Hilo sobre Dolores Delgado, ministra de Justicia

Registrado
14 Feb 2010
Mensajes
3.005
Calificaciones
15.237
Dolores Delgado fulmina al abogado del Estado que no quiso firmar la rebaja de la acusación contra el 'procés'

Ministerio_de_Justicia-Dolores_Delgado-Abogacia_General_del_Estado-Cataluna-Delitos_rebelion-Tribunales_354976424_106794250_1024x576.jpg


La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha comunicado esta tarde a Edmundo Bal su cese como jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado alegando que no ha querido firmar el escrito en el que se rebajan a sedición y malversación de fondos los cargos contra los exconsejeros catalanes encausados por la secesión unilateral de Cataluña.

Con el visto bueno de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, Castro ha prescindido de Bal, considerado un prestigioso jurista que ha tenido una actuación destacada no sólo en los más relevantes procesos penales en los que ha intervenido la Abogacía del Estado -donde sus pretensiones han sido generalmente acogidas en las sentencias- sino también en la lucha contra el fraude fiscal, donde Bal ha conseguido elevados ingresos para la Hacienda Pública.

En el caso del 'procés', hasta el momento de presentar el escrito de acusación el pasado 2 de noviembre, la Abogacía del Estado venía manteniendo su respaldo a la línea incriminatoria sostenida por la Fiscalía, basada en la existencia de un delito de rebelión. La Abogacía del Estado, de hecho, pidió al Supremo la apertura del juicio oral por este delito.

Edmundo Bal, que ha trabajado de forma estrecha con los fiscales de Sala que actúan en la causa del 'procés', era partidario de la acusación por rebelión. No obstante, cuando el Gobierno impuso rebajar los cargos a sedición y malversación de fondos Bal siguió las instrucciones de Castro y elaboró distintos borradores en el sentido que se le indicaba. Los textos fueron luego modificados en el Ministerio.

Lo que Bal no hizo fue firmar el escrito final, ya que no lo había hecho él. La acusación finalmente presentada prescinde de hechos relevantes ocurridos durante las semanas anteriores a la declaración unilateral de independencia, hasta el punto de que ni siquiera menciona la existencia de heridos en la jornada del referéndum ilegal del 1-O.

Castro ha esgrimido que su subordinado no haya querido asumir, con su firma, el escrito de acusación como motivo para destituirle. La abogada general también ha aducido que Bal ha cuestionado públicamente su criterio, lo que el abogado del Estado ha negado con rotundidad.

Consuelo Castro no ha comunicado a Edmundo Bal su nuevo destino, lo que pone de manifiesto que la prioridad era apartarle como jefe del departamento penal y, en particular, de la causa sobre el 'procés'.

Éste no ha sido el único procedimiento en el que la abogada general y su subordinado han chocado. El pasado verano, Bal defendió la personación del Estado español en la causa abierta en un tribunal de Bruselas contra el juez Pablo LLarena por una demanda civil promovida por el expresidente catalán Cartes Puigdemont.

La postura de Dolores Delgado de considerar esa demanda una cuestión "privada" del magistrado generó un escándalo que hizo que el propio Gobierno rectificara a la ministra de Justicia. Finalmente, el Ministerio contrató a un bufete belga para representar a LLarena, como había defendido desde el primer momento Bal.

https://www.elespanol.com/espana/tr...-abogado-no-acusacion-proces/354965404_0.html

 
Dolores Delgado filtró el acuerdo en torno al juez Marchena, que condenó a Garzón, para torpedear su nombramiento

Dolores Delgado, ministra de Justicia, filtró el acuerdo de elección del magistrado Manuel Marchena como candidato de consenso entre socialistas y populares (a propuesta de estos últimos) para ocupar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. El objetivo: boicotear su elección efectiva tras el visto bueno al elegido de Margarita Robles, durante años magistrada del Tribunal Supremo, vocal del CGPJ y hoy ministra de Defensa.

Rafael Catalá, como interlocutor del PP, y Dolores Delgado, como responsable del PSOE, han dedicado varias semanas a negociar la renovación y composición del máximo órgano de gobierno de la judicatura. Mientras los socialistas apostaban por una mujer para el puesto, los populares insistieron desde un primer momento en la figura de Marchena, aunque nunca reconocieron tal extremo de manera expresa y oficial.

La renuncia de Marchena a ser elegido para estos cargos ayer llegaba tras las intensas críticas dirigidas a ambas formaciones por el evidente reparto del órgano de gobierno de los jueces. A los nombres de los veinte vocales del Consejo -tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE- se sumaba el del presidente, sin que se hubiesen respetado los trámites previstos para su designación.


Fuentes consultadas por este medio confirman que tras dicha filtración se encontraría la propia ministra de Justicia. Delgado buscaba frustrar la elección efectiva de Marchena tras conocer que éste contaba con el beneplácito de Margarita Robles, con la que Delgado no mantiene una buena relación tras los años de convivencia entre ambas en la carrera judicial.

Además, Marchena integró el tribunal que en 2012 dictó la sentencia condenatoria por las escuchas ilegales de la trama ‘Gürtel’ que supuso 11 años de inhabilitación para el juez Baltasar Garzón, amigo personal de Delgado. La Sala Penal del Supremo fallaba, por unanimidad de todos los miembros de la Sala -Joaquín Giménez (presidente), Miguel Colmenero (ponente), Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y el propio Manuel Marchena– condenar por un delito de prevaricación a Garzón por vulnerar, a sabiendas, el derecho fundamental de defensa de los imputados en dicho caso.


Las discrepancias internas del Ejecutivo socialista han quedado por lo tanto en evidencia a raíz de la decisión del magistrado. Las mismas fuentes manifiestan que si bien el detonante que ha precipitado la renuncia de Marchena era la publicación el domingo de varios mensajes de whatsapp enviados por el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus 146 compañeros en la Cámara Alta donde se jactaba de que “controlarían desde atrás” la Sala 2ª del Tribunal Supremo -encargada de juzgar a los políticos catalanes acusados como presuntos autores de sendos delitos de rebelión y sedición en Cataluña-, el magistrado ya no se encontraba cómodo con la exposición pública de su perfil desde finales de la semana pasada.

Consecuencias políticas

La renuncia de Marchena a presidir el CGPJ ha provocado un cambio sustancial en el escenario judicial que tendrá consecuencias políticas.
Además de dilatar la renovación del CGPJ, la decisión confirmada por el propio Marchena hará que el magistrado continúe al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Dicha sala será la encargada de conformar el tribunal, presidido por él mismo, que juzgará la causa del ‘procés’ de Cataluña. Marchena será, también, el redactor de la sentencia.

El cambio de guión no ha gustado a los partidos independentistas. Han vuelto a advertir a Sánchez -como ya hizo Pablo Iglesias, líder de Podemos- su evidente falta de apoyos en materia presupuestaria lo que, unido a la crisis provocada en el seno de la judicatura, podría afectar a la fecha de convocatoria de las próximas elecciones generales.

https://okdiario.com/espana/2018/11...ente-del-cgpj-boicotear-placet-robles-3373518
 
Qué bárbaro!

Estos "gobiernan" a golpe de presidentazos impuestos sin urnas, decretazos y purgas....

Seguimos en España...o ya nos hemos convertido en una república bananera...???(n)

Dónde está aquí la separación de poderes?
 
Preocupación en el Gobierno por una cinta de Villarejo en la que Delgado critica a Pedro Sánchez

La ministra coincidió con el comisario hoy en prisión en "tres ocasiones" y sólo ha trascendido hasta ahora el contenido de una comida celebrada en octubre de 2009 / La difusión de nuevas grabaciones 'sentenciaría' políticamente a la titular de Justicia


lola.png


26 de Noviembre de 2018

La existencia de una grabación realizada de forma subrepticia por el comisario José Manuel Villarejo en la que Dolores Delgado critica supuestamente a Pedro Sánchez ha instalado la preocupación en el seno del Gobierno, en un momento en que el PP ha dado órdenes a sus cargos para que ataquen políticamente a la hoy ministra de Justicia al señalarla como la filtradora del nombre del magistrado que había pactado con los populares para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la responsable del fracaso de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.


Reprobada en tres ocasiones por las Cortes en menos de seis meses de gestión y desprestigiada en el mundo judicial a raíz de los comentarios realizados en un almuerzo celebrado con el polémico policía en el otoño de 2009, Delgado se mantiene en el gabinete de Pedro Sánchez tras presentarse como “víctima de la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha” por la difusión de la comprometedora cinta con la que -en su opinión- trata de hacerse “chantaje al Estado”.

El Independiente ha podido conocer en varias fuentes del Gobierno el temor que existe a la difusión de otras conversaciones de la actual titular de Justicia con Villarejo, en prisión preventiva desde hace más de un año como cerebro de la trama Tándem. Ello comprometería aún más su continuidad en el Ejecutivo y desgastaría de forma notable a Pedro Sánchez, que ha evitado hasta ahora dejar caer al tercer integrante de su gabinete para no engrosar la lista en la que ya figuran Màxim Huerta (Cultura) y Carmen Montón (Sanidad).

Cuando estalló el escándalo hace dos meses, Dolores Delgado terminó reconociendo que había coincidido “en tres ocasiones” con el antiguo agente encubierto durante los últimos 25 años “junto a otros mandos policiales y cargos judiciales y fiscales”. Era la tercera versión que ofrecía públicamente sobre su relación con el policía ya jubilado, tras asegurar inicialmente que “nunca” había tenido “relación de ningún tipo” con aquél.

De momento, sólo ha trascendido el contenido de la conversación que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional en activo, el juez Baltasar Garzón y cuatro mandos policiales más (Miguel Ángel Fernández Chico, Enrique García Castaño El Gordo, Miguel Valverde y Gabriel Fuentes) mantuvieron en el restaurante madrileño Rianxo el 23 de octubre de 2009 con Villarejo para celebrar la medalla pensionada que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero había concedido a éste.

En la cinta se escucha cómo Delgado llama “mari**n” a su hoy compañero de gabinete Fernando Grande-Marlaska (Interior), asegura que prefiere “tribunales de tíos”, insinúa que jueces y magistrados terminaron con menores durante un viaje organizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Cartagena de Indias (Colombia) y responde con la expresión “éxito garantizado” cuando Villarejo desvela que recurrió a prost*tutas para sonsacar “información vaginal” a empresarios y políticos. La fiscal de carrera pudo cometer delito por no denunciar al comisario de policía.

Según la versión de la hoy notaria mayor del reino, acudió a dicho almuerzo por invitación de Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional y con quien mantiene una amistad “pública y notoria” desde hace 19 años. El juez, inhabilitado a 11 años por el Tribunal Supremo en 2012, ha enmarcado la difusión de las grabaciones en una “campaña deleznable” para intentar derribar a la ministra de Justicia de forma “grosera”.

Fuentes de toda solvencia aseguran que existe otra cinta -fechada en 2017- en la que Delgado critica a Pedro Sánchez, entonces líder del PSOE. La eventual difusión de esa grabación sentenciaría la carrera política de la ministra, a la que el presidente confió la cartera de Justicia pese a escuchar voces en su partido que ya le advirtieron del riesgo que entrañaba esa elección.

De hecho, cuando Sánchez alcanzó la Presidencia del Gobierno tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel y se disponía a formar gabinete, se daba como seguro que Margarita Robles se haría cargo de un macroministerio que concentraría las competencias en materia de Justicia e Interior, replicando el modelo que Felipe González implantó en su último mandato. El ex líder socialista puso al frente de ese departamento al juez Juan Alberto Belloch, siendo Robles secretaria de Estado de Interior.

Margarita Robles fue uno de los pilares en la oposición de Pedro Sánchez, que la había fichado con vistas a las elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016 y a quien nombró portavoz del PSOE en el Congreso cuando el hoy líder del partido se impuso a Susana Díaz en las primarias y recuperó la secretaría general. Finalmente, el presidente del Gobierno puso a la magistrada en excedencia al frente de Defensa, departamento que ha ganado peso al adscribírsele nuevamente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en detrimento del Ministerio de la Presidencia.

De polémica en polémica
De polémica en polémica, Dolores Delgado es sin duda el ministro de Sánchez que ha sufrido más desgaste en estos casi seis meses de mandato, como evidencia el hecho de que ha sido reprobada ya dos veces por el Congreso de los Diputados y una por el Senado. También ha sufrido la huelga de jueces y fiscales que, con idénticas reivindicaciones, ella misma secundó cuando gobernaba el PP.

“Hay muchísimos retos por delante. Va a ser difícil, pero empeño, ganas, ilusión y fuerza no nos van a faltar”, anunció Delgado el pasado 7 de junio tras entregarle simbólicamente la cartera su antecesor, el popular Rafael Catalá. Entonces hacía ya siete meses que José Manuel Villarejo se encontraba preso en la cárcel madrileña de Estremera pero pocos conocían que había compartido mesa y mantel con el controvertido comisario. Esos encuentros pueden marcar años después su futuro político.

https://www.elindependiente.com/politica/2018/11/26/preocupacion-gobierno-cinta-villarejo-delgado-critica-pedro-sanchez/

 

El 'caso Villarejo' le estalla a Dolores Delgado por la negativa al fiscal Stampa para entrar en Anticorrupción​

Ignacio Stampa denuncia "irregularidades" en el proceso de selección para la Fiscalía Anticorrupción, que le dejó fuera y le apartó del 'caso Villarejo'. Dice que la fiscal general debió abstenerse por tener "interés personal" en el caso por su noviazgo con Baltasar Garzón, defensor de varios imputados. Delgado tendrá que explicarlo este miércoles ante el Consejo Fiscal.​



La fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la reunión del Pleno del Consejo Fiscal en el pazo de Mariñán, el 5 de julio de 2021. — M. Dylan / EUROPA PRESS

MADRID
21/11/2021 23:39 ACTUALIZADO: 22/11/2021 08:44
ANA MARÍA PASCUAL@ANMARIAPASCUAL
El pasado le pasa factura a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. El próximo miércoles tiene que dar explicaciones en el Consejo Fiscal sobre la polémica salida del fiscal Ignacio Stampa del caso Villarejo o macrocausa Tándem hace un año, cuando no logró una plaza en la Fiscalía Anticorrupción como resultado de "maniobras de dilación" supuestamente dirigidas por Delgado, según denuncia el propio fiscal, destinado ahora en la Fiscalía de Madrid.

El caso Stampa, como ya se llama a la supuesta represalia sufrida por este fiscal que se encargaba de la investigación del caso Villarejo desde que se detuvo al polémico comisario, en 2017, esconde un intrincado trasfondo relacionado con ciertas amistades de Dolores Delgado, empezando por su relación de pareja con el exjuez Baltasar Garzón, cuyo bufete de abogados representa a varios imputados en el Tándem, entre ellos el comisario Enrique García Castaño y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

Ignacio Stampa ha presentado una reclamación patrimonial de 245.203 euros ante el Ministerio de Justicia por supuestas "irregularidades" en el proceso de selección que le dejó sin una plaza fija en Anticorrupción el 27 de octubre de 2020. En su reclamación considera que la fiscal general debió abstenerse de participar en la deliberación del Consejo Fiscal de aquel día al tener "interés personal" en el caso Villarejo por ser pareja de Baltasar Garzón y defender éste a procesados en el caso.


El Consejo Fiscal es el órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, que ha de ser escuchado en los nombramientos. Está formado por la fiscal general, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, el fiscal inspector jefe y nueve fiscales elegidos entre toda la carrera fiscal. Stampa no logró ni un solo voto a favor de hacerse con una de las ocho plazas vacantes en Anticorrupción. Y en eso se basa Dolores Delgado para negar irregularidades en su salida de esa Fiscalía Especial, en la que hasta entonces estaba en comisión de servicios. Pero, ¿por qué Stampa no logró los avales de sus compañeros fiscales? Esa es una cuestión fundamental.

El extraño recorrido de la investigación contra Stampa​

El 29 de junio de 2020, cuatro meses antes de que el Consejo Fiscal tuviera que decidir sobre las plazas vacantes en Anticorrupción, Vox presentó una denuncia en la Fiscalía contra Stampa por presunta revelación de secretos en la pieza Dina del caso Villarejo, achacada a una hipotética relación sentimental del fiscal con una abogada de Podemos, partido personado como acusación particular.

La denuncia llegó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargándose de la investigación el fiscal Carlos Ruiz de Alegría, que a principios de octubre dictó la primera propuesta de archivo al no detectar indicios de delito en el proceder del fiscal Stampa. El entonces fiscal jefe de Madrid, Jesús Caballero Klink, remitió esa propuesta de archivo a la Fiscalía General de Estado, en concreto, al secretario técnico de la fiscal general, su mano derecha. Este sugirió practicar más diligencias antes de decidir si se archivaba el caso. No podía ordenarlo pues no tiene potestad para ello.

La sugerencia, que no orden, no puede ser cuestionada: el fiscal puede seguirla o no. Caballero Klink decidió seguirla y ordenó a su subalterno el fiscal Ruiz de Alegría continuar con la instrucción. Este volvió a proponer el archivo de la denuncia, pues no hallaba delito alguno, el 23 de octubre. El fiscal jefe de Madrid volvió a remitir la propuesta de archivo a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que no comunicó nada a los fiscales de Madrid hasta principios de diciembre.

Así pues, cuando el 27 de octubre se celebró el Consejo Fiscal que trató la adjudicación de plazas para la Fiscalía Anticorrupción, un puesto para el que se postulaba Stampa, este no recibió ni un voto porque la información que tenía el Consejo era que seguía estando investigado por el grave asunto de la revelación de secretos a la acusación particular del 'caso Villarejo' en una supuesta connivencia con los abogados de Podemos.

Ignacio Stampa se quedó sin la plaza fija en la fiscalía en la que durante cuatro años había estado trabajando para dilucidar la madeja que es la macrocausa Tándem, donde están imputados, además de Villarejo, ex altos mandos de la Policía relacionados con él, como los comisarios García Castaño y Carlos Salamanca, con fuertes vínculos con la pareja de la fiscal general.

Fuentes jurídicas consultadas por Público opinan que la decisión de dejar fuera a Stampa de la investigación de Tándem perjudicó la marcha de las pesquisas. Además apuntan a que, independientemente de que Stampa no hubiera logrado la plaza fija en Anticorrupción, la fiscal general podía haberle mantenido en la causa.

Carta de Stampa a los fiscales​

Stampa sufrió una grave campaña mediática en su contra. Hasta el entonces teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, le abroncó públicamente, aunque después se disculpó. El fiscal Stampa reveló en marzo pasado su versión en una carta a la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, a la que él pertenece y de la que no recabó ni un voto para que consiguiera plaza en Anticorrupción. En dicha misiva, acusaba a la Fiscalía General del Estado de dilatar el procedimiento en su contra: "Y, aun cuando no fuera preceptivo informar a los vocales [del Consejo Fiscal] de lo anterior, también consta que no fueron informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno", consta en la carta.
El fiscal Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha explicado someramente en un artículo en la web de la fundación Hay derecho los entresijos de estas diligencias de investigación contra Stampa, el circuito que siguieron y la extraña dilación de una investigación abocada al archivo, dado que a los cuatros meses de arrancar el fiscal instructor tenía claro que la denuncia de Vox carecía de indicios delictivos.

"A mi modo de ver, todas las garantías de los fiscales en sus funciones sobre abusos de la jerarquía se han quebrado aquí, lo que invita a reflexionar si el Ministerio Fiscal español está en condiciones —hoy y con estos mimbres— de asumir más relevantes tareas procesales en lugar de los jueces (...). Han fallado los controles, y hay que pensar en eso. Para mí, que todavía no he olvidado por qué me hice fiscal, es un escándalo", escribe Viada. Hasta el 16 de febrero de 2021 no se archivaron las actuaciones contra Ignacio Stampa.

Crisis en la Fiscalía General del Estado​

Con motivo de la reclamación de Stampa ante el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado se comprometió con la carrera fiscal a dar explicaciones y por ello en la reunión del próximo miércoles, 24 de noviembre, hay fijado un punto en el orden del día relativo a las "gravísimas y difamatorias imputaciones" aparecidas en varios medios en relación a las razones que llevaron a excluir a Stampa de la Fiscalía Anticorrupción.

La Asociación de Fiscales (AF) ha exigido a la Fiscalía General que se explique de forma "muy detallada" en el seno del Consejo Fiscal las "supuestas maniobras" que denuncia el exfiscal del caso Villarejo. También la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) exige a la fiscal general una aclaración sobre la denuncia de Ignacio Stampa.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece Dolores Delgado, ha emitido un comunicado en el que explica que "no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas". Esta asociación apoya a Delgado.
Dos días después del próximo Consejo Fiscal, la Asociación de Fiscales celebrará un congreso bajo el lema En defensa de nuestra independencia. Un lema que, según ha apuntado la presidenta, Cristina Dexeus, reivindica "la necesaria independencia del fiscal general del Estado y de la Fiscalía respecto al poder político y la defensa de neutralidad de la institución".

La respuesta de Dolores Delgado​

La fiscal general del Estado compareció este jueves en la Comisión de Justicia del Senado y fue inquirida por esta polémica. Delgado afirmó que son "inadmisibles" las críticas relacionadas con la polémica sobre el fiscal Stampa y aseguró que el 95,12% de los nombramientos discrecionales realizados durante su mandato han sido conforme al criterio mayoritario del Consejo Fiscal y no ha habido ninguno alineado con una posición minoritaria de ese órgano "ni, por supuesto, con cero votos".

Además, insistió en que el Consejo Fiscal es un "órgano democrático" y que sus componentes vocales electivos son miembros en activo de la carrera fiscal y que hacen un trabajo riguroso a la hora de emitir un voto sobre un aspirante. "Hacen trabajo de campo, se informan no solo sobre la plaza concreta, sino que acuden a los jefes, los presentes y los anteriores. Hablan con los compañeros actuales y otros. Buscan los mejores perfiles. Es un trabajo exhaustivo. Por eso cuando emiten su opinión lo hacen con conocimiento de lo que están haciendo, con toda la información y sin tergiversaciones", respondió Delgado a una pregunta relacionada con Stampa.

 

Dolores Delgado dimite como fiscal general del Estado​


Desempeña el cargo desde febrero de 2020.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, prepara su renuncia al frente de la Fiscalía General del Estado, poco después de reincorporarse de una baja médica por una operación en la columna vertebral y tras un mandato de dos años y medio marcado por las críticas, según han confirmado fuentes del Gobierno a diversos medios.

Delgado, de 59 años, fue ministra de Justicia del Gobierno del PSOE en solitario presidido por Pedro Sánchez desde junio de 2018 hasta enero de 2020, y desde febrero de ese año, tras las generales de noviembre de 2019 que dieron lugar al Gobierno de coalición, viene siendo la fiscal general del Estado.

 
Una gran noticia, aunque a veces mas vale lo malo conocido que lo peor por conocer, me da que va a ser mas de lo mismo
 
Back