Jose Luis Martínez Almeida nuevo alcalde de Madrid del PP
- AutorSultanaXS
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Y a un prófugo sentenciado y condenado por enaltecimiento de terrorismo le han contratado con dinero público en Mallorca.
El Govern balear financia con 11.000 euros públicos un concierto de Valtonyc en Felanitx
https://www.elmundo.es/baleares/2019/08/02/5d43dbeb21efa04d608b46c6.html
Seguridad: enmienda (casi) total a Carmena
Almeida quiere deshacer el legado más negativo de la exjuez para que Madrid no sufra la degradación de Barcelona
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Carlos Hidalgo@carloshidalgo_
MADRIDActualizado:08/08/2019 12:30h24El número de «manteros» se duplica ante la permisividad de Carmena
Una de las primeras tareas que ha puesto en marcha el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) ha sido la enmienda a prácticamente la totalidad de la política de seguridad llevada a cabo por la anterior corporación, de Manuela Carmena (Ahora Madrid). El objetivo es evitar que Madrid llegue a convertirse, en ese sentido, en otra Barcelona, donde manteros, delincuentes comunes y okupas campan a sus anchas, afectando a la ciudadanía y a los turistas. Y donde las protestas vecinales son el pan de cada día. Estas son las líneas maestras que la edil del ramo, la popular Inmaculada Sanz, ha puesto o va a poner en marcha al respecto.
Plan integral en el centro: refuerzo policial
Lo primero que ha hecho Sanz es sacar más policías a la calle. Sobre todo, en el distrito de Centro. Un total de 98 agentes recién salidos del Cifse (el centro de formación) han sido destinados a esta zona. Por un lado, tienen el deber de practicar una política de tolerancia cero hacia el top-manta, una práctica que trae de cabeza a los comerciantes, sobre todo, en el entorno de la Puerta del Sol, Plaza Mayor, la Gran Vía, El Retiro y Atocha. Hay alrededor de 300, según los datos de las unidades integrales de Centro Norte y Sur. El anterior concejal, Javier Barbero, orquestó una directriz a los agentes por la que se prohibía actuar contra los vendedores ambulantes ilegales si estaban en grupo o en zonas muy transitadas, con la excusa de que se podrían producir situaciones de alteraciones del orden público. Eso, en la práctica, es no hacer nada. Y ha quedado reflejado en la caída en picado de hasta el 60% en algunos meses de las sanciones y actuaciones contra el «top-manta».
Javier Barbero también eliminó el GAZ, el grupo especializado a controlar los mercadillos de los distritos de Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde, dando vía libre a los comerciantes ilegales.
Además, el refuerzo policial también tendrá especial presencia en Lavapiés, considerado por todos los expertos consultados por este periódico el barrio más problemático del centro. Ya hay allí más uniformados, pero los adscritos al distrito tendrán el apoyo de las Unidades de Apoyo a la Seguridad (UAS), el sucedáneo de «antidisturbios» que dejó Carmena. Aun así, existe todavía un déficit de unos 800 efectivos en todo el Cuerpo municipal. Además, a partir de septiembre, el refuerzo será aún mayor.
Sanz ha prometido volver a los «antidisturbios» y que sean más que los que dejó el exedil. Con quien la cosa, además, se agravó con un convenio sacado de la chistera con sus sindicatos afines (CC.OO., UGT y UPM), que no eran los mayoritarios y que, pese a ser rechazado por el 85% de la plantilla, fue firmado en un acto con Carmena exhibiendo aquello como si fuera un éxito. Al texto y a la central UPM se les conoce en medios policiales como «los churreros», por la pérdida de derechos que ha supuesto.
Nuevo Plan Director: adiós al Comité de Ética
El pasado 12 de febrero, Carmena ponía en marcha el llamado comité de ética de la Policía Municipal, destinado, según aquella Corporación, a fiscalizar el trabajo de los agentes y poner en marcha un sistema de control en función de las quejas o denuncias de los ciudadanos por la labor de los policías, a imagen y semejanza de otras grandes capitales.
El sindicato CPPM, mayoritario, denunció entonces: «Nos sorprende enormemente que, a pocos meses de finalizar la legislatura, pongan en marcha una idea que plantearon en 2016 y que parecía desechada. Al Ayuntamiento no le parece suficiente que todos los Policías estemos sometidos en nuestra actuación a la ley y al derecho, y por si fuera poco a un estricto régimen disciplinario. Ahora, además, pretenden mediante este nuevo invento compuesto por personas designadas a dedo, darnos clases de su ética y moral, para que guíen nuestra actuación en la calle».
Hace dos semanas, la edil Inmaculada Sanz firmó el decreto por el que se suprime definitivamente el Comité de Ética de la Policía Municipal, al entender que las funciones asignadas a ese órgano están «ya cubiertas en el ámbito del Cuerpo, como queda reflejado en el funcionamiento de la Unidad de Asuntos Internos».
También se han suspendido los boletines, puestos en la UID de Ciudad Lineal como experiencia piloto, que debían rellenar los agentes en las identificaciones a personas; en ellos debían especificar la raza y origen de los filiados.
Okupas: se acabó la barra libre
Ya hay una fecha aproximada para que los okupas de La Ingobernable abandonen el edificio municipal del paseo del Prado: primeros de septiembre. Aunque el Consistorio está intentando agilizar la expulsión para llevarla a cabo este mes de agosto, es probable, por el trámite burocrático necesario, que se alargue y sea más tarde. El Gobierno de Carmena, pese a ser propietario del inmenso inmueble y a que los mandos policiales se ofrecieron a presentarse ante el juez esa misma noche para atajar el asalto, se negó a denunciar la usurpación, que se dilata ya más de dos años. Lo mismo ha ocurrido con los radicales de La Dragona, que llevan once años en el cementerio de La Almudena y que representan parte el movimiento anarcoinsurreccionalista de Madrid, la rama más violenta de los grupos antisistema. Para su lanzamiento no hay fecha, pero serán los siguientes tras La Ingobernable.
Más investigación: impulso de la Policía Judicial
Otra de las «herencias» de Barbero fue dejar en mínimos la labor de Policía Judicial en el Cuerpo municipal, unas atribuciones limitadas por la ley pero que permite, por ejemplo, actuar en casos de tráfico de drogas, violencia de género, investigación de muertes en accidentes laborales y en dactiloscopia y falsedad documental, entre otros asuntos.
También se eliminó el Secai, una especie de grupo de Información a pequeña escala. La idea de Almeida es recuperar lo perdido en la medida de la realidad delictiva de una capital como Madrid, con aproximadamente 3,3 millones de personas empadronadas y alrededor 5 millones de población flotante.
Dignidad laboral: mejora de las instalaciones
Un frente importante (y que deberá contar con un respaldo presupuestario) es el de las mejoras de las sedes policiales. Aquí el trabajo es arduo: ratas, falta de ventilación, barracones, baños tercermundistas, equipamientos deportivos insuficientes y hacinamiento son solo algunos de los problemas que se viven en muchas de las 22 unidades integrales de distrito.
Por no mencionar la situación en la que están los agentes de las UAS, que acaban de ser trasladados a la Casa de Campo en contra de los deseos de los agentes. El Ayuntamiento tiene previsto un plan de mejoras de instalaciones que los sindicatos esperan que sea una realidad
Almeida quiere deshacer el legado más negativo de la exjuez para que Madrid no sufra la degradación de Barcelona
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Carlos Hidalgo@carloshidalgo_MADRIDActualizado:08/08/2019 12:30h24El número de «manteros» se duplica ante la permisividad de Carmena
Una de las primeras tareas que ha puesto en marcha el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) ha sido la enmienda a prácticamente la totalidad de la política de seguridad llevada a cabo por la anterior corporación, de Manuela Carmena (Ahora Madrid). El objetivo es evitar que Madrid llegue a convertirse, en ese sentido, en otra Barcelona, donde manteros, delincuentes comunes y okupas campan a sus anchas, afectando a la ciudadanía y a los turistas. Y donde las protestas vecinales son el pan de cada día. Estas son las líneas maestras que la edil del ramo, la popular Inmaculada Sanz, ha puesto o va a poner en marcha al respecto.
Plan integral en el centro: refuerzo policial
Lo primero que ha hecho Sanz es sacar más policías a la calle. Sobre todo, en el distrito de Centro. Un total de 98 agentes recién salidos del Cifse (el centro de formación) han sido destinados a esta zona. Por un lado, tienen el deber de practicar una política de tolerancia cero hacia el top-manta, una práctica que trae de cabeza a los comerciantes, sobre todo, en el entorno de la Puerta del Sol, Plaza Mayor, la Gran Vía, El Retiro y Atocha. Hay alrededor de 300, según los datos de las unidades integrales de Centro Norte y Sur. El anterior concejal, Javier Barbero, orquestó una directriz a los agentes por la que se prohibía actuar contra los vendedores ambulantes ilegales si estaban en grupo o en zonas muy transitadas, con la excusa de que se podrían producir situaciones de alteraciones del orden público. Eso, en la práctica, es no hacer nada. Y ha quedado reflejado en la caída en picado de hasta el 60% en algunos meses de las sanciones y actuaciones contra el «top-manta».
Javier Barbero también eliminó el GAZ, el grupo especializado a controlar los mercadillos de los distritos de Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde, dando vía libre a los comerciantes ilegales.
Además, el refuerzo policial también tendrá especial presencia en Lavapiés, considerado por todos los expertos consultados por este periódico el barrio más problemático del centro. Ya hay allí más uniformados, pero los adscritos al distrito tendrán el apoyo de las Unidades de Apoyo a la Seguridad (UAS), el sucedáneo de «antidisturbios» que dejó Carmena. Aun así, existe todavía un déficit de unos 800 efectivos en todo el Cuerpo municipal. Además, a partir de septiembre, el refuerzo será aún mayor.
Sanz ha prometido volver a los «antidisturbios» y que sean más que los que dejó el exedil. Con quien la cosa, además, se agravó con un convenio sacado de la chistera con sus sindicatos afines (CC.OO., UGT y UPM), que no eran los mayoritarios y que, pese a ser rechazado por el 85% de la plantilla, fue firmado en un acto con Carmena exhibiendo aquello como si fuera un éxito. Al texto y a la central UPM se les conoce en medios policiales como «los churreros», por la pérdida de derechos que ha supuesto.
Nuevo Plan Director: adiós al Comité de Ética
El pasado 12 de febrero, Carmena ponía en marcha el llamado comité de ética de la Policía Municipal, destinado, según aquella Corporación, a fiscalizar el trabajo de los agentes y poner en marcha un sistema de control en función de las quejas o denuncias de los ciudadanos por la labor de los policías, a imagen y semejanza de otras grandes capitales.
El sindicato CPPM, mayoritario, denunció entonces: «Nos sorprende enormemente que, a pocos meses de finalizar la legislatura, pongan en marcha una idea que plantearon en 2016 y que parecía desechada. Al Ayuntamiento no le parece suficiente que todos los Policías estemos sometidos en nuestra actuación a la ley y al derecho, y por si fuera poco a un estricto régimen disciplinario. Ahora, además, pretenden mediante este nuevo invento compuesto por personas designadas a dedo, darnos clases de su ética y moral, para que guíen nuestra actuación en la calle».
Hace dos semanas, la edil Inmaculada Sanz firmó el decreto por el que se suprime definitivamente el Comité de Ética de la Policía Municipal, al entender que las funciones asignadas a ese órgano están «ya cubiertas en el ámbito del Cuerpo, como queda reflejado en el funcionamiento de la Unidad de Asuntos Internos».
También se han suspendido los boletines, puestos en la UID de Ciudad Lineal como experiencia piloto, que debían rellenar los agentes en las identificaciones a personas; en ellos debían especificar la raza y origen de los filiados.
Okupas: se acabó la barra libre
Ya hay una fecha aproximada para que los okupas de La Ingobernable abandonen el edificio municipal del paseo del Prado: primeros de septiembre. Aunque el Consistorio está intentando agilizar la expulsión para llevarla a cabo este mes de agosto, es probable, por el trámite burocrático necesario, que se alargue y sea más tarde. El Gobierno de Carmena, pese a ser propietario del inmenso inmueble y a que los mandos policiales se ofrecieron a presentarse ante el juez esa misma noche para atajar el asalto, se negó a denunciar la usurpación, que se dilata ya más de dos años. Lo mismo ha ocurrido con los radicales de La Dragona, que llevan once años en el cementerio de La Almudena y que representan parte el movimiento anarcoinsurreccionalista de Madrid, la rama más violenta de los grupos antisistema. Para su lanzamiento no hay fecha, pero serán los siguientes tras La Ingobernable.
Más investigación: impulso de la Policía Judicial
Otra de las «herencias» de Barbero fue dejar en mínimos la labor de Policía Judicial en el Cuerpo municipal, unas atribuciones limitadas por la ley pero que permite, por ejemplo, actuar en casos de tráfico de drogas, violencia de género, investigación de muertes en accidentes laborales y en dactiloscopia y falsedad documental, entre otros asuntos.
También se eliminó el Secai, una especie de grupo de Información a pequeña escala. La idea de Almeida es recuperar lo perdido en la medida de la realidad delictiva de una capital como Madrid, con aproximadamente 3,3 millones de personas empadronadas y alrededor 5 millones de población flotante.
Dignidad laboral: mejora de las instalaciones
Un frente importante (y que deberá contar con un respaldo presupuestario) es el de las mejoras de las sedes policiales. Aquí el trabajo es arduo: ratas, falta de ventilación, barracones, baños tercermundistas, equipamientos deportivos insuficientes y hacinamiento son solo algunos de los problemas que se viven en muchas de las 22 unidades integrales de distrito.
Por no mencionar la situación en la que están los agentes de las UAS, que acaban de ser trasladados a la Casa de Campo en contra de los deseos de los agentes. El Ayuntamiento tiene previsto un plan de mejoras de instalaciones que los sindicatos esperan que sea una realidad
unas muy buenas medidas, si señorSeguridad: enmienda (casi) total a Carmena
Almeida quiere deshacer el legado más negativo de la exjuez para que Madrid no sufra la degradación de Barcelona
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MADRIDActualizado:08/08/2019 12:30h24El número de «manteros» se duplica ante la permisividad de Carmena
Una de las primeras tareas que ha puesto en marcha el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) ha sido la enmienda a prácticamente la totalidad de la política de seguridad llevada a cabo por la anterior corporación, de Manuela Carmena (Ahora Madrid). El objetivo es evitar que Madrid llegue a convertirse, en ese sentido, en otra Barcelona, donde manteros, delincuentes comunes y okupas campan a sus anchas, afectando a la ciudadanía y a los turistas. Y donde las protestas vecinales son el pan de cada día. Estas son las líneas maestras que la edil del ramo, la popular Inmaculada Sanz, ha puesto o va a poner en marcha al respecto.
Plan integral en el centro: refuerzo policial
Lo primero que ha hecho Sanz es sacar más policías a la calle. Sobre todo, en el distrito de Centro. Un total de 98 agentes recién salidos del Cifse (el centro de formación) han sido destinados a esta zona. Por un lado, tienen el deber de practicar una política de tolerancia cero hacia el top-manta, una práctica que trae de cabeza a los comerciantes, sobre todo, en el entorno de la Puerta del Sol, Plaza Mayor, la Gran Vía, El Retiro y Atocha. Hay alrededor de 300, según los datos de las unidades integrales de Centro Norte y Sur. El anterior concejal, Javier Barbero, orquestó una directriz a los agentes por la que se prohibía actuar contra los vendedores ambulantes ilegales si estaban en grupo o en zonas muy transitadas, con la excusa de que se podrían producir situaciones de alteraciones del orden público. Eso, en la práctica, es no hacer nada. Y ha quedado reflejado en la caída en picado de hasta el 60% en algunos meses de las sanciones y actuaciones contra el «top-manta».
Javier Barbero también eliminó el GAZ, el grupo especializado a controlar los mercadillos de los distritos de Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde, dando vía libre a los comerciantes ilegales.
Además, el refuerzo policial también tendrá especial presencia en Lavapiés, considerado por todos los expertos consultados por este periódico el barrio más problemático del centro. Ya hay allí más uniformados, pero los adscritos al distrito tendrán el apoyo de las Unidades de Apoyo a la Seguridad (UAS), el sucedáneo de «antidisturbios» que dejó Carmena. Aun así, existe todavía un déficit de unos 800 efectivos en todo el Cuerpo municipal. Además, a partir de septiembre, el refuerzo será aún mayor.
Sanz ha prometido volver a los «antidisturbios» y que sean más que los que dejó el exedil. Con quien la cosa, además, se agravó con un convenio sacado de la chistera con sus sindicatos afines (CC.OO., UGT y UPM), que no eran los mayoritarios y que, pese a ser rechazado por el 85% de la plantilla, fue firmado en un acto con Carmena exhibiendo aquello como si fuera un éxito. Al texto y a la central UPM se les conoce en medios policiales como «los churreros», por la pérdida de derechos que ha supuesto.
Nuevo Plan Director: adiós al Comité de Ética
El pasado 12 de febrero, Carmena ponía en marcha el llamado comité de ética de la Policía Municipal, destinado, según aquella Corporación, a fiscalizar el trabajo de los agentes y poner en marcha un sistema de control en función de las quejas o denuncias de los ciudadanos por la labor de los policías, a imagen y semejanza de otras grandes capitales.
El sindicato CPPM, mayoritario, denunció entonces: «Nos sorprende enormemente que, a pocos meses de finalizar la legislatura, pongan en marcha una idea que plantearon en 2016 y que parecía desechada. Al Ayuntamiento no le parece suficiente que todos los Policías estemos sometidos en nuestra actuación a la ley y al derecho, y por si fuera poco a un estricto régimen disciplinario. Ahora, además, pretenden mediante este nuevo invento compuesto por personas designadas a dedo, darnos clases de su ética y moral, para que guíen nuestra actuación en la calle».
Hace dos semanas, la edil Inmaculada Sanz firmó el decreto por el que se suprime definitivamente el Comité de Ética de la Policía Municipal, al entender que las funciones asignadas a ese órgano están «ya cubiertas en el ámbito del Cuerpo, como queda reflejado en el funcionamiento de la Unidad de Asuntos Internos».
También se han suspendido los boletines, puestos en la UID de Ciudad Lineal como experiencia piloto, que debían rellenar los agentes en las identificaciones a personas; en ellos debían especificar la raza y origen de los filiados.
Okupas: se acabó la barra libre
Ya hay una fecha aproximada para que los okupas de La Ingobernable abandonen el edificio municipal del paseo del Prado: primeros de septiembre. Aunque el Consistorio está intentando agilizar la expulsión para llevarla a cabo este mes de agosto, es probable, por el trámite burocrático necesario, que se alargue y sea más tarde. El Gobierno de Carmena, pese a ser propietario del inmenso inmueble y a que los mandos policiales se ofrecieron a presentarse ante el juez esa misma noche para atajar el asalto, se negó a denunciar la usurpación, que se dilata ya más de dos años. Lo mismo ha ocurrido con los radicales de La Dragona, que llevan once años en el cementerio de La Almudena y que representan parte el movimiento anarcoinsurreccionalista de Madrid, la rama más violenta de los grupos antisistema. Para su lanzamiento no hay fecha, pero serán los siguientes tras La Ingobernable.
Más investigación: impulso de la Policía Judicial
Otra de las «herencias» de Barbero fue dejar en mínimos la labor de Policía Judicial en el Cuerpo municipal, unas atribuciones limitadas por la ley pero que permite, por ejemplo, actuar en casos de tráfico de drogas, violencia de género, investigación de muertes en accidentes laborales y en dactiloscopia y falsedad documental, entre otros asuntos.
También se eliminó el Secai, una especie de grupo de Información a pequeña escala. La idea de Almeida es recuperar lo perdido en la medida de la realidad delictiva de una capital como Madrid, con aproximadamente 3,3 millones de personas empadronadas y alrededor 5 millones de población flotante.
Dignidad laboral: mejora de las instalaciones
Un frente importante (y que deberá contar con un respaldo presupuestario) es el de las mejoras de las sedes policiales. Aquí el trabajo es arduo: ratas, falta de ventilación, barracones, baños tercermundistas, equipamientos deportivos insuficientes y hacinamiento son solo algunos de los problemas que se viven en muchas de las 22 unidades integrales de distrito.
Por no mencionar la situación en la que están los agentes de las UAS, que acaban de ser trasladados a la Casa de Campo en contra de los deseos de los agentes. El Ayuntamiento tiene previsto un plan de mejoras de instalaciones que los sindicatos esperan que sea una realidad
Muy acostumbrados están algunos al cochecito,cuando luego ni se puede aparcar ni transitar.Ya podrían muchos aprovechar el transporte público,ah!pero eso ya es de pobres.Mejor usar el coche por la ciudad,aunque hayan atascos y no se pueda aparcar.
No gastó nada en nada. Era como poner un mono en una cápsula espacial, igual Carmena al frente del primer ayuntamiento de España
no es que el transporte publico sea de pobres, es que es muy incomodo, tardas el triple de tiempo en llegar a los sitios y si tienes coche no tienes necesidad de usarlo porque a unos sectarios de izquierda les de por prohibirte moverte con tu coche por Madrid
yo por desgracia no tengo coche y tengo que usar el transporte publico siempre, y lo sufro a diario
Cena de gala y churros: así se preparan los okupas de La Ingobernable para evitar el desalojo de Almeida
El desalojo está previsto en el BOE para este miércoles, 28 de agosto.
https://www.libremercado.com/2019-0...6.2040736951.1566906530-1814838972.1453888588
El desalojo está previsto en el BOE para este miércoles, 28 de agosto.
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El Gobierno de Almeida despide a la abogada que preparaba el recurso contra la absolución de Botella por vender pisos a fondos buitre
Vigilancia del poder
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el 29 de julio una moción que instaba al Gobierno municipal a recurrir ante el Supremo la sentencia que absolvió a Botella
El encargado de comunicar el cese ha sido el exjefe de gabinete de Ignacio González, Diego Lozano, actual consejero delegado de la empresa municipal de vivienda
Fátima Caballero
91 comentarios
06/09/2019 - 21:46h
El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida,2ºiz., posa con los exalcaldes de Madrid por Partido Popular Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y José María Álvarez del Manzano,i-d., tras la sesión constituyente celebrada en el Palacio de Cibeles EFE/EMILIO NARANJO
Dos consejeros vinculados al PP libran a Ana Botella de una multa millonaria por vender pisos sociales a fondos buitre
El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida ha despedido este viernes a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz Embid, que desde hace semanas preparaba el recurso ante el Tribunal Supremo contra la absolución de la exalcaldesa Ana Botella en la venta de pisos públicos a fondos buitre.
Herranz ya había sido la abogada responsable con el anterior Gobierno de Manuela Carmena de la presentación de la demanda en el Tribunal de Cuentas contra la venta de viviendas sociales a fondos buitre y que culminó con la sentencia condenatoria a Ana Botella y otros consejeros de su gobierno en primera instancia. El fallo obligaba a la exalcaldesa y a siete cargos de su Ayuntamiento a abonar 25,7 millones de euros por las perdidas ocasionadas a las arcas municipales. El mismo tribunal, gracias a los votos a favor de dos consejeros del PP, acabó absolviendo a la exalcaldesa de Madrid en segunda instancia.
La letrada tenía que presentar ahora otro recurso contra ese fallo ante el Tribunal Supremo. Un acuerdo del Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid del 29 de julio, ya con esta corporación y con Almeida como alcalde, insta a la Junta de Gobierno a interponer el recurso de casación ante el Supremo y a seguir con las diligencias penales abiertas "a través de sus representantes personados" –es decir, la letrada despedida–. El plazo para presentar el recurso expira el próximo 27 de septiembre. Según fuentes municipales, la letrada Paloma Herranz, una experta en derecho público que trabajó seis años como asesora en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, llevaba semanas preparando el recurso ante el Supremo que no podrá concluir.
Según ha podido saber eldiario.es de fuentes municipales, el encargado de comunicarle la destitución a la hasta ahora directora de servicios jurídicos de la EMVS ha sido el consejero delegado de la entidad municipal, Diego Lozano Pérez. Lozano, un viejo conocido del PP que ha ocupado diferentes cargos en los gobiernos madrileños. El expresidente Ignacio González lo eligió como jefe de gabinete y antes ha ejercido como primer teniente de alcalde en Pozuelo de Alarcón. En la reunión donde se comunicó el despido también estaba el gerente de la empresa municipal, José Antonio Acosta. Nadie comunicó a la abogada las razones de su destitución que se tramitó sin indemnización, ni si el Ayuntamiento piensa seguir adelante con el recurso.
El actual concejal delegado de la Vivienda, Álvaro González López (PP), se reunió hace apenas una semana con Paloma Herranz Embid, según fuentes municipales para interesarse por el estado del recurso y el tiempo que necesitaba para prepararlo. La letrada calculó que serían necesarias dos semanas para tenerlo listo.
Herranz ya había interpuesto los recursos que permitieron reabrir el procedimiento penal en la Audiencia de Madrid y también preparó el informe que llevó al Gobierno de Manuela Carmena a tramitar el procedimiento de nulidad contra la venta. Este último procedimiento no prosperó a causa del dictamen obligatorio y vinculante de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid en 2017.
El Gobierno municipal que preside ahora Almeida no era partidario a recurrir la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas, según manifestó el propio alcalde de Madrid y la portavoz, Inmaculada Sanz. Fueron los votos a favor del PSOE, Más Madrid y Vox a una moción de los socialistas los que ahora obligan a la EMVS a presentarlo.
El recurso de casación ante el Supremo requiere del cumplimiento de unos requisitos muy tasados además de demostrar el interés casacional. Muchos recursos son inadmitidos por esta causa sin ser analizados. "Bastaría con no concretar adecuadamente los requisitos exigidos para que se inadmitiera y no pasara nada", aseguran fuentes jurídicas.
Dos consejeros nombrados por el PP libraron a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero la Sala de Enjuiciamiento revocó ese fallo tras el recurso de los condenados.
La absolución, por dos votos contra uno, la firmaron dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento.
https://www.eldiario.es/madrid/Almeida-destituye-Supremo-absolucion-Botella_0_939306862.html
De una persona que es alcalde y que tiene como segunda de a bordo a una persona corrupta ¡Que se va a esperar!
¡Pobres madrileños! ¡A disfrutar de lo votado!
Vigilancia del poder
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el 29 de julio una moción que instaba al Gobierno municipal a recurrir ante el Supremo la sentencia que absolvió a Botella
El encargado de comunicar el cese ha sido el exjefe de gabinete de Ignacio González, Diego Lozano, actual consejero delegado de la empresa municipal de vivienda
Fátima Caballero
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06/09/2019 - 21:46h
El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida,2ºiz., posa con los exalcaldes de Madrid por Partido Popular Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella y José María Álvarez del Manzano,i-d., tras la sesión constituyente celebrada en el Palacio de Cibeles EFE/EMILIO NARANJO
Dos consejeros vinculados al PP libran a Ana Botella de una multa millonaria por vender pisos sociales a fondos buitre
El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida ha despedido este viernes a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz Embid, que desde hace semanas preparaba el recurso ante el Tribunal Supremo contra la absolución de la exalcaldesa Ana Botella en la venta de pisos públicos a fondos buitre.
Herranz ya había sido la abogada responsable con el anterior Gobierno de Manuela Carmena de la presentación de la demanda en el Tribunal de Cuentas contra la venta de viviendas sociales a fondos buitre y que culminó con la sentencia condenatoria a Ana Botella y otros consejeros de su gobierno en primera instancia. El fallo obligaba a la exalcaldesa y a siete cargos de su Ayuntamiento a abonar 25,7 millones de euros por las perdidas ocasionadas a las arcas municipales. El mismo tribunal, gracias a los votos a favor de dos consejeros del PP, acabó absolviendo a la exalcaldesa de Madrid en segunda instancia.
La letrada tenía que presentar ahora otro recurso contra ese fallo ante el Tribunal Supremo. Un acuerdo del Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid del 29 de julio, ya con esta corporación y con Almeida como alcalde, insta a la Junta de Gobierno a interponer el recurso de casación ante el Supremo y a seguir con las diligencias penales abiertas "a través de sus representantes personados" –es decir, la letrada despedida–. El plazo para presentar el recurso expira el próximo 27 de septiembre. Según fuentes municipales, la letrada Paloma Herranz, una experta en derecho público que trabajó seis años como asesora en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, llevaba semanas preparando el recurso ante el Supremo que no podrá concluir.
Según ha podido saber eldiario.es de fuentes municipales, el encargado de comunicarle la destitución a la hasta ahora directora de servicios jurídicos de la EMVS ha sido el consejero delegado de la entidad municipal, Diego Lozano Pérez. Lozano, un viejo conocido del PP que ha ocupado diferentes cargos en los gobiernos madrileños. El expresidente Ignacio González lo eligió como jefe de gabinete y antes ha ejercido como primer teniente de alcalde en Pozuelo de Alarcón. En la reunión donde se comunicó el despido también estaba el gerente de la empresa municipal, José Antonio Acosta. Nadie comunicó a la abogada las razones de su destitución que se tramitó sin indemnización, ni si el Ayuntamiento piensa seguir adelante con el recurso.
El actual concejal delegado de la Vivienda, Álvaro González López (PP), se reunió hace apenas una semana con Paloma Herranz Embid, según fuentes municipales para interesarse por el estado del recurso y el tiempo que necesitaba para prepararlo. La letrada calculó que serían necesarias dos semanas para tenerlo listo.
Herranz ya había interpuesto los recursos que permitieron reabrir el procedimiento penal en la Audiencia de Madrid y también preparó el informe que llevó al Gobierno de Manuela Carmena a tramitar el procedimiento de nulidad contra la venta. Este último procedimiento no prosperó a causa del dictamen obligatorio y vinculante de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid en 2017.
El Gobierno municipal que preside ahora Almeida no era partidario a recurrir la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas, según manifestó el propio alcalde de Madrid y la portavoz, Inmaculada Sanz. Fueron los votos a favor del PSOE, Más Madrid y Vox a una moción de los socialistas los que ahora obligan a la EMVS a presentarlo.
El recurso de casación ante el Supremo requiere del cumplimiento de unos requisitos muy tasados además de demostrar el interés casacional. Muchos recursos son inadmitidos por esta causa sin ser analizados. "Bastaría con no concretar adecuadamente los requisitos exigidos para que se inadmitiera y no pasara nada", aseguran fuentes jurídicas.
Dos consejeros nombrados por el PP libraron a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros de su bolsillo por vender 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero la Sala de Enjuiciamiento revocó ese fallo tras el recurso de los condenados.
La absolución, por dos votos contra uno, la firmaron dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE, que mantuvo los argumentos que esgrimió el Tribunal de Cuentas durante su primera sentencia condenatoria: que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento.
https://www.eldiario.es/madrid/Almeida-destituye-Supremo-absolucion-Botella_0_939306862.html
De una persona que es alcalde y que tiene como segunda de a bordo a una persona corrupta ¡Que se va a esperar!
¡Pobres madrileños! ¡A disfrutar de lo votado!
La alcaldesa de Móstoles contrata a su hermana como cargo de confianza: 52.000 euros por llevar las redes sociales
El puesto es el de coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio, un cargo de libre designación que tiene una remuneración anual de 52.000 euros
Noelia Posse, concejala socialista / Twitter de Noelia Posse
Noelia Posse
CADENA SER
Madrid
06/09/2019 - 13:54 h. CEST
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles aprobó el pasado 29 de agosto el nombramiento de la nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio, un cargo de libre designación que tiene una remuneración anual de 52.000 euros.
será ocupado por la hermana de la actual alcaldesa, Noelia Posse (PSOE).
De esta forma, según se explica en el texto, Laura Posse ha sido designada para el puesto como "personal funcionario de empleo eventual", de conformidad a lo establecido en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 (bis), 1 f) de la misma Ley de Bases.
lgo que han criticado desde Ciudadanos en sus redes sociales, tildando el hecho de "nepotismo". "El Ayuntamiento de Móstoles no puede ser una agencia de colocación para amigos y familiares del PSOE de Móstoles. Stop dedazos", ha recalcado.
Por su parte, fuentes municipales han señalado que "para los puestos de funcionarios eventuales, para los cargos de confianza, se selecciona a personas con la capacitación y experiencia suficientes, como en el resto de administraciones públicas".
EL CASO DE VICENTE POSSE
Se de la circunstancia que Laura Posse no es el único familiar de la alcaldesa que trabaja para el ayuntamiento de Móstoles. Vicente Posse, trabajador desde hace años de este Consistorio madrileño, ha sido nombrado director técnico administrativo en el área de Deportes. Este puesto tiene asignado un complemento mensual de 1607 euros.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/06/radio_madrid/1567764678_151507.html
El puesto es el de coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio, un cargo de libre designación que tiene una remuneración anual de 52.000 euros
Noelia Posse, concejala socialista / Twitter de Noelia Posse
Noelia Posse
CADENA SER
Madrid
06/09/2019 - 13:54 h. CEST
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles aprobó el pasado 29 de agosto el nombramiento de la nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Consistorio, un cargo de libre designación que tiene una remuneración anual de 52.000 euros.
será ocupado por la hermana de la actual alcaldesa, Noelia Posse (PSOE).
De esta forma, según se explica en el texto, Laura Posse ha sido designada para el puesto como "personal funcionario de empleo eventual", de conformidad a lo establecido en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 (bis), 1 f) de la misma Ley de Bases.
lgo que han criticado desde Ciudadanos en sus redes sociales, tildando el hecho de "nepotismo". "El Ayuntamiento de Móstoles no puede ser una agencia de colocación para amigos y familiares del PSOE de Móstoles. Stop dedazos", ha recalcado.
Por su parte, fuentes municipales han señalado que "para los puestos de funcionarios eventuales, para los cargos de confianza, se selecciona a personas con la capacitación y experiencia suficientes, como en el resto de administraciones públicas".
EL CASO DE VICENTE POSSE
Se de la circunstancia que Laura Posse no es el único familiar de la alcaldesa que trabaja para el ayuntamiento de Móstoles. Vicente Posse, trabajador desde hace años de este Consistorio madrileño, ha sido nombrado director técnico administrativo en el área de Deportes. Este puesto tiene asignado un complemento mensual de 1607 euros.
https://cadenaser.com/emisora/2019/09/06/radio_madrid/1567764678_151507.html
