La concejal Romy Arce se sentará en el banquillo por insultar a la policía

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Los «tuits» contra la Policía que sentarán en el banquillo a Rommy Arce
La juez considera que la edil menoscabó la imagen del Cuerpo tras la muerte del mantero de Lavapiés

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Carlos Hidalgo
@carloshidalgo_Seguir
MadridActualizado:13/02/2019 09:37h109Rommy Arce, al banquillo por injuriar a la Policía
Rommy Arce Legua se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. Así lo ha decidido la titular del juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, María Dolores Baeza Trujillo, quien ha emitido el auto de conversión en procedimiento abreviado contra la edil de Carmena y otros cuatro encausados por los polémicos «tuits» contra la Policía Municipal a raíz de la muerte de un mantero en Lavapiés.

La querella, interpuesta por la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), a la que se adhirieron los sindicatos CPPM, CSIT-Unión Profesional y UPM, tiene como telón de fondo los altercados producidos tras el fallecimiento, por infarto, del senegalés Mmame Mbaye, a las puertas de su casa, en la calle del Oso. A raíz de aquello, una serie de personas, entre las que se encuentra la concejal presidenta de Arganzuela y Usera, publicaron «tuits» en los que se criminalizaba a la Policía Municipal (que en realidad lo que hizo fue dar los primeros auxilios al muchacho). La política del sector anticapitalista de Podemos criticó que «el pecado de Mmame fue ser negro, pobre y sin papeles» y clamó un «basta ya de persecuciones policiales».

Entre los encausados que también se sentarán en el banquillo está el líder del autodenominado «sindicato de manteros y lateros», Malick Gueye, que relató en una entrevista radiofónica: «[Mmame] estaba con un amigo y, cuando intenta ayudarle para meter los dedos en la boca para no morderse la lengua, la Policía lo empujó y le apartó. Los mismos policías se bajaron de la moto y lo empujaron, y ahí se murió». Y añadió: «Que los responsables de la muerte de Mmame paguen las consecuencias, que los dos policías responsables paguen por eso, y también el Ayuntamiento. Pero cómo no protestar, si delante de nuestros ojos han matado a una persona».

Asunción Gómez Ruiz, encargada de una página de Facebook, publicó el siguiente comentario: «Los hijos de put* de los guindillas [apelativo con el que se conoce de manera despectiva a los municipales] son responsables de esta muerte y de muchas más. No estamos diciendo que haya sido un asesinato o le hayan pegado un tiro. Los tiros que se pegan esos cobardes son por la nariz, con la mierda que requisan a los mismos que luego matan».

Joan Mangues Sempere «tuiteó»: «Manuela, que Mmame Mbaye no ha muerto, lo han matado a palos». Otro acusado, Alfonso Loaiza Pérez, escribió en la misma red social: «No se ha muerto solo ni es una muerte natural, es un asesinato y es culpable el Estado policial español». Y el más explícito era: «Asesinado por la Policía de Madrid. El mejor homenaje, luchar contra la represión del Estado. ¡Salgamos a la calle! Ayer, este cuerpo policial fue responsable de la muerte de Mmame Mbaye».

En el auto, la magistrada recuerda que «la divulgación de tales mensajes no ha sido negada por ninguno de los investigados en sus declaraciones, excepto por Malick Gueye». Y enfatiza que los realizaron «con conocimiento del fallecimiento por causas naturales del ciudadano senegalés, con la intención de menoscabar la dignidad del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid».

Sobre la controversia jurídica, la instructora afirma: «La calificación penal de los hechos como constitutivos de un delito de injurias graves no supone una limitación del derecho a la libertad de expresión», ya que considera que «vincula una muerte natural a una actuación dolosa de unos agentes de la Policía Municipal».

El abogado de Rommy Arce, José Luis González del Moral, interpuso un recurso pidiendo el sobreseimiento de la causa, pero la juez insiste en que sobre la edil «concurren indicios bastantes para acordar la continuación del procedimiento y que, por tanto, sea en el juicio oral donde se debatan las consideraciones planteadas por la defensa en ese trámite, sin que procede adelantar dicho juicio a este momento procesal».

Baeza Trujillo encuentra que no hay lugar para ese sobreseimientoy también descarta declarar compleja la instrucción de la causa, como pidió la Fiscalía. Las partes tienen de tres a cinco días para presentar un recurso de reforma o de apelación.
 
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