José Manuel Soria: El Ministro caliente (1 Viewer)

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Jeje, aquí parece que hay gente que aún no se ha enterado de que Soria ha dimitido...

Y tampoco sé que tiene eso de relevante. Cuando se hace una norma, se traslada a todos los afectados y se abre un periodo de información pública para que realicen alegaciones quienes lo estimen oportuno. Unas se aceptan y se incorporan al texto, y otras no.

Lo que me flipa es lo alegremente que habla todo el mundo de cosas y procedimientos que están recogidos en las leyes, pero da igual...
 

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El exministro Soria mantiene una escolta de ocho policías y dos coches quince meses después de dimitir.

La protección del exministro de Industria, que abandonó el cargo por el escándalo de sus empresas familiares en paraísos fiscales, cuesta al Estado más de 250.000 euros

La Secretaría de Estado de Seguridad le retiró la escolta al cumplirse el año de su cese como ministro, pero el Gobierno se la mantiene cuando está en Canarias

Seis policías vigilan su mansión 24 horas al día desde que denunciara el misterioso robo de Nochebuena, del que nada se sabe seis meses después

Alexis González - Las Palmas de Gran Canaria
04/07/2017 - 20:17h
José Manuel Soria, junto a su abogado, Nicolás González-Cuéllar, y un escolta policial, en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. (ALEJANDRO RAMOS)


Quince meses después de dimitir por el escándalo de sus empresas familiares en paraísos fiscales, el ex ministro de Industria José Manuel Soria sigue gozando de privilegios públicos, como si todavía fuera un alto cargo oficial. A pesar de que ya no tiene derecho, el ex presidente del PP canario dispone de escolta que a lo largo de este año y cuarto ya le ha costado al Estado más de 250.000 euros.

En realidad se trata de dos servicios de protección distintos. Uno es la escolta de dos policías que le acompañan siempre en sus desplazamientos; otro, la vigilancia estática de su chalet en el barrio residencial de Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, por parte de seis agentes en tres turnos las 24 horas. Una custodia que se ha convertido en permanente desde el misterioso asalto a su casa en Nochebuena.

El coste para el erario público de estas tareas policiales, que la Secretaría de Estado de Seguridad decidió cancelar en abril pasado al cumplirse un año de la salida de Soria del Gobierno, se deduce de los salarios brutos de una media de ocho policías asignados a su protección, más billetes de avión y dietas de estos por vuelos entre islas y a la Península, según confirman a Canarias Ahora fuentes policiales.

Contra todo criterio razonable y en aparente contradicción con la decisión del Ministerio del Interior del 17 de abril de este año de retirar la escolta a Soria cuando aterrizaba en Madrid, la Policía sigue prestando ese servicio cuando el ex ministro se encuentra en su tierra por orden del subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, según estas mismas fuentes.

Los funcionarios que escoltan a Soria allá donde vaya están adscritos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Su sueldo bruto, incluido el base y diversos complementos, es de 2.220 euros al mes, además de dos pagas extra al año de 727 euros cada una: 28.000 euros al año.

Al coste de esa escolta dinámica de dos agentes (56.000 euros en un año entre los dos; tiene asignados cuatro policías que se turnan cada semana), hay que añadir estos tres últimos meses en los que se le mantiene la protección en Canarias: otros 13.000 euros, lo que alcanza un total de 69.000 euros hasta la fecha por guardar las espaldas del ex ministro, ahora dedicado a negocios con su firma Sorben Partners.

Además, a esos salarios se suman los gastos derivados por billetes de avión entre islas y a la Península, ya que uno de los escoltas acompaña a Soria en el vuelo y regresa en el siguiente a Gran Canaria, y del mismo modo hasta el cese del servicio en Madrid en abril pasado, un policía adscrito a la Unidad Central de Protección hacía lo propio en el vuelo de vuelta Madrid-Gran Canaria. Ahora ya vuelve solo.

Cálculos internos policiales elevan estos gastos a otros 15.000 euros, en el caso de los agentes de la Jefatura en Canarias, y 10.000 euros más por la escolta de Madrid a la isla, una cantidad menor al haber cesado esta hace tres meses. Pero durante los doce primeros meses después de su dimisión la cobertura al exministro que dice ahora haber tenido una cuenta en Suiza era total entre efectivos de Madrid y Las Palmas, según donde estuviera el protegido.

Soria viaja al menos una vez a la semana a la capital de España, donde suele pasar de martes a jueves atendiendo sus asuntos particulares, lo que supone unos 60 desplazamientos en avión, ida y vuelta, de sus guardianes públicos, que también perciben dietas de 30 euros por exceso de horas en estas funciones extras.

La decisión de proteger a altos cargos públicos es competencia de una comisión de coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, presidida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, y de la que forman parte el comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía y el jefe del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil.

Por norma básica, la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección a Personalidades, creada en 1997, revisa cada seis meses la asignación y retirada de estas guardias, en función de unos criterios que desde 2012, ante la disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA, persigue optimizar recursos policiales para otros cometidos y la reducción del catálogo de personalidades que realmente necesiten llevar escolta por amenazas reales.

Un coche camuflado delante de su mansión
Desde su dimisión el 15 de abril de 2016, Soria también goza de escolta estática delante de su vivienda en Gran Canaria. Durante al menos siete meses, entre abril y noviembre del año pasado, el servicio se realizaba solo cuando el ex ministro se encontraba en la isla y pernoctaba en casa, una media de cuatro días a la semana.

En este caso, son funcionarios con categoría de policías adscritos a la Unidad de Protección y Seguridad (UPS) de la misma brigada de Seguridad Ciudadana. Y como sus compañeros de la UPR, sus nóminas brutas son similares, incluyendo al menos un trienio, que alcanzan los 2.130 euros mensuales, con dos pagas extra al año de su sueldo base de 720 euros cada una.


Vigilancia policial ante la casa de José Manuel Soria. (CANARIAS AHORA)

El gasto calculado de estos seis policías (repartidos en tres turnos diarios) en 2016 sobrepasa los 55.000 euros, cantidad resultante de sumar sueldos brutos de solo tres meses y medio, al pasar Soria al menos la mitad de esos siete meses fuera de la isla y no ser necesaria la vigilancia de su domicilio. En noviembre, la vigilancia estática le fue retirada coincidiendo con los seis primeros meses de servicio y la formación del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Sin embargo, desde que el ex ministro denunciara el extraño asalto a su mansión y el misterioso robo de documentos, joyas y dinero en metálico de su caja fuerte, la tarde del 24 de diciembre pasado, la vigilancia estática de su casa ha pasado a ser completa, las 24 horas al día desde hace ya más de seis meses. Y sin que hasta hoy exista el menor indicio fiable de la autoría del robo para remitirlo a un juzgado.

Así, desde Nochebuena, seis efectivos de la UPS vigilan cada hora la mansión de Soria desde la calle, principalmente de paisano y en coches camuflados, aunque en las últimas semanas el servicio fue cubierto por patrullas de uniforme y en coches con distintivos policiales, hecho que según ha podido saber este diario disgustó a Soria hasta el punto de reclamar la vuelta de los más discretos vehículos k y que los agentes vistieran de calle. Como así ha sido desde este último fin de semana.

La vigilancia permanente de la casa de los Soria Benítez supone hasta el día de hoy otros 80.000 euros en sueldos de policías a los que se les retira de otras funciones, de la misma índole, en otros puntos fijos como pueden ser hospitales a los que se trasladan detenidos o condenados a penas de prisión, principalmente, ya sea por urgencias o por intervenciones quirúrgicas programadas.

Según han explicado las fuentes consultadas, durante las últimas semanas y con la llegada del verano y las vacaciones del personal, se han producido desajustes en las tareas de custodias de la Jefatura Superior en Canarias, al quedarse sin vehículos por estar uno asignado al puesto de seguridad de Tafira. Fue el caso del lunes de la semana pasada, con seis vigilancias fijas ese día.

Además, el domingo anterior se prestó la seguridad estática en el domicilio del ex ministro por funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano (091), en un vehículo combi con tres policías, como pudo comprobar este periódico. A juicio de las fuentes consultadas, esa custodia supuso una merma en la prestación de servicios de calidad a las llamadas de los ciudadanos, al retirar una dotación que es exclusiva para llamadas de urgencias.

A todos estos costes detallados hay que sumar también los gastos por combustible y mantenimiento de los dos vehículos policiales asignados a la protección de Soria, el estático desde el que se vigila su casa y con el que se desplaza con sus escoltas. El montante global supera así el cuarto de millón de euros hasta el momento.

Tanto el gabinete de prensa del Ministerio del Interior como los de la Jefatura de la Policía y la Delegación del Gobierno en las islas no han respondido a las preguntas de este periódico sobre los motivos y criterios, y las consecuencias para el trabajo diario del Cuerpo, para la protección policial de la que sigue sirviéndose Soria.

En el caso de la Secretaría de Estado de Seguridad, la explicación ha sido que “por motivos de seguridad, no tenemos esa información [su gabinete de prensa]”.

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/proteccion-policial-Soria-derecho-cuesta_0_661433862.html
 
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El 'regalo' de José Manuel Soria a las gasistas: más de 300 millones al año que la CNMC propone suprimir

Competencia propone eliminar una partida que cobran desde 2014 las empresas de transporte y almacenamiento de gas, fundamentalmente Enagás, "sin contraprestación evidente para los consumidores"

Enagás argumenta que esa reforma mermó sus ingresos en 120 millones anuales y ese incentivo ha eliminado el déficit del sector e "incentiva el mantenimiento de las instalaciones operativas más allá de su vida regulatoria"

Antonio M. Vélez
08/10/2019 - 21:20h


José Manuel Soria, en una imagen de archivo. EFE

División en la CNMC por un recorte de 266 millones a Red Eléctrica por las líneas anteriores a 1998
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debate estos días suprimir una millonaria partida por la que las empresas dedicadas al transporte y regasificación de gas natural se embolsan más de 300 millones de euros al año desde 2014 "sin contraprestación evidente para los consumidores", según el organismo.

Las afectadas por esta medida son fundamentalmente Enagás y, en menor medida, otras como Redexis (vendida por el banco de inversión Goldman Sachs a varios fondos en 2018) o Naturgy (antigua Gas Natural). La propuesta de eliminar esa partida figura en una circular que el organismo sacó a consulta el 5 de julio, dentro del conjunto de propuestas normativas que ha lanzado en los últimos meses en el marco de sus nuevas competencias, y que han sacudido al sector energético en su conjunto.




Las empresas (sobre todo las gasistas) acusan al organismo que preside (con el mandato caducado desde septiembre) José María Marín Quemada de poner en riesgo la sostenibilidad del sistema energético con esas propuestas.

La partida que quiere eliminar la CNMC se denomina RCS y su supresión explicaría en buena medida que el transporte sea la actividad que mayor recorte vaya a sufrir (un 21,8%) de todas las que se van a ver afectadas por las circulares, si se aprueban en su redacción original.

Para que dicha actividad se realice "al menor coste para el sistema gasista y con una rentabilidad razonable", la CNMC propone la "eliminación progresiva y total en el periodo regulatorio 2021-2026, de la retribución por continuidad de suministro (RCS), actualmente vigente para el transporte y la regasificación de gas natural, por ser un concepto retributivo sin contraprestación evidente para los consumidores y, dadas las cantidades establecidas, contrario al principio de rentabilidad razonable".

La propuesta es reducir ese incentivo, que algunas fuentes comparan con los millonarios pagos que recibe Red Eléctrica por sus instalaciones anteriores a 1998 (y que la CNMC también ha propuesto eliminar), "de forma gradual" hasta dejarlo a cero a partir de 2025. La empresa más afectada, Enagás, ha presentado alegaciones al texto y argumenta que la RCS "incentiva el mantenimiento de las instalaciones operativas más allá de su vida regulatoria" y ha eliminado el déficit de tarifa en el sector del gas.

Vía real decreto-ley
La RCS fue introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy a través del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta norma se aprobó durante la etapa de José Manuel Soria como ministro de Industria y Energía, poco antes del cierre del almacén de gas Castor y de la polémica indemnización para su promotora, la constructora ACS, cuyo mecanismo anuló posteriormente el Tribunal Constitucional.

La RCS se concibió en un contexto de hibernación de instalaciones, desplome de la demanda de gas (solo en el primer trimestre de ese año la caída fue del 11%) y para evitar "la aparición de nuevos desajustes al final del ejercicio", según justificó entonces el Gobierno.

La ley que implantó ese incentivo advertía de que ese año el déficit de tarifa del sector "podría alcanzar los 800 millones de euros como consecuencia de la entrada en servicio de nuevas instalaciones y la contracción de demanda de gas natural del primer semestre del año 2014, más acusada de la prevista". Y cifraba en 287 millones el importe total de la RCS, cifra que para este año se va ir por encima de los 300 millones, de los que 230,93 corresponden al transporte (el 90%, para Enagás) y otros 67,24 millones, a las regasificadoras de gas natural licuado (GNL).

La memoria justificativa de la circular apunta a la RCS como "una de las causas que dan lugar a valores elevados del ROE [Return on Equity o cociente entre los beneficios después de impuestos y el valor del patrimonio neto de una empresa] de las empresas del sector", que en el caso del transporte es "muy superior" al de otros sectores regulados como el eléctrico, el farmacéutico o el de telecomunicaciones.

"La realidad es que el actual sistema retributivo establece una tasa de retribución financiera del 5,09% sobre el valor neto de las inversiones, tasa que no se refleja en el ROE, cuyo valor está sistemáticamente por encima del 14%", señala la CNMC, "y ello es debido a que existen en la retribución del transporte y la regasificación otros conceptos retributivos". En concreto, la RCS.

La CNMC indica que, con el marco actual, las empresas estarían cobrando este incentivo durante un siglo, mucho más allá del plazo en el que la economía española debería estar completamente descarbonizada según Bruselas (2050): "La retribución por RCS tendería a ser cero en el muy largo plazo al haberse incluido un Coeficiente de Eficiencia por mejoras de productividad" que, aplicado "durante 100 años", reduciría el incentivo "hasta el 5% del valor del RCS actual si la demanda fuera constante. Dicho plazo de 100 años no es el adecuado para un concepto retributivo sin contraprestación explícita", concluye la memoria de circular.

Alegaciones de Enagás
Enagás (cuyo mayor accionista es el Estado con el 5%), señala que en 2014 el regulador optó "por no revalorizar los activos en el transporte de gas, como se hizo con los eléctricos o como es habitual en países del entorno", y en su lugar incorporó la RCS, un concepto "vinculado a incentivar la demanda y que permitiera equilibrar las diferencias entre los ingresos y los costes del sistema gasista al trasladar el riesgo de demanda a los titulares de instalaciones".

Esa decisión, según la compañía, "supuso una reducción de en torno a 120 millones de euros de los ingresos anuales para Enagás en el periodo regulatorio 2014-2020". Enagás defiende que la RCS "ha permitido que en el presente periodo regulatorio se redujera el déficit del sistema gasista e incluso genere un superávit desde 2018".

La empresa subraya que esta figura "incentiva el mantenimiento de las instalaciones operativas más allá de su vida regulatoria" en línea con el plan integrado de energía y clima y las orientaciones de política energéticas aprobadas en abril por el Ministerio de Transición Ecológica "para evitar tener que hacer inversiones millonarias en nuevas infraestructuras por el fin de vida útil de las existentes, teniendo en cuenta que esas infraestructuras siguen siendo necesarias en el proceso de transición energética".

Por su parte, la patronal Sedigas confirma que la eliminación de la RCS "es una de las mayores quejas del comité de transportistas" de esta asociación y ha planteado también alegaciones al respecto.

https://www.eldiario.es/economia/Competencia-gasistas-millones-contraprestacion-consumidores_0_950505767.html

Cuanto dinero desperdigado. Luego dicen que no hay dinero para los demás temas candentes de los españoles, que el dinero no sale de las piedras, pero vemos que para ciertos personajes eso no es un problema.
 

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