La corrupcion del PSOE (1 Viewer)

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El Tribunal de Cuentas hace un informe demoledor sobre las ayudas al carbón
Las ayudas al carbón han sido un pozo sin fondo. Así lo revela el informe del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones a la minería. Irregularidades, ineficiencia, ocultación...
Foto: Planta térmica de carbón de Aboño, en Asturias. (EFE)

Planta térmica de carbón de Aboño, en Asturias. (EFE)
Autor
Carlos Sánchez

11/02/2020 05:00

El informe del Tribunal de Cuentas no deja lugar a dudas. Y refleja con una contundencia inusual el descontrol en las ayudas a la minería del carbón entre 2006 y 2017. En total, 1.786 millones de euros que se han movido de forma “ineficiente”, “irregular”, “discrecional” o, incluso, de forma opaca. En todos los casos, al margen de las mínimas normas de contabilidad pública. De esa cantidad, 1.105 millones de euros fueron destinados a infraestructuras y 681 millones a proyectos empresariales “sin que se elaboraran estudios, análisis o memorias que facilitasen información sobre el impacto de los fondos aplicados”.

El documento se refiere a los diferentes planes de reindustrialización alternativos al carbón aprobados durante ese periodo, y que, según el órgano fiscalizador, “carecían de los elementos esenciales para poder surtir los efectos estratégicos, ya que no se habían definido objetivos ni indicadores para realizar un seguimiento de los progresos conseguidos con ellos, ni se cuantificaba el impacto que se esperaba lograr”.

Es más, sostiene el informe, las deficiencias en la preparación de los planes del carbón se tradujeron en la inclusión en ellos de medidas que “no tuvieron virtualidad alguna, ya que no se concretaron en ninguna actuación, ni tampoco implicaron la ejecución de recursos presupuestarios, como fue el caso de las medidas previstas para restaurar el medio ambiente y la seguridad minera”.

El Tribunal de Cuentas se refiere al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que era el encargado de gestionar los fondos públicos pese a que carecía de medios técnicos y humanos suficientes para gestionar tantos cientos de millones de euros.

Carácter no técnico

El origen de las ayudas durante ese periodo se encuentra en un real decreto aprobado en 2007, época de Joan Clos como ministro de Industria, y cuyos procedimientos, en opinión del tribunal, tenían ya “lagunas significativas” en aspectos que afectaban al control interno, lo que explica que varias subvenciones concedidas hayan sido objeto de procesos judiciales penales. Máxime cuando en las mesas regionales de la minería, que era donde se adjudicaban los proyectos, no había representación del instituto público, pese a que este era quien los financiaba. Esas mesas, dice el informe, carecían de límite cuantitativo, lo que, unido a su carácter no técnico, “incrementaba el riesgo de que las propuestas no se ajustaran a criterios de eficacia y eficiencia”.

El Tribunal de Cuentas pone como ejemplo la inexistencia de exámenes de viabilidad de las actuaciones a financiar, pero es que tampoco se fiscalizó si en la selección de las transferencias se tuvieron en cuenta ayudas previas en la ejecución de la misma infraestructura. Es decir, si se cobraba dos veces o más por el mismo proyecto. Igualmente, tampoco se concretó la documentación técnica a aportar en relación con cada proyecto.

Protestas mineras en Asturias. (EFE)

Protestas mineras en Asturias. (EFE)

Entre las “múltiples deficiencias” se destaca el excesivo grado de discrecionalidad en la política de subvenciones, lo que unido al hecho de que el instituto para la reestructuración de la minería renunciara a las labores de comprobación e inspección, alimentó ese descontrol.

Entre las irregularidades se encuentra la existencia de obras subvencionadas que se ejecutaron sobre terrenos de los que el ayuntamiento beneficiario “no era propietario”, lo que incumplía uno de los requisitos para obtener la subvención. Y se pone como ejemplo un caso en el que se descubrió la adquisición, financiada con cargo a las subvenciones de infraestructuras, por un ayuntamiento de un inmueble a una institución sin fin de lucro ajena al sector público. Esta operación, según el Tribunal de Cuentas, supuso un triple incumplimiento de la contabilidad pública.

El polígono fantasma
En otros casos, dice el informe, no coincidía el objeto o el proyecto de algunos convenios con lo realmente ejecutado de acuerdo con la justificación aportada, o bien el objeto del convenio no estaba comprendido en el ámbito objetivo de las actuaciones a financiar. En este caso, se ponen como ejemplo varias subvenciones al municipio de La Robla (León) para financiar un polígono industrial sin que se haya podido individualizar las ayudas, ni siquiera en el momento de hacer las auditorías.

El descontrol también afectó a las entidades sin fines de lucro que colaboraron y que se beneficiaron de los proyectos mineros. Y, en concreto, se afirma que las subvenciones se utilizaron, en ocasiones, para la provisión de bienes y servicios en favor de beneficiarios que concurrían con otros, lo que “pudo otorgarles una cierta ventaja competitiva”.

Según el informe, en algunos casos no coincidía el objeto o el proyecto de algunos convenios con lo realmente ejecutado según la documentación

El caso más llamativo es el de la residencia de mayores La Minería, cuya financiación integral corrió a cargo del instituto minero. La explotación de esta residencia se subcontrató al 100% sin que esa operación estuviera autorizada. Y lo que es más singular, la selección de la empresa que ejecutó las obras de construcción, que se ha relacionado con el exdirigente minero de UGT José Ángel Fernández Villa, “tuvo lugar nueve meses antes de que se firmara el convenio de concesión de la subvención”, dándose la circunstancia de que ese procedimiento de selección no cumplía “ninguno de los requisitos” fijados en la ley. Es más, el convenio fue suscrito con una entidad que tenía vedada la actividad objeto de la subvención en su condición de montepío.

El Tribunal de Cuentas denuncia, en concreto, que el beneficiario no ostentaba la titularidad de los terrenos donde se asentaba la residencia, carecía de licencia de obra y los terrenos donde se edificó la residencia tenían la calificación urbanística de “rural de uso agropecuario”, lo que impedía iniciar actuaciones de construcción. El informe estima que los costes de construcción de la instalación por residente y por metro cuadrado construido fueron, en comparación con otras infraestructuras similares promovidas por entes públicos, un 31% y un 61% superiores en esta obra, respectivamente. Fernández Villa, como se sabe, fue condenado años más tarde a tres años de cárcel por apropiación indebida.

Un último párrafo lo resume todo: “Del análisis realizado sobre los datos demográficos y las estadísticas industriales o empresariales del Principado de Asturias, León y Teruel [donde llegaron los fondos públicos] se llega al resultado que el número de sociedades que se constituyeron por habitante es menor en las comarcas mineras que en las no mineras”.

 

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El ecologismo del PSOE: toneladas de basura enterrada sin reciclar
La operación policial en el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa descubre que la planta de residuos de la que presumía el partido era una farsa

Fue uno de los proyectos estelares del PSOE en Andalucía hace 25 años. En una de las zonas económicamente más castigadas de la región, la Sierra Sur de Sevilla, se implantó una central de residuos para empezar a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje para el medio ambiente. Entonces aún no estaba tan presente en nuestras vidas el concepto «cambio climático», pero la vocación ecologista de la izquierda impulsó al PSOE de Manuel Chaves a liderar un proyecto pionero en Estepa, municipio conocido por la producción de mantecados, que sería referente del tratamiento de residuos para reducir las emisiones de CO2. La iniciativa se promovió desde la Diputación de Sevilla como prueba piloto para 17 localidades de la zona con una población de unos 70.000 habitantes. Y así nació el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, concretamente el 29 de junio de 1997, con «el objetivo de ofrecer a los municipios integrantes los servicios más adecuados para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y proteger el medio ambiente». Su lema era el siguiente: «Reciclando seis botellas de plástico contrarrestas diez minutos de contaminación».

Pero todo era una farsa. El pasado 30 de enero la Policía Nacional detuvo a los seis responsables de esta planta de reciclaje, liderados por el alcalde socialista de Estepa, en una operación dirigida por un juzgado de Antequera (Málaga) de la que apenas trascendió información al estar bajo secreto de sumario. Sin embargo, ABC ha podido confirmar que se trata de una investigación iniciada por la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos contra los recursos naturales, ya que en esta planta jamás se recicló nada. La basura entraba por un lado y salía por el otro sin que ni siquiera se hubiesen abierto las bolsas en las que los ciudadanos la depositan en los contenedores. Posteriormente, una empresa subcontratada la compactaba en un almacén y la llevaba a unas balsas ilegales situadas en la finca de olivos aledaña a la planta de reciclaje, donde se enterraban todos los residuos. Es decir, no sólo se engañaba a la población haciendo creer que se seleccionaba la basura para reducir el perjuicio al medio ambiente, sino que se dañaba aún más el entorno natural ocultando los residuos bajo tierra en un espacio, además, vital para el sector agrícola.

Este periódico ha tenido acceso a una secuencia de vídeos y de fotografías tomadas por empleados de la planta, de los que parte la denuncia, que demuestran el timo. En las imágenes se aprecia con claridad cómo la basura pasa por la cinta en la que teóricamente tendría que ser manipulada sin que nadie intervenga sobre ella. Alrededor de esta cinta hay una serie de cubas destinadas a cada tipo de residuo —plástico, cartón, cristal, textiles, pilas...— en cada una de las cuales tendría que estar trabajando un operario encargado de seleccionar para su depósito un residuo concreto. Pero la secuencia, que se grabó en días distintos, prueba que sólo hay un empleado que, además, ve pasar los restos plácidamente.

En el siguiente paso se observa una serie de fotos que tampoco deja lugar a dudas. Una retroexcavadora compacta parte de la basura y la deposita en unos camiones que se trasladan a una balsa situada en la finca anexa, a unos doscientos metros de la planta, donde la vuelcan sin miramientos. En algunas de las imágenes se aprecia incluso el aluvión de gaviotas que merodean el agujero, situado entre extensos olivares, al acecho de su alimento diario. Por último, las fotos acreditan cómo un grupo de camiones echa grandes cantidades de arena sobre el vertedero para enterrar toda la basura, dejando como resultado final una explanada bajo la que sepultan toneladas de plástico y envases no biodegradables.



En sus estatutos, el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur indica que su «plan integral de gestión de residuos» pretende «reciclar hasta el 50% de los envases, potenciar mercados para los productos reciclados, y crear las infraestructuras necesarias para la recogida domiciliaria selectiva, entrega voluntaria de otros residuos (puntos limpios), así como su clasificación, reciclado, compostaje, incluyendo los lodos de depuradoras y eliminación del menor porcentaje posible», ya que todo ello contribuye «a mantener limpio el aire» en tanto que la diferencia entre este tipo de tratamiento de la basura y el tradicional es «un gran ahorro de agua, energía y emisiones de CO2 que ya no van a la atmósfera». Literatura que nada tiene que ver con los hechos que investigan la Fiscalía y un juzgado de Antequera, que de momento se ha saldado con seis detenidos, entre ellos alcaldes y concejales, además del secretario y el jefe de la planta, a quienes también se les atribuyen posibles delitos económicos porque, para rematar el caso, habrían creado una empresa que a su vez sería la contratada para hacer este «trabajo sucio».

Fue uno de los proyectos estelares del PSOE en Andalucía hace 25 años. En una de las zonas económicamente más castigadas de la región, la Sierra Sur de Sevilla, se implantó una central de residuos para empezar a concienciar a los ciudadanos sobre la importancia del reciclaje para el medio ambiente. Entonces aún no estaba tan presente en nuestras vidas el concepto «cambio climático», pero la vocación ecologista de la izquierda impulsó al PSOE de Manuel Chaves a liderar un proyecto pionero en Estepa, municipio conocido por la producción de mantecados, que sería referente del tratamiento de residuos para reducir las emisiones de CO2. La iniciativa se promovió desde la Diputación de Sevilla como prueba piloto para 17 localidades de la zona con una población de unos 70.000 habitantes. Y así nació el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, concretamente el 29 de junio de 1997, con «el objetivo de ofrecer a los municipios integrantes los servicios más adecuados para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y proteger el medio ambiente». Su lema era el siguiente: «Reciclando seis botellas de plástico contrarrestas diez minutos de contaminación».


Contemplando el paso de basura


Contemplando el paso de basura - ABC

Pero todo era una farsa. El pasado 30 de enero la Policía Nacional detuvo a los seis responsables de esta planta de reciclaje, liderados por el alcalde socialista de Estepa, en una operación dirigida por un juzgado de Antequera (Málaga) de la que apenas trascendió información al estar bajo secreto de sumario. Sin embargo, ABC ha podido confirmar que se trata de una investigación iniciada por la Fiscalía de Medio Ambiente por delitos contra los recursos naturales, ya que en esta planta jamás se recicló nada. La basura entraba por un lado y salía por el otro sin que ni siquiera se hubiesen abierto las bolsas en las que los ciudadanos la depositan en los contenedores. Posteriormente, una empresa subcontratada la compactaba en un almacén y la llevaba a unas balsas ilegales situadas en la finca de olivos aledaña a la planta de reciclaje, donde se enterraban todos los residuos. Es decir, no sólo se engañaba a la población haciendo creer que se seleccionaba la basura para reducir el perjuicio al medio ambiente, sino que se dañaba aún más el entorno natural ocultando los residuos bajo tierra en un espacio, además, vital para el sector agrícola.



Balsa en la que se depositan los residuos sin clasificar


Balsa en la que se depositan los residuos sin clasificar - ABC


Este periódico ha tenido acceso a una secuencia de vídeos y de fotografías tomadas por empleados de la planta, de los que parte la denuncia, que demuestran el timo. En las imágenes se aprecia con claridad cómo la basura pasa por la cinta en la que teóricamente tendría que ser manipulada sin que nadie intervenga sobre ella. Alrededor de esta cinta hay una serie de cubas destinadas a cada tipo de residuo —plástico, cartón, cristal, textiles, pilas...— en cada una de las cuales tendría que estar trabajando un operario encargado de seleccionar para su depósito un residuo concreto. Pero la secuencia, que se grabó en días distintos, prueba que sólo hay un empleado que, además, ve pasar los restos plácidamente.

En el siguiente paso se observa una serie de fotos que tampoco deja lugar a dudas. Una retroexcavadora compacta parte de la basura y la deposita en unos camiones que se trasladan a una balsa situada en la finca anexa, a unos doscientos metros de la planta, donde la vuelcan sin miramientos. En algunas de las imágenes se aprecia incluso el aluvión de gaviotas que merodean el agujero, situado entre extensos olivares, al acecho de su alimento diario. Por último, las fotos acreditan cómo un grupo de camiones echa grandes cantidades de arena sobre el vertedero para enterrar toda la basura, dejando como resultado final una explanada bajo la que sepultan toneladas de plástico y envases no biodegradables.

El vertedero sin reciclado previo


El vertedero sin reciclado previo - ABC


En sus estatutos, el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur indica que su «plan integral de gestión de residuos» pretende «reciclar hasta el 50% de los envases, potenciar mercados para los productos reciclados, y crear las infraestructuras necesarias para la recogida domiciliaria selectiva, entrega voluntaria de otros residuos (puntos limpios), así como su clasificación, reciclado, compostaje, incluyendo los lodos de depuradoras y eliminación del menor porcentaje posible», ya que todo ello contribuye «a mantener limpio el aire» en tanto que la diferencia entre este tipo de tratamiento de la basura y el tradicional es «un gran ahorro de agua, energía y emisiones de CO2 que ya no van a la atmósfera». Literatura que nada tiene que ver con los hechos que investigan la Fiscalía y un juzgado de Antequera, que de momento se ha saldado con seis detenidos, entre ellos alcaldes y concejales, además del secretario y el jefe de la planta, a quienes también se les atribuyen posibles delitos económicos porque, para rematar el caso, habrían creado una empresa que a su vez sería la contratada para hacer este «trabajo sucio».

Cuando el agujero se cubre de basura, varios camiones vierten arena sobre él


Cuando el agujero se cubre de basura, varios camiones vierten arena sobre él - ABC

Hasta el momento, la Diputación de Sevilla guarda un silencio sepulcral sobre este asunto, así como el PSOE, que es el partido que impulsó el Consorcio y lo ha gestionado en exclusiva en sus 23 años de vida. La Sierra Sur sevillana es, de hecho, un feudo socialista hegemónico desde hace 40 años, salvo en algunos municipios como Marinaleda, donde han gobernado siempre los comunistas. El PP ha pedido explicaciones oficialmente a través de una carta enviada al alcalde de Estepa y presidente del Consorcio, Antonio Jesús Muñoz, que es uno de los investigados, en la que le exige información sobre la operación policial, pero hasta el momento no ha habido respuesta. La única explicación que ha dado Muñoz es que se trata de problemas acaecidos «en el pasado», antes de su llegada a este organismo. Nadie niega los hechos. Sólo callan. Porque lo que ha destapado allí la Justicia es mucho más que un delito de corrupción. Es un tongo ideológico. El partido que abandera la lucha contra el cambio climático y por la preservación del medio ambiente entierra la basura bajo los olivos de Andalucía.

 


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Condenan a un exalcalde socialista a siete años de cárcel por distribuir por** con bebés
Luis Serna aún era portavoz municipal en Calpe cuando se descargó medio millón de ficheros de pedofilia y luego pidió terapia



La Audiencia de Alicante ha condenado al exalcalde socialista de Calp (Alicante) Luis Serna a siete años de cárcel por distribuir por**grafía infantil incluso con bebés, más de medio millón de ficheros descargados de Internet.

Serna gobernó entre junio de 2007 y octubre de 2008, hasta que se rompió el tripartito compuesto por PSPV-PSOE, Bloc y un partido independiente (PSI) y salió adelante una moción de censura que le desbancó del poder, y los hechos por los que ha sido condenado fueron entre 2014 y 2018, momento en que no ocupaba la alcaldía pero durante un tiempo sí era portavoz municipal socialista.

La sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Alicante el pasado 9 de marzo también estipula otros siete años de libertad vigilada.

Se considera probado que el exprimer edil descargó, almacenó y redistribuyó "miles de archivos" de contenido pedófilo, entre los que se encontraban vídeos y fotografías de menores de edad practicando actos sexuales, según pudo constatarse después de que los agentes de la Guardia Civil practicasen la entrada y registro de su domicilio, previa autorización judicial, el 12 de febrero de 2018.

En ese momento, los agentes constataron que su ordenador de sobremesa se encontraba "descargando y compartiendo" de manera consciente archivos con por**grafía infantil "con acrónimos que se utilizan en el mundo de la pedofilia".

En ese registro se intervinieron, entre otros efectos, doce discos duros externos, dos discos duros internos, un ordenador portátil y un pendrive en los que se almacenaban más de medio millón de archivos con imágenes y vídeos de contenido por**gráfico explícito.

Muchos de ellos protagonizados por menores forzados por adultos, en ocasiones incluso atados, y en algunos casos con la participación de bebés de menos de cinco meses de edad.

La resolución judicial subraya que el procesado "disponía los archivos con por**grafía infantil de forma intencionada, ordenada y estructurada, diferenciando el material por**gráfico en función de la temática, edad y procedencia de los menores que aparecen en el mismo".

Durante su declaración en el juicio, el ahora condenado sostuvo que recordaba el registro practicado en su domicilio y que los agentes se incautaron de varios discos duros en los que admitió que se almacenaba contenido por**gráfico que él había descargado.

Sin embargo, negó que él lo hubiese compartido con terceros de manera consciente y dijo que carecía de conocimientos de informática. Además, se mostró dispuesto a someterse a terapia.

El tribunal ha descartado que no conociera que los distribuía al resolver que Serna "se descargó archivos de por**grafía infantil siendo perfecto conocedor de que por su emplazamiento en la carpeta "incoming" del programa Emule, los compartía con el resto de usuarios de dicho programa".

Búsquedas intencionadas

Es más, la sentencia añade que "no se trató de accesos accidentales sino buscados a propósito como se evidencia por las búsquedas con términos inequívocamente pedófilos".

Por último, subraya que el acusado sí disponía de conocimientos informáticos en la medida en que "tenía instalado en su ordenador" un dispositivo que permitía que la dirección IP de su ordenador quedara oculta, "así como programas para eliminar del ordenador el software malicioso y de otro tipo de software para validar la copia ilegal del sistema operativo".

Y, además, incide en que como usuario habitual de dicho programa de descarga de archivos también era plenamente conocedor de que esos documentos sí se compartían.

El tribunal considera al exalcalde del PSPV-PSOE culpable de un delito de corrupción de menores en su modalidad de difusión de por**grafía infantil y le condena a siete años de prisión, además de otros diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en el plazo de diez días.


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