Grande Marlaska purga cúpula de la Guardia Civil

[ForgetMeNot]

La Benemérita se está cubriendo de gloria, again.
A ver si el tercer "informe" cuela, parece que el segundo hace aguas también.

 

[Laly@]

Pues si.......que viva el 8M!!!!!!!!.......que dijo el Presi Sanchez.......a ver que opina la madre de la finada.......

 

[Merlucilla]

El ex DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, denunció una purga política en su carta de dimisión

Cómo se nota que gobierna la extrema izquierda.

Comienzan las purgas

Cómo buenos stalinistas, el paso siguiente será "el gran terror" Kattin y el gulag?

 

[Laly@]

Seguid resumiendo está pandemia en el 8M obviando el resto de eventos, cafeterías, restaurantes, transporte público y vida totalmente normal que se hizo esos días. Somos el único país del mundo que tiene parte de su población con esa fijacion... spain is different.

No hay mas ciego que el que no quiere ver......

 

[IDOLO]

Empleados de la Delegación del Gobierno desmontaron la tesis de la Guardia Civil de las llamadas ocultas para desconvocar manifestaciones

Los agentes aseguraron en su primer informe que la Delegación del Gobierno había evitado dejar rastro de comunicaciones para desconvocar protestas mientras autorizaba el 8M, pero los funcionarios aseguran que las llamadas nunca se registran en los expedientes y que en ningún caso recibieron órdenes de no anotarlas

Un nuevo informe de la Guardia Civil incluye un 'off the record' de Irene Montero descontextualizado para inculpar al Gobierno por el 8M

Marcos Pinheiro / Pedro Águeda / Irene Castro
04/06/2020 - 21:39h

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Fragmento de la declaración de un trabajador de la Delegación del Gobierno recogida por la Guardia Civil que indica que no recibió instrucción alguna para no anotar las llamadas

La Guardia Civil había acusado en su primer informe a la Delegación del Gobierno de Madrid de ocultar el rastro de las llamadas que hizo a manifestantes a los que supuestamente había presionado para que anulasen las concentraciones que tenían previstas después del 8M tras autorizar las marchas feministas. Los convocantes ya habían negado esas supuestas presiones y ahora son los trabajadores de la Delegación los que desarman la tesis sobre las llamadas: nunca se registran y nadie les dio orden expresa a los empleados de la Delegación del Gobierno de que no lo hicieran. Los trabajadores niegan también que tuvieran capacidad para evitar esas protestas.

Entre el 10 y el 14 de marzo, algunos trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid llamaron a quienes tenían manifestaciones previstas para informarles de los riesgos de contagio del coronavirus, una vez que la Comunidad computó el 9 de marzo un crecimiento vertiginoso de los casos. Todos –salvo un convocante– decidieron suspender las concentraciones y, como les pidieron desde la Delegación, enviaron un correo para que quedase constancia.





El primer informe que los agentes enviaron a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el 8M era claro en su acusación: "La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la DG (…) hace considerar la posible intencionalidad de la DG en que las mismas no figuren en ningún registro oficial". A partir de ese entrecomillado, varios medios llegaron a asegurar que la Delegación del Gobierno, dirigida por José Manuel Franco –que sigue imputado por prevaricación por permitir la marcha del 8M– había ocultado pruebas a la jueza.

Las testificales de los trabajadores de la Delegación desmienten esa tesis con la que la Guardia Civil trata de apuntalar la responsabilidad penal de Franco, que tendrá que declarar el próximo 10 de junio. Por ejemplo, Elena García Díaz, del departamento se Seguridad Ciudadana de la Delegación, admitió que se hicieron esas llamadas para sugerir a los convocantes "que suspendieran las reuniones convocadas dada la emergencia sanitaria", que "lo ideal era que suspendieran" porque no les pueden obligar a desconvocarlas. Dejó claro que las llamadas nunca se registran.

Aseguró que las comunicaciones telefónicas nunca se grababan –aunque cree que debería hacerse– y que la aplicación informática en la que se anotan los expedientes no da la opción de incluir las llamadas. Uno de los agentes le preguntó si había recibido instrucciones expresas de no dejar constancia de esas llamadas y esta trabajadora lo negó.

En el mismo sentido se manifestó José Luis Sánchez, también empleado de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Dijo que las llamadas a los promotores se hicieron "para sugerirles" que "de forma voluntaria" cancelaran las manifestaciones previstas. Solo un convocante, la Asociación de Agricultores de Extremadura (ASAJA), se negó a hacerlo y pidió una prohibición expresa por escrito. Así lo hicieron desde la Delegación. Negó también que habitualmente se registraran esas llamadas, "que no está contemplado así" y que en ningún caso recibió instrucciones para no anotarlas.

María Lourdes Andrés, auxiliar administrativa de esa Unidad de Seguridad, no realizó llamadas, pero también contribuyó con su declaración a desmontar la tesis de la Guardia Civil: "En caso de que se hubiese efectuado una llamada no aparecería reflejada en la aplicación que utiliza la Unidad de Seguridad Ciudadana para elaborar la resolución correspondiente (…) Que es una aplicación como tal y no tiene registro de llamadas". Añadió que no se le dio orden ninguna de no hacerlo.

"Que lo ideal era que suspendieran las reuniones convocadas", dijo Ignacio Ortiz, jefe de sección del departamento de Seguridad Ciudadana, sobre el contenido de las llamadas, y añadió que no tenían "un libro de registro" para anotarlas. "No es habitual llamar y tampoco grabarlas", dijo, antes de negar como sus compañeros que hubiera ordenes expresas de no hacerlo.

Fragmento de la declaración de un trabajador de la Delegación del Gobierno recogida por la Guardia Civil que indica que las llamadas a convocantes no se grabaron porque no se contempla.

Las declaraciones de los trabajadores se incluyen a partir de la página 164 del segundo documento que los investigadores de la Guardia Civil han aportado a la juez del caso. Los agentes hacen al comienzo del informe un breve resumen de esas testificales, en el que mencionan que las llamadas no se registraron. Los guardias civiles no hacen constar en este resumen que nunca se registraban y que los trabajadores habían negado recibir instrucciones para no anotarlas, lo que echa por tierra la tesis de su primer informe. Sí que insisten en que, en opinión de los agentes, esas llamadas deberían haberse anotado, aunque ya desaparece cualquier alusión a la "intencionalidad" de la Delegación por ocultar esas comunicaciones.

No se suele prohibir ninguna manifestación

Los trabajadores también coincidieron en sus declaraciones en que es muy complicado prohibir una manifestación. Todos ellos dijeron a los agentes que lo normal es revisar que la documentación es correcta y que únicamente se deniegan los permisos si hay riesgo de orden publico, se atenta contra derechos fundamentales o las autorizaciones no se solicitan en el plazo correspondiente. "La práctica habitual es que la DG no cancela prácticamente ninguna reunión", dijo una de las funcionarias.

Los empleados a los que interrogó la Guardia Civil también negaron que hubiera una especial preocupación por el coronavirus en los días previos al 8 de marzo, y todos coinciden en que su temor por la enfermedad empezó a partir del lunes 9, cuando se produjo un importante aumento de los contagios. Ninguno mostró extrañeza porque no se prohibiese la manifestación del día de la mujer. "Entre el 5 y el 14 de marzo no pensaba que se iba a llegar a la situación actual", dice una de las testigos interrogadas.

En esa misma tesis se sitúan dos responsables del área sanitaria de la Delegación interrogadas por los agentes: María Teresa Azuara y Ana María Sáenz. Ante la pregunta de qué le parece la celebración del 8M, Azuara dijo que "a fecha de hoy lo ve totalmente descabellado a la vista de la información que existe en la actualidad, pero que en fechas próximas al 8 de marzo la información no era la misma y no se podían evaluar los riesgos". No le resultó extraño que no se cancelase porque "la información no era lo suficientemente amplia". Por su parte, Sáenz admite que la celebración de esa protesta "no fue lo más oportuno, pero que tampoco se tenían los plenos conocimientos actuales que tenemos de la COVID-19".

Por último, los agentes también interrogaron como testigos a dos trabajadores del área de prevención de riesgos laborales. Ambos comentaron a los agentes que pensaban que el 8M no debía haberse celebrado y que contribuyeron a aumentar los contagios. Uno aclara que eso "excede de su competencia laboral" y el otro admite que solo se dedican a prevención de riesgos y que su labor no consiste en decidir sobre la viabilidad o no de una manifestación. A pesar de ello y de que se trata de opiniones personales de dos empleados que no son expertas en materia sanitaria, los agentes de la Guardia Civil destacaron esas percepciones en el resumen que se plasma al inicio del informe.

Empleados de la Delegación del Gobierno desmontaron la tesis de la Guardia Civil de las llamadas ocultas para desconvocar manifestaciones

Los agentes aseguraron en su primer informe que la Delegación del Gobierno había evitado dejar rastro de comunicaciones para desconvocar protestas mientras autorizaba el 8M, pero los funcionarios aseguran que las llamadas nunca se registran en los expedientes y que en ningún caso recibieron...

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[IDOLO]

Jueces que eligen bando

Los representantes de estos jueces han asumido un relato concreto, que es el que mantienen los partidos de la oposición, sin realizar ninguna de las tareas a las que su vocación les aboca
Elisa Beni
56 comentarios

03/06/2020 - 21:33h

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Diego Pérez de los Cobos y otros miembros de la Guardia Civil. EFE
"El sentido de la Justicia es una virtud innata que no tiene nada que ver con la técnica del Derecho"
Piero Calamandrei


La mayor víctima en la última refriega por desbancar al Gobierno, a través de uno de sus miembros, ha sido la razón. Es preciso crear un vórtice de sinrazón, de hechos alterados, de conclusiones ilógicas, para conseguir el objetivo buscado, que no es otro que perder al ciudadano en una red de confusión para alzar como verdad incuestionable lo que de ningún modo lo es. Resulta enormemente preocupante y peligroso que los jueces conservadores, a través de tres de sus asociaciones, hayan elegido bando con tanta prontitud y con tan poco rigor. Nunca en la historia se había visto esta alineación tan clara con los movimientos que buscan hacer caer a un gobierno concreto. Entiendan que si un juez tiene prohibido recriminar al Ejecutivo, hay que inferir que también está vedado hacerlo de forma grupal a través de unas asociaciones que no pueden siquiera ser sindicatos y mucho menos actores políticos declarados. Cosa distinta es darle caña al juez del ramo para conseguir mejoras y reivindicaciones.

Los representantes de estos jueces han asumido un relato concreto, que es el que mantienen los partidos políticos de la oposición, sin realizar ninguna de las tareas a las que su vocación les aboca, como son la constatación de los hechos, su contraste y su debida ponderación. En este caso les ha valido la idea lanzada por la derecha de que el ministro de Interior pidió el contenido de un informe destinado a un juez y que cesó a un coronel por no darlo.

Ninguno de estos datos es pacífico ni ha sido corroborado, existen varias versiones, pero les resultan suficientes para pedir no sólo la dimisión sino hasta el cese de su ex compañero Marlaska, llegando algunos a afirmar que tampoco estaría facultado para volver a ser juez después de esto. Condena sin pruebas y tribunales de honor. Todo en orden.


Lo hacen, según dicen, por mor de defender un sacrosanto principio, el de la independencia judicial, sobre el que establecen una cruzada que todo lo cubre. Temblores da ver qué concepto tan curioso de la cacareada independencia y de la separación de poderes tienen estos magistrados. Obvian, o confunden, que la independencia judicial no supone una autonomía estanca del Poder Judicial sino un ejercicio individual de sus funciones exclusivamente fundado en el Derecho y ajeno a cualquier injerencia política.

La independencia judicial es, para que se entienda, una característica íntima y personal de cada juzgador, en el que reside en su totalidad un Poder Judicial que no es colegiado ni gregario sino propio de cada magistrado. Algo muy diferente a pretender, como parecen indicar sus palabras, que el Poder Judicial sea autónomo absolutamente y controle todo lo demás. Es por ese motivo por el que la labor de tutela de la independencia judicial que realiza el CGPJ mediante el amparo, sólo se ejercita mediante la petición concreta de un juez que manifieste haberse sentido perturbado o atacado en la misma. ¿Me pueden decir en qué se ha perturbado en concreto la independencia de la juez Medel en este asunto? Pues si la de ella no lo ha sido, y no veo que haya solicitado amparo ninguno, no veo que en comandita pueda reclamarse un ataque y salir en bloque a la guerra.


En términos prácticos, resulta ilógico que se comporten como si de facto existiera una verdadera Policía Judicial, ajena a la jerarquía de sus cuerpos, cuando llevan décadas reclamando precisamente conseguirlo sin resultado. Ahora se inquietan y claman porque dicen que un ministro preguntó por el contenido de un informe (dato no adverado) y niegan hasta que fuera lícito preguntar por su desarrollo y estado.

¡Eso es infame! ¡Denme esa cabeza! Parecen ignorar que existe una orden de mandato general interno, dictada en 2012 por el DAO de la época Rajoy y que sigue en vigor, que ordena remitir todos los viernes un resumen de las operaciones judiciales previstas con su concepto, fecha, número de detenidos, registros y "posibles implicaciones de cargos públicos y de registros en sedes oficiales". Así que el papelito no demuestra nada que no sea que De los Cobos incumplió esta norma y según dicen hasta engañó a su superiores. Supongo que las asociaciones judiciales conservadoras aprovecharán esta información para emitir ahora todas las notas de pataleta atinentes a las independencias judiciales violadas en ocho años y las peticiones de dimisión de todos los ministros y directores generales que han sido y fueron.


Con toda esta preocupación, tanto las directivas de las asociaciones judiciales como la propia juez Rodríguez-Medel parecen haber olvidado que sí se han producido objetivamente dos revelaciones de secretos oficiales -una del contenido del tendencioso informe y otro de un oficio calificado como reservado de la dirección general- que no parecen preocupar a nadie.

El propio coronel afirma no conocer el contenido del informe pero en sus enconadas protestas se da por supuesto que ha sido cesado por negarse a darlo a revelarlo. Ilógico. Se ha llegado a hablar de "delitos" cuando saben perfectamente que el cese de un cargo de confianza no precisa de ninguna argumentación, de ninguna, más allá de la "pérdida de confianza" que no debe ser explicada ni adverada ni controlada sino sólo declarada. También saben que el funcionario al cargo que no puede ser legalmente cesado es el capitán que comanda el equipo y no un mando genérico en la cúspide.


Las cúpulas de las asociaciones están en guerra, y han elegido claramente bando, pero se predicarán puros y castos porque la pureza y la técnica sólo anidan en una ideología, eso no lo olviden. Es esa pureza la que les impide asombrarse por las extrañas maniobras de su colega o preguntarse con espíritu crítico sobre algunas cosas. Yo sí lo hago.

¿Por qué hay una juez que tiene tantísimo interés en instruir algo no urgente, cuando un decreto de alarma ha suspendido los plazos, y en hacerlo además sin que el Gobierno sepa si avanza o no?

¿Por qué no pide la documentación y la analiza e interpreta ella?

¿Por qué se lo encomienda a la Guardia Civil, siendo competente la Policía, y les prohíbe expresamente decir nada no sólo sobre el contenido sino también sobre los tempos cuando el procedimiento no es secreto sino reservado como todos?

¿Por qué este misterio si lo que analiza son hechos palmariamente conocidos?

¿No será ella la que está jugando con el embate sorpresa al Ejecutivo?

¿Por qué, si ella misma afirma que no es nada urgente, da bríos a la instrucción durante el periodo en el que el Ministerio Fiscal y la propia defensa del imputado, la Abogacía, están neutralizados por el parón procesal?

¿Por qué si considera que hay indicios de delito deja en manos del ciudadano denunciante lo que suceda con el resto de delegados del Gobierno, aun con el riesgo de que esos supuestos delitos de los que ella ha tenido noticia queden impunes por inacción?

¿Por qué si ella misma envía al ciudadano denunciante al Supremo, con parte de su denuncia que atañe a aforado, no deja que ésta arrastre a Franco como marcan las normas o bien por qué no investiga ella lo más imprescindible y luego envía una exposición razonada?


De preguntarse es mejor preguntarse por todo porque si no parece que lo que se busca es un relato con el que cobrarse al cuello de su poco amado colega Marlaska y de paso desestabilizar a un gobierno en cuyo pacto de coalición figura la modernización del sistema de acceso a la carrera judicial que hace peligrar su sacrosanta oposición.

Al recibo de la presente, no se preocupen, yo también formaré parte de la conjura para desprestigiar a los jueces. Lástima que algunos no precisan de conspiraciones porque lo consiguen solos. Otros callan escandalizados.


Esto no va de independencia judicial ni de injerencias sino de hacer palanca con los que quieren tumbar al Gobierno.


Dicho lo cual, Marlaska no ha podido montárselo ni reaccionar peor. No seré yo quien le lave esa colada.

Jueces que eligen bando

Los representantes de estos jueces han asumido un relato concreto, que es el que mantienen los partidos de la oposición, sin realizar ninguna de las tareas a las que su vocación les aboca

www.eldiario.es

 

[marikuki]

Nos llevan de cabeza a un segunda guerra civil estos criminales ambiciosos. El juezito es un pieza de mucho cuidao.
Espero que absolutamente NADIE vaya a votar en las próximas elecciones(si las hay), porque de esa forma se cambiará la ley electoral sin remedio.
Este es un país de imbéciles retras y no tendrán coj*nes hacerlo. Ale, sigan con el miedo.

 

[Hechicera]

Un nuevo informe de la Guardia Civil incluye un 'off the record' de Irene Montero descontextualizado para inculpar al Gobierno por el 8M
Los agentes incluyen la publicación de Abc sobre la ministra para "plasmar la concienciación social sobre la crisis sanitaria existente en España". Justifican que excede el periodo para buscar noticias, hasta el 14M, "por su especial significancia"

Pedro Águeda / Irene Castro
117 comentarios

03/06/2020 - 23:28h

Captura del informe de la Guardia Civil con la inclusión de la publicación de 'Abc' sobre el 'off the récord' de Irene Montero

La Guardia Civil ha remitido un nuevo informe a la juez que investiga si la Delegación del Gobierno incurrió en responsabilidad penal al autorizar las marchas del 8M. En esta ocasión, los agentes han incluido un 'off the record' descontextualizado de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el comentaba que la menor afluencia a esa manifestación podía deberse al miedo de algunas personas a contagiarse de coronavirus.

Los agentes incluyen esas palabras y adjuntan la publicación del periódico Abc en el nuevo informe que han enviado a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, y encargada de instruir el caso. El atestado, al que ha tenido acceso eldiario.es, tiene 295 páginas, incluidos tres anexos, y es ampliatorio de un primer informe plagados de errores, tergiversaciones y bulos encontrados en medios de comunicación.





Los investigadores incluyen varias noticias de prensa sobre el 8M para apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía los riesgos de contagio de coronavirus y aún así autorizó esa manifestación mientras prohibía otros actos. Entre esas referencias de prensa está la noticia que publicó Abc, que recogía las palabras de Montero, que se dieron en una conversación privada que mantuvo con la periodista de EiTB antes de una entrevista hace dos meses, según adelantó El País.

Se trataba de un diálogo previo y fuera de cámara –aunque quedó grabado por realizarse con la conexión abierta entre el equipo entrevistador y el puesto de control de la cadena–. La información del rotativo madrileño se publicó el pasado 1 de junio, el mismo día que los agentes rematan su informe y lo envían a la jueza del caso.

"¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?", le preguntó la periodista del programa En Jake de EiTB a la ministra de igualdad en el citado contexto, justo antes de iniciar la entrevista, que se emitió en directo. "Creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir", respondió Montero, que añadió: "Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas".

Nada más publicarse la noticia sobre la conversación privada de Montero, la derecha la utilizó como ariete contra el Gobierno. El PP vio en esas palabras un "motivo para dimitir". "Ahora ya hemos constatado que el Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas para la contención de la pandemia" dijo la expresidenta del Congreso, Ana Pastor.

Como reveló eldiario.es este martes, la Televisión de Galicia incorporó a su archivo de imágenes el 9 de marzo el vídeo que contenía una conversación off the record con la ministra Montero. Así consta en los registros de la plataforma informática Tedial que usa este canal autonómico para la gestión de vídeos y noticias, y a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es. El vídeo se archivó con una nota sobre su contenido: "Antes de la entrevista [Irene Montero] comenta con la periodista las medidas de prevención contra la expansión del COVID-19 (habla sobre los besos y los abrazos de las asistentes a la manifestación)". El comité de empresa ha pedido que se investigue esa filtración.

Los guardias civiles incluyen en su informe un apartado dedicado a incluir el rastreo de informaciones "en fuentes abiertas" que han hecho y que alcanza hasta el 14 de marzo, pero advierten a la jueza que han sumado dos publicaciones posteriores por su "especial significancia". Una es de La Razón y se titula: "La OMS alertó antes del 8-M del riesgo de concentraciones por el temor a la propagación del virus" y otra es la citada de Abc con el 'off the record'. Esas publicaciones y el resto que se adjuntan están incluidas "con la finalidad de plasmar, en cada momento, la concienciación social sobre la crisis sanitaria existente en España con anterioridad al día 15 de marzo de 2020".

En ese seleccionado resumen de prensa se incluye una publicación con la opinión de la feminista Cristina Almeida y un enlace a Youtube en el que aparece la periodista Susana Griso animando a participar en la marcha del 8M.

Los agentes tienen "una sensación de incertidumbre"

El informe ampliatorio de Guardia Civil sigue poniendo el foco en personas que no están investigadas en el Juzgado número 51 por expresa indicación de la magistrada titular, como el doctor Fernando Simón. La semana pasada, Carmen Rodríguez-Medel dictó un auto en el que rechazó la imputación de Simón que pretendía el denunciante porque ya ha sido denunciado en otros dos juzgados que tienen que pronunciarse al respecto.

Aun así, los guardias civiles insisten en Simón y ahora deslizan la sospecha de que el Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias que dirige les ha ocultado información. Y lo hacen con el siguiente argumento: el oficio que presentaron al CCAES reclamaba "todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 fuera efectuadas"; como el CCAES les remite todo lo que salió de sus dos cuentas oficiales como organismo, los agentes destacan que en ellas no se encuentra la que utiliza Fernando Simón con su nombre.

Y ahí llega el siguiente salto: "En este sentido, no se observa ninguna afirmación por parte del CCAES de que esos sean todos los correos efectuados en el marco de la crisis sanitaria generarada por el Covid-19, ni tampoco el número total de cuentas de correo existentes en el CCAES desde la que se pudieran efectuar comunicados relativos a lo solicitado, hecho que despejaría toda duda de la totalidad de información aportada".

Para rematar, dice el instructor de Guardia Civil que como el CCAES les informa de que es "la información encontrada hasta la fecha" y que si encuentran más se la harán llegar, "esto arroja una sensación de incertidumbre para esta instrucción ya que deja la posibilidad de identificar posteriormente documentación adicional de interés".

Insisten en su conclusión sobre las palabras de Duque

La Guardia Civil insiste en matener en este informe algunas de las polémicas conclusiones que ya exponía en el anterior. Alude en este sentido a una rueda de prensa del ministro de Ciencia, Pedro Duque, en la que aseguró que "los investigadores españoles comenzaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad el 2 de enero". También destacan, de nuevo, de las palabras de Duque: "Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento".

Conclusión en el siguiente párrafo de los guardias civiles que aparece subrayada: "Por lo tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia de coronavirus".

Este nuevo informe llega después de un primer documento lleno de errores y bulos. De hecho, los agentes hacen referencia a algunos de ellos, como la manipulación de la declaración del sindicalista de la CGT Antonio O’Connor. Los agentes le preguntaron por qué anuló una convocatoria que tenía prevista y él respondió que se había cambiado la fecha del juicio a una compañera por el que iban a protestar. Los agentes pusieron en su informe que el cambio de fecha se debió al coronvirus.

Los agentes quitan importancia a ese error y también a la equivocación sobre la fecha en la que se decretó que el coronavirus era una pandemia. La OMS declaró oficialmente a este brote como pandemia el 11 de marzo: tres días después de la manifestación del 8M y dos meses y medio más tarde que la fecha que afirma el primer informe de la Guardia Civil. Los agentes asegurar que esos errores no cambian "en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en en curso".

Un nuevo informe de la Guardia Civil incluye un 'off the record' de Irene Montero descontextualizado para inculpar al Gobierno por el 8M

Los agentes incluyen la publicación de ABC sobre la ministra para "plasmar la concienciación social sobre la crisis sanitaria existente en España". Justifican que excede el periodo para buscar noticias, hasta el 14M, "por su especial significancia"

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Ya veo que te has hecho adicta a el diario.es

 

[AneAdiego4]

La Benemérita se está cubriendo de gloria, again.
A ver si el tercer "informe" cuela, parece que el segundo hace aguas también.

El que no cuela es el del Delcygate de Abalos que ha puesto el mafioso Marlagggka

 

[pedrogoera]

Crochet (golpe lateral que tumba igual)
5 JUNIO, 2020

 

[Rui Paul]

El ex DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, denunció una purga política en su carta de dimisión

Pues ya era hora.

 

[Rui Paul]

Nos llevan de cabeza a un segunda guerra civil estos criminales ambiciosos. El juezito es un pieza de mucho cuidao.
Espero que absolutamente NADIE vaya a votar en las próximas elecciones(si las hay), porque de esa forma se cambiará la ley electoral sin remedio.
Este es un país de imbéciles retras y no tendrán coj*nes hacerlo. Ale, sigan con el miedo.

Te has olvidado de citar a Venezuela