La corrupcion del PSOE

Cuando la vicepresidenta Calvo posaba en alegre compañía con los delincuentes Chaves y Griñán
El PSOE hace historia: Chaves y Griñán, primeros presidentes de un partido condenados en España
Carmen Calvo


Carmen Calvo con Chaves y Griñán en 2005
Tres de los actuales ministros de Pedro Sánchez formaron parte de los gobiernos andaluces implicados en el escándalo de los ERE fraudulentos que han acabado con duras condenas para los ex presidentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como para otros altos cargos de la Junta. Se trata de Carmen Calvo, María Jesús Montero y Luis Planas.
La hoy vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue consejera de Cultura de 1996 a 2004, con Chaves como presidente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue consejera de Sanidad y Consumo entre 2004 y 2012, tanto con Chaves como con Griñán. Y Luis Planas, hoy ministro de Agricultura, fue consejero de los dos presidentes condenados, pero en ninguno de los años en los que se perpetró el fraude de las ayudas a los parados.
El fraude juzgado por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ascendió a 680 millones de euros, se desarrolló en los ejercicio comprendidos entre 2001 y 2010.




"Honorabilidad personal"
La imagen que ilustra esta información está tomada en Málaga en septiembre de 2005, en pleno epicentro de la década del fraude con las ayudas que debían ir destinadas a los parados andaluces. Tras la firma del acuerdo entre el Estado y la Junta para instalar el Museo de Bellas Artes en el Palacio de la Aduana, se puede ver a la hoy vicepresidenta Calvo en animada compañía con Griñán (condenado años después a 6 años de cárcel) y Chaves (condenado a 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público). Entre los dos ex presidentes socialistas aparece Magdalena Álvarez, ex consejera andaluza y ex ministra de los gobiernos de Zapatero, también condenada a 9 años de inhabilitación.


Dos días después de conocerse la sentencia, Calvo aún sigue insistiendo la "honorabilidad personal" de los condenados Chaves y Griñán, ex compañeros de partido y de Gabinete en Andalucía. "Hasta que el Tribunal Supremo no dictamine como cosa juzgada y mediante sentencia los recursos que seguramente se interpondrán, pues no podemos decir absolutamente nada", ha dicho Calvo.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, respondió a la sentencia asegurando que el de los ERE "no es un caso del PSOE sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía". Ábalos obvió que Chaves fue presidente del PSOE del 2000 a 2012, y Griñán, entre 2012 y 2014.
Conocían la ilegalidad
Los jueces han determinado que los ex presidentes socialistas eran responsables del sistema de ayudas públicas para beneficiar a empresas en crisis. Chaves permitió las subvenciones irregulares y fue responsable, según la sentencia, del sistema que relajó los controles de las transferencias por parte de la Intervención.
"La trascendencia de este cambio, y su necesario reflejo en la presupuestación, hace impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente por la Consejería de Economía y Hacienda, sino que exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves", dicen los jueces.
Sobre Griñán, se le acusa de permitir que los fondos de los ERE "fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados". El ex dirigente socialista, según la sentencia, conocía los avisos de la Intervención General de la Junta, pero no hizo nada.



 
copiado de Vozpopuli
Delfina



24.11.2019 - 22:11:24



Yo no voy a perder ni un instante en su pelea particular.Lo GRAVE Y RELEVANTE es el legado que nos han dejado ambos ,que fueron miembros del gobierno de M.RAJOY.
Castor...……..................……..1.350M €
Autopistas.....................…...5.500M€
Avalmadrid….........................….70M€
Renovables.........................7.000M€
Rescate financiero.............65.725M€
Gracias Soraya,Margallo,De guindos,Soria y Rajoy.


Y del PSOE,
Filesa,
- Malesa,
- Time Export,
- Viajes Ceres,
- Juan B. Calatayud,
- Juan Piña Oliver
- Foxgolve-Alstom
- Telemundi
- RENFE,
- Cruz Roja,
- Los convolutos del embajador alemán
- Sr "G" en Suiza
- TAV.
- Salimas-Anstalt
- Tralcorde Fondos Reservados,
- ENAGAS,
- McDonell Douglas,
- Comisiones AVE,
- Los Convolutos del Embajador alemán
- Focoex,
- Roldán,
- Marbella
- Fernández Marugán
- Viviendas UGT y Nicolás Redondo
- La "Insider Trading” de Mariano Rubio,
- Su Banco de España
- Y todos sus amigos,
- Que eran muchos
- Y del PSOE,
- Escuchas ilegales del CESID,
- Intelhorce,
- Las bolsas de dinero “B” de Ferraz,
- Irralburu en Navarra,
- Antonio Aragon su socio
- Metro de Medellín,
- Gal, Cal Viva. sigue 2/2
 
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SANCHEZ Responsable" en el caso ERE
Para Casado, "Pedro Sánchez sí es responsable en el caso de los ERE, porque tiene a tres ministros que fueron consejeros con Chaves y Griñán, y según la condena ese gobierno actuó de forma solidaria". Se refiere a Luis Planas, ministro de Agricultura; María Jesús Montero, titular de Hacienda; y Carmen Calvo, vicepresidenta. "Si calla, otorga", ha insistido el líder popular.
 
Así impidieron que la juez Alaya investigara la corrupción de UGT-A
Miércoles, 27 noviembre 2019 - 09:25
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Otra magistrada le negó la documentación incautada al ex trabajador del sindicato que destapó el fraude. El juicio contra Roberto Macías se celebra el próximo jueves
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Roberto Macías, ex trabajador de UGT-A, a las puertas de los juzgados de Sevilla. GOGO LOBATO
La juez Mercedes Alaya sufrió todo tipo de trabas durante la investigación de los ERE, como ella misma ha contado, pero el boicot no se limita a esta causa, el mayor caso de corrupción conocido nunca en el país, que ha provocado la condena de dos ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; y otros 17 ex altos cargos de los gobiernos socialistas.
También hubo trabas al intento de Alaya de investigar la presunta corrupción de UGT-A y la trama diseñada por la federación andaluza ugetista para financiarse de forma irregular a través del supuesto desvío millonario de subvenciones de la Junta, un caso del que viene informando este diario desde 2013.
EL MUNDO ha tenido acceso a dos autos de Alaya -del 15 de enero de 2014 y el 4 de marzo de 2014- en los que esta magistrada pedía a la juez de Sevilla Cristina Loma Martínez que le trasladara de forma «urgente» el material informático incautado en el domicilio de Roberto Macías, el ex trabajador de UGT-A acusado por el sindicato de destapar el fraude millonario.
Alaya buscaba pruebas para la causa que investigaba en esos momentos sobre el fraude de los cursos de formación. Los anteriores gobiernos andaluces del PSOE subvencionaron con cantidades millonarias cada año estos cursos. En esta causa judicial, UGT-A tenía un papel fundamental, junto a CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), como principales beneficiarios de las ayudas públicas para la formación.
Sin embargo, la juez Loma Martínez nunca le entregó a Alaya el material que le reclamó de forma insistente, incluso bajo amenaza de elevar una queja a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que resolviera el conflicto planteado. Es más, lo que podía haber sido una prueba que corroborara la presunta corrupción de UGT-A y el desvío sistemático de ayudas finalmente ha servido para sentar en el banquillo a Roberto Macías por revelación de secretos. El juicio se celebrará el próximo jueves en Sevilla.
La juez Alaya reforzada tras la sentencia de los ERE
Cuando Alaya pidió el material informático incautado en el domicilio de Macías, la juez Loma, titular del Juzgado de Instrucción 11 de Sevilla, estaba investigando la querella interpuesta por UGT-A contra su ex trabajador. El sindicato acusa a Macías de un delito de revelación de secretos por hacer una «copia masiva» de 32 carpetas que contenían unos 22.500 ficheros con la contabilidad ugetista que «al menos en parte fueron publicados en prensa desde el 21 de abril de 2013». Pide cuatro años de cárcel para él.
En su auto, Alaya advierte a la juez Loma que está investigando delitos de malversación de caudales públicos, «inicialmente destinados a formación», una causa en la que podrían estar implicados, entre otros, «cargos sindicales, funcionarios públicos y empresarios».
Se trata de delitos «de especial gravedad y trascendencia social», señala en su auto Alaya, quien remarca que la malversación y el uso indebido de subvenciones están más castigados en el Código Penal que el delito de revelación de secretos, que sólo se puede perseguir si interpone querella el supuesto ofendido, en este caso UGT-A.
Sin embargo, la juez Loma acusó a Alaya de hacer una «petición a ciegas» e interpretó su requerimiento como una «extralimitación de su actividad jurisdiccional». Además, para no entregarle copia de nada, alegó que el material estaba «pendiente de análisis». Un año después, Alaya ascendió a la Audiencia de Sevilla y su sucesora María Núñez Bolaños le dio carpetazo a la causa sobre el fraude de la formación. No obstante, la Audiencia ordenó el pasado julio que se reabriera este caso.
 
Las empresas del hermano de Ximo Puig han recibido 850.000 euros del Gobierno valenciano desde 2015
  • XAVIER BORRÀS
    @borras_xavier
    Valencia
Miércoles, 27 noviembre 2019 - 02:01
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Economía abre expediente contra una de sus empresas y otras dos de sus socios, los hermanos Adell Bover, por pactar precios. Competencia intuye que funcionaban como un «cartel»
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Francis Puig, empresario del audiovisual, durante una emisión televisiva. EL MUNDO
Las empresas del sector audiovisual administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han recibido no menos de 850.000 euros del Gobierno valenciano desde el cambio político que permitió a la izquierda relevar al Partido Popular en el año 2015.
La cifra incluye no sólo las ayudas para la promoción del valenciano en medios de comunicación, que rozan los 600.000 euros, sino contratos menores de servicios con la televisión valenciana À Punt e inserciones publicitarias de la Agencia Valenciana de Turisme, además de campañas de la empresa pública Vaersa o ayudas para la contratación de empleados jóvenes a través de Labora ( Servef).
También sobresale una subvención de 35.645 euros del programa Ruralter-Leader, un plan destinado a la revitalización de zonas rurales, para el que Comunicació dels Ports recibió el reconocimiento de la Comisión Europea como acción empresarial «innovadora». El dinero público de este programa debía servir para ampliar y modernizar su centro de producción.
La empresa receptora de la subvención fue Comunicació dels Ports. El proyecto se lanzó en 2010, bajo mandato del Partido Popular en laGeneralitat, pero se ha acabado pagando en 2015. En paralelo, la otra empresa de Francis Puig, Mas Mut Producciones, recibió otras dos ayudas por 19.664 y 13.364 euros, también del programa Leader y con el mismo objetivo de revitalización rural, pero esta vez del Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán.
Este programa de cooperación se desplegó entre Grupos de Acción Local (técnicamente llamados GAL) de Francia (Millevaches) Portugal (Adraces) y España, concretamente de las comarcas de Els Ports-Maestrat y del Valle del Jerte. Según información oficial manejada por el Partido Popular, al margen de las ayudas para la promoción del valenciano, objeto de una querella por la que Francis Puig ha sido citado a declarar como investigado -también el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano- sus empresas han sido beneficiarios, entre contratos menores, facturas, transferencias y subvenciones, de 249.261 euros de la Generalitat bajo mandato del socialista Ximo Puig.
Concretamente, desde 2016 han recibido 170.486,67 euros en 13 subvenciones directas para contratación desde Labora-Servef a través del programa Avalem Joves. Estas ayudas fueron denunciadas también por los populares ante la Inspección de Trabajo, pero el procedimiento se archivó sin consecuencias. Aparte, la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente directamente de Presidencia de la Generalitat, ha inyectado 20.000 euros a Comunicació dels Ports en pagos realizados en 2015, 2017 y 2019. Según el Partido Popular, al menos 15.000 euros no están ligados a ningún expediente.
Por su parte, Kriol Produccions y Canal Maestrat, ambas propiedad de los hermanos Adell Bover, socios empresariales de Francis Puig, han recibido otros 10.000 euros también de Turismo.
Otra de las empresas públicas que ha inyectado dinero público a esta red de empresas, es Vaersa, que anunció diversas conferencias y actos a través de cuñas radiofónicas en las emisoras de Francis Puig por valor de 1.052 euros. También desde la reapertura de la televisión autonómica valenciana, las empresas audiovisuales de Francis Puig han sabido aproximarse al ente público À Punt. Ya lo hicieron para Canal 9 en la etapa de gobierno del PP, empleando su influencia crecient en la zona de Els Ports-Maestrat. À Punt les ha contratado servicios en año y medio por 46.000 euros.
CONTRA LA COMPETENCIA
Precisamente, la intención de estas empresas de monopolizar los servicios informativos y televisivos que debe prestar À Punt en esa zona de Castellón les ha provocado un serio resbalón.
La subsecretaria de la Conselleria de Economia Sostenible del Gobierno valenciano, cuyo titular es Rafael Climent, de Compromís, ha abierto expediente sancionador por posible competencia desleal a las empresas Comunicació dels Ports, Kriol Producciones, Canal Maestrat y Visualiza SL por, supuestamente, actuar en connivencia para acordar precios y repartirse el concurso convocado por À Punt para las corresponsalías en la comarca del presidente.
La resolución con la que se abre el expediente apunta que lo que se investiga es un «cárteles» objeto general de persecución por parte de las autoridades «dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados». Kriol Produccions y Canal Maestrat, propiedad de los hermanos Adell Bover, socios empresariales de Francis Puig, ya han sido obligadas a devolver cerca de 200.000 euros en ayudas públicas por irregularidades en su justificación tras un procedimiento extraordinario de control de la Conselleria de Educación y Cultura, también en manos de Compromís.
El supuesto pacto de precios es una prueba más de la intensa relación personal y empresarial de los hermanos Enrique Juan y Juan Enrique Adell Bover y Francis Puig.
 
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