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Y el rey Emérito con quién se ha hartado de robar es con ellos. A ver Pedro Sánchez que dice ahora
La corrupcion del PSOE
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La cifra es mareante.
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Lunes, 16 de julio de 2018
LAS COSAS DEL GOBIERNO SOCIALISTA
Otro gran foco de corrupción del PSOE: 25 sindicalistas imputados en Extremadura
Periodista Digital, 15 de julio de 2018 a las 06:25
La Justicia confirma el segundo gran foco de corrupción sindical: 25 imputados en la Extremadura del PSOE.
Se trata del escándalo que denunció el Gobierno del popular José Antonio Monago en 2015.
Un caso que denuncia el robo masivo de subvenciones con los cursos de formación -exactamente igual a lo ocurrido en Andalucía bajo mandato también del PSOE.
Dos juzgados extremeños han confirmado ya que tramitan una investigación contra ocho entidades y 25 personas vinculadas a la patronal extremeña y los sindicatos UGT y CCOO, como revela este 15 de julio de 2018 Carlos Cuesta en OKdiario.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz es el que lleva el procedimiento contra la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Confederación de organizaciones empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba).
También analiza las actuaciones de Emilio Doncel Rodríguez, actual presidente de Coeba; Nuria Lavado, del área de formación; Fernando Herrera, expresidente de la Cámara de Comercio de Badajoz y exdirigente de Coeba; y Juan Manuel Arribas, exsecretario general de la Creex.
En este mismo procedimiento figura como investigado Antonio Masa Godoy, expresidente de Creex y Coeba, aunque el juzgado ha aceptado el sobreseimiento provisional sobre su labor a causa de su estado de salud. En el mismo juzgado se han lanzado las diligencias contra UGT Extremadura y la delegación territorial del Instituto de formación y estudios sociales (Ifes), la fundación de UGT centrada precisamente en los cursos de formación.
Este procedimiento se centra, entre otros, en Francisco Capilla, secretario general del sindicato en la región en el momento de los supuestos delitos; Lorenza Mansilla, exsecretaria de Formación y Cultura de UGT Extremadura; Jacinto Cerezo, exsecretario de Administración; Rosa María García Vidal, técnica de formación; y Teodoro Casares, como delegado territorial de Ifes-Extremadura.
El tercer procedimiento es el que se centra en CCOO, se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida.
El Gobierno del Partido Popular, con José Antonio Monago a la cabeza, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción diversas irregularidades registradas desde 2012 en la facturación de cursos de formación gestionados por sindicatos y patronal (Creex, CCOO, UGT y Cepes), advirtiendo de que podría haber delito contra la Hacienda Pública por falsear las condiciones para cobrar subvenciones públicas.
El 26 de marzo de 2015, la entonces consejera de Empleo del Gobierno extremeño, M.ª Ángeles Muñoz y el director del Servicio Extremeño de Empleo, Miguel Lozano, informaron, de este modo, de un fraude a gran escala con los cursos de formación de ocupados en Extremadura, con un alcance, sólo en la convocatoria de 2011, de más de 3 millones de euros.
El Gobierno ‘popular’ aseguró que había indicios suficientes que podrían determinar que en Extremadura se creó y alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación a ocupados, afectando a la patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los secretarios generales de estas organizaciones, así como todos aquellos que la Justicia considere oportunos en el ámbito político o empresarial.
De lo que se hablaba era de un posible delito contra la Hacienda Pública por fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas.
La historia de esta corrupción es incluso más antigua. Desde 2007 existe una Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una fundación nacional conformada por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el Servicio Público de Empleo Estatal.
Mediante convenios con las comunidades autónomas, esa Fundación es la encargada de ofrecer el apoyo técnico en las solicitudes e impartición de los cursos de ocupados, y también es la responsable de valorar y analizar la justificación de estos cursos y hacer las propuestas de liquidación del pago de las subvenciones.
El sistema de la Fundación Tripartita es el que se empleó para la convocatoria de 2011 y fue allí precisamente donde se detectó una evidente falta de control riguroso para verificar si las facturas pagadas correspondían a gastos reales y se ajustaban a valor de mercado.
Ahí es donde se detectaron las irregularidades y un presunto fraude a gran escala.
Carlos Cuesta
José Luis Ábalos, en el inicio de su andadura socialista, creó la ONG Fiadelso, una entidad que gestionó hasta que la dejó en manos de su amigo Gustavo Casals Ardines siendo presidente del PSPV de la ciudad de Valencia. Aunque Fiadelso tiene en su función social objetivos encaminados a atenuar la pobreza en los países en vías de desarrollo, su actividad ha estado muy vinculada al desarrollo de las ideas socialistas en Sudamérica. Y, con esos objetivos pagó viajes a determinadas personas, para que pudiesen conocer países con Chile o Uruguay. Entre esas personas, uno de los beneficiados por los viajes fue Josep Ramón Tíller Fibla: el mismo socialista que figura ligado a los momentos clave de Crespo Gomar, Imelsa o el escándalo de los Opinómetros. Y esos tres asuntos están siendo ya comprobados por la Justicia por su posible relación con financiación ilegal del Partido Socialista.
“La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO) es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en 1992 fruto de la inquietud de sus fundadores por los problemas que afectan a los ciudadanos, y en especial en los países en desarrollo, en el marco de la interdependencia mundial”, tal y como se define la propia entidad. “Es una organización no gubernamental, laica, independiente del poder político y económico cuyas actividades se circunscriben al ámbito de la cooperación, el desarrollo institucional y fortalecimiento democrático, la sensibilización y la educación al desarrollo”, añade. Y, por lo visto, esas explicaciones justiciaban numerosos viajes pagados.
En pleno 2006, el mismo año que la Justicia investiga por la supuesta financiación irregular del PSPV a través de ayuntamientos como el de Gandía y de personas como el jefe de gabinete del Alcalde, José Ramón Tiller, el actual ministro de Fomento y entonces diputado del PSPV en la Diputación de Valencia participó junto a Tiller en unas jornadas organizadas por su fundación.
300.000 euros de Zapatero por un negocio ruinoso. Su nombre completo es Josep Ramón Tíller Fibla. Él es uno de los hombres clave del caso Divalterra –la antigua Imelsa–. Fue colocado a dedo en la empresa pública valenciana. Pero, además, fue, previamente, directivo de la agencia de comunicación Crespo Gomar durante la campaña electoral del PSOE del año 2007, la misma que está siendo investigada por la posible financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV).
- 16/07/201803:18
José Luis Ábalos, en el inicio de su andadura socialista, creó la ONG Fiadelso, una entidad que gestionó hasta que la dejó en manos de su amigo Gustavo Casals Ardines siendo presidente del PSPV de la ciudad de Valencia. Aunque Fiadelso tiene en su función social objetivos encaminados a atenuar la pobreza en los países en vías de desarrollo, su actividad ha estado muy vinculada al desarrollo de las ideas socialistas en Sudamérica. Y, con esos objetivos pagó viajes a determinadas personas, para que pudiesen conocer países con Chile o Uruguay. Entre esas personas, uno de los beneficiados por los viajes fue Josep Ramón Tíller Fibla: el mismo socialista que figura ligado a los momentos clave de Crespo Gomar, Imelsa o el escándalo de los Opinómetros. Y esos tres asuntos están siendo ya comprobados por la Justicia por su posible relación con financiación ilegal del Partido Socialista.
“La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (FIADELSO) es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en 1992 fruto de la inquietud de sus fundadores por los problemas que afectan a los ciudadanos, y en especial en los países en desarrollo, en el marco de la interdependencia mundial”, tal y como se define la propia entidad. “Es una organización no gubernamental, laica, independiente del poder político y económico cuyas actividades se circunscriben al ámbito de la cooperación, el desarrollo institucional y fortalecimiento democrático, la sensibilización y la educación al desarrollo”, añade. Y, por lo visto, esas explicaciones justiciaban numerosos viajes pagados.
En pleno 2006, el mismo año que la Justicia investiga por la supuesta financiación irregular del PSPV a través de ayuntamientos como el de Gandía y de personas como el jefe de gabinete del Alcalde, José Ramón Tiller, el actual ministro de Fomento y entonces diputado del PSPV en la Diputación de Valencia participó junto a Tiller en unas jornadas organizadas por su fundación.
300.000 euros de Zapatero por un negocio ruinoso. Su nombre completo es Josep Ramón Tíller Fibla. Él es uno de los hombres clave del caso Divalterra –la antigua Imelsa–. Fue colocado a dedo en la empresa pública valenciana. Pero, además, fue, previamente, directivo de la agencia de comunicación Crespo Gomar durante la campaña electoral del PSOE del año 2007, la misma que está siendo investigada por la posible financiación ilegal del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV).
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Segundo Sanz
El socialista Puente compró su pisazo de 280 m2 por 290.000 € tras lograr una rebaja bancaria de ¡434.000!
Puente pagó el m2 de su piso a 1.028 euros, la mitad del precio de una casa similar en la zona
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cargó contra los “abusos bancarios” en materia de vivienda al tiempo que compraba su pisazo de 282,11 metros cuadrados construidos a una entidad financiera por 434.000 euros menosque su precio de subasta pública. Este inmueble fue objeto de un lanzamiento o desocupación forzosa.
Un año antes de comprar su actual residencia en el céntrico Paseo Zorrilla de la capital castellano-leonesa, el entonces concejal socialista presentó en 2012 una moción en el Ayuntamiento de Valladolid en la que cuestionaba que las entidades financieras “hagan uso de la vivienda” como un “elemento especulativo y no como un derecho amparado por la Constitución”. En este línea, el grupo de Puente consideró “muy duro pensar en las miles de familias” de esta comunidad que “perderán su casa víctimas de los abusos bancarios”.
Junto a ello, los socialistas planteaban una serie de medidas para “actuar del lado de las víctimas” y prevenir problemas hipotecarios. Entre ellas, pedían que el Consistorio instara al Gobierno de la Nación, a que de forma urgente legisle para permitir que las viviendas propiedad de las entidades financieras procedentes de desahucios, puedan ser ocupadas por familias desahuciadas, abonando un arrendamiento social”.
inRead invented by Teads
Pero los problemas económicos frustraron los planes de esta familia y el banco terminó quedándose con la vivienda -tras la fase concursal y al no haber postores en la subasta- para vendérsela finalmente a Puente y su esposa, la juez Laura Soria. Se da la circunstancia, además, de que el hoy portavoz de la Ejecutiva federal de Pedro Sánchez ya intentó comprar ese pisazo en diciembre de 2011 ofreciendo 600.000 euros. Aquella operación no se materializó porque Puente no logró vender la casa donde residía en ese momento.
Edicto del Juzgado sacando a subasta pública el piso y el garaje por 724.123 euros.
OKDIARIO publicó este miércoles en exclusiva que tras no formalizar aquella compra Puente y su esposa y después varios intentos fallidos de otros interesados, que no llegaron a igualar esos 600.000 euros, Caixa Geral optó en enero de 2012 por sacar a subasta pública el inmueble con un importe de 724.123,28, incluyendo tanto la vivienda de 280 metros cuadrados construidos, que había sido objeto de reformas, como la plaza de aparcamiento.
60% de la tasación
Pero a esta subasta, que se celebró en el mes de abril de 2012, no concurrió ningún postor, de modo que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valladolid aplicó el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), según el cual el acreedor puede pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 60 por 100 del valor de tasación. En base a ello, el Juzgado adjudicó el inmueble en junio de 2012 al propio acreedor, Caixa Geral SA, tras petición de éste, y lo hizo por un importe de 434.473,96 euros. El lanzamiento o desocupación forzosa se efectuó el 25 de septiembre de 2012.
Siete meses después de aquella adjudicación a la entidad financiera, sorpresivamente Óscar Puente y su esposa volvieron a aparecer en escena como compradores de dicha vivienda al mismo banco, pero esta vez por 290.000 euros, según consta en el Registro de la Propiedad con fecha de 6 de febrero de 2013. El alcalde de Valladolid justificó así esta ganga: “Como mucho otros bancos, Caixa Geral hizo una tasación más realista que era la mitad de la inicial. Yo me hice con el piso de carambola a través de una inmobiliaria de Medina del Campo, después de que una señora presentara una señal y luego se retiró. Me enteré y ofrecí lo mismo”, publicó Diario de Valladolid en 2015.
Edificio del Paseo Zorrilla donde se encuentra el pisazo de 280 metros cuadrados de Óscar Puente (Foto: Google Maps).
- 19/07/201803:49
El socialista Puente compró su pisazo de 280 m2 por 290.000 € tras lograr una rebaja bancaria de ¡434.000!
Puente pagó el m2 de su piso a 1.028 euros, la mitad del precio de una casa similar en la zona
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cargó contra los “abusos bancarios” en materia de vivienda al tiempo que compraba su pisazo de 282,11 metros cuadrados construidos a una entidad financiera por 434.000 euros menosque su precio de subasta pública. Este inmueble fue objeto de un lanzamiento o desocupación forzosa.
Un año antes de comprar su actual residencia en el céntrico Paseo Zorrilla de la capital castellano-leonesa, el entonces concejal socialista presentó en 2012 una moción en el Ayuntamiento de Valladolid en la que cuestionaba que las entidades financieras “hagan uso de la vivienda” como un “elemento especulativo y no como un derecho amparado por la Constitución”. En este línea, el grupo de Puente consideró “muy duro pensar en las miles de familias” de esta comunidad que “perderán su casa víctimas de los abusos bancarios”.
Junto a ello, los socialistas planteaban una serie de medidas para “actuar del lado de las víctimas” y prevenir problemas hipotecarios. Entre ellas, pedían que el Consistorio instara al Gobierno de la Nación, a que de forma urgente legisle para permitir que las viviendas propiedad de las entidades financieras procedentes de desahucios, puedan ser ocupadas por familias desahuciadas, abonando un arrendamiento social”.
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Pero los problemas económicos frustraron los planes de esta familia y el banco terminó quedándose con la vivienda -tras la fase concursal y al no haber postores en la subasta- para vendérsela finalmente a Puente y su esposa, la juez Laura Soria. Se da la circunstancia, además, de que el hoy portavoz de la Ejecutiva federal de Pedro Sánchez ya intentó comprar ese pisazo en diciembre de 2011 ofreciendo 600.000 euros. Aquella operación no se materializó porque Puente no logró vender la casa donde residía en ese momento.
Edicto del Juzgado sacando a subasta pública el piso y el garaje por 724.123 euros.
OKDIARIO publicó este miércoles en exclusiva que tras no formalizar aquella compra Puente y su esposa y después varios intentos fallidos de otros interesados, que no llegaron a igualar esos 600.000 euros, Caixa Geral optó en enero de 2012 por sacar a subasta pública el inmueble con un importe de 724.123,28, incluyendo tanto la vivienda de 280 metros cuadrados construidos, que había sido objeto de reformas, como la plaza de aparcamiento.
60% de la tasación
Pero a esta subasta, que se celebró en el mes de abril de 2012, no concurrió ningún postor, de modo que el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valladolid aplicó el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), según el cual el acreedor puede pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al 60 por 100 del valor de tasación. En base a ello, el Juzgado adjudicó el inmueble en junio de 2012 al propio acreedor, Caixa Geral SA, tras petición de éste, y lo hizo por un importe de 434.473,96 euros. El lanzamiento o desocupación forzosa se efectuó el 25 de septiembre de 2012.
Siete meses después de aquella adjudicación a la entidad financiera, sorpresivamente Óscar Puente y su esposa volvieron a aparecer en escena como compradores de dicha vivienda al mismo banco, pero esta vez por 290.000 euros, según consta en el Registro de la Propiedad con fecha de 6 de febrero de 2013. El alcalde de Valladolid justificó así esta ganga: “Como mucho otros bancos, Caixa Geral hizo una tasación más realista que era la mitad de la inicial. Yo me hice con el piso de carambola a través de una inmobiliaria de Medina del Campo, después de que una señora presentara una señal y luego se retiró. Me enteré y ofrecí lo mismo”, publicó Diario de Valladolid en 2015.
Edificio del Paseo Zorrilla donde se encuentra el pisazo de 280 metros cuadrados de Óscar Puente (Foto: Google Maps).
IDOLO, muy bonito lo que subes admiro a esa señora por su forma de actuar, pero a ti te sobra lo de "va también para el PP", pero yo añado y para Podemos, el Psoe y ciudadanos.
¿ qué os parece que Pedro Sánchez y su mujer utilicen el avión presidencial para ir al FIB a ver a The Killers???
No tienen vergüenza!!
https://valenciaplaza.com/pedro-san...on-la-excusa-de-una-reunion-informal-con-puig
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