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Isabel Díaz Ayuso presidenta de la CCAA Madrileña
- AutorAneAdiego4
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Ayuso anuncia una "cartilla covid-19" que abre la puerta a la discriminación
Gran parte de la comunidad científica no avala este proyecto, debido a que todavía no se conoce cuánto tiempo dura la inmunidad frente al virus ni cuál es la relación entre los niveles de anticuerpos y la inmunidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy en la Real Casa de Correos,en Madrid. EFE/ Mariscal
MADRID
28/07/2020 13:36 ACTUALIZADO: 28/07/2020 14:34
MARTA MONFORTE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes un plan de choque para hacer frente a los rebrotes de covid-19 acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Entre las medidas anunciadas se incluye la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la limitación a un máximo de 10 personas en espacios públicos, aunque también otra más polémica: la creación de una "cartilla covid-19" para "que las personas que no contagien puedan seguir una vida normal", lo que abre la puerta a la discriminación por motivos de salud.
"He pedido a la Consejería de Sanidad que promueva un proyecto experimental de cartilla covid-19 que simule la cartilla internacional de vacunación y la idea es que tenga una réplica en la tarjeta virtual. De manera que quienes hayan pasado la epidemia, la enfermedad y que tengan anticuerpos, y que todas aquellas personas que se están realizando PCR y hayan tenido accceso a las pruebas tengan la posibilidad de tener esta cartilla", ha explicado Ayuso.
Según la presidenta madrileña, este 'pasaporte' "con réplica en la tarjeta virtual sanitaria" es un modelo que "debería exportar España y otros países" porque "con esta cartilla sería mucho más fácil evitar confinamientos, acceder a establecimientos como gimnasios, a museos, a cines y a cualquier recinto cerrado. La clave pasa porque todas aquellas personas que no contagien puedan tener una vida normal", ha proseguido la dirigente popular.
Sin embargo, gran parte de la comunidad científica no avala este proyecto, debido a las dudas que todavía existen con respecto a la incidencia del covid-19 entre quienes ya han pasado la enfermedad. No se conoce cuánto tiempo dura la inmunidad frente al virus ni cuál es la relación entre los niveles de anticuerpos y la inmunidad.
Además, desde el punto de vista social, también podría provocar que la ciudadanía decidiera masivamente pasar el virus para acceder a este tipo de "pasaporte", lo que generaría un problema de salud pública. Asimismo, también podría atentar contra la privacidad de la ciudadanía, puesto que para lograr dicha certificación de 'inmunidad' sería imprescindible incluir un sistema de identificación y rastreo. En este artículo de la revista científica Nature exponen 10 motivos por los que los 'pasaportes de inmunidad' son una mala idea.
Preguntada por los medios de comunicación, Ayuso ha asegurado que esta cartilla no supone un problema de "discriminación" sino que es un modo de "proteger a los más vulnerables. "Vamos a intentar que este disponible para el mes de septiembre a través de la tarjeta sanitaria virtual", ha señalado.
www.publico.es
Ésta mujer no tiene ni idea de lo que es gestionar.
En primer lugar los que tengan anticuerpos no saben cuanto tiempo les va a durar.
He oído a una chica que su prima, enfermera, ha pasado ya tres covid. A lo mejor pasa el cuarto, es decir, que te hayas hecho pruebas de PCR hoy y puedas ir a trabajar o hacer vida normal no significa que pasado mañana te puedas volver a contagiar. ¿De que sirve la cartilla del Covid?
Volviendo a la revista NATURE para las diez razones por las que la cartilla no sirve...
Diez razones por las cuales los pasaportes de inmunidad son una mala idea
Restringir el movimiento sobre la base de la biología amenaza la libertad, la equidad y la salud pública.
Natalie Kofler y
Françoise Baylis
Una mujer en Beijing muestra un código QR de salud en su teléfono para acceder a un área de compras, mientras un guardia de seguridad controla su temperatura. Crédito: Kevin Frayer / Getty
Versión PDF
Imagine un mundo donde su capacidad para conseguir un trabajo, una vivienda o un préstamo depende de pasar un análisis de sangre. Está confinado en su hogar y excluido de la sociedad si carece de ciertos anticuerpos.
Ya ha sucedido antes. Durante la mayor parte del siglo XIX, la inmunidad a la fiebre amarilla dividió a las personas en Nueva Orleans, Louisiana, entre los 'aclimatados' que habían sobrevivido a la fiebre amarilla y los 'no aclimatados', que no habían tenido la enfermedad 1 . La falta de inmunidad dictaba con quién podían casarse las personas, dónde podían trabajar y, para aquellos obligados a la esclavitud, cuánto valían. La presunta inmunidad concentró el poder político y económico en manos de la élite rica, y fue armado para justificar la supremacía blanca.
Algo similar podría ser nuestro futuro distópico si los gobiernos introducen 'pasaportes de inmunidad' en un esfuerzo por revertir la catástrofe económica de la pandemia de COVID-19. La idea es que dichos certificados se emitan a aquellos que se han recuperado y dado positivo para anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad. Las autoridades levantarían las restricciones sobre aquellos que se supone que tienen inmunidad, lo que les permite regresar al trabajo, socializar y viajar. Esta idea tiene tantos defectos que es difícil saber por dónde empezar.
Mostrar evidencia de que las aplicaciones para el seguimiento de contactos COVID-19 son seguras y efectivas
El 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió contra la emisión de pasaportes de inmunidad porque no se podía garantizar su precisión. Declaró que: "Actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección" (ver go.nature.com/3cutjqz ). No obstante, la idea se está dando a conocer en los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y otras naciones.
China ya ha introducido controles de salud virtuales, rastreo de contactos y códigos QR digitales para limitar el movimiento de personas. Los resultados de la prueba de anticuerpos podrían integrarse fácilmente en este sistema.
Y Chile, en un juego de semántica, dice que tiene la intención de emitir 'certificados de autorización médica' con una validez de tres meses para las personas que se han recuperado de la enfermedad 2 .
En nuestra opinión, cualquier documentación que limite las libertades individuales sobre la base de la biología corre el riesgo de convertirse en una plataforma para restringir los derechos humanos, aumentar la discriminación y amenazar, en lugar de proteger, la salud pública. Aquí presentamos diez razones por las cuales los pasaportes de inmunidad no pueden, no pueden y no deben permitir que funcionen.
Diez puntos
Cuatro grandes problemas prácticos y seis objeciones éticas se suman a una muy mala idea.
La inmunidad a COVID-19 es un misterio. Los datos recientes 3 sugieren que la mayoría de los pacientes recuperados producen algunos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero los científicos no saben si todos producen suficientes anticuerpos para garantizar la protección futura, qué nivel de seguridad podría tener o cuánto duraría la inmunidad. Las estimaciones actuales, basadas en respuestas inmunes a virus estrechamente relacionados, como los que causan el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), sugieren que las personas recuperadas podrían protegerse de la reinfección durante uno o dos años. Pero si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 imita lo que se ve con el resfriado común, el período de protección podría ser más corto.
Las pruebas serológicas no son confiables. Las pruebas para medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre pueden ser una herramienta valiosa para evaluar la prevalencia y la propagación del virus. Pero varían ampliamente en calidad y eficacia. Esto ha llevado a la OMS y al ex comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, Scott Gottlieb, a advertir contra su uso en la evaluación de la salud individual o el estado inmune. Varias pruebas disponibles son lo suficientemente precisas, lo que significa que están validadas para tener al menos un 99% de especificidad y sensibilidad. Pero los datos preliminares sugieren que la gran mayoría no son confiables 4. Baja especificidad significa que la prueba mide anticuerpos distintos de los que son específicos del SARS-CoV-2. Esto causa falsos positivos, lo que lleva a las personas a pensar que son inmunes cuando no lo son. La baja sensibilidad significa que la prueba requiere que una persona tenga una alta concentración de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 para poder medirla de manera efectiva. Esto causa falsos negativos en las personas que tienen pocos anticuerpos, lo que lleva a que las personas potencialmente inmunes sean etiquetadas incorrectamente como no inmunes.
El volumen de pruebas necesarias no es factible.Se necesitarían decenas a cientos de millones de pruebas serológicas para un programa nacional de certificación de inmunidad. Por ejemplo, Alemania tiene una población de casi 84 millones de personas, por lo que requeriría al menos 168 millones de pruebas serológicas para validar el estado inmunitario COVID-19 de cada residente al menos dos veces. Dos pruebas por persona son el mínimo, porque cualquier persona que dio un resultado negativo podría infectarse más tarde y necesitaría una nueva prueba para obtener la certificación inmunológica. Sería necesario repetir las pruebas, no menos de una vez al año, para garantizar la inmunidad continua. A partir de junio, el gobierno alemán recibirá 5 millones de pruebas serológicas al mes de la firma suiza Roche Pharmaceuticals, un proveedor líder de una prueba serológica SARS-CoV-2 que ha sido aprobada por los reguladores. Esto permitirá que solo el 6% de la población alemana sea examinada cada mes.
Incluso si los pasaportes de inmunidad se limitaran a los trabajadores de la salud, la cantidad de pruebas requeridas podría ser inviable. Los Estados Unidos, por ejemplo, necesitarían más de 16 millones de tales pruebas. Al momento de escribir este artículo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Y los laboratorios de salud pública de EE. UU. Han realizado más de 12 millones de pruebas de diagnóstico para el SARS-CoV-2 (3% de la población total de EE. UU.; Visite go.nature.com/ 2wemdd2 ). Incluso Corea del Sur, un país con altas tasas de evaluación, había logrado evaluar solo el 1.5% de su población antes del 20 de mayo (ver go.nature.com/2aztfvp ).
Los trabajadores de la salud en Munich, Alemania, toman sangre para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Crédito: Laetitia Vancon / NYT / Redux / eyevine
Muy pocos sobrevivientes para impulsar la economía. La proporción de individuos que se sabe que se recuperaron de COVID-19 varía ampliamente en diferentes poblaciones. Los informes de puntos calientes en Alemania y Estados Unidos sugieren que algunas ubicaciones podrían tener tasas de recuperación entre 14% y 30%. En el estado de Nueva York, por ejemplo, donde 3.000 personas fueron evaluadas al azar en supermercados y otros lugares públicos, el 14.9% tenía anticuerpos contra COVID-19 (ver go.nature.com/2waaku9 ). Pero estos parecen ser la excepción. En una conferencia de prensa de abril, la OMS estimó que solo el 2-3% de la población mundial se había recuperado del virus.
La baja prevalencia de la enfermedad combinada con una capacidad de prueba limitada, sin mencionar las pruebas poco confiables, significa que solo una pequeña fracción de cualquier población estaría certificada como libre para trabajar. Según los números actuales de casos confirmados en los EE. UU., Por ejemplo, solo el 0,43% de la población estaría certificada. Tales porcentajes son intrascendentes para la economía y la seguridad. Un café no puede abrir y servir a los clientes sin riesgo si solo una fracción de su personal está certificado como inmune. Una tienda no puede obtener ganancias si solo se permite la entrada de una proporción minúscula de clientes.
El monitoreo erosiona la privacidad. El objetivo de los pasaportes de inmunidad es controlar el movimiento. Por lo tanto, cualquier estrategia para la certificación de inmunidad debe incluir un sistema de identificación y monitoreo. La documentación en papel podría ser vulnerable a la falsificación. La documentación electrónica integrada en una aplicación de teléfono inteligente sería más resistente al fraude y más efectiva para el rastreo de contactos, la nueva prueba y las actualizaciones del estado inmune.
Pero los documentos electrónicos presentan un riesgo más grave para la privacidad 5. En algunas provincias chinas, los códigos QR en los teléfonos inteligentes controlan la entrada a lugares públicos en función del estado de salud COVID-19 del individuo. Sin embargo, estas aplicaciones informan más que la información de COVID-19, incluidas las ubicaciones de las personas, el historial de viajes, con quién han entrado en contacto y otra información de salud, que van desde la temperatura de su cuerpo hasta si recientemente se han resfriado. Taiwán también está utilizando aplicaciones para teléfonos inteligentes con sistemas de alerta que están directamente vinculados a los departamentos de policía. El Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países están probando varias opciones de aplicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que las aplicaciones retrocedan cuando lo haga COVID-19. China ha anunciado que es probable que los elementos de su sistema de seguimiento de códigos QR permanezcan en su lugar después de que termine la pandemia.
Los grupos marginados enfrentarán más escrutinio. Con una mayor vigilancia, se incrementa la vigilancia y, con ello, mayores riesgos de perfiles y posibles daños a grupos raciales, sexuales, religiosos u otras minorías. Durante la pandemia, China ha sido acusada de perfilar racialmente a los residentes al obligar a todos los ciudadanos africanos a hacerse la prueba del virus. En otras partes del mundo, las personas de Asia han enfrentado picos en prejuicios racializados.
Antes de esta pandemia, las leyes de parar y registrar en los Estados Unidos ya afectaban desproporcionadamente a las personas de color. En 2019, el 88% de las personas que fueron detenidas y buscadas en la ciudad de Nueva York eran afroamericanas o latinoamericanas ( go.nature.com/2jntjym ). Y durante la pandemia, la vigilancia continúa apuntando a personas de grupos minoritarios. Entre mediados de marzo y principios de mayo en Brooklyn, Nueva York, 35 de las 40 personas arrestadas por violar las leyes de distanciamiento físico eran negras 6 .
¿Las pruebas de anticuerpos para el coronavirus realmente cambiarán todo?
Estos números son profundamente preocupantes, pero lo serían aún más si el monitoreo y la vigilancia de la inmunidad contra COVID-19 se usaran por motivos ulteriores. Por ejemplo, el "encarcelamiento digital" ya ha aumentado en países como Estados Unidos, Brasil e Irán, donde los individuos han sido liberados de la prisión para minimizar la propagación de COVID-19 y luego monitoreados usando pulseras digitales de tobillo. En los Estados Unidos, donde las personas de color están segregadas racialmente por vecindario y encarceladas desproporcionadamente, el encarcelamiento digital podría usarse para monitorear grandes segmentos de ciertas comunidades. El riesgo sería aún mayor si la vigilancia digital se vinculara con el estado migratorio.
Acceso injusto. Con una escasez de pruebas, muchos no tendrán acceso. La experiencia hasta ahora sugiere que los ricos y poderosos tienen más probabilidades de obtener una prueba que los pobres y vulnerables. En los sistemas de salud escalonados, estas desigualdades se sienten aún más agudamente. A principios de marzo, por ejemplo, cuando se realizaban pruebas a equipos deportivos profesionales, ejecutivos de tecnología y celebridades del cine, docenas de estados de EE. UU. Realizaban menos de 20 pruebas por día (consulte https://covidtracking.com/data) Es muy probable que las mismas personas que necesitan volver al trabajo con mayor urgencia, los trabajadores que necesitan mantener un techo sobre su cabeza y comida en la mesa, tengan dificultades para hacerse una prueba de anticuerpos. La evaluación de los niños antes de que regresen a la escuela podría ser una prioridad baja, al igual que la evaluación de las personas mayores retiradas y aquellos que enfrentan desafíos físicos, de salud mental o cognitivos.
Estratificación social. Etiquetar a las personas sobre la base de su estado COVID-19 crearía una nueva medida para dividir los "que tienen" y los "que no tienen": los inmunoprivilegiados y los inmunodeprimidos. Tal etiquetado es particularmente preocupante en ausencia de una vacuna gratuita disponible universalmente. Si hay una vacuna disponible, las personas podrían optar por participar y obtener la certificación inmunológica. Sin uno, la estratificación dependería de la suerte, el dinero y las circunstancias personales. Restringir el trabajo, los conciertos, los museos, los servicios religiosos, los restaurantes, los centros de votación política e incluso los centros de atención médica a los sobrevivientes de COVID-19 dañaría y privaría de sus derechos a la mayoría de la población.
¿Cómo transmiten los niños el coronavirus? La ciencia aún no está clara.
Las desigualdades sociales y financieras se amplificarían. Por ejemplo, los empleadores que desean evitar a los trabajadores que corren el riesgo de enfermarse podrían privilegiar a los empleados actuales que han tenido la enfermedad y contratar preferentemente a aquellos con inmunidad 'confirmada'.
Los pasaportes de inmunidad también podrían alimentar divisiones entre naciones. A las personas de países que no pueden o no quieren implementar programas de pasaporte de inmunidad se les puede prohibir viajar a países que los estipulan. Las personas con VIH ya están sujetas a restricciones para ingresar, vivir y trabajar en países con leyes que afectan los derechos de las minorías sexuales y de género, como Rusia, Egipto y Singapur.
Nuevas formas de discriminación. Las plataformas para la certificación inmune del SARS-CoV-2 podrían ampliarse fácilmente para incluir otras formas de datos de salud personal, como registros de salud mental y resultados de pruebas genéticas. Los pasaportes de inmunidad de hoy podrían convertirse en los pasaportes biológicos de mañana. Esto introduciría un nuevo riesgo de discriminación si los empleadores, las compañías de seguros, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros pudieran acceder a información privada de salud para su propio beneficio. Tales preocupaciones han sido catalogadas en los últimos años en debates sobre quién debería tener acceso a la información genética, a medida que aumenta la demanda de médicos, investigadores, aseguradores, empleadores y agentes de la ley, por ejemplo 7 .
Amenazas a la salud pública. Los pasaportes de inmunidad podrían crear incentivos perversos. Si el acceso a ciertas libertades sociales y económicas se otorga solo a las personas que se han recuperado de COVID-19, entonces los pasaportes de inmunidad podrían incentivar a las personas sanas y no inmunes a buscar infecciones voluntariamente, poniéndose a sí mismas y a otras personas en riesgo 8. Las dificultades económicas podrían amplificar el incentivo si un pasaporte de inmunidad es la única forma de un cheque de pago. Los individuos pueden obtener documentos ilícitamente, mediante soborno, transferencia entre individuos o falsificación. Esto podría crear más amenazas para la salud, porque las personas que reclaman inmunidad podrían continuar propagando el virus. Las crisis tienden a fomentar el comercio nefasto, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial cuando las raciones de alimentos en Gran Bretaña provocaron la aparición de un sólido sistema de intercambio subterráneo.
Próximos pasos
Las estrategias que se centran en el individuo, utilizando concepciones de ética arraigadas en el libertarismo, contradicen la misión de la salud pública 9 . Ellos distraen la atención de las acciones que benefician a todos, como la financiación de colaboraciones internacionales, la práctica de medidas efectivas de salud pública y la reparación de la inequidad en los ingresos. En América del Norte (y en otros lugares), debido a las desigualdades estructurales, las personas de color mueren a causa de COVID-19 a tasas mucho más altas que las personas blancas, y el virus afecta desproporcionadamente a quienes viven en los territorios de las Primeras Naciones. El éxito depende de la solidaridad, una apreciación genuina de que todos estamos juntos en esto. Una ética basada en la autonomía individual es extremadamente inapropiada durante una crisis de salud pública; El objetivo general debe ser promover el bien común.
En lugar de los pasaportes de inmunidad, sostenemos que los gobiernos y las empresas deberían invertir tiempo, talento y dinero disponibles en dos cosas.
Primero está la probada y verdadera fórmula de limitación del daño pandémico (prueba, rastreo y aislamiento) que ha funcionado bien desde Singapur y Nueva Zelanda hasta Guernsey y Hanoi. El estado de salud, los datos personales y la ubicación deben ser anónimos. Las aplicaciones que permiten a las personas tomar decisiones seguras sobre sus propios movimientos deben tener prioridad.
El segundo es el desarrollo, la producción y la distribución global de una vacuna para el SARS-CoV-2. Si es posible el acceso universal, oportuno y gratuito a una vacuna, entonces sería éticamente permisible requerir la certificación de la vacuna para participar en ciertas actividades. Pero si el acceso a una vacuna es limitado de alguna manera, entonces algunas de las desigualdades que destacamos aún podrían aplicarse, como lo atestigua la literatura sobre la absorción de otras vacunas 10 .
Las amenazas a la libertad, la justicia y la salud pública son inherentes a cualquier plataforma diseñada para segregar a la sociedad sobre la base de datos biológicos. Todas las políticas y prácticas deben guiarse por un compromiso con la justicia social.
www.nature.com
Gran parte de la comunidad científica no avala este proyecto, debido a que todavía no se conoce cuánto tiempo dura la inmunidad frente al virus ni cuál es la relación entre los niveles de anticuerpos y la inmunidad.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy en la Real Casa de Correos,en Madrid. EFE/ Mariscal
MADRID
28/07/2020 13:36 ACTUALIZADO: 28/07/2020 14:34
MARTA MONFORTE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes un plan de choque para hacer frente a los rebrotes de covid-19 acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Entre las medidas anunciadas se incluye la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la limitación a un máximo de 10 personas en espacios públicos, aunque también otra más polémica: la creación de una "cartilla covid-19" para "que las personas que no contagien puedan seguir una vida normal", lo que abre la puerta a la discriminación por motivos de salud.
"He pedido a la Consejería de Sanidad que promueva un proyecto experimental de cartilla covid-19 que simule la cartilla internacional de vacunación y la idea es que tenga una réplica en la tarjeta virtual. De manera que quienes hayan pasado la epidemia, la enfermedad y que tengan anticuerpos, y que todas aquellas personas que se están realizando PCR y hayan tenido accceso a las pruebas tengan la posibilidad de tener esta cartilla", ha explicado Ayuso.
Según la presidenta madrileña, este 'pasaporte' "con réplica en la tarjeta virtual sanitaria" es un modelo que "debería exportar España y otros países" porque "con esta cartilla sería mucho más fácil evitar confinamientos, acceder a establecimientos como gimnasios, a museos, a cines y a cualquier recinto cerrado. La clave pasa porque todas aquellas personas que no contagien puedan tener una vida normal", ha proseguido la dirigente popular.
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MARTA MONFORTE
Sin embargo, gran parte de la comunidad científica no avala este proyecto, debido a las dudas que todavía existen con respecto a la incidencia del covid-19 entre quienes ya han pasado la enfermedad. No se conoce cuánto tiempo dura la inmunidad frente al virus ni cuál es la relación entre los niveles de anticuerpos y la inmunidad.
Además, desde el punto de vista social, también podría provocar que la ciudadanía decidiera masivamente pasar el virus para acceder a este tipo de "pasaporte", lo que generaría un problema de salud pública. Asimismo, también podría atentar contra la privacidad de la ciudadanía, puesto que para lograr dicha certificación de 'inmunidad' sería imprescindible incluir un sistema de identificación y rastreo. En este artículo de la revista científica Nature exponen 10 motivos por los que los 'pasaportes de inmunidad' son una mala idea.
Preguntada por los medios de comunicación, Ayuso ha asegurado que esta cartilla no supone un problema de "discriminación" sino que es un modo de "proteger a los más vulnerables. "Vamos a intentar que este disponible para el mes de septiembre a través de la tarjeta sanitaria virtual", ha señalado.
Ayuso anuncia una "cartilla covid-19" que abre la puerta a la discriminación
Gran parte de la comunidad científica no avala este proyecto, debido a que todavía no se conoce cuánto tiempo dura la inmunidad frente al virus ni cuál es la relación entre los niveles de anticuerpos y la inmunidad.
www.publico.esÉsta mujer no tiene ni idea de lo que es gestionar.
En primer lugar los que tengan anticuerpos no saben cuanto tiempo les va a durar.
He oído a una chica que su prima, enfermera, ha pasado ya tres covid. A lo mejor pasa el cuarto, es decir, que te hayas hecho pruebas de PCR hoy y puedas ir a trabajar o hacer vida normal no significa que pasado mañana te puedas volver a contagiar. ¿De que sirve la cartilla del Covid?
Volviendo a la revista NATURE para las diez razones por las que la cartilla no sirve...
Diez razones por las cuales los pasaportes de inmunidad son una mala idea
Restringir el movimiento sobre la base de la biología amenaza la libertad, la equidad y la salud pública.
Natalie Kofler y
Françoise Baylis
Una mujer en Beijing muestra un código QR de salud en su teléfono para acceder a un área de compras, mientras un guardia de seguridad controla su temperatura. Crédito: Kevin Frayer / Getty
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Imagine un mundo donde su capacidad para conseguir un trabajo, una vivienda o un préstamo depende de pasar un análisis de sangre. Está confinado en su hogar y excluido de la sociedad si carece de ciertos anticuerpos.
Ya ha sucedido antes. Durante la mayor parte del siglo XIX, la inmunidad a la fiebre amarilla dividió a las personas en Nueva Orleans, Louisiana, entre los 'aclimatados' que habían sobrevivido a la fiebre amarilla y los 'no aclimatados', que no habían tenido la enfermedad 1 . La falta de inmunidad dictaba con quién podían casarse las personas, dónde podían trabajar y, para aquellos obligados a la esclavitud, cuánto valían. La presunta inmunidad concentró el poder político y económico en manos de la élite rica, y fue armado para justificar la supremacía blanca.
Algo similar podría ser nuestro futuro distópico si los gobiernos introducen 'pasaportes de inmunidad' en un esfuerzo por revertir la catástrofe económica de la pandemia de COVID-19. La idea es que dichos certificados se emitan a aquellos que se han recuperado y dado positivo para anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad. Las autoridades levantarían las restricciones sobre aquellos que se supone que tienen inmunidad, lo que les permite regresar al trabajo, socializar y viajar. Esta idea tiene tantos defectos que es difícil saber por dónde empezar.
Mostrar evidencia de que las aplicaciones para el seguimiento de contactos COVID-19 son seguras y efectivasEl 24 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió contra la emisión de pasaportes de inmunidad porque no se podía garantizar su precisión. Declaró que: "Actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección" (ver go.nature.com/3cutjqz ). No obstante, la idea se está dando a conocer en los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y otras naciones.
China ya ha introducido controles de salud virtuales, rastreo de contactos y códigos QR digitales para limitar el movimiento de personas. Los resultados de la prueba de anticuerpos podrían integrarse fácilmente en este sistema.
Y Chile, en un juego de semántica, dice que tiene la intención de emitir 'certificados de autorización médica' con una validez de tres meses para las personas que se han recuperado de la enfermedad 2 .
En nuestra opinión, cualquier documentación que limite las libertades individuales sobre la base de la biología corre el riesgo de convertirse en una plataforma para restringir los derechos humanos, aumentar la discriminación y amenazar, en lugar de proteger, la salud pública. Aquí presentamos diez razones por las cuales los pasaportes de inmunidad no pueden, no pueden y no deben permitir que funcionen.
Diez puntos
Cuatro grandes problemas prácticos y seis objeciones éticas se suman a una muy mala idea.
La inmunidad a COVID-19 es un misterio. Los datos recientes 3 sugieren que la mayoría de los pacientes recuperados producen algunos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero los científicos no saben si todos producen suficientes anticuerpos para garantizar la protección futura, qué nivel de seguridad podría tener o cuánto duraría la inmunidad. Las estimaciones actuales, basadas en respuestas inmunes a virus estrechamente relacionados, como los que causan el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), sugieren que las personas recuperadas podrían protegerse de la reinfección durante uno o dos años. Pero si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 imita lo que se ve con el resfriado común, el período de protección podría ser más corto.
Las pruebas serológicas no son confiables. Las pruebas para medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre pueden ser una herramienta valiosa para evaluar la prevalencia y la propagación del virus. Pero varían ampliamente en calidad y eficacia. Esto ha llevado a la OMS y al ex comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, Scott Gottlieb, a advertir contra su uso en la evaluación de la salud individual o el estado inmune. Varias pruebas disponibles son lo suficientemente precisas, lo que significa que están validadas para tener al menos un 99% de especificidad y sensibilidad. Pero los datos preliminares sugieren que la gran mayoría no son confiables 4. Baja especificidad significa que la prueba mide anticuerpos distintos de los que son específicos del SARS-CoV-2. Esto causa falsos positivos, lo que lleva a las personas a pensar que son inmunes cuando no lo son. La baja sensibilidad significa que la prueba requiere que una persona tenga una alta concentración de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 para poder medirla de manera efectiva. Esto causa falsos negativos en las personas que tienen pocos anticuerpos, lo que lleva a que las personas potencialmente inmunes sean etiquetadas incorrectamente como no inmunes.
El volumen de pruebas necesarias no es factible.Se necesitarían decenas a cientos de millones de pruebas serológicas para un programa nacional de certificación de inmunidad. Por ejemplo, Alemania tiene una población de casi 84 millones de personas, por lo que requeriría al menos 168 millones de pruebas serológicas para validar el estado inmunitario COVID-19 de cada residente al menos dos veces. Dos pruebas por persona son el mínimo, porque cualquier persona que dio un resultado negativo podría infectarse más tarde y necesitaría una nueva prueba para obtener la certificación inmunológica. Sería necesario repetir las pruebas, no menos de una vez al año, para garantizar la inmunidad continua. A partir de junio, el gobierno alemán recibirá 5 millones de pruebas serológicas al mes de la firma suiza Roche Pharmaceuticals, un proveedor líder de una prueba serológica SARS-CoV-2 que ha sido aprobada por los reguladores. Esto permitirá que solo el 6% de la población alemana sea examinada cada mes.
Incluso si los pasaportes de inmunidad se limitaran a los trabajadores de la salud, la cantidad de pruebas requeridas podría ser inviable. Los Estados Unidos, por ejemplo, necesitarían más de 16 millones de tales pruebas. Al momento de escribir este artículo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Y los laboratorios de salud pública de EE. UU. Han realizado más de 12 millones de pruebas de diagnóstico para el SARS-CoV-2 (3% de la población total de EE. UU.; Visite go.nature.com/ 2wemdd2 ). Incluso Corea del Sur, un país con altas tasas de evaluación, había logrado evaluar solo el 1.5% de su población antes del 20 de mayo (ver go.nature.com/2aztfvp ).
Los trabajadores de la salud en Munich, Alemania, toman sangre para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Crédito: Laetitia Vancon / NYT / Redux / eyevine
Muy pocos sobrevivientes para impulsar la economía. La proporción de individuos que se sabe que se recuperaron de COVID-19 varía ampliamente en diferentes poblaciones. Los informes de puntos calientes en Alemania y Estados Unidos sugieren que algunas ubicaciones podrían tener tasas de recuperación entre 14% y 30%. En el estado de Nueva York, por ejemplo, donde 3.000 personas fueron evaluadas al azar en supermercados y otros lugares públicos, el 14.9% tenía anticuerpos contra COVID-19 (ver go.nature.com/2waaku9 ). Pero estos parecen ser la excepción. En una conferencia de prensa de abril, la OMS estimó que solo el 2-3% de la población mundial se había recuperado del virus.
La baja prevalencia de la enfermedad combinada con una capacidad de prueba limitada, sin mencionar las pruebas poco confiables, significa que solo una pequeña fracción de cualquier población estaría certificada como libre para trabajar. Según los números actuales de casos confirmados en los EE. UU., Por ejemplo, solo el 0,43% de la población estaría certificada. Tales porcentajes son intrascendentes para la economía y la seguridad. Un café no puede abrir y servir a los clientes sin riesgo si solo una fracción de su personal está certificado como inmune. Una tienda no puede obtener ganancias si solo se permite la entrada de una proporción minúscula de clientes.
El monitoreo erosiona la privacidad. El objetivo de los pasaportes de inmunidad es controlar el movimiento. Por lo tanto, cualquier estrategia para la certificación de inmunidad debe incluir un sistema de identificación y monitoreo. La documentación en papel podría ser vulnerable a la falsificación. La documentación electrónica integrada en una aplicación de teléfono inteligente sería más resistente al fraude y más efectiva para el rastreo de contactos, la nueva prueba y las actualizaciones del estado inmune.
Pero los documentos electrónicos presentan un riesgo más grave para la privacidad 5. En algunas provincias chinas, los códigos QR en los teléfonos inteligentes controlan la entrada a lugares públicos en función del estado de salud COVID-19 del individuo. Sin embargo, estas aplicaciones informan más que la información de COVID-19, incluidas las ubicaciones de las personas, el historial de viajes, con quién han entrado en contacto y otra información de salud, que van desde la temperatura de su cuerpo hasta si recientemente se han resfriado. Taiwán también está utilizando aplicaciones para teléfonos inteligentes con sistemas de alerta que están directamente vinculados a los departamentos de policía. El Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países están probando varias opciones de aplicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que las aplicaciones retrocedan cuando lo haga COVID-19. China ha anunciado que es probable que los elementos de su sistema de seguimiento de códigos QR permanezcan en su lugar después de que termine la pandemia.
Los grupos marginados enfrentarán más escrutinio. Con una mayor vigilancia, se incrementa la vigilancia y, con ello, mayores riesgos de perfiles y posibles daños a grupos raciales, sexuales, religiosos u otras minorías. Durante la pandemia, China ha sido acusada de perfilar racialmente a los residentes al obligar a todos los ciudadanos africanos a hacerse la prueba del virus. En otras partes del mundo, las personas de Asia han enfrentado picos en prejuicios racializados.
Antes de esta pandemia, las leyes de parar y registrar en los Estados Unidos ya afectaban desproporcionadamente a las personas de color. En 2019, el 88% de las personas que fueron detenidas y buscadas en la ciudad de Nueva York eran afroamericanas o latinoamericanas ( go.nature.com/2jntjym ). Y durante la pandemia, la vigilancia continúa apuntando a personas de grupos minoritarios. Entre mediados de marzo y principios de mayo en Brooklyn, Nueva York, 35 de las 40 personas arrestadas por violar las leyes de distanciamiento físico eran negras 6 .
¿Las pruebas de anticuerpos para el coronavirus realmente cambiarán todo?Estos números son profundamente preocupantes, pero lo serían aún más si el monitoreo y la vigilancia de la inmunidad contra COVID-19 se usaran por motivos ulteriores. Por ejemplo, el "encarcelamiento digital" ya ha aumentado en países como Estados Unidos, Brasil e Irán, donde los individuos han sido liberados de la prisión para minimizar la propagación de COVID-19 y luego monitoreados usando pulseras digitales de tobillo. En los Estados Unidos, donde las personas de color están segregadas racialmente por vecindario y encarceladas desproporcionadamente, el encarcelamiento digital podría usarse para monitorear grandes segmentos de ciertas comunidades. El riesgo sería aún mayor si la vigilancia digital se vinculara con el estado migratorio.
Acceso injusto. Con una escasez de pruebas, muchos no tendrán acceso. La experiencia hasta ahora sugiere que los ricos y poderosos tienen más probabilidades de obtener una prueba que los pobres y vulnerables. En los sistemas de salud escalonados, estas desigualdades se sienten aún más agudamente. A principios de marzo, por ejemplo, cuando se realizaban pruebas a equipos deportivos profesionales, ejecutivos de tecnología y celebridades del cine, docenas de estados de EE. UU. Realizaban menos de 20 pruebas por día (consulte https://covidtracking.com/data) Es muy probable que las mismas personas que necesitan volver al trabajo con mayor urgencia, los trabajadores que necesitan mantener un techo sobre su cabeza y comida en la mesa, tengan dificultades para hacerse una prueba de anticuerpos. La evaluación de los niños antes de que regresen a la escuela podría ser una prioridad baja, al igual que la evaluación de las personas mayores retiradas y aquellos que enfrentan desafíos físicos, de salud mental o cognitivos.
Estratificación social. Etiquetar a las personas sobre la base de su estado COVID-19 crearía una nueva medida para dividir los "que tienen" y los "que no tienen": los inmunoprivilegiados y los inmunodeprimidos. Tal etiquetado es particularmente preocupante en ausencia de una vacuna gratuita disponible universalmente. Si hay una vacuna disponible, las personas podrían optar por participar y obtener la certificación inmunológica. Sin uno, la estratificación dependería de la suerte, el dinero y las circunstancias personales. Restringir el trabajo, los conciertos, los museos, los servicios religiosos, los restaurantes, los centros de votación política e incluso los centros de atención médica a los sobrevivientes de COVID-19 dañaría y privaría de sus derechos a la mayoría de la población.
¿Cómo transmiten los niños el coronavirus? La ciencia aún no está clara.Las desigualdades sociales y financieras se amplificarían. Por ejemplo, los empleadores que desean evitar a los trabajadores que corren el riesgo de enfermarse podrían privilegiar a los empleados actuales que han tenido la enfermedad y contratar preferentemente a aquellos con inmunidad 'confirmada'.
Los pasaportes de inmunidad también podrían alimentar divisiones entre naciones. A las personas de países que no pueden o no quieren implementar programas de pasaporte de inmunidad se les puede prohibir viajar a países que los estipulan. Las personas con VIH ya están sujetas a restricciones para ingresar, vivir y trabajar en países con leyes que afectan los derechos de las minorías sexuales y de género, como Rusia, Egipto y Singapur.
Nuevas formas de discriminación. Las plataformas para la certificación inmune del SARS-CoV-2 podrían ampliarse fácilmente para incluir otras formas de datos de salud personal, como registros de salud mental y resultados de pruebas genéticas. Los pasaportes de inmunidad de hoy podrían convertirse en los pasaportes biológicos de mañana. Esto introduciría un nuevo riesgo de discriminación si los empleadores, las compañías de seguros, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros pudieran acceder a información privada de salud para su propio beneficio. Tales preocupaciones han sido catalogadas en los últimos años en debates sobre quién debería tener acceso a la información genética, a medida que aumenta la demanda de médicos, investigadores, aseguradores, empleadores y agentes de la ley, por ejemplo 7 .
Amenazas a la salud pública. Los pasaportes de inmunidad podrían crear incentivos perversos. Si el acceso a ciertas libertades sociales y económicas se otorga solo a las personas que se han recuperado de COVID-19, entonces los pasaportes de inmunidad podrían incentivar a las personas sanas y no inmunes a buscar infecciones voluntariamente, poniéndose a sí mismas y a otras personas en riesgo 8. Las dificultades económicas podrían amplificar el incentivo si un pasaporte de inmunidad es la única forma de un cheque de pago. Los individuos pueden obtener documentos ilícitamente, mediante soborno, transferencia entre individuos o falsificación. Esto podría crear más amenazas para la salud, porque las personas que reclaman inmunidad podrían continuar propagando el virus. Las crisis tienden a fomentar el comercio nefasto, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial cuando las raciones de alimentos en Gran Bretaña provocaron la aparición de un sólido sistema de intercambio subterráneo.
Próximos pasos
Las estrategias que se centran en el individuo, utilizando concepciones de ética arraigadas en el libertarismo, contradicen la misión de la salud pública 9 . Ellos distraen la atención de las acciones que benefician a todos, como la financiación de colaboraciones internacionales, la práctica de medidas efectivas de salud pública y la reparación de la inequidad en los ingresos. En América del Norte (y en otros lugares), debido a las desigualdades estructurales, las personas de color mueren a causa de COVID-19 a tasas mucho más altas que las personas blancas, y el virus afecta desproporcionadamente a quienes viven en los territorios de las Primeras Naciones. El éxito depende de la solidaridad, una apreciación genuina de que todos estamos juntos en esto. Una ética basada en la autonomía individual es extremadamente inapropiada durante una crisis de salud pública; El objetivo general debe ser promover el bien común.
En lugar de los pasaportes de inmunidad, sostenemos que los gobiernos y las empresas deberían invertir tiempo, talento y dinero disponibles en dos cosas.
Primero está la probada y verdadera fórmula de limitación del daño pandémico (prueba, rastreo y aislamiento) que ha funcionado bien desde Singapur y Nueva Zelanda hasta Guernsey y Hanoi. El estado de salud, los datos personales y la ubicación deben ser anónimos. Las aplicaciones que permiten a las personas tomar decisiones seguras sobre sus propios movimientos deben tener prioridad.
El segundo es el desarrollo, la producción y la distribución global de una vacuna para el SARS-CoV-2. Si es posible el acceso universal, oportuno y gratuito a una vacuna, entonces sería éticamente permisible requerir la certificación de la vacuna para participar en ciertas actividades. Pero si el acceso a una vacuna es limitado de alguna manera, entonces algunas de las desigualdades que destacamos aún podrían aplicarse, como lo atestigua la literatura sobre la absorción de otras vacunas 10 .
Las amenazas a la libertad, la justicia y la salud pública son inherentes a cualquier plataforma diseñada para segregar a la sociedad sobre la base de datos biológicos. Todas las políticas y prácticas deben guiarse por un compromiso con la justicia social.
Ten reasons why immunity passports are a bad idea
Restricting movement on the basis of biology threatens freedom, fairness and public health.
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La pobre es que no da para más, cartilla Cocido, cuando se ha demostrado de personas que han pasado la enfermad se la vuelto a contagiar. Sólo sirve para que los de siempre puedan seguir falta saltándose las normal y hacer lo que quieran. Y luego cumpla del gobierno.
El nuevo éxito de Isabel Díaz Ayuso
Por trollface, 28 Jul 2020, 20:30
Al hilo de todo ésto...
Humm resulta que un jugador del Real Madrid, Mariano, ha dado positivo de Covid. Sus compañeros han dado negativo en el primer test.
Les toca jugar un partido el 7 de agosto con el Manchester y Boris Johnson les libra por su cara bonita de la cuarentena.
Espero que no haya mas positivos en el Real Madrid....
Por trollface, 28 Jul 2020, 20:30
Al hilo de todo ésto...
Humm resulta que un jugador del Real Madrid, Mariano, ha dado positivo de Covid. Sus compañeros han dado negativo en el primer test.
Les toca jugar un partido el 7 de agosto con el Manchester y Boris Johnson les libra por su cara bonita de la cuarentena.
Espero que no haya mas positivos en el Real Madrid....
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El nuevo éxito de Isabel Díaz Ayuso
Por trollface, 28 Jul 2020, 20:30
Al hilo de todo ésto...
Humm resulta que un jugador del Real Madrid, Mariano, ha dado positivo de Covid. Sus compañeros han dado negativo en el primer test.
Les toca jugar un partido el 7 de agosto con el Manchester y Boris Johnson les libra por su cara bonita de la cuarentena.
Espero que no haya mas positivos en el Real Madrid....
La pobre es una inútil integral. La cartilla sólo es una excusa para hacer negocios y chanchullos.
Al final acabará saliendo la empresa que se lleve todo el dinero público que se vaya a gastar, que por pura coincidencia será afín al PP. Se está publicando que las expresas de los ex del PP estan con pérdidas, una ayudita amiga les hace falta.
Madrid firma contratos sin publicidad para realizar pruebas de covid con una empresa que suman hasta siete millones
La Comunidad de Madrid ha firmado hasta tres contratos con la Unión Temporal de Empresas BR Salud para que realice PCR y test rápidos en el Laboratorio Central. La concesionaria está formada por la empresa que ya gestiona el servicio del Laboratorio Clínico, Ribera Salud.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Emilio Naranjo/Archivo
MADRID
29/07/2020 22:05 ACTUALIZADO: 30/07/2020 10:20
BEATRIZ ASUAR
@beaasuargallego
La Comunidad de Madrid ha firmado varios contratos con la concesionaria BR Salud Unión Temporal de Empresas (Ute) para que realice pruebas de PCR y test serológicos en centros de Atención Primaria y en el Laboratorio Clínico Central. Esta concesionaria está formada por Unilabs y Ribera Salud, la empresa que ya gestiona el servicio del laboratorio. Todos los contratos se realizaron por procedimiento sin publicidad y tramitación de emergencia. En el Portal de Contrataciones están publicados, hasta el momento, tres. El coste entre las diferentes adjudicaciones llega a los 6.945.600 euros.
El entramado de contratos, empresas y gestión del Laboratorio Clínico Central es muy complejo. El servicio del laboratorio se privatizó por primera vez bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Es dependiente de la Consejería de Sanidad de Madrid, está ubicado en Hospital Universitario Infanta Sofía y da servicio a los hospitales públicos Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo y a sus áreas de influencia de Atención Primaria. Hasta 2019 este servicio estaba siendo prestado BR Salud Ute, la empresa que ahora realiza PCR y test serológicos en el laboratorio.
En 2019 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lanzó una nueva convocatoria de adjudicación y en esta ocasión ganó el concurso la empresa Analiza Sociedad de Diagnóstico S.L., como figura en el Portal de Contratación. Sin embargo, la adjudicación cambió el pasado 24 de junio según figura en uno de los documentos de acuerdos del Consejo de Gobierno.
El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública estimó un recurso interpuesto por Ribera Salud ante la adjudicación a Analiza. Ante esto, el Gobierno regional adjudicó el servicio a la unión temporal de empresas United Laboratories España S.A. / Ribera Salud S.A, por un importe total de 76.377.136,80 (IVA exento) y un plazo de ejecución de 4 años.
Ribera Salud no es una empresa cualquiera. Más allá de ser la empresa líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, es una de las empresas que forma BR Salud. Según esta misma unión de empresas, la concesionaria BR Salud está formada por Unilabs (55%) y Ribera Salud (45%). Es decir: en el Laboratorio Central está realizando pruebas una concesionaria formada por la empresa que gestiona el servicio.
Fuentes de Sanidad alegan que estos contratos han sido necesarios para aumentar la capacidad de diagnóstica en la Comunidad de Madrid. Lo mismo que explicaron ante el contrato con Analiza por el que la empresa realiza PCR en centros de salud a un coste superior.
Los tres contratos firmados con BR Salud Ute
El primer contrato que la Comunidad de Madrid firmó con BR Salud fue el 18 de mayo para que realizara pruebas de PCR en el Laboratorio Central. El coste de cada una de ellas se estableció en 56 euros, 37 euros más baratos que lo acordado con Analiza, que se firmó dos días después (20 de mayo).
El contrato con BR Salud es de un período de tres meses (del 20 de mayo al 19 de agosto) y el importe total es de 3.091.200 euros. La estimación es que se realizarían 600 pruebas al día.
www.publico.es
Menuda artista de la malversación del dinero público.
Claro que como es quien es y de la ideología que es nadie osará denunciarla por ello.
La Comunidad de Madrid ha firmado hasta tres contratos con la Unión Temporal de Empresas BR Salud para que realice PCR y test rápidos en el Laboratorio Central. La concesionaria está formada por la empresa que ya gestiona el servicio del Laboratorio Clínico, Ribera Salud.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Emilio Naranjo/Archivo
MADRID
29/07/2020 22:05 ACTUALIZADO: 30/07/2020 10:20
BEATRIZ ASUAR
@beaasuargallego
La Comunidad de Madrid ha firmado varios contratos con la concesionaria BR Salud Unión Temporal de Empresas (Ute) para que realice pruebas de PCR y test serológicos en centros de Atención Primaria y en el Laboratorio Clínico Central. Esta concesionaria está formada por Unilabs y Ribera Salud, la empresa que ya gestiona el servicio del laboratorio. Todos los contratos se realizaron por procedimiento sin publicidad y tramitación de emergencia. En el Portal de Contrataciones están publicados, hasta el momento, tres. El coste entre las diferentes adjudicaciones llega a los 6.945.600 euros.
El entramado de contratos, empresas y gestión del Laboratorio Clínico Central es muy complejo. El servicio del laboratorio se privatizó por primera vez bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Es dependiente de la Consejería de Sanidad de Madrid, está ubicado en Hospital Universitario Infanta Sofía y da servicio a los hospitales públicos Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo y a sus áreas de influencia de Atención Primaria. Hasta 2019 este servicio estaba siendo prestado BR Salud Ute, la empresa que ahora realiza PCR y test serológicos en el laboratorio.
En 2019 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lanzó una nueva convocatoria de adjudicación y en esta ocasión ganó el concurso la empresa Analiza Sociedad de Diagnóstico S.L., como figura en el Portal de Contratación. Sin embargo, la adjudicación cambió el pasado 24 de junio según figura en uno de los documentos de acuerdos del Consejo de Gobierno.
Madrid pagó a una empresa privada para que realizara PCR a pacientes de Atención Primaria: 93 euros por prueba
BEATRIZ ASUAR
El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública estimó un recurso interpuesto por Ribera Salud ante la adjudicación a Analiza. Ante esto, el Gobierno regional adjudicó el servicio a la unión temporal de empresas United Laboratories España S.A. / Ribera Salud S.A, por un importe total de 76.377.136,80 (IVA exento) y un plazo de ejecución de 4 años.
Ribera Salud no es una empresa cualquiera. Más allá de ser la empresa líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, es una de las empresas que forma BR Salud. Según esta misma unión de empresas, la concesionaria BR Salud está formada por Unilabs (55%) y Ribera Salud (45%). Es decir: en el Laboratorio Central está realizando pruebas una concesionaria formada por la empresa que gestiona el servicio.
Fuentes de Sanidad alegan que estos contratos han sido necesarios para aumentar la capacidad de diagnóstica en la Comunidad de Madrid. Lo mismo que explicaron ante el contrato con Analiza por el que la empresa realiza PCR en centros de salud a un coste superior.
Los tres contratos firmados con BR Salud Ute
El primer contrato que la Comunidad de Madrid firmó con BR Salud fue el 18 de mayo para que realizara pruebas de PCR en el Laboratorio Central. El coste de cada una de ellas se estableció en 56 euros, 37 euros más baratos que lo acordado con Analiza, que se firmó dos días después (20 de mayo).
El contrato con BR Salud es de un período de tres meses (del 20 de mayo al 19 de agosto) y el importe total es de 3.091.200 euros. La estimación es que se realizarían 600 pruebas al día.
Madrid firma contratos sin publicidad para realizar pruebas de covid con una empresa que suman hasta siete millones
La Comunidad de Madrid ha firmado hasta tres contratos con la Unión Temporal de Empresas BR Salud para que realice PCR y test rápidos en el Laboratorio Central. La concesionaria está formada por la empresa que ya gestiona el servicio del Laboratorio Clínico, Ribera Salud.
www.publico.esMenuda artista de la malversación del dinero público.
Claro que como es quien es y de la ideología que es nadie osará denunciarla por ello.
INVESTIGACIÓN INFOLIBRE
Los datos del Gobierno Ayuso revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital
Manuel Rico
@manuelrico
Publicada el 29/07/2020 a las 22:17Actualizada el 29/07/2020 a las 22:22
Listado de las residencias de Madrid con menos derivaciones hospitalarias.
El 18 de marzo, cuando la pandemia empezaba a desbocarse en Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los datos oficiales del propio Gobierno madrileño, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran ahora hasta qué punto se aplicó esa orden de exclusión: 7.291 residentes fallecieron en los geriátricos sin recibir previamente atención hospitalaria en marzo y abril, lo que supone el 77% del total de decesos registrados durante esos dos meses entre los residentes madrileños.
En circunstancias normales, siempre hay un porcentaje de mayores que fallecen en los geriátricos donde viven, pero muchísimo más reducido. La derivación al hospital de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas puede crear complicaciones por el simple traslado o no tiene sentido someterles a técnicas médicas invasivas como una intubación porque no sobrevivirían. En todo caso, la decisión debe ser producto de una valoración médica individual teniendo en cuenta la situación clínica del enfermo, y no de una orden dictada por un Gobierno para su aplicación de forma generalizada tal y como ocurrió en Madrid.
En Cataluña, aunque no existió un Protocolo como el de Madrid, también se aplicó en la práctica la exclusión hospitalaria de residentes durante varias semanas. Este periódico ya desveló los datos de Cataluña: el 72% de los fallecidos (2.797 personas) en marzo y abril lo hizo en el propio centro.
Un periodista de infoLibre solicitó al Gobierno madrileño a principios de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre el número de decesos producidos en las residencias entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en la propia residencia. La respuesta llegó este martes. Este periódico analizó ayer en un primer reportaje la hecatombe vivida en las residencias de la mayoría de los grandes grupos que dominan el sector residencial de Madrid, con cifras tan devastadoras como los 544 muertos en los centros de Orpea, el operador líder en la región. O el hecho de que cinco de esas empresas tuvieran una ratio de fallecidos en relación con las plazas gestionadas que supera los 15 puntos porcentuales; en concreto, un 17,6% Mensajeros de la Paz, un 17,0% Casablanca, un 16,8% Aralia, un 16,4% Vitalia Home y un 15,6% DomusVi.
La segunda entrega del análisis de los datos recibidos vía Transparencia está centrada en las derivaciones hospitalarias, objeto de una importante polémica desde finales de mayo, cuando infoLibre publicó de forma íntegra el Protocolo que establecía los criterios de exclusión. En un primer momento, la presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– se inventaron que ese documento era un mero “borrador”. Este periódico desveló entonces las cuatro versiones existentes de ese Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por un alto cargo de Sanidad –Carlos Mur–, y también todos los datos relevantes sobre el envío de dicho texto por correo electrónico a 18 altos cargos del Gobierno regional y a los gerentes y los directores médicos de hospitales madrileños para su aplicación.
La información de hoy, basada como todas las anteriores en datos y documentos oficiales del propio Gobierno Ayuso, cierra el círculo: el Protocolo se aprobó, el Protocolo se envió a las personas que tenían que encargarse de su puesta en práctica y el Protocolo se aplicó como demuestran las cifras de fallecimientos de mayores en las residencias sin recibir atención hospitalaria.
LAS 110 RESIDENCIAS MÁS CRÍTICAS
En los geriátricos madrileños fallecieron en marzo y abril, los dos meses en que la pandemia los azotó con fuerza, un total de 9.470 personas. De ellas, 5.795 lo hicieron con covid-19 confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad y los otros 3.675 sin que la causa del fallecimiento tuviera aparente relación con el virus.
El Protocolo de exclusión de la Comunidad de Madrid se debía aplicar a todos los enfermos que cumplieran una serie de criterios, tuvieran o no coronavirus. Entre ellos figuraban padecer un determinado nivel de dependencia y un grado avanzado de deterioro cognitivo, aspectos que no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona, aunque sí con los medios que requiere su atención en un hospital.
De esos 9.470 residentes fallecidos, 7.291 perdieron la vida en el propio centro (77%) y 2.179 recibieron atención hospitalaria (23%). Hay que tener en cuenta que estas cifras abarcan los dos meses completos, pero el momento crítico en el sistema sanitario madrileño se vivió entre el 15 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. Ahí fue cuando, según decenas de testimonios de familiares de residentes, se cerró casi por completo la posibilidad de los traslados. En otras palabras: en esas cuatro semanas el porcentaje estuvo necesariamente por encima del 77%, porque este dato incluye una primera quincena de marzo en la que no había colapso en los hospitales.
En Madrid están autorizadas para funcionar 475 residencias de mayores, aunque durante la pandemia estuvieron operativas 472. En esta información se analizan los 267 centros en los que se registraron como mínimo diez decesos. Pues bien, sólo en 17 el número de fallecidos en la residencia se quedó por debajo del 50%. En los otros 250 casos, fueron mayoría quienes murieron en el propio centro residencial.
En siete geriátricos, que sumaron 138 decesos, todos se produjeron sin traslado previo. En otros 33, el 90% o más de los residentes perdieron la vida sin llegar al hospital, situación que afectó a 1.205 mayores. En 70 más, esa cifra superó el 80% y los muertos sin atención hospitalaria fueron 2.414.
Las cifras no dejan lugar a dudas. En 110 geriátricos, casi uno de cada cuatro de toda la red, se cumplió una doble condición: fallecieron diez o más personas –el máximo son los 113 del centro Doctor González Bueno– y entre un 80 y un 100% de esos decesos se produjeron en la propia residencia.
En Cataluña, aunque no existió un Protocolo como el de Madrid, también se aplicó en la práctica la exclusión hospitalaria de residentes durante varias semanas. Este periódico ya desveló los datos de Cataluña: el 72% de los fallecidos (2.797 personas) en marzo y abril lo hizo en el propio centro.
Un periodista de infoLibre solicitó al Gobierno madrileño a principios de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre el número de decesos producidos en las residencias entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en la propia residencia. La respuesta llegó este martes. Este periódico analizó ayer en un primer reportaje la hecatombe vivida en las residencias de la mayoría de los grandes grupos que dominan el sector residencial de Madrid, con cifras tan devastadoras como los 544 muertos en los centros de Orpea, el operador líder en la región. O el hecho de que cinco de esas empresas tuvieran una ratio de fallecidos en relación con las plazas gestionadas que supera los 15 puntos porcentuales; en concreto, un 17,6% Mensajeros de la Paz, un 17,0% Casablanca, un 16,8% Aralia, un 16,4% Vitalia Home y un 15,6% DomusVi.
La segunda entrega del análisis de los datos recibidos vía Transparencia está centrada en las derivaciones hospitalarias, objeto de una importante polémica desde finales de mayo, cuando infoLibre publicó de forma íntegra el Protocolo que establecía los criterios de exclusión. En un primer momento, la presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– se inventaron que ese documento era un mero “borrador”. Este periódico desveló entonces las cuatro versiones existentes de ese Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por un alto cargo de Sanidad –Carlos Mur–, y también todos los datos relevantes sobre el envío de dicho texto por correo electrónico a 18 altos cargos del Gobierno regional y a los gerentes y los directores médicos de hospitales madrileños para su aplicación.
La información de hoy, basada como todas las anteriores en datos y documentos oficiales del propio Gobierno Ayuso, cierra el círculo: el Protocolo se aprobó, el Protocolo se envió a las personas que tenían que encargarse de su puesta en práctica y el Protocolo se aplicó como demuestran las cifras de fallecimientos de mayores en las residencias sin recibir atención hospitalaria.
LAS 110 RESIDENCIAS MÁS CRÍTICAS
En los geriátricos madrileños fallecieron en marzo y abril, los dos meses en que la pandemia los azotó con fuerza, un total de 9.470 personas. De ellas, 5.795 lo hicieron con covid-19 confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad y los otros 3.675 sin que la causa del fallecimiento tuviera aparente relación con el virus.
El Protocolo de exclusión de la Comunidad de Madrid se debía aplicar a todos los enfermos que cumplieran una serie de criterios, tuvieran o no coronavirus. Entre ellos figuraban padecer un determinado nivel de dependencia y un grado avanzado de deterioro cognitivo, aspectos que no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona, aunque sí con los medios que requiere su atención en un hospital.
De esos 9.470 residentes fallecidos, 7.291 perdieron la vida en el propio centro (77%) y 2.179 recibieron atención hospitalaria (23%). Hay que tener en cuenta que estas cifras abarcan los dos meses completos, pero el momento crítico en el sistema sanitario madrileño se vivió entre el 15 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. Ahí fue cuando, según decenas de testimonios de familiares de residentes, se cerró casi por completo la posibilidad de los traslados. En otras palabras: en esas cuatro semanas el porcentaje estuvo necesariamente por encima del 77%, porque este dato incluye una primera quincena de marzo en la que no había colapso en los hospitales.
En Madrid están autorizadas para funcionar 475 residencias de mayores, aunque durante la pandemia estuvieron operativas 472. En esta información se analizan los 267 centros en los que se registraron como mínimo diez decesos. Pues bien, sólo en 17 el número de fallecidos en la residencia se quedó por debajo del 50%. En los otros 250 casos, fueron mayoría quienes murieron en el propio centro residencial.
En siete geriátricos, que sumaron 138 decesos, todos se produjeron sin traslado previo. En otros 33, el 90% o más de los residentes perdieron la vida sin llegar al hospital, situación que afectó a 1.205 mayores. En 70 más, esa cifra superó el 80% y los muertos sin atención hospitalaria fueron 2.414.
Las cifras no dejan lugar a dudas. En 110 geriátricos, casi uno de cada cuatro de toda la red, se cumplió una doble condición: fallecieron diez o más personas –el máximo son los 113 del centro Doctor González Bueno– y entre un 80 y un 100% de esos decesos se produjeron en la propia residencia.
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Los datos del Gobierno Ayuso revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital
- El 77% de los residentes que fallecieron en marzo y abril en geriátricos madrileños no fueron objeto de derivación hospitalaria
- Estos datos demuestran hasta qué punto se aplicó el Protocolo del Gobierno Ayuso que excluía traslados a hospitales de enfermos que vivían en residencias
- infoLibre publica los datos de los 110 centros con diez o más muertes y menos de un 20% de derivaciones
- En nueve residencias fallecieron más de 70 mayores sin recibir atención hospitalaria
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Manuel Rico
@manuelrico
Publicada el 29/07/2020 a las 22:17Actualizada el 29/07/2020 a las 22:22
Listado de las residencias de Madrid con menos derivaciones hospitalarias.
El 18 de marzo, cuando la pandemia empezaba a desbocarse en Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un Protocolo que prohibía trasladar a hospitales a mayores que vivían en residencias si tenían un determinado nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. Los datos oficiales del propio Gobierno madrileño, a los que ha tenido acceso infoLibre, demuestran ahora hasta qué punto se aplicó esa orden de exclusión: 7.291 residentes fallecieron en los geriátricos sin recibir previamente atención hospitalaria en marzo y abril, lo que supone el 77% del total de decesos registrados durante esos dos meses entre los residentes madrileños.
En circunstancias normales, siempre hay un porcentaje de mayores que fallecen en los geriátricos donde viven, pero muchísimo más reducido. La derivación al hospital de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas puede crear complicaciones por el simple traslado o no tiene sentido someterles a técnicas médicas invasivas como una intubación porque no sobrevivirían. En todo caso, la decisión debe ser producto de una valoración médica individual teniendo en cuenta la situación clínica del enfermo, y no de una orden dictada por un Gobierno para su aplicación de forma generalizada tal y como ocurrió en Madrid.
En Cataluña, aunque no existió un Protocolo como el de Madrid, también se aplicó en la práctica la exclusión hospitalaria de residentes durante varias semanas. Este periódico ya desveló los datos de Cataluña: el 72% de los fallecidos (2.797 personas) en marzo y abril lo hizo en el propio centro.
Un periodista de infoLibre solicitó al Gobierno madrileño a principios de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre el número de decesos producidos en las residencias entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en la propia residencia. La respuesta llegó este martes. Este periódico analizó ayer en un primer reportaje la hecatombe vivida en las residencias de la mayoría de los grandes grupos que dominan el sector residencial de Madrid, con cifras tan devastadoras como los 544 muertos en los centros de Orpea, el operador líder en la región. O el hecho de que cinco de esas empresas tuvieran una ratio de fallecidos en relación con las plazas gestionadas que supera los 15 puntos porcentuales; en concreto, un 17,6% Mensajeros de la Paz, un 17,0% Casablanca, un 16,8% Aralia, un 16,4% Vitalia Home y un 15,6% DomusVi.
La segunda entrega del análisis de los datos recibidos vía Transparencia está centrada en las derivaciones hospitalarias, objeto de una importante polémica desde finales de mayo, cuando infoLibre publicó de forma íntegra el Protocolo que establecía los criterios de exclusión. En un primer momento, la presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– se inventaron que ese documento era un mero “borrador”. Este periódico desveló entonces las cuatro versiones existentes de ese Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por un alto cargo de Sanidad –Carlos Mur–, y también todos los datos relevantes sobre el envío de dicho texto por correo electrónico a 18 altos cargos del Gobierno regional y a los gerentes y los directores médicos de hospitales madrileños para su aplicación.
La información de hoy, basada como todas las anteriores en datos y documentos oficiales del propio Gobierno Ayuso, cierra el círculo: el Protocolo se aprobó, el Protocolo se envió a las personas que tenían que encargarse de su puesta en práctica y el Protocolo se aplicó como demuestran las cifras de fallecimientos de mayores en las residencias sin recibir atención hospitalaria.
LAS 110 RESIDENCIAS MÁS CRÍTICAS
En los geriátricos madrileños fallecieron en marzo y abril, los dos meses en que la pandemia los azotó con fuerza, un total de 9.470 personas. De ellas, 5.795 lo hicieron con covid-19 confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad y los otros 3.675 sin que la causa del fallecimiento tuviera aparente relación con el virus.
El Protocolo de exclusión de la Comunidad de Madrid se debía aplicar a todos los enfermos que cumplieran una serie de criterios, tuvieran o no coronavirus. Entre ellos figuraban padecer un determinado nivel de dependencia y un grado avanzado de deterioro cognitivo, aspectos que no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona, aunque sí con los medios que requiere su atención en un hospital.
De esos 9.470 residentes fallecidos, 7.291 perdieron la vida en el propio centro (77%) y 2.179 recibieron atención hospitalaria (23%). Hay que tener en cuenta que estas cifras abarcan los dos meses completos, pero el momento crítico en el sistema sanitario madrileño se vivió entre el 15 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. Ahí fue cuando, según decenas de testimonios de familiares de residentes, se cerró casi por completo la posibilidad de los traslados. En otras palabras: en esas cuatro semanas el porcentaje estuvo necesariamente por encima del 77%, porque este dato incluye una primera quincena de marzo en la que no había colapso en los hospitales.
En Madrid están autorizadas para funcionar 475 residencias de mayores, aunque durante la pandemia estuvieron operativas 472. En esta información se analizan los 267 centros en los que se registraron como mínimo diez decesos. Pues bien, sólo en 17 el número de fallecidos en la residencia se quedó por debajo del 50%. En los otros 250 casos, fueron mayoría quienes murieron en el propio centro residencial.
En siete geriátricos, que sumaron 138 decesos, todos se produjeron sin traslado previo. En otros 33, el 90% o más de los residentes perdieron la vida sin llegar al hospital, situación que afectó a 1.205 mayores. En 70 más, esa cifra superó el 80% y los muertos sin atención hospitalaria fueron 2.414.
Las cifras no dejan lugar a dudas. En 110 geriátricos, casi uno de cada cuatro de toda la red, se cumplió una doble condición: fallecieron diez o más personas –el máximo son los 113 del centro Doctor González Bueno– y entre un 80 y un 100% de esos decesos se produjeron en la propia residencia.
En Cataluña, aunque no existió un Protocolo como el de Madrid, también se aplicó en la práctica la exclusión hospitalaria de residentes durante varias semanas. Este periódico ya desveló los datos de Cataluña: el 72% de los fallecidos (2.797 personas) en marzo y abril lo hizo en el propio centro.
Un periodista de infoLibre solicitó al Gobierno madrileño a principios de mayo, acogiéndose a la Ley de Transparencia, información sobre el número de decesos producidos en las residencias entre el 1 de marzo y el 30 de abril, desglosados por centro e indicando si la muerte se había producido en el hospital o en la propia residencia. La respuesta llegó este martes. Este periódico analizó ayer en un primer reportaje la hecatombe vivida en las residencias de la mayoría de los grandes grupos que dominan el sector residencial de Madrid, con cifras tan devastadoras como los 544 muertos en los centros de Orpea, el operador líder en la región. O el hecho de que cinco de esas empresas tuvieran una ratio de fallecidos en relación con las plazas gestionadas que supera los 15 puntos porcentuales; en concreto, un 17,6% Mensajeros de la Paz, un 17,0% Casablanca, un 16,8% Aralia, un 16,4% Vitalia Home y un 15,6% DomusVi.
La segunda entrega del análisis de los datos recibidos vía Transparencia está centrada en las derivaciones hospitalarias, objeto de una importante polémica desde finales de mayo, cuando infoLibre publicó de forma íntegra el Protocolo que establecía los criterios de exclusión. En un primer momento, la presidenta Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– se inventaron que ese documento era un mero “borrador”. Este periódico desveló entonces las cuatro versiones existentes de ese Protocolo, todas ellas firmadas digitalmente por un alto cargo de Sanidad –Carlos Mur–, y también todos los datos relevantes sobre el envío de dicho texto por correo electrónico a 18 altos cargos del Gobierno regional y a los gerentes y los directores médicos de hospitales madrileños para su aplicación.
La información de hoy, basada como todas las anteriores en datos y documentos oficiales del propio Gobierno Ayuso, cierra el círculo: el Protocolo se aprobó, el Protocolo se envió a las personas que tenían que encargarse de su puesta en práctica y el Protocolo se aplicó como demuestran las cifras de fallecimientos de mayores en las residencias sin recibir atención hospitalaria.
LAS 110 RESIDENCIAS MÁS CRÍTICAS
En los geriátricos madrileños fallecieron en marzo y abril, los dos meses en que la pandemia los azotó con fuerza, un total de 9.470 personas. De ellas, 5.795 lo hicieron con covid-19 confirmado o con síntomas compatibles con la enfermedad y los otros 3.675 sin que la causa del fallecimiento tuviera aparente relación con el virus.
El Protocolo de exclusión de la Comunidad de Madrid se debía aplicar a todos los enfermos que cumplieran una serie de criterios, tuvieran o no coronavirus. Entre ellos figuraban padecer un determinado nivel de dependencia y un grado avanzado de deterioro cognitivo, aspectos que no están directamente relacionados con la esperanza de vida de una persona, aunque sí con los medios que requiere su atención en un hospital.
De esos 9.470 residentes fallecidos, 7.291 perdieron la vida en el propio centro (77%) y 2.179 recibieron atención hospitalaria (23%). Hay que tener en cuenta que estas cifras abarcan los dos meses completos, pero el momento crítico en el sistema sanitario madrileño se vivió entre el 15 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. Ahí fue cuando, según decenas de testimonios de familiares de residentes, se cerró casi por completo la posibilidad de los traslados. En otras palabras: en esas cuatro semanas el porcentaje estuvo necesariamente por encima del 77%, porque este dato incluye una primera quincena de marzo en la que no había colapso en los hospitales.
En Madrid están autorizadas para funcionar 475 residencias de mayores, aunque durante la pandemia estuvieron operativas 472. En esta información se analizan los 267 centros en los que se registraron como mínimo diez decesos. Pues bien, sólo en 17 el número de fallecidos en la residencia se quedó por debajo del 50%. En los otros 250 casos, fueron mayoría quienes murieron en el propio centro residencial.
En siete geriátricos, que sumaron 138 decesos, todos se produjeron sin traslado previo. En otros 33, el 90% o más de los residentes perdieron la vida sin llegar al hospital, situación que afectó a 1.205 mayores. En 70 más, esa cifra superó el 80% y los muertos sin atención hospitalaria fueron 2.414.
Las cifras no dejan lugar a dudas. En 110 geriátricos, casi uno de cada cuatro de toda la red, se cumplió una doble condición: fallecieron diez o más personas –el máximo son los 113 del centro Doctor González Bueno– y entre un 80 y un 100% de esos decesos se produjeron en la propia residencia.
Los datos del Gobierno Ayuso revelan que 7.291 mayores murieron en Madrid en su residencia sin ser trasladados a un hospital
El 77% de los residentes que fallecieron en marzo y abril en geriátricos madrileños no fueron objeto de derivación hospitalaria
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Ayuso no descarta que la 'cartilla COVID' sea necesaria "para empleos o para lo que sea"
La presidenta madrileña sostiene que "los datos son clave"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante una reunión con una representación de médicos internos residentes (MIR). / Eduardo Parra (EUROPA PRESS)
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CADENA SER
Madrid
31/07/2020 - 11:00 h. CEST
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su propuesta de poner en marcha una 'cartilla COVID' y ha sostenido no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia por lo que no descarta que en el futuro conocer la inmunidad que se tiene "ayude o sea necesario" para acceder a empleos.
MÁS INFORMACIÓN
"Hay que poner nuevas medidas y estudiar absolutamente todo. Estamos obligados a hacerlo para intentar frenar esto, teniendo en cuenta que es un virus que ha puesto en jaque al planeta y ningún país tiene la solución", ha señalado en una entrevista en COPE.
Ayuso ha incidido en que el "supuesto" comité de expertos del Gobierno ya puso sobre la mesa, tal y como ha leído "en una noticia del 5 de abril", algo parecido a esta cartilla. Pero lo cierto es que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni el Ministerio de Sanidad no respaldan su uso.
La presidenta madrileña ha explicado que lo que ha hecho es pedir a la Consejería de Sanidad que ponga en marcha un proyecto piloto para "ver si teniendo los datos de todos los pacientes" pueden conocer mejor la situación. "Los datos son clave", ha sostenido.
Por ahora, según ha manifestado, solo quieren que esta 'cartilla COVID' sea "un registro en el que todo el mundo" que se haya sometido a análisis y pruebas "lo lleve consigo para ante cualquier petición" ya contar con un conocimiento sobre lo que le ha pasado, si tiene anticuerpos o no.
"No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto pero contra el COVID a lo mejor estamos uno o dos años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesarios para empleos o para lo que sea", ha declarado.
Por otra parte, preguntada por el registro voluntario que ha solicitado la Comunidad que lleven a cabo los locales de ocio nocturno, Ayuso ha explicado que simplemente se basa en que se ofrezcan los datos de contacto para que los rastreadores puedan dar con los clientes si hay posibilidad de que pudiesen estar contagiados de coronavirus.
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cadenaser.com
Aparte de ignorante, insensata, imprudente, indolente, ésta mujer constituye un verdadero peligro.
Ya no me aguanto....la llamo gilipollas.
¿Alguien le ha dicho a ésta señora al día de hoy, con los estudios y conocimientos de los expertos internacionales que una persona que haya pasado el COVID no pueda volver a infectarse y contagiar a los demás?
¿Alguien le ha dicho eso?
Eso por un lado, por otro hay que decir que lo que propone es anticonstitucional, porque todo el mundo tiene derecho a su privacidad personal y sobre todo a la sanitaria.
¿Ha oído algo ésta mujer lo que es una protección de datos?
¿Sabe ésta mujer que se debe respetar el historial sanitario de cada ciudadano?
Sres de C's que son los que la sostienen en el cargo: Por el bien de los madrileños en primer lugar y por el bien de los demás después, paren a ésta mujer, apartenla del cargo porque es un auténtico peligro.
La presidenta madrileña sostiene que "los datos son clave"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, durante una reunión con una representación de médicos internos residentes (MIR). / Eduardo Parra (EUROPA PRESS)
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CADENA SER
Madrid
31/07/2020 - 11:00 h. CEST
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su propuesta de poner en marcha una 'cartilla COVID' y ha sostenido no se sabe cómo va a evolucionar la pandemia por lo que no descarta que en el futuro conocer la inmunidad que se tiene "ayude o sea necesario" para acceder a empleos.
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"Hay que poner nuevas medidas y estudiar absolutamente todo. Estamos obligados a hacerlo para intentar frenar esto, teniendo en cuenta que es un virus que ha puesto en jaque al planeta y ningún país tiene la solución", ha señalado en una entrevista en COPE.
Ayuso ha incidido en que el "supuesto" comité de expertos del Gobierno ya puso sobre la mesa, tal y como ha leído "en una noticia del 5 de abril", algo parecido a esta cartilla. Pero lo cierto es que ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni el Ministerio de Sanidad no respaldan su uso.
La presidenta madrileña ha explicado que lo que ha hecho es pedir a la Consejería de Sanidad que ponga en marcha un proyecto piloto para "ver si teniendo los datos de todos los pacientes" pueden conocer mejor la situación. "Los datos son clave", ha sostenido.
Por ahora, según ha manifestado, solo quieren que esta 'cartilla COVID' sea "un registro en el que todo el mundo" que se haya sometido a análisis y pruebas "lo lleve consigo para ante cualquier petición" ya contar con un conocimiento sobre lo que le ha pasado, si tiene anticuerpos o no.
"No sabemos hacia adelante cómo va a evolucionar esto pero contra el COVID a lo mejor estamos uno o dos años luchando y no descarto que en el futuro saber tu inmunidad te ayude o sea necesarios para empleos o para lo que sea", ha declarado.
Por otra parte, preguntada por el registro voluntario que ha solicitado la Comunidad que lleven a cabo los locales de ocio nocturno, Ayuso ha explicado que simplemente se basa en que se ofrezcan los datos de contacto para que los rastreadores puedan dar con los clientes si hay posibilidad de que pudiesen estar contagiados de coronavirus.
Ayuso no descarta que la 'cartilla COVID' sea necesaria "para empleos o para lo que sea"
La presidenta madrileña sostiene que "los datos son clave" | Cadena SER
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Ya no me aguanto....la llamo gilipollas.
¿Alguien le ha dicho a ésta señora al día de hoy, con los estudios y conocimientos de los expertos internacionales que una persona que haya pasado el COVID no pueda volver a infectarse y contagiar a los demás?
¿Alguien le ha dicho eso?
Eso por un lado, por otro hay que decir que lo que propone es anticonstitucional, porque todo el mundo tiene derecho a su privacidad personal y sobre todo a la sanitaria.
¿Ha oído algo ésta mujer lo que es una protección de datos?
¿Sabe ésta mujer que se debe respetar el historial sanitario de cada ciudadano?
Sres de C's que son los que la sostienen en el cargo: Por el bien de los madrileños en primer lugar y por el bien de los demás después, paren a ésta mujer, apartenla del cargo porque es un auténtico peligro.
