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Justificando el próximo encierro

Simón reconoce ahora que existen "otras herramientas" además de la alarma para confinar a la población
El epidemiólogo ha señalado la Ley General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública como alternativas legales para que las comunidades ordenen el confinamiento en caso de rebrote
Simón reconoce ahora que existen otras herramientas además de la alarma para decretar el confinamiento

Simón reconoce ahora que existen "otras herramientas además de la alarma para decretar el confinamiento" Europa Press
FERNANDO ASUNCIÓN
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PUBLICADO 25.06.2020 - 20:04ACTUALIZADO25.06.2020, - 20:08
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido este jueves que existen "otras herramientas" aparte del estado de alarma para decretar el confinamiento y ha señalado como ejemplos la Ley General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública. Esta idea contrasta con la versión del Gobierno, que en todo momento aseguró que las sucesivas prórrogas del estado de alarma estaban justificadas porque no había otras maneras de confinar a la población.
MÁS INFO
"Yo no soy jurista, pero, en principio, lo que yo entiendo es que si no hay estado de alarma, el Gobierno no tiene capacidad de decretar confinamientos", ha manifestado el doctor este jueves en rueda de prensa. Simón ha señalado la capacidad de losgobiernos autonómicos de confinar a la población en determinadas regiones donde se registre un rebrote.
"La movilidad entre provincias no se puede restringir de cualquier manera, pero sí que es cierto que tenemos otras herramientas que pueden permitir a los gobiernos autonómicos tomar decisiones mucho más definidas, ha afirmado. "Hay legislación, por ejemplo la Ley General de Sanidad, pero sobre todo la Ley de Medidas Especiales en Salud Pública, que, si se consigue definir un grupo concreto, con razones que justifiquen su confinamiento, se puede aplicar", ha añadido el epidemiólogo.
El Gobierno defendía que no hay "alternativa"
En todo momento, los miembros del Ejecutivo defendieron que no había "alternativa" a la alarma para ordenar el confinamiento de la población durante la 'desescalada'.
El estado de alarma fue apoyado por todos los partidos la primera vez que el Gobierno lo llevó al Congreso, pero el apoyo a este decreto decreció con las sucesivas prórrogas. Tanto, que Sánchez se vio obligado a llegar a acuerdos con Ciudadanos para sacarlo adelante. El PP y Vox, por su parte, terminaron rechazando esta herramienta al considerar que el Gobierno debía buscar alternativas que no implicasen ese nivel de excepcionalidad.
 


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La llamada desde la residencia de una anciana con coronavirus a su hija: “Me tienen una bolsita para respirar, esta noche seguro que no despierto




Informativos Telecinco
26/06/202012:35h.




Las manos de una anciana, en una residencia de MadridEFE
  • El testimonio de la mujer forma parte de una denuncia que se presentará en juzgado
  • La anciana murió 17 días después de que la doctora le explicara a su hija que el protocolo impedía el traslado
La conversación telefónica entre una doctora y la hija de una anciana agonizante muestra el drama de las residencias en la Comunidad de Madrid ante el coronavirus y cómo supuestamente se impedía derivar ancianos a los centros hospitalarios. El testimonio forma parte de una denuncia que se presentará ante el juzgado de guardia, como prueba de cómo se materializaba una praxis que las familias de ancianos ingresados en residencias vienen denunciando desde hace semanas.
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Junto con la llamada de la doctora, la hija ha mostrado a Informativos Telecinco una llamada que tuvo con su madre pocos días antes de morir. En la llamada la anciana le dice a su hija que se encuentra muy malita.

Madre: Estoy muy malita, hija. Por lo menos que sean las últimas llamadas.

Hija: ¿Pero cómo las últimas mama, por dios, qué dices?

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Madre: Me tienen puesta una bolsita para respirar y no sé qué me habrán metido. Cuando me quede dormida, seguro que no despierto”


UCI al borde del colapso

Los ancianos enfermos no eran derivados a los centros sanitarios en pleno auge del coronavirus, con las UCI de hospital al borde del colapso. Ramona Carvajal, la mujer que denuncia el deceso de su madre, recibió una llamada de la doctora el pasado día 23 de marzo. Su madre, de nombre Alejina, llevaba 13 días enferma de coronavirus en una residencia de Griñón, sur de Madrid, pero no la hospitalizaron. La madre de Ramona terminó falleciendo 17 días después de aquella llamada.


El acceso a las UCI estaba limitado por el protocolo de la Comunidad de Madrid, fechado por el entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, el 18 de marzo. Se priorizaba a los más jóvenes y sanos. Solo serían admitidas las personas mayores y discapacitados que no tuvieran cierto nivel de deterioro cognitivo, los que pudieran moverse por su propio pie o no tuvieran patologías tan propias de la edad como la hipertensión o la diabetes. La mayoría de ancianos internos en las residencias quedaron fuera de este ámbito.


Las diligencias penales abiertas por las fiscalías de toda España para investigar si se cometió algún delito en las residencias de ancianos o de personas con discapacidad, después de aumentar las últimas semanas, han alcanzado esta semana los 240 casos, según los datos ofrecidos este jueves por la Fiscalía General del Estado (16 más que la semana pasada).


La Comunidad de Madrid siempre ha defendido que no hubo instrucciones para dejar a un lado a los ancianos de las residencias de unas UCI colapsadas. Ayuso señaló si pensaban que los médicos por instrucciones políticas iban a dejar morir a pacientes. La realidad es que el triaje ha sido protagonista en estas negras fechas provocadas por el coronavirus.


La conversación telefónica

Doctora
: “¿Sí?”
Hija de Alejina: “Hola doctora, buenas tardes”
Doctora: “Hola, buenas tardes. Este… “
Hija: “Dígame”
Doctora: “Alejina”
Hija: “Sí, ¿Qué pasa?”
Doctora: “Alejina no está bien”
Hija: “¿No está bien?”
Doctora: “No, Alejina… El pulmón derecho está lleno de líquido hasta la mitad”
Hija: “Madre mía”
Doctora: “¿Oyó? Ella ahora mismo tiene saturaciones, vamos a decir que aceptables. Están bajas pero no obtiene trabajo respiratorio, ¿Sabe?”
Hija: “Sí”
Doctora: “Tiene ahora 87. Yo le voy a colocar una bolsa con reservorio que es para enriquecer un poco más la mezcla que ella vaya a respirar. Tengo los resultados de la analítica. Y… aunque ella… ya te digo, los… la hemoglobina está bien, la función renal está un poco baja, pero moderada vamos a decir. Un descenso de la función renal moderado. Lo que no me gusta de la analítica de Alejina es que… Yo… Usted recuerda que le dije que había una sustancia que se elevaba cuando había procesos infecciosos agudos, ¿No?”
Hija: “Sí”
Doctora: “Bueno, ella la tiene altísima. El valor normal es de 5, y Alejina tiene 152”
Hija: “Uf…”
Doctora: “Es mal pronóstico”
Hija: “Mal pronóstico…”
Doctora: “Sí. Mal pronóstico. Yo hablé con el hospital esta mañana… Y bueno, Alejina fue una de las primeras personas que he tenido con síntomas respiratorios y ganchos febriles que estuvo seis días bien y luego siete días después empezó nuevamente la fiebre a subir…”
Hija: “Sí”
Doctora: “Terminamos un ciclo de antibióticos con cefixima, hicimos un ciclo de levofloxacino, que ya lo terminamos y esta mañana me dijo la doctora: “Bueno, vamos a iniciar otro ciclo con otro antibiótico. A ver si podemos hacer algo”
Hija: “Ya”
Doctora: “El resto quedará al cuerpo de Alejina, su organismo ¿Me entiendes? Porque no tenemos pruebas ahora, para hacer la prueba, ¿Verdad? Pero bueno… Sospechosa, altamente sospechosa (de padecer COVID-19)”
Hija: “Altamente… Porque de llevarla a hospital, nada, ¿No?”
Doctora: “Nada, no. Mira yo hablé con ellos desde el inicio. Desde que empezó Aljina… Creo que fue el 16. Alejina empezó por ahí. Déjame ver la fecha. Estamos a 23. Alejina empezó creo que fue, el 11 de marzo”
Hija: “Sí, el 11, sí”
Doctora: “11 de marzo. Este… De una vez se planteó… En un inicio era la derivación y luego claro, en el hospital, cuando llamas a pedir la ambulancia, ellos te dicen: “¿Tiene síntomas respiratorios? A consultar con el geriatra del hospital”. Y con el geriatra del hospital (es con quien) hemos manejado a Alejina. Y no tiene criterios para derivación”
Hija: “¿Y qué criterios serían? ¿La falta de oxígeno…? “
Doctora: “La Comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes. Que son: puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria, okay, uno. Dos, que no tenga deterioro cognitivo. Tres, que tenga un parte que sea una persona independiente”
Hija: “Sí”
Doctora: “Cuatro, que no tenga patologías asociadas. Que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga antecedentes de nada. Entonces eso es algo que es ilógico ¿Verdad? Porque lo que no puede esperar uno…”
Hija: “Pues sí”
Doctora: “… No puede esperar uno que una persona mayor de 80 años no tenga … alguna cosa”
Hija: “No tenga alguna cosa. Exacto. Es que es increíble, vamos”.
Doctora: “Sí. Y ese es el comunicado que recibí el sábado. Porque el día viernes habían pasado uno peor.
Hija: “¿Todavía más?”
Doctora: “Que era, que si la persona no caminaba… Si era independiente para la marcha, iba al hospital. Si no, no”
Hija: “Qué bien. Así estamos, entonces”
Doctora: “Duro, duro. Comunicado de la Comunidad de Madrid. Para todos los médicos, residencias, para los directores, para el personal de enfermería”.
Hija: “Luego dicen que aquí en la televisión que sí, que se están centrando mucho en las residencias. Pues no sé de qué manera se están centrando. Porque luego la realidad es otra”
Doctora: “Sí, es muy complicado. Entonces claro, llamas a la ambulancia y te preguntan: “¿Tiene síntomas respiratorios?” Sí. Entonces, “¿Pudiera ser (COVID-19)?” Pudiera ser. “¿Tiene prueba hecha?” No. “Bueno, comuníquese con el geriatra de guardia, el geriatra de guardia es la doctora ***"
Hija: “Ya”
Doctora: “Y con ella… Es la que llevaba el caso de Alejina”
Hija: “Suponiendo que empeorase el sistema respiratorio, entonces sí, ¿Accederían o no? ¿O tampoco?”
Doctora: “No”
Hija: “Tampoco”
Doctora: “No”
Hija: “Quiere decir que…”
Doctora: “Que cuando ella empeora… Cuando una persona de este tipo, con una patología respiratoria que empeora, la conducta es conectarla a una ventilación mecánica ¿Sabes? A un respirador"
Hija: “¿Y ustedes tienen?”
Doctora: “No, es que eso se hace en terapia intensiva. En la UCI”
Hija: “Ya, ya. Que es el problema que está habiendo, que no hay respiradores…”
Doctora: "Exactamente. Ella… Estas personas… Que hay personas más jóvenes ahora, que están también…"
Hija: “Afectadas”
Doctora: “Están afectadas, teniendo síntomas. No hay ventiladores, no hay respiradores y no hay personal para que maneje la ventilación mecánica”
Hija: “Ya”
Doctora: “Porque eso lo maneja o el intensivista o el anestesista”
Hija: “Ya, ya, ya”
Doctora: “Y ya está. Entonces claro, este… Cuando hay una insuficiencia respiratoria aguda, y hay disnea y fatiga, entonces lo que se indica es un paliativo. Lamentándolo mucho. Le digo que no es el caso ahora de Alejina. Ahora no”
Hija: “¿Ahora no?
Doctora: “En este momento no, porque tiene todavía 87 de saturación. Si a pesar de la bolsa la saturación empieza a bajar progresivamente, que llega a niveles que son incompatibles, en donde hay una hipoxemia generalizada, es decir, por debajo de 60, entonces…”
Hija: “¿Entonces?”
Doctora: “Se considera. Uno ya considera un paliativo con morfina. Ese es el protocolo”
Hija: “Y así hasta que se acaba, ¿No? Porque ya de ahí no sale”
Doctora: “Ya de ahí no sale, efectivamente”
Hija: “Ya. Tenemos un familiar directo que le ha ocurrido lo mismo. Bueno. Pues malas noticias”
Doctora: “Malo, sí. Mal pronóstico. Y eso de que ella tenga la proteína C reactiva tan alta y que tenga tomado para medio pulmón derecho, es malo.
Hija: "Si ya lo viene diciendo ella. Y claro. Ella se da cuenta porque su cabeza está ahí"
Doctora: “Exactamente, y yo no puedo decirle lo que le estoy diciendo a usted ¿Me entiende?”
Hija: “Ya, ya”
Doctora: “Yo le dije: “Alejina, te voy a poner una mascarita, para ver si puedes respirar un poco mejor. Y si sientes mucha fatiga te voy a poner un poquito de calmante. Te quedas en la cama para que…”. “Doctora, yo quisiera que esto se me quitara”. “Sí Alejina, pero… Vamos tirando, poco a poco”, le dije. O sea, no le puedo decir esto lo que yo le estoy diciendo”
Hija: “Ya, ya, ya. Porque… Y tampoco podemos verla, ni tampoco podemos hacer nada, ¿No?”
Doctora: “Exacto”
Hija: “Ya. Madre mía”
Doctora: “Bueno…”
Hija: “Muchas gracias doctora y…”
Doctora: “Seguiremos hablando”
Hija: “Seguiremos hablando, sí. Muchas gracias, gracias”
Doctora: “De nada. Adiós”
Hija: “Adiós
 
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Durante las peores semanas de la epidemia

2.200 camas UCI estuvieron libres en España mientras 12.000 ancianos morían sin asistencia en las residencias
  • QUICO ALSEDO
    Madrid
Actualizado Domingo, 19 abril 2020 - 11:01
Ver 278 comentarios
El propio presidente Sánchez aludió ayer en su comparecencia a la "generosidad intergeneracional", pero los datos muestran que se pudieron hacer traslados para tratar de reducir el número de víctimas y no se hizo durante el pico de la epidemia.


UCI del Hospital de Puerta de Hierro de Madrid durante la epidemia de...
UCI del Hospital de Puerta de Hierro de Madrid durante la epidemia de coronavirus. EFE
Y mientras miles de ancianos han muerto sin siquiera recibir asistencia médica, postrados en las camas de sus residencias -el recuento continúa mientras usted lee estas líneas, la cifra podría llegar a 12.000 según diversas fuentes-, unas 2.200 camas UCI situadas en España, con «aproximadamente la misma cantidad de respiradores», han permanecido sin uso, vacías, aguardando, durante toda esta crisis del coronavirus -«y así continúan a día de hoy»-.
El Gobierno central y las comunidades autónomas se han afanado en aplanar el dichoso pico de demanda en la sanidad, las residencias han operado como han podido -pidiendo ayuda desde el primer día y sin poder derivar internos a los atestados hospitales-, el sistema en definitiva ha peleado para digerir el tsunami de pacientes de Covid-19, que ha terminado por arrollar durante semanas los recursos existentes... Y sin embargo unas 2.200 plazas listas para salvar esas vidas que se siguen perdiendo a miles han quedado sin uso.

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Son las camas de la sanidad privada, obligadas por el Gobierno central a permanecer listas y disponibles, y sin embargo «utilizadas sólo en un 15% aproximadamente en el conjunto del país».
Lo cuenta a EL MUNDO Carlos Rus, presidente de la patronal del ramo, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): «La verdad, no entendemos nada», explica, desde sus 600 entidades agrupadas, con 260.000 trabajadores, 93.000 de ellos en ámbito hospitalario. Y hace las cuentas: «Nosotros tenemos 2.236 camas UCI, y se nos pidió que ampliáramos unas 400 más para asumir la demanda. Así hemos tenido unas 2.600 camas listas, de las que sólo se ha utilizado, calculamos, un 15%». Es decir, poco menos de las 400 que se pidió ampliar. El resultado final: «Hemos tenido unas 2.200 camas disponibles y sin uso».
¿Por qué no se han usado? Porque, y aquí entramos en la arquitectura administrativa y política española, se ubican en comunidades poco afectadas por el Covid-19, explica Rus. «El uso público de nuestros recursos, de los hospitales privados, ha sido muy dispar en toda España. Ha habido un primer nivel de comunidades que sí los han utilizado, y al 100%, incluso pidiéndonos doblar nuestra capacidad. Es el caso de Madrid, Cataluña, singularmente Barcelona, La Rioja y el País Vasco. En esas hemos apoyado con todo, y más de lo que podíamos, y el resultado ahí está».
DIFERENCIA ENTRE AUTONOMÍAS
El segundo nivel es el de Castilla y León y Castilla La Mancha, ambas con un alto nivel de afectación por el Covid-19: «En estas comunidades», cuenta, «los hospitales públicos se han dedicado a coronavirus, y los privados al resto de pacientes, con lo que finalmente tampoco ahí se han utilizado al 100% nuestra capacidad». El grueso no obstante de los recursos no aprovechados está, cuenta Rus, «en todas las demás comunidades: Aragón, Valencia, Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra, Cantabria, Canarias, Baleares... Ahí nuestros hospitales no se han utilizado prácticamente, y no entendemos que no se haya coordinado un plan para hacerlo. Por los ciudadanos que lo han necesitado y aún lo necesitan, y porque se nos ha obligado a seguir abiertos por decreto, para luego dejarnos sin uso».

En definitiva, los recursos privados, puestos al servicio de lo público en el propio real decreto en el que se estableció el estado de alarma, sí se han usado allí donde la avalancha ha sido mayor, pero no donde el virus se ha contenido más. «Claro, pero lo que nosotros no entendemos es que no se hayan trasvasado pacientes de unas comunidades a otras. Al fin y al cabo estamos todos en el mismo país», repite el presidente de la patronal de la sanidad privada.
Por ejemplo: Castilla La Mancha, la tercera región más afectada cuantitativamente por el Covid-19, llegó al tope de sus capacidades y centenares de ancianos, como ha publicado este diario, murieron en sus residencias, en una comunidad enormemente envejecida: tiene cuatro veces menos habitantes que la vecina Madrid, pero 40 asilos más. «Pues por ejemplo», incide Rus, «desde ahí se podía haber desviado pacientes a nuestros hospitales en Valencia, Andalucía, Murcia y Extremadura».
En Valencia, por ejemplo, hay «25 hospitales privados que nos han pedido mantener abiertos, con muchas UCI que no han sido utilizadas. Sólo nos han derivado el total de 241 pacientes, que es la capacidad de uno de esos hospitales, un solo día».
«Es que los poderes públicos tienen no sólo la capacidad, sino la obligación de velar por la salud de los ciudadanos, y aquí ha habido una dejación de funciones muy clara», interviene Carlos Sardinero, abogado -y doctor en Medicina- especializado en derecho sanitario y salud pública.
Sigue Sardinero: «Hay que decirlo muy claro: se han muerto miles de ancianos en residencias, y se siguen muriendo, y no se ha establecido un mecanismo para que al menos tengan la oportunidad de recibir asistencia médica. Esa responsabilidad era en primer lugar del Gobierno, porque para eso se arrogó el mando único en el decreto de alarma, y también de las comunidades autónomas, que para eso mantenían sus competencias, transferidas, en materia sanitaria».
En esa duplicidad advierte Sardinero una ambivalente trampa: «Es un poco lo de entre unos y otros la casa sin barrer. El Gobierno se arroga el mando, pero deja la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y estas pueden señalar al Gobierno cuando las cosas fallen. Todos tienen la culpa y nadie la tiene. Todos tienen salida. Y, mientras, los ancianos siguen muriendo en las residencias y nada, o muy poco, se hace», señala el también abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, que ha denunciado a Fiscalía la infrautilización de camas UCI durante esta crisis, y con ello la muerte de miles de ancianos en las residencias sin siquiera posibilidad de tratamiento.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Exactamente eso es lo que sucede cuando este periódico cuestiona tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid sobre el particular. Fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad explican: «El Gobierno lo que hizo fue poner la sanidad privada al servicio de las CCAA, que han mantenido la gestión sanitaria. Sobre el trasvase, el Gobierno organizó la medicalización de un tren, pero son las CCAA las que tienen que solicitar ese trasvase. Insistimos en que podíamos preparar trenes, pero tiene que ser decisión de las comunidades. Se priorizó el traslado de material antes que de pacientes. Se llevaron respiradores de otros sitios a Madrid, y se hizo un simulacro de medicalización de un tren en la estación de Atocha, para validar la idoneidad de los trabajos hechos por Renfe. Pero eran las CCAA quienes tenían que solicitarlo», termina esta fuente.
En la Comunidad de Madrid, más que contestar a la pregunta de si se ha planteado en algún momento enviar pacientes a otra regiones, se resalta lo hecho: «Aquí hemos exprimido a tope nuestros recursos. Hemos medicalizado 13 hoteles, hemos construido el hospital de Ifema, el SUMMA [los servicios de urgencias sanitarias] ha realizado 4.000 traslados y hemos utilizado al 100% la sanidad privada. Eso es todo lo hecho». No ha habido respuesta, en todo caso, a si en algún momento se ha planteado la transferencias de pacientes a otros lugares, teniendo en cuenta también, por ejemplo, la red de trenes de alta velocidad española, con centro radial en Madrid: «Esa era otra vía», explican en Aspe: «Quizás entre la sanidad pública y la privada no había respiradores y tests para todos... Pero tenemos el AVE, por ejemplo. ¿Por qué no usarlo?».
«Pues quizás porque cuesta dinero», dice el abogado Carlos Sardinero, «y no estaba claro quién iba a pagar la factura, si el Gobierno central o las autonomías». Los abogados especializados en derecho sanitario llevan semanas estudiando el andamiaje legal sobre el que asentar las decenas de reclamaciones que van recibiendo acerca de las muertes de ancianos en residencias, muchos de ellos solos, por tres motivos: la devastadora letalidad del Covid-19, la endeblez del sector, muy justo de fuerza laboral; y la negativa de los hospitales públicos a acoger residentes en muchos casos.
Las residencias no son hospitales, no teníamos la posibilidad de atender tantas urgencias médicas. En muchos casos se llamó a los centros de referencia y esos pacientes fueron rechazados
Esta negativa queda certificada a este diario por Jesús Cubero, secretario general de Aeste, la patronal de las empresas gestoras de residencias: «Pedimos ayuda desde el primer momento. Las residencias no son hospitales, no teníamos la posibilidad de atender tantas urgencias médicas. En muchos casos se llamó a los centros de referencia y esos pacientes fueron rechazados». Uno de los casos más lacerantes de los investigados por este diario se produjo en la residencia Vitalia Leganés, donde el recuento de ancianos muertos asciende ya a casi un centenar (96 el pasado jueves), y que estuvo 17 días, en lo más crudo de la crisis, sin asistencia del Hospital Severo Ochoa: «Nos negaban la asistencia, simplemente ni contestaban nuestros mensajes durante 17 días, con varios internos falleciendo cada día», asegura a EL MUNDO Antonio Morales, director de operaciones de Vitalia.
Sin embargo, «todos esos ancianos tenían todo el derecho a que se les diera una oportunidad», explica Sardinero. «Y si no podía ser en la sanidad pública, en la privada». El especialista cree que la tormenta perfecta en torno a los asilos ha venido dada por varios factores. «Por un lado porque el protocolo del Gobierno sobre las residencias fue muy tardío: tardaron 10 días, hasta el 24 de marzo, en emitirlo, y además es equívoco: en pleno confinamiento, se obligó a que los ancianos no abandonaran las residencias y se impidió la entrada de visitantes, pero no se estableció claramente la obligación de que las residencias tenían que recurrir a los servicios de urgencia para asistir a ancianos en riesgo vital, por lo que muchos centros entendieron que no podían sacarles de allí. Ahí quedó una ambigüedad a la que se van a agarrar muchos centros».
«Por otro lado», prosigue, «los centros públicos tienen la obligación de derivar a los privados a aquellos pacientes críticos que no puedan atender, y después la sanidad privada deberá reclamar los gastos a la pública. Ahí, habría que acordar unos justiprecios para esos servicios, pero es que ni siquiera se han sentado las administraciones a acordarlos. Además, el decreto del estado de alarma faculta al ministro de Sanidad a usar los recursos privados, y otro de 2006 establece cómo se pagan esos servicios de la privada a la pública».
«No tenían excusa para no dejar morir a estos miles de ancianos, esa es la realidad», señala Sardinero, que no obstante se malicia un posible motivo para lo que denomina «la omisión negligente» de los poderes públicos: «Si todos esos ancianos son efectivamente tratados en sede hospitalaria, se les tienen que hacer los respectivos tests. Y si se les hacen a todos los tests, la cifra de fallecidos se duplica o triplica», finaliza.
Juan Abarca, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, va más allá: "Realmente, no se trata aquí de la colaboración público/privada, que ha funcionado muy bien, porque allí donde se nos ha necesitado, se han usado nuestros recursos. Se trata de la coordinación entre comunidades, la clave está ahí y desde luego no nos compete a los operadores privados".
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Pilar Damián: Los okupas se apoderaron de mi casa en pleno confinamiento, mientras estaba trabajando como sanitaria

Okupas y Pilar Damian.PD

El Gobierno socialcomunista Sánchez-Iglesias abre la puerta a los 'okupas' de la segunda vivienda de las familias españolas

Un día te acuestas pensando que vives en Europa y te despiertas en Gotham City.
Soy vecina de Vic, pero esto que os explicaré puede pasarle a cualquiera en España. Tengo 62 años, trabajo en un centro de salud de Reus y entraron en mi casa de Vic, mi única propiedad y en la que estoy empadronada.
Solo hacía tres meses que la puse en venta al conseguir la plaza oficial en Reus.
¿Alguien sabe que si os okupan vuestra vivienda ya no importará si solo hace 24 horas o si es vuestra vivienda habitual? ¿Sabéis que perdéis todos los derechos sobre la casa y sobre todas vuestras posesiones mas personales?

En este momento no podéis recuperar nada, tendréis solo lo puesto.
Los okupas solo necesitan 15 minutos para cambiar la cerradura o simplemente el bombín de la cerradura, y en estos momentos “ legalmente” será su casa.
Si los molestas o les cortas suministros te denunciarán a ti, y esto puede costar indemnizaciones, la justicia te perseguirá; los okupas tendrán abogados de oficio y por lo tanto una vez mas les saldrá todo gratis.
La vía legal tardará entre uno y dos años en desalojarlos.
El llamado “desalojo exprés” puede tardar 3 o 4 meses, eso sin época de coronavirus, y los costes del proceso son elevados. Si caes en manos de una mafia como parece ser mi caso, cuando saben que llega el día del desalojo venden la llave por una cantidad que va de los quinientos a los dos mil euros a otro okupa y comienza el proceso de nuevo.
Las mafias ya no buscan casas abandonadas, buscan casas en condiciones con electrodomésticos y comodidades. Pagarán lo mismo.
En un intento de mediación, mis okupas tuvieron las narices de decir que está casa les iba muy bien, que ellos no tenían problemas de dinero pero que querían una casa.
‘Los vulnerables’ que han ocupado mi casa tienen coche y a la semana contrataron fibra óptica.
No pretendo asustar a nadie, os cuento mi experiencia y ahora se que es la experiencia de muchas familias en todo el país.
No importa la condición económica o la zona, esto puede pasar a todo el mundo en un fin de semana o en unas vacaciones. Tanto si tienes piso, casa o chalet.
No quiero perder la esperanza porque esta es la única casa que tengo, la única oportunidad de tener casa para mi jubilación.
No entiendo como no hay protestas sociales, quiero pensar que es por desconocimiento y por la creencia de que eso no nos puede pasar, pero todo aquello por lo que habéis trabajado toda la vida puede desaparecer en 15 minutos.
Me he sentido abandonada por instituciones, policía y justicia. Si esto funcionara de otro modo, yo me habría ahorrado mucha ansiedad y estrés porqué todo esto habría sido un simple y molesto contratiempo.
Además, esto me ha pasado durante el confinamiento, mientras los sanitarios estábamos trabajando.
Mucho aplaudir, sí, pero este ha sido mi resultado.
 
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Durante las peores semanas de la epidemia

2.200 camas UCI estuvieron libres en España mientras 12.000 ancianos morían sin asistencia en las residencias
  • QUICO ALSEDO
    Madrid
Actualizado Domingo, 19 abril 2020 - 11:01
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El propio presidente Sánchez aludió ayer en su comparecencia a la "generosidad intergeneracional", pero los datos muestran que se pudieron hacer traslados para tratar de reducir el número de víctimas y no se hizo durante el pico de la epidemia.


UCI del Hospital de Puerta de Hierro de Madrid durante la epidemia de...
UCI del Hospital de Puerta de Hierro de Madrid durante la epidemia de coronavirus. EFE
Y mientras miles de ancianos han muerto sin siquiera recibir asistencia médica, postrados en las camas de sus residencias -el recuento continúa mientras usted lee estas líneas, la cifra podría llegar a 12.000 según diversas fuentes-, unas 2.200 camas UCI situadas en España, con «aproximadamente la misma cantidad de respiradores», han permanecido sin uso, vacías, aguardando, durante toda esta crisis del coronavirus -«y así continúan a día de hoy»-.
El Gobierno central y las comunidades autónomas se han afanado en aplanar el dichoso pico de demanda en la sanidad, las residencias han operado como han podido -pidiendo ayuda desde el primer día y sin poder derivar internos a los atestados hospitales-, el sistema en definitiva ha peleado para digerir el tsunami de pacientes de Covid-19, que ha terminado por arrollar durante semanas los recursos existentes... Y sin embargo unas 2.200 plazas listas para salvar esas vidas que se siguen perdiendo a miles han quedado sin uso.

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Son las camas de la sanidad privada, obligadas por el Gobierno central a permanecer listas y disponibles, y sin embargo «utilizadas sólo en un 15% aproximadamente en el conjunto del país».
Lo cuenta a EL MUNDO Carlos Rus, presidente de la patronal del ramo, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE): «La verdad, no entendemos nada», explica, desde sus 600 entidades agrupadas, con 260.000 trabajadores, 93.000 de ellos en ámbito hospitalario. Y hace las cuentas: «Nosotros tenemos 2.236 camas UCI, y se nos pidió que ampliáramos unas 400 más para asumir la demanda. Así hemos tenido unas 2.600 camas listas, de las que sólo se ha utilizado, calculamos, un 15%». Es decir, poco menos de las 400 que se pidió ampliar. El resultado final: «Hemos tenido unas 2.200 camas disponibles y sin uso».
¿Por qué no se han usado? Porque, y aquí entramos en la arquitectura administrativa y política española, se ubican en comunidades poco afectadas por el Covid-19, explica Rus. «El uso público de nuestros recursos, de los hospitales privados, ha sido muy dispar en toda España. Ha habido un primer nivel de comunidades que sí los han utilizado, y al 100%, incluso pidiéndonos doblar nuestra capacidad. Es el caso de Madrid, Cataluña, singularmente Barcelona, La Rioja y el País Vasco. En esas hemos apoyado con todo, y más de lo que podíamos, y el resultado ahí está».
DIFERENCIA ENTRE AUTONOMÍAS
El segundo nivel es el de Castilla y León y Castilla La Mancha, ambas con un alto nivel de afectación por el Covid-19: «En estas comunidades», cuenta, «los hospitales públicos se han dedicado a coronavirus, y los privados al resto de pacientes, con lo que finalmente tampoco ahí se han utilizado al 100% nuestra capacidad». El grueso no obstante de los recursos no aprovechados está, cuenta Rus, «en todas las demás comunidades: Aragón, Valencia, Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra, Cantabria, Canarias, Baleares... Ahí nuestros hospitales no se han utilizado prácticamente, y no entendemos que no se haya coordinado un plan para hacerlo. Por los ciudadanos que lo han necesitado y aún lo necesitan, y porque se nos ha obligado a seguir abiertos por decreto, para luego dejarnos sin uso».

En definitiva, los recursos privados, puestos al servicio de lo público en el propio real decreto en el que se estableció el estado de alarma, sí se han usado allí donde la avalancha ha sido mayor, pero no donde el virus se ha contenido más. «Claro, pero lo que nosotros no entendemos es que no se hayan trasvasado pacientes de unas comunidades a otras. Al fin y al cabo estamos todos en el mismo país», repite el presidente de la patronal de la sanidad privada.
Por ejemplo: Castilla La Mancha, la tercera región más afectada cuantitativamente por el Covid-19, llegó al tope de sus capacidades y centenares de ancianos, como ha publicado este diario, murieron en sus residencias, en una comunidad enormemente envejecida: tiene cuatro veces menos habitantes que la vecina Madrid, pero 40 asilos más. «Pues por ejemplo», incide Rus, «desde ahí se podía haber desviado pacientes a nuestros hospitales en Valencia, Andalucía, Murcia y Extremadura».
En Valencia, por ejemplo, hay «25 hospitales privados que nos han pedido mantener abiertos, con muchas UCI que no han sido utilizadas. Sólo nos han derivado el total de 241 pacientes, que es la capacidad de uno de esos hospitales, un solo día».
«Es que los poderes públicos tienen no sólo la capacidad, sino la obligación de velar por la salud de los ciudadanos, y aquí ha habido una dejación de funciones muy clara», interviene Carlos Sardinero, abogado -y doctor en Medicina- especializado en derecho sanitario y salud pública.
Sigue Sardinero: «Hay que decirlo muy claro: se han muerto miles de ancianos en residencias, y se siguen muriendo, y no se ha establecido un mecanismo para que al menos tengan la oportunidad de recibir asistencia médica. Esa responsabilidad era en primer lugar del Gobierno, porque para eso se arrogó el mando único en el decreto de alarma, y también de las comunidades autónomas, que para eso mantenían sus competencias, transferidas, en materia sanitaria».
En esa duplicidad advierte Sardinero una ambivalente trampa: «Es un poco lo de entre unos y otros la casa sin barrer. El Gobierno se arroga el mando, pero deja la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y estas pueden señalar al Gobierno cuando las cosas fallen. Todos tienen la culpa y nadie la tiene. Todos tienen salida. Y, mientras, los ancianos siguen muriendo en las residencias y nada, o muy poco, se hace», señala el también abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, que ha denunciado a Fiscalía la infrautilización de camas UCI durante esta crisis, y con ello la muerte de miles de ancianos en las residencias sin siquiera posibilidad de tratamiento.
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
Exactamente eso es lo que sucede cuando este periódico cuestiona tanto al Gobierno central como a la Comunidad de Madrid sobre el particular. Fuentes oficiales del Ministerio de Sanidad explican: «El Gobierno lo que hizo fue poner la sanidad privada al servicio de las CCAA, que han mantenido la gestión sanitaria. Sobre el trasvase, el Gobierno organizó la medicalización de un tren, pero son las CCAA las que tienen que solicitar ese trasvase. Insistimos en que podíamos preparar trenes, pero tiene que ser decisión de las comunidades. Se priorizó el traslado de material antes que de pacientes. Se llevaron respiradores de otros sitios a Madrid, y se hizo un simulacro de medicalización de un tren en la estación de Atocha, para validar la idoneidad de los trabajos hechos por Renfe. Pero eran las CCAA quienes tenían que solicitarlo», termina esta fuente.
En la Comunidad de Madrid, más que contestar a la pregunta de si se ha planteado en algún momento enviar pacientes a otra regiones, se resalta lo hecho: «Aquí hemos exprimido a tope nuestros recursos. Hemos medicalizado 13 hoteles, hemos construido el hospital de Ifema, el SUMMA [los servicios de urgencias sanitarias] ha realizado 4.000 traslados y hemos utilizado al 100% la sanidad privada. Eso es todo lo hecho». No ha habido respuesta, en todo caso, a si en algún momento se ha planteado la transferencias de pacientes a otros lugares, teniendo en cuenta también, por ejemplo, la red de trenes de alta velocidad española, con centro radial en Madrid: «Esa era otra vía», explican en Aspe: «Quizás entre la sanidad pública y la privada no había respiradores y tests para todos... Pero tenemos el AVE, por ejemplo. ¿Por qué no usarlo?».
«Pues quizás porque cuesta dinero», dice el abogado Carlos Sardinero, «y no estaba claro quién iba a pagar la factura, si el Gobierno central o las autonomías». Los abogados especializados en derecho sanitario llevan semanas estudiando el andamiaje legal sobre el que asentar las decenas de reclamaciones que van recibiendo acerca de las muertes de ancianos en residencias, muchos de ellos solos, por tres motivos: la devastadora letalidad del Covid-19, la endeblez del sector, muy justo de fuerza laboral; y la negativa de los hospitales públicos a acoger residentes en muchos casos.

Esta negativa queda certificada a este diario por Jesús Cubero, secretario general de Aeste, la patronal de las empresas gestoras de residencias: «Pedimos ayuda desde el primer momento. Las residencias no son hospitales, no teníamos la posibilidad de atender tantas urgencias médicas. En muchos casos se llamó a los centros de referencia y esos pacientes fueron rechazados». Uno de los casos más lacerantes de los investigados por este diario se produjo en la residencia Vitalia Leganés, donde el recuento de ancianos muertos asciende ya a casi un centenar (96 el pasado jueves), y que estuvo 17 días, en lo más crudo de la crisis, sin asistencia del Hospital Severo Ochoa: «Nos negaban la asistencia, simplemente ni contestaban nuestros mensajes durante 17 días, con varios internos falleciendo cada día», asegura a EL MUNDO Antonio Morales, director de operaciones de Vitalia.
Sin embargo, «todos esos ancianos tenían todo el derecho a que se les diera una oportunidad», explica Sardinero. «Y si no podía ser en la sanidad pública, en la privada». El especialista cree que la tormenta perfecta en torno a los asilos ha venido dada por varios factores. «Por un lado porque el protocolo del Gobierno sobre las residencias fue muy tardío: tardaron 10 días, hasta el 24 de marzo, en emitirlo, y además es equívoco: en pleno confinamiento, se obligó a que los ancianos no abandonaran las residencias y se impidió la entrada de visitantes, pero no se estableció claramente la obligación de que las residencias tenían que recurrir a los servicios de urgencia para asistir a ancianos en riesgo vital, por lo que muchos centros entendieron que no podían sacarles de allí. Ahí quedó una ambigüedad a la que se van a agarrar muchos centros».
«Por otro lado», prosigue, «los centros públicos tienen la obligación de derivar a los privados a aquellos pacientes críticos que no puedan atender, y después la sanidad privada deberá reclamar los gastos a la pública. Ahí, habría que acordar unos justiprecios para esos servicios, pero es que ni siquiera se han sentado las administraciones a acordarlos. Además, el decreto del estado de alarma faculta al ministro de Sanidad a usar los recursos privados, y otro de 2006 establece cómo se pagan esos servicios de la privada a la pública».
«No tenían excusa para no dejar morir a estos miles de ancianos, esa es la realidad», señala Sardinero, que no obstante se malicia un posible motivo para lo que denomina «la omisión negligente» de los poderes públicos: «Si todos esos ancianos son efectivamente tratados en sede hospitalaria, se les tienen que hacer los respectivos tests. Y si se les hacen a todos los tests, la cifra de fallecidos se duplica o triplica», finaliza.
Juan Abarca, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, va más allá: "Realmente, no se trata aquí de la colaboración público/privada, que ha funcionado muy bien, porque allí donde se nos ha necesitado, se han usado nuestros recursos. Se trata de la coordinación entre comunidades, la clave está ahí y desde luego no nos compete a los operadores privados".
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