Isabel Díaz Ayuso presidenta de la CCAA Madrileña

Madrid firma contratos sin publicidad para realizar pruebas de covid con una empresa que suman hasta siete millones
La Comunidad de Madrid ha firmado hasta tres contratos con la Unión Temporal de Empresas BR Salud para que realice PCR y test rápidos en el Laboratorio Central. La concesionaria está formada por la empresa que ya gestiona el servicio del Laboratorio Clínico, Ribera Salud.


La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Emilio Naranjo/Archivo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Emilio Naranjo/Archivo
MADRID

29/07/2020 22:05 ACTUALIZADO: 30/07/2020 10:20
BEATRIZ ASUAR

@beaasuargallego
La Comunidad de Madrid ha firmado varios contratos con la concesionaria BR Salud Unión Temporal de Empresas (Ute) para que realice pruebas de PCR y test serológicos en centros de Atención Primaria y en el Laboratorio Clínico Central. Esta concesionaria está formada por Unilabs y Ribera Salud, la empresa que ya gestiona el servicio del laboratorio. Todos los contratos se realizaron por procedimiento sin publicidad y tramitación de emergencia. En el Portal de Contrataciones están publicados, hasta el momento, tres. El coste entre las diferentes adjudicaciones llega a los 6.945.600 euros.

El entramado de contratos, empresas y gestión del Laboratorio Clínico Central es muy complejo. El servicio del laboratorio se privatizó por primera vez bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Es dependiente de la Consejería de Sanidad de Madrid, está ubicado en Hospital Universitario Infanta Sofía y da servicio a los hospitales públicos Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo y a sus áreas de influencia de Atención Primaria. Hasta 2019 este servicio estaba siendo prestado BR Salud Ute, la empresa que ahora realiza PCR y test serológicos en el laboratorio.


En 2019 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lanzó una nueva convocatoria de adjudicación y en esta ocasión ganó el concurso la empresa Analiza Sociedad de Diagnóstico S.L., como figura en el Portal de Contratación. Sin embargo, la adjudicación cambió el pasado 24 de junio según figura en uno de los documentos de acuerdos del Consejo de Gobierno.

El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública estimó un recurso interpuesto por Ribera Salud ante la adjudicación a Analiza. Ante esto, el Gobierno regional adjudicó el servicio a la unión temporal de empresas United Laboratories España S.A. / Ribera Salud S.A, por un importe total de 76.377.136,80 (IVA exento) y un plazo de ejecución de 4 años.

Ribera Salud no es una empresa cualquiera. Más allá de ser la empresa líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, es una de las empresas que forma BR Salud. Según esta misma unión de empresas, la concesionaria BR Salud está formada por Unilabs (55%) y Ribera Salud (45%). Es decir: en el Laboratorio Central está realizando pruebas una concesionaria formada por la empresa que gestiona el servicio.

Fuentes de Sanidad alegan que estos contratos han sido necesarios para aumentar la capacidad de diagnóstica en la Comunidad de Madrid. Lo mismo que explicaron ante el contrato con Analiza por el que la empresa realiza PCR en centros de salud a un coste superior.

Los tres contratos firmados con BR Salud Ute

El primer contrato que la Comunidad de Madrid firmó con BR Salud fue el 18 de mayo para que realizara pruebas de PCR en el Laboratorio Central. El coste de cada una de ellas se estableció en 56 euros, 37 euros más baratos que lo acordado con Analiza, que se firmó dos días después (20 de mayo).

El contrato con BR Salud es de un período de tres meses (del 20 de mayo al 19 de agosto) y el importe total es de 3.091.200 euros. La estimación es que se realizarían 600 pruebas al día.


Menuda artista de la malversación del dinero público.

Claro que como es quien es y de la ideología que es nadie osará denunciarla por ello.
 
Madrid privatiza y adjudica a dedo el servicio de rastreadores ante los rebrotes


ASIER MARTIARENA
10/08/2020 15:05 | Actualizado a 10/08/2020 17:41

Con 800 rastreadores por debajo del número aconsejado por las asociaciones médicas (1.200), con 5.000 PCR menos al día de las comprometidas ante el Ministerio de Sanidad, con informes modificados para borrar los datos sobre asintomáticos que contradecían sus acusaciones contra Fernando Simón y con un índice de contagios tan elevado que desbancado a Aragón como ‘zona cero’ de los rebrotes en España, la Comunidad de Madrid ha decidido iniciar la privatización del servicio de rastreo.

Así figura en el portal de contratación donde aparece la adjudicación de un procedimiento de emergencia que supone, en la práctica, una concesión a dedo por el que realizar encuestas para seguimiento de casos e identificación de contactos Covid-19. La licitación, en este caso, ha ido a parar a la empresa Quirón prevención SL por un importe de 194.223 euros.








Tras semanas alertando sobre ello desde asociaciones médicas e incluso desde el propio ministerio del ramo, el Ejecutivo de Ayuso admite ahora su incapacidad y justifica la privatización en la falta de tiempo: “El tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración en un plazo compatible con los objetivos perseguidos”, concluye la resolución.

La Consejería ha detallado en su memoria justificativa del contrato que “dada la importancia de los servicios” a realizar y por tratarse de una “emergencia de carácter inaplazable”, la única empresa que puede iniciar los trabajos con carácter inmediato es Quirón Prevención, que cuenta además con las “instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio”.

“Teniendo en cuenta que queda acreditada la concurrencia de una circunstancia excepcional derivada de la situación de la necesidad motivada por la crisis sanitaria en que nos hallamos (...) la Dirección General de Salud Pública considera justificada la contratación de emergencia del Servicio para la la realización de encuestas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de Covid-19 detectados (...) Encuestas que son necesarias para el control de esta enfermedad ya que la información que se recoge es la base para adoptar las medidas de control necesarias e impedir la progresión de la enfermedad, destacando entre éstas el control de contactos”, expone la resolución del 7 de agosto.

El contrato, firmado el pasado viernes a las 16.00 horas, tendrá una duración de “tres meses y el equipo de trabajo estará formado por veinte auxiliares de enfermería y dos médicos”, que se dividirán en dos turnos, mañana y tarde de lunes a viernes. La plantilla subcontratada deberá realizar “al menos [de] 190 a 220” encuestas diarias. Una hoja de ruta con la que la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso busca a toda prisa enmendar los malos datos y los errores de gestión acumulados en las últimas semanas entre los que destaca el borrado de datos del informe epidemiológico con fecha del 4 de agosto y que cuestionaba las prácticas regionales y el reclutamiento voluntario de estudiantes universitarios a través de la Universidad Complutense.

Un déficit de rastreadores consumado tras tres iniciativas fallidas

Horas antes de esta licitación, el equipo de Ayuso reconoció la “dificultad de cubrir puestos ofertados” y que motivó, en paralelo, el reclutamiento de personal voluntario emprendido a través de la universidad Complutense por un polémico proceso que el Ejecutivo defiende por la “rigurosa evaluación de idoneidad de los perfiles de apoyo” que se está monitorizando por “profesionales de plantilla y expertos”.

Los sindicatos esgrimen a La Vanguardia que la dificultad para las contrataciones se ha debido, en parte, al desaire mostrado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a los profesionales sanitarios. Concretamente a los “1.291 eventuales con titulación sanitaria que fueron contratados entre marzo y mayo y que, pasadas las rampas más duras de la curva de contagios, no fueron renovados”. Se trata de una bolsa que ahora “bien podría dedicarse a las labores de rastreo”, insisten.

Tras ello, el Ejecutivo planteó a a la Federación de Municipios de Madrid (FMM) estudiar una posible colaboración del personal de los ayuntamientos con los equipos multidisciplinares de vigilancia y control epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública. La orden de la Consejería de Sanidad sobre las nuevas medidas preventivas ante el coronavirus establece la incorporación de personal de corporaciones locales como refuerzo en las funciones de rastreo y seguimiento de contactos de casos positivos, probables o posibles de Covid-19.

Tras fracasar las tres iniciativas, el Ejecutivo de Ayuso ha decidido privatizar el equipo de rastreadores para tratar de frenar la escalada de contagios registrada en la Comunidad al ver cómo los casos positivos se han multiplicado por 6 en agosto con respecto de los datos registrados en las semanas previas.






Tras conocer esta información, la secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa María Cuadrado, ha tachado de “vergüenza” y “desfachatez” por parte del Gobierno regional la contratación “sin publicidad y con nocturnidad y alevosía” con Quirón Prevención de equipos de rastreadores, algo que se produce tras solicitar voluntarios ‘sin remuneración’ en las universidades para realizar dicho trabajo.

”Primero intenta buscar rastreadores voluntarios sin retribución y una vez que no lo consigue, adjudica un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas si puedan cobrar. Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se les ofrece sin pudor a la privada”, ha señalado Cuadrado.

Además, ha añadido que “una vez más se demuestra que el único objetivo que tiene el Gobierno regional es adjudicar contratos con total oscurantismo de los que se enteran tiempo después en vez de utilizar los recursos públicos y en vez de contratar trabajadores para la sanidad pública madrileña”.

La máxima responsable de CCOO Sanidad Madrid recuerda que los rastreadores tenían que haber estado contratados hace ya más de dos meses, antes de comenzar la desescalada. ”Denunciamos que no tenían contratados ni el 4% de lo prometido, hicimos seguimiento de los contratos en Salud Pública, y hemos mantenido que de los 400 anunciados -cifra aún por debajo de las ratios recomendadas para la población de Madrid- no llegaban al 8% por técnicos de Salud Pública contratados. Y señalamos que la situación de plantillas infradotadas en Atención Primaria, tampoco contribuía a soportar con cánones de calidad el rastreo en la región de Madrid”, ha censurado Cuadrado para añadir que “todo esto al final acaba como siempre en inyección de fondos públicos a la sanidad privada, en detrimento de la Pública y de la salud de los ciudadanos”.


Osea, que quieren becarios gratis, y luego como no hay quien pique lo vende a una empresa privada pagando por ello.

Sin concurso público porque es de urgencia, habiendo despedido a sanitarios....

¡De vergüenza!
 
Es de cárcel lo de Ayuso
Por ladeflix, 9 Aug 2020, 09:00
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312122 - Es de cárcel lo de Ayuso

Menudos voluntarios.....PRIVATIZACION POR URGENCIA, sin dar lugar a que se presenten licitaciones.
 
Que el colegio de médicos te ofreciese más de 1700 rastreadores, les digas que no para después privatizarlo por 194.000 euros y 22 rastreadores... si, en Madrid pueden estar muy tranquilos.
 
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