT José Ángel Fernández Villa, “tuvo lugar nueve meses antes de que se firmara el convenio de concesión de la subvención”, dándose la circunstancia de que ese procedimiento de selección no cumplía “ninguno de los requisitos” fijados en la ley. Es más, el convenio fue suscrito con una entidad que tenía vedada la actividad objeto de la subvención en su condición de montepío.
El Tribunal de Cuentas denuncia, en concreto, que el beneficiario no ostentaba la titularidad de los terrenos donde se asentaba la residencia, carecía de licencia de obra y los terrenos donde se edificó la residencia tenían la calificación urbanística de “rural de uso agropecuario”, lo que impedía iniciar actuaciones de construcción. El informe estima que los costes de construcción de la instalación por residente y por metro cuadrado construido fueron, en comparación con otras infraestructuras similares promovidas por entes públicos, un 31% y un 61% superiores en esta obra, respectivamente. Fernández Villa, como se sabe, fue condenado años más tarde a tres años de cárcel por apropiación indebida.
Un último párrafo lo resume todo: “Del análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales del Principado de Asturias, León y Teruel [donde llegaron los fondos públicos] se llega al resultado que el número de sociedades que se constituyeron por habitante es menor en las comarcas mineras que en las no mineras”.
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El Tribunal de Cuentas hace un informe demoledor sobre las ayudas al carbón
Las ayudas al carbón han sido un pozo sin fondo. Así lo revela el informe del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones a la minería. Irregularidades, ineficiencia, ocultación...
David Azagra: Así presentaba el hermano de Pedro Sánchez la ópera de la que se encaprichó y que ha costado 133.361 € públicos
Así presentaba David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, la ópera L’Elisir d’Amore que dirigió en un solo pase y costó más 130.000 €.
okdiario.comEl ecologismo del PSOE: toneladas de basura enterrada sin reciclar
La operación policial en el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa descubre que la planta de residuos de la que presumía el partido era una farsa
Fue uno de los proyectos estelares del PSOE en Andalucía hace 25 años. En una de las zonas económicamente más castigadas de la región, la Sierra Sur de Sevilla, se implantó una central de residuos para empezar a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje para el medio ambiente. Entonces aún no estaba tan presente en nuestras vidas el concepto «cambio climático», pero la vocación ecologista de la izquierda impulsó al PSOE de Manuel Chaves a liderar un proyecto pionero en Estepa, municipio conocido por la producción de mantecados, que sería referente del tratamiento de residuos para reducir las emisiones de CO2. La iniciativa se promovió desde la Diputación de Sevilla como prueba piloto para 17 localidades de la zona con una población de unos 70.000 habitantes. Y así nació el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, concretamente el 29 de junio de 1997, con «el objetivo de ofrecer a los municipios integrantes los servicios más adecuados para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y proteger el medio ambiente». Su lema era el siguiente: «Reciclando seis botellas de plástico contrarrestas diez minutos de contaminación».
Pero todo era una farsa. El pasado 30 de enero la Policía Nacional detuvo a los seis responsables de esta planta de reciclaje, liderados por el alcalde socialista de Estepa, en una operación dirigida por un juzgado de Antequera (Málaga) de la que apenas trascendió información al estar bajo secreto de sumario. Sin embargo, ABC ha podido confirmar que se trata de una investigación iniciada por la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos contra los recursos naturales, ya que en esta planta jamás se recicló nada. La basura entraba por un lado y salía por el otro sin que ni siquiera se hubiesen abierto las bolsas en las que los ciudadanos la depositan en los contenedores. Posteriormente, una empresa subcontratada la compactaba en un almacén y la llevaba a unas balsas ilegales situadas en la finca de olivos aledaña a la planta de reciclaje, donde se enterraban todos los residuos. Es decir, no sólo se engañaba a la población haciendo creer que se seleccionaba la basura para reducir el perjuicio al medio ambiente, sino que se dañaba aún más el entorno natural ocultando los residuos bajo tierra en un espacio, además, vital para el sector agrícola.
Este periódico ha tenido acceso a una secuencia de vídeos y de fotografías tomadas por empleados de la planta, de los que parte la denuncia, que demuestran el timo. En las imágenes se aprecia con claridad cómo la basura pasa por la cinta en la que teóricamente tendría que ser manipulada sin que nadie intervenga sobre ella. Alrededor de esta cinta hay una serie de cubas destinadas a cada tipo de residuo —plástico, cartón, cristal, textiles, pilas...— en cada una de las cuales tendría que estar trabajando un operario encargado de seleccionar para su depósito un residuo concreto. Pero la secuencia, que se grabó en días distintos, prueba que sólo hay un empleado que, además, ve pasar los restos plácidamente.
En el siguiente paso se observa una serie de fotos que tampoco deja lugar a dudas. Una retroexcavadora compacta parte de la basura y la deposita en unos camiones que se trasladan a una balsa situada en la finca anexa, a unos doscientos metros de la planta, donde la vuelcan sin miramientos. En algunas de las imágenes se aprecia incluso el aluvión de gaviotas que merodean el agujero, situado entre extensos olivares, al acecho de su alimento diario. Por último, las fotos acreditan cómo un grupo de camiones echa grandes cantidades de arena sobre el vertedero para enterrar toda la basura, dejando como resultado final una explanada bajo la que sepultan toneladas de plástico y envases no biodegradables.
En sus estatutos, el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur indica que su «plan integral de gestión de residuos» pretende «reciclar hasta el 50% de los envases, potenciar mercados para los productos reciclados, y crear las infraestructuras necesarias para la recogida domiciliaria selectiva, entrega voluntaria de otros residuos (puntos limpios), así como su clasificación, reciclado, compostaje, incluyendo los lodos de depuradoras y eliminación del menor porcentaje posible», ya que todo ello contribuye «a mantener limpio el aire» en tanto que la diferencia entre este tipo de tratamiento de la basura y el tradicional es «un gran ahorro de agua, energía y emisiones de CO2 que ya no van a la atmósfera». Literatura que nada tiene que ver con los hechos que investigan la Fiscalía y un juzgado de Antequera, que de momento se ha saldado con seis detenidos, entre ellos alcaldes y concejales, además del secretario y el jefe de la planta, a quienes también se les atribuyen posibles delitos económicos porque, para rematar el caso, habrían creado una empresa que a su vez sería la contratada para hacer este «trabajo sucio».
Fue uno de los proyectos estelares del PSOE en Andalucía hace 25 años. En una de las zonas económicamente más castigadas de la región, la Sierra Sur de Sevilla, se implantó una central de residuos para empezar a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje para el medio ambiente. Entonces aún no estaba tan presente en nuestras vidas el concepto «cambio climático», pero la vocación ecologista de la izquierda impulsó al PSOE de Manuel Chaves a liderar un proyecto pionero en Estepa, municipio conocido por la producción de mantecados, que sería referente del tratamiento de residuos para reducir las emisiones de CO2. La iniciativa se promovió desde la Diputación de Sevilla como prueba piloto para 17 localidades de la zona con una población de unos 70.000 habitantes. Y así nació el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, concretamente el 29 de junio de 1997, con «el objetivo de ofrecer a los municipios integrantes los servicios más adecuados para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y proteger el medio ambiente». Su lema era el siguiente: «Reciclando seis botellas de plástico contrarrestas diez minutos de contaminación».
Contemplando el paso de basura - ABC
Pero todo era una farsa. El pasado 30 de enero la Policía Nacional detuvo a los seis responsables de esta planta de reciclaje, liderados por el alcalde socialista de Estepa, en una operación dirigida por un juzgado de Antequera (Málaga) de la que apenas trascendió información al estar bajo secreto de sumario. Sin embargo, ABC ha podido confirmar que se trata de una investigación iniciada por la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos contra los recursos naturales, ya que en esta planta jamás se recicló nada. La basura entraba por un lado y salía por el otro sin que ni siquiera se hubiesen abierto las bolsas en las que los ciudadanos la depositan en los contenedores. Posteriormente, una empresa subcontratada la compactaba en un almacén y la llevaba a unas balsas ilegales situadas en la finca de olivos aledaña a la planta de reciclaje, donde se enterraban todos los residuos. Es decir, no sólo se engañaba a la población haciendo creer que se seleccionaba la basura para reducir el perjuicio al medio ambiente, sino que se dañaba aún más el entorno natural ocultando los residuos bajo tierra en un espacio, además, vital para el sector agrícola.
Balsa en la que se depositan los residuos sin clasificar - ABC
Este periódico ha tenido acceso a una secuencia de vídeos y de fotografías tomadas por empleados de la planta, de los que parte la denuncia, que demuestran el timo. En las imágenes se aprecia con claridad cómo la basura pasa por la cinta en la que teóricamente tendría que ser manipulada sin que nadie intervenga sobre ella. Alrededor de esta cinta hay una serie de cubas destinadas a cada tipo de residuo —plástico, cartón, cristal, textiles, pilas...— en cada una de las cuales tendría que estar trabajando un operario encargado de seleccionar para su depósito un residuo concreto. Pero la secuencia, que se grabó en días distintos, prueba que sólo hay un empleado que, además, ve pasar los restos plácidamente.
En el siguiente paso se observa una serie de fotos que tampoco deja lugar a dudas. Una retroexcavadora compacta parte de la basura y la deposita en unos camiones que se trasladan a una balsa situada en la finca anexa, a unos doscientos metros de la planta, donde la vuelcan sin miramientos. En algunas de las imágenes se aprecia incluso el aluvión de gaviotas que merodean el agujero, situado entre extensos olivares, al acecho de su alimento diario. Por último, las fotos acreditan cómo un grupo de camiones echa grandes cantidades de arena sobre el vertedero para enterrar toda la basura, dejando como resultado final una explanada bajo la que sepultan toneladas de plástico y envases no biodegradables.
El vertedero sin reciclado previo - ABC
En sus estatutos, el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur indica que su «plan integral de gestión de residuos» pretende «reciclar hasta el 50% de los envases, potenciar mercados para los productos reciclados, y crear las infraestructuras necesarias para la recogida domiciliaria selectiva, entrega voluntaria de otros residuos (puntos limpios), así como su clasificación, reciclado, compostaje, incluyendo los lodos de depuradoras y eliminación del menor porcentaje posible», ya que todo ello contribuye «a mantener limpio el aire» en tanto que la diferencia entre este tipo de tratamiento de la basura y el tradicional es «un gran ahorro de agua, energía y emisiones de CO2 que ya no van a la atmósfera». Literatura que nada tiene que ver con los hechos que investigan la Fiscalía y un juzgado de Antequera, que de momento se ha saldado con seis detenidos, entre ellos alcaldes y concejales, además del secretario y el jefe de la planta, a quienes también se les atribuyen posibles delitos económicos porque, para rematar el caso, habrían creado una empresa que a su vez sería la contratada para hacer este «trabajo sucio».
Cuando el agujero se cubre de basura, varios camiones vierten arena sobre él - ABC
Hasta el momento, la Diputación de Sevilla guarda un silencio sepulcral sobre este asunto, así como el PSOE, que es el partido que impulsó el Consorcio y lo ha gestionado en exclusiva en sus 23 años de vida. La Sierra Sur sevillana es, de hecho, un feudo socialista hegemónico desde hace 40 años, salvo en algunos municipios como Marinaleda, donde han gobernado siempre los comunistas. El PP ha pedido explicaciones oficialmente a través de una carta enviada al alcalde de Estepa y presidente del Consorcio, Antonio Jesús Muñoz, que es uno de los investigados, en la que le exige información sobre la operación policial, pero hasta el momento no ha habido respuesta. La única explicación que ha dado Muñoz es que se trata de problemas acaecidos «en el pasado», antes de su llegada a este organismo. Nadie niega los hechos. Sólo callan. Porque lo que ha destapado allí la Justicia es mucho más que un delito de corrupción. Es un tongo ideológico. El partido que abandera la lucha contra el cambio climático y por la preservación del medio ambiente entierra la basura bajo los olivos de Andalucía.
sevilla.abc.es
La operación policial en el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa descubre que la planta de residuos de la que presumía el partido era una farsa
Fue uno de los proyectos estelares del PSOE en Andalucía hace 25 años. En una de las zonas económicamente más castigadas de la región, la Sierra Sur de Sevilla, se implantó una central de residuos para empezar a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje para el medio ambiente. Entonces aún no estaba tan presente en nuestras vidas el concepto «cambio climático», pero la vocación ecologista de la izquierda impulsó al PSOE de Manuel Chaves a liderar un proyecto pionero en Estepa, municipio conocido por la producción de mantecados, que sería referente del tratamiento de residuos para reducir las emisiones de CO2. La iniciativa se promovió desde la Diputación de Sevilla como prueba piloto para 17 localidades de la zona con una población de unos 70.000 habitantes. Y así nació el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, concretamente el 29 de junio de 1997, con «el objetivo de ofrecer a los municipios integrantes los servicios más adecuados para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y proteger el medio ambiente». Su lema era el siguiente: «Reciclando seis botellas de plástico contrarrestas diez minutos de contaminación».
Pero todo era una farsa. El pasado 30 de enero la Policía Nacional detuvo a los seis responsables de esta planta de reciclaje, liderados por el alcalde socialista de Estepa, en una operación dirigida por un juzgado de Antequera (Málaga) de la que apenas trascendió información al estar bajo secreto de sumario. Sin embargo, ABC ha podido confirmar que se trata de una investigación iniciada por la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos contra los recursos naturales, ya que en esta planta jamás se recicló nada. La basura entraba por un lado y salía por el otro sin que ni siquiera se hubiesen abierto las bolsas en las que los ciudadanos la depositan en los contenedores. Posteriormente, una empresa subcontratada la compactaba en un almacén y la llevaba a unas balsas ilegales situadas en la finca de olivos aledaña a la planta de reciclaje, donde se enterraban todos los residuos. Es decir, no sólo se engañaba a la población haciendo creer que se seleccionaba la basura para reducir el perjuicio al medio ambiente, sino que se dañaba aún más el entorno natural ocultando los residuos bajo tierra en un espacio, además, vital para el sector agrícola.
Este periódico ha tenido acceso a una secuencia de vídeos y de fotografías tomadas por empleados de la planta, de los que parte la denuncia, que demuestran el timo. En las imágenes se aprecia con claridad cómo la basura pasa por la cinta en la que teóricamente tendría que ser manipulada sin que nadie intervenga sobre ella. Alrededor de esta cinta hay una serie de cubas destinadas a cada tipo de residuo —plástico, cartón, cristal, textiles, pilas...— en cada una de las cuales tendría que estar trabajando un operario encargado de seleccionar para su depósito un residuo concreto. Pero la secuencia, que se grabó en días distintos, prueba que sólo hay un empleado que, además, ve pasar los restos plácidamente.
En el siguiente paso se observa una serie de fotos que tampoco deja lugar a dudas. Una retroexcavadora compacta parte de la basura y la deposita en unos camiones que se trasladan a una balsa situada en la finca anexa, a unos doscientos metros de la planta, donde la vuelcan sin miramientos. En algunas de las imágenes se aprecia incluso el aluvión de gaviotas que merodean el agujero, situado entre extensos olivares, al acecho de su alimento diario. Por último, las fotos acreditan cómo un grupo de camiones echa grandes cantidades de arena sobre el vertedero para enterrar toda la basura, dejando como resultado final una explanada bajo la que sepultan toneladas de plástico y envases no biodegradables.
En sus estatutos, el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur indica que su «plan integral de gestión de residuos» pretende «reciclar hasta el 50% de los envases, potenciar mercados para los productos reciclados, y crear las infraestructuras necesarias para la recogida domiciliaria selectiva, entrega voluntaria de otros residuos (puntos limpios), así como su clasificación, reciclado, compostaje, incluyendo los lodos de depuradoras y eliminación del menor porcentaje posible», ya que todo ello contribuye «a mantener limpio el aire» en tanto que la diferencia entre este tipo de tratamiento de la basura y el tradicional es «un gran ahorro de agua, energía y emisiones de CO2 que ya no van a la atmósfera». Literatura que nada tiene que ver con los hechos que investigan la Fiscalía y un juzgado de Antequera, que de momento se ha saldado con seis detenidos, entre ellos alcaldes y concejales, además del secretario y el jefe de la planta, a quienes también se les atribuyen posibles delitos económicos porque, para rematar el caso, habrían creado una empresa que a su vez sería la contratada para hacer este «trabajo sucio».
Fue uno de los proyectos estelares del PSOE en Andalucía hace 25 años. En una de las zonas económicamente más castigadas de la región, la Sierra Sur de Sevilla, se implantó una central de residuos para empezar a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje para el medio ambiente. Entonces aún no estaba tan presente en nuestras vidas el concepto «cambio climático», pero la vocación ecologista de la izquierda impulsó al PSOE de Manuel Chaves a liderar un proyecto pionero en Estepa, municipio conocido por la producción de mantecados, que sería referente del tratamiento de residuos para reducir las emisiones de CO2. La iniciativa se promovió desde la Diputación de Sevilla como prueba piloto para 17 localidades de la zona con una población de unos 70.000 habitantes. Y así nació el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, concretamente el 29 de junio de 1997, con «el objetivo de ofrecer a los municipios integrantes los servicios más adecuados para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y proteger el medio ambiente». Su lema era el siguiente: «Reciclando seis botellas de plástico contrarrestas diez minutos de contaminación».
Contemplando el paso de basura - ABC
Pero todo era una farsa. El pasado 30 de enero la Policía Nacional detuvo a los seis responsables de esta planta de reciclaje, liderados por el alcalde socialista de Estepa, en una operación dirigida por un juzgado de Antequera (Málaga) de la que apenas trascendió información al estar bajo secreto de sumario. Sin embargo, ABC ha podido confirmar que se trata de una investigación iniciada por la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos contra los recursos naturales, ya que en esta planta jamás se recicló nada. La basura entraba por un lado y salía por el otro sin que ni siquiera se hubiesen abierto las bolsas en las que los ciudadanos la depositan en los contenedores. Posteriormente, una empresa subcontratada la compactaba en un almacén y la llevaba a unas balsas ilegales situadas en la finca de olivos aledaña a la planta de reciclaje, donde se enterraban todos los residuos. Es decir, no sólo se engañaba a la población haciendo creer que se seleccionaba la basura para reducir el perjuicio al medio ambiente, sino que se dañaba aún más el entorno natural ocultando los residuos bajo tierra en un espacio, además, vital para el sector agrícola.
Balsa en la que se depositan los residuos sin clasificar - ABC
Este periódico ha tenido acceso a una secuencia de vídeos y de fotografías tomadas por empleados de la planta, de los que parte la denuncia, que demuestran el timo. En las imágenes se aprecia con claridad cómo la basura pasa por la cinta en la que teóricamente tendría que ser manipulada sin que nadie intervenga sobre ella. Alrededor de esta cinta hay una serie de cubas destinadas a cada tipo de residuo —plástico, cartón, cristal, textiles, pilas...— en cada una de las cuales tendría que estar trabajando un operario encargado de seleccionar para su depósito un residuo concreto. Pero la secuencia, que se grabó en días distintos, prueba que sólo hay un empleado que, además, ve pasar los restos plácidamente.
En el siguiente paso se observa una serie de fotos que tampoco deja lugar a dudas. Una retroexcavadora compacta parte de la basura y la deposita en unos camiones que se trasladan a una balsa situada en la finca anexa, a unos doscientos metros de la planta, donde la vuelcan sin miramientos. En algunas de las imágenes se aprecia incluso el aluvión de gaviotas que merodean el agujero, situado entre extensos olivares, al acecho de su alimento diario. Por último, las fotos acreditan cómo un grupo de camiones echa grandes cantidades de arena sobre el vertedero para enterrar toda la basura, dejando como resultado final una explanada bajo la que sepultan toneladas de plástico y envases no biodegradables.
El vertedero sin reciclado previo - ABC
En sus estatutos, el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur indica que su «plan integral de gestión de residuos» pretende «reciclar hasta el 50% de los envases, potenciar mercados para los productos reciclados, y crear las infraestructuras necesarias para la recogida domiciliaria selectiva, entrega voluntaria de otros residuos (puntos limpios), así como su clasificación, reciclado, compostaje, incluyendo los lodos de depuradoras y eliminación del menor porcentaje posible», ya que todo ello contribuye «a mantener limpio el aire» en tanto que la diferencia entre este tipo de tratamiento de la basura y el tradicional es «un gran ahorro de agua, energía y emisiones de CO2 que ya no van a la atmósfera». Literatura que nada tiene que ver con los hechos que investigan la Fiscalía y un juzgado de Antequera, que de momento se ha saldado con seis detenidos, entre ellos alcaldes y concejales, además del secretario y el jefe de la planta, a quienes también se les atribuyen posibles delitos económicos porque, para rematar el caso, habrían creado una empresa que a su vez sería la contratada para hacer este «trabajo sucio».
Cuando el agujero se cubre de basura, varios camiones vierten arena sobre él - ABC
Hasta el momento, la Diputación de Sevilla guarda un silencio sepulcral sobre este asunto, así como el PSOE, que es el partido que impulsó el Consorcio y lo ha gestionado en exclusiva en sus 23 años de vida. La Sierra Sur sevillana es, de hecho, un feudo socialista hegemónico desde hace 40 años, salvo en algunos municipios como Marinaleda, donde han gobernado siempre los comunistas. El PP ha pedido explicaciones oficialmente a través de una carta enviada al alcalde de Estepa y presidente del Consorcio, Antonio Jesús Muñoz, que es uno de los investigados, en la que le exige información sobre la operación policial, pero hasta el momento no ha habido respuesta. La única explicación que ha dado Muñoz es que se trata de problemas acaecidos «en el pasado», antes de su llegada a este organismo. Nadie niega los hechos. Sólo callan. Porque lo que ha destapado allí la Justicia es mucho más que un delito de corrupción. Es un tongo ideológico. El partido que abandera la lucha contra el cambio climático y por la preservación del medio ambiente entierra la basura bajo los olivos de Andalucía.
El ecologismo del PSOE: toneladas de basura enterrada sin reciclar
La operación policial en el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa descubre que la planta de residuos de la que presumía el partido era una farsa
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