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Isabel Díaz Ayuso presidenta de la CCAA Madrileña
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Esperamos que no se vaya otra vez de rositas. Que ya la ayudaron sus socios de gobierno a librarse de una comisión de investigación por AVALMADRID
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Qué panorama!!!!
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https://www.infolibre.es/noticias/p...uso_desvelados_por_infolibre_107547_1012.html
Que esta tipa no se vaya de rositas
Que esta tipa no se vaya de rositas
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SINVERGÜENZAS
El Gobierno de Ayuso envió a 18 altos cargos y a los directivos de los hospitales el Protocolo que excluía a los residentes
Manuel Rico
@manuelrico
Publicada el 09/06/2020 a las 11:3509/06/2020 a las 11:35
Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
EFE
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió que una orden para prohibir o limitar enormemente el traslado a hospitales de personas mayores que vivían en residencias era la mejor forma de "racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos", según consta en el correo que envió el 18 de marzo un alto cargo de Sanidad con el Protocolo que debía aplicarse a partir de ese momento. Entre los "criterios de exclusión" de la derivación hospitalaria figuraban algunos relacionados con el nivel de dependencia o el grado de demencia senil del residente, situaciones que no definen la expectativa de vida de una persona.
El documento fue elaborado por la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero (PP). La primera versión se aprobó el 18 de marzo y fue actualizada los días 20, 24 y 25 de ese mes. infoLibre publicó el pasado viernes las cuatro versiones íntegras de dicho Protocolo [puedes consultarlas aquí].
Las cuatro versiones de ese Protocolo fueron firmadas digitalmente por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Minutos después de la firma, el documento se envió por correo electrónico a altos cargos de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales, para su conocimiento y aplicación. En los mensajes se indica expresamente que la comunicación debe "hacerse extensiva" a los gerentes y los directores médicos de los hospitales de Madrid.
Los destinatarios de los correos de Carlos Mur –a los que ha tenido acceso infoLibre y cuya existencia fue adelantada este martes por El País– son en total 18 personas diferentes, aunque no todas recibieron las cuatro versiones del Protocolo. Hay ocho altos cargos del Gobierno Ayuso que sí figuran en todos los envíos, entre ellos la viceconsejera de Asistencia Sanitaria (Ana Dávila-Ponce de León Municio) y el gerente del SUMMA 112 (Pablo Busca Ostalaza). El SUMMA 112 es el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y gestiona el servicio de ambulancias de la Comunidad.
La presidenta madrileña y su consejero de Sanidad llevan diez días defendiendo que se había enviado un "borrador" del Protocolo "por error" antes del 25 de marzo, cuando se aprobó la versión definitiva. Como explicó en detalle este periódico, esa versión se basa en tres falsedades. Jamás se envió ningún "borrador" del Protocolo firmado por Carlos Mur, sino el documento oficial para su aplicación. De lo que se envió un borrador fue de un segundo Protocolo, un documento más clínico elaborado con la colaboración de los geriatras de los hospitales de Madrid, que no aparece firmado por nadie y que tampoco lleva el sello de la Comunidad.
La orden de prohibir el traslado a hospitales de determinadas personas mayores que vivían en residencias generó un importante choque entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el titular de Sanidad. "No es ético y posiblemente no es legal", confesó Reyero en la Asamblea de Madrid. Escudero se escudó hasta ahora en la falsa teoría del "borrador".
La realidad sufrida por los ancianos que enfermeron en un geriátrico madrileño en el momento crítico de la pandemia se refleja claramente en un dato desvelado por infoLibre: el 80% de los fallecidos en marzo que vivían en residencias no fueron trasladados al hospital. Un porcentaje que se incrementó de forma acelerada tras la orden de Sanidad de prohibir ciertas derivaciones: entre el 25 y el 30 de marzo murieron 1.364 residentes y sólo el 13% recibió asistencia hospitalaria.
A continuación, se analizan las comunicaciones enviadas por la Consejería de Sanidad con las distintas versiones del Protocolo firmado por Mur.
PRIMERA VERSIÓN. FIRMADA EL 18 DE MARZO, A LAS 14:07 HORAS. ENVIADA A LAS 14:20 HORAS
Carlos Mur firma el Protocolo el 18 de marzo, justo cuando empieza el momento más crítico de la pandemia en las residencias de Madrid. Al día siguiente, los fallecidos que vivían en residencias eran 138, el 25 de marzo ascendían a 1.101 y el 30 de ese mes eran ya 2.465.
El documento se envía por correo a nueve altos cargos del Gobierno madrileño. En el 'Asunto' figura: "Protocolo derivación hospitales a residencias (geriatra referente) – Atención en residencias". Este texto se mantendrá invariable en las comunicaciones de las tres versiones posteriores del documento.
El correo se inicia con la siguiente indicación: "Att / Directores gerentes y directores médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid". Esta expresión se repite en la comunicación del día 20, mientras que en las del 24 y 25 se sustituye por la siguiente: "Por favor hacer extensiva esta comunicación a los GERENTES de hospitales y directores médicos" [La mayúscula es del original].
A continuación, Mur justifica el motivo del envío del Protocolo: "Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo acordado para CRITERIOS de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid". Este texto también se mantiene prácticamente de forma idéntica en los cuatro correos. AMAS es la Agencia Madrileña de Atención Social, encargada de las 25 residencias de titularidad y gestión pública que existen en la Comunidad, donde en total operan 474 geriátricos.
Junto al documento firmado digitalmente por Mur también se incluyen como archivos adjuntos un Protocolo de "actuación y protección elaborado por el AMAS", a partir de las instrucciones de la Consejería de Sanidad, y otro con los "servicios de geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto". Estos documentos también se adjuntan en varios de los correos posteriores.
SEGUNDA VERSIÓN. FIRMADA EL 20 DE MARZO, A LAS 16:37 HORAS. ENVIADA A LAS 17:32 HORAS
Esta segunda versión del documento, cuya existencia desveló infoLibre el pasado 26 de mayo, es la que habla con mayor crudeza de la prohibición de trasladar residentes a los hospitales. Así, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. También explica cómo medicar en los geriátricos a los pacientes que tienen "criterios de exclusión de derivación". Y la instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".
Carlos Mur envió el Protocolo por correo a 17 personas. Es, con diferencia, el que tuvo mayor número de destinatarios.
Tras explicar que el objetivo del documento es "racionalizar el abordaje" de la emergencia sanitaria, Mur añade: "Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible. En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIS en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales. El objetivo primordial en este momento es disminuir fallecimientos evitables en determinados centros".
"Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada", pide Mur al final de su comunicación. Esta petición también la incluyó el alto cargo de Sanidad en los correos de los días 24 y 25 de marzo.
A preguntas de este periódico, una portavoz del departamento de Políticas Sociales respondió que "sólo se envió a las 25 residencias que gestiona AMAS la segunda versión del Protocolo, la del día 20 de marzo. Las demás no se enviaron. Y ninguna se mandó ni a los centros concertados, ni a los de gestión indirecta".
TERCERA VERSIÓN. FIRMADA EL 24 DE MARZO, A LAS 20:51 HORAS. ENVIADA A LAS 21:17 HORAS
El texto del mensaje es prácticamente idéntico a los anteriores. En el primer párrafo se explica el "objetivo" del documento, en el segundo se advierte de que las recomendaciones "van siendo forzosamente actualizadas" y en el tercero se pide a "los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales" que difundan el documento entre las residencias.
Este correo tuvo como destinatarios a 12 altos cargos o directivos de los departamentos de Sanidad y Políticas Sociales.
CUARTA VERSIÓN. FIRMADA EL 25 DE MARZO, A LAS 15:01 HORAS. ENVIADA A LAS 15:41 HORAS
Tras el párrafo inicial con la justificación del Protocolo, Mur añade en este correo que los documentos que envía "SUSTITUYEN A LOS DE ANOCHE, por errata y por publicación de la orden SND/27/2020 en el BOE de ayer" [las mayúsculas son del original].
Este hecho es muy relevante ya que es la única vez en que Mur hace constar que una versión de su Protocolo anula otra anterior. En otras palabras: las versiones enviadas el 18 y el 20 de marzo no fueron sustituidas expresamente, como ocurrió con la del día 24. Que no eran borradores, como falsamente sostienen Ayuso y Escudero, es una evidencia por la sencilla razón de que los borradores no se firman digitalmente por un alto cargo de un Gobierno y se difunden después para que sean aplicados.
El resto del mensaje es prácticamente idéntico al del día anterior. En cuanto a los destinatarios, se envió a las 12 mismas personas que el correo del día 24.
- La Consejería de Sanidad defendía los criterios de exclusión de mayores como una medida "para racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de emergencia que padecemos"
- El Protocolo se envió minutos después de que lo firmase digitalmente un alto cargo de Sanidad los días 18, 20, 24 y 25 de marzo
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Manuel Rico
@manuelrico
Publicada el 09/06/2020 a las 11:3509/06/2020 a las 11:35
Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
EFE
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió que una orden para prohibir o limitar enormemente el traslado a hospitales de personas mayores que vivían en residencias era la mejor forma de "racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos", según consta en el correo que envió el 18 de marzo un alto cargo de Sanidad con el Protocolo que debía aplicarse a partir de ese momento. Entre los "criterios de exclusión" de la derivación hospitalaria figuraban algunos relacionados con el nivel de dependencia o el grado de demencia senil del residente, situaciones que no definen la expectativa de vida de una persona.
El documento fue elaborado por la Consejería de Sanidad, que dirige Enrique Ruiz Escudero (PP). La primera versión se aprobó el 18 de marzo y fue actualizada los días 20, 24 y 25 de ese mes. infoLibre publicó el pasado viernes las cuatro versiones íntegras de dicho Protocolo [puedes consultarlas aquí].
Las cuatro versiones de ese Protocolo fueron firmadas digitalmente por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Minutos después de la firma, el documento se envió por correo electrónico a altos cargos de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales, para su conocimiento y aplicación. En los mensajes se indica expresamente que la comunicación debe "hacerse extensiva" a los gerentes y los directores médicos de los hospitales de Madrid.
Los destinatarios de los correos de Carlos Mur –a los que ha tenido acceso infoLibre y cuya existencia fue adelantada este martes por El País– son en total 18 personas diferentes, aunque no todas recibieron las cuatro versiones del Protocolo. Hay ocho altos cargos del Gobierno Ayuso que sí figuran en todos los envíos, entre ellos la viceconsejera de Asistencia Sanitaria (Ana Dávila-Ponce de León Municio) y el gerente del SUMMA 112 (Pablo Busca Ostalaza). El SUMMA 112 es el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y gestiona el servicio de ambulancias de la Comunidad.
La presidenta madrileña y su consejero de Sanidad llevan diez días defendiendo que se había enviado un "borrador" del Protocolo "por error" antes del 25 de marzo, cuando se aprobó la versión definitiva. Como explicó en detalle este periódico, esa versión se basa en tres falsedades. Jamás se envió ningún "borrador" del Protocolo firmado por Carlos Mur, sino el documento oficial para su aplicación. De lo que se envió un borrador fue de un segundo Protocolo, un documento más clínico elaborado con la colaboración de los geriatras de los hospitales de Madrid, que no aparece firmado por nadie y que tampoco lleva el sello de la Comunidad.
La orden de prohibir el traslado a hospitales de determinadas personas mayores que vivían en residencias generó un importante choque entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el titular de Sanidad. "No es ético y posiblemente no es legal", confesó Reyero en la Asamblea de Madrid. Escudero se escudó hasta ahora en la falsa teoría del "borrador".
La realidad sufrida por los ancianos que enfermeron en un geriátrico madrileño en el momento crítico de la pandemia se refleja claramente en un dato desvelado por infoLibre: el 80% de los fallecidos en marzo que vivían en residencias no fueron trasladados al hospital. Un porcentaje que se incrementó de forma acelerada tras la orden de Sanidad de prohibir ciertas derivaciones: entre el 25 y el 30 de marzo murieron 1.364 residentes y sólo el 13% recibió asistencia hospitalaria.
A continuación, se analizan las comunicaciones enviadas por la Consejería de Sanidad con las distintas versiones del Protocolo firmado por Mur.
PRIMERA VERSIÓN. FIRMADA EL 18 DE MARZO, A LAS 14:07 HORAS. ENVIADA A LAS 14:20 HORAS
Carlos Mur firma el Protocolo el 18 de marzo, justo cuando empieza el momento más crítico de la pandemia en las residencias de Madrid. Al día siguiente, los fallecidos que vivían en residencias eran 138, el 25 de marzo ascendían a 1.101 y el 30 de ese mes eran ya 2.465.
El documento se envía por correo a nueve altos cargos del Gobierno madrileño. En el 'Asunto' figura: "Protocolo derivación hospitales a residencias (geriatra referente) – Atención en residencias". Este texto se mantendrá invariable en las comunicaciones de las tres versiones posteriores del documento.
El correo se inicia con la siguiente indicación: "Att / Directores gerentes y directores médicos de los hospitales de la Comunidad de Madrid". Esta expresión se repite en la comunicación del día 20, mientras que en las del 24 y 25 se sustituye por la siguiente: "Por favor hacer extensiva esta comunicación a los GERENTES de hospitales y directores médicos" [La mayúscula es del original].
A continuación, Mur justifica el motivo del envío del Protocolo: "Con el objeto de racionalizar el abordaje de uno de los principales focos de la emergencia que padecemos: Se adjunta protocolo acordado para CRITERIOS de traslado de pacientes de residencias geriátricas (AMAS y gestión privada), protocolo técnico elaborado por los principales jefes de Geriatría de la Comunidad de Madrid". Este texto también se mantiene prácticamente de forma idéntica en los cuatro correos. AMAS es la Agencia Madrileña de Atención Social, encargada de las 25 residencias de titularidad y gestión pública que existen en la Comunidad, donde en total operan 474 geriátricos.
Junto al documento firmado digitalmente por Mur también se incluyen como archivos adjuntos un Protocolo de "actuación y protección elaborado por el AMAS", a partir de las instrucciones de la Consejería de Sanidad, y otro con los "servicios de geriatría con especialistas referente constituidos y teléfono de contacto". Estos documentos también se adjuntan en varios de los correos posteriores.
SEGUNDA VERSIÓN. FIRMADA EL 20 DE MARZO, A LAS 16:37 HORAS. ENVIADA A LAS 17:32 HORAS
Esta segunda versión del documento, cuya existencia desveló infoLibre el pasado 26 de mayo, es la que habla con mayor crudeza de la prohibición de trasladar residentes a los hospitales. Así, se utilizan las siguientes expresiones literales: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. También explica cómo medicar en los geriátricos a los pacientes que tienen "criterios de exclusión de derivación". Y la instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".
Carlos Mur envió el Protocolo por correo a 17 personas. Es, con diferencia, el que tuvo mayor número de destinatarios.
Tras explicar que el objetivo del documento es "racionalizar el abordaje" de la emergencia sanitaria, Mur añade: "Dichas recomendaciones van siendo forzosamente actualizadas según la evolución de la pandemia y del material disponible. En espera de la dotación adecuada de profesionales y EPIS en residencias, debemos ayudarles en el suministro y en los traslados racionales desde los hospitales. El objetivo primordial en este momento es disminuir fallecimientos evitables en determinados centros".
"Ruego a los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales la difusión del protocolo de actuación a todas las residencias de la red pública y privada", pide Mur al final de su comunicación. Esta petición también la incluyó el alto cargo de Sanidad en los correos de los días 24 y 25 de marzo.
A preguntas de este periódico, una portavoz del departamento de Políticas Sociales respondió que "sólo se envió a las 25 residencias que gestiona AMAS la segunda versión del Protocolo, la del día 20 de marzo. Las demás no se enviaron. Y ninguna se mandó ni a los centros concertados, ni a los de gestión indirecta".
TERCERA VERSIÓN. FIRMADA EL 24 DE MARZO, A LAS 20:51 HORAS. ENVIADA A LAS 21:17 HORAS
El texto del mensaje es prácticamente idéntico a los anteriores. En el primer párrafo se explica el "objetivo" del documento, en el segundo se advierte de que las recomendaciones "van siendo forzosamente actualizadas" y en el tercero se pide a "los compañeros de la Consejería de Políticas Sociales" que difundan el documento entre las residencias.
Este correo tuvo como destinatarios a 12 altos cargos o directivos de los departamentos de Sanidad y Políticas Sociales.
CUARTA VERSIÓN. FIRMADA EL 25 DE MARZO, A LAS 15:01 HORAS. ENVIADA A LAS 15:41 HORAS
Tras el párrafo inicial con la justificación del Protocolo, Mur añade en este correo que los documentos que envía "SUSTITUYEN A LOS DE ANOCHE, por errata y por publicación de la orden SND/27/2020 en el BOE de ayer" [las mayúsculas son del original].
Este hecho es muy relevante ya que es la única vez en que Mur hace constar que una versión de su Protocolo anula otra anterior. En otras palabras: las versiones enviadas el 18 y el 20 de marzo no fueron sustituidas expresamente, como ocurrió con la del día 24. Que no eran borradores, como falsamente sostienen Ayuso y Escudero, es una evidencia por la sencilla razón de que los borradores no se firman digitalmente por un alto cargo de un Gobierno y se difunden después para que sean aplicados.
El resto del mensaje es prácticamente idéntico al del día anterior. En cuanto a los destinatarios, se envió a las 12 mismas personas que el correo del día 24.
Familiares de residentes aportan a la Fiscalía de Madrid los Protocolos del Gobierno Ayuso desvelados por infoLibre
Manuel Rico
@manuelrico
Publicada el 08/06/2020 a las 13:2508/06/2020 a las 13:25
Protocolo de la Consejería de Sanidad prohibiendo trasladar pacientes de residencias a hospitales.
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare) remitió este lunes a la Fiscalía de Madrid el Protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que prohibía o limitaba el traslado de personas enfermas que vivían en residencias a los hospitales de la Comunidad. Entre los criterios de exclusión había algunos basados en el nivel de dependencia o el grado de demencia senil del residente, aspectos que no guardan relación con sus posibilidades de sobrevivir a la pandemia.
Pladigmare aportó a la Fiscalía los cuatro documentos firmados por un alto cargo de Sanidad que fueron desvelados de forma íntegra por infoLibre el pasado viernes. Se trata de un Protocolo enviado por primera vez a los hospitales el 18 de marzo y que se actualizó los días 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro versiones del documento están firmadas digitalmente por Carlos Mur, quien entonces era director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
El presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez Sartí, indicó en declaraciones a este periódico que han decidido aportar a la Fiscalía esos cuatro documentos porque “demuestran claramente que se adoptaron medidas discriminatorias en razón de la edad o el domicilio de procedencia de las personas mayores. Y eso supone la vulneración de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la salud y a la Seguridad Social”.
“Los cuatro documentos dejan en evidencia qué ha podido pasar en las residencias y entendemos que la Fiscalía debe tenerlos en cuenta para las diferentes investigaciones en marcha”, añadió Vázquez Sartí.
La mentira de Ayuso
En busca de un cortafuegos político y judicial, el Gobierno madrileño lleva diez días difundiendo una versión falsa sobre los hechos: asegura que se envió “por error” a los centros socio-sanitarios un documento que era un simple “borrador” y que el Protocolo definitivo se difundió el 25 de marzo.
Como explicó infoLibre, la Consejería de Sanidad elaboró en realidad dos Protocolos. Uno más ejecutivo, donde constan los criterios de derivación hospitalaria de las personas que vivían en residencias, que lleva el sello de la Comunidad y cuyas cuatro versiones fueron firmadas digitalmente por Carlos Mur. Y otro más clínico, elaborado con las aportaciones de los geriatras de los hospitales, que no fue firmado por ningún alto cargo de Sanidad. Pues bien, Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– obvian la existencia del Protocolo firmado por el alto cargo de su Gobierno y se agarran a una versión del documento clínico para sostener que antes del 25 de marzo sólo se difundió “un borrador” que no llegó a aplicarse. [Puedes consultar aquí los seis documentos que demuestran que Ayuso miente sobre este tema].
En relación con la aplicación o no del Protocolo de Sanidad, el presidente de Pladigmare es tajante: “Tenemos testimonios muy contundentes de familiares a los que en las residencias se les dijo que no les estaban dejando derivar pacientes a los hospitales”.
Denuncias contra 50 residencias
En su escrito a la Fiscalía de Madrid, destaca que aporta los documentos publicados por infoLibre “en aras de colaborar con las investigaciones que se puedan estar llevando a cabo con motivo de las denuncias efectuadas en fechas de 31 de marzo, 11 y 12 de abril y 25 de mayo de 2020”.
Pladigmare ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid a un total de 50 geriátricos, donde el número de residentes fallecidos ha sido especialmente alto. Entre ellos están los 14 centros que fueron intervenidos por la Comunidad de Madrid dado el “exceso de mortalidad”.
La plataforma quiere que la Fiscalía investigue si se han podido cometer delitos de “homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de socorro” por parte de las residencias. También pide que se aclare si por parte de la Administración autonómica se pudo incurrir en “omisión del deber de perseguir determinados delitos y denegación de auxilio”.
En la ampliación de su denuncia realizada este lunes 8 de junio, además de las cuatro versiones del Protocolo firmado por Carlos Mur, Pladigmare también aporta a la Fiscalía “el texto del correo electrónico remitido a los familiares de la Residencia Adolfo Suárez, con fecha de 31 de marzo, en donde se evidencia que ese día finalizan la clasificación de los residentes en función de sus posibilidades de contagio con el coronavirus en cuatro grupos, cuando esa clasificación debería haber estado hecha el 22 de marzo. Poco después entró la UME, que corrigió la clasificación realizada”.
La plataforma entiende que, además de la prohibición de derivaciones de pacientes a los hospitales, también se produjo en las residencias madrileñas un grave problema con la falta de Equipos de Protección Individual (EPIs) y con el retraso en la implementación de la orden del Gobierno central que establecía la división de los geriátricos en cuatro zonas. “En la Comunidad de Madrid tardaron una semana en interpretar la orden y ahí se perdió un tiempo muy valioso”, indica Vázquez Sartí.
www.infolibre.es
- Pladigmare entrega copia de los cuatro documentos firmados por un alto cargo de Sanidad los días 18, 20, 24 y 25 de marzo
- "Esos Protocolos demuestran claramente que se adoptaron medidas discriminatorias con las personas mayores", destaca el presidente de la plataforma, Miguel Vázquez Sartí
Manuel Rico
@manuelrico
Publicada el 08/06/2020 a las 13:2508/06/2020 a las 13:25
Protocolo de la Consejería de Sanidad prohibiendo trasladar pacientes de residencias a hospitales.
La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare) remitió este lunes a la Fiscalía de Madrid el Protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que prohibía o limitaba el traslado de personas enfermas que vivían en residencias a los hospitales de la Comunidad. Entre los criterios de exclusión había algunos basados en el nivel de dependencia o el grado de demencia senil del residente, aspectos que no guardan relación con sus posibilidades de sobrevivir a la pandemia.
Pladigmare aportó a la Fiscalía los cuatro documentos firmados por un alto cargo de Sanidad que fueron desvelados de forma íntegra por infoLibre el pasado viernes. Se trata de un Protocolo enviado por primera vez a los hospitales el 18 de marzo y que se actualizó los días 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro versiones del documento están firmadas digitalmente por Carlos Mur, quien entonces era director general de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid.
El presidente de Pladigmare, Miguel Vázquez Sartí, indicó en declaraciones a este periódico que han decidido aportar a la Fiscalía esos cuatro documentos porque “demuestran claramente que se adoptaron medidas discriminatorias en razón de la edad o el domicilio de procedencia de las personas mayores. Y eso supone la vulneración de derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la salud y a la Seguridad Social”.
“Los cuatro documentos dejan en evidencia qué ha podido pasar en las residencias y entendemos que la Fiscalía debe tenerlos en cuenta para las diferentes investigaciones en marcha”, añadió Vázquez Sartí.
La mentira de Ayuso
En busca de un cortafuegos político y judicial, el Gobierno madrileño lleva diez días difundiendo una versión falsa sobre los hechos: asegura que se envió “por error” a los centros socio-sanitarios un documento que era un simple “borrador” y que el Protocolo definitivo se difundió el 25 de marzo.
Como explicó infoLibre, la Consejería de Sanidad elaboró en realidad dos Protocolos. Uno más ejecutivo, donde constan los criterios de derivación hospitalaria de las personas que vivían en residencias, que lleva el sello de la Comunidad y cuyas cuatro versiones fueron firmadas digitalmente por Carlos Mur. Y otro más clínico, elaborado con las aportaciones de los geriatras de los hospitales, que no fue firmado por ningún alto cargo de Sanidad. Pues bien, Ayuso y su consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– obvian la existencia del Protocolo firmado por el alto cargo de su Gobierno y se agarran a una versión del documento clínico para sostener que antes del 25 de marzo sólo se difundió “un borrador” que no llegó a aplicarse. [Puedes consultar aquí los seis documentos que demuestran que Ayuso miente sobre este tema].
En relación con la aplicación o no del Protocolo de Sanidad, el presidente de Pladigmare es tajante: “Tenemos testimonios muy contundentes de familiares a los que en las residencias se les dijo que no les estaban dejando derivar pacientes a los hospitales”.
Denuncias contra 50 residencias
En su escrito a la Fiscalía de Madrid, destaca que aporta los documentos publicados por infoLibre “en aras de colaborar con las investigaciones que se puedan estar llevando a cabo con motivo de las denuncias efectuadas en fechas de 31 de marzo, 11 y 12 de abril y 25 de mayo de 2020”.
Pladigmare ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid a un total de 50 geriátricos, donde el número de residentes fallecidos ha sido especialmente alto. Entre ellos están los 14 centros que fueron intervenidos por la Comunidad de Madrid dado el “exceso de mortalidad”.
La plataforma quiere que la Fiscalía investigue si se han podido cometer delitos de “homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de socorro” por parte de las residencias. También pide que se aclare si por parte de la Administración autonómica se pudo incurrir en “omisión del deber de perseguir determinados delitos y denegación de auxilio”.
En la ampliación de su denuncia realizada este lunes 8 de junio, además de las cuatro versiones del Protocolo firmado por Carlos Mur, Pladigmare también aporta a la Fiscalía “el texto del correo electrónico remitido a los familiares de la Residencia Adolfo Suárez, con fecha de 31 de marzo, en donde se evidencia que ese día finalizan la clasificación de los residentes en función de sus posibilidades de contagio con el coronavirus en cuatro grupos, cuando esa clasificación debería haber estado hecha el 22 de marzo. Poco después entró la UME, que corrigió la clasificación realizada”.
La plataforma entiende que, además de la prohibición de derivaciones de pacientes a los hospitales, también se produjo en las residencias madrileñas un grave problema con la falta de Equipos de Protección Individual (EPIs) y con el retraso en la implementación de la orden del Gobierno central que establecía la división de los geriátricos en cuatro zonas. “En la Comunidad de Madrid tardaron una semana en interpretar la orden y ahí se perdió un tiempo muy valioso”, indica Vázquez Sartí.
Familiares de residentes aportan a la Fiscalía de Madrid los Protocolos del Gobierno Ayuso desvelados por infoLibre
Pladigmare entrega copia de los cuatro documentos firmados por un alto cargo de Sanidad los días 18, 20, 24 y 25 de marzo
www.infolibre.es¿A quién llamarías nazi ahora, Miguel Ángel?
Los responsables del Gobierno madrileño no son nazis y no hace falta serlo para que el escándalo de las residencias sea uno de los más terribles de su historia política
Antonio Maestre
06/06/2020 - 21:52h
El doctor Luis Montes fue un hombre bueno, en el mejor sentido de la palabra. Luchó como médico para hacer más llevadero el tránsito a la muerte de personas en estado terminal en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Eso le costó la campaña más miserable y despiadada del PP de Madrid desde que gobierna. Y es mucho decir. Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y sus palanganeros mediáticos se ocuparon de destrozar su vida. Le llevaron a los tribunales y perdieron, pero el daño ya estaba hecho. Como dijo el propio Luis Montes, consiguieron que la gente muera peor que antes.
No cejó en su empeño el buen doctor que, como presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente desde 2009, siguió luchando para que los enfermos terminales pudieran tener una muerte plácida, sin dolor y lo más humana posible. La justicia le absolvió hace años, la historia también. Qué pena que no pueda haber vivido para presenciar con la cabeza alta la miseria de quien utilizó su bonhomía por motivos políticos para destruirle.
La campaña orquestada contra el doctor Montes acusándole de decidir quién vivía y quién moría se demostró falsa. Ahora, en 2020, hay que dirimir si quien tomaba esa decisión era el Gobierno de la Comunidad de Madrid al enviar instrucciones a hospitales y residencias para que no se derivara a los ancianos con COVID-19.
No parece que seamos conscientes aún de la gravedad de la decisión que tomó la Comunidad de Madrid. Una orden política que consistía en decidir quién tenía oportunidades de salvarse y quién quedaba desahuciado sin tener asistencia hospitalaria. A mediados de marzo dejé escrito el drama al que se vería sometido el personal clínico al tener que realizar triajes extremos para decidir quién tenía oportunidad de salvarse en detrimento de otras con menos posiblidades. Un dilema profesional que no ha sido exclusivo de España. El político italiano Mario Sberna, que estuvo ingresado grave por COVID-19, dijo: "Me he salvado gracias a la bombona de oxígeno que le quitaron a un hombre de Mantova de 84 años para dármela a mí." Pero la orden de la Comunidad de Madrid no estaba sujeta a motivaciones clínicas, era un expurgo motivado por la incapacidad asistencial que la privatización sistémica de décadas de Gobierno popular había propiciado en el ámbito geriátrico y que le explotó en la cara con esta crisis sanitaria.
Uno de los mandados que intentó despedazar el buen nombre del doctor Luis Montes fue Miguel Ángel Rodríguez, que en un programa de TVE le llamó nazi repetidas veces de forma despreciable, asegurando que lo era por decidir quién vivía y quién moría. Una afirmación por la que el consejero áulico de Isabel Díaz Ayuso fue condenado a pagar al doctor 30.000 euros. Si el asesor repetidamente condenado atendiera a las preguntas de los periodistas, se me ocurriría una para MAR: ¿a quién llamarías nazi ahora, Miguel Ángel?
Madrid no es Berlín cuando se implementó al Aktion T4. La consejería de sanidad no está ubicada en Tiergartenstraße 4 y Enrique Ruiz Escudero no es Viktor Brack. Ustedes no son nazis y no hace falta serlo para que el escándalo de las residencias en Madrid sea uno de los más terribles de su historia política. Como dijo Alberto Reyero, consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que le despojaron de las competencias en las residencias en plena crisis, la decisión de no dar traslado a los ancianos a los hospitales fue "inmoral" y veremos si "ilegal". Y no hace falta ser un nazi para poder acabar en prisión. Que de eso en el PP sí que tienen experiencia.
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Los responsables del Gobierno madrileño no son nazis y no hace falta serlo para que el escándalo de las residencias sea uno de los más terribles de su historia política
Antonio Maestre
06/06/2020 - 21:52h
El doctor Luis Montes fue un hombre bueno, en el mejor sentido de la palabra. Luchó como médico para hacer más llevadero el tránsito a la muerte de personas en estado terminal en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Eso le costó la campaña más miserable y despiadada del PP de Madrid desde que gobierna. Y es mucho decir. Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y sus palanganeros mediáticos se ocuparon de destrozar su vida. Le llevaron a los tribunales y perdieron, pero el daño ya estaba hecho. Como dijo el propio Luis Montes, consiguieron que la gente muera peor que antes.
No cejó en su empeño el buen doctor que, como presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente desde 2009, siguió luchando para que los enfermos terminales pudieran tener una muerte plácida, sin dolor y lo más humana posible. La justicia le absolvió hace años, la historia también. Qué pena que no pueda haber vivido para presenciar con la cabeza alta la miseria de quien utilizó su bonhomía por motivos políticos para destruirle.
La campaña orquestada contra el doctor Montes acusándole de decidir quién vivía y quién moría se demostró falsa. Ahora, en 2020, hay que dirimir si quien tomaba esa decisión era el Gobierno de la Comunidad de Madrid al enviar instrucciones a hospitales y residencias para que no se derivara a los ancianos con COVID-19.
No parece que seamos conscientes aún de la gravedad de la decisión que tomó la Comunidad de Madrid. Una orden política que consistía en decidir quién tenía oportunidades de salvarse y quién quedaba desahuciado sin tener asistencia hospitalaria. A mediados de marzo dejé escrito el drama al que se vería sometido el personal clínico al tener que realizar triajes extremos para decidir quién tenía oportunidad de salvarse en detrimento de otras con menos posiblidades. Un dilema profesional que no ha sido exclusivo de España. El político italiano Mario Sberna, que estuvo ingresado grave por COVID-19, dijo: "Me he salvado gracias a la bombona de oxígeno que le quitaron a un hombre de Mantova de 84 años para dármela a mí." Pero la orden de la Comunidad de Madrid no estaba sujeta a motivaciones clínicas, era un expurgo motivado por la incapacidad asistencial que la privatización sistémica de décadas de Gobierno popular había propiciado en el ámbito geriátrico y que le explotó en la cara con esta crisis sanitaria.
Uno de los mandados que intentó despedazar el buen nombre del doctor Luis Montes fue Miguel Ángel Rodríguez, que en un programa de TVE le llamó nazi repetidas veces de forma despreciable, asegurando que lo era por decidir quién vivía y quién moría. Una afirmación por la que el consejero áulico de Isabel Díaz Ayuso fue condenado a pagar al doctor 30.000 euros. Si el asesor repetidamente condenado atendiera a las preguntas de los periodistas, se me ocurriría una para MAR: ¿a quién llamarías nazi ahora, Miguel Ángel?
Madrid no es Berlín cuando se implementó al Aktion T4. La consejería de sanidad no está ubicada en Tiergartenstraße 4 y Enrique Ruiz Escudero no es Viktor Brack. Ustedes no son nazis y no hace falta serlo para que el escándalo de las residencias en Madrid sea uno de los más terribles de su historia política. Como dijo Alberto Reyero, consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que le despojaron de las competencias en las residencias en plena crisis, la decisión de no dar traslado a los ancianos a los hospitales fue "inmoral" y veremos si "ilegal". Y no hace falta ser un nazi para poder acabar en prisión. Que de eso en el PP sí que tienen experiencia.
¿A quién llamarías nazi ahora, Miguel Ángel?
Los responsables del Gobierno madrileño no son nazis y no hace falta serlo para que el escándalo de las residencias sea uno de los más terribles de su historia política
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Ayuso privatiza el servicio de limpieza de seis hospitales en plena pandemia por el coronavirus
junio 9, 2020
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Con fecha 3 de junio, el SERMAS publicó la convocatoria de licitación de servicios de limpieza integral para sus hospitales.
Las playas más bonitas de España
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CCOO ha denunciado que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso «aprovecha la crisis sanitaria para privatizar servicios en hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)». El sindicato tachó de «insaciable» el afán privatizador del Gobierno de Madrid, formado por una coalición de PP y Ciudadanos.
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La Comunidad de Madrid aprobó el pasado 27 de mayo la contratación del servicio integral de limpieza de varios hospitales de la Comunidad de Madrid y de los Centros de Especialidades y de Salud Mental que dependen de ellos, por un importe de 61.921.933,92 euros desde este año y hasta 2023, con posibilidad de prórroga. Con fecha 3 de junio, el SERMAS publicó la convocatoria de licitación de servicios de limpieza integral para sus hospitales.
Este nuevo ataque a lo público supone la privatización del servicio de limpieza de seis hospitales públicos madrileños en plena pandemia del coronavirus y en un crítico respecto a los recortes sanitarios.
La licitación hace referencia a la limpieza de las diferentes instalaciones, a la retirada y evacuación de los residuos, de la ropa sucia y a la reposición de material de aseo, debiendo tener en cuenta los aspectos preventivos, correctivos y técnico legales de este servicio.
«Durante los últimos años, al igual que en el resto de las categorías profesionales, la plantilla dedicada a la limpieza del hospital ha ido mermando paulatinamente porque, entre otras circunstancias, no se han ido reponiendo los puestos que han dejado vacantes las jubilaciones de este personal», lamenta el sindicato.
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CCOO ha denunciado que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso «aprovecha la crisis sanitaria para privatizar servicios en hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)». El sindicato tachó de «insaciable» el afán privatizador del Gobierno de Madrid, formado por una coalición de PP y Ciudadanos.
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La Comunidad de Madrid aprobó el pasado 27 de mayo la contratación del servicio integral de limpieza de varios hospitales de la Comunidad de Madrid y de los Centros de Especialidades y de Salud Mental que dependen de ellos, por un importe de 61.921.933,92 euros desde este año y hasta 2023, con posibilidad de prórroga. Con fecha 3 de junio, el SERMAS publicó la convocatoria de licitación de servicios de limpieza integral para sus hospitales.
Este nuevo ataque a lo público supone la privatización del servicio de limpieza de seis hospitales públicos madrileños en plena pandemia del coronavirus y en un crítico respecto a los recortes sanitarios.
La licitación hace referencia a la limpieza de las diferentes instalaciones, a la retirada y evacuación de los residuos, de la ropa sucia y a la reposición de material de aseo, debiendo tener en cuenta los aspectos preventivos, correctivos y técnico legales de este servicio.
«Durante los últimos años, al igual que en el resto de las categorías profesionales, la plantilla dedicada a la limpieza del hospital ha ido mermando paulatinamente porque, entre otras circunstancias, no se han ido reponiendo los puestos que han dejado vacantes las jubilaciones de este personal», lamenta el sindicato.
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