Gestión del gobierno ante la pandemia de Coronavirus (Covid) - Todo Aquí.

Los contagios suben un 240% en un mes en Ceuta y Melilla, los 2 únicos territorios en manos de Illa​

Madrid pasa del 1º al 14º puesto en riesgo de contagio tras reducirlo un 46% con las medidas de Ayuso


Ceuta Melilla
Salvador Illa, ministro de Sanidad, en el Congreso de los Diputados. Foto: EFE
Ceuta y Melilla son los dos únicos territorios españoles cuyos sistemas sanitarios están bajo control directo del Ministerio de Sanidad, ya que no tienen transferida esa competencia. Son, por ello, un espejo de la gestión directa del Gobierno durante la crisis sanitaria del coronavirus. La situación de la segunda ola de la pandemia en las dos ciudades autónomas es grave: Melilla bate récords nacionales de incidencia acumulada con 1.356 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y Ceuta casi triplica los contagios que tenía hace tan sólo un mes. El ritmo de crecimiento medio en ambas ciudades es del 240%. La ocupación hospitalaria y de las UCI es la más alta de España, como también lo es la tasa de positividad.
La red hospitalaria de Ceuta y Melilla está bajo la gestión directa, desde el año 2002, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Una entidad pública dependiente del Ministerio de Sanidad. Por ello, todas las labores de rastreo, diagnóstico y tratamiento de personas infectadas por el coronavirus depende directamente de la Administración General del Estado, que también es responsable de los pacientes hospitalizados y de los ingresados en la UCI. Y los datos que están cosechando en las últimas semanas ambos territorios son alarmantes.
A nivel de contagios, en el caso de Melilla la incidencia acumulada ha pasado en un mes -desde el pasado 1 de octubre- de los 430 casos por cada 100.000 habitantes hasta los 1.356. La mayor cifra que ha registrado hasta ahora, en toda la pandemia, un territorio español. El aumento en esos 30 días de lapso ha sido del 215%.


En lo que refiere a Ceuta, el riesgo de contagio ha pasado de los 226 hasta los 831 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a que no llega al nivel de Melilla, el aumento porcentualmente es mucho mayor, del 267%.
Los hospitales en Melilla han alcanzado una ocupación del 30% de pacientes Covid, según datos del Ministerio de Sanidad, aunque en el caso de las UCIs las cifras se disparan hasta el 71,4%. En el caso de Ceuta, los hospitalizados son un 23%, alcanzando el 47% en UCIs. La ocupación de cuidados intensivos de ambas ciudades es la más alta de todo el territorio nacional.


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Por otra parte, el esfuerzo diagnóstico también es uno de los que peor datos ofrece de toda España. En Melilla es de 1.571 test por cada 100.000 habitantes en la última semana: con unos 85.000 habitantes, son 1.359 test realizados. En Ceuta es aún más bajo el nivel de test, con sólo 1.125/100.000 habitantes. En pleno apogeo de la pandemia, la sanidad ceutí ha hecho menos de un millar de test PCR entre sus correspondientes 85.000 habitantes.
En cuanto a la positividad de los test, otro de los factores analizados por Sanidad para conocer la gravedad de la pandemia en una zona, la OMS considera que las infecciones están fuera de control cuando se supera el 5% de este indicador. En Ceuta es del 30% y Melilla no ofrece el dato.
Madrid y Canarias, a contracorriente
La Comunidad de Madrid ha experimentado en apenas mes y medio una caída del riesgo de contagio de récord nacional. Con una bajada de la incidencia acumulada de los 772 casos por cada 100.000 habitantes que tenía el lunes 21 de septiembre -día de inicio de las restricciones de movilidad impuestas por zonas sanitarias por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso- a los actuales 403, el retroceso del riesgo de contagio supera el 46%.
En apenas 42 días ha pasado de ser la comunidad con más incidencia a ser la decimocuarta. El riesgo desciende más rápido incluso que en Canarias (con 41%), donde no se ha aplicado el estado de alarma porque la situación no reviste especial gravedad. Son, a día de hoy, las únicas comunidades donde han mejorado los datos.
Madrid puede decir, sin riesgo a equivocarse, que ha superado el pico de la segunda ola en vista a su descendente riesgo de contagio. Y lo hizo ya hace un mes y medio, en vista de los datos epidemiológicos actuales comparados con los de el momento en que entraron en vigor las primeras restricciones de movilidad por zonas básicas sanitarias. Un modelo de actuación quirúrgico que se ha demostrado exitoso y que ya es alabado en otros países europeos como Francia.
Sin embargo, el panorama en el resto de España es muy distinto. La situación se ha descontrolado en ese mes y medio en comunidades como Navarra, que ha pasado de una incidencia acumulada de 605 casos a una de 1.193, un 97% más. Sólo le supera Melilla, que pasó de 316 a 1.356 (un 329% más) en ese periodo.
Aragón es la segunda y de momento única comunidad autónoma que ha elevado su umbral de riesgo de contagio por encima de los 1.000 casos (1.127), pese a que el 21 de septiembre era de tan sólo 381 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras, en el mismo periodo Cataluña ha experimentado una subida de la incidencia de 169 a 726 (un 330%)
 
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El Escudo Social durante el estado de alarma divide al Gobierno de coalición​

https://laultimahora.es/autor/javier-lezaola/
Por
Javier Lezaola.

7 de noviembre de 2020 00:01

El alcance del Escudo Social durante el estado de alarma divide al Gobierno de coalición

Pablo Iglesias (Unidas Podemos), vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de coalición, y Nadia Calviño (PSOE), vicepresidenta de Asuntos Económicos

Es un hecho que en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos existen discrepancias entre ambas formaciones; tanto, que esas discrepancias –personalizadas por parte del PSOE en la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y por parte de Unidas Podemos en el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias– marcan buena parte del día a día de la coalición de gobierno. Es evidente que Calviño representa el ala derecha del Ejecutivo y que Iglesias representa el ala izquierda, aunque –y más en momentos de emergencia sanitaria y social como los actuales– Unidas Podemos enmarca en la “decencia”, antes incluso que en la izquierda, la necesidad de, por ejemplo, paralizar los desahucios sin alternativa habitacional o los cortes de luz, agua y gas a personas en situación de vulnerabilidad, que es uno de los campos de la batalla que Calviño e Iglesias libran cada día en el seno del Gobierno de coalición. En cualquier caso –y aunque la formación liderada por Iglesias no parece dispuesta a tirar por la borda el Ejecutivo de coalición que tanto esfuerzo le costó sacar adelante–, es un hecho que PSOE y Unidas Podemos representan intereses distintos y que a Unidas Podemos le cuesta mucho arrancar al PSOE cada medida, por lo que el Consejo de Ministros no es precisamente una balsa de aceite.

El pacto de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos tras las generales del 10N, denominado ‘Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España’, contempla el compromiso de impulsar medidas para asegurar el “realojo inmediato, en determinadas condiciones, de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad” o para fomentar el “alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional”, así como el compromiso de prohibir los “cortes de suministros básicos” en las primeras residencias debidos a impagos por “motivos ajenos a la voluntad de sus titulares”.

El pasado mes de marzo y tras mucho ‘tira y afloja’ entre Unidas Podemos y el PSOE, el Gobierno de coalición aprobó el denominado Escudo Social, un paquete de medidas que incluyó la paralización temporal –mientras durara aquel primer estado de alarma– de los desahucios sin alternativa habitacional y de los cortes de luz, agua y gas a personas en situación de vulnerabilidad. El pasado mes de septiembre, la prórroga del Escudo Social abarcó la paralización de parte de los desahucios sin alternativa habitacional, pero no la de los cortes de luz, agua y gas a personas en situación de vulnerabilidad. Unidas Podemos daba por hecho –y más teniendo en cuenta los actuales momentos de emergencia sanitaria y social– que el PSOE se mostraría dispuesto a prorrogar también la paralización de los suministros a personas en situación de vulnerabilidad, pero –tras una negociación que fuentes cercanas a la misma califican de “fuerte”– la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra (Unidas Podemos), no pudo arrancar también esa medida a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE).

Más de diez meses después de la firma del pacto de gobierno ‘Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España’ por parte de PSOE y Unidas Podemos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha puesto en marcha, esta semana, una campaña de recogida de firmas para reclamar al Gobierno de coalición, por “responsabilidad política” pero sobre todo por “salud pública”, la “aprobación urgente” de un decreto que suspenda “todos los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que carezcan de la alternativa habitacional”. Y más de 3.000 colectivos sociales de todo el Estado han exigido este viernes, en una rueda de prensa celebrada precisamente ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, la prórroga indefinida de la moratoria de cortes de agua, luz y gas a personas en situación de vulnerabilidad.

Bancos y energéticas​

Para Unidas Podemos, la suspensión de los desahucios y de los cortes de suministros, al menos mientras dure este segundo estado de alarma, es una de las principales señas de identidad de un gobierno “decente”, es decir que defienda a las personas, y especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, por encima de los intereses de bancos y energéticas. Bancos como el Banco Santander y energéticas como Endesa presionan a Calviño para que decretos así no se aprueben, mientras que colectivos como la PAH, como el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas o como la Alianza contra la Pobreza Energética presionan a Iglesias para lo contrario, es decir para que decretos así sí se aprueben.

La cuestión, que ejemplifica como pocas la batalla entre Calviño e Iglesias en el seno del Gobierno de coalición, sigue pendiente. Y –tras la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 consensuado por PSOE y Unidas Podemos, inmersa la población en un nuevo estado de alarma y ante la próxima llegada tanto del invierno como de un más que probable confinamiento– en la formación morada creen que ha llegado el momento de volver a la carga, de volver a la batalla por lograr un decreto que, al menos mientras dure el estado de alarma, imposibilite que se pueda desahuciar o cortar la luz, el agua o el gas a la gente por no tener dinero. El desenlace dependerá, como siempre, de la correlación de fuerzas.


Es sabido o debería saberse que el PXXE no es un partido de izquierdas, sino ya es un partido de la derecha.

Lo de socialista y obrero es para despistar al personal pero cualquiera sabe que se hubiera llevado mejor en coalición con el PP o con C's.

Espero que los votantes tomen nota para las próximas elecciones y no voten por inercia, sino viendo como se han movido los diferentes componentes de éste gobierno de coalición.

A la fuerza ahorcan y sabían que no había otra posibilidad para gobernar que coalición con UP o dejar paso al PP, cosa que tampoco les gustaba nada.

Así no es de extrañar que los ministros topos como los llamó yo intenten echar por tierra las medidas progresistas de las que tanto quieren chulear el PXXE en campaña, pero que quienes las están llevando adelante no son ellos, los del PXXE, sino los de PODEMOS.

Ahí tenemos a la floripondios con la Ley de Igualdad, al Escrivá retrasando todo lo que puede y poniendo palos en la rueda al cobro del Ingreso mínimo vital, y sobre todo a la calva Calviño metiéndose enmedio cuando se llegó a un acuerdo con Bildu sobre la reforma laboral.

Y ahora nuevas disensiones con el Escudo Social. Nada nuevo para unos que se autodenominan obreros y socialistas (que en la realidad dejaron de serlo hace ya mucho tiempo) y que miran por los empresarios y banqueros a los que les deben favores, tipo Florentino Perez o Banco Santander a los que les debe dinero.


¡Se autoproclaman progresistas! :dead::joyful:?

A ver si tomamos nota de quien es quien para próximos comicios.
 

Caos en la Generalidad: se desploma el sistema informático que gestiona las ayudas a autónomos

El gobierno catalán pide disculpas por el procedimiento para abonar unas subvenciones que dejan fuera al 90% de quienes tienen derecho a percibirlas.


Tras la propaganda, el caos. En la última oleada de medidas restrictivas por la pandemia, la Generalidad se apresuró a prometer a los autónomos con bajos ingresos una ayuda de 2.000 euros que cobrarían quienes primero acreditaran una base imponible en la última declaración de la renta igual o inferior a 35.000 euros al año, que el rendimiento neto de la actividad de los tres primeros trimestres del año supera los 13.125 euros, estar al corriente de pago con la Seguridad Social y no haber sufrido sanciones administrativas.

Cumplidos estos requisitos, los autónomos que ejercen en Cataluña debían dirigirse a una web habilitada por la consejería de Políticas Digitales, que era la encargada de tramitar las ayudas prometidas por la consejería de Trabajo. La letra pequeña es que cobraría el primero que llegara y que el monto destinado para estas ayudas era de 20 millones de euros.

De los quinientos mil autónomos que hay en Cataluña se estima que unos cien mil cumplen los requisitos establecidos por la Generalidad para acceder a la subvención, pero sólo 10.000 han logrado gestionarla a través del sistema informático de la administración autonómica, que se ha colapsado durante los dos días que ha estado en funcionamiento.


Informática y Nasa catalana
La consejería de Trabajo, en manos del republicano Chakir El Homrani, acusa a la de Políticas Digitales, de Jordi Puigneró, de Junts per Catalunya, de haber perpetrado una chapuza. Puigneró se defiende con el argumento de que el volumen de peticionarios ha desbordado las previsiones que le había proporcionado Trabajo. Se da la circunstancia de que Puigneró es el consejero que pretende crear una Nasa catalana para la que ha destinado de entrada 18.000 millones de euros.

Las críticas de los autónomos ante la escasez de las ayudas, la propaganda de la Generalidad y el desastre informático han obligado a la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno regional, la posconvergente Meritxell Budó, a pedir disculpas y poner en cuestión el procedimiento de "concurrencia" para asignar las subvenciones. En su opinión, el sistema de que el primero que llega es el primero que cobra no es satisfactorio ni propio de una administración pública.

La consejera ha anunciado que esta misma tarde se volverá a reunir el Govern para abordar esta enésima crisis entre los socios de gobierno. También ha reconocido que "el problema real es que no tenemos dinero para hacer frente a lo que la gente necesita". Además, ha aprovechado para cargar contra el Gobierno, del que ha dicho que "en vez de ayudar a los autónomos les ha incrementado la cuota".

 
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