Imputados Carmen Navarro, la última tesorera del PP y Alfonso Grau por financiación ilegal.

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CASO TAULA
Nuevas revelaciones
La tesorera del PP y Alfonso Grau, imputados por la trama de financiación ilegal de Valencia
  • 21 SEP. 2017 13:36
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Alfonso Grau en una comisión de investigación en las Cortes. BIEL ALIÑO


Grau declarará el 6 de octubre y Carmen Navarro diez días después, el 16

Así recaudaba el PP de Valencia en 'b': "En tu caso, 50.000 euros a la mayor brevedad"

Lluvia de millones en contratos a los 'financiadores' del PP de Valencia

Alfonso Grau, un cirujano en la 'caja B' de Rita Barberá

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha citado como imputado a Alfonso Grau, ex vicealcalde de Valencia, por el presunto dopaje electoral continuado de las campañas del año 2007, 2011 y 2015. Grau, responsable de estas campañas electorales, ya había comparecido por lo gastos de 2011 y ahora tendrá que responder a preguntas relacionadas con la facturación de 2007 después de que uno de sus asesores, Jesús Gordillo, entregara las pruebas que a juicio policial acreditan el desvío de dinero público al PP. Además, el juez también cita al ex concejal Eduardo Santón, responsable de las fundaciones que habrían financiado campañas de la ex alcaldesa Rita Barberá, fallecida el año pasado. Ambos declararán el día 6 de octubre.

Además, el auto también cita como imputada a Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, actual tesorera del Partido Popular, quien declarará el próximo día 16 de octubre. Ese día también está citado el ex gerente provincial del PP de Valencia, José Moscardó, quien ya fue imputado por las elecciones de 2011.



Así consta en una resolución judicial notificada a las partes este jueves a la que ha tenido acceso EL MUNDO. En su auto, el juez también imputa a Grau presuntosdelitos de cohecho y malversación de caudales públicos tras el informe elaborado por la Guardia Civil que confirmó las vías de financiación irregular del PP de Valencia ciudad. Al parecer, la malversación estaría relacionada con el dinero público de fundaciones municipales que se habría desviado para abonar facturas electorales del PP.

La resolución también recoge el acuerdo que toma el juez para "oficiar a la UCO a fin de que se lleve a cabo informe complementario sobre analogías entre la operativa informada en el anterior informe con la concerniente a la empresa Trasgos en la campaña electoral de 2011, debiéndose remitir el mismo a la mayor brevedad posible". Trasgos es una sociedad que ya investiga otro juzgado en secreto por presunta corrupción relacionada con los contratos que obtuvo del Ayuntamiento de Valencia bajo el mandato del PP.

Además, el juzgado insta a recabar datos de los empresarios que habrían realizado donaciones ilegales para citarlos como testigos en relación a la campaña de 2007. Esta resolución se enmarca dentro de la pieza separada de las diligencias derivadas de la Operación Taula que investiga la presunta caja B del grupo municipal y el blanqueo de hasta 50.000 euros en la campaña de 2015 por el método del pitufeo -una mecánica frecuente entre grupos de narcotraficantes-.

Según el juzgado, "en el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau Alonso (por entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia), y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa Laterne, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo de ese modo su fiscalización y permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

Los hechos que se relatan en el informe elaborado por la Guardia Civil, explica el juzgado, podrían implicar "también la responsabilidad penal específica, por falsedad en la contabilidad, de los administradores electorales de la campaña 2007, el delito contemplado en el artículo 149 de la LOREG, que es el título de imputación por el que ya están siendo investigados en estas actuaciones otras personas, habiéndose asumido en esta instrucción la posibilidad de responsabilidad penal de los partícipes, aunque no sean autores de propia mano, conforme al criterio de accesoriedad".

Este informe policial "da cuenta de que la persona que figura como administrador único designado por el Partido Popular de las candidaturas en las elecciones municipales de 2007 es Luis Bárcenas. En caso de que se considere procedente recibirle declaración, la misma, por lo dicho, deberá hacerla en calidad de testigo, y no como investigado en atención de mero transcurso de los plazos de prescripción y los efectos ope legis que de la misma se derivan", matiza la resolución.

Mecánica y presupuesto
Las cantidades que según la documentación examinada se habrían canalizado tanto para financiar a través de entregas de dinero a Laterne durante 2007, "significativamente dispares y desproporcionados en comparación con el nivel de ingresos de otros ejercicios, como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas, superan con mucho" el presupuesto inicial del grupo municipal.

Según el juzgado, sólo en la campaña de 2007, las pruebas incautadas recogen "una relación de eventos de la campaña electoral junto con sus importes (epígrafe Coste Total Campaña por un total de 2.583.731,98 euros, y acto seguido se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como aportaciones (epígrafe Total Aportaciones, por un total de 2.683.750,00), debiéndose tener en cuenta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendía a la suma de 133.762,76 euros".

En sus fundamentos jurídicos, el juez matiza que "esta resolución tiene por finalidad determinar las implicaciones y consecuencias de los anteriores hechos, los del informe UCO, en la instrucción de esta pieza". "No son por lo tanto -dice el magistrado- valoraciones definitivas y deben interpretarse como criterios que se consideran adecuados en este momento para ordenar la práctica de futuras diligencias, su sentido y oportunidad. Son valoraciones del instructor de dirección y orientación procesal, no son intangibles ni cierran las facultades de las partes intervinientes, en la acusación y la defensa, para instar posibles diligencias futuras sobre la base de otras consideraciones y premisas", concluye la resolución.


http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2017/09/21/59c3a3ff468aebd6788b4576.html
 
¡Cuanta razón llevas! Hay que bombardear con Cataluña para tapar nuestra corrupción.
 
Debiera entrar dentro de la ley de partidos, pero ¡mecachis! eso de ilegalizar si hay un partido corrupto se lo saltaron.

Es que yo pienso que quien vulnera las leyes, y de paso la democracia, no puede exigir a nadie que las respete. Queda automáticamente desautorizado y deslegitimado para ello.
 
La tesorera del PP en "libertad provisional": ¿Debe dimitir?
Podrían alegar que Carmen Navarro no ostenta cargo público para no cesarla, a pesar de que se ha abierto juicio oral por los ordenadores de Bárcenas

ADRIÁN LARDIEZ

@adrianlardiez
# PP |Carmen Navarro |corrupción |caja B |Luis Barcenas |Mariano Rajoy |Fernando Martínez-Maillo |

Jue, 7 Dic 2017

El Partido Popular tiene el dudoso honor de hacer historia siendo la primera formación política que debe sentarse en el banquillo de los acusados en el marco de un caso de corrupción. El pasado 30 de noviembre, la magistrada Rosa María Freire, del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, decretó la apertura de juicio oral por la destrucción de los discos duros y el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. En consecuencia, al propio PP y a su actual tesorera, Carmen Navarro, se les acusa de delitos por daños informáticos y encubrimiento. ¿Ahora, qué?

La juez abre juicio oral y deja en libertad provisional a Navarro. ¿La cesará el PP?

“Cuando se abra juicio oral”. Esta expresión simboliza mucho más que cinco palabras que, juntas, adquieren un sentido. Se trata del mantra del PP. No importa el procedimiento ni el político salpicado, la justificación siempre es la misma. Los dirigentes populares han recurrido a la consigna tantas veces como imputados tiene el partido -más de 800-. En su propio Código ético y de buenas prácticas, concretamente en el punto ocho de la Carta de compromisos, se especifica:

El compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña la propia organización o a la institución pública

La pregunta es: ¿Debe dimitir Carmen Navarro? Según los estatutos del partido, tras la apertura del juicio oral, debe comunicarlo a la cúpula y poner su cargo público a disposición de lo que decida la dirección. Pero hay otro papel al que recurrir para poder responder a la pregunta.


El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial


Así reza el acuerdo de investidura que rubricaron PP y Ciudadanos para hacer presidente del Gobierno a Mariano Rajoy. Tras horas de debate entre ambas formaciones sobre qué era y qué no era corrupción, se acordaron unos preceptos semejantes a los de lo estatutos del PP. Sin embargo, los populares se los han saltado a la torera cuando bien lo han considerado y, sin pudor alguno, se escudan en que firmaron dicho pacto porque “eran lentejas”, tal y como resolvió Fernando Martínez-Maíllo.

Queda claro que la tesorera, en "libertad provisional" a espera de que se inicie el juicio, debería poner su cargo público a merced del PP. La formación podría argüir que Navarro no ostenta ningún cargo público. Sin embargo, Carmen Navarro forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido por su calidad de tesorera. En consecuencia, forma parte de la dirección de un partido político, que se financia en un 90% (aproximadamente) con dinero público. Y no es cualquier partido, sino el partido del Gobierno. ¿Es, o no es un cargo público? ¿Debería dimitir? ¿El PP tendría que cesarla? ¿Sería democráticamente higiénico no hacerlo?

Sin necesidad de esgrimir los estatutos o estrujarlos hasta que sus vagas palabras digan exactamente lo que quieren, el PP está en el punto de mira mediático y el cese de Navarro podría ser un primer paso simbólico. Y es que, cinco de los siete tesoreros que ha tenido la formación desde sus inicios con Manuel Fraga, han sido imputados (Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Carmen Navaro). Solo se salvan José Ramón del Rio y García de Sola (1987 y 1989) y José Manuel Romay Beccaría (2010 y el 2012).

Desde El Plural nos hemos puesto en contacto con el PP para conocer si Navarro ha comunicado a la dirección la apertura de juicio oral y cuál sería la respuesta de la cúpula, pero a esta hora no hemos recibido respuesta.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/07/la-tesorera-del-pp-en-libertad-provisional-debe-dimitir
 
Cuatro años de cárcel para Alfonso Grau, mano derecha de Rita Barberá, por adjudicar contratos a dedo
Por
spanishrevolution
-
junio 6, 2019
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La sentencia considera probado que aceptó relojes de lujo a cambio de contratos municipales a dedo. Relojes que luego cambió por otros más caros para blanquear dinero.

Quien fuera vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido condenado a cuatro años de prisión. Tres años y tres meses por blanqueo de capitales y 9 meses por cohecho continuado. Por ese mismo delito de cohecho la sentencia condena también a 9 meses de prisión al empresario Urbano Catalán.

La sección segunda de la Audiencia de Valencia considera probado que Urbano Catalán, al frente entonces de la empresa Viajes Transvía y autocares HO SO JU, entre otras, adquirió en la joyería Rabat de Valencia un reloj Breguet que regaló a Grau «en atención al cargo de Teniente de Alcalde y los otros cargos que él mismo ostentaba en el Ayuntamiento de Valencia», por razón de las relaciones comerciales entre sus empresas y el consistorio.

La sentencia insiste en que los regalos, «dádivas», se realizaron en atención al cargo de Grau en el Ayuntamiento por parte de una empresa proveedora de servicios al consistorio valenciano. Ahí sustenta la sala el cohecho.

En cuanto al blanqueo, destaca la sentencia que la diferencia de precio entre los relojes regalados y los finalmente adquridos por Grau fueron abonadas con dinero en efectivo cuya procedencia se había ocultado a Hacienda aunque más tarde, con la investigación ya en marcha, Grau realizó una declaración complementaria. Y considera la audiencia que devolviendo los relojes regalados intentó Grau ocultar su origen ilícito.

https://spanishrevolution.org/cuatr...bYnqdSzoLybGU-WClGjtwjOqVZR98NEidXJ6GMxZeBIEw
 
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