Granados condenado a dos años de cárcel por el chivatazo de la Púnica

Tema en 'Tribuna Política' iniciado por IDOLO, 4 Dic 2017.

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    Granados, condenado a dos años de cárcel por el chivatazo de la Púnica


    La Audiencia Nacional le considera responsable de un delito de revelación de secretos, al igual que los otros procesados, un guardia civil y un agente en excedencia. El exconsejero madrileño dice que recurrirá la sentencia y que llegará hasta Estrasburgo

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    El exconsejero madrileño y exdirigente regional del PP, Francisco Granados,en la Audiencia Nacional durante el primer juicio del caso Púnica. /EFE

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    MADRID
    04/12/2017 13:39 Actualizado: 04/12/2017 16:45
    AGENCIAS

    La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión al exconsejero madrileño Francisco Granados por el chivatazo que le dio un guardia civil acerca de la operación Púnica, la misma pena que ha recaído en ese agente, José Manuel Talamino, mientras que para el tercer acusado, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excendecia, la pena ha sido de un año y medio. Se trata de la primera sentencia que se conoce de dicho caso que investiga una presunta trama de corrupción en instituciones locales y regionales del país.

    El tribunal considera que el soplo al exconsejero madrileño produjo un “intenso” daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero.

    Los magistrados consideran a Granados y a Caro Vinagre como autores de un delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público y a Talamino de uno de violación de secreto agravado.

    Los agentes Talamino y Caro Vinagre son condenados a dos años y a año medio por revelar la investigación de la UCO
    Según la sentencia, el guardia civil Talamino (que vivía en Valdemoro y conocía a Granados por haber sido alcalde de esa localidad madrileña) alertó a Granados en septiembre de 2014 de que la UCO estaba investigando el supuesto pago de comisiones a cambio de contratos públicos, lo que llevó a la destrucción de documentación sobre la trama y a ocultar dinero.

    Para el tribunal, "las especiales responsabilidades que el Sr. Granados Lerena había asumido, especialmente como consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid", son "circunstancias personales que requieren un especial reproche a su conducta".

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    El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/ Mariscal

    Para el tribunal, "las especiales responsabilidades que el Sr. Granados Lerena había asumido, especialmente como consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid", son "circunstancias personales que requieren un especial reproche a su conducta".

    "Los investigados cambiaron sus conductas al saberse seguidos, dejaron de utilizar los teléfonos y cuando lo hacían, hablaban poco, dificultando las pesquisas sobre sus negocios. Además, se hizo imposible la recuperación de parte del dinero que procedía de las adjudicaciones de obras y servicios y de la retribución a autoridades locales y autonómicas", señala el tribunal.

    Al saberse investigado, Granados pidió a David Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios (facturas de la compra de regalos, organigrama de sus sociedades y testaferros y contratos en cuya adjudicación había mediado) y trasladó documentación sobre sus cuentas en Singapur y operaciones en Suiza al domicilio de su secretaria Ana María Ramírez.

    Voto particular
    El magistrado Nicolás Poveda formula voto un particular dado que, aunque considera probada la responsabilidad penal de los acusados, pone en tela de juicio el contenido de los documentos que estaban en posesión de Marjaliza y que fueron quemados por orden de Granados ya que "nada se sabe de dicha documentación" salvo la descripción que hizo de ella el constructor en su declaración testifical.


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    Un monitor de televisión muestra a David Marjaliza, durante su declaración en el juicio en la Audiencia Nacional. Detrás de él, Francisco Granados.

    Recuerda que ambos aseguraron que, a raíz del soplo y por petición de Granados, se quemaron "tres carros del Carrefour" con apuntes contables de entregas de dinero a alcaldes y concejales y documentos de licitaciones de la Comunidad de Madrid. Pero, para Poveda, "no existe dato alguno que acredite la preexistencia de tal documentación ni su contenido exacto" y la única prueba que lo demuestra son sus propias manifestaciones, teniendo en cuenta, señala el juez, que tanto Marjaliza como Ramírez están acusados en la pieza principal de la Púnica.

    Además, cree que no solo Granados se aprovechó del soplo de Talamino, sino que también "ha quedado acreditado" que Marjaliza adoptó junto con el exconsejero madrileño "medidas que entorpecieron y perjudicaron de forma sustancial la instrucción de la causa".

    Granados, que ocupó varios altos cargos en el PP y administraciones locales y regionales en Madrid, estuvo en prisión provisional desde octubre de 2014 a junio de 2017, cuando se le concedió la libertad provisional. La trama Púnica estaba infiltrada en varios ayuntamientos principalmente de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia y firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales durante dos años, según la Fiscalía Anticorrupción.

    Granados recurrirá
    El exsecretario general del PP madrileño ha afirmado que recurrirá al Tribunal Supremo la condena de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional por el chivatazo y ha advertido que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si hace falta porque se han vulnerado sus derechos fundamentales.

    Según fuentes de la defensa de Francisco Granados, la sentencia tiene "la puerta abierta abierta" al recurso de casación por dos circunstancias: la primera que los hechos expuestos en esta resolución no cumple con los "requisitos de tipicidad" y la segunda porque las intervenciones telefónicas son "nulas".

    El abogado de Granados, José Javier Vasallo, ya expuso durante el juicio que se celebró entre el 14 y 16 de noviembre, que los 'pinchazos' telefónicos durante la instrucción de la causa son "intervenciones en prospección" y que infringen las reglas del control jurisdiccional". Ahora, la defensa del que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid tratará de que el Supremo les de la razón en este sentido.

    http://www.publico.es/politica/granados-condenado-anos-carcel-chivatazo-punica.html
     
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    CASO PÚNICA
    La confesión de un empresario de la Púnica: fiestas del PP y eventos particulares con dinero público
    La Cadena SER accede a los audios inéditos de la confesión de José Luis Huerta, el empresario de cámara del PP en la Púnica para la organización de eventos y fiestas. Huerta admitió al juez que financió actos del partido y eventos particulares a sus dirigentes que después se pagaron con dinero público. El empresario relata cómo los alcaldes "tiraban con pólvora de rey" para pedirle actos en situaciones propias de las películas de "Berlanga" según el juez
    MIGUEL ÁNGEL CAMPOS
    Madrid
    03/10/2018 - 08:00 h. CEST

    El exgerente de la empresa Waiter Music, José Luis Huerta, admitió en su declaración ante el juez de la Púnica, Manuel García Castellón, que llegó a financiar eventos del PP y actos particulares de varios de sus alcaldes en Madrid, como fiestas y comuniones, que en ocasiones cobraba después inflando las facturas que giraba a los ayuntamientos por organizar sus festejos patronales. Con dinero público llegaron a pagarse celebraciones del Partido Popular.

    La declaración tuvo lugar a finales del pasado mes de mayo, pero no había sido escuchada hasta la fecha.

    Huerta era el empresario de cámara del supuesto líder de la Púnica, Francisco Granados, para organizar todo tipo de festejos. Tanto en Valdemoro, donde fue alcalde, como en las inauguraciones de las nuevas estaciones de metro de Madrid, ya como consejero de Transportes, o mítines de Esperanza Aguirre. Y Huerta acabó siendo el organizador de fiestas para el PP en otros municipios de Madrid como Ciempozuelos, Móstoles, Algete, o Moraleja de Enmedio entre otros.

    El empresario relata en sus casi 4 horas de declaración cómo los dirigentes del PP se creían con el derecho de exigirle la financiación de actos del partido y particulares por el volumen de adjudicaciones públicas concedidas. Uno de esos casos fue la comunión de la hija de Francisco Granados en 2008. Una fiesta a la que asistió Esperanza Aguirre, que le costó 48.000 euros, y que Granados le dijo expresamente que no le iba a pagar.

    Las fiscales creen que hasta la esposa de Granados estaba al corriente porque nunca preguntó por los costes de la comunión y solo quería "calidad".

    En otros municipios fueron fiestas del PP, otras comuniones, karaokes, paellas, o actos para mayores. "Con toda su cara" dice Huerta en referencia a los alcaldes del PP, le decían que no se lo iban a pagar.

    El empresario sostiene que en ocasiones costeó él los eventos, con cargo a los beneficios obtenidos de las adjudicaciones. Pero a regañadientes admite también que en otras infló el precio de las facturas giradas a los ayuntamientos, con el beneplácito de sus dirigentes, para cobrarse estos trabajos extra.

    También reconoció la elaboración de facturas falsas. Tuvo que intervenir su propio abogado para que las admitiera.

    Las casi cuatro horas de declaración de José Luis Huerta están repletas de ejemplos de alcaldes que ordenaban gastos desorbitados, como cuando a 10 días de Navidad, el alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, le dice que "tire adelante" y le instale una pista de hielo como jamás se había construido otra en Madrid. El juez le replica que esta historia parece de "Berlanga".

    José Luis Huerta fue el empresario de éxito del PP en la Púnica. Quebró tras el estallido del caso. Hoy cuenta al juez que trabaja de camarero por 1.200 euros mensuales.

    http://cadenaser.com/ser/2018/10/02/tribunales/1538512299_077684.html
     
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