La corrupcion del PSOE (1 Viewer)

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A ver si [email protected] me lo puede explicar por si lo entiendo mal, Sanchez se oponía a desclasificar documentos históricos?? y ahora con nocturnidad y alevosía...
El Gobierno se desmarqua con su propio proyecto de ley.

Sánchez desconcierta al PNV al intentar apuntarse el tanto de la reforma de la ley de Secretos Oficiales
CLARA PINAR 20.09.2020 - 08:43H
  • El Gobierno la modificará antes de final de 2020 después de bloquear durante años una iniciativa del PNV que se tramita ahora en el Congreso.
  • Malestar y extrañeza en el PNV, a quien Sánchez se comprometió a informar de los planes legislativos de su Gobierno.
Pedro Sánchez recibe a Aitor Esteban (PNV) en La Moncloa
Pedro Sánchez, con Aitor Esteban (PNV) en La MoncloaARCHIVO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escogido quizá uno de los peores momentos para desconcertar al PNV, uno de partidos más fiables para la aprobación de los Presupuestos y el socio de investidura con el que se comprometió a informar por adelantado de sus planes legislativos. El motivo es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que ha anunciado el Ejecutivo, que pasa por encima de una proposición de ley del PNV sobre esta misma materia. A pesar de que el PP y también del PSOE intentaran durante años obstruir su trámite parlamentario, por fin ha arrancado su camino parlamentario y los nacionalistas vascos no entienden ni el cambio de criterio ni que el Gobierno quiera ahora ir por su cuenta.
La extrañeza es mayúscula en el PNV. Los nacionalistas vascos no sabían nada de que el Gobierno pretendía reformar la Ley de Secretos Oficiales. Se enteraron por las “noticias”, a pesar de que Sánchez firmó un acuerdo de investidura en el que se comprometía a informarles por adelantado de sus planes legislativos. Y no solo es el PNV. Según el Plan Normativo, esta reforma legal corresponde al Ministerio de Defensa, donde de momento se desconoce cómo de avanzado está el proyecto legislativo. En todo caso, en el departamento de Margarita Robles remiten a la vicepresidenta Carmen Calvo, porque como ministra también de Relaciones con las Cortes es quién debe coordinar esta reforma de ley con lo que ya se está haciendo en el Congreso.
"Estamos un poco sorprendidos. El Gobierno no nos había dicho nada de que la iba a reformar”, dicen fuentes del PNV sobre los planes de Sánchez para, ahora sí, emprender una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Según consta en el Plan Normativo con todas las iniciativas que piensa presentar de aquí a final de año, la intención es “elaborar una ley nueva porque han transcurrido más de 40 años desde la última modificación realizada en 1978”.

Cuatro años de obstrucción
Lo que no dice es que junto con el PP, el PSOE ha estado obstruyendo una reforma en ese sentido durante cuatro años, desde 2016. El PNV lleva desde ese año insistiendo acelerar la desclasificación de documentos y en todo ese tiempo se ha topado con las largas de socialistas y populares, con prórrogas encadenadas para postergar el inicio del trámite parlamentario.
En concreto, la propuesta del PNV que tramita el Congreso busca que en un plazo máximo de 35 años se puedan desclasificar documentos históricos declarados secretos y que los reservados sean públicos en 10 años. De esta manera, saldrían a la luz papeles sobre la Transición, el 23-F o sobre los GAL que todavía se desconocen.
Esta reforma legal también ha sido una reivindicación constante de ERC. Por eso, fuentes parlamentarias llegaron a relacionar la reforma que plantea ahora Sánchez con un intento más de congraciarse con dos de los partidos que favorecieron su investidura y que ahora previsiblemente tendrán un papel clave en los Presupuestos.
Pero, lejos de alegrarse, la sensación del PNV es de desconcierto y malestar contra el PSOE, que durante años ha impedido tramitar una reforma legal como la que ahora promociona y que ahora trata de pasar sobre su propia iniciativa sin avisar.
La formación de Aitor Esteban ha escrito cartas a la presidencia del Congreso contra las numerosas prórrogas que pedían PSOE y PP y lleva reclamando que se tramite su proposición de ley desde los tiempos de Mariano Rajoy. El presidente popular terminó accediendo pero con el adelanto electoral del 28 de abril de 2018, la iniciativa decayó. Tras las elecciones de 2019, el PNV volvió a poner en marcha toda la maquinaria y en junio de este año, PP y PSOE dieron su brazo a torcer y votaron junto a PNV, Unidas Podemos, ERC, Bildu, JxCAT, MP y la CUP a favor de empezar el trámite, que ayer cerró el plazo para presentar a la enmienda a la totalidad. En el PNV lamentan que ahora que el proceso había arrancado por fin, el Gobierno se desmarque con su propio proyecto de ley que no entienden muy bien cómo va a compaginarse con el trámite ya en marcha en el Congreso.
Documento obsoleto
Según apuntan en algún Ministerio, el Plan Normativo que elaboró el de Presidencia se ha quedado “obsoleto” en algunos aspectos.Calvo lo anunció a principios de este año y en el Gobierno indican que se elaboró hace unos meses, antes de la crisis por la Covid. Por eso, algunos trámites que en el documento aparecen como pendientes de algún trámite ya no lo están porque ya lo habían superado cuando hace dos semanas el Consejo de Ministros aprobó la estrategia legislativa. No obstante, esto no afecta a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Hace meses el Gobierno ya sabía que había otra iniciativa ya en marcha en el Congreso y, para sorpresa del PNV, por algún motivo que desconoce y sin avisar, se decidió ‘contraprogramar’.
El Gobierno “ya estaba al tanto” de la reforma que tramita el Congreso, dicen en las filas peneuvistas, donde no parece “muy coherente” que se vaya a hacer una ley distinta y esperan alguna explicación por parte de Sánchez.
 
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Las claves del caso Isofotón, la causa de presunta corrupción que salpica a los gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz
  • SILVIA MORENO
    @silviamorenon
    Sevilla
Lunes, 28 septiembre 2020 - 02:10
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La Junta, entre 2005 y 2102, inyectó 80 millones en la fotovoltaica, parte de ellos de forma irregular, y el Gobierno de Díaz quiso ocultarlo. A partir del 15 de octubre, están citados ante la juez 40 imputados
Protesta de los trabajadores de Isofotón en julio de 2013.

Protesta de los trabajadores de Isofotón en julio de 2013. CARLOS DÍAZ
A partir del próximo 15 de octubre comenzarán a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, los 40 investigados -37 de ellos ex altos cargos y ex directivos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE- por el caso de presunta corrupción de Isofotón, la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir más de 80 millones de euros de fondos públicos andaluces.
A continuación se recogen las claves de un caso que salpica a los gobiernos presididos por Manuel Chaves, José Antonio Griñán -ambos condenados ya por los ERE- y Susana Díaz, la secretaria general del PSOE de Andalucía.
¿QUÉ SE ESTÁ INVESTIGANDO?
La juez instructora Patricia Fernández Franco, con el auxilio del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, UDEF, de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción están investigando si, tras las inyecciones millonarias de fondos públicos por parte de la Junta en la etapa de los gobiernos del PSOE en la empresa Isofotón, hay presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.
Se investiga si las ayudas públicas contaron con las autorizaciones y trámites preceptivos, si se excedió el límite de asignación presupuestaria de los préstamos de la Agencia IDEA de la Junta y "si, efectivamente, se hubieran otorgado prescindiendo de los cauces correctos", especifica la juez en un auto.
Chaves, durante una visita a la planta de Isofotón en Málaga con el entonces consejero Vallejo y Manzano, director general de la compañía.

Chaves, durante una visita a la planta de Isofotón en Málaga con el entonces consejero Vallejo y Manzano, director general de la compañía.
¿QUÉ ES ISOFOTÓN?
Era una empresa de energética fotovoltaica creada en el año 1981 que llegó a ser líder mundial en tecnología solar. Estaba ubicada en el Parque Tecnológico Andaluz (PTA) de Málaga y se dedicaba a la generación de paneles fotovoltaicos. Recibió fondos de la Junta, a través de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, Soprea, y la Agencia IDEA.
Hay un hito en la compañía. Fue el 28 de junio de 2010, cuando las participaciones sociales son vendidas a Affirma Energy Engineering & Technology, que adquiere el 80%, y a la sociedad Top Tec, que adquiere el 20%, todo ello al precio simbólico de 1 euro, "al parecer debido a la delicada situación financiera que atravesaba la sociedad", explican los investigadores de la UDEF en su atestado. Pese a ello, siguió recibiendo fondos públicos.
La sociedad solicitó concurso de acreedores el 4 de junio de 2013 y actualmente está en fase de liquidación. La sociedad tramitó en 2013 un ERE que afectó a toda la plantilla que tenía entonces: 297 trabajadores. Isofotón llegó a tener hasta de un millar de empleados en los picos de producción más altos y llevaba sus productos hasta 60 países. A partir de 2009, hubo despidos masivos y se fue acumulando una deuda que llegó a ser de 320 millones.
¿CUÁNTO DINERO PÚBLICO RECIBIÓ?
La sociedad recibió 80.497.820,44 euros de fondos públicos de la Junta entre 2005 y 2012 a través de avales e incentivos directos y a fondo perdido. En esa etapa, los presidentes del Gobierno andaluz eran Manuel Chaves -en el cargo entre julio de 1990 y abril de 2009- y José Antonio Griñán -entre abril de 2009 y septiembre de 2013-.
No obstante, el periodo investigado por la juez abarca desde 2010 a 2012, todo ello en la etapa de Griñán. De hecho, su nombre sale a relucir varias veces en el atestado policial, pero la juez instructora, de momento, no lo ha llamado a declarar ni como investigado ni como testigo.
¿POR QUÉ ESTE CASO SALPICA AL GOBIERNO DE SUSANA DÍAZ?
Con Susana Díaz como presidenta de la Junta -entre septiembre de 2013 y enero de 2019-, la Administración andaluza no concedió nuevas ayudas a Isofotón, pero trató de ocultar las irregularidades de las etapas anteriores. De hecho, en 2016, la Agencia IDEA redacta un informe para la causa judicial que está plagado de "falsedades e irregularidades". Los investigadores de la UDEF interpretan este informe como "un intento deliberado de confusión a esta instrucción y a la autoridad judicial en una materia ciertamente de complejidad interpretativa".
Una vez iniciada la investigación judicial, los responsables de IDEA en 2016, con Susana Díaz en la Presidencia de la Junta, "a pesar de ser distintos en algunos casos a los que concedieron las ayudas y ocultaron los expedientes, realizan una interpretación sesgada de la normativa aplicable, ocultando en todo momento la verdadera naturaleza de las ayudas concedidas, que en esos momentos debían conocer eran irregulares", advierte el atestado.
"Los sesgos realizados tienden a ocultar esta naturaleza precisamente y en el informe, en ningún momento, se menciona que las ayudas sean de salvamento de empresas en crisis, como se ha justificado que en realidad fueron", añade el informe policial.
Los investigadores sostienen que el informe es "falso" y "omite" la normativa aplicable en los avales concedidos a Isofotón para acomodar el relato a "los intereses de IDEA, en cuanto colaboradora en el fraude investigado".
Para la UDEF, la concesión de ayudas a Isofotón por parte de la Junta es "un fraude de ley para cometer una prevaricación y malversación de caudales públicos. Se habría adaptado la normativa a conveniencia para evitar, precisamente, la aplicación de la normativa que verdaderamente regía la situación".
¿QUIÉN FIGURA COMO INVESTIGADO?
Hay cuarenta personas como investigadas -antes imputadas-, entre las que figuran cuatro ex consejeros de la Junta: Francisco Vallejo -ya condenado a 7 años de cárcel en el 'caso ERE' y también investigado en el caso de corrupción de Invercaria-, Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio -también imputado en la causa judicial sobre el presunto fraude de los cursos de formación-.
En el 'caso Isofotón' están llamados como investigados otros dos ex altos cargos de la Junta involucrados en la macrocausa de corrupción sobre Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta que repartió fondos millonarios sin control. Se trata del sobrino de Felipe González: Juan María González Mejías y Francisco Álvaro Julio. Ambos fueron presidentes de Invercaria y directivos de IDEA.
En la lista de imputados del caso Isofotón hay también tres ex viceconsejeros: Jesús María Rodríguez Román, Agustín Barberá y Luis Nieto Ballesteros. Los dos primeros han sido condenados por el caso ERE, si bien la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo. Nieto Ballesteros, tras su etapa de alto cargo, fue fichado por la empresa de cursos de formación ligada al ex 'número 2' del PSOE andaluz Rafael Velasco, subvencionada por la Junta e investigada por el fraude de la formación.
Además, la instructora ha citado como investigados a los ex directores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano Aguilar, al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz -que fue uno de los tres únicos absueltos por el caso ERE-, al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón, así como a los "responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares": los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano y a Óscar López García.
El pasado 24 de julio, la juez instructora dictó un auto en el que llama a declarar a los 40 investigados y a cinco técnicos de IDEA como testigos. Están citados de forma escalonada a partir del 15 de octubre y hasta el 24 de noviembre.
¿EN QUÉ AFECTA A LA VICEPRESIDENTA RIBERA?
La actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, estuvo trabajando en Isofotón entre septiembre de 2012 y mayo de 2013 como directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales.
Fue un fichaje estrella de Isofotón, que recurrió a la entonces ex secretaria de Estado de Cambio Climático en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para "consolidar su posición en mercados emergentes y afianzar su apuesta por un crecimiento verde y respetuoso con el medio ambiente", según dijo en septiembre de 2012 la compañía malagueña.
"En estos momentos, en los que el sector se encuentra inmerso en un proceso de transformación, es prioritario reforzar las áreas de nuestra empresa con profesionales que conozcan el mercado internacional y tengan la protección del medio ambiente como base de toda actuación", afirmó el entonces presidente de Isofotón, Ángel Luis Serrano, tras incorporar a Ribera a la compañía.
Serrano figura en la lista de los 40 imputados llamados a declarar por la juez. Sin embargo, la vicepresidenta no ha sido citada. En el periodo en el que la vicepresidenta estuvo en Isofotón, la compañía malagueña no recibió ninguna ayuda pública. La última es el préstamo por valor de 8,3 millones concedido el 10 de agosto de 2012. Ribera desembarcó en Isofotón un mes después.
En el curriculum oficial de la vicepresidenta colgado en la web de la Presidencia del Gobierno no hay ninguna mención a su breve paso por Isofotón.
¿CUÁL ES EL ORIGEN DE ESTE CASO?

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La investigación parte de la denuncia interpuesta por el comité de empresa de Isofotón el 10 de febrero de 2014 ante la juez que instruía entonces el caso ERE: Mercedes Alaya. La magistrada dedujo testimonio, al ver indicios de delito, y el caso fue a reparto. Recayó en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, que abrió en 2015 las diligencias previas 3268/2015.
Los trabajadores de Isofotón alertaban en su denuncia de que la Junta estaba inyectando fondos millonarios en la compañía, pero que no se había evitado el cierre de la empresa y el despido de los empleados.


 

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La juez busca los 80,5 millones concedidos a Isofotón en 500 actas de los gobiernos socialistas de Andalucía
Reclama los acuerdos de los Consejos de Gobierno sobre las ayudas dadas a la empresa solar
Antonio R. VegaSEVILLA Actualizado:15/10/2020 07:44hGUARDAR
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La investigación judicial del supuesto desvío de ayudas millonarias concedidas por la Junta de Andalucía a la empresa solar Isofotón S.A. ha subido un peldaño en la escalera de responsabilidades de los antiguos gobiernos del PSOE. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha pedido a la Consejería de la Presidencia de la Junta que «aporte» las más de 500 actas de las sesiones del Consejo de Gobierno andaluz celebradas entre los ejercicios 2005 a 2015, ambos incluidos, en busca de los acuerdos adoptados para beneficiar a la extinta compañía malagueña. Los gobiernos socialistas concedieron a Isofotón 80,5 millones de euros mediante ayudas a fondo perdido y préstamos plagados de irregularidades, de los que se investigan 44,15 millones que llegó a cobrar y no devolvió.
La iniciativa parte de los fiscales delegados de Anticorrupción María Nazaret Salguero y Fernando Soto, que solicitaron las actas de las reuniones de los exmandatarios con sus consejeros. Para reclamar las actas, la instructora dictó una providencia el pasado 13 de octubre, adelantada por ABC en su versión digital, en la que también acepta la personación del PP andaluz como acusación popular.

La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero participó en dichos consejos

La Fiscalía y la juez tratan de conocer la implicación del máximo órgano ejecutivo de la comunidad autónoma en la aprobación de las ayudas otorgadas por la agencia autonómica IDEA y su filial Soprea a la empresa de energía fotovoltaica, hoy en liquidación. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero participó en dichos consejos, primero, en su condición de consejera andaluza de Salud y, después, como titular autonómica de Hacienda, entre 2013 y 2018.

Fuerte inyección de fondos públicos
Los gobiernos socialistas hicieron una fuerte inyección de fondos públicos a Isofotón S.A. entre 2005 y 2012, incluso con las cuentas de resultados en números rojos y supuestamente maquilladas, con la connivencia de excargos del Ejecutivo andaluz, según el escrito de la Fiscalía que impulsa esta investigación. En el año 2010, la factoría malagueña fue vendida por el precio simbólico de 1 euro. En enero de 2014 echó el cierre y despidió a sus últimos 297 trabajadores. Entre 2010 y 2012, la Junta le concedió 29 millones a través de avales y un préstamo de 8,39 millones. Los Consejos de Gobierno ratificaron entre 2007 y 2011 avales dados a Isofotón por importe de más de 71 millones, que al superar el umbral de los 1,2 millones exigieron el permiso del Consejo de Gobierno.
La juez ha citado hoy a declarar como investigados a tres exdirectivos de la empresa, los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano y Óscar López, quien figuró como apoderado. Además están encausados 37 ex responsables de la Junta por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. Los investigados de mayor rango son los exconsejeros Antonio Ávila (Economía), Manuel Recio (Empleo), Martín Soler y Francisco Vallejo (Innovación).

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acusó a ex altos cargos de los Ejecutivos de Griñán y de Susana Díaz de «ocultarle» hasta «en tres momentos» la concesión de ayudas por 43 millones en 2007 a la firma, de los que habría cobrado más de 6 millones.
Ribera: «No tuve poderes»
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue fichada como directiva de Isofotón para pilotar un plan de expansión internacional financiado con un préstamo de 8,3 millones de la Junta. En la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso, el PP le preguntó por este asunto y acusó a Ribera de estar «salpicada por una trama corrupta» en la empresa. El diputado Juan Diego Requena le reprochó a la ministra que es «protagonista de una puerta giratoria vergonzosa» que «ha costado 80 millones de dinero público para que trabajara» en la malograda empresa. La vicepresidenta cuarta le rebatió que «ha pinchado hueso» porque «ni tuve poderes ni tuve firma jamás en esa compañía

 

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