La corrupcion del PSOE (1 Viewer)


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El juez reactiva el caso de los 2.900 millones en ayudas de formación repartidas por gobiernos socialistas de Andalucía
Encarga a la Guardia Civil un informe de inteligencia policial para conocer si hubo trato de favor a determinadas empresas, causa que archivó la juez Núñez

El juez José Ignacio Vilaplana da el empujón definitivo a la causa política del caso Formación, la investigación abierta contra 24 antiguos cargos de la Junta de Andalucía que fue archivada por la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, y reabierta hace un año por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. La sala ordenó practicar las diligencias que rechazaba tras estimar parcialmente un recurso presentado por la acusación popular que ejerce el PP andaluz en la pieza más decisiva de la macrocausa de formación.

En un auto dictado el viernes 31 de julio al que ha accedido ABC, el magistrado ordena practicar numerosas diligencias, tal y como ordenó la Audiencia de Sevilla tras tumbar el sobreseimiento de la causa. Vilaplana encarga un informe de inteligencia policial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una vez que analice todos los miles de expedientes de subvenciones para el desarrollo de acciones formativas relativas a Formación Profesional para el Empleo concedidas durante los años 2009 a 2012 por distintos gobiernos socialistas.

La investigación se centra en el control y gestión de los casi 3.000 millones de euros —se repartieron 2.896,48 millones entre 2002 y 2012— empleados en once años para la formación de parados en la comunidad con mayor número de parados de España.

El objetivo es averiguar si se generó a conciencia «una situación de falta de control de las subvenciones y fondos comprometidos destinada, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas y entidades beneficiarias de aquéllas con el consiguiente menoscabo del interés y de los correspondientes fondos públicos».

«Una vez obtenida toda la documental de la Consejería de Empleo y el resto de informes y actuaciones anteriores, cuya práctica se acuerda en la presente resolución, la Unidad Central Operativa de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil deberá elaborar Atestado con Informe de Inteligencia Policial sobre el resultado final de la investigación», acuerda el instructor.


Peritos designados

El juez libra un oficio a la UCO por el que le insta a continuar con las pesquisas con el fin de lograr el «total esclarecimiento de los hechos y, en particular, proceda al análisis y examen, con la asistencia de los peritos designados, Interventor de la Junta de Andalucía e Interventor de la Intervención General del Estado, de los expedientes digitalizados aportados a este Juzgado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía con fecha de entrada 14 de julio de 2020».

Los investigadores se encargarán de cotejarlos con los examinados ya en el procedimiento a través de la aplicaciones informáticas y «comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados y que se ponen de relieve, especialmente en los informes de la Intervención obrantes en autos».

Entre otras cuestiones, la UCO deberá revisar si los expedientes de subvenciones cuentan con la «debida justificación» y si las empresas carecían de deudas previas con la Administración, incluyendo las de Seguridad Social y Tributarias o si tenía otras ayudas concedidas con anterioridad pendientes de justificación, la correcta baremación de los solicitantes -y beneficiarios- de las subvenciones para formación para el empleo. Además, cotejará la aportación de las facturas justificativas, la correcta acreditación de selección de alumnos y actas de selección de los mismos, así como el cumplimiento de la obligación de contratación por cuenta ajena del 60% de los alumnos en los cursos con compromiso de contratación o la existencia de partes de firmas de los alumnos.

En resumen, el juez insta a la UCO a hacer constar todas las «irregularidades» que encuentre, así como si se inició «el correspondiente expediente o procedimiento debió haber ser objeto de inicio de reintegro total o parcial, conforme a la disciplina administrativa, económica y financiera aplicable».

El juez quiere que la Guardia Civil detalle «cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto de los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016 que se dice en referido informe (anterior) de 25 de abril de 2016, ni los resultantes de los 260 que se dicen parcialmente justificados» en dicho análisis.

En su auto, el magistrado hace hincapié en la necesidad de aclarar si la Junta, a través del Servicio Andaluz de Empleo, benefició a empresas fantasma y sin actividad real, creadas con el único fin de captar fondos publicos. En concreto, insiste en la necesida de determinar tres cuestiones: «a) si las entidades seleccionadas para dar cursos, sin que conste baremación, incluían algunas de constitución ad hoc o meramente instrumentales; b) si las entidades inscritas en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía existían y tenían efectiva actividad o se constituyeron ad hoc para proceder a su inmediata inscripción.; c) si existen empresas o entidades a las que se les ha concedido subvenciones estando pendientes de justificar anteriores no estando comprendidas en resolución de exceptuación alguna».

El juez solicita un informe sobre si el sistema Júpiter, implantado por la Junta de Andalucía, «permitía registrar como beneficiario de subvenciones a personas físicas o jurídicas o entidades que no estuvieran inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, o si era posible inscribirlo de forma inmediata y/o simultánea al inicio de la apertura del correspondiente expediente en dicho sistema».

Además, Vilaplana encarga otro estudio sobre «las subsanaciones y/o mejoras introducidas a raíz de la elaboración de los Informes de la Intervención de la Junta de Andalucía sobre Control Especial de Subvenciones de Formación para el empleo, ejercicios 2009-2012 en las distintas provincias andaluzas».

La Audiencia reabrió la pieza clave del fraude de la formación casi tres años después de un carpetazo que supuso un balón de oxígeno para el anterior Gobierno de Susana Díaz. La Junta había mostrado sin disimulo sus ansias por enterrar cuanto antes un caso que ocupaba el primer puesto en su orden de preocupaciones.

La sala ordenó a la juez practicar una serie de pruebas y diligencias de investigación ya admitidas por la juez Mercedes Alaya que su sucesora rehusó llevar a cabo en una causa que analiza las irregularidades cometidas en la concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a cursos por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2012.


 

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Detenido un juez del Constitucional por un incidente de presunta violencia de género

Conmoción en el TC por la situación Fernando Valdés, elegido magistrado a propuesta del PSOE, que ha sido puesto en libertad con cargos por el Juzgado.
11 agosto, 2020 13:50

El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés ha sido detenido por la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda (Madrid) debido a un incidente de presunta violencia de género del que habría sido víctima su esposa esta madrugada.
Valdés es aforado debido a su cargo en el TC, por lo que la detención sólo ha podido deberse a que los agentes han apreciado que se estaba produciendo un presunto delito flagrante.

Fernando Valdés fue puesto esta mañana a disposición de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha acordado la puesta en libertad del jurista a primera hora de esta tarde.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que la jueza ha valorado la edad y condiciones de salud del magistrado como circunstancias que han aconsejado su libertad, aunque sigue con cargos. El Juzgado valorará en las próximas horas la remisión del asunto al Tribunal Supremo, dado que, por su cargo de miembro del TC, tiene fuero ante la Sala Penal.

Valdés, de 75 años, es uno de los cuatro miembros del Constitucional que deberían haber sido renovados hace un año, cuando concluyó su mandato.

Catedrático de Derecho del Trabajo, fue elegido juez del TC por el Congreso en 2012 a propuesta del PSOE.

La situación de Valdés ha causado conmoción en el Tribunal Constitucional, cuyo presidente, Juan José González Rivas, ha interrumpido sus vacaciones. Valdés es un magistrado apreciado en el TC, donde ha mantenido firmes posiciones de defensa de los derechos de la mujer y contra toda manifestación de violencia. Por ello, se cree que su situación de salud y el tratamiento médico al que está sometido puede haber tenido influencia en el episodio que ha dado lugar a su detención.

Fuentes del tribunal aseguraron que la esposa del magistrado no ha sido la que le ha denunciado, sino que lo hicieron unos vecinos alertados por una fuerte discusión. Tras el episodio, Valdés sufrió una crisis de salud y tuvo que ser llevado a un hospital.

Fernando Valdés es el segundo juez del TC implicado en un supuesto delito flagrante. Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, fue interceptado por una patrulla de Policía municipal en Madrid en junio de 2014 y encausado por un delito contra la seguridad vial. López dimitió de inmediato como magistrado del Tribunal Constitucional.


 
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EL TC SE APRESURÓ A PEDIR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PARA EL MAGISTRADO SOCIALISTA

La juez eleva al Supremo la causa contra el presunto maltratador Valdés (PSOE), amparado por un Constitucional que dejó caer a Enrique López (PP) por un positivo en alcoholemia
El PP de Mariano Rajoy se puso de perfil con López pese a que su delito era mucho menor



El Tribunal Constitucional ampara a un presunto maltratador alegando el consabido respeto a la presunción de inocencia.

Lo cierto es que el caso del magistrado Fernando Valdés apesta a un doble rasero judicial y partidista intolerable.

Se da aquí la curiosa circunstancia de que el juez acusado y, de momento, puesto en libertad, es uno de los miembros del Tribunal Constitucional designado por el PSOE.

Sin embargo, la hemeroteca, la siempre maldita hemeroteca, resucita ‘viejos cadáveres’ informativos y sale a colación lo sucedido con Enrique López y la flojera que le entró a un Partido Popular que fue incapaz de defender a uno de los suyos. Y encima por un delito menor, el de un positivo en un control de alcoholemia.

El magistrado de Constitucional Enrique López, designado a propuesta del PP, fue pillado en junio de 2014 sin casco y con un par de copas.

El juez tuvo que presentar su dimision en el TC y fue proscrito -con el apoyo de los lilas del PP de Rajoy– casi ipso facto.

Valdés, que es del PSOE y perpetró el presuntamnete el delito de violencia de genero -pegar a su mujer- ahí sigue tan pancho.

Y eso no es lo más llamativo, sino la cobertura que hacen del tema laSexta, RTVE y otros de la Brunete Pedrete, que ahi, como con los chanchullos de Unidas Podemos, solo ven supuestos indicios.

LA MAGISTRADA ELEVA LA CAUSA AL SUPREMO

La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Majadahonda (Madrid), especializado en Violencia Sobre la Mujer no termina de ver ‘limpio’ a Valdés y acordó elevar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el expediente sobre la detención de este magistrado.

La exposición razonada se eleva a los efectos de la supuesta e indiciaria comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en artículo 153 del Código Penal.

La magistrada acordó la libertad de Valdés tras ser detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la supuesta comisión de un delito de violencia de género sobre su mujer.

La autoridad judicial adoptó esta decisión tras valorar el estado de salud y la edad del detenido (75 años), teniendo en cuenta la epidemia sanitaria y que, por su condición de magistrado del TC, está aforado ante el Tribunal Supremo.

El paso que da ahora es el preceptivo para traspasar las diligencias al TS. El magistrado del Constitucional fue detenido la madrugada del 11 de agosto de 2020 en su domicilio de Majadahonda tras haber recibido la Guardia Civil un aviso por la presunta comisión de un delito de violencia de género sobre su esposa.

El juez fue puesto a disposición judicial en su municipio, pero su causa deberá pasar al Tribunal Supremo por la condición de aforado de este vocal del TC.

Según la normativa vigente para los aforados, su detención sólo se pudo producir al haber sido sorprendido en delito flagrante, es decir, en el momento de cometerlo. En sus primeras declaraciones, su pareja negó que se hubiera producido un delito de violencia de género, aunque admitió que discutieron y ambos se gritaron.


 
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Las comisiones de los contratos del Covid fueron de 60 millones
El PP siente «vergüenza de que algunos se hagan ricos con la salud de los españoles»
Paloma Cervilla
Paloma CervillaSEGUIRMADRID Actualizado:20/09/2020 01:49hGUARDAR
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El Gobierno ha terminado por admitir por escrito que las comisiones que han cobrado los empresarios que han hecho negocio con el material sanitario adquirido durante el estado de alarma de la pandemia de la Covid-19 es de un 6%. Ello supone que los mil millones que el Ejecutivo de Sánchez habilitó para atender las necesidades del estado de alarma han derivado en un beneficio empresarial de 60 millones de euros.
Todavía habrá tiempo para desmenuzar cada uno de los contratos que han adjudicado los 22 ministerios, que el Ejecutivo está entregando con cuenta gotas al Grupo Popular en el Senado. Los senadores de esta formación política, Teresa Ruiz-Sillero y Antonio Román, han iniciado una cruzada para conocer esta derivada económica, que ahora empieza a dar sus frutos.










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Los obstáculos que ha puesto el Gobierno para contestar a las preguntas por escrito han sido muchos. En su primer paquete de interpelaciones sobre el número de contratos publicados en el Portal de la Transparencia, el Ejecutivo los derivó a la Plataforma de Contratación del Ministerio de Hacienda, a los comunicados de La Moncloa y a las ruedas de prensa, como publicó ABC en su edición del pasado 6 de junio. Posteriormente, preguntaron sobre los contratos adjudicados y el beneficio empresarial, y les remitieron al mismo portal. El PP, empecinado en saber cómo se ha gastado ese dinero, presentó un escrito de disconformidad con esta respuesta, otros 22, uno por cada ministerio.

El 6% de mil millones
Las respuestas han empezado a llegar, el pasado 11 de septiembre, concretamente las correspondientes a los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En el documento del departamento que dirige Reyes Maroto es donde el Gobierno confiesa el importe de las comisiones, al afirmar que «en cuanto al beneficio empresarial o del intermediario del contrato, se podría considerar un 6% en todos ellos, como en los contratos de obra». El Ministerio de Industria suscribió seis contratos por un importe de 74.558, 85 euros.
En el caso del departamento que dirige Nadia Calviño, no se especifica el beneficio empresarial que se han llevado los intermediarios. El importe total de los contratos ha sido de 824.739,29 euros.
Tras conocer el texto de las respuestas a sus preguntas, la senadora popular Teresa Ruiz-Sillero aseguró a ABC que «nos produce vergüenza tener un Gobierno que permite a algunos hacerse rico a costa de la salud de los españoles. El Gobierno dice que se podría considerar que el beneficio ha sido de un seis por ciento, pero podría ser de un diez o un doce».
Con el objetivo de ahondar más en el contenido de estos polémicos contratos, algunos de los cuales fueron de material de dudosa calidad, la senadora popular afirma que «en aras de la transparencia, el Gobierno tendría que informar de esos intermediarios que han recibido esas comisiones para saber quienes han sido los más beneficiados en el negocio del suministro del material». Además, Ruiz-Sillero alerta de que en la respuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital «no nos dicen qué comisión se ha pagado, ocultando un dato relevante».
Los populares están a la espera de recibir las respuestas del resto de los ministerios, pero ya advierten de que «seguiremos insistiendo en los contratos y en las comisiones pagadas porque estamos hablando de muchísimo dinero».
La falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido una constante durante el estado de alarma, ya que paralizó los plazos de contestación del Portal


 

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