Gestión del gobierno ante la pandemia de Coronavirus (Covid) - Todo Aquí.

Al fin y al cabo lo que interesa es que


Al fin y al cabo lo que interesa es que sanchez siga mangoneando sin ningun control y parece ser que lo ha conseguido. Arrimadas se ha lucido
Si ya Albert se cargó Cs, Arrimadas lo ha rematado. No es el momento de apoyar al gobierno pandemias, es el momento de echarles a patadas
 
Como no hemos podido echarles, va a ser cuestión de cárcel. Lo poco que han hecho en la pandemia es robar tropocientos milones y colar leyes que no vienen a cuento ahora, además de crear puestos inñutiles y asesorias
 
El Gobierno desvía la responsabilidad de los nuevos contagios a los empresarios al dejarlos sin poder realizar test
Se avecina un escenario jurídicamente complicado por las posibles demandas que prepararán sindicatos y despachos colectivos.
Elena Berberana Seguir a elenaberberana
2020-05-07
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Se avecina un escenario jurídicamente complicado por las posibles demandas que prepararán sindicatos y despachos colectivos.

Fernando Simón, Pedro Sánchez y Salvador Ila | EFE
El Gobierno ni come ni deja comer. Las empresas se encuentran haciendo verdaderos malabares para reincorporar a sus empleados en la vuelta hacia esa "nueva normalidad" que vende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Varios departamentos de Prevención y Riesgos Laborales que trabajan para hospitales privados, fábricas y compañías tecnológicas han confirmado a Libre Mercado que están intentando sortear la normativa del Ministerio de Sanidad que impide hacer test de coronavirus a la población sin prescripción médica.
La orden de Salvador Illa implica la obligación de asumir riesgos a los empresarios. Si una propietaria de peluquería o el dueño de un restaurante no puede testar a sus trabajadores, ¿cómo saber si no están incorporando a un contagiado asintomático? Y si, posteriormente, tampoco pueden realizar semanalmente pruebas al camarero o a la peluquera, ¿cómo conocer que no están contagiando a los clientes?
A estas cuestiones que son de Perogrullo no responde Fernando Simón ni el Ministro de Sanidad. Mientras en el resto de países no existe semejante intervención de test a los laboratorios, en España cabe preguntarse al menos si el Gobierno pretende responsabilizar a los empresarios de un rebrote en otoño: ¿hay una estrategia propagandística gubernamental de cara a una posible segunda ola tras el verano?


Si los laboratorios consultados por Libre Mercado descartan que haya escasez y aseguran que en el mercado internacional hay test y se pueden comprar a mansalva, ¿por qué el Gobierno no permite a los empresarios realizar las pruebas diagnósticas masivas de la covid-19? Intentar resolver estas incógnitas no resulta descabellado.
Sin ir más lejos la CEOE (que ya se las ve venir) ha exigido al Ministerio de Sanidad que se permita hacer test de detección del coronavirus a los empleados para la vuelta al trabajo en las fases de "desescalada" con el objetivo de cumplir con todos los protocolos sanitarios. De lo contrario, la patronal alerta del grave impacto en la actividad económica que provocaría hasta una caída del 12% del PIB en otoño.
En esta difícil tesitura se encuentran desde el empresario hotelero hasta la dueña del bar Paqui. Abrir o no abrir, esa es la cuestión. Si ya vimos cómo el Gobierno y sus terminales mediáticas les echaban la culpa a la población de posibles nuevos contagios por un supuesto mal comportamiento generalizado en la calle, no es de extrañar que, de haber un repunte, los culpables sean los empresarios por no haber velado por la seguridad de sus trabajadores y clientes al anteponer la economía a la salud pública. ¿Les suenan estas consignas políticas?
Bien, la estrategia propagandística que podría preparar el socialcomunismo gobernante puede incluso respaldarse en las futuras demandas que ya auguran expertos abogados del Derecho Laboral. ¿Que será fácil reclamar al Gobierno o al jefe por un contagio de coronavirus? Veamos a qué se enfrentan los empresarios españoles a los que ha dejado el Gobierno con una mano delante y la otra detrás.
Compensaciones económicas
El Gobierno modificó mediante un decreto ley del estado de alarma que si se prueba que el contagio por covid-19 se ha producido en el puesto de trabajo, se le aplicarán los recargos en las prestaciones a cargo de la empresa, las indemnizaciones por fallecimiento o las responsabilidades civiles o penales idénticos al de un accidente laboral.
Dicho lo cual, Max Arias, abogado laboralista del Despacho Crowe Legal y Tributario que asesora a empresarios, reconoce que van a producirse numerosas demandas contra los empresarios ligadas a exigir compensaciones económicas por enfermedad de coronavirus que pueden ser estratosféricas, en algunos casos. Al letrado no le cabe la menor duda de que sus clientes y empresas van a cumplir estrictamente los protocolos sanitarios. Ahora bien, el escenario al que los aboca el Gobierno dejándolos sin test está lleno de incertidumbres y los lleva a tomar la difícil decisión de si se arriesgan o no.
"Sabemos que va a haber demandas. En el ámbito laboral cuando existe una contingencia como un accidente laboral o enfermedad profesional por coronavirus, esto puede llevar aparejado un sinfín de reclamaciones contra el empresario. Implica acabar en la imposición de recargo de prestaciones económicas a favor del trabajador y contra la empresa por incumplir supuestamente medidas de seguridad. Como abogado con una larga trayectoria de defensa de clientes empresarios, me consta que ya se están encargando muchos letrados especializados en la defensa de trabajadores, gabinetes jurídicos de sindicatos y despachos colectivos de sacar punta a este tipo de situaciones. El contexto del Covid-19 se utilizaría como aprovechamiento para recopilar reclamaciones colectivas que terminaría con una última indemnización por daños y perjuicios contra el empresario de dimensiones millonarias, en muchos casos", aclara el abogado laboralista a Libertad Digital.
Otra de las razones que empujarían al aluvión de demandas por contagio por covid-19 son los incentivos perversos históricamente implantados en España contra el empresariado. "En la jurisdicción social existe un principio procesal que indica que el trabajador es una parte débil y puede acudir a la vía jurisdiccional sin que esto le signifique la implantación de costas. Tú puedes pedir lo que quieras contra el empresario. En España demandar al jefe sale gratis a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones como la civil. El empleado nunca pagará las costas del juicio si pierde. Esto quiere decir que puedes reclamar hasta un millón de euros y si sale bien, bingo, pero si sale mal no pasa nada, no hay riesgo de condena de costas", razona el abogado especialista.
El panorama es bastante desalentador. Max Arias tiene claro que el rebrote, de haberlo, no va a ser culpa de los empresarios. De hecho, los técnicos prevencionistas trabajan a todo tren en las medidas de seguridad sanitarias que ya hemos visto, por ejemplo, en supermercados. No obstante, el experimentado letrado avisa a clientes y empresarios de que estén preparados para el devenir de los acontecimientos: "No podemos negar los abogados que defendemos a empresas que existen muchos despachos colectivos, medianos y letrados individuales especializados en la defensa de los trabajadores que van a aprovechar la coyuntura. Lamentablemente se va a especular y se va alimentar para que se presenten este tipo de demandas en las que se intentará hacer valer que el contagio del coronavirus se ha producido en el trabajo. No tengo duda de que lo vamos a vivir y no va a pasar muchos meses hasta que lo veamos".
Comunismo institucional
Hay que apuntar y recordar la ideología anticapitalista que caracteriza a buena parte de los ministros del Gobierno. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo puesta por Podemos, procede del partido Comunista de Galicia. Díaz dio el salto a Izquierda Unida y de ahí, a En Marea. Cuando fue anunciada por el vicepresidente podemita, Pablo Iglesias, las patronales temblaron por ser una vieja conocida del sindicalismo comunista.
Max Arias critica la amalgama de modificaciones de los decretos dictados por el Gobierno desde que declarara el estado de alarma. Los letrados han sufrido en sus carnes largas horas de lectura para entender disposiciones legales anunciadas que nada tenían qué ver con la letra pequeña que encuentran siempre. Si algo ha sacado en claro este abogado es que la línea ideológica del Gobierno va contra el empresariado.
"Yo intento decirle a mis clientes empresarios que en el contexto de todos estos decretos Ley del último mes y medio, con todo este aluvión de cambios, todo va en la línea de no ayudar a los empresarios. Así se lo digo a mis clientes, lamentablemente, el planteamiento del Gobierno es ese. Caen decretos al estilo de Aló Presidente y ya me está dando miedo leer las disposiciones adicionales y transitorias de la siguiente prórroga del estado de alarma. Se limitarán a corregir las anteriores y no va a ser para facilitar la labor a las empresas. Eso lo sabemos".
La línea de pensamiento izquierdista que presupone maldad a todo aquel que dirija una empresa en España, responde a enseñanzas universitarias y ambientes académicos socialistas y comunistas desde los 90, tal y como expone el letrado laboralista. "Es un viejo discurso de toda esta escuela doctrinal formada por profesores de derecho, catedráticos de trabajo, abogados laboralistas, jueces de lo social de significación pretendidamente progresista e inspectores de trabajo. Con todo, el despliegue de la normativa de prevención en el trabajo en este país desde el año 1995 hasta ahora, estos letrados y jueces llegaron a decir por escrito que la deuda de seguridad y salud del empresario con el trabajador era ilimitada. Lógicamente esto fue posteriormente enmendado por altos tribunales y los pusieron en su sitio. Es cierto que sí existe una deuda de seguridad de la salud del empresario con el empleado, pero no es ilimitada ni mucho menos. Es la línea ideológica infantilizante de tratar a un trabajador como a un púber, como alguien que no es adulto, que no sabe razonar. Así se hace un flaco favor al conjunto de trabajadores al tratarlos como borregos".
A este respecto, el abogado concluye que las ideas de Yolanda Díaz se han forjado en dichos preceptos ideológicos. "Ha convertido su Ministerio en una herramienta de propaganda política. Díaz es abogada laboralista y algunos contenidos que plantean sonrojan a los profesionales del ámbito jurídico. Yo entiendo que quieran lanzar un mensaje político, pero en muchas ocasiones nada tiene que ver con las realidades jurídicas como lo del "prohibido despedir". Esto es falso. Ella lo sabe porque es anticonstitucional y colisiona con el principio de libertad de empresa. Pero la ministra convierte en realidad aquella máxima que decía que a base de repetir una y mil veces una mentira acabará por convertirse en verdad".
Para prevenir, y hasta que Illa autorice a las empresas privadas la realización de test, el letrado aconseja a las empresas consultar a sus departamentos de Prevención y Riesgos Laborales cuáles son las medidas de seguridad sanitarias más óptimas y seguras para el regreso a la actividad laboral y comercial.
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Iglesias impedirá visitar a los ancianos en las residencias antes de finales de junio


El Gobierno se niega a dar los datos de fallecidos en los geriátricos, dependientes del vicepresidente, que han muerto sin poder despedirse de sus familiares
El Ejecutivo rechaza informar sobre los muertos e infectados en las residencias de las que Iglesias se hizo cargo

Habrá que pedirles los datos a las CCAA primero.

De todas formas los ancianos en residencias todavía algunos de ellos están en sus habitaciones según el estado en que se encuentran. Algunos van bajando poco a poco a la zona común.

Normal que no se les pueda visitar todavía. Y desde luego no es recomendable hacerlo. Son personas muy vulnerables.

Yo no iría.
 
Desnudos ante el pueblo

El triunfo no ha llegado. Es preciso ser sensatos y evitar que todo lo hecho no sirva para nada. De esto iba la votación del Congreso y no de ninguna otra cosa
Elisa Beni
06/05/2020 - 22:24h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2i), durante su intervención en el Pleno de control al Ejecutivo que este miércoles se celebra en el Congreso, y en los escaños la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra (1i) y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas (1d), en Madrid (España), a 29 de abril de 2020. REMITIDA / HANDOUT por Pool

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Pleno de control al Ejecutivo.
"Solo cuando baje la marea sabremos quien estaba nadando desnudo"
Warren Buffet





Entre todo lo que la ciencia ignora frente a la pandemia hay pocas cosas que están tan claras como que la proximidad y la movilidad la expanden. Hechos.

Por tanto, es ineluctable reprimir y controlar ambos aspectos. Tanto desplazarse libremente como reunirse son derechos fundamentales en toda democracia. No pueden ser limitados sino en circunstancias legalmente muy tasadas. La inusual virulencia de una pandemia de estas características obliga pues a hacer uso de instrumentos legales que lo permitan teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad que puede cursar sin ser advertida y por individuos que aparentan sanos. No es cierto que las leyes ordinarias puedan restringir los movimientos de personas sanas. Este simple aserto desbarata todo el montaje de los que acusan al Gobierno de utilizar por gusto el decreto de alarma.

Solamente de esto trataba la sesión del Congreso de este miércoles. Trata de la protección de toda una sociedad, de la necesidad de limitar o modular derechos para poder hacerlo y de los instrumentos legales precisos para poder llevarlo a cabo. Mientras muchos portavoces parlamentarios volvían a dar la medida de su mezquindad en la tribuna, de nuevo la cifra de más de doscientos muertos nos golpeaba. Aún queda camino. El triunfo no ha llegado. Es preciso ser sensatos y evitar que todo lo hecho no sirva para nada. De esto iba la votación del Congreso y no de ninguna otra cosa, y por eso los posicionamientos y el voto negativo de algunos grupos los han dejado desnudos ante el pueblo, en purititos cueros ante el interés general.

Ante la petición de prórroga de dos semanas más para continuar con la desescalada sólo cabían tres posiciones: de responsabilidad, de tacticismo y de absoluta falta de sentido común. Para las tres hubo. Tengo que reconocerles que nunca he pensado, en los tres días que han estado calentando un ambiente sólo por estrategia partidaria, que el estado de alarma fuera a decaer este domingo. Eso sólo significa que, en el fondo, siempre confié en que no podía haber tanto irresponsable ni tanto fanático ni tanto partidista como para que la irracionalidad triunfara. Así ha sido.

Casado ha salido muy malparado de esta y eso que no se atrevió a llegar al no. El líder del partido llamado al relevo en el gobierno se ha quedado desnudo queriendo arrebatarle las ropas a Sánchez. Mala cosa. Entre sus votantes hay gente sensata que ha visto con locura cómo su líder se embarcaba en una expedición de mal pronóstico porque ni ganándola ganaba. Si Casado hubiera conseguido su objetivo egoísta y partidario, dejar sólo al Gobierno, lo hubiera hecho sobre el riesgo de la ciudadanía y el riesgo de un retorno a las grandes cifras de muertos y contagiados. Así nunca hay nada que ganar. Feijóo y Moreno lo vieron y hasta Ayuso, ¡hasta Ayuso!, dejó claro que consideraba necesaria la prórroga.

El PP ha hecho el peor negocio que podía hacer, y lo ha hecho con corbata negra y crespón, pero lo ha hecho y no era otro que el confundir la refriega política contra un gobierno con el interés general, la salud pública y la protección de la ciudadanía. No, Casado, por mucho experto que tengas dispuesto a decirte que sí hay otras leyes que permiten restringir el movimiento de personas sanas, eso no cambia la verdad. Debió doler en el debate la referencia del presidente del Gobierno a Gabriel Cisneros, padre Constitucional y diputado del PP durante años, explicando a Tura en el Congreso, cuando se presentó la ley en 1986, por qué era necesario un estado de alarma que habían pensado para catástrofes y epidemias y no para otras cuestiones políticas que ya cubrían los estados de excepción y sitio.

Primó al final el sentido común y ahí brilla con luz propia el nombre de Inés Arrimadas. Ella lo tuvo claro y lo explicó claro: no se trataba de investir a Sánchez sino de salvar a los españoles. Un atisbo de la racionalidad y la centralidad que Rivera le arrebató a Ciudadanos a golpe de adrenalina y testosterona. Bienvenido sea. Arrimadas y Ciudadanos nos ayudaron a todos y creo que también hicieron una buena cosecha para ellos aunque no sea más que porque se le dieron de baja dos quintacolumnistas de Vox (Girauta se encontraría allí mucho más cómodo y Mejías también) y porque le dieron un aplauso Garicano, Aguado, Igea, Valls y Roldán. Tal vez sea, no un cambio de alianzas, sino un cambio de idiosincrasia de partido que vendría muy bien a la democracia española.

En este pragmatismo del sentido común y de estado hay que mencionar también, como casi siempre últimamente, al Partido Nacionalista Vasco. Algunos llamarán como quieran a la forma de hacer política que tiene los jetzales pero para mí cualquier adjetivo sobre porque es precisamente eso, hacer política. No les gusta a los vascos ni el talante que ha imprimido Sánchez a la crisis ni la forma centralista de llevarla a cabo, pues ni cortos ni perezosos han vuelto a remangarse en la mesa de negociación y han arrancado concesiones a sus posturas. Zorionak.

Todo ese sentido común que les ha faltado a las formaciones catalanas cuya negativa, junto a la de Vox, sólo pueden producir perplejidad y deberían suscitar el enfado porque podrían habernos llevado a un caos de consecuencias imprevisibles. ERC ha dado la razón de nuevo a los que les acusan de ser poco fiables en sus posturas, por decirlo de forma suave. Van diciendo por ahí que eso no es lo que se había hablado y que a Rufián le cambiaron el discurso a última hora desde Ginebra y Lledoners, porque él pensaba que ese giro iba a hacer que se resintiera su fiabilidad y así es.

Sobre la ultraderecha creo que poco hay que decir. Están al otro lado del espejo. Su discurso es tan vil que roza el surrealismo, lo cual no puede a la larga sino perjudicarles. Pedir una moción de censura sólo vino a reforzar que ellos no habían ido al Congreso a hablar de pandemia o de seguridad de la ciudadanía sino de lo suyo, lo cual los deja cada vez más en pelotas para cualquiera que tenga algún dedo de frente por muy de derechas que sea. Lo único bueno que ha tenido el strip-tease de Rufián y Casado es que ha obligado a Sánchez a cubrirse y para eso ha tenido que salir a la zona de la política que nunca hay que abandonar por muy rastreros que sean algunos de sus ocupantes.

Hay políticos en este país que van muy desnudos y harían bien sus huestes en señalárselo con el dedo. Decían los optimistas que de esta dura, cruel e insólita crisis íbamos a salir distintos pero para ello es imprescindible que cambien ellos o que les recambiemos. Gracias Arrimadas por empezar a verlo.



Y sobre los vascos...¿Que concesiones? Me ha parecido vergonzante oirles referencias a la celebración de elecciones para 1 julio. Debieran haberlo callado como hace Feijoo que también las tendrá previstas.

Quieren los vascos, perdón los del PNV tener mas protagonismo en la desescalada. ¿Para qué? ¿Para acelerarla en favor de sus intereses políticos tipo electoralista?

De auténtica vergüenza. Bien está lo que bien acaba porque en un principio estaban por el no. Se apuntaron cuando Inés Arrimadas había dado su sí, pero ya lo he dicho....¡enseñaron su patita!

Les importa mas sus "juguetes" (competencias) para manejarlos a su gusto que la seguridad de los vascos.
 
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