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La corrupcion del PSOE
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Susana dice que se casó con un “tieso”. Un chupatintas ya, pero cobraba nominas de tutor/profesor por la cara. Es parte del entramado de UGT para robar el dinero de los desempleados andaluces.
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Siete empresas en las facturas amañadas de UGT-A: De los 700 maletines falsos a los alquileres ficticios
Entre los quince procesados por el juez del 'caso ERE' figuran diez responsables de siete empresas que confeccionaban facturas falsas a demanda de UGT-A
Uno de los maletines comprados por UGT-A para repartirlos en un congreso del sindicato. EL MUNDO
Las siete empresas involucradas por el juez en el presunto fraude cometido por los responsables de UGT-A son proveedores de "confianza" del sindicato de los que viene informando EL MUNDO desde el año 2013, cuando este diario destapó la presunta trama diseñada por el sindicato para financiarse de forma irregular con el dinero de las subvenciones para los parados y otros fines que le concedía la Junta de Andalucía.
Estas empresas prestaron "colaboración directa" a UGT y emitieron facturas con conceptos que sirvieran para justificar ayudas. Entre las sociedades figura Publicar D&M, la firma que confeccionó los recibos para camuflar los 700 maletines falsificados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso regional.
Otro "mecanismo defraudatorio" que destaca el juez son los alquileres presuntamente ficticios canalizados a través de la sociedad Soralpe, propiedad del sindicato, y el Ifes, el instituto de UGT que se encargaba de dar los cursos de formación.
Entre las empresas que participaron en el supuesto fraude, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, destaca Chavsa, Lienzo Gráfico, Siosa, Viajes Macarena, Karonte Nuevos Desarrollos, Carpetas Badía y Publicar D&M, según el auto conocido este miércoles.
Con las siete, UGT-A llegó a acumular un 'bote' de 674.993,62 euros hasta diciembre de 2013, según revela la documentación incautada en las sedes del sindicato y en sus empresas proveedoras. El 'bote' es uno de los tres mecanismos "defraudatorios" que utilizó el sindicato para desviar ayudas. Iba engordando con cada factura falsa colocada a la Junta a la hora de justificar subvenciones.
El dinero que se iba acumulando en el 'bote' con los proveedores, UGT-A lo utilizaba para adquirir bienes que nada tenían que ver con los proyectos subvencionados.
El juez ha procesado a 15 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil: los diez responsables de estas sociedades y cinco ex dirigentes del sindicato y su empresa Soralpe, entre ellos el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y el ex tesorero Federico Fresneda.
Los maletines
El juez ha procesado a las hermanas Mónica C.E. y Diana C.E. de la empresa Publicar D&M. Esta sociedad es la que confeccionó cinco facturas presuntamente falsas para camuflar el gasto de 100.238,73 euros que hizo el sindicato en 700 maletines idénticos a los de una conocida marca, aunque sin el logotipo de la firma, y 1.000 bolígrafos de Francis Montesinos que UGT-A repartió entre los delegados que asistieron a su IX Congreso, un escándalo del que informó este diario el 3 de diciembre de 2013.
En este congreso, celebrado en septiembre de 2009 en Sevilla, Manuel Pastrana salió reelegido como secretario general andaluz de UGT. Pastrana ha sido apartado de la causa judicial y la causa ha sido archivada sobre él por la enfermedad que padece.
Publicar D&M elaboró cinco facturas con conceptos que le sirvieran al sindicato para justificar subvenciones ante la Junta. De hecho, el gasto en los maletines presuntamente falsificados en fábricas de Asia y en los bolígrafos de marca fue cargado por UGT-A a cuatro ayudas diferentes que contaban con fondos de la Unión Europea. Una iba destinada a cursos de formación y otra a defensa legal gratuita de las mujeres discriminadas en su puesto de trabajo por razón de s*x*.
La factura presuntamente falsa de mayor importe confeccionada por Publicar D&M es la número 2911040 por 51.236,69 euros correspondientes a la publicidad del programa Forman XXI. Expediente 98/2008/J244, el concepto que se usó para camuflar los bolsos y los bolígrafos. El programa Forman XXI incluye cursos de formación para desempleados.
Curiosamente, este expediente ha quedado fuera de la investigación judicial, que se ha centrado exclusivamente en el periodo que abarca de 2009 a 2013. Esta subvención es del año anterior.
Entre la documentación incautada por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden judicial se incluyen correos electrónicos que incriminan a Publicar D&M. Diana C.E., responsable de contabilidad de esta proveedora, envió el siguiente correo a Lola Sánchez, entonces responsable del departamento de compras de UGT-A y procesada ahora por el juez: "¿Queréis una factura por su importe real, o por otro?".
En el auto conocido este miércoles, el juez menciona el expediente de ayudas 98/2009/J/217, en virtud del cual la Junta otorgó 8 millones de euros a UGT para que hiciera 183 cursos. Tan plagado está de irregularidades que el importe "no subvencionable" se eleva a 7,5 millones.
A esta ayuda, UGT cargó de manera irregular facturas de su proveedora Siosa, la empresa madrileña especializada la instalación de redes informáticas en la que hubo cinco detenidos, si bien finalmente sólo ha sido procesado por el juez José Luis C.A. Sobre la factura número 1/2010/1458 de Siosa, el instructor dice que "no permite valorar el servicio que se presta y su elegibilidad". Por lo tanto, no es subvencionable.
Precisamente en esta ayuda de 8 millones de euros se cargaron de forma irregular nóminas de José María Moriche, el marido de Susana Díaz, líder del PSOE andaluz y ex presidenta de la Junta, durante su etapa como auxiliar administrativo en Ifes, el ente de UGT encargado de dar los cursos.
Igualmente, el auto judicial menciona numerosas facturas irregulares de Chavsa, la firma sevillana dedicada a la venta de mobiliario de oficina que amuebló múltiples aulas formativas del sindicato donde se impartían los cursos de formación subvencionados. Su responsable Simón María C.D.L.F. es otro de los procesados.
La lista de proveedores de UGT-A procesados por el juez se completa con José P.D.A., de la Imprenta Pineda; Diego Francisco D.M.L.C., de Lienzo Gráfico; Moisés de los Ángeles M.M., de Viajes Macarena; Moisés Ángel G.G., de Karonte Nuevos Desarrollos; y Deseada F.A. y María Antonieta D.G., ambas de Carpetas Badía.
Otro mecanismo empleado por UGT para desviar ayudas era el alquiler supuestamente ficticio de locales y aulas para el que utilizaba a la empresa Soralpe, de la que el sindicato era el único socio, y al Ifes.
Para ello, el sindicato utilizó sedes que le habían cedido el Gobierno y hasta la ONCE a coste cero. Sin embargo, UGT-A le endosaba facturas a la Junta por el alquiler de estos locales. El caso más llamativo es el de un inmueble ubicado en el municipio gaditano de Algeciras, en la calle Baluarte, por el que Soralpe emitió una factura por importe de 129.196,88 euros. En realidad, era un edificio que le había cedido la ONCE a UGT-A, destaca el auto judicial.
www.elmundo.es
- SILVIA MORENO
@silviamorenon
Sevilla
Entre los quince procesados por el juez del 'caso ERE' figuran diez responsables de siete empresas que confeccionaban facturas falsas a demanda de UGT-A
Uno de los maletines comprados por UGT-A para repartirlos en un congreso del sindicato. EL MUNDO
- Tribunales. UGT-A minimiza las acusaciones del juez y dice que solo han sido procesados tres ex dirigentes del sindicato
- Tribunales. El juez sienta a UGT en el banquillo por saquear a los parados para sus gastos
Las siete empresas involucradas por el juez en el presunto fraude cometido por los responsables de UGT-A son proveedores de "confianza" del sindicato de los que viene informando EL MUNDO desde el año 2013, cuando este diario destapó la presunta trama diseñada por el sindicato para financiarse de forma irregular con el dinero de las subvenciones para los parados y otros fines que le concedía la Junta de Andalucía.
Estas empresas prestaron "colaboración directa" a UGT y emitieron facturas con conceptos que sirvieran para justificar ayudas. Entre las sociedades figura Publicar D&M, la firma que confeccionó los recibos para camuflar los 700 maletines falsificados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso regional.
Otro "mecanismo defraudatorio" que destaca el juez son los alquileres presuntamente ficticios canalizados a través de la sociedad Soralpe, propiedad del sindicato, y el Ifes, el instituto de UGT que se encargaba de dar los cursos de formación.
Entre las empresas que participaron en el supuesto fraude, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, destaca Chavsa, Lienzo Gráfico, Siosa, Viajes Macarena, Karonte Nuevos Desarrollos, Carpetas Badía y Publicar D&M, según el auto conocido este miércoles.
Con las siete, UGT-A llegó a acumular un 'bote' de 674.993,62 euros hasta diciembre de 2013, según revela la documentación incautada en las sedes del sindicato y en sus empresas proveedoras. El 'bote' es uno de los tres mecanismos "defraudatorios" que utilizó el sindicato para desviar ayudas. Iba engordando con cada factura falsa colocada a la Junta a la hora de justificar subvenciones.
El dinero que se iba acumulando en el 'bote' con los proveedores, UGT-A lo utilizaba para adquirir bienes que nada tenían que ver con los proyectos subvencionados.
El juez ha procesado a 15 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil: los diez responsables de estas sociedades y cinco ex dirigentes del sindicato y su empresa Soralpe, entre ellos el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y el ex tesorero Federico Fresneda.
Los maletines
El juez ha procesado a las hermanas Mónica C.E. y Diana C.E. de la empresa Publicar D&M. Esta sociedad es la que confeccionó cinco facturas presuntamente falsas para camuflar el gasto de 100.238,73 euros que hizo el sindicato en 700 maletines idénticos a los de una conocida marca, aunque sin el logotipo de la firma, y 1.000 bolígrafos de Francis Montesinos que UGT-A repartió entre los delegados que asistieron a su IX Congreso, un escándalo del que informó este diario el 3 de diciembre de 2013.
En este congreso, celebrado en septiembre de 2009 en Sevilla, Manuel Pastrana salió reelegido como secretario general andaluz de UGT. Pastrana ha sido apartado de la causa judicial y la causa ha sido archivada sobre él por la enfermedad que padece.
Publicar D&M elaboró cinco facturas con conceptos que le sirvieran al sindicato para justificar subvenciones ante la Junta. De hecho, el gasto en los maletines presuntamente falsificados en fábricas de Asia y en los bolígrafos de marca fue cargado por UGT-A a cuatro ayudas diferentes que contaban con fondos de la Unión Europea. Una iba destinada a cursos de formación y otra a defensa legal gratuita de las mujeres discriminadas en su puesto de trabajo por razón de s*x*.
La factura presuntamente falsa de mayor importe confeccionada por Publicar D&M es la número 2911040 por 51.236,69 euros correspondientes a la publicidad del programa Forman XXI. Expediente 98/2008/J244, el concepto que se usó para camuflar los bolsos y los bolígrafos. El programa Forman XXI incluye cursos de formación para desempleados.
Curiosamente, este expediente ha quedado fuera de la investigación judicial, que se ha centrado exclusivamente en el periodo que abarca de 2009 a 2013. Esta subvención es del año anterior.
Entre la documentación incautada por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden judicial se incluyen correos electrónicos que incriminan a Publicar D&M. Diana C.E., responsable de contabilidad de esta proveedora, envió el siguiente correo a Lola Sánchez, entonces responsable del departamento de compras de UGT-A y procesada ahora por el juez: "¿Queréis una factura por su importe real, o por otro?".
En el auto conocido este miércoles, el juez menciona el expediente de ayudas 98/2009/J/217, en virtud del cual la Junta otorgó 8 millones de euros a UGT para que hiciera 183 cursos. Tan plagado está de irregularidades que el importe "no subvencionable" se eleva a 7,5 millones.
A esta ayuda, UGT cargó de manera irregular facturas de su proveedora Siosa, la empresa madrileña especializada la instalación de redes informáticas en la que hubo cinco detenidos, si bien finalmente sólo ha sido procesado por el juez José Luis C.A. Sobre la factura número 1/2010/1458 de Siosa, el instructor dice que "no permite valorar el servicio que se presta y su elegibilidad". Por lo tanto, no es subvencionable.
Precisamente en esta ayuda de 8 millones de euros se cargaron de forma irregular nóminas de José María Moriche, el marido de Susana Díaz, líder del PSOE andaluz y ex presidenta de la Junta, durante su etapa como auxiliar administrativo en Ifes, el ente de UGT encargado de dar los cursos.
Igualmente, el auto judicial menciona numerosas facturas irregulares de Chavsa, la firma sevillana dedicada a la venta de mobiliario de oficina que amuebló múltiples aulas formativas del sindicato donde se impartían los cursos de formación subvencionados. Su responsable Simón María C.D.L.F. es otro de los procesados.
La lista de proveedores de UGT-A procesados por el juez se completa con José P.D.A., de la Imprenta Pineda; Diego Francisco D.M.L.C., de Lienzo Gráfico; Moisés de los Ángeles M.M., de Viajes Macarena; Moisés Ángel G.G., de Karonte Nuevos Desarrollos; y Deseada F.A. y María Antonieta D.G., ambas de Carpetas Badía.
Otro mecanismo empleado por UGT para desviar ayudas era el alquiler supuestamente ficticio de locales y aulas para el que utilizaba a la empresa Soralpe, de la que el sindicato era el único socio, y al Ifes.
Para ello, el sindicato utilizó sedes que le habían cedido el Gobierno y hasta la ONCE a coste cero. Sin embargo, UGT-A le endosaba facturas a la Junta por el alquiler de estos locales. El caso más llamativo es el de un inmueble ubicado en el municipio gaditano de Algeciras, en la calle Baluarte, por el que Soralpe emitió una factura por importe de 129.196,88 euros. En realidad, era un edificio que le había cedido la ONCE a UGT-A, destaca el auto judicial.
Siete empresas en las facturas amañadas de UGT-A: De los 700 maletines falsos a los alquileres ficticios
El juez de Sevilla que ha colocado a la ex cúpula de UGT Andalucía a un paso del banquillo por un desvío de 40,7 millones de euros en subvenciones concedidas por el anterior gobier
www.elmundo.esCarmen Calvo aprobó el préstamo de los ERE sin informes jurídicos ni del interventor
El Consejo de Gobierno andaluz del que formaba parte la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aprobó en 1999 un plan de ayudas que la Justicia investiga ya por su dinámica similar a la de los ERE. El caso ha supuesto ya que el juez vuelva a imputar a Manuel Chaves y a otros cuatro ex consejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Las decisiones del Consejo de Gobierno son discutidas por todos los miembros y en esas fechas, Carmen Calvo lideraba la Consejería de Cultura. Como consta ya en la acusación del caso, todos ellos aprobaron las ayudas sin informe del interventor, ni del gabinete jurídico, ni de consignación presupuestaria.
El caso data del 9 de noviembre de 1999. Una fecha en la que el Ejecutivo autonómico acordó conceder un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA. El préstamo se daba tras hacerse cargo la empresa de una segunda firma: la cárnica Hijos de Andrés Molina. La amortización del crédito se diseñó para ser pagada contra las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro por inversiones y creación de empleo: que recibiría de la propia Junta de Andalucía. Traducido: la empresa no llegaba a pagar el préstamo. Y, pese a ello, la compañía acabó dejando sin devolver 3,75 millones.
Pero es que, además, la concesión de ayudas en la que está implicada la actual vicepresidenta Carmen Calvo -al formar parte del Consejo de Gobierno-, se realizó sin cumplir con las exigencias de control más básicas. Se omitió la pertinente celebración de la Comisión General de Viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno regional. La Comisión General debe supervisar todos los informes técnicos obligatorios para evitar el fraude en la concesión de ayudas. Y al omitir esa Comisión, se omitieron todos los informes. De esa manera, se aprobaron los préstamos de ayuda sin contar con tres informes totalmente necesarios para garantizar la limpieza de las subvenciones: el del gabinete jurídico, el informe sobre consignación presupuestaria, y el informe de los interventores en materia de fiscalización presupuestaria.
Esas irregularidades explican el empeño, demostrado ya por este diario, en que la misma Junta de Andalucía socialista que cometió el mayor fraude de corrupción de la democracia española, ocultará además, en 2018, y con actuales cargos del PSOE, algunas de las pruebas decisivas que develaban su fraude. Porque lo cierto es que ya en 1999 se realizaron pagos sin cumplir con las exigencias legales. Por ello, la Junta socialista ha evitado que documentos clave llegaran a la Justicia.
Ocultación de pruebas
OKDIARIO ha publicado ya algunos de los documentos que demuestran la ocultación de pruebas llevada a cabo por los socialistas negando ante la Audiencia Provincial de Sevilla la existencia de acuerdos del Gobierno andaluz de aquel año 1999 en los que se aprobaba el pago de partidas concretas de los ERE. Igualmente este diario ha mostrado el informe elaborado desde la Agencia pública IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) en el que, de nuevo, se niega la entrega de documentos a la Justicia porque, según sus afirmaciones, no existían los documentos.
En esos documentos diseñados para ocultar lo ocurrido se recoge un párrafo escrito por la Consejería de Presidencia de la Junta de Susana Díaz en el que se destaca, por ejemplo, lo siguiente: “Finalmente [se comunica] oficio del Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que señala que no hay constancia en sus archivos, de tal Convenio”.
El Convenio al que hace referencia estaba siendo reclamado judicialmente. Y es el documento por el que Gaspar Zarrías permitió la concesión de subvenciones a una de esas empresas de los ERE para que pagaran con fondos públicos el préstamo que igualmente la Junta socialista le concedió. Traducido: que la empresa se quedó el dinero porque recibió un préstamo público y lo devolvió con subvenciones públicas.
Lo más grave del caso es que la Junta que hizo todas esas operaciones es la misma en la que se sentaba como consejera la actual vicepresidenta Carmen Calvo. Y el préstamo fue realizado por acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se sentaba ella como consejera.
El empeño en negar la existencia de ese acuerdo de 1999 tiene su explicación. Y es que ese es uno de los expedientes en los que se destinó dinero público de los ERE antes del año 2001: la fecha en la que empezaron oficialmente las ayudas ilegales. Pero lo cierto es que la Justicia investiga ya concesiones previas. Porque lo que cambió ese 2001 fue únicamente la dinámica pública de ocultación. Ese año se genera el mecanismo de no pasar por el Consejo de Gobierno regional la aprobación de las ayudas precisamente para no dejar pruebas. Lo que quiere decir que hasta ese año, el dinero que se entregó sí dejó rastro público en las actas de Gobierno. Y esas actas son un documento público que debe ser guardado y custodiado. Por eso los socialistas querían que ese rastro no llegase a la Justicia.
okdiario.com
El Consejo de Gobierno andaluz del que formaba parte la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aprobó en 1999 un plan de ayudas que la Justicia investiga ya por su dinámica similar a la de los ERE. El caso ha supuesto ya que el juez vuelva a imputar a Manuel Chaves y a otros cuatro ex consejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Las decisiones del Consejo de Gobierno son discutidas por todos los miembros y en esas fechas, Carmen Calvo lideraba la Consejería de Cultura. Como consta ya en la acusación del caso, todos ellos aprobaron las ayudas sin informe del interventor, ni del gabinete jurídico, ni de consignación presupuestaria.
El caso data del 9 de noviembre de 1999. Una fecha en la que el Ejecutivo autonómico acordó conceder un préstamo-puente de 970 millones de pesetas (5.829.817 euros) a Campocarne Andalucía SA. El préstamo se daba tras hacerse cargo la empresa de una segunda firma: la cárnica Hijos de Andrés Molina. La amortización del crédito se diseñó para ser pagada contra las subvenciones que la compañía recibiría en el futuro por inversiones y creación de empleo: que recibiría de la propia Junta de Andalucía. Traducido: la empresa no llegaba a pagar el préstamo. Y, pese a ello, la compañía acabó dejando sin devolver 3,75 millones.
Pero es que, además, la concesión de ayudas en la que está implicada la actual vicepresidenta Carmen Calvo -al formar parte del Consejo de Gobierno-, se realizó sin cumplir con las exigencias de control más básicas. Se omitió la pertinente celebración de la Comisión General de Viceconsejeros previa al Consejo de Gobierno regional. La Comisión General debe supervisar todos los informes técnicos obligatorios para evitar el fraude en la concesión de ayudas. Y al omitir esa Comisión, se omitieron todos los informes. De esa manera, se aprobaron los préstamos de ayuda sin contar con tres informes totalmente necesarios para garantizar la limpieza de las subvenciones: el del gabinete jurídico, el informe sobre consignación presupuestaria, y el informe de los interventores en materia de fiscalización presupuestaria.
Esas irregularidades explican el empeño, demostrado ya por este diario, en que la misma Junta de Andalucía socialista que cometió el mayor fraude de corrupción de la democracia española, ocultará además, en 2018, y con actuales cargos del PSOE, algunas de las pruebas decisivas que develaban su fraude. Porque lo cierto es que ya en 1999 se realizaron pagos sin cumplir con las exigencias legales. Por ello, la Junta socialista ha evitado que documentos clave llegaran a la Justicia.
Ocultación de pruebas
OKDIARIO ha publicado ya algunos de los documentos que demuestran la ocultación de pruebas llevada a cabo por los socialistas negando ante la Audiencia Provincial de Sevilla la existencia de acuerdos del Gobierno andaluz de aquel año 1999 en los que se aprobaba el pago de partidas concretas de los ERE. Igualmente este diario ha mostrado el informe elaborado desde la Agencia pública IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) en el que, de nuevo, se niega la entrega de documentos a la Justicia porque, según sus afirmaciones, no existían los documentos.
En esos documentos diseñados para ocultar lo ocurrido se recoge un párrafo escrito por la Consejería de Presidencia de la Junta de Susana Díaz en el que se destaca, por ejemplo, lo siguiente: “Finalmente [se comunica] oficio del Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que señala que no hay constancia en sus archivos, de tal Convenio”.
El Convenio al que hace referencia estaba siendo reclamado judicialmente. Y es el documento por el que Gaspar Zarrías permitió la concesión de subvenciones a una de esas empresas de los ERE para que pagaran con fondos públicos el préstamo que igualmente la Junta socialista le concedió. Traducido: que la empresa se quedó el dinero porque recibió un préstamo público y lo devolvió con subvenciones públicas.
Lo más grave del caso es que la Junta que hizo todas esas operaciones es la misma en la que se sentaba como consejera la actual vicepresidenta Carmen Calvo. Y el préstamo fue realizado por acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se sentaba ella como consejera.
El empeño en negar la existencia de ese acuerdo de 1999 tiene su explicación. Y es que ese es uno de los expedientes en los que se destinó dinero público de los ERE antes del año 2001: la fecha en la que empezaron oficialmente las ayudas ilegales. Pero lo cierto es que la Justicia investiga ya concesiones previas. Porque lo que cambió ese 2001 fue únicamente la dinámica pública de ocultación. Ese año se genera el mecanismo de no pasar por el Consejo de Gobierno regional la aprobación de las ayudas precisamente para no dejar pruebas. Lo que quiere decir que hasta ese año, el dinero que se entregó sí dejó rastro público en las actas de Gobierno. Y esas actas son un documento público que debe ser guardado y custodiado. Por eso los socialistas querían que ese rastro no llegase a la Justicia.
Carmen Calvo aprobó el préstamo de los ERE sin informes jurídicos ni del interventor
El Consejo de Gobierno andaluz del que formaba parte Carmen Calvo aprobó en 1999 un plan de ayudas que la Justicia investiga por ser similar a los ERE.
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Vaya País de m....a
Vuelve Filesa, madre de las corrupciones
Vamos a concedernos la compensación de la memoria, el rescate de aquel bochorno, la fiebre mangante de aquellos años, que llevó a la Administración socialista a la corrupción total
El expresidente del Gobierno Felipe González. (EFE)
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JAVIER CARABALLO
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TIEMPO DE LECTURA5 min
10/12/2019 05:00
La época de mayor vigor corrupto que se ha vivido en España acaba de cerrarse, sin hacer ruido, en un juzgado de Madrid, en la plaza de Castilla. Por increíble que parezca, todavía permanecía abierta una pieza separada del escándalo de Filesa, aquel caso por el que fue condenado el PSOE de Felipe González por financiación ilegal, y 30 años después (¡30 años después!) un juez ha decidido archivar el caso, de acuerdo con la Fiscalía, porque ha constatado que los delitos que se perseguían ya han prescrito. Tal cual: “Dado que el procedimiento ha estado paralizado entre 2009 y 2015, sin que se haya producido avance alguno de la investigación en ese tiempo, deben declararse prescritos los delitos investigados”, dice el auto de archivo que ha adelantado el periódico 'ABC'.
Esto debe pasar solo en España, de verdad; no es posible que exista otro país en el mundo en el que sucedan estas cosas. Así que, por lo menos, vamos a concedernos la compensación de la memoria, el rescate de aquel bochorno, la fiebre mangante de aquellos años, finales de los ochenta, principios de los noventa, que llevó a la Administración socialista a la corrupción total. No había parcela que quedara a salvo de las comisiones ilegales, desde el Boletín Oficial del Estado hasta las casas cuartel de la Guardia Civil, pasando por los viajes que el Inserso pagaba a los jubilados. Precisamente, de esos viajes del Inserso procede este último escándalo que estaba aún pendiente de cerrar. Hasta que sin honor alguno le han dado carpetazo.
No había parcela que quedara a salvo de las comisiones ilegales, desde el Boletín Oficial del Estado hasta las casas cuartel de la Guardia Civil
Vayamos al origen de todo: como siempre, la financiación ilegal del partido político que estaba en el poder, el PSOE, por eso podemos considerar este escándalo de Filesa la madre de todas las corrupciones que han venido después. El entramado de Filesa supone, además, el caso más flagrante de corrupción institucionalizada, porque lo que hace el Partido Socialista en aquellos años es crear esa sociedad para intentar acabar con el descontrol del cobro de maletines que existía por toda España. Atención con este detalle: eran tantos los que iban por ahí cobrando comisiones en nombre del PSOE, especialmente en Andalucía, que el partido toma la decisión salomónica de crear una sociedad que se dedique exclusivamente a este menester en toda España.
Quien lo ha contado así ha sido uno de los pocos condenados de Filesa, Alberto Flores; como siempre, un ‘chivo expiatorio’ del partido al que dejaron tirado después. Y, también como siempre, los máximos responsables políticos del PSOE lo han negado todo. Pero en la sentencia del Tribunal Supremo, el primero de los hechos probados lo dice con absoluta claridad: “A mediados de 1987 se inició lo que poco después iba a ser un conglomerado de sociedades cuyo fin primordial era, de la manera que se dirá, la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados al Partido Socialista Obrero Español por las campañas electorales”.
Eran tantos los que iban cobrando comisiones en nombre del PSOE que el partido crea una sociedad que se dedica exclusivamente a este menester
Una de las sociedades que facturaban para entregar el dinero a Filesa era Viajes Ceres, la empresa a la que el Gobierno de Felipe González adjudicó los contratos mil millonarios de la época para que organizara los viajes del Inserso; en total, más de 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros, a los que habría que sumar la equivalencia de los 30 años transcurridos). Del dinero de los viajes de los pensionistas no se beneficiaba solo el partido, obviamente, sino que también aparecen algunos nombres que, misteriosamente, se enriquecieron con el dinero de aquellas comisiones. ¿Solo ellos o, en cambio, el dinero acababa en paraísos fiscales y beneficiaba a mucha más gente, dirigentes públicos del partido? Esa pregunta se queda siempre sin contestar; en este y en todos los demás casos de corrupción.
Justo al acabar este ‘trabajo’, Calatayud aparece como consejero de Telemundi, sin duda alguna el pillaje más descarado que se dio en la Expo 92
El personaje relevante de Viajes Ceres, que nos conectará, además, con la Exposición Universal de 1992 de Sevilla, es Juan Bautista Calatayud, procesado en este escándalo que acaba de ser archivado junto a otras seis personas, Rafael Novoa, Antonio Mata, Carlos Rodríguez, Eligio Salgueiro, Miguel Guijarro y Joaquín Lluch. Los contratos que el Gobierno socialista apañó para que se los llevara Viajes Ceres corresponden a los años 1988-1990 y, justo al acabar este ‘trabajo’, el mismo Juan Bautista Calatayud aparece como consejero de Telemundi, sin duda alguna el pillaje más descarado que se dio en la Expo 92.
Francisco Rubiales, que fue director de Comunicación de la muestra sevillana en la primera época, ha dejado escrito en su blog lo que supuso aquello: “La maquina oficial y visible de sacar dinero en la Expo 92 se llamó Telemundi, la empresa que cobraba a los participantes por derechos, exclusivas y concesiones. Por eso, porque su expolio era el menos sucio y el más disimulado, participaron en ella, de manera bastante visible, partidos, sindicatos y otras instituciones del Estado. Telemundi cobraba 'royalties' más altos de lo habitual, pero uno de sus miembros directivos, cuando yo estaba dentro de la organizadora de la exposición, me comentó: ‘La tarifa es lo habitual y hay mucho que repartir’. Aunque la labor de los recaudadores y comisionistas de los partidos fue más indecente y sucia, la realizada por Telemundi resultó uno de los capítulos más oscuros de la Expo 92. El juez Garzón acusó a esa empresa de haberse apropiado de más de 6.500 millones de pesetas en comisiones ilegales, que fueron a parar a distintos paraísos fiscales”.
Con el carpetazo de la última pieza de la trama de Filesa se cierra la que, quizá, pueda considerarse como la mayor etapa de corrupción de España
El carpetazo de la última pieza de la trama de Filesa, ese insólito archivo 30 años después, con todos los delitos ya prescritos, parece como un entierro de segunda con el que se cierra la que, quizá, pueda considerarse como la mayor etapa de corrupción de España, incluso por delante de las redes del Partido Popular que aún se siguen investigando. Un entierro de segunda, sin incienso ni ciriales, sin sermones ni dolientes. El cadáver putrefacto de quien se lleva los mayores secretos a la tumba
Vamos a concedernos la compensación de la memoria, el rescate de aquel bochorno, la fiebre mangante de aquellos años, que llevó a la Administración socialista a la corrupción total
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JAVIER CARABALLO
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10/12/2019 05:00
La época de mayor vigor corrupto que se ha vivido en España acaba de cerrarse, sin hacer ruido, en un juzgado de Madrid, en la plaza de Castilla. Por increíble que parezca, todavía permanecía abierta una pieza separada del escándalo de Filesa, aquel caso por el que fue condenado el PSOE de Felipe González por financiación ilegal, y 30 años después (¡30 años después!) un juez ha decidido archivar el caso, de acuerdo con la Fiscalía, porque ha constatado que los delitos que se perseguían ya han prescrito. Tal cual: “Dado que el procedimiento ha estado paralizado entre 2009 y 2015, sin que se haya producido avance alguno de la investigación en ese tiempo, deben declararse prescritos los delitos investigados”, dice el auto de archivo que ha adelantado el periódico 'ABC'.
Esto debe pasar solo en España, de verdad; no es posible que exista otro país en el mundo en el que sucedan estas cosas. Así que, por lo menos, vamos a concedernos la compensación de la memoria, el rescate de aquel bochorno, la fiebre mangante de aquellos años, finales de los ochenta, principios de los noventa, que llevó a la Administración socialista a la corrupción total. No había parcela que quedara a salvo de las comisiones ilegales, desde el Boletín Oficial del Estado hasta las casas cuartel de la Guardia Civil, pasando por los viajes que el Inserso pagaba a los jubilados. Precisamente, de esos viajes del Inserso procede este último escándalo que estaba aún pendiente de cerrar. Hasta que sin honor alguno le han dado carpetazo.
No había parcela que quedara a salvo de las comisiones ilegales, desde el Boletín Oficial del Estado hasta las casas cuartel de la Guardia Civil
Vayamos al origen de todo: como siempre, la financiación ilegal del partido político que estaba en el poder, el PSOE, por eso podemos considerar este escándalo de Filesa la madre de todas las corrupciones que han venido después. El entramado de Filesa supone, además, el caso más flagrante de corrupción institucionalizada, porque lo que hace el Partido Socialista en aquellos años es crear esa sociedad para intentar acabar con el descontrol del cobro de maletines que existía por toda España. Atención con este detalle: eran tantos los que iban por ahí cobrando comisiones en nombre del PSOE, especialmente en Andalucía, que el partido toma la decisión salomónica de crear una sociedad que se dedique exclusivamente a este menester en toda España.
Quien lo ha contado así ha sido uno de los pocos condenados de Filesa, Alberto Flores; como siempre, un ‘chivo expiatorio’ del partido al que dejaron tirado después. Y, también como siempre, los máximos responsables políticos del PSOE lo han negado todo. Pero en la sentencia del Tribunal Supremo, el primero de los hechos probados lo dice con absoluta claridad: “A mediados de 1987 se inició lo que poco después iba a ser un conglomerado de sociedades cuyo fin primordial era, de la manera que se dirá, la creación de fondos económicos necesarios para hacer frente a los gastos originados al Partido Socialista Obrero Español por las campañas electorales”.
Eran tantos los que iban cobrando comisiones en nombre del PSOE que el partido crea una sociedad que se dedica exclusivamente a este menester
Una de las sociedades que facturaban para entregar el dinero a Filesa era Viajes Ceres, la empresa a la que el Gobierno de Felipe González adjudicó los contratos mil millonarios de la época para que organizara los viajes del Inserso; en total, más de 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros, a los que habría que sumar la equivalencia de los 30 años transcurridos). Del dinero de los viajes de los pensionistas no se beneficiaba solo el partido, obviamente, sino que también aparecen algunos nombres que, misteriosamente, se enriquecieron con el dinero de aquellas comisiones. ¿Solo ellos o, en cambio, el dinero acababa en paraísos fiscales y beneficiaba a mucha más gente, dirigentes públicos del partido? Esa pregunta se queda siempre sin contestar; en este y en todos los demás casos de corrupción.
Justo al acabar este ‘trabajo’, Calatayud aparece como consejero de Telemundi, sin duda alguna el pillaje más descarado que se dio en la Expo 92
El personaje relevante de Viajes Ceres, que nos conectará, además, con la Exposición Universal de 1992 de Sevilla, es Juan Bautista Calatayud, procesado en este escándalo que acaba de ser archivado junto a otras seis personas, Rafael Novoa, Antonio Mata, Carlos Rodríguez, Eligio Salgueiro, Miguel Guijarro y Joaquín Lluch. Los contratos que el Gobierno socialista apañó para que se los llevara Viajes Ceres corresponden a los años 1988-1990 y, justo al acabar este ‘trabajo’, el mismo Juan Bautista Calatayud aparece como consejero de Telemundi, sin duda alguna el pillaje más descarado que se dio en la Expo 92.
Francisco Rubiales, que fue director de Comunicación de la muestra sevillana en la primera época, ha dejado escrito en su blog lo que supuso aquello: “La maquina oficial y visible de sacar dinero en la Expo 92 se llamó Telemundi, la empresa que cobraba a los participantes por derechos, exclusivas y concesiones. Por eso, porque su expolio era el menos sucio y el más disimulado, participaron en ella, de manera bastante visible, partidos, sindicatos y otras instituciones del Estado. Telemundi cobraba 'royalties' más altos de lo habitual, pero uno de sus miembros directivos, cuando yo estaba dentro de la organizadora de la exposición, me comentó: ‘La tarifa es lo habitual y hay mucho que repartir’. Aunque la labor de los recaudadores y comisionistas de los partidos fue más indecente y sucia, la realizada por Telemundi resultó uno de los capítulos más oscuros de la Expo 92. El juez Garzón acusó a esa empresa de haberse apropiado de más de 6.500 millones de pesetas en comisiones ilegales, que fueron a parar a distintos paraísos fiscales”.
Con el carpetazo de la última pieza de la trama de Filesa se cierra la que, quizá, pueda considerarse como la mayor etapa de corrupción de España
El carpetazo de la última pieza de la trama de Filesa, ese insólito archivo 30 años después, con todos los delitos ya prescritos, parece como un entierro de segunda con el que se cierra la que, quizá, pueda considerarse como la mayor etapa de corrupción de España, incluso por delante de las redes del Partido Popular que aún se siguen investigando. Un entierro de segunda, sin incienso ni ciriales, sin sermones ni dolientes. El cadáver putrefacto de quien se lleva los mayores secretos a la tumba
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