Juicio al 'procés' - Referéndum en Cataluña — El conflicto catalán

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Tienes una visión muy dulce de la historia, seguro que la de la Letrada es diferente. Esas personas tuvieron un riesgo serio de ser linchados, más otras cosas añadidas, robar armas de un coche de la Guardia Civil... Y eso es lo que va a ser juzgado. Y lo sigo manteniendo, en el cargo va la responsabilidad, por eso ganas cientos de miles de euros al año.

Tener riesgo de es lo mismo que ser victima de un delito?

Tú dices que esas personas tuvieron riesgo de ser linchadas…

O sea que si yo voy por la calle de madrugada y por la otra acera pasa una persona con antecedentes de robo… puedo llamar a la policía que lo detenga, decirle a los jueces que lo juzguen y encarcelen porque he estado en riesgo de un atraco?

Esto funciona así ahora?

Ya habéis adaptado todas las leyes posibles para que se pueda prever un atraco?
 
jajajaj, la Wikipedia y un resumen, ahora entiendo mucho mejor las majaderías que has escrito. Especialmente me ha gustado que Bélgica mantiene su estructura territorial medieval, para enmarcarlo.
Quien te ha dado a ti la capacitación de Auditora de Majaderías?

Y como te lo pagan en bragas?
 
EL BARÓMETRO RECOGE EL EFECTO DEL 155 Y EL 21-D
Cataluña catapulta a Albert Rivera y castiga a PP, PSOE y Podemos
Solo Rivera se beneficia de toda la crisis catalana: el resto de formaciones cae con respecto al último CIS y PP y Podemos continuan su caída desde las generales.
 
INSISTE EN JORDI SÀNCHEZ COMO PRESIDENTE
Puigdemont propone a ERC una Generalitat donde se reserva todos los puestos clave
Elsa Artadi como mujer fuerte y 'consellera' de Economía, y él de presidente en Bruselas con casa y sueldo hasta las elecciones europeas de 2019, cuando se presentaría a eurodiputado
 
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A ver cuando se dan cuenta de lo ridículo que es seguirle el rollo al bufón de Waterloo
 
¿Odiadores? Tan sólo demócratas


Mientras haya presos independentistas en las cárceles españolas, éstos serán prendas pero, al mismo tiempo, depósito electoral del independentismo, con buenos réditos

Javier Aroca
04/02/2018 - 21:05h
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EFE

Mis maestros siempre se esforzaron en enseñarme que la justicia eran los juzgados y tribunales. La identidad de los jueces y magistrados no era importante. Con estas enseñanzas he vivido casi toda mi vida, en la ingenuidad, supongo. Me justificaba en que este era un sistema, a diferencia del norteamericano, en el que la identidad no era importante, aquí los jueces esquivaban el principio electivo (algunos jueces-funcionarios piensan que para su legitimidad basta con haber aprobado unas oposiciones). He cambiado de opinión, los últimos meses han bastado. Sí importa la identidad de los jueces, su nombre y apellidos. Existe junto con otros, el principio de responsabilidad. Intentaré convencer a mis maestros de que estaban equivocados; no pocos ya lo reconocen.

Algunos jueces, con nombre y apellidos, están endiosados, por encima de todo, hasta de los principios que inspiran, no ya la Constitución, sino la Revolución que hizo posible con mucho sufrimiento la democracia, de la que son hijas algunas Constituciones. La democracia es un sistema basado, si quiere ser saludable, en equilibrios, frenos, controles entre poderes; es lo que se denomina "checks and balances". No hay ninguno de los poderes que pueda sustraerse a estos principios. El poder judicial, el único que no está sometido al principio electivo, tampoco, salvo que en sí se consideren en la periferia de la política y de la democracia, a salvo de esos equilibrios que definen la democracia. Puede que eso se esté produciendo. Algunos jueces se consideran más que miembros de un poder, el poder y, peor, la autoridad en sí. Es decir, un poder individual en sí mismo, ajeno al cordial engranaje político del Estado.

El poder judicial está sometido a controles, no sólo a los internos, los procesales, también a los democráticos, al escrutinio público. Se puede y se deben criticar las resoluciones de los jueces. La actitud de ciertos políticos no deja de ser mojigatería y cobardía de estado. Los jueces hacen política, cómo no, tanto en sus resoluciones como en el manejo de la agenda judicial, incluso en ocasiones, la electoral, que también es política.

En España, el envión independentista catalán está suponiendo una prueba fundamental para la calidad democrática del estado. La reacción ha armado a un ejército o task force constituido en magma deforme de políticos, empresarios, jueces, fiscales, artistas, con ceja o barbilampiños, periodistas, tertulianos, todos unidos en la gran misión de defender la unidad de España, que no es lo mismo, ni incompatible, con defender la democracia. Porque defender la democracia sin democracia pierde no sólo toda legitimidad sino la ligazón con los valores que hacen más fuerte a ésta y la unidad. Ese magma ha conseguido la amalgama de los poderes del estado haciendo que se mezclen de manera indiferenciada, poniendo en jaque aquel principio de la separación de poderes y de los equilibrios y controles entre los mismos.

El toque de arrebato para todos los 155 posibles, legal, legítimo, económico, mediático, simbólico, mental, ha incorporado también al judicial. Quizá no sean conscientes en su misión de su blandura, a la manera de la recomendada por la Escuela de las Américas en sus últimas instrucciones; sin saberlo, creo en la buena fe de la mayoría, están en el territorio marcado por Gene Sharp. Y si no estás en esas blanduras, estás a las duras, eres odiador de España, has elegido el marxismo, el populismo, el separatismo, el pecado, en definitiva, carne de reconvención, si no de Código Penal. No, se trata de democracia.

Pablo Llanera Conde es un juez que conoce el derecho, iura novit curia que dicen los clásicos. Su derecho parece propio, áulico, por momentos, imaginario en muchas ocasiones, hecho a la mode del momento cortesano, en interés del Estado, que no es lo mismo que en interés de la democracia. La prueba no la pasa, no se atreve a cruzar los Pirineos o, al menos, a tomar el atajo del camino español, que lo llevaría directo, como a los Tercios, a Bruselas para someterse al escrutinio del derecho europeo, que es también español, vía Orden de Detención y Entrega del enemigo público número uno del Estado, Puigdemont. Cosa rara, sobre todo leyendo el articulo 408 del Código Penal, y la seguridad demostrada, con pericia, en sus autos y resoluciones. Pero en democracia no hay derecho de Casa, por mucho que la Constitución diga que se administra la justicia en nombre del rey.

El Estado, por vía de sus agentes más voluntariosos, ha decidido que la política no es el camino para derrotar a los que lo retan desde Catalunya, ante la evidencia de la incompetencia de sus ocupantes del poder ejecutivo. Consentirá hasta que gobierne en Catalunya un gobierno independentista, lo contrario sería otro escándalo, pero la línea roja es una nueva declaración unilateral. La verbalizó Méndez de Vigo en su última comparecencia tras el Consejo de Ministros. Por eso, no hay solución: Puigdemont no puede gobernar y debe ir a la cárcel.

La cárcel es para el Estado la garantía de que no habrá más declaraciones unilaterales, el símbolo de su poder, dominio o domesticación, en palabras de Weber. El Estado, la poliarquía, no perdona, da igual cómo, la cárcel los espera. Puigdemont es la prenda, el rehén, de que no habrá más unilateralidad.

La contradicción, la permanencia del problema catalán, es que mientras haya presos independentistas en las cárceles españolas, éstos serán prendas pero, al mismo tiempo, depósito electoral del independentismo, con buenos réditos.Es decir, mientras que el pueblo catalán vea que a sus líderes, votados en unas elecciones libres, organizadas por el Estado, están en prisión, el independentismo tiene garantizado su triunfo electoral por mucho tiempo. Da igual, a falta de imaginación, de mejores propuestas para una España mejor, se conforman con la que tienen, decadente pero llena de privilegios para los de siempre. Así llevamos siglos.

http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/Odiadores-solo-democratas_6_736736331.html
 
De limpiar Badalona a la fiscalía te lo afina

El fiscal que pidió investigar a Albiol: "La puntuación de las ayudas estaba pensada para beneficiar al Joventut"


El líder del PP catalán asegura que su Gobierno no dio un euro al Joventut y el fiscal que lo investigó le acusa de ocultar las ayudas a través de una fundación

"Se acredita una clara voluntad de responsables políticos de distintas administraciones para ayudar de manera ilícita al Joventut", escribió el fiscal

Los indicios de irregularidades urbanísticas y en subvenciones para favorecer al club de baloncesto no evitaron que la exfiscal jefe archivase las diligencias

José Precedo
05/02/2018 - 11:43h
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Jordi Villacampa i Xavier García Albiol / Fiatc Joventut

La Fiscalía frenó una investigación por corrupción contra Albiol en vísperas de las elecciones del 21D
La denuncia de unos vecinos contra los sucesivos intentos del Ayuntamiento de Badalona de recalificar un solar al Joventut que acabó vendiendo a Mercadona con unas millonarias plusvalías empujó al fiscal del caso, Antoni Pelegrín, a indagar sobre las relaciones que los distintos gobiernos de la ciudad catalana han mantenido con el club deportivo durante los últimos 15 años.

Y lo que determinó el fiscal, tras practicar "numerosísimas diligencias" es que al menos desde 2002 corporaciones de distinto signo político maniobraron para beneficiar al equipo de baloncesto y sacarlo del agujero de deudas en el que se encontraba -llegó a cifrarse en 10 millones de euros- que supuso una orden de embargo de Hacienda y amenazó la supervivencia del club, una institución más en la ciudad.

La extensa investigación del fiscal Pelegrín, especializado en urbanismo, halló indicios de un delito de prevaricación continuada en la actuación del líder del PP, Xavier García Albiol, por el reparto que hizo de las subvenciones públicas desde una fundación participada por el Ayuntamiento al que fue su club de baloncesto cuando era joven. Según el representante del ministerio público los procedimientos para conceder subvenciones al Joventut se saltaron al menos cuatro leyes: el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la ley de fundaciones, la de subvenciones y la de contratos del sector público.

Pese a sus contundentes conclusiones, el caso no llegó a Anticorrupción ni a la Fiscalía General del Estado ni tampoco al Tribunal Supremo, el único que podría investigar a Albiol, que por su escaño en el Senado tiene la condición de aforado. La entonces fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, decidió asumir la causa el pasado noviembre. Dos meses después de haber recibido la propuesta de su subordinado para ampliar la investigación, acordó su archivo argumentando que las irregularidades detectadas y la falta de control en el reparto de los fondos públicos no tienen trascendencia penal y debe dirimirse en el ámbito administrativo.

El escrito de 27 páginas remitido por el fiscal a sus superiores para que el asunto se pusiese en manos de Anticorrupción otorgaba un papel relevante al líder del PP, Xavier García Albiol, en la fundación Badalona, Capital europea del Basquèt, la entidad mixta que sirvió de cauce para que ayudas municipales que sumaron varios millones de euros llegasen al club de baloncesto.

"Se ha podido determinar la presunta responsabilidad penal del señor Xavier García Albiol, en cuanto a su participación primero como patrono y desde su nombramiento como alcalde, como presidente de la fundación Badalona, Capital europea del Basquèt", escribió en su informe el fiscal Antoni Pelegrín. La tesis del fiscal apunta a que la fundación fue un mero instrumento para ocultar las ayudas públicas al club de baloncesto, una práctica prohibida por la legislación europea. Más de la mitad de los fondos de esa entidad acabaron el en equipo de baloncesto a través de distintos conceptos.

Albiol sumó 13 años en la dirección de la fundación, primero en el cargo de patrono como concejal del ayuntamiento desde que se creó en 2002, y entre 2011 y 2015 en el de presidente, dada su condición de alcalde de la ciudad.

Horas después de que eldiario.es adelantase este domingo la información sobre el freno a la investigación de Albiol, el líder del PP catalán aseguró que el Ayuntamiento de Badalona durante los cuatro años que él gobernó "no había dado un solo euro" al club de baloncesto en el que jugó de niño.

Lo que defiende el fiscal es que precisamente para ocultar las subvenciones se utilizó una fundación, de la que Albiol era presidente, por su condición de alcalde de la ciudad.

Tras recabar los expedientes administrativos, el fiscal Pelegrín está convencido de que su Gobiernos igual que otros anteriores concedió ayudas ilegales al Joventut: "Del examen de diversas actas de la Junta del Patronato se desprende claramente que la fundación servía realmente para destinar fondos públicos a ese club deportivo, obviando los controles y requisitos legales establecidos para las ayudas y subvenciones públicas".

La investigación se paró a analizar algunas de las decisiones de la etapa en la que Albiol estaba al frente del Ayuntamiento y por tanto de la fundación. El 21 de julio de 2011, unas semanas después de hacerse con el bastón de mando, acordó otorgar una subvención de 422.752 euros oficialmente para atender los gastos de mantenimiento del palacio de los deportes, cuya concesión había adjudicado el Ayuntamiento sin ninguna contraprestación económica. Según el informe del fiscal, el acuerdo no incluyó "fórmulas de control real de esa suma por parte de la fundación".

En otra reunión del 15 de mayo de 2012 la entidad Badalona, Capital europea del Basquèt decidió repartir otros 250.000 euros al club también para el mantenimiento del pabellón municipal. El informe del fiscal subraya que "curiosamente se hace constar en el acta que la fundación únicamente disponía de 295.189 euros". En esa misma junta se planteó solicitar un informe jurídico externo para intentar ampliar el plazo de concesión de 50 años del pabellón al Joventut y se barajó promover la recalificación de terrenos municipales de uso deportivo a usos comerciales para que pudiera aportar nuevos recursos a la fundación y, "a la postre", dice el fiscal, "al Joventut".

Corrían años difíciles para el equipo, en las canchas y fuera de ellas, con unos números rojos que pusieron a ese club histórico al borde de la desaparición, apremiado por Hacienda y por los bancos.

Esa era el contexto cuando el 31 de julio de ese mismo año, 2012, la fundación presidida por Albiol adoptó otra decisión controvertida: pagar retroactivamente supuestos servicios del Joventut a la ciudad. La dirección de la fundación, con Albiol en el cargo de presidente, acordó abonar al equipo 300.000 euros "por las actividades desarrolladas entre 2005 y 2010 para fomentar el basquet base y promover la ciudad de Badalona".

En 2013 la entidad la dirección de la fundación sacó adelante unas bases reguladoras para otorgar ayudas dinerarias no sujetas a contraprestaciónes. El equipo de la ciudad ya ni siquiera necesitaba justificar los ingresos que recibía del Ayuntamiento, sostiene el escrito de Pelegrín.

En mayo una nueva cita del patronato de Badalona, Capital europea del Basquèt concedió 16.000 euros para ayudar a un pequeño equipo de baloncesto local, el Club de Basquet San Josep, a realizar reparaciones en sus instalaciones deportivas y evitar su cierre. Y en la misma sesión programó la primera convocatoria pública de "ayudas dinerarias sin contraprestación", por un montante de 400.000 euros.

Tras analizar la letra pequeña del reparto de los fondos, el fiscal concluye: "El sistema de puntuación establecido en la convocatoria estaba claramente pensado para que el beneficiario de esas ayudas fuera el Joventut, pues difícilmente podría encontrarse en la ciudad otro club que reuniera las circunstancias allí establecidas". La subvención directa al club -que presidía uno de los históricos del baloncesto español, el alero internacional Jordi Villacampa- engulló la mitad del presupuesto: 200.000 euros. "Esa junta fue también presididia por Xavier García Albiol", relata el escrito del fiscal quien subraya que "tales acuerdos adoptados por la fundación serían indiciariamente constitutos de un delito continuado de prevaricación administrativa, pues se adoptaron por un organismo creado por el Ayuntamiento de Barcelona y dichas decisiones eran manifiestamente contrarias al artículo 107 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Ley General de Subvenciones, la Ley de Fundaciones y la legislación de contratos del sector público, entre otras disposiciones".

"De los hechos expuestos queda evidenciado que, al menos indiciariamente, durante ese dilatado lapso temporal la actuación de las administraciones concernidas ha tenido como objetivo evidente la ayuda ilícita a un club deportivo como es el club Joventut, con la participación activa no solo del Incasol [el Instituto Català do Sòl, clave en la operación de recalificación urbanística] sino también de altos cargos del Ayuntamiento de Badalona", señalaba el fiscal Pelegrín en las conclusiones de su escrito. En él pedía que la Fiscalía Anticorrupción investigase si el líder del PP catalán había incurrido en un delito de prevaricación continuada al aprobar todas esas subvenciones al que fue su club de baloncesto. También reclamaba a sus superiores que la Fiscalía General del Estado [entonces presidida por José Manuel Maza] fuese informada, dada la especial trascendencia del caso al estar por el medio el líder del PP catalán, un senador, a quien solo podía investigar el Supremo.

Ninguno de esos requerimientos fue atendido por la jefa provincial de Barcelona, Ana Magaldi, que tres meses después de recibir el informe ordenó a su subordinado el archivo de las diligencias y al negarse Pelegrín, asumió personalmente el caso para clausurar la investigación.

De cómo se gestionó históricamente todo lo relativo al club de baloncesto en el Ayuntamiento de Badalona da idea el siguiente párrafo que figura en la investigación que llevó a cabo el ministerio público: "En la reunión de a junta del 22 de julio de 2008 presidida por Jordi Serra [del PSC], quien era entonces alcalde de Badalona, a pesar de que desde el año 2006 el club Joventut ya no ostentaba el título administrativo para usar el Palau municipal dÉsports, se acordó aprobar el pago a esa entidad deportiva de 450.984,46 euros destinada al mantenimiento del referido recinto municipal".

El escrito firmado por el fiscal Pelegrín daba por hecho que "existió un proceso histórico de ayudas ilegales a esa entidad deportiva". Además de las sucesivas subvenciones que la Fundación repartió año a año (en algunos ejercicios superó el medio millón de euros) al club, el fiscal alude a la operación urbanística de recalificación de un solar que sirvió al Joventut para ponerse al día con Hacienda tras venderlo ya con usos comerciales a Mercadona. Según el experto en urbanismo del ministerio público que escrutó los expedientes durante meses, la operación inmobiliaria se llevó a cabo "gracias a la irregular actuación de de los responsables del instituto catalán de suelo" empezando por su director Damia Calvet, un dirigente muy cercano a Carles Puigdemont, y dos técnicos de este organismo a los que se proponía tomar declaración en relación con un delito continuado de prevaricación, otro de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos".

Ni ellos ni Albiol llegaron nunca a ser investigados en un tribunal. El caso murió con la decisión de la fiscal jefe de Barcelona de archivar las diligencias. La Fiscalía Superior de Cataluña respaldó la decisión en un escrito de trámite que no entró al fondo del asunto. Semanas después Ana María Magaldi se jubiló y abandonó la carrera fiscal. El caso está cerrado.
 
Yo he dicho que muchos países europeos han hecho el experimento de la unificación y no les ha funcionado, por lo que han decidido volver a una estructura organizativa federal (que es propia de la Edad Media)
Si con los Parlamentos divididos en brazos Se componían no por tres brazos (como era usual, uno por cada estamento), sino por cuatro: barones y ricoshombres (alta nobleza), caballeros e hidalgos o infanzones (baja nobleza), universidades o concejos (las ciudades) y el clero (que no se convoca hasta 1301). Cada brazo se reunía por separado y redactaba sus greuges (quejas) tras escuchar el discurso de intenciones del rey y la respuesta de bienvenida de uno de los obispos
 
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